El presidente estadounidense Joe Biden cruzó el ecuador de su administración con la polarización política inalterable y el partido gobernante dividido en dos bloques. Estas circunstancias explican el estrepitoso fracaso en cumplir su compromiso de campaña de terminar de raíz con la dura política hacia los migrantes de su antecesor Donald Trump.
Es cierto que pudo limar las peores aristas antiinmigrantes del anterior gobierno republicano. Sin embargo, a 19 meses del final de su gestión, se terminó refugiando en reglas jurídicas severas y un control fronterizo defensivo que debilitan su voz humanista.
En las semanas previas al final del Título 42, que desde la época de Trump permitía expulsar a migrantes por el covid-19, una inédita multitud se agolpó a lo largo del río Bravo. Desde allí, persistió en el intento de avanzar hacia territorio estadounidense para alcanzar un puesto de control o tener la osadía de esquivarlo y no morir en el intento en los alambrados de púas y la valla metálica de cuatro metros de alto.
Nuevas restricciones
Los caminantes eran conscientes de que a partir del viernes 12 de mayo empezaba a regir un conjunto de restricciones draconianas que se harían sentir mucho más los dispositivos de seguridad a lo largo de la frontera sur.
Con la enorme presión a lo largo del territorio limítrofe entre Estados Unidos y México, el gobierno demócrata lanzó una advertencia. «Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es ilegal», afirmó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
La excepción son los extranjeros que puedan demostrar fehacientemente ante el Departamento de Seguridad Nacional un «miedo creíble de persecución o tortura». De esto depende que se presenten los casos ante un juez. Se trata de un proceso contaminado de enorme discrecionalidad y que muchas veces resulta injusto. Porque se imponen decisiones en función de la capacidad de recursos de la Administración para procesar el trámite migratorio.
En ese sentido, es notoria la prioridad del enfoque de la inmigración irregular como una amenaza de seguridad. Esto lo demuestra la tendencia al alza del presupuesto de control fronterizo, independientemente del color político del gobierno federal, en comparación con las prioridades de las políticas de acogida específicas.
Barrera policíaca y control punitivo
Expiró el Título 42, por el cual se expulsaron unos 2,8 millones de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos. Entonces cobró vida exclusiva el Título 8, una regla federal de décadas, expeditiva en la expulsión de extranjeros que ingresen al país sin una visa ni toda la documentación en regla.
El Título 8 es de por sí más punitivo que la regla aplicada durante la emergencia de la pandemia. No solo porque habilita la expulsión acelerada a quienes llegan sin autorización, sino porque los deportados no pueden volver durante cinco años. En caso de ser descubiertos intentando otro ingreso ilegal, son castigados con cargos criminales.
Se agregaron medidas modernas, como iniciar la solicitud de asilo ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mediante la aplicación móvil CBP One. Es un procedimiento propio de una Administración ágil, pero, en la práctica, supone un perjuicio a los migrantes, dada su mayor vulnerabilidad económica y social. En muchos casos, esta herramienta puede convertirse en un nuevo escollo en el respeto al derecho humano del refugio.
En los hechos, la evaluación completa en torno al asilo y el riguroso examen de «miedo creíble», conforman dos poderosos hándicaps que torpedean el procedimiento de los trámites migratorios de quienes se congregan en la frontera sur del país.
Trámites migratorios en tránsito
Es cierto que ahora se abre la posibilidad de empezar el trámite en países de tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, a priori, hay razones para el escepticismo, debido a las dudosas posibilidades del buen destino de los expedientes lejos de Washington. La experiencia empezará en oficinas en Colombia y Guatemala, con la meta de llegar a 100 sucursales migratorias desperdigadas en otros países de la región.
Además, llueven críticas al programa que beneficia a las poblaciones de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que obtienen 30.000 autorizaciones por mes. Esta cifra es ridícula en comparación a las salidas de migrantes de estos países que huyen de la penuria, la violencia o algún tipo de persecución que pone en riesgo la propia vida.
Los migrantes provenientes de estos cuatro países que no puedan convencer a los oficiales estadounidenses de que son víctimas de la persecución, serán expulsados a México. El resto, serán enviados a su tierra de origen.
¿Más de lo mismo?
Aunque Biden mitigó las aristas más inhumanas y atemorizantes de Trump, falla en el propósito de desalentar la llegada de migrantes de países pobres y en conflictos. No puede ufanarse de darle un tiro de gracia como prometió durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca. En el fondo se resguardó en el enfoque tradicional basado en la disuasión.
Suele achacarse a los republicanos la aplicación de mano dura contra los migrantes cuando están en la principal posición de poder. Pero, en ese sentido, los demócratas no se han quedado atrás, como demuestran las cifras de deportaciones de la presidencia de Barak Obama.
Una deshumanización
Las discordias políticas en Washington y la falta de unidad del Partido Demócrata en el contexto de unas elecciones primarias en puerta, pueden dar motivos o justificaciones para que Biden, en búsqueda de la reelección, haya borrado su prístino plan migratorio y continúe con la tradición de sus antecesores en la materia. Se trata de un asunto electoral de más sensibilidad doméstica que la guerra en Ucrania.
Resulta sobrecogedor el olvido fáctico de la arquitectura jurídica y ética en torno a la acogida al semejante, después de las atrocidades que fracturaron la condición humana durante el siglo XX.
El avance de las categorías jurídicas del asilo o el refugio y una hospitalidad asentada en la ley dieron ciertas garantías a un mundo como la casa de todos. Hoy esto parece en cuestión en la corriente migratoria signada por el desamparo.
Aunque sin referencia a ningún caso, la próxima directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ami Pope, acaba de advertir sobre la profunda desconsideración a los inmigrantes que se constata en el mundo.
Alertó que en los últimos años la política ha hecho una «instrumentalización de personas que se encuentran en situaciones desesperadas» y cuya «vulnerabilidad» alimenta una conversación pública absolutamente «deshumanizante». Pope planteó la necesidad de cambiar la manera de abordar la migración y recordó que el principal objetivo reconocido es que los extranjeros «tengan la oportunidad» de una solicitud justa en los procesos migratorios.
No puede acusarse al presidente Biden de ahondar el andamiaje de opresión contra los extranjeros que llegan a la frontera con México. Pero no está de más recordarle que, cuando se habla de inmigrantes, «estamos hablando de seres humanos», como bien expresó Pope. Este mensaje no se percibe para nada en sus medidas punitivas.
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