La semana más compleja de la presidencia de López Obrador reveló el carácter autoritario del mandatario mexicano, su descalificación de toda protesta y su insensibilidad ante los temas que más preocupan a la población.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador soportó sin demasiadas consecuencias una serie de yerros que, sin ser menores, no alcanzaron a mermar la popularidad del presidente de México durante poco más de un año.
No bastaron, en ese sentido, las más de cien personas que fallecieron a causa del incendio de una toma clandestina de combustible, ni la cancelación del nuevo aeropuerto y su sustitución por otro que tendrá mayores costos y menos funcionalidad, ni el embuste de intentar vender el avión de la presidencia y luego ofrecerlo en una rifa.
Tampoco fue suficiente el ataque constante a los contrapesos republicanos o la concentración del presupuesto para volver a un régimen centralista: ninguna razón sirvió para exhibir las incongruencias y la ineficacia de un Ejecutivo que parecía ser inmune a cualquier crítica o señalamiento de la oposición o de la sociedad civil.
López Obrador entretanto descalificó a sus críticos, arremetió sin consecuencias contra periodistas o intelectuales que señalaban sus errores y se ufanó de contar con «otros datos», siempre positivos, cada vez que llegaban evaluaciones que cuestionaban el desempeño de su administración, ya se sustentaran en estudios y mediciones nacionales o internacionales.
De la mano de un aparato de propaganda y de cooptación absoluta del espacio público, dictó durante más de doce meses los temas de la agenda pública sin opositor o rival que pudiese contrarrestar una estrategia mediática que parecía infalible.
Foto: Montserrat Boix, vía WikiCommons
El lunes 17 de febrero todo eso cambió. Si bien al aumento de la inseguridad y los niveles históricos de víctimas del crimen ya empezaban a levantar cada vez más voces en la opinión pública, el rapto y brutal asesinato de una menor de edad fue el límite de una sociedad que decidió por fin decir basta.
Las preguntas de las y los periodistas durante el mensaje a medios que López Obrador ofrece cada mañana comenzaron a girar en torno a un solo tema: feminicidios. Exigencias de resolver el crimen, demandas de una estrategia integral, exhibición de cifras que arrojaban luz sobre la magnitud de una tragedia a la que pocos habían atendido y sin embargo ahí permanece hasta hoy, y que cobra la vida de diez mujeres al día, mostrando el lado más crudo y brutal de un país que en su mayoría confió en un presidente que de pronto se vio absolutamente superado y sin respuestas.
Los grupos más radicales, que apenas unos meses antes se manifestaron para exigir justicia para otra joven vejada y asesinada, se congregaron afuera del palacio de gobierno, realizaron pintas en los muros, denunciaron la criminalidad que ha rebasado a toda autoridad y exigieron acciones concretas frente a uno de los flagelos más dolorosos que hoy padece el país: la violencia de género.
Y los argumentos del presidente y sus voceros —periodistas a sueldo, activistas digitales y propagandistas— para justificar la incapacidad gubernamental exhiben días tras día una insensibilidad y una falta de empatía absolutas: se pide no «vandalizar» los monumentos históricos —argumento esgrimido en otras ocasiones también por la oposición, por cierto—, se culpa a las administraciones anteriores o al «neoliberalismo», se descalifica a quienes convocaron al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, mientras el propio López pone a Salvador Allende como ejemplo y acusa un intento de «golpe de Estado» por parte de «los conservadores»… Una serie de absurdos que no alcanzan para ocultar la incapacidad flagrante y develada del gobierno.
Tampoco ha sido suficiente el intento de insertar nuevos temas en la agenda, y cada movimiento que intentan dar López Obrador y los suyos para influir en la opinión pública demuestra de nueva cuenta que, cuando el populista se enfrenta a la realidad más cruda, toda la parafernalia mediática, la oferta de futuros utópicos y la personalidad redentora se derrumban y exhiben su fragilidad y su vacío.
El gobierno de México intentó mantener al margen de sus prioridades el tema de la seguridad y, hoy, quienes alzan la voz contra el feminicidio y quienes exigen respuestas y soluciones al grito de «quémenlo todo» recuerdan que el rostro más crudo y doloroso de la injusticia sigue ahí, cobrando vidas, cada vez de manera más indignante, cada vez contra población más vulnerada y vulnerable.
El feminicidio y la violencia son, junto con la carencia de medicinas en hospitales públicos, los problemas más dolorosos del país: seguridad y salud, ese mínimo que cualquier gobierno debiera atender como prioridad y como principal urgencia.
