La democracia liberal necesita de los partidos políticos. Son la expresión del pluralismo, son mecanismos de agrupación de intereses, son actores clave para las tareas de gobierno y oposición. La evolución que han experimentado nuestras sociedades en los últimos años no se ha visto reproducida en los partidos. Su imagen se ha deteriorado entre la ciudadanía, que cada vez participa menos de la militancia en estas organizaciones.
Uno de los grandes retos que tienen por delante los partidos políticos en América Latina, además de avanzar en la democracia interna, es el de su financiamiento. Y aquí hay dos conceptos clave: transparencia y equidad.
La fuente del financiamiento
Los partidos políticos necesitan recursos para cumplir su función en una democracia liberal. Y la democracia liberal necesita que la obtención de esos recursos se haga con la mayor transparencia posible y, además, garantizando la equidad en la participación. Es decir que, una vez llegada la campaña electoral, no haya un abismo entre los recursos con los que cuenta un partido u otro. Esto implica, por ejemplo, que el partido que gobierna no pueda aprovecharse de su posición institucional para ganar votos. A lo anterior se agrega la necesidad de que los electores ejerzan el voto informado, pudiendo acudir a las urnas sabiendo quién y cómo financia cada partido y qué repercusiones puede tener eso.
Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que trabaja para exponer los sistemas y redes que habilitan y promueven la corrupción política. Lo hace a nivel internacional desde 1993, cuando fue fundada. Se trata de una de las instituciones de referencia en este campo. Delia Ferreira, presidenta de Transparencia internacional, describe la situación general de la financiación de los partidos políticos y se refiere en particular a la forma predominante en la región: «Hay países, por ejemplo como México, que tienen como regla que el financiamiento sea predominantemente público. Hay mucho financiamiento público. Eso no evita que haya financiamiento privado y que haya sido cuantioso y que haya dado lugar a escándalos, pero la regla es que el mayor bloque de financiamiento normalmente proviene de fondos públicos». Ferreira agrega que en otros países la mayoría de los recursos provienen de lo que recaudan los partidos de privados.
La aplicación de la legislación
En el caso de América Latina, la legislación sobre financiamiento se ha ido modificando, con decisiones muchas veces motivadas por distintos escándalos. «Si uno hace un paneo desde los años noventa hasta acá, yo diría que en general ha habido avances en materia de una regulación más estricta, tratando de cerrar las ventanas de oportunidad para el financiamiento ilícito o para la posibilidad de que alguien controle, a través del financiamiento, las decisiones políticas o compre decisiones políticas a futuro». La mirada de Ferreira en este aspecto es positiva. Aunque también advierte sobre otro problema en este campo. Posiblemente el más importante: «El gran problema sigue siendo el enforcement de todas esas leyes».
Según la presidenta de Transparencia Internacional, no existen países con modelos a seguir. Y no porque las cosas no funcionen bien, sino porque cada contexto es diferente: «Yo soy reacia a los modelos a seguir, porque la regulación del financiamiento depende de muchas condiciones que van más allá de la regulación del financiamiento. Tiene que ver con qué sistema electoral se aplica. Tiene que ver con el sistema de partidos que cada país tiene en su práctica política. Tiene que ver con la forma en que se hace política. Tiene que ver con el perfil institucional del país».
Según Ferreira, lo que funciona en un lugar puede fracasar en otro, y viceversa. No obstante, también sostiene que existen algunos principios y medidas rectoras a seguir que son relevantes. La obligatoriedad de que las aportaciones a los partidos se realicen a través de transacciones bancarias es una de ellas. Esto elimina los aportes en efectivo, lo cual es un avance importante en términos de transparencia.
La procedencia de los fondos
La cuestión de la eliminación del efectivo es clave en la cuestión de la trazabilidad del dinero. Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina (CIPPEC) profundiza en el caso argentino para ejemplificar la situación: «Hasta el año 2019 las alianzas y partidos podían operar 100 % en efectivo. En las elecciones legislativas de 2017, la última elección antes de la reforma de 2019, el 80 % de los aportes declarados fue no trazable». Un porcentaje que se incrementa cuando se promedia el uso de medios no trazables o en efectivo desde el 2011.
