Chile conmemoró el año pasado los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, en un ambiente muy distinto al que se hubiese pensado hace no mucho tiempo. Para los defensores de la democracia, el constitucionalismo y los derechos humanos, era difícil concebir que a 50 años del golpe el consenso sobre estos temas, que parecían asentados, estuviera más débil que en el pasado.
Chile no ha salido de la crisis social y política que estalló con violencia en las calles en octubre de 2019. Desde entonces, se intenta adoptar una nueva Constitución que reemplace a la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Pero las cosas andan lejos de lo que se pensó podía ser la manera de finalmente enterrar el legado institucional y político de la dictadura. Y, aunque la valoración de la democracia sigue siendo alto, aumenta también la justificación del autoritarismo. En este contexto social y político, quienes están a cargo de la redacción de la nueva Constitución son principalmente adherentes a un proyecto político que reivindica la figura de Augusto Pinochet. Algo hemos hecho mal.
Antecedentes
Luego del golpe de Estado, en septiembre de 1973, la dictadura militar se propuso transformar la legalidad mediante la adopción de una nueva Constitución. La Constitución chilena de 1980 se ratificó en un plebiscito fraudulento. Sentó las bases de un modelo marcadamente neoliberal que solo podía implementarse en el marco de un régimen autoritario, como reconoció la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher. Un experimento de este tipo no sería posible bajo las reglas de la deliberación democrática.
Esto es precisamente lo que se experimenta cuarenta años más tarde: Chile sigue viviendo bajo reglas impuestas sin deliberación democrática. De manera preocupante, ahora que se ha dado la oportunidad de deliberar acerca del cambio de esas reglas, al primer fracaso de la propuesta de nueva constitución de 2022, parece que el país se encamina a nuevo fracaso. Esta vez de una propuesta que se sitúa más a la derecha que la actual Constitución de Pinochet.
En materia de derechos humanos —el foco de este comentario— su violación masiva y sistemática durante los años del general Pinochet supuso que, al iniciarse el tránsito hacia la democracia, a fines de los 80, se reforzara su juridicidad. En el marco de un paquete de reformas constitucionales aprobadas en 1989, se reforzó la protección constitucional de los derechos humanos, queriendo enviar una señal de compromiso con estos por parte del país que iniciaba una nueva época. A pesar del cambio, el desarrollo de una jurisprudencia fue al menos tímida en este respecto. En pocos casos, y de manera no sistemática, los tribunales usaban el derecho internacional de los derechos humanos para justificar decisiones de derecho interno.
Detención de Pinochet en Londres
En octubre de 1998, cumpliendo con una orden de captura internacional dictada por un juez español, funcionarios de Sctoland Yard arrestaron al exdictador chileno. Se encontraba en Londres para someterse a una operación médica. En Chile se generó un inmenso revuelo. En el mundo, se adoptó una nueva doctrina de derecho internacional: “jurisdicción universal”. Ningún lugar podía servir de refugio para quien hubiese sido perpetrador de violaciones graves y masivas a los derechos humanos.
Pinochet estuvo retenido largos meses en el Reino Unido y fue liberado por razones humanitarias. Se dijo que no estaba en condiciones físicas de ser sometido a un proceso judicial. Al llegar a Chile, sin embargo, desafió a todo el mundo, levantándose de su silla de ruedas y mostrándose plenamente capaz de sostenerse, poniendo en ridículo al gobierno del Reino Unido y abofeteando a las víctimas chilenas que, una vez más, veían al dictador salirse con la suya.
Si bien Pinochet no fue juzgado, los tribunales chilenos comenzaron a considerar usar el derecho internacional de los derechos humanos para abordar asuntos a nivel doméstico. Costaba, pero algo, muy poco, se avanzaba.
Las primeras protestas
En el campo político, en 2005 hubo una segunda reforma constitucional. En palabras del entonces presidente socialista Ricardo Lagos, daba origen a una verdadera nueva Constitución. Dejaba atrás los enclaves autoritarios de la Constitución militar. Pero al año siguiente, bajo el primer gobierno de la también socialista Michelle Bachelet, irrumpieron las protestas sociales de estudiantes secundarios. Comenzó a tomar forma la idea de que la “nueva” Constitución podía no ser tan nueva como se esperaba. Esas protestas se hacen aún más intensas en 2011, bajo el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera. En 2013, Bachelet volvió a La Moneda con una promesa clara: adoptar una nueva Constitución. La presidenta hizo su mejor esfuerzo pero fracasó. Pavimentó además el camino para el regreso de Piñera, en una sucesión de gobiernos inéditas en la historia constitucional chilena.
