País muy atrasado, con dictaduras de distintos signos, sumido en pobreza y opresión, represión desde 2018, pandemia y huracanes lo tienen en grave crisis. Las elecciones de noviembre de 2021 pueden ser una salida, pero hay dudas de que sean libres.
A Nicaragua la definen en el argot turístico como la tierra de lagos y volcanes, pero la crítica política la ve también como la tierra de las dictaduras.
Sumida en el segundo lugar de los países más atrasados de América, sólo superado por Haití, Nicaragua ha padecido desde el tiempo colonial autoritarismos férreos y hasta crueles. Las dos últimas dictaduras, la de los Somoza y ahora la de Daniel Ortega son las más longevas, con cuarenta o más años imponiendo su voluntad al hospitalario pueblo nicaragüense.
Ese formato histórico de gobiernos dictatoriales en Nicaragua, acaso interrumpido en el último siglo por pocas y pequeñas pausas de primavera democrática, se ha agravado con la actual dictadura, por su carácter ideológico y populista de izquierda, y por tener como apoyo en la nueva geopolítica mundial un bloque de sistemas autoritarios que encabezan Rusia y China, y que completan Corea del Norte, Cuba, Irán, Turquía, Venezuela y otros simpatizantes.
Entre sus más recientes desaciertos, la dictadura de Ortega ha minimizado la pandemia del covid-19 y ha tratado de ocultar las cifras. Sólo reconoce el 40 % de los contagios reales y el 5 % de los fallecidos, una crisis sanitaria que se suma a la crisis sociopolítica que estalló con la rebelión estudiantil de abril de 2018, con 350 asesinados, 4.000 heridos y lesionados, 100.000 exiliados (el 80 % en Costa Rica), y 900 presos políticos, de los que aún están 113 en la cárcel.
En los recientes huracanes de noviembre 2020 que afectaron a Nicaragua, Ortega prohibió la ayuda a los damnificados por parte de la sociedad civil, afirmando que esa tarea «sólo es del Estado», haciendo manipulación política con la poca ayuda entregada.
Estas políticas del régimen frente a las distintas crisis ha llevado al rechazo de la población a niveles sin precedentes, que rondan el 80 a 85 % de inconformidad, según encuestas dignas de crédito.
Están previstas elecciones generales para noviembre de 2021, según la Constitución, y debido a la grave crisis en que se vive desde el 2018, la oposición y la comunidad internacional vienen solicitando su adelanto, que el Gobierno siempre rechazó.
El problema de fondo es que el sistema electoral de Nicaragua ha sido señalado como fraudulento en los siete últimos procesos electorales desde 2008, tanto nacionales como municipales.
La oposición viene por ello exigiendo reformas electorales suficientes para garantizar elecciones libres y transparentes. El mismo gobierno prometió en diciembre de 2019 hacer reformas electorales en este año 2020, pero aún no las hay.
La oposición contra Ortega está constituida por una serie de organizaciones políticas y sociales. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) es la instancia más notoria, representativa de los sectores sociales de las protestas de 2018, que con el apoyo de la comunidad internacional llevó a cabo diálogos con el Gobierno en mayo de 2018 y en marzo de 2019, los mismos que fracasaron por incumplimientos de este.
La Alianza Cívica ha promovido también la unidad pero aún no se logra erigir un bloque unificado de oposición que represente la alternativa al actual régimen y que pueda, con credibilidad y legitimidad ante la población, dar batalla electoral en las elecciones de noviembre de 2021. Las perspectivas en Nicaragua para salir de la dictadura e iniciar un proceso de democratización con elecciones libres son aún grises. Hay más de 100 presos políticos, las libertades públicas están severamente restringidas, la represión no ha cesado desde hace dos años. Estamos ante una dictadura policial y militar, muy represiva, que muestra que su gran objetivo es mantenerse en el poder a la fuerza más allá de 2021 y no arriesgar una derrota en elecciones libres que, de todas formas, el régimen no parece dispuesto a facilitar.
