Las autoridades electorales —o Corte Electoral— son un pilar fundamental en los sistemas democráticos. No es casual que en el contexto político actual de la región, con una democracia en retroceso, los perdedores de las elecciones cuestionen la validez de los resultados electorales.
Los resultados presidenciales de 2022 en Brasil ilustran el escenario más dramático. Los partidarios de Bolsonaro salieron a las calles y acusaron un supuesto fraude electoral pidiendo la intervención militar. Este escenario tiene sus paralelismos. Por ejemplo, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021 por parte de simpatizantes de Donald Trump, disconformes con el resultado electoral. En México, la reforma del poder del Instituto Nacional Electoral en favor del gobierno amenaza las garantías electorales del país. El estudio Desconfianza pública en elecciones disputadas: evidencia de América Latina (por Hernández y Cantú) evidencia que el cuestionamiento de los resultados electorales erosiona la percepción de la integridad electoral, particularmente entre los votantes que apoyan a un candidato perdedor.
Un siglo en Uruguay
Según el reporte del Barómetro de las Américas de 2023, Uruguay es el país de América que presenta la mejor valoración sobre «percepción de la integridad electoral». Lidera con 75%, seguido por Canadá (65%) y Chile (60%). La sólida base de apoyo con la que cuenta el sistema electoral uruguayo tiene raíces muy profundas.
La institución surgió en un período que los historiadores y politólogos identifican como la fase de construcción de la poliarquía uruguaya, en términos de Robert Dahl. De la mano del equilibrio de fuerzas entre blancos y colorados, tras años de levantamientos y revoluciones por voto popular, voto secreto y coparticipación, se fue consensuando la instauración de los pilares sobre los que se asentó la experiencia democrática uruguaya. En ese contexto, se erige el 9 de enero de 1924 la Corte Electoral como órgano autónomo, creado como cuarto poder del gobierno.
La Corte Electoral es integrada por nueve miembros, cinco titulares y sus suplentes. Son designados por la Asamblea General en reunión de ambas cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes. Deben ser ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad. Los cuatro restantes serán representantes de los partidos políticos. También elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo de acuerdo con un sistema de representación proporcional.
Por los cien años de la Corte Electoral, el 7 de marzo se realizó el seminario El sistema electoral uruguayo: historia y perspectiva de los partidos políticos. Las reflexiones sobre su solidez institucional estuvieron acompañadas por comentarios de expresidentes. Ente ellos, Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Luis Lacalle Herrera(Partido Nacional) y José Mujica (Frente Amplio). La ocasión fue propicia para que representantes de los diversos partidos políticos pusieran sobre la mesa las referencias históricas que prestigian a esta institución. Pero, sobre todo, varios de los diversos desafíos que presenta el sistema electoral en la actualidad.
Cultura democrática
Uruguay suele ser ranqueado como uno de los países de mayor adhesión democrática y fortaleza institucional. Tras estos números hay una cultura del voto. Se fortalece de forma permanente con cada campaña de referéndum o plebiscito, cada ciclo electoral, el apoyo que brinda la Corte a muchas elecciones de organizaciones gremiales y sociales. Esta cultura democrática se sustenta, en buena medida, en una institución como la Corte. Por eso hablar de democracia en Uruguay es, también, hablar de la Corte Electoral.
El seminario fue una instancia propicia para conocer cuáles son los principales desafíos e inquietudes que visualizan los partidos políticos a través de sus representantes. La ley de financiamiento de los partidos fue el tema que más menciones presentó.
Para el sociólogo Agustín Canzani (Frente Amplio) es preocupante el peligro de la «muerte en cámara lenta de las democracias si no hay consenso social y político y, sobre todo, prácticas que van contra la democracia». Hizo hincapié en la necesidad de una ley de financiamiento de los partidos políticos e instituciones que auditen esos financiamientos con capacidad de sanción.
