De cara a las elecciones presidenciales en México el 2 de junio, grupos de la sociedad civil se organiza contra la continuidad de Morena. No solo la oposición política, unida en coalición Fuerza y Corazón por México, busca impedir la victoria de Claudia Sheinbaum, candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Diálogo Político conversó con organizaciones de la sociedad civil en Ciudad de México. Entre las voceras estuvieron Ana Lucía Medina, fundadora de Sociedad Civil México, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y María Elena Morera, fundadora de Causa en Común.
En México, la unión de las organizaciones ciudadanas lograron, por ejemplo, defender la institucionalidad del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de manifestaciones masivas. La última fue en el Zócalo de Ciudad de México el 18 de febrero de 2024, con el apoyo en otras ciudades.
Ana Lucía Medina, que además lidera Unid@s, organización que convoca las llamadas Marea Rosa, explicó que en su última movilización “más de noventa organizaciones leyeron un decálogo para que el presidente deje de intervenir en el proceso electoral”.
Perspectivas
Para Medina, la participación ciudadana en México es “paupérrima”. Como activista, cree que el gobierno “no los toma en cuenta para dialogar” sobre reformas legislativas que afectan a comunidades específicas.
Por su parte, María Amparo Casar contó que desde su organización el objetivo es “vigilar el ejercicio” del poder y “estar pendientes de la rendición de cuentas”. Considera que el gobierno de AMLO representa un “proceso de desinstitucionalización”. Explicó, durante el gobierno actual, se disminuyó 27% del presupuesto de los órganos autónomos, por ejemplo. “Lo que nos queda es denunciar este retroceso democrático”.
Desde su punto de vista las presidenciales del 2 de junio tienen la necesidad de que representantes de la comunidad internacional participen como “observadores” de las elecciones presidenciales. En esa línea, denunció “la intervención del presidente en el proceso electoral”.
AMLO tiene al menos cuarenta irregularidades amonestadas por parte del INE. De acuerdo con Casar “podría decirse que ya habría motivos para anular la elección”.
Seguridad y justicia
La perspectiva de María Elena Morera, que en 2002 fundó Causa en Común, organización en defensa de la seguridad y justicia luego de que secuestraran a su esposo, es poco esperanzadora. A veinte años de la marcha ciudadana que lideró a favor de la seguridad, dice: “Hoy tenemos un país muchísimo más violento”.
Manifestó su preocupación por la militarización en los cargos de jefes policiales y directores de seguridad pública con la creación de la nueva Guardia Nacional en 2019. “No están preparados para tareas de seguridad, su misión es diferente a la de la Policía”.
Del Congreso al Zócalo
En 2021 México celebró elecciones intermedias para renovar diputados. En esa instancia, “el oficialismo tenía la mayoría para renovar la Constitución sin acuerdos con otras fuerzas políticas”, narró Ana Lucía Medina.
La activista fundó Sí por México en 2020 para solicitar una alianza a los principales partidos de oposición y “poner un alto” a la mayoría oficialista. De este modo, se unieron las bancadas del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
AMLO intentó otra reforma constitucional en 2022, que buscó “desaparecer” la autonomía del INE. Le restaba independencia, dependería del Ejecutivo y su Consejo General, definido en diputados, sería sometido a una elección popular. Además, Medina enfatizó que el INE es “el instituto con mayor aprobación ciudadana” en el país. Por eso, explicó que es grave reformar una institución que genera “confianza” en los electores.
Diecisiete días previos a la discusión de la reforma en el Congreso, Unid@s comenzó a convocar una manifestación para “exigir un alto”. El 13 de noviembre del 2022, 700 mil personas salieron a las calles en 64 ciudades. Las redes sociales fueron el principal “vehículo” de difusión, mediante la consigna: “El INE no se toca”. Lograron que la oposición votara en contra. “Nos dimos cuenta que podíamos incidir en la agenda legislativa”, dijo la activista.
A pocas horas, el oficialismo aprobó su Plan B, una alternativa que “desmembraba” las capacidades técnicas del INE. Nuevamente, el 23 de febrero de 2023, Unid@s convocó a manifestarse en el Zócalo de Ciudad de México. Pedían que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional el paquete de leyes aprobado sin el debido proceso legislativo. Además, las organizaciones civiles presentaron 360 mil firmas mediante un amicus curiae y en junio la Justicia declaró la anulación.
Violencia y desinstitucionalización
A seis días para las elecciones, 37 personas que aspiraban alcanzar un cargo público en México fueron asesinadas en 2024. La cifra representa 26 candidatos y 11 autoridades de elección popular según el estudio Votar entre balas de Data Cívica. También identifican 12 homicidios a familiares de los dirigentes. Este tipo de delitos por parte del crimen organizado atentan contra la estructura democrática en el país. Como consecuencia, varios postulantes se han dado de baja por los riesgos que implica la competencia electoral para ellos y sus familias.
Para las voceras de la sociedad civil, el debilitamiento democrático detrás de iniciativas defendidas por López Obrador, como la del INE, facilita el camino a las organizaciones criminales, que se benefician de organismos débiles que no logran impedir su funcionamiento.
Casar piensa que Morena es un problema para la democracia mexicana por su “forma de ejercer el poder”. Explicó que el gobierno ejerce un “monopolio de la información” con una “opacidad enorme”. Según registra, siete de cada diez bases de datos de las dependencias del gobierno han desaparecido o se encuentran desactualizadas. De esa forma, los investigadores y periodistas pierden herramientas para vigilar el comportamiento institucional.
Resume la gestión de López Obrador como “cinco años de gobierno, de concentración de poder, de desinstitucionalización, desmantelamiento del sector público y retroceso democrático”. Y agrega: “Que todo esto lo conozcan en el extranjero nos es muy importante”.
