Una estrategia exitosa en el comienzo de la pandemia, ahora parece no dar los resultados esperados. El apoyo de hace unos meses es cuestionado por una situación de desborde.
Han transcurrido casi seis meses desde que el gobierno paraguayo decretó el estado de emergencia debido a la pandemia COVID-19 e impuso una cuarentena estricta y obligatoria para organizar una política sanitaria que disminuya los efectos devastadores de la peste, para preparar a la población en ese sentido y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema de salud para enfrentar las contingencias más duras que se avecinaban.
Justo es reconocer que el primer trimestre fue exitoso en la aplicación de la política sanitaria y que tuvo un acompañamiento mayoritario de la gente. Por ello los indicadores de dicha gestión hasta hoy son valorados, aunque en estos días el desborde y la escalada amenazan con un deterioro de la situación.
Desde el primer momento la gestión política fue proactiva y practicada en consenso por los principales actores de los tres poderes del Estado. Tanto fue así que se aprobó desde el Congreso, con mucho debate pero con una aceleración pocas veces vista, un fondeo de USD 1600 millones al Poder Ejecutivo, que los solicitó para todos los gastos e inversiones que demandaría en términos de salud y economía general la pandemia.
Sin embargo, la frustrada adquisición de insumos médicos acabó con la oxigenación inicial que tenía el gobierno de Abdo Benítez. La peste desnudó antiguas prácticas clientelares y prebendarias de un Estado deficitario desde largas décadas en materia de salud y educación pública. Las denuncias ante el Ministerio Público y la interpelación a ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo arreciaron y las turbulencias continuas sacuden cada tanto a un gobierno debilitado que intentó construir reordenamientos estructurales, que hasta ahora no logra instalar, primero, por sus propias contradicciones y, segundo, por aquellos sectores de los partidos tradicionales que visceralmente rechazan cualquier atisbo de transformación que perjudique sus beneficios sectoriales.
Mario Abdo fue un político hábil para construir y articular una opción, una alternativa de poder al entonces presidente Cartes, y de este modo arribó a la presidencia de la República. Pero saber ganar una elección no es lo mismo que saber gobernar. Máxime si para conquistar el poder debió lotear su equipo de gobierno, con escasa tropa propia y leal, para lograr una gobernabilidad que le permitiera alcanzar sus objetivos propuestos.
Ya en mayo de 2019, con la crisis desatada por el acta bilateral de Itaipú, estuvo al borde de un juicio político. El articulador de una campaña electoral exitosa perdió, en ese episodio, una buena parte de esa energía vital que todo gobernante precisa en la primera mitad de su mandato para obtener los resultados pretendidos.
A estos hechos se sumaron innumerables problemas de inundaciones, sequías, de una baja considerable del precio de los commodities, que detuvieron el crecimiento económico del país y, en consecuencia, impactaron en la vida de la mayoría de los hogares paraguayos. Cuando se esperaba un 2020 prometedor, de sostenida mejora de los indicadores económicos, apareció la pandemia, rompió todos los esquemas previstos y obligó al Gobierno a medidas de salvataje ante el fuerte deterioro de la producción, del empleo y de grandes sectores de la economía que aún no han vuelto a la tarea y no se sabe si podrán retornar.
Ante los vaivenes de la inestabilidad política y social, el presidente de la República, en su afán de suturar heridas internas, pactó con su archirrival Horacio Cartes, en la conocida operación cicatriz, con el objeto de enterrar el chantaje y llegar al fin de su mandato. La pregunta que salta de inmediato es si esta será una paz duradera o apenas un intermedio provisorio.
La oposición, por su parte, tampoco logró articular un proyecto amplio y capaz de construir una seria alternativa de poder. Solo movidos por irracionales movidas persecutorias contra intendencias gobernadas por opositores, o imputaciones a dirigentes liberales vinculados al triste episodio del 31 de marzo de 2017, 28 senadores sellaron un acuerdo para enfrentar políticamente el avance de la instrumentación de la ley y del sistema de justicia y el Ministerio Público. Es imposible obtener de estos hechos un pronóstico definitivo. El itinerario electoral que arranca el año próximo y termina en el 2023 dará una idea aproximada de la permanencia de los acuerdos mencionados, tanto en el partido de gobierno como en la oposición, y, en particular, cómo sale el país y de qué modo de la tremenda crisis creada por el terrible virus.
El Paraguay de la pandemia demostró que gracias a una macroeconomía bien sostenida a lo largo de los últimos 15 años está, por ahora, evitando una caída escandalosa de la economía. Pero también dejó en evidencia que el cuidado de los indicadores de la macroeconomía no basta, es insuficiente; que la salud y la educación, entre otras necesidades, quedaron con todas sus falencias expuestas, que la brecha social y económica es aún muy profunda y, si los actores políticos siguen en sus peleas interiores y en las prácticas corruptas, serán desbordados por la gente, por una ciudadanía que, si bien no hace un culto a la protesta, está harta del bajo desempeño de la dirigencia.
¿Será mucho pedir un poco más de patriotismo y sensibilidad social y humanista, esa mirada que se despoja del pensamiento de los extremos y busca en el aporte de todos los sectores el beneficio común, para sostener al Paraguay como país de enormes posibilidades?
