Desde hace unos diez días, Paraguay está sentado sobre un polvorín. La gente ha ganado una vez más las calles para protestar por la ineficiencia del gobierno, la corrupción, la falta de estrategias a largo plazo y la orfandad en materia de políticas públicas. La situación provocada por la emergencia sanitaria ha sido como un tapón que voló por los aires, dejando al descubierto décadas de malos manejos administrativos, negligencia y dejadez en sectores tan vulnerables como son los de la salud pública, la educación, los procesos administrativos públicos y, en general, toda la estructura de manejo gubernamental.
La mecha que encendió la pólvora fue la protesta protagonizada por familiares de pacientes internados a causa del covid-19 en importantes hospitales cabecera del sector público. Los familiares denunciaron la falta de provisión de sedativos en las unidades de terapia intensiva y la petición de los médicos de que fueran adquiridos por los propios afectados, bajo riesgo de no poder atender a los enfermos y el consecuente riesgo para sus vidas. El costo de los estos es varias veces millonario y hubo personas que incluso lo perdieron todo: vendieron propiedades, automóviles, negocios y lo que fuera necesario para comprar los medicamentos que no existían en el sector público pero —llamativamente— sí había en plaza en las farmacias privadas. Es más: en muchos casos, las drogas que estaban desaparecidas en los hospitales se comercializaban en farmacias cercanas, sin ninguna restricción.
La indignación ciudadana subió rápidamente de tono y aunque el presidente Mario Abdo destituyó a su ministro de Salud y realizó cambios en su gabinete, el disgusto ante la pésima administración de la crisis continúa, profundizado además porque Paraguay ni siquiera ha recibido las vacunas, excepto dos generosas pero escasas donaciones de países amigos —Chile y Emiratos Arabes—, aún cuando el Parlamento había aprobado, ya a inicios del 2020, nada menos que 1.600 millones de dólares para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Debilidad del gobierno
La pandemia y sus efectos puso de manifiesto además la debilidad del gobierno de Mario Abdo Benitez. Este ya tenía serios cuestionamientos desde julio del 2019, cuando estuvo al borde del juicio político debido a una negociación secreta con representantes brasileños por la compra de potencia de la hidroeléctrica Itaipú, negociación considerada entreguista y en contra los intereses del Paraguay frente al Brasil. En esa oportunidad, Abdo Benítez fue rescatado por los votos de los parlamentarios pertenecientes a su antiguo adversario electoral, el expresidente Horacio Cartes, quien había sido hasta ese momento su principal enemigo político. Cabe acotar que el partido de gobierno históricamente se ha comportado como oficialismo y oposición al mismo tiempo, en una dinámica muchas veces esquizofrénica, donde el enemigo más feroz es, a la vez, el correligionario del gobernante de turno.
Para muchos analistas, Abdo Benítez permanece preso, tutelado por Cartes, debido a que este es quien tiene en sus manos la mayoría legislativa necesaria para mantenerlo al frente del Poder Ejecutivo o para aprobar la acusación en un eventual juicio político de destitución. Algunos sectores de la prensa bautizaron a esta situación como el síndrome Britney Spears, haciendo un paralelo con la tutela que el padre de la popular cantante mantenía sobre los bienes de su hija por considerarla sin capacidad para manejar sus propios intereses. Abdo, dicen algunos, no es capaz de manejar el gobierno, por lo que Cartes «ejerce de tutor», como el padre de Spears. Y Abdo no ha dado muestras, hasta ahora, de desmentir la impresión de ser un títere del expresidente.
¿Nuevo frente?
Toda esta situación, que es vox populi, ha generado la idea en algunos sectores ciudadanos de intentar estructurar un frente que no solo termine con el mandato de Abdo, sino también con la influencia de Cartes y, en general, del Partido Colorado. Y si bien no existe una confirmación sobre que las últimas protestas callejeras respondan a un lineamiento concertado desde los partidos opositores, referentes colorados insisten en las redes que las manifestaciones están orientadas por los partidos de izquierda Frente Guazú y un sector del PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico, el principal de la oposición) y que tienen el objetivo de provocar una crisis tan grave como la de Chile en 2019, que haga decaer todos los cronogramas electorales y obligar a convocar una constituyente para rediseñar completamente el contrato social y reformar la Constitución de 1992, que es la actualmente en vigencia.
La situación es cada vez más preocupante, con un presidente que no pasa de realizar cambios parche, seguro que su tutelaje lo protege de un juicio político, mientras en las calles la ciudadanía lidia no solo con el miedo a causa de la pandemia, sino también con la incertidumbre sobre sus puestos laborales, las clases suspendidas en escuelas y colegios, el transporte público que se resiente debido a las restricciones de circulación y la inestabilidad en el futuro próximo. Sin un verdadero golpe de timón del presidente de la República, el país pasará del polvorín a la verdadera explosión, con impredecibles consecuencias..
