Al presentar el informe de 2021, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire concluyó que «El periodismo es la mejor vacuna contra la desinformación». La metáfora es tan precisa que también es elocuente del negativo del símil: así como la mayoría de los países tienen serios problemas para acceder a vacunas de calidad contra el coronavirus, para muchos países de la región acceder a prensa de calidad es un problema. Tal como ocurre con la vacuna contra la covid-19, los más débiles se ven obligados a aceptar las alternativas disponibles, más allá de que sean las de mejor calidad o de que estén respaldadas por información sólida y transparente. Así como hay una geopolítica de la vacuna, la hay de la desinformación, que define qué es y qué no es falacia. Con mecanismos e instituciones que no son las mismas en todo el mundo.
No se puede pensar la libertad de prensa como un asunto exclusivo de un actor social. Aunque esa designación remitía al derecho de tener un medio para difundir ideas, que inicialmente era una imprenta, ese derecho es mucho más amplio hoy y comprende la información en la multiplicidad de facetas involucradas en la producción y circulación en estos tiempos. Si inicialmente la libertad de prensa se medía por indicadores del ejercicio de la profesión, hoy no puede pensarse aislada de la confiabilidad de la información, de la transparencia y acceso a los datos y documentos públicos, y de la libertad de la sociedad entera de acceder a la información que necesita para ejercer sus derechos.
Una organización como Reporteros Sin Fronteras mide todos los años la libertad de prensa a partir de las agresiones directas y condicionamientos estructurales como el pluralismo, el marco legal, la infraestructura, la transparencia y la censura. Esos parámetros confirman para Latinoamérica tres grandes grupos de países. Los más conocidos son los problemas de violencia directa y atentados consuetudinarios que padecen Colombia (puesto 134 de 180 países relevados), México (143) y Venezuela (148). En la clasificación de 2021, en la primera mitad están los pocos sudamericanos que cuentan con mejores condiciones para el ejercicio periodístico, como Uruguay (18) y Chile (54). En el tercio de la mitad de la tabla están Argentina (69), Ecuador (96), Bolivia (110) y Brasil (111). En líneas generales, no ha habido grandes mejoras en los últimos años pero sí algunos retrocesos, lo que habla de una delicada situación en general.
Estas limitaciones que padecen los actores encargados de las novedades sociales no son inocuas en la confianza que la sociedad pone en las noticias, que hacia 2020 era de 38 % según el Digital News Report del Reuters Institute. De los cuatro países latinoamericanos incluidos en el estudio, Brasil (51 %) expresa una mayor confianza, México (39 %) se acerca a ese promedio y Argentina (33 %) y Chile (30 %) están por debajo. Esos porcentajes confirman que no hay correlación entre la libertad percibida por los periodistas y la confianza en la información, que en apariencia es inversamente proporcional a la libertad de prensa. En cambio, parece haber más relación entre la clasificación de libertad de prensa con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Los países con mejor índice para 2020 son los que gozan de mayor libertad de prensa: Uruguay (puesto 21 de 180), Chile (25), Argentina (78), Ecuador (92), Brasil (94), México (124), Venezuela (176). La correspondencia en el orden recuerda la importancia de la función de la prensa en la transparencia social.
A esa situación delicada en los últimos años se suman los efectos colaterales en la confianza social que dejó la pandemia. El barómetro Edelman Trust que mide anualmente 28 países muestra que los gobiernos tuvieron un pico de confianza en mayo de 2020, en los primeros días de la pandemia, para un año después volver a los guarismos de partida, con 56 % de confianza. Caen también los medios (51 %), que son los vehículos de la información de los gobiernos. Comparten esos dos actores una polarización de base: una de cada dos personas cree en ellos, lo que implica que una de cada dos, no.
Contrariamente a quienes suponen que las masas son las más manipulables, la desconfianza es mayor en la población general que entre las personas informadas. El escepticismo es una defensa que se pone ante el desconocimiento. En ese grupo mayoritario es que ancla el discurso político que desacredita al periodismo. Esta contradicción brinda la clave para la superación del escepticismo porque el público más informado confía más en las instituciones. Lo que habla de que la información de calidad tiene que expandir su llegada, que en Latinoamérica se limita a la elite formada.
En la misma línea, la Sociedad Interamericana de Prensa dedicó una mención especial en su asamblea de 2021 a los mandatarios latinoamericanos hostiles al periodismo, en la medida en que «desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas».
