El 28 de julio, Pedro Castillo, candidato del partido maoísta-leninista-marxista Perú Libre, asumió la presidencia del Perú. Sin embargo, a pesar de haberse puesto la banda presidencial, no se quitó el sombrero con el que ganó muchas simpatías durante la campaña política. Y tal parece, tras este primer mes y medio de gobierno, tampoco dejó de lado la campaña proselitista.
Fiel a su trayectoria como líder del sindicato de profesores, a donde va Castillo «recoge» reclamos, hace promesas y denuncia al poder aun siendo gobierno. Sin un camino claro, es difícil para los actores económicos, sociales e internacionales saber cómo interpretar los mensajes del Gobierno.
Tal vez el ejemplo más saliente sea el reciente tratamiento dado a la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. En los días posteriores a la muerte del terrorista Guzmán, lejos de dar un mensaje a la nación, el presidente Castillo continuó con una visita protocolar a Chota, el distrito de la provincia de Cajamarca que lo vio nacer y de donde viene su sombrero. Y evitó pronunciarse sobre la muerte del peor criminal en la historia del Perú más allá de un tuit de 51 palabras.
Esta es una actitud que no solo persigue el presidente, sino también el premier y la mayoría de sus ministros de Estado. Por ejemplo, la noche de la muerte de Guzmán, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido tuvo tímidas declaraciones sobre el tema, desde el sur del país, a donde viajó siguiendo una agenda para escuchar los reclamos locales frente a las actividades mineras. Finalmente, al unísono el Ejecutivo terminó invocando un hidalgo respeto a la independencia de poderes para exigir que sea el Ministerio Público quien cargue con el muerto. El cuerpo de Guzmán fue cremado 12 días después de su muerte tras la aprobación de una ley en el congreso que regula el tratamiento de personas fallecidas condenadas por terrorismo.
La falta de iniciativa sobre este tema es mayúscula y representativa en el Perú, que durante veinte años estuvo preso de la insanía del grupo terrorista Sendero Luminoso, al que dirigía Guzmán. En los días previos a su muerte, el país ya estaba pendiente de que el gobierno deslindara con acciones, firmeza y sin espacio a dudas cualquier vínculo con el MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso. Un deslinde que se hace especialmente necesario luego de que César Tito Rojas, dirigente de MOVADEF, estuvo rondando los más altos círculos del Ejecutivo y se reunió con el premier Guido Bellido en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Economía a la deriva
Otro espacio en el que la inacción del Ejecutivo está cobrando factura es la recuperación económica. El dólar en el Perú ha cruzado por primera vez en la historia la barrera de los 4 soles y según las proyecciones internacionales ahí se va a quedar hasta julio del 2022. El actual presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, la figura que más confianza da a los actores económicos sobre el manejo de la política monetaria en el Perú, adjudica la depreciación del sol a la inestabilidad política. Sin incertidumbre política, señaló ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, el dólar estaría entre S/ 3.60 y S/ 3.70. A pesar de los esfuerzos del ministro de Economía Pedro Francke de dar estabilidad en este rubro, el presidente Castillo aún no ratifica a Velarde en su puesto, contribuyendo así aún más a la incertidumbre y la especulación cambiaria.
Pero para los actores económicos el dólar es lo de menos; la verdadera amenaza a la estabilidad sería la creencia de este gobierno en el control de precios como salida política para los problemas de liquidez de los peruanos. El partido Perú Libre ya presentó un proyecto de ley en ese sentido y, días antes de la muerte de Abimael Guzmán, el presidente Castillo dio un mensaje a la nación para anunciar la incorporación del GLP en el fondo de estabilización que protege a los precios de combustibles de la fluctuación de los precios de los mercados internacionales.
Además, recientemente se designó a Julián Fernando Palacín Gutiérrez como el nuevo presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi). Palacín fue candidato de Perú Libre al Congreso y su designación causa preocupación en medio del debate suscitado sobre el alza de precios que se observa en el mercado, producto directo del alza en el tipo de cambio. La reciente exigencia de agentes políticos de Perú Libre se inclina a que el Indecopi pueda tener un rol más protagónico en la fiscalización de los precios.
La sombra de la asamblea constituyente
El actual gobierno sabe que no puede ejecutar su programa político bajo la Constitución vigente en el Perú, por lo que la prioridad absoluta a corto plazo es el cambio total de la carta magna mediante una asamblea constituyente. El problema de este planteo es que en la actual Constitución no existe esa posibilidad, ya que el artículo 206 establece que el único camino para hacer reformas parciales o totales del máximo texto legal es mediante votación en el Congreso de la República.
A pesar de su falta de legitimidad, miembros del Ejecutivo, como la vicepresidente Dina Boluarte, han mostrado su respaldo a la recolección de firmas. Boluarte aseguró públicamente que «están trabajando y recolectando firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente» durante el inicio de la entrega del bono Yanapay de S/ 350 soles de ayuda asistencial. Estas expresiones y respaldo a una iniciativa que debería ser ciudadana ha sido criticada como una injerencia, y contradice la promesa de Pedro Castillo en su mensaje a la nación del 28 julio, cuando aseguró que cualquier cambio se hará respetando la actual Constitución.
Este proceso de recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente, por parlamentarios de Perú Libre y miembros del Ejecutivo, causa más extrañeza si se considera que el mismo partido actualmente promueve una ley para incluir esa figura en la Constitución vigente, lo cual es un reconocimiento implícito de que no existe un marco legal para hacerlo. Marco legal o no, lo cierto es que tras las declaraciones de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva aduciendo que «la calle pide vacancia», la mira del actual gobierno se ha puesto con más ahínco en un cambio de Constitución. La sola propuesta de un cambio de esta naturaleza es lo que mantiene al país en la absoluta incertidumbre económica y política, un entrampamiento del cual no parece haber salida.
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