Su manejo decidido frente a la crisis del COVID-19 le dan al presidente uruguayo el respaldo para su ambiciosa agenda de reformas.
El nuevo gobierno de centro de Uruguay tuvo solo doce días para familiarizarse con tarea antes de que los primeros casos de COVID-19 lo obligaran a entrar en modo de crisis. Sin embargo, el arranque en frío salió bien. El presidente Luis Lacalle Pou demostró ser un administrador de crisis decidido, pragmático y exitoso que también podía marcar un estilo propio más allá de la pandemia. Si bien hasta ahora ha sido aceptado por la mayoría de los uruguayos, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia mantendrán ocupado durante mucho tiempo al país.
“Libertad con responsabilidad” – Durante los primeros 100 días del nuevo gobierno, la ciudadanía en Uruguay tuvo que acostumbrarse a esta consigna. El nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, lo repite cada vez que se le pregunta por qué su país ha tenido éxito en la crisis de COVID-19. Y su respuesta es que se debe principalmente al “uso responsable de la libertad” de sus casi 3,5 millones de compatriotas.
Después de que ocurrieran los primeros casos de COVID-19 en Uruguay el 13 de marzo, Lacalle Pou tomó una decisión audaz contra el consejo de muchos expertos y del Sindicato Médico del Uruguay: en lugar de restricciones, toques de queda y penalizaciones, apostó a la información amplia y al cumplimiento voluntario de la recomendación del gobierno de, en pro del bien común, abandonar las viviendas solamente en casos excepcionales. Este cálculo funcionó. Según las encuestas, incluso sin toque de queda, más del 90 por ciento de la población siguió la recomendación del gobierno, especialmente en las primeras semanas.
Al mismo tiempo, inmediatamente después de los primeros casos Uruguay declaró la emergencia sanitaria, amplió enormemente las capacidades de cuidados intensivos y de testeo, y cerró las escuelas, centros comerciales, fronteras e instalaciones públicas durante varias semanas. El resultado es bastante impresionante: el 7 de junio, día 99 del gobierno de Lacalle Pou, por primera vez desde el estallido de la pandemia no se registró ningún nuevo caso de COVID-19 en el país. El número de casos activos en el país está muy por debajo de 100, el número de fallecidos es un total de 23.Estos éxitos han permitido al gobierno establecer una “nueva normalidad” a la ciudadanía. Como primer país sudamericano, Uruguay está reabriendo escuelas a las clases presenciales en varias etapas. Con la excepción de viajes al departamento norteño de Rivera, que limita con Brasil, y la prohibición vigente de eventos importantes, hay cada vez menos restricciones fundamentales de las libertades individuales.
Además del buen ejercicio del gobierno, existen otros factores que han hecho posible el éxito de Uruguay en la lucha contra COVID-19. Entre estos se encuentran el sistema de salud pública, que está altamente desarrollado en comparación con América Latina, la baja densidad de población de 19,2 habitantes por kilómetro cuadrado con pocos centros urbanos, y el nivel relativamente alto de confianza que las personas tienen en el Estado. Sin embargo, la comunicación clara de la crisis por parte del gobierno contribuyó sin duda al éxito. El presidente Lacalle Pou ha seguido constantemente su línea de apelar al “uso responsable de la libertad” y hasta ahora ha evitado cualquier actitud triunfalista. En sus decisiones respecto a las políticas sanitarias el presidente busca deliberada y transparentemente estar cerca de la ciencia y coordinar cada paso con un consejo científico asesor de cuatro miembros compuesto por un funcionario del gobierno, dos médicos y un matemático.
Un jefe de Estado omnipresente
Al mismo tiempo, el jefe de Estado que con 46 años es el más joven desde la vuelta de Uruguay a la democracia en 1985, ha interpretado el papel de presidente en forma novedosa. En contraste con su predecesor inmediato, Tabaré Vázquez, quien dosificó sus apariciones públicas, Lacalle Pou fue casi omnipresente en sus primeros 100 días, recordando, motivando, transmitiendo noticias, como alguien que parece ocuparse personalmente de casi cada uno de los problemas del gobierno. En las conferencias de prensa, suele responder a las preguntas de los periodistas y (poco antes de la pandemia) también cabalgó en un festival tradicional de jinetes. Es interesante que hasta ahora esto no haya sido a expensas de la visibilidad de los miembros del gabinete y que al menos el vocero del gobierno y los ministros del interior, trabajo, economía y exterior hayan podido ganar un perfil propio.
