En la avenida Bolívar de Caracas, puerta hacia el casco histórico y centro político de la capital de Venezuela, un colosal árbol de Navidad se despliega al pie de los viejos rascacielos donde se encuentran varios ministerios y el Consejo Nacional Electoral. Toda la vía está iluminada con decoraciones alusivas a la época, cuyo inicio decretó el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 1° de octubre, en festividad dirigida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien declaró que esto era una muestra de la alegría del pueblo venezolano ante las dificultades. En una transmisión directa en varias capitales de estado, ministros, gobernadores y alcaldes del Partido Socialista se unieron a esta ceremonia.
La superficial liberalización económica
El fin del año en Venezuela suele coincidir con un auge del consumo y el gasto familiar en torno a los bonos y aguinaldos de fin de año. Tras años de colapso económico, y en medio de una crisis humanitaria que ha llevado a millones a la emigración, algunas ciudades de Venezuela dan una apariencia de reactivación. La superficial liberalización económica, que ha incluido la liberalización del tipo de cambio y la suspensión de aranceles de importación, ha llenado los anaqueles, aun si estos bienes son inalcanzables para la mayoría.
Lujosos restaurantes, carros nuevos, casas reconstruidas, conciertos exclusivos, empiezan a brotar. Si se contrasta con los rigores de la peor época de crisis económica, el sistema parece decir «Venezuela se arregló».
Los venezolanos, dicen algunas encuestas, quieren cambio, pero no tienen esperanzas inmediatas de lograrlo; lo que, es más, no desean saber nada de política, democracia ni partidos. Para todos, incluyendo a algunos países vecinos, parece que es tiempo de olvidarse de la peor cara del sistema, despolitizarse, sobrevivir y no meterse en problemas.
La Tumba
A poco más de tres kilómetros de la avenida Bolívar está La Tumba, el nombre con el que popularmente se conoce a la torre que sirve de cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En sus sótanos, las celdas de detención que han sido expuestas por investigadores y presos políticos sobrevivientes, con métodos sofisticados de tortura, y que dan su sobrenombre al edificio. Su escalofriante referencia fue denunciada en el primer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), promovida desde el año 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en su resolución 42/25.
A finales de septiembre, un nuevo informe fue presentado por la misión, detallando nuevas facetas de la represión política y social en el país. En los reportes de años anteriores se habían establecido las prácticas de arbitrariedad policial y judicial, tortura, censura y coacción de que son objeto tanto grupos políticos como colectivos sociales y ciudadanos particulares.
La misión, compuesta por los abogados y expertos independientes en derechos humanos Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina), ha entrevistado a cientos de víctimas, activistas, expertos y funcionarios. En este informe priorizaron la revisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las agencias de inteligencia policial y militar, y la situación de derechos humanos en el Arco Minero de la Orinoquia venezolana, en el sureño estado Bolívar.
Derechos humanos en Venezuela
La primera y desoladora conclusión es que la situación de los derechos humanos no solo continúa grave, sino que, pese a las advertencias de la misión en sus informes previos, permanece incesante, empeorando con la profundización autoritaria permitida por la pandemia. Esto se hace tanto más serio por cuanto, pese a los anuncios oficiales de justicia para las víctimas y procesamiento de algunos funcionarios involucrados en estas acciones represivas, la misión confirma que no se trata de hechos aislados, sino de un «plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno».
Este aserto se refuerza con el juicio sobre los abusos en las regiones mineras del sur, donde pese al ambiente general de ilegalidad, impunidad y control del territorio por grupos criminales, se verifica la responsabilidad del Estado por acción u omisión. La presión de funcionarios que cohonestan o colaboran con intereses fácticos vinculados a la minería cuasi legal o ilegal, el contrabando de mercancías, así como con la trata de personas, han victimizado a los pobladores originarios de esas zonas.
Las reacciones han seguido las líneas políticas usuales. Los activistas en derechos humanos, blanco frecuente del hostigamiento oficial, han solicitado la renovación del mandato de la misión, con miras a la supervisión de las garantías civiles en el venidero ciclo electoral. El Gobierno ha repudiado el informe, calificándolo como un panfleto escandaloso, y cuestiona la legitimidad y métodos de la misión, idea que han repetido los partidos y grupos cooptados por el Estado. Los partidos políticos de oposición, también perseguidos y reprimidos, han reiterado las denuncias del informe, pero también han iniciado una triste competencia en medio de la precampaña electoral y la redefinición de su liderazgo. Se acusanentre sí de no ser suficientemente enérgicos con el informe y sus conclusiones sobre el régimen político.
La misión contra el secreto
La importancia de esta misión y su continuidad no pueden desestimarse. Entre los acuerdos parciales del Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria suscritos en el año 2021, se encuentra la creación de una comisión de la verdad que verifique los efectos del conflicto político en los derechos humanos. Aun si los resultados encontrados no producen directamente efectos judiciales, y pese a la contumaz obstrucción del Estado para con la misión, la relativa tolerancia con su trabajo permite caracterizar y definir más claramente a este sistema, registrando testimonios cruciales para su transformación.
Una eventual reforma política deberá pasar por la revisión de las voluntades, incentivos y mecanismos de esta represión, así como de la reivindicación de los derechos difusos y específicos de las víctimas. No en balde la Constitución venezolana, único documento que concita autoridad y legitimidad colectiva generalizada, tiene altísimas exigencias en su definición de la república y, particularmente, en su capítulo sobre derechos humanos.
Venezuela vive, es evidente, en un momento de estabilidad política. Sin embargo, se trata de una estabilidad política negativa, apalancada en su burbuja de prosperidad económica relativa y sostenida en su base con la continuidad de prácticas autoritarias. Las violaciones a los derechos humanos son, hoy, su secreto mejor guardado.
Esta constatación debe servir a la comunidad internacional para advertir de los costos morales de trabajar con el Gobierno venezolano sin que medien exigencias de reforma. Pero también debería servir para estimular a las fuerzas sociales, económicas y políticas comprometidas con las libertades en el país, y a los sectores reformistas desde el Estado, a unir esfuerzos a favor de un sistema que respete los derechos humanos de su población.