Pablo Iturralde (Partido Nacional) compartió el mismo interés respecto a la ley. Como tema desafiante, resaltó la necesidad de «pensar la forma de renovación de la Corte Electoral». Actualmente es gobernada por un gabinete de nueve ministros (o rectores) entre representantes de partidos e independientes.
Piedra angular
Para Conrado Rodríguez (Partido Colorado) «la ley 7.690 que creó la Corte Electoral sigue siendo la piedra angular de todo nuestro sistema electoral». Señaló que «la modernización de determinados procedimientos en los que se viene avanzando en la Corte es clave, y el sistema político tiene que ayudar». Como uno de los desafíos, advirtió sobre la «libertad del elector en el cruzamiento del voto departamental y municipal». Y sostuvo que es un «reclamo de los ciudadanos».
Por su parte, Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) puso en relieve que la Corte Electoral, incluso durante el gobierno de facto, ha sido una garantía del sufragio. Como en el plebiscito de 1980. Señaló que «en las manos de los ministros de la Corte se sigue vigilando, de acuerdo con las mejores tradiciones del Uruguay, la emisión del sufragio con la más absoluta libertad».
Sergio Billiris (PERI) advirtió sobre las «dificultades tecnológicas que ponen en riesgo» la administración del sistema. Apuntó a «cambios tecnológicos en sistemas de registro en la Corte Electoral» que pueden ser una solución, pero también un «obstáculo» ante un sistema político que viene con desgaste.
Legislación pendiente
Marcelo Sosa (Partido Independiente) resaltó una serie de desafíos como el voto obligatorio en las elecciones primarias. También, la mayoría automática en elecciones departamentales, para considerar la elección del intendente con mayoría absoluta con segunda vuelta. Además, cuestionó la vinculación de las elecciones departamentales y las municipales, en desmedro de la importancia a nivel local.
En el intercambio entre panelistas, el periodista Emiliano Cotelo comentó sobre la capacidad real de la Corte para cumplir con las atribuciones que se le asignan. Sobre el punto, los disertantes coincidieron en que se debe dotar de más recursos o ir hacia cambios en la institucionalidad para cumplir, por ejemplo, con los controles de gastos de los partidos y de publicidad electoral. Son aspectos centrales porque en definitiva pueden dañar la credibilidad del organismo. Otro tema planteado fue la falta de capacidad para sancionar, necesaria para hacer cumplir la normativa.
Perspectivas
En el intercambio posterior entre el «sindicato de expresidentes», como se llaman cariñosamente, destacaron el rol histórico que cumple la Corte Electoral en el sistema democrático uruguayo.
Para Julio María Sanguinetti el organismo garantiza nada menos que el primer acto de gobierno: lograr una representación efectiva y eficaz. Dijo: «Lo más importante es la celebración como acto de afirmación, como acto ratificatorio, ratificación del compromiso cívico». Recordó el plebiscito de 1980, cuando la Corte estaba intervenida por la dictadura. No se discutió el resultado, más allá de que perdiera el gobierno de facto. Al respecto expresó: «No es algo usual, sino singularísimo de nuestra vida institucional».
Para Luis Alberto Lacalle Herrera, la Corte se vincula directamente con la legitimidad del poder del sistema uruguayo, porque lo garantiza. Señaló que el origen de la autonomía del Uruguay se sitúa en «la patria y poder legitimado, que se pueden unir para encontrar cada vez más causas nacionales y puntos de concordia e identidad por encima de los partidos políticos».
José Mujica destacó el reconocimiento de la gente sobre la institución, tildándolo de «curioso». La razón que esbozó es que ante las fallas humanas solemos cuestionar las instituciones: «Es como una descarga de nuestro subconsciente colectivo». «Es hora de darnos cuenta de que en toda América Latina la frágil democracia está perdiendo credibilidad porque se pide a las instituciones cosas que no son de las instituciones. (…) Vivimos en sociedades consumistas de enorme demanda».
Los apuntes que quedan en esa mirada al futuro seguramente sean un insumo necesario para que una institución tan central para la democracia como la Corte Electoral pueda seguir afrontando los nuevos desafíos que se le presentan.
