Washington reaccionó muy tarde a la deriva autoritaria de Nicaragua que peligrosamente se extiende por Centroamérica.
El cuarto período consecutivo en el poder de Daniel Ortega en Nicaragua, tras el resultado cantado de la elección ilegítima del pasado domingo 7 de noviembre, representa el fracaso más evidente de las políticas reactivas de Washington respecto a la deriva autoritaria de América Latina y expresa a la vez la debilidad de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), para exigir a tiempo el respeto a las prácticas democráticas y al Estado de derecho.
Nicaragua representa hoy la tragedia autoritaria más acuciante de países centroamericanos que «están cayendo como fichas de dominó en el autoritarismo», con la impotencia de Washington, más preocupado por la crisis de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, y una OEA a paso lento.
El declive democrático ocurre —y en parte se profundizó— por la pandemia del covid-19, que provocó una crisis económica descomunal en la región que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir, en su informe de octubre pasado, acerca de «secuelas a largo plazo». El crecimiento de un promedio de 6,3 % del producto interno bruto (PIB) para este año se minimiza, si se tiene en cuenta la fuerte contracción de 7 % de 2020, más del doble del promedio mundial (3,1 %).
El declive económico tiene un déjà vu de la década perdida de 1980, alusiva a la deuda externa impagable, graves problemas fiscales y de inflación, políticas de tipo de cambio fracasadas. Los problemas son otros, pero el descarrilamiento de los indicadores económicos trae a la memoria tristes recuerdo de problemas estructurales de hace cuatro décadas.
Y es probable —para dejar un margen a la ilusión— que la enfermedad del coronavirus marque huellas de un monstruo de mil cabezas porque al declive económico se sumaron las crisis de la salud —que hoy reflejan la carrera por la vacunación—
y en la política por un clima de inestabilidad de los gobiernos y fragilidad institucional, dos flechas venenosas para la democracia, y el ascenso o fortalecimiento de regímenes autoritarios o dictatoriales.El menoscabo democrático, en parte, también huele a pasado, aunque con otros ropajes. No hay en la región golpes de Estado clásicos, como sigue habiendo en países africanos, sino un nuevo fenómeno que avanza desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela: democracias que fracasan en manos de líderes electos «que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder».
El descenso de la democracia sin la bota militar —sin negar el papel que les cabe a las fuerzas castrenses en la permanencia de los tiranos— parecería que repite la historia de un movimiento circular en la región, como plantea Anne Applebaum al explicar el ocaso de la democracia en algunas partes de Europa.
Nicaragua es un buen ejemplo de ello. Bastaba con asomarse al balcón para advertir que Ortega iba camino a imitar la tragedia de Nicaragua con la dinastía de Somoza, la que fue su justificación para cargar el fusil y conquistar el poder por primera vez en la década de 1980, pero —vaya ironía— convirtiéndose en el gobernante con más años en el sillón presidencial de su país. Y desde hace un tiempo, ya con el traje de dictador como Anastasio Somoza, sin un golpe de Estado pero perpetuándose en el poder a como dé lugar.
Una elección amañada, siete aspirantes presidenciales de la oposición detenidos, entre 39 referentes críticos del oficialismo, más tres fuerzas políticas anuladas por el tribunal electoral, dejaron el camino despejado al Frente Sandinista de Ortega al competir contra candidatos que eran unos desconocidos a los ojos del electorado.
El dictador fue reelegido con casi 76 % de los votos, según el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Una «elección de pantomima. que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática», al decir del presidente estadounidense Joe Biden, un reflejo más de la podredumbre institucional de Managua.
En el índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP) de este año, difundido el pasado 14 de octubre, Nicaragua ocupa el puesto 131 de 139 países en Estado de derecho. Según el ranking, cayó tres posiciones a nivel global y presenta un fuerte deterioro en aspectos sensibles en una democracia: límites al poder gubernamental, respeto a los derechos fundamentales y en las funciones de justicia civil y penal, entre otros.
El mundo democrático ha reaccionado con fuertes críticas a la estafa electoral de Ortega y tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) se encaminan a aprobar nuevas sanciones. Pero, otra vez, las reacciones se han dado ante los hechos consumados.
Biden ahora pretende presionar al tirano con una batería de medidas bajo el paraguas de la ley RENACER (sigla en inglés que significa Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), aprobada por el Congreso el miércoles 3 de noviembre, que le ofrece instrumentos legales para perseguir la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Por ejemplo, sancionar a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres, ejercer más control en la aprobación de los préstamos financieros internacionales que terminan beneficiando al régimen y restringir el comercio.
Por su lado, la Asamblea General de la OEA aprobó en la noche del viernes 12 una resolución que condena la elección presidencial de Nicaragua: «no fueron libres, justas o transparentes, y carecen de legitimidad democrática». Además, plantea al Consejo Permanente que elabore un informe antes del 30 de noviembre con el fin de examinar «acciones apropiadas».
«Las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno» nicaragüense, afirma la resolución aprobada por 25 países activos en 34, mientras que siete, incluidos México y Honduras, se abstuvieron. Solo el delegado de Ortega votó en contra.
El camino que empieza a andar la OEA podría llegar a comprender el artículo 21 de la Carta Democrática, que ampara al organismo a «suspender» a Nicaragua, un extremo que requiere de mayorías calificadas de dos tercios (24 votos en 34), difícil de conseguir. Argentina, por ejemplo, que acompañó la resolución de la Asamblea General, ha tenido una posición que no asegura su voto. También hay dudas de que una sanción de esa naturaleza tenga el respaldo de algunos países centroamericanos y del Caribe.
Sin desmerecer el significado de la reprobación de la OEA, a todas luces es una decisión a destiempo.
La conducta desafiante de Ortega podría ser una señal de que está dispuesto a seguir en el poder, de espalda a las democracias occidentales.
¿Cómo hace para sobrevivir? La Rusia de Vladimir Putin es hoy el principal sostén de Ortega, que se refleja desde los buses que circulan en Managua, donaciones de trigo, las vacunas Sputnik, el armamento en manos de los aparatos de seguridad, hasta una estación satelital y un instituto de biotecnología. También Irán y Turquía alientan la tiranía de Ortega.
El régimen chino de Xi Jinping ha mantenido un bajo perfil, quizás por las relaciones diplomáticas de Managua con Taiwán. Pero el rechazo de las grandes potencias puede ser una oportunidad para que Ortega, empujado por las circunstancias, termine en los brazos de Xi Jinping, que ha mostrado un interés creciente por Centroamérica.
Los hermanos mayores, Cuba y Venezuela, no están en condiciones de prestar ayuda económica, pero asisten al régimen en la puesta en marcha de las políticas de control y represión.
Sería injusto no reconocer que Washington ha tomado medidas para defender el Estado de derecho en Nicaragua, incluso en otros países centroamericanos, pero ohan sido insuficientes o quizás llegaron a destiempo.
El deterioro democrático no comenzó ayer. Kevin Casas-Zamora, exvicepresidente de Costa Rica, escribió un artículo en diciembre de 2008, tras unas elecciones locales fraudulentas en Nicaragua, en el cual hacía un llamado a la comunidad internacional para impedir que el país cayera en las garras de una dictadura corrupta.
El autor, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, advertía entonces la necesidad de aumentar la presión mundial —particularmente de Estados Unidos y organismos internacionales que han prestado una ayuda financiera o económica al régimen sandinista— para que Ortega no se convirtiera en una versión en Centroamérica del régimen tiránico de Robert Mugabe en Zimbabue.
Casi trece años después, los temores de Casas-Zamora dejaron de ser un riesgo potencial para transformarse en una triste realidad.
