El Comité de Expertos del proceso constitucional chileno entregó un primer avance sobre los temas en los que se han alcanzado acuerdos. Sin embargo, el contexto social es de una creciente indiferencia de la ciudadanía.
El documento presentado cuenta con catorce capítulos, debatidos y elaborados en cuatro subcomisiones: Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; Principios, Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Los expertos y la Constitución
Las subcomisiones trabajaron de enero a abril de 2023. Está compuesta por 24 personas elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado. El avance entregado servirá de anteproyecto para el Consejo Constitucional, órgano que será electo el próximo 7 de mayo. La elección será por medio de voto obligatorio, pero con una ciudadanía desinformada y desinteresada por el proceso.
Desde el Gobierno de Gabriel Boric no se ha percibido entusiasmo ante los comicios para aprobar la nueva Constitución. Esto es muy diferente de su injerencia en el proceso anterior. Ello se explicaría, en parte, porque la agenda está principalmente concentrada en asuntos de seguridad pública y cambio de gabinete. Lo último denota las complejidades políticas por las que atraviesa el Ejecutivo, situación que explicaría el fortalecimiento del «alma» socialdemócrata dentro del Ejecutivo, lo que actúa en detrimento del eje Frente Amplio-Partido Comunista que inició el período presidencial un año atrás.
La designación del ex senador socialista Álvaro Elizalde en la Secretaría General de la Presidencia significa el retorno de quienes fueron protagonistas durante los tiempos de la Concertación. El objetivo sería mejorar la capacidad de entendimiento y acuerdos en el Congreso Nacional en la agenda antidelincuencia, reforma tributaria, reforma a la salud y pensiones, objetivos principales del Ejecutivo.
El presidente Boric y algunos de sus asesores cercanos han transmitido la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional en materia constitucional. Busca proyectar su figura como articuladora de un «nuevo Chile» y mostrar un logro relevante en su administración. Sin embargo, algunos partidos de su propia coalición no comparten esta actitud. En lo específico, el Partido Comunista está más interesado en cuestionar el actual proceso por estar lejos de ser refundacional y de la oportunidad de cambiar el modelo de desarrollo y la estructura social del país.
Riesgos del proceso constitucional
Las certezas y consensos que irradia este nuevo proceso constitucional, paradójicamente, no han despertado interés público. En efecto, hasta el momento la discusión ha sido solo técnica y con pocas discrepancias expuestas en los medios de comunicación social. Por otro lado, el trámite cuenta con una institucionalidad que hace prever una Constitución que representará a las mayorías políticas. Existe un acuerdo en materia de principios constitucionales que no pueden ser transgredidos por el constituyente, además de una comisión de admisibilidad y el referido comité de expertos.
Un dato relevante es el proceso para elegir a los consejeros constitucionales, en el que no hay espacio para listas competitivas de ciudadanos independientes, como en la anterior experiencia constituyente con la «Lista del Pueblo», entre otras. En esta ocasión, los partidos han asumido la responsabilidad de la elección de los candidatos al Consejo Constitucional.
La comisión de expertos ha abordado las bases de la institucionalidad desde la perspectiva más técnica posible, cuestión que ha favorecido la generación de acuerdos. Sin embargo, un matiz: recientemente, los comisionados presentaron unas 900 indicaciones al proyecto. Caben distintas interpretaciones. Por un lado, los miembros del órgano asesor estarían interesados en que la próxima elección de consejeros constitucionales (7 de mayo) no esté condicionada por el acuerdo primario exhibido. Es decir, que se dé una prematura aprobación o rechazo de lo avanzado en el órgano técnico.
Por otro lado, la presentación de los acuerdos alcanzados en el plenario del órgano ha generado ciertas divergencias entre actores políticos en la habilitación que dejaría la Constitución para futuros regímenes de salud, previsión social, pensiones y otros. Algunas de estas materias han sido discutidas en el Congreso Nacional por largo tiempo sin que se hayan alcanzado acuerdos en las reformas.
Sin controversias irreconciliables
Cabe advertir que aún existen temas en los cuales no hay acuerdo entre los especialistas que participan en el órgano asesor, tales como la política de paridad que resguardará la nueva carta fundamental. Pero podemos afirmar que se ha avanzado de manera rápida y sin controversias irreconciliables en materia de orden constitucional. Sin embargo, las indicaciones y algunos asuntos quedarán pendientes para que los consejeros electos sean quienes los aborden y presenten el texto definitivo ante la ciudadanía. Esta deberá pronunciarse en el mes de diciembre por aprobar o rechazar la nueva Constitución.
Chile se encamina a conseguir un acuerdo constitucional entre las distintas sensibilidades políticas representadas en el Congreso Nacional. La duda está en los niveles de participación ciudadana que tendrá el proceso. Si bien el voto es obligatorio, la opinión pública está en conocimiento de que la sanción por no asumir la responsabilidad en el plebiscito de salida es muy improbable. Esto habilita la posibilidad de una baja participación que sirva de argumento refractario al proceso, de parte de sectores políticos que están en los extremos del sistema político. A esta hipótesis se le debe sumar el populismo cada vez más galopante. Es decir, actores desinstitucionalizados que pueden representar la apatía ciudadana y transformarla en una opinión desfavorable a la futura Constitución nacida entre acuerdos e instituciones que representan la democracia liberal republicana en medio de un proceso de anomia de la población.
Hace rato que en Chile se exhibe un malestar y desinterés con el sistema político. Por tanto, urge el objetivo de dar estabilidad al país y superar la discusión constitucional, que los demócratas convoquen a la participación en las elecciones que vienen y den relevancia al papel de una Constitución pactada por las principales fuerzas políticas institucionalistas del país.
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