Las condiciones en el momento en que asumió Lacalle Pou eran todo menos color rosa. Elegido presidente el 29 de noviembre de 2019, en segunda vuelta y con solo un 1,6 por ciento de ventaja, se hizo cargo de un país con un déficit presupuestario anual del cinco por ciento, una deuda pública del 70 por ciento, un desempleo de casi el diez por ciento y una tasa de inflación casi igualmente alta. Especialmente en el último período de gobierno de 15 años de la heterogénea coalición de izquierda “Frente Amplio” (FA), la tasa de criminalidad había aumentado dramáticamente
y la economía se había estancado. Lacalle Pou también tiene que apoyarse en una coalición de cinco partidos liderados por su tradicional partido “Partido Nacional” (PN), entre los cuales se halla el partido “Cabildo Abierto” fundado en 2019, socio incierto con un discurso de mano dura con características populistas de derecha.Desde el primer día de su gobierno, Lacalle Pou buscó demostrar su capacidad para actuar, particularmente en el área de seguridad pública, su tema de campaña más importante. Como primer acto oficial, convocó a la sede de gobierno a los 19 jefes de policía del país para que lo asesoraran, y les aseguró apoyo político. Una presencia policial más fuerte, redadas en la periferia de Montevideo y más personal militar en las fronteras también constituyeron una señal en la lucha contra el crimen organizado. La incautación de cientos de cuchillos y otras armas después de una razzia en la prisión más grande de Montevideo, un ataque explosivo contra una brigada antidrogas a principios de mayo y, por último, el asesinato de tres infantes de marina por un solo autor, subrayan la necesidad de acción. A medida que la pandemia del COVID-19, deje de ser el tema más importante en el debate nacional, es probable que la seguridad interna recupere importancia para el gobierno.
Agenda de reformas de urgente consideración
A pesar de la pandemia del COVID-19, no estuvo exento de controversia que el gobierno introdujera una parte importante del programa electoral de la coalición en forma de ley de urgente consideración. Aunque Lacalle Pou durante la campaña electoral había prometido introducir dicha ley, abreviada con el acrónimo “LUC”
, la oposición criticó que en medio de la pandemia se requerirían largas consultas parlamentarias y de las comisiones parlamentarias con presencia física de los diputados. Además, la posibilidad de protesta democrática estaría limitada debido a la pandemia. La modalidad de las leyes de urgencia es una tradición en Uruguay y también fue utilizada por gobiernos anteriores. Sin embargo, es nuevo el alcance de este paquete legislativo.Finalmente, el 6 de junio, con los votos de la coalición gubernamental, el Senado aprobó un paquete legislativo de 476 artículos, que incluye cambios en áreas clave de la política, que comprenden economía e inversión, educación y seguridad interna. Si bien numerosos artículos, como la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y la simplificación de las regulaciones administrativas o la ley de adopción merecieron pocos motivos de controversia, en particular el endurecimiento del sistema penal juvenil previsto en la LUC, la concesión de más poderes a la policía para combatir el crimen y las nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga, son objeto de crítica.
La influyente central sindical “Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores” (PIT-CNT), tradicionalmente cercana al FA, se moviliza en particular contra el hecho que la LUC garantiza a los no huelguistas el libre acceso a sus trabajos lo que de hecho significa la prohibición de la práctica de ocupar los lugares de trabajo (llamada “piquete” en Uruguay). La influencia de los sindicatos, particularmente en el sector educativo, también es limitada. Mientras que PIT-CNT y FA ven un recorte inadmisible en el derecho de huelga y, por lo tanto, realizaron un paro parcial de medio día el 4 de junio, algunos analistas ven la LUC como una forma necesaria de corregir la influencia sindical. Durante 15 años de gobierno de la FA, el PIT-CNT jugó un papel importante en la estructura de poder. Un ejemplo de esto fue la práctica de los gobiernos de FA de poner todas las radios y canales de televisión del gobierno a disposición de la organización sindical para una Cadena Nacional todos primero de mayo. Cuando el presidente Lacalle Pou se negó a permitir al PIT-CNT esta forma de comunicación, que en realidad está reservada para el presidente, la central sindical criticó esto como “antidemocrático”.
Algunos artículos originalmente previstos en el LUC para liberalizar la importación de productos derivados del petróleo, y también la provisión de conexiones telefónicas fijas y a internet, no prosperaron en principio por la oposición de los socios menores de la coalición gubernamental. Uruguay tiene un monopolio en ambas áreas a través de las empresas estatales ANCAP y ANTEL. A pesar de este previsible fracaso, el gobierno ve como un éxito que la coalición haya podido llegar a un acuerdo respecto a temas clave de la LUC gracias a la incansable mediación de la respetada vicepresidenta Beatriz Argimón. A pesar del rechazo en general del paquete por parte del FA, la mitad de los artículos fueron aprobados con su apoyo. La adopción pendiente de la LUC en la cámara baja parece ser una cuestión de forma, debido a las mayorías parlamentarias. Independientemente de su destino, la coalición habrá procesado legislativamente una parte importante de su agenda de reformas en unos pocos meses.
Consecuencias económicas de la crisis
En vista a los trastornos sociales asociados con la crisis de COVID-19, el gobierno tomó la decisión de no implementar la rigurosa agenda de austeridad por un monto de 900 millones de dólares previstas. Por el contrario, se creó un paquete bastante ambicioso de estímulos económicos, ayudas puente, préstamos especiales y apoyo social, lo que también dificultó a la oposición de caricaturizar a Lacalle Pou como un neoliberal insensible. El gobierno pudo saltar pragmáticamente sobre su propia sombra y colocar el bien común antes que la ortodoxia económico-política. La declaración de la ministra Azucena Arbeleche de que ante la crisis era necesario “quemar algunos viejos libros para pensar las soluciones”, puede servir de ejemplo.
