La reforma judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), generó un fuerte debate tanto dentro como fuera del país. Con la promesa de democratizar el sistema judicial y acercar la justicia al pueblo, esta reforma pretende generar cambios profundos en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, ¿es realmente este el camino hacia una justicia imparcial, o estamos presenciando una peligrosa concentración de poder?
La reforma se hizo sobre el Poder Judicial Federal, el encargado de interpretar y aplicar las leyes a nivel nacional. Se compone de la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los Juzgados de Distrito. Su función principal es resolver disputas que involucran leyes federales y garantizar el respeto a la Constitución (recursos de casación).
Ningún Poder Judicial en el mundo es perfecto. Ciertamente hay grandes áreas de oportunidad para mejorar tanto la justicia como la percepción de la justicia. Sin embargo, fingir que “democratizar” la justicia es la solución no beneficia a nadie. Reformas estructurales y mejoras institucionales son necesarias. Pero politizar el proceso judicial bajo la fachada de una democratización solo pondría en riesgo la independencia de los jueces y la imparcialidad del sistema.
En América Latina, la experiencia con elecciones judiciales ha demostrado ser problemática. Países como Bolivia han implementado modelos similares con resultados mixtos. Y las críticas a la politización de la justicia han sido constantes.
La justicia según las encuestas
La encuesta de percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia (INEGI, 2024) revela que siete de cada diez personas consideran al Poder Judicial como algo efectivo o muy efectivo. Mientras que cinco de cada diez le tienen algo o mucha confianza. Sin embargo, seis de cada diez lo perciben como corrupto, un nivel similar al registrado en la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública de 2018 (INEGI, 2018). En contraste, el Índice Global de Impunidad 2022 (UDLA PUEBLA, 2022) destaca que México tiene cuatro veces menos jueces (4.36 por cada 100 mil habitantes) que el promedio mundial (17.83). Esto provoca una sobrecarga de trabajo del 400% para los jueces.
Estos valores no pueden generalizarse. Existen pocos estudios que evalúan de manera específica la incidencia del Poder Judicial. Entre los análisis más destacados está el Índice de Estado de Derecho de México del World Justice Project (WJP, 2023-2024). En su versión de 2023, evaluó la justicia civil y penal a nivel local. Los puntajes, que van de cero a uno (en el que uno representa la máxima adhesión al Estado de Derecho), muestran que, en justicia civil, Guanajuato lidera con 0,47. Los peores resultados son de Quintana Roo, Morelos y la Ciudad de México, con 0,31. En justicia penal, Querétaro encabeza con 0,51. La Ciudad de México se sitúa en último lugar con 0,32. Sin embargo, estos aspectos no fueron el foco principal de las reformas del grupo en el poder.
Preocupaciones de la reforma
Primero, preocupa la reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que argumentan desde la perspectiva de la “austeridad”. El número se reduciría de once a nueve jueces. Hay que considerar que, al día de hoy, cuenta con el apoyo incondicional de cinco ministros y ministras, lo que garantizará su mayoría en cualquier votación.
El segundo punto que preocupa es la intención del presidente mexicano de crear un nuevo órgano de administración judicial. Controlaría la carrera judicial de magistrados y jueces. No es posible omitir el hecho de que uno de sus ministros incondicionales, al ser presidente de la Corte, fue acusado de persecuciones políticas y amenazas a jueces y magistrados. Esta medida debilita los contrapesos dentro del Poder Judicial. Además, pone a los jueces bajo un nuevo sistema administrativo con posibles lazos políticos.
Preocupa también la implementación del sistema de elección popular para estos cargos. Se trata de jueces, magistrados y ministros. En palabras de quienes proponen: “El juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie; va a ser elegido por los ciudadanos y esa es la democracia”. La justicia electoralizada corre el riesgo de priorizar la popularidad sobre la legalidad. El riesgo es transformar a los jueces en actores políticos más que en defensores imparciales del Estado de Derecho.
Otro punto alarmante de la reforma es la introducción de la figura de los jueces sin rostro en casos de crimen organizado. Aunque este mecanismo se ha utilizado en países como Colombia, Perú y Brasil, ha sido duramente criticado por violar el derecho a un juicio justo y contravenir los principios de debido proceso establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La justicia anónima no es una solución viable para un sistema judicial que necesita ser transparente y justo. Al ocultar la identidad de los jueces, se impide una defensa adecuada y se socava la confianza pública en el sistema de justicia.
¿Se podría aplicar?
La primera parte de la reforma contempla el voto del 50% del Poder Judicial. En Ciudad de México, los ciudadanos tendrían que votar por 145 cargos federales, cada uno con nueve candidatos, tres por cada poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), lo que equivale a 1.305 opciones solo en el ámbito federal. Además, se suman 236 cargos de jueces y magistrados locales, cada uno con nueve candidatos. Esto añade 2.124 opciones. En total, el votante tendría que elegir entre 3.429 candidatos solo en el ámbito judicial.
A lo anterior habría que sumarle la renovación del Congreso federal, con 500 diputados federales. Se realizan dos elecciones a gobernador. Se eligen congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, lo que añade una inmensa cantidad de cargos y candidatos.
Considerando sólo las elecciones del Poder Judicial, un votante enfrentaría a 145 boletas. Si se considera un minuto por planilla como base para emitir un voto razonado, un votante necesitaría alrededor de dos horas y cuarenta minutos solo para completar la votación. Este cálculo no incluye el tiempo que tomaría la logística de entrega y revisión de boletas. Entonces, en una casilla ordinaria se contempla la votación de 750 personas distribuidas en cuatro mamparas en una jornada de diez horas. Se necesitaría, de inicio, 52 días de votación sólo para la mitad del Poder Judicial en la Ciudad de México.
Esta duración y complejidad no solo desincentivaría la participación ciudadana. También pondría en jaque la logística electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). A nivel práctico, la legitimidad del proceso electoral estaría en duda. Sería prácticamente imposible garantizar que cada votante pueda completar su papeleta de manera informada y eficiente, afectando profundamente la calidad democrática del país.
Se suma la prohibición de cualquier tipo de financiamiento. Existen serias lagunas sobre el manejo de radio y televisión, si habrá o no representación de los partidos políticos, entre otras.
La reforma judicial que México no necesita
Es posible considerar que el verdadero objetivo de la reforma al Poder Judicial es la concentración de poder y politización de tribunales como respuesta a las resoluciones de jueces valientes que han salvaguardado, en la medida de lo posible, derechos fundamentales de mexicanos. Ha sido visto por el Ejecutivo como obstáculos, en lugar de herramientas para garantizar el Estado de Derecho.
El 23 de septiembre inició el contador del primer día para la primera elección judicial. Queda un marco jurídico por hacer, ante la total incertidumbre de cuáles serán las reglas.
Para México, y para América Latina en general, este no es el camino hacia una justicia imparcial y efectiva. Lo que México realmente necesita es una reforma judicial que fortalezca la independencia de sus jueces, garantice la transparencia y ponga fin a la impunidad. La justicia mexicana no puede permitirse retroceder bajo el pretexto de una democratización mal entendida.
