El estallido social del 19 de octubre de 2019 sorprendió a muchos por la violencia con que se manifestó. ¿Qué pasó con la nación que había tenido una transición ejemplar a la democracia en los noventas y que según los índices económicos y sociales de la CEPAL y mucho más, representaba a uno de los países más estables de la región?
Chile desde la transición había conseguido ingresar a la OECD y exhibía una disminución de su pobreza que pasó de más de un 40 por ciento de sus habitantes a fines de los ochenta a menos de dos dígitos terminada la primera década del siglo XXI. En el mismo lapso prácticamente se había cuadruplicado su Producto Interno Bruto.
Además, Chile exhibe coberturas de un 98 por ciento en educación primaria y secundaria, entre otros indicadores que parecían irrefutables en la demostración de la senda de progreso del país. Ello hasta la madrugada del 19 de octubre en la cual se gatillaron manifestaciones violentas a lo largo de todo el país, pero también pacífica y multitudinaria que exigen cambios estructurales en el desarrollo social, económico y político de la nación.
Hasta octubre de 2019 los presidentes de turno siempre manifestaban estimaciones para que el país consiga entrar al ranking de países desarrollados. Esa era una obsesión de los gobernantes que se comprende en la lógica racionalista que se había instaurado en Chile. Esta comprende la vida en sociedad como una permanente competencia y un planeamiento a ciertos objetivos macros que olvidan el rostro humano, o el sentido de la política. Por otro lado, también es un botón de muestra respecto al desacople de la dirigencia política respecto al sentir del pueblo, que de paso cuestiona la legitimidad de la representatividad del sistema político en general, y el sistema de partidos en particular. Estos últimos se concentraban en obtener el poder y mantenerlo, pero cada vez menos en representar a la ciudadanía y en comprender los enormes cambios culturales que se estaban provocando como reacción a la herencia de la modernidad racionalista, homogeneizante y despersonalizada que genera deshumanización tras la consecución de estructuras macroeconómicas. Ejemplos hay muchos, desde la salud y educación de calidad para quienes pueden pagar; pensiones indignas para una gran mayoría de adultos mayores en un contexto de normalización de cuentas individuales prácticamente carentes de un rol solidario por parte de la comunidad; segregación territorial; desamparo de los niños, niñas y adolescentes vulnerables; incentivos al endeudamiento inmoral de la ciudadanía a objeto de fortalecer la capitalización de grupos económicos por medio del crédito de consumo; insostenibilidad medioambiental que hasta hace poco era entendida como el costo a pagar por el desarrollo, el cual se aprecia en las zonas de sacrificios, sobre explotación de recursos naturales; desertificación galopante; entre otros aspectos que hoy son cuestionados por organizaciones de la sociedad civil.
¿Cómo se está leyendo el cambio de época en Chile?
Para quienes aún desconfían de la democracia o gobierno del pueblo, las movilizaciones se comprenden en clave de tesis conspirativas, es decir, las corrientes del chavismo latinoamericano a través de su propaganda y acción encubierta han persuadido a grupos juveniles que han desestabilizado nuestra democracia. Para otros, grupos minoritarios de anarquistas se han tomado el control ideológico de colegios emblemáticos del país, quienes a su vez están orquestando la disrupción social. Por último, algunos se amparan en evidentes acciones de grupos antisociales provenientes del mundo de las barras bravas del futbol, el lumpen y el narcotráfico, como actores centrales de la violencia desatada en el país.
Ciertamente los actores mencionados han tenido un papel en la crisis institucional que ha vivido el país, ya que ellos son parte de la descomposición moral de la sociedad y han jugado un papel en la violencia exhibida tras el estallido social. Sin embargo, no explican las causas últimas del fenómeno político y social por el que atraviesa Chile. En efecto, responde más a una mirada reduccionista que invita a pensar que la situación podría controlarse por medio de una acción eficiente de las policías y una mejor inteligencia de las mismas, y con ello retomar el progreso del país.
En consecuencia, algunos miembros de la dirigencia política no comprenden la revisión profunda que vive occidente en general, y en Chile en específico. Ello se explica porque los programas de los partidos a los que pertenecen la clase política son propios de la modernidad, por lo tanto, les resulta complejo comprender lo que acontece. En paralelo, se está viviendo un proceso de descomposición moral de los propios cuadros políticos, sin aún surgir liderazgos de recambio que estén en sintonía con los cambios culturales que lleva consigo el Cambio Época al cual asistimos.
Al respecto, el contexto del financiamiento irregular de la política, el cual quedó impune debido a que el Servicio de Impuestos Internos decidió no presentar una demanda al Ministerio Público, quedando en evidencia la voluntad transversal de los políticos profesionales a favor de la impunidad.
¿Cómo salimos en defensa de la democracia en el cambio de época?
Revisando la modernidad y su legado, principalmente renovando liderazgos en política que sean sinónimo de testimonios de vida coherentes y cuya legitimidad vengan desde la propia comunidad. Esto abriría espacios a un nuevo Pacto social post inicio del proceso de Convención Constitucional luego plebiscito del pasado 25 de octubre de 2020, el cual abrió el camino a la construcción de un diálogo entre sensibilidades diferentes que facilite un reencuentro nacional para dibujar un futuro común.
En definitiva, reconstituir el tejido social perdido, renovar la ética en la esfera privada y pública, y a su vez reinstaurar un compromiso con la humanización de la economía, es decir, poner rostro humano. Dejar atrás la búsqueda en las redes sociales y en las encuestas para empatizar o sintonizar a los dirigentes políticos con la ciudadanía, sino que precisamente comprender que la sostenibilidad social y medioambiental debe ser un interés personal y colectivo de quienes busquen tener un espacio de servicio en lo público. Es decir, es renovar el compromiso social en un enfoque de convicciones para guiar los cambios institucionales, políticos y sociales en medio de un cambio cultural muy profundo, que en definitiva viene a replantear la legitimidad del poder y la relación entre quienes mandan y obedecen, cuestión que exige nuevos espacios de participación directa de la ciudadanía y liderazgos comprometidos que estén dispuestos a salir de los espacios de poder para dar cabida a nuevos personas que aporten al bien común y que entiendan que el poder es para conseguir una promesa de sociedad y no para satisfacer las necesidades de la propia élite política.
