Analizar lo que pasa en Colombia, donde el paro nacional comienza su segundo mes, con los bloqueos, las denuncias de abuso policial y los hechos de violencia, es una tarea compleja. ¿Cómo bajarle al ruido de tanta información que nos satura para hacer una lectura más desapasionada de los hechos? ¿Cómo saber la realidad ante tal bombardeo de cadenas de WhatsApp, noticias de medios de comunicación, transmisiones en directo en redes sociales y opiniones de todos lados? Y, sobre todo, ¿cómo no caer en el juego de la polarización que tiene dividido al país entre quienes apoyan o no apoyan el paro, quienes piden levantar los bloqueos por la fuerza o hacerlo por el diálogo?
El 28 de abril pasado, miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, especialmente contra la reforma tributaria. Pero desde ese momento, ante la inacción del presidente Iván Duque, lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en algunas de las principales ciudades en un estallido social, especialmente de jóvenes de sectores vulnerables que ahora se identifican como Primera Línea, y por otro lado, en bloqueos en vías principales con una agenda de peticiones del Comité del Paro (formado especialmente por agremiaciones, centrales obreras y sindicales). Un paro que en realidad son múltiples paros, con agendas, peticiones e intereses diversos.
Un inconformismo social, que ya había tenido campanazos de alerta en lo ocurrido el Paro Nacional de noviembre de 2019 y en lo ocurrido en Bogotá el 9 de septiembre de 2020 tras el asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que desencadenó una ola de violencia y abusos policiales. «Con todas esas alarmas anteriores más las cifras de desempleo, el aumento de la pobreza, el mal manejo del covid-19, el Gobierno presenta la reforma tributaria y luego de la marcha insiste en ella por varios días», dice Álvaro Forero, analista político.
Protestas y reuniones
Pero aun después de retirarla, Duque siguió anunciando reuniones en Bogotá con actores diferentes al paro y a los jóvenes que se movilizan en las ciudades. Esto acrecentó el inconformismo y llevó a que se multiplicaran las movilizaciones, los bloqueos y las acciones de saqueos y vandalismo. La imagen de Duque se ha visto afectada; en la última encuesta de Invamer tiene una desaprobación del 76%.
Duque le ha apostado al desgaste de la protesta y al aumento de las molestias ciudadanas por los bloqueos y la carestía de alimentos que se vivió en el Valle del Cauca durante unos días. Sin embargo, ese vacío de poder por más de un mes escaló los enfrentamientos; superó a la policía, que abandonó algunos barrios de la ciudad y se concentró en las protestas; amplificó las protestas y la violencia en otras ciudades del departamento y del país, como Bogotá, aunque no con la misma fuerza y constancia que en Cali.
Héctor Riveros, analista de La Silla Vacía, explicó en una columna publicada en ese medio que «la narrativa alrededor del paro refleja las dos tendencias: de una parte, unos reclamando el levantamiento de los bloqueos porque afectan la economía y provocan el cierre de empresas y la expulsión de capitales, y de otra parte, otros diciendo que esto tiene que cambiar de alguna manera y que hay bloqueos peores expresados en las injusticias y los privilegios».
Pero es una narrativa que también ha calado en periodistas y medios de comunicación, que se han polarizado y dividido, en muchos casos, en bandos.
Pérdidas económicas
A este panorama no solo se le suman las pérdidas económicas (15 billones de pesos según el Ministro de Hacienda) y un nuevo pico de la pandemia en varias ciudades, como Cali y Bogotá, con las unidades de cuidados intensivos a punto de colapsar, sino la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el paro nacional en un momento en el que la violencia ha ido escalando, especialmente en Cali, que ha sido el epicentro de la llamada resistencia, pero también de los actos de violencia.
Es que al revisar las cifras dadas por la Fiscalía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Colombia ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos por la fuerza pública, se encontró que, de las 51 muertes reportadas, 21 de ellas fueron homicidios directamente relacionados con el paro y 11 están en proceso de verificación. Más de la mitad de los casos corroborados por su relación con el paro fueron en Cali (11) y otros municipios del departamento del Valle del Cauca (4). El informe también habla de 91 personas que permanecen desaparecidas en el marco del paro.
Las medidas anunciadas por Duque empezaron con la figura de asistencia militar, de la que habló el 1 de mayo. La llegada de militares a la región no tuvo efecto en los bloqueos y ataques a infraestructuras; al contrario, se agudizaron. Cali, la tercera ciudad del país, sufría bloqueos no solo en las entradas y salidas sino en zonas estratégicas, en algunas de las cuales se denunciaron cobros de peajes para poder pasar. Por su parte, los manifestantes denunciaban atentados de personas que les disparaban desde camionetas o motos.
El rol de las redes
Esta situación es azuzada en redes sociales, por el ruido informativo de falsos directos de incursiones del Esmad, ocurridas en días anteriores; videos de cadáveres, supuestamente de desaparecidos, flotando en ríos, y de torturas por parte del Esmad, así como acusaciones contra los manifestantes; imágenes que mezclan informaciones falsas con algunas sin confirmar y otras ciertas, pero que sobre todo aumentan la zozobra y la rabia.
Una zozobra que se vivía por los múltiples bloqueos que afectaron la movilidad de las personas, incluso dentro de sus propios barrios o entre ciudades. De acuerdo con un informe de la CIDH, «el Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar”.
La CIDH también condenó que «en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura».
