La consolidación de un régimen totalitario se define por el control absoluto del poder, la eliminación de contrapesos y la supresión de las voces disidentes. En México, la reciente eliminación de los órganos autónomos y los mecanismos democráticos, que funcionan como contrapesos, marca un preocupante retroceso en términos de gobernanza y Estado de Derecho. Este fenómeno no solo amenaza las libertades democráticas. También socava la confianza en las instituciones, lo que genera un terreno fértil para el totalitarismo.
Los órganos autónomos surgieron poco a poco en un proceso de democratización gradual en México. Quizás el ejemplo más evidente es el del Instituto Nacional Electoral (INE) creado en 2014. Antes, las elecciones las organizaba una comisión desde la Secretaría de Gobernación. Pero resultaba absurdo que fuera el propio gobierno el organizador y que, a la vez, compitiera en ellas.
Con mucho trabajo de la oposición y algo de voluntad democrática desde el poder, se logró quitar esa función del gobierno. La transparencia y sus instituciones fue una conquista del primer gobierno democrático de México del 2000, de Vicente Fox. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue también una conquista de la oposición en 1990, después de que se reconociera Baja California como el primer estado de la República ganado por la oposición. Cada institución tuvo su historia y su razón de ser.
Centralización como amenaza
En México, instituciones como el INE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y los reguladores económicos han garantizado durante años la imparcialidad y la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales. Más aún en la toma de decisiones en las que el gobierno es interesado directo. Sin embargo, la centralización del poder en el Ejecutivo ha resultado en una disminución progresiva de su autonomía. Este debilitamiento no es fortuito, responde a un patrón de órganos desarticulados o subordinados.
El caso del INE es paradigmático porque es el encargado de organizar las elecciones. La reforma electoral previa a las elecciones redujo su capacidad operativa y presupuestaria. Además, puso en entredicho su competencia para garantizar elecciones libres y justas. No lo desaparecieron. Pero al debilitar esta institución se abre la puerta para que el Ejecutivo ejerza un control más directo sobre los procesos electorales. Disminuyó la posibilidad de alternancia y fortaleciendo la permanencia del partido en el poder .
¿Qué se eliminó?
La batalla por quitar los contrapesos no empezó con la reforma que elimina organismos autónomos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue la primera institución en ser colonizada, cuando, contra la ley, se puso a Rosario Piedra al mando del organismo, afín al gobierno del presidente en su momento, Andrés Manuel López Obrador. Después sucedió la reforma que debilitó al INE, también liderado por alguien leal al gobierno del partido oficialista Morena. Recientemente, por reforma legislativa, fue el desmantelamiento del Poder Judicial. Van siete instituciones cerradas por esta vía.
- La Comisión Federal de Competencia Económica, encargada de evitar la conformación de monopolios. Devendrá en menos opciones de productos y servicios, y en precios más altos.
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargado de la regulación en la materia y en la concesiones del espectro radioeléctrico. Su cierre también puede devenir menos opciones y precios más altos, así como la pérdida de neutralidad y libertad de expresión.
- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la pobreza en sus distintas dimensiones. El cierre de esta institución devendrá en la manipulación de datos oficiales y en la pérdida de indicadores confiables.
- La Comisión Nacional de Hidrocarburos, diseñado para garantizar la maximización del valor de los hidrocarburos. Este organismo permitía tener un trabajo ordenado y conveniente de las empresas estatales, que por cierto están quebradas.
- La Comisión Reguladora de Energía, que regula el mercado energético en el que el Estado es el mayor competidor. Su cierre, además de impactar en las tarifas, puede limitar la competencia.
- El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, una institución que hace cinco años ya no es autónoma. La reforma educativa eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también la posibilidad de saber el nivel formativo. Para sustituirlo, abrieron esta institución, tan inútil que ya la cerraron.
- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (y sus 32 institutos locales). Este debe ser el cambio más agresivo para consolidar un poder totalitario. Ahora ya no se podrán exigir cuentas, información y resultados del gobierno. La mayoría de los escándalos de corrupción que se han conocido se logran al obtener información por este instituto. Ahora será el propio gobierno quien defina qué datos compartir y qué datos reservar.
Camino al totalitarismo
El totalitarismo no surge de manera abrupta. Se construyen a partir de cambios graduales que concentran el poder en pocas manos. En México, el proceso de centralización y destrucción de contrapesos amenaza la democracia y crea las condiciones ideales para el establecimiento de un régimen totalitario. Este fenómeno no debe ser ignorado. El debilitamiento institucional no solo afecta el presente, sino que también compromete las generaciones futuras.
La erosión de los órganos autónomos representa un llamado de alerta para todos aquellos que valoran la democracia y la libertad. No se trata de una lucha partidista, sino de una defensa de los principios fundamentales que sostienen una sociedad justa y equitativa.
Es fundamental que la sociedad civil, los actores políticos y las organizaciones internacionales presten atención a este proceso. La defensa de los órganos autónomos y los contrapesos no es solo una lucha por la democracia, sino por el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. El fortalecimiento de las instituciones, la promoción del diálogo y la vigilancia ciudadana son esenciales para detener este avance hacia el totalitarismo y preservar el legado democrático de la nación.
