En los meses recientes, el fenómeno de la migración en Estados Unidos se ha convertido en una fuente de historias trágicas, al mismo tiempo que sigue siendo una herramienta de la propaganda política.
Según información del diario The New York Times este domingo 14 de julio se habría dado inicio a una serie de detenciones de hasta dos mil migrantes en situación ilegal, con el objetivo de hacer cumplir las expulsiones que pesan ya sobre sus espaldas.
Distintas administraciones norteamericanas en el pasado se han visto enfrentadas al problema de la migración: a la cuestión de cómo defender la soberanía nacional —que tiene en sus fronteras uno de sus símbolos más sólidos— y, al mismo tiempo, proporcionar un trato humanitario —consecuente con las leyes internacionales de las que son signatarios— a las miles de personas que a diario buscan, de forma legal e ilegal, un refugio en su país, los gobiernos de Estados Unidos han basculado entre generar políticas más o menos eficientes y traspasar las líneas que salvaguardan la dignidad humana como herramienta disuasoria.
Sean de corte demócrata o republicano los gobiernos norteamericanos anteriores al actual han mantenido en pie este frágil equilibrio con resultados inciertos, no sólo porque la idea de «impermeabilizar las fronteras» por la supuesta amenaza a la soberanía que implica la migración demuestra a diario su imposibilidad —y el fenómeno de la migración no deja de transformarse y variar su naturaleza—, sino porque al forzar las costuras del sistema democrático con prácticas políticas cuestionables (no siempre legales), han difuminado aún más esa delgada línea roja entre lo que es justificable y lo que es francamente inhumano.
La administración que dirige el presidente republicano Donald Trump parece, sin embargo, haber dado un paso mucho más allá, saltándose las anteriores restricciones éticas que otros presidentes tácitamente habían respetado. Y Trump está cruzando esa delgada, muy delgada, línea roja justo en la dirección equivocada, en la dirección que a nombre del nacionalismo extremo pone en cuestión y menosprecia los fundamentos de toda democracia.
En los últimos meses el fenómeno de la migración, en manos del presidente Trump, está produciendo historias desgarradoras, añadiendo un inhumano dramatismo al ya de por sí dramático asunto al que se ven sometidos miles de personas: verse obligados a dejar un país sumergido en la pobreza, la desesperanza, el caos político y económico o la violencia.
La migración desde el sur de la frontera de Estados Unidos venía transformándose en los últimos años, y aunque es cierto que no alcanzaba las altísimas cuotas que vivieron administraciones pasadas, las autoridades a cargo de salvaguardar las fronteras estaban viendo un incremento en el número de familias tratando de cruzar hacia el país del norte. Sin embargo, a este nuevo movimiento migratorio, y a la migración en su conjunto, Trump le puso desde el inicio de su presidencia un rostro bien particular: la migración es ilegal y quienes migran son una amenaza, porque son bandidos, violadores o simplemente provienen de países con creencias distintas a las ideas locales.
El lema América primero tenía que complementarse, necesariamente, con los extranjeros (todos los extranjeros) en segundo lugar. Y este segundo lugar, este deslizamiento de las prioridades implicó, como no podía ser de otra forma —la línea narrativa propagandística así obligaba—, que lo secundario fuese considerado sujeto a protecciones y tratos de segunda.
Que los niños sean encerrados en jaulas; que sean separados de sus familias; que mueran sin que se dé aviso de inmediato a familiares y autoridades; que los adultos sean sometidos a tratos vejatorios y sin el consecuente proceso legal; que las familias ahora sean recluidas en campos de concentración —y la discusión principal en las redes sociales sobre si se abusó o no del término, como si la deshumanización y el sufrimiento fueran propiedad de una sola nación—; que se obligue a otro país (en este caso a México) a que lleve a cabo las tareas policíacas, administrativas y, en último término, disuasorias, que le corresponden a los Estados Unidos —pues es allí donde los migrantes, muchos de ellos, están presentando su solicitud de asilo—… Todos estos hechos son consecuentes con la idea principal: se trata de ciudadanos inferiores y por eso son sujetos a un trato inferior.
Tras unos breves días en la prensa y en las redes sociales, la fotografía de Valeria y su padre Óscar ahogados en la orilla del río Bravo —porque prefirieron arriesgarse a cruzar, en vez de esperar en el hacinado refugio de Tamaulipas a que se tramitara su solicitud— ha desaparecido de la conversación en los medios de Estados Unidos. Muchos ciudadanos norteamericanos, en consonancia con Trump, creen como él que esos migrantes son culpables de migrar y lo que sufran es consecuencia de su actuar. ¿Por qué dedicarles sino un secundario pensamiento?
Para esos ciudadanos de segunda el mensaje es, por otro lado, el del miedo y la incertidumbre constantes. Las redadas que se llevaron presumiblemente a cabo este lunes son una práctica común en la lucha contra la migración ilegal pero, como en otros momentos, Trump ha cruzado también aquí una línea en la dirección de la propaganda nacionalista: anunciar públicamente y en distintas ocasiones las redadas para hacer de ellas una herramienta de control ciudadano y político.
A este actuar trumpiano no le falta la resistencia en la calle, los parlamentos y los medios. A pesar de ello, no parece que esta administración vaya a dar un paso atrás en su coherente deseo de hacer saltar las costuras del sistema democrático que le permitió llegar al poder. De cara a las elecciones presidenciales del 2020 no sería ya una sorpresa que Trump siguiera en el poder: una sociedad norteamericana que da la espalda a sus valores democráticos es (y ha sido en el pasado también) uno de los tantos mundos posibles.
