En un hecho sin precedentes en la vida política ecuatoriana, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, lo que implica la destitución de 137 legisladores. En un tiempo no mayor a seis meses, Ecuador tendrá nuevas autoridades presidenciales y legislativas, escogidas en elecciones anticipadas.
Muerte cruzada
La «muerte cruzada» es una figura de la Constitución de Montecristi (2008), inspirada por el proyecto político de Rafael Correa, quien gobernó al país entre 2007 y 2017. La figura fue concebida con un carácter disuasivo. Es decir, como un mecanismo para un escenario extremo de bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa confrontación marcó gran parte de la vida política desde el regreso a la democracia, a fines de la década de los setenta.
La muerte cruzada equivale a un homicidio-suicidio. En el caso de Guillermo Lasso, el presidente disolvió este miércoles 17 de mayo a la Asamblea Nacional, en la que no tenía mayoría. Sin embargo, al mismo tiempo, el Ejecutivo se hizo un harakiri. Ahora se apresta a dejar el cargo a fines de 2023, acortando en dos años su mandato legítimo.

Lasso, un connotado exbanquero, llegó a la presidencia del Ecuador al tercer intento y se posesionó en mayo de 2021 para un gobierno de cuatro años. En teoría, podría postularse para una sola reelección, prevista en la Constitución ecuatoriana. Pero, en la práctica, el desgaste de su administración y el descenso de sus cifras de aceptación y credibilidad hacen poco probable que este escenario se concrete. El partido CREO, su organización política, tampoco es una fuerza electoral con peso significativo. La actual coyuntura y las últimas elecciones seccionales la han dejado tremendamente debilitada.
Salida anticipada
«Guillermo Lasso terminó mordiendo la rosca envenenada. Mandó a la casa a los asambleístas y él se va también de manera anticipada. Llamó a muerte cruzada, al no tener certeza de si tenía los votos en la Asamblea para salvarse del juicio político», advirtió el analista Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito y concejal. Ricaurte militó en Pachakutik, organización que constituye el brazo político del movimiento indígena y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Pachakutik llevó al Legislativo 27 asambleístas gracias a la fuerza de arrastre de su candidato presidencial Yaku Pérez, quien estuvo a punto de pasar al balotaje en 2021. No llegó a segunda vuelta presidencial, pero abrió el camino al mayor número de curules captado por Pachakutik en casi 30 años de historia. Pachakutik se dividió en dos tendencias frente al juicio político contra Lasso. El ala más radical, leal al líder indígena que preside la Conaie, Leonidas Iza, planteaba la censura y destitución de Lasso. En cambio, el ala mestiza de Pachakutik reunió 11 votos para bloquear la censura y destitución del presidente. Yaku Pérez, figura moderada del partido y quien le permitió tener la representación alcanzada en la asamblea, salió del partido por desacuerdo con el radicalismo del líder indígena Leonidas Iza.
Ricaurte es crítico de los legisladores que habrían buscado pactar con el Ejecutivo prebendas a cambio del voto favorable a la permanencia del Gobierno. Lasso, dice Ricaurte, habría recibido «pedidos y extorsiones infinitas» por parte de los asambleístas.
Descontento popular
Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, tiene unas condiciones favorables en estas elecciones anticipadas. No solo acaba de salir triunfante en las elecciones seccionales de febrero pasado, cuando captó las principales alcaldías y prefecturas. También capitalizó el descontento popular frente a la pobreza y la inseguridad, logrando convencer a los electores en la jornada de febrero votar en contra de las ocho preguntas de la consulta popular que impulsó el gobierno de Lasso. De esas preguntas, seis eran sobre políticas para gestionar la crisis de seguridad. La más importante buscaba posibilitar la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de terceros países por delitos vinculados al crimen organizado. Esto obliga a las otras alternativas electorales a generar espacios de coalición.
El correísmo a la espera
En las elecciones de febrero, el correísmo también ganó la mayoría de puestos en el organismo estratégico que desarrolla los procesos para nombrar a las Cortes de Justicia, las autoridades de control, la Fiscalía y la Contraloría. En un mensaje en sus redes sociales, Rafael Correa criticó el argumento de «grave conmoción política e interna» invocado por Lasso para recurrir a la muerte cruzada.
«Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria», dijo Correa.
Rafael Correa no puede ser candidato presidencial para el futuro proceso electoral, por tener una sentencia ejecutoriada en su contra en relación con un caso de sobornos y pagos irregulares de contratistas privados. De acuerdo con la sentencia, los recursos habrían financiado gastos de campaña del grupo político de Correa.
¿Cuál es el proceso y qué tiempo tomarán las elecciones anticipadas?

Fuente: ICARE inteligencia comunicacional
¿Quiénes vienen?
Los nombres del futuro candidato del partido de Revolución Ciudadana para las presidenciales ya se barajan. Mientras tanto, la centroizquierda y la centroderecha se atomizan entre una decena de presidenciables. La incapacidad para deponer aspiraciones personales, que se evidenció en las candidaturas de las seccionales de febrero pasado, podría reeditarse en el proceso electoral próximo.
De la actual fragmentación política hay un ganador aparente y es el movimiento que dirige Correa, con un núcleo duro de cerca del 20% de los votantes.
Conclusiones
En vista del escenario actual, las fuerzas democráticas del centro deberían entrar en conversaciones profundas, analizar la situación con calma y patriotismo democrático para buscar alianzas que permitan estabilizar la democracia y sus instituciones.
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