Hace unas semanas la región más occidental de Cuba fue impactada por el huracán Ian. El fenómeno devastó la provincia de Pinar del Río y afectó también a La Habana. A las averías provocadas por la tormenta se unieron, en la tarde del 27 de septiembre, el colapso total del sistema eléctrico nacional. Durante varias horas, esa noche la Isla permaneció totalmente apagada. El impacto acumulado de años de falta de mantenimiento e inversión pública, así como de políticas fallidas en materia de energía, quedaron en evidencia. Expresiones todas de la incapacidad administrativa de un Gobierno ajeno a cualquier forma de escrutinio público, control ciudadano o alternancia.
El ruido de la turba
A raíz de esa situación, del 29 de septiembre al 2 de octubre estallaron en la ciudad de La Habana una serie de protestas populares. Estas se han multiplicado en las siguientes semanas, extendiéndose a otras zonas del país. Son manifestaciones en barrios tradicionalmente pobres y marginalizados, donde la falta de electricidad afecta el abasto de agua y gas y la conservación de la comida. Con una crisis económica estructural que lleva décadas, el acceso a alimentos y medicinas es agónico. Esto se ve agudizado por el efecto de la pandemia y el impacto de sanciones financieras externas. A las reivindicaciones focalizadas de luz, agua y alimentos se han unido, con creciente frecuencia, reclamos marcadamente políticos resumidos en el grito de libertad.
El proyecto Inventario ha contabilizado más de noventa protestas desde el 29 de septiembre al 13 de octubre de 2022. Ocurrieron en localidades de al menos diez provincias del país. Entre los elementos que han caracterizado esta ola se destacan su carácter barrial, territorialmente fragmentado, con reivindicaciones varias. Estas son estructuradas a través redes informales de solidaridad vecinal.
Entre sus protagonistas destaca la presencia de mujeres y jóvenes. Se incorporan nuevos elementos al repertorio de las protestas como la realización de cacerolazos, el cierre de calles y la construcción de barricadas para llamar la atención de autoridades. Prueba del aprendizaje colectivo tras la represión de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 es que hay una menor exposición mediática de rostros. Se filman las espaldas, se evita mencionar nombres y perfiles personales de redes sociales.
Así se reprime en Cuba
La represión, siempre presente, ha tenido un patrón algo diferente. Inicialmente fue, aparentemente, menos explícita. Durante las dos primeras noches de protestas el régimen cortó totalmente el servicio de internet en la Isla. Durante alrededor de doce horas, incluso las páginas de diarios oficiales y los sitios gubernamentales se encontraban fuera de la web. Fue un claro intento de mitigar el impacto de las imágenes en tiempo real, dado el efecto dominó que la viralización de la protesta tuvo en julio de 2021.
Con el paso de los días y la multiplicación de espacios han aparecido las estrategias de siempre. Represión directa con el uso de militares movilizados vestidos de civil, detenciones arbitrarias, despliegue de fuerzas policiales en los territorios y el anuncio de los primeros procesamientos a manifestantes.
En las primeras reacciones públicas, las autoridades han aceptado en medios que la protesta por servicios básicos es legítima, aunque insisten en que debe ocurrir solo cuando los funcionarios no hacen su trabajo. Los voceros han comparecido en programas televisivos para mostrar como comprensible el malestar social luego de casi cien horas sin servicio eléctrico. Pero recuerdan en simultáneo que cortar una calle es delito. A medida que transcurren los días, la retórica punitiva ha ido aumentando. Se insiste en el carácter delictivo de conductas como el cierre de calles o el insulto a funcionarios públicos.
Atentados contra la revolución
El discurso oficial insiste una vez más en trasladar el conflicto nacional a la geopolítica, denunciando la «guerra mediática» y la responsabilidad del exilio y el gobierno norteamericano en los hechos. La campaña ha incluido el regreso a programas televisivos de denuncia de «atentados contra la revolución», columnas de opinión en medios oficiales destacando el carácter «marginal e indisciplinado» de las expresiones sociales, así como de los sujetos protagonistas de estas. Todo para desconocer la legitimidad de la protesta.
La documentación y denuncia de violaciones a derechos humanos y represión de la protesta ha estado marcada por la intimidación. A la ilegalidad y el riesgo en el que operan las organizaciones de defensa de derechos humanos y los activistas, se ha unido la falta de acceso a internet y energía. Esto ha impedido la grabación y trasmisión de imágenes y videos de forma inmediata. La calidad del registro audiovisual, el anonimato de las personas que los graban, los testimonios y la precaución de los medios ante el auge de las fake news, dificultan su difusión. No obstante, hasta el momento, gracias a Justicia 11J conocemos de al menos dos decenas de detenciones, golpizas a jóvenes y amenazas a manifestantes. Se sabe del inicio de procesos penales por delitos como desorden público, desacato y resistencia. Probablemente en los siguientes días conoceremos más.
Las protestas se dan tras un año de represión y juicios ejemplarizantes que castigaron hasta con treinta años de cárcel a los manifestantes del 11 de julio, de los cuales 666 se encuentran en prisión a la fecha. Alrededor de 1000 personas han sido detenidas o procesadas en relación con protestas públicas en el último año y medio.
Este auge simultáneo de la manifestación social y la represión estatal se producen en un entorno marcado por la amenaza de un nuevo código penal que criminaliza el activismo e inhibe la acción ciudadana y la articulación social. Todo en el marco de la mayor ola migratoria del proceso revolucionario, que ya superó al éxodo del Mariel o la crisis de los balseros. Solo a Estados Unidos han llegado más de 180.000 cubanos en lo que va de 2022. Sin embargo, en la Cuba actual, la protesta parece haber llegado para expandirse y quedarse. Desde la precariedad y el temor, las y los cubanos están construyendo ciudadanía.
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