Tchintian explica que, como consecuencia de ello, las donaciones que se hacen a las campañas electorales también a los partidos políticos quedan al margen del sistema financiero. Y con esto se dificulta la prevención de cuestiones como el lavado de dinero.
Una competencia justa
Sobre la equidad como principio básico de una legislación sobre financiamiento de partidos deseable, Carolina Tchintian señala que el objetivo debe ser una competición justa, reduciendo las diferencias entre los recursos que unos candidatos y otros pueden destinar a promocionar sus ideas y sus mensajes entre los electores.
Según la experta de CIPPEC, la reglamentación del financiamiento de la política tiene como «objetivo emparejar la cancha entre oficialismos y oposiciones. No solo es la transparencia, conocer de dónde, quién es el financiador y a qué se destinan esos gastos, sino también generar un piso común, una base, en la que se pueda competir equitativamente». Y, en este sentido, Tchintian explica que los candidatos de gobierno en general tienen ventajas sobre los opositores. «Lo que hay que hacer es evitar que los partidos oficialistas inclinen aún más la cancha a su favor, por ejemplo, evitando el uso de fondos públicos con fines proselitistas», sostiene la experta.
Ciudadanía informada
Otro de los objetivos que debe perseguir la regulación de este tema es garantizar el voto informado, algo sobre lo que hace hincapié Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional: «Una cosa que no es frecuente, y no son más de cinco los países que lo tienen, en materia de transparencia, es la necesidad de que la información sobre el financiamiento de la campaña sea puesta a disposición de la ciudadanía antes de la elección». Según Ferreira, este es un principio rector en materia electoral: la información al elector.
El reporte y la publicación de aportes durante la campaña electoral es lo deseable, para garantizar ese voto informado, pero en la mayoría de los países el control se realiza una vez terminada la elección. Quienes han violado la norma reciben una sanción, pero igualmente han podido participar en la elección con más recursos de los permitidos o incumpliendo la normativa. Esto atenta también contra el principio de equidad.
¿Existen incentivos para mejorar la legislación?
El tema de la financiación de los partidos es especial, porque igual que cuando se regula el sistema electoral, los partidos aprueban reglas que les afectan a ellos directamente. Nos preguntamos qué incentivos pueden tener los partidos políticos para aprobar legislaciones más restrictivas y que avancen en los principios de transparencia y equidad. ¿Penalizan los ciudadanos a los partidos políticos que se financian de manera ilegal o que han tenido casos de corrupción relacionados con su financiación?
Manuel Alcántara, catedrático y profesor de la Universidad de Salamanca en el Área de Ciencia Política y de la Administración y miembro del Instituto de Iberoamérica de esa universidad española, nos explica que «a la gente de a pie le preocupa menos el tema de la financiación ilegal de una campaña electoral que el tema del enriquecimiento ilícito de los políticos». Según el catedrático, que el alcalde, el concejal o la senadora se hayan enriquecido o se hayan construido una casa, o hayan tenido un trato de favor, es lo que indigna profundamente a la ciudadanía. «Yo creo que eso tiene una mayor influencia en toda la opinión negativa de los ciudadanos», agrega Alcántara.
Perspectivas
Es posible que los partidos no tengan demasiados incentivos para avanzar en una mayor transparencia y equidad en la regulación de su financiación, pero para la salud de la democracia liberal es necesario despejar las dudas sobre los ingresos que reciben las organizaciones políticas, de quién los recibe y para qué los reciben. Está en juego garantizar una competición justa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Hemos visto que no basta con aprobar legislaciones restrictivas, porque el verdadero problema está en su aplicación. Y hemos aprendido también que, más allá del consenso en algunos principios rectores, cada país debe aprobar las normas que tengan mejor encaje en su contexto institucional y político.
Si los partidos políticos quieren recuperar parte de la confianza perdida, deben poner este asunto en su agenda de reformas. Eso ayudaría también a combatir los discursos populistas que niegan la necesidad de que los partidos políticos tengan acceso a financiación para cumplir su papel. Contra esa idea seguro que una mayoría se puede poner de acuerdo.
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