Con la vuelta de Piñera, el deseo de una nueva Constitución quedó enterrado. A los pocos días de asumir, su ministro más cercano (y primo) anunció ante una cumbre de empresarios que el proyecto de Bachelet de una nueva Constitución no estaba en los planes del gobierno.
Octubre de 2019, el país estalló
Protestas masivas, violencia en las calles y la sensación de descontento social se acumulaba hace décadas. Se manifiestan como nunca antes y se generó una crisis social y política. Desencadenó un proceso constituyente que buscó reemplazar totalmente la Constitución de Pinochet por una adoptada por una asamblea constituyente. Las demandas por mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, es decir, por el reconocimiento de derechos sociales, pareció tomar forma. La ciudadanía sería la protagonista, y no las elites políticas que habían administrado el modelo neoliberal chileno, llevando al país a una crisis inédita.
Se formó una Convención Constitucional en julio de 2022. Poco más de un año después, tras un tumultuoso proceso deliberativo, su propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Por primera vez en una década, era obligada a votar. La propuesta, calificada como “la Constitución más progresista del mundo”, avanzaba en muchas materias más de lo que -se dice- el pueblo estaba dispuesto. Incluso el presidente Boric afirmó que “estar adelantado a tu tiempo es una forma de estar equivocado”. El rechazo fue ampliamente capitalizado por la extrema derecha. Eficazmente se planteó como una alternativa ante el desorden institucional y político que se vivía en el país.
En las elecciones de mayo de 2023, donde los chilenos volvieron a elegir a delegados para redactar la nueva Constitución. Esta vez, impulsada por una comisión de expertos designados por el Congreso. En la elección, la extrema derecha obtuvo la mayoría y el proceso constituyente quedó en manos de quienes no solo siempre fueron opositores a él, sino que además eran declarados defensores del proyecto constitucional de la dictadura.
50 años después
En este contexto se cumplen 50 años del golpe. Intelectuales de derecha revisan la figura de Salvador Allende como no había ocurrido hasta ahora. La izquierda es incapaz de articular una respuesta coherente a la arremetida conservadora que se ha materializado en el rechazo a la propuesta constitucional de 2022 y las elecciones de delegados de mayo de 2023.
El ambiente de la conmemoración da cuenta de una sociedad chilena dividida y una elite con marcada distancia a lo que parecían ser consensos éticos mínimos respecto del valor de la democracia y los derechos humanos.
Algunos ejemplos: un diputado ultraderechista cuestionó a una diputada comunista por llevar una foto de marido ejecutado por la dictadura en su solapa; otra diputada también de ultra derecha se refirió a la violencia sexual durante la dictadura como un “mito urbano”, a pesar de los documentos oficiales y sentencias judiciales que la acreditan; otro diputado señaló abiertamente justificar el golpe; en un acto calificado como “provocación”, diputados releyeron la Declaración de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que declaró la ilegitimidad del gobierno de Salvador Allende y que muchos tomaron como antecedente del golpe de semanas después; y, por último, se recordó que el líder de la ultra derecha y candidato a la presidencia con altas posibilidades de triunfo, publicó una foto de Pinochet el 11 de septiembre, con la frase “Chile escoge libertad”.
Algo hemos hecho mal
Este ambiente choca con el avance que, con dificultades pero de manera persistente, Chile había intentado llevar adelante estos años. Cuando Allende se dirigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y pronunció un discurso ovacionado durante diez minutos, se refirió a muchos de los temas que hoy siguen vigentes. Tanto en el ámbito doméstico, como en la esfera internacional: los desafíos de los países del mundo en desarrollo, el imperialismo, la desigualdad geopolítico y la necesidad de asegurar un sistema de imperio del derecho, tanto nacional como internacional, que haga posible la realización de los pueblos y las personas.
En una época en que ese sistema se ve amenazado por la violación flagrante de las normas de derecho internacional y la imposibilidad de llevar a cabo las promesas que la democracia constitucional hace a la ciudadanía, el ímpetu y compromiso de Allende por asegurar igual dignidad y consideración se hace acaso más urgente. De lo contrario, no es claro hacia dónde avancemos, especialmente si consideramos la erosión de la democracia y el regreso del autoritarismo. Algo hemos hecho mal para estar donde estamos. Por ello, toca renovar los esfuerzos por asegurar la igual protección que el proyecto de los derechos humanos hace a todas las personas.
