El primer proceso de revocación de mandato despertó alertas sobre la posible estrategia electoral para consolidar un proyecto hegemónico. No cumplió con las reglas previstas en la legislación y fue utilizado desde el gobierno para fines proselitistas. El resultado fue negativo para el presidente, y el instrumento queda en cuestión.
El pasado 10 de abril de 2022 se dio por vez primera un proceso de revocación de mandato en México. El diseño original del mecanismo de democracia directa, aprobado por el Congreso de la Unión, se vio rápidamente contaminado por una serie de intervenciones gubernamentales. Estas incluyeron actos de propaganda indebida, publicidad engañosa y acarreo y compra de votos. En perspectiva, la revocación de mandato fue un proceso frustrado. En el fondo no cumplió con las reglas de un acto democrático, libre e informado.
Democracia directa
El tránsito de México hacia una democracia plena y vigorosa ha sido un parto doloroso. Los inicios de la liberalización política datan de la década de los sesenta. Entonces se aprobó la figura de los diputados de partido, que ampliaron la representación de las minorías en la Cámara de Diputados.
El diseño institucional posterior privilegió la creación de un órgano electoral, de un tribunal electoral autónomo y de la representación proporcional en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Las figuras de democracia directa, como la iniciativa popular, la consulta popular y la revocación de mandato se introdujeron en nuestro orden constitucional de manera tardía.
Cabe señalar que, en materia de democracia directa, el PAN fue pionero. Ya en 1946, los diputados federales Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin presentaron una iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional. Esta preveía los procedimientos de iniciativa, referéndum y revocación en todas las administraciones municipales de la República.
El marco institucional
Casi cincuenta años después se crearon el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Se concretaron así los primeros pasos hacia un sistema electoral cercano al ideal de que los votos se tradujeran en escaños. Pasarían setenta años para que nuestra Constitución instituyera la democracia directa en México.
Tanto la liberalización gradual del sistema político como la institución de mecanismos de democracia directa han sido procesos lentos y sujetos a intereses políticos y a negociaciones. Esto ha implicado un diseño que dificulta su eficacia. Las reformas se dieron en un momento de crisis de nuestra democracia caracterizado por la pérdida gradual de capital social, la pérdida de confianza generalizada hacia las instituciones públicas y el descontento hacia el incipiente funcionamiento del régimen democrático.
La reforma constitucional en materia de revocación de mandato tuvo los votos en contra del PAN y del PRI. Se ubica en el artículo 35 de la Constitución.
Procedimiento y garantías
El diseño original prevé que la ciudadanía debe solicitar el proceso con el respaldo de «el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores», entre otros requerimientos.
El Instituto Nacional Electoral convoca a la consulta después de haber verificado el cumplimiento de los requisitos dentro de los plazos estipulados. La revocación sólo podrá darse una vez en un sexenio y se realizará en un proceso electoral mediante votación libre, directa y secreta.
La validez del proceso demanda una participación de por lo menos 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores y sólo procederá por mayoría absoluta. El INE se encarga de la organización, desarrollo y cómputo de la votación. También le compete emitir los resultados que podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vez realizado el cómputo final y resueltas las eventuales impugnaciones, emitirá la declaratoria de revocación.
El diseño constitucional prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, promoción y propaganda relacionados el proceso. Ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión ciudadana y se suspende la difusión de la propaganda gubernamental en medios. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil.
Los vicios del proceso
El diseño original de consulta es un ejercicio de democracia directa promovido por la ciudadanía. Sin embargo, no fue la sociedad civil organizada independiente de los partidos la que promovió la revocación. Por el contrario, la recolección de firmas fue impulsada por una organización de exlegisladores y excandidatos de Morena, llamada Que Siga la Democracia, presidida por Gabriela Jiménez Godoy, excandidata a diputada federal. Según ella, se lograron nueve millones de firmas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados con recortes por casi 5.000 millones de pesos al INE. Ante estos recