El gobierno paraguayo ha sancionado una ley anti ONGS, que establece “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Esta norma generó intensas repercusiones en la sociedad civil dentro y fuera del país. A pesar de las críticas ante el avasallamiento del espacio cívico, el presidente, Santiago Peña, promulgó la normativa afirmando que “nadie debería estar renuente al control”.
Controlar las ONGs
Apodada por sus detractores como “ley anti ONGs” o “ley garrote”, la legislación manifiesta la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por aquellas organizaciones, nacionales o internacionales, que busquen incidir en políticas y programas públicos o en la actividad de los poderes y organismos del Estado.
Aunque inicialmente no había una discriminación por caso, el texto fue ajustado para excluir entidades específicas. Estas son organizaciones internacionales y multilaterales, por la dificultad de someterlas a control. Sin embargo, de manera sorpresiva, también quedaron exentos de presentar detalles de sus operaciones, financiamiento e incidencia pública a los partidos y movimientos políticos, las iglesias y las confesiones religiosas.
A partir de su entrada en vigor, todas las entidades locales o extranjeras que realicen actividades en Paraguay, de manera directa o indirecta, deberán registrarse en un nuevo sistema y presentar informes anuales detallados. Estos incluirán datos sensibles como balances contables y patrimoniales, fuentes privadas de financiamiento (nacionales e internacionales), y sus programas de actividades realizadas con recursos públicos, sus resultados y los montos ejecutados. Además, deberán proveer la lista de todo el personal involucrado, profesionales, técnicos, especialistas. Incluye a a organizaciones o personas jurídicas externas que presten servicios o hayan desempeñado tareas, sean nacionales o extranjeras.
Aunque la ley aún no ha sido reglamentada, sus promotores ya anticipan posibles impugnaciones por inconstitucionalidad. Existen tensiones con los derechos de privacidad y la inviolabilidad del patrimonio documental consagrados en la Constitución Nacional.
Desgaste
Sin embargo, un audio filtrado del senador Gustavo Leite (Partido Colorado), principal impulsor de la ley, revela un enfoque estratégico detrás de la medida. En sus declaraciones se muestra satisfecho con el resultado, afirmando que el texto provocará un desgaste a las organizaciones civiles al proyectarlas como opositoras a la transparencia. Esto podría significar una suerte de muerte política y social en Paraguay en caso de negarse a proveer la información requerida.
A nivel internacional, diversas voces han manifestado su preocupación por la nueva legislación en Paraguay. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han advertido que la normativa podría desincentivar de manera significativa la participación de la sociedad civil en los ámbitos político, económico y social del país. En el ámbito local, los opositores cuestionan el riesgo de discrecionalidad en los controles. Además, el posible uso político de la información recopilada, críticas respaldadas por las filtraciones de documentos iniciales enviados a la comisión antilavado, liderada por los mismos impulsores de la ley.
Esta legislación refleja cambios profundos en el panorama político paraguayo, marcados por un creciente influjo de ideas asociadas a la ultraderecha global. Inspirados en políticas implementadas por Viktor Orbán en Hungría, los promotores de la ley se oponen abiertamente a regulaciones ambientales y a la intervención en políticas educativas.
Modelo excluyente
El senador Gustavo Leite declaró en una reciente entrevista que sus próximos objetivos incluyen desvincular a ciertas organizaciones de la sociedad civil de la gobernanza estatal. Señaló en particular la supuesta injerencia de organizaciones en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a las que acusó de actuar como “policías ambientales europeos” que entorpecen la producción nacional, y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), criticando la inclusión de la “ideología de género” en los programas educativos.
Con determinación creciente, Paraguay avanza hacia un alineamiento más cercano a la extrema derecha, redefiniendo no solo su política interna, sino también su proyección internacional. Este giro está limitando los espacios para la sociedad civil y consolidando un modelo más excluyente, que sobrepasa su propia tradición conservadora. En el ámbito externo, es probable que se profundice la afinidad con líderes como Viktor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos, mientras se distancia de agendas multilaterales relacionadas a los derechos humanos, el medio ambiente y la educación. Este nuevo rumbo plantea un gran reto: encontrar un balance que permita avanzar sin comprometer la democracia ni su posición en la región y en el mundo.