Además de las expresiones de descalificación a ciertos medios y periodistas desde las redes sociales y los canales gubernamentales, también hicieron mención al artefacto supuestamente jurídico denominado lawfare, con el que algunos gobiernos de la región acusan una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la justicia. La amenaza se concreta con proyectos como los del gobierno argentino ante el Parlamento del Mercosur para tipificar esa figura sin base científica ni jurídica con la que pretenden sancionar a periodistas que investigan hechos de corrupción. En estos contextos de tensión entre gobiernos y prensa no es extraño que el barómetro Edelman haya detectado que el 59 % de las personas encuestadas creen que los periodistas están tratando de engañar deliberadamente al público al difundir información que saben que es falsa.
Si esta enumeración de factores es extensa es porque la complejidad de la libertad de prensa es el signo de la conmemoración de 2021. El autoritarismo suele apropiarse de las mejores intenciones con los peores fines, y en nombre de la defensa contra la desinformación impulsa iniciativas que terminan generando el efecto paradójico de coartar la libertad en la conversación pública. Alegando la protección de una ciudadanía supuestamente indefensa ante la toxicidad del discurso público, se impulsan investigaciones, observatorios, iniciativas de verificación ejecutadas por instituciones débiles, con base más ideológica que técnica. Lo que desde 2016 se presentó como debate filosófico más amplio en el paraguas de la posverdad devino en una persecución en nombre de las #fakenews, que en muchos casos es la etiqueta con que el poder intenta deslegitimar una información que lo compromete. Como perspicazmente observa Daniel Innerarity, la noticia falsa no es una opinión errónea expresada con buena fe, sino aquella que se pone a circular con la aviesa intención de generar confusión. El problema de tan difuso límite es que muchos gobiernos se montan en ese borroso distrito en donde la opinión o los datos alternativos a los oficiales pueden ser acusados de falsedad para perseguir a los críticos, que quedan a merced de la arbitrariedad sin defensa de tribunales respetables y un sistema de información independiente y transparente.
La mayor transformación tecnológica lleva poco más de una década de uso extendido en la sociedad. La posibilidad que tiene cualquier persona de incorporarse a una conversación pública, a la vista de cualquiera, desafió la exclusividad de los periodistas como mediadores entre las fuentes de poder y la ciudadanía. Y puso en crisis los canales oficiales que pretendía los únicos que dan a conocer información sanitaria con encubrimientos e imprecisiones. En nombre de la seguridad sanitaria, muchos gobernantes persiguieron periodistas y ciudadanía crítica, acusando de desinformación y discurso de odio lo que era una proclama justa por los derechos ciudadanos. El caso de la provincia de Formosa, en Argentina, es un ejemplo tristísimo de abusos de los derechos humanos, cooptación de la prensa local y persecución de los ciudadanos y políticos que divulgaron la crítica situación sanitaria a través de las redes sociales y las mensajerías. Las presiones en los medios locales y la prohibición de ingreso a la provincia de los medios nacionales convirtieron a las voces ciudadanas en las únicas capaces de mantener el reclamo de condiciones dignas para los ciudadanos que preventivamente, aun con resultados negativos de sus tests, eran aislados en centros que no cumplían medidas sanitarias y humanitarias básicas, como denunció Human Rights Watch.
La buena noticia es que la expectativa de la información de calidad sigue poniéndose en el periodismo, al que la ciudadanía todavía asigna la tarea de señalar, e incluso destacar, las inconsistencias de las falacias políticas, según la investigación del Reuters Institute. Este puente reconocido entre el poder y la sociedad es el principio de una ética de la conversación colectiva. Ante las crecientes amenazas de los autoritarismos, la legitimidad del periodista puede construirse desde la sociedad, que puede apoyarlo con una verificación y rectificación colaborativa, que no demande de agentes de control condicionados. Ese puente también puede horadar el escepticismo generalizado al convocar a la ciudadanía a un diálogo informado, que incorpore los aportes técnicos al reporte periodístico.
La pandemia aportó valiosos ejemplos de organizaciones sanitarias y universitarias que se convirtieron en aliadas globales para la transparencia de datos. Esto reafirma que la red no es una amenaza sino un contrapeso que puede usarse para oponer diálogo y confianza donde hay descalificación y suspicacia. La política autoritaria enfoca sus críticas al periodismo en las redes, en la desinformación, precisamente porque se beneficia en mayor grado de los climas de escepticismo. La rebelión al autoritarismo es oponer una alianza de confianza entre la prensa y la sociedad para que la desinformación sea un fenómeno marginal y para que pueda primar la confianza en la información de calidad.
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