La violencia y sus efectos
La degradación de la violencia en el marco de las protestas y los abusos policiales llegó al punto de que entre la lista de asesinatos en Cali hay casos como el homicidio a golpes de un investigador del CTI de la Fiscalía, que a su vez mató a dos personas con arma de fuego, en hechos que aún no son claros y ocurrieron en uno de los puntos de bloqueo en el sur de Cali; el asesinato de un miembro de la policía, cuyo cadáver fue arrojado al río Cauca; el enfrentamiento entre miembros de la minga indígena y personas de civil armadas, que dejaron nueve indígenas heridos; o la denuncia de una retención ilegal a un teniente de la policía, llevado a uno de los puntos de bloqueo y luego liberado.
El vacío de autoridad, los rumores y el miedo colectivo, el desespero por los bloqueos y el rezago de la cultura del narcotráfico llevó a que, en un barrio del sur de Cali, al lado de policías, civiles armados protagonizaran dos enfrentamientos: el 9 de mayo con la guardia indígena, que dejó nueve indígenas heridos, y el 28 de mayo con manifestantes. Ese día, por un lado, un grupo de personas destruyó un CAI de la Policía y por el otro los civiles dispararon contra manifestantes y se presentaron capturas de jóvenes que estaban en una manifestación cultural en un punto de bloqueo cercano a los enfrentamientos.
Críoticas al presidente
Pero ese día el presidente tuvo otro gesto criticado. Luego de una reunión en Cali, visitó Ciudad Jardín, la zona en la que se ocurrieron los enfrentamientos de los civiles armados, lo que fue visto por muchos como un guiño a estas actuaciones. Ese mismo día 28 de mayo firmó el decreto 575, en el que ordena a alcaldes y gobernadores levantar todos los bloqueos a la fuerza, con el apoyo del ejército a través de la asistencia militar.
Una decisión que no solo agravó la crisis, al privilegiar la fuerza sobre el diálogo, sino que fue calificada por algunos sectores como inconstitucional y radicalizó aún más las posturas. «Ojalá el presidente reconsidere la medida y privilegie el diálogo, pues estas protestas son una verdadera explosión social con profundas raíces en problemas de desigualdad, exclusión y pobreza, que debe ser tramitada con diálogo democrático y no enfrentada manu militare. Pero igualmente ojalá el Comité del Paro y los promotores de las protestas entiendan la gravedad de las afectaciones que ciertos bloqueos causan a la población, y busquen formas creativas de protesta sin bloqueos. O, al menos, sin bloqueos manifiestamente desproporcionados», escribía Rodrigo Uprimmy, del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.
Si bien el diálogo nacional con el Comité del Paro no arranca, en Cali sí se han tenido conversaciones locales con los jóvenes de la Primera Línea, luego de que la Alcaldía firmó un decreto dándole reconocimiento. Este decreto también ha tenido críticas e interpretaciones de algunos de los jóvenes que aseguran que este les da el permiso para seguir bloqueando las vías.
La visita de la CIDH
La visita de la CIDH fue vital en esta coyuntura. Como lo explicó Dejusticia en un análisis acerca de la llegada de la Comisión a Colombia, «es un mecanismo esencial para desescalar la crisis y buscar una salida democrática. La verificación internacional es urgente en medio de la debilidad e inoperancia de los órganos internos de control». Se refiere a la observación internacional de la CIDH, en la que han sido escuchados todos los actores, desde el Gobierno hasta las organizaciones sociales.
La llegada de la Comisión ha permitido que Duque cambiara un poco sus declaraciones, que días atrás solamente se enfocaban en atribuir lo ocurrido al accionar de vándalos y a una infiltración de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC. Su respuesta había sido represiva, al poner al nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, en cabeza de la «recuperación del orden público» en el Valle del Cauca, y no reaccionar con contundencia ante las denuncias de abusos policiales.
Y aunque el presidente había asegurado en una entrevista que ya se había presentado al Congreso una reforma a la policía, lo que no era del todo cierto, quince días después anunció finalmente una serie de reformas a la Policía.
Elecciones 2022
Este panorama, en el que no se ve cercana una salida, también debe leerse teniendo en cuenta que en 2022 habrá elecciones para el Congreso y la Presidencia. «El paro definió el dilema de la próxima campaña presidencial, cambió el orden de las cosas desde el punto de vista político. En campaña, lo más importante no será tanto el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de lo que llaman el aparato productivo, sino el modelo social: la equidad, la igualdad, las oportunidades, la superación de la pobreza», dice Riveros en su columna.
El analista político Álvaro Forero asegura que el paro ha sido usado para polarizar y llevar a que el debate para 2022 se enfoque en la necesidad de un presidente de mano dura. «El miedo a un candidato extremista de izquierda sirvió en las elecciones de Ecuador para que ganara la derecha, pero no en las de Perú. En Colombia, lo que veo es que las condiciones actuales se parecen al clima de miedo que se vivía en 2001, con una crisis de seguridad grande, el conflicto armado había llegado a las ciudades y teníamos una crisis económica gigantesca. Esto le abrió la puerta a un proyecto que prometía mano dura y que rompió con el bipartidismo de 200 años».
En 2001, la narrativa de las elecciones se centró en que se le había entregado el país a las FARC en el Caguán. Y en 2018, el triunfo de Duque se centró también en los discursos de entrega del país a las FARC con el proceso de paz y la mermelada santista a los políticos.
Aún falta un año para las elecciones y el ajedrez político no es del todo claro, pero lo que pase con el paro de aquí adelante, de lo que tampoco tenemos certeza, será un elemento importante en el giro que se dé en las elecciones. El futuro del paro debe ser visto también en clave de elecciones, porque una parte de los actores políticos que están en él tienen intereses electorales.
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