Acciones como la subasta del avión presidencial, adquirido recién en 2018, o en particular la reducción temporal de hasta 20 por ciento de los sueldos en el servicio público que pasan de cierto umbral, incluido el salario presidencial, transmitieron la imagen de un gobierno ahorrativo y capaz frente a la emergencia. Una anécdota que ejemplifica esto fue el comentario accidental de un funcionario sindical de alto rango frente a un micrófono abierto: “Fue muy inteligente lo que hizo este hijo de …”
La prueba real para el presidente Lacalle Pou aún está por venir. Aunque Uruguay también parece estar atravesando la crisis mejor que la mayoría de sus vecinos latinoamericanos en lo económico, los expertos esperan una reducción de la economía de hasta un cuatro por ciento, un aumento del desempleo hasta un 15 por ciento y un aumento en el déficit en 2020.
Las exportaciones de carne, soja y celulosa a China y la Unión Europea, que representan respectivamente el 30 y el 17 por ciento de las exportaciones, ya se redujeron drásticamente. La tasa de inflación en mayo fue del 11,05 por ciento interanual, la más alta en cuatro años. Particular preocupación provoca el aumento de 18.9 por ciento en los precios de los alimentos. La estatal Universidad de la República (UdelaR) estima que solo en abril entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza, principalmente debido a la caída del empleo en el sector informal.El acuerdo Mercosur – Unión Europea como chance
Para la reactivación económica de Uruguay parece necesario un estímulo para el eminentemente importante sector exportador. La ratificación del acuerdo Mercosur – UE, ya negociado en su totalidad, podría ser sin duda uno de estos estímulos. El gobierno ve la presidencia uruguaya del Mercosur, que también incluye a Argentina, Brasil y Paraguay, a partir del primero de julio, como una oportunidad para hacerla más flexible internamente, en particular para implementar el acuerdo con la UE. Si bien en Montevideo hay preocupación por las señales ambivalentes del nuevo gobierno argentino respecto a esto, el presidente Lacalle Pou tiene grandes esperanzas de que la próxima presidencia alemana del Consejo de la UE imprima una nueva dinámica al proceso de ratificación. Tal éxito se correspondería con las prioridades de política exterior del gobierno uruguayo, claramente comprometido con el libre comercio, el multilateralismo, los derechos humanos y un orden mundial basado en normas.
También en el área de la digitalización Uruguay visualiza un gran potencial.
El país ya está desempeñando un papel pionero en muchas áreas, como la introducción de la primera red 5G en América Latina. La desarrollada plataforma de aprendizaje “Plan Ceibal”, que se introdujo en el sistema escolar durante los gobiernos de FA, también ha demostrado ser ejemplar en la crisis de COVID-19. En la rama más importante de la economía, la agricultura, se está experimentando con la “agricultura inteligente” y con cosechadoras de funcionamiento autónomo. La experiencia de la crisis de COVID-19 podría dar un nuevo impulso a estos desarrollos.Panorama
En sus primeros 100 días como presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou no solo se adaptó rápidamente a su nuevo cargo, sino que también sorprendió a muchos con una gestión prudente de la crisis y un curso claro. En medio de la pandemia, también ha tenido éxito en impulsar fundamentos en otras áreas políticas. La opinión pública parece honrar esto. Según una encuesta realizada por el Instituto Equipos Consultores, el 62 por ciento está satisfecho con el liderazgo de Lacalle Pou y solo el 19 por ciento lo rechaza.
Lacalle Pou necesitará este capital político cuando la crisis económica se haga evidente en toda su dimensión en los próximos meses. Existe la posibilidad de que la insatisfacción de amplios sectores de la población con su situación económica devuelva su influencia a la oposición, que actualmente parece no tener liderazgo y orientación. Es probable que el tono político se vuelva más rudo en el futuro, también porque se puede esperar que el presidente haga un nuevo intento de flexibilizar algunos monopolios estatales. También está por verse cómo los numerosos artículos de LUC, que son difíciles de entender incluso para algunos expertos, afectarán la vida cotidiana de los uruguayos.
Si Lacalle Pou pudiera continuar hacer valer su capacidad política respecto a los desafíos políticos como hasta ahora, los partidos gobernantes estarían preparados para la próxima prueba en las urnas. El 27 de septiembre, los ciudadanos uruguayos elegirán a todos los funcionarios regionales y locales. El “Partido Nacional” en particular espera beneficiarse de la presidencia de Lacalle Pou y poder ampliar aún más su papel como fuerza más importante en el interior del país.
Vgl. https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/lateinamerika-hat-sich-zum-neuen-globalen-hotspot-der-covid-19-pandemie-entwickelt, recuperado el 2 de junio de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52837193, consulta del 7 de junio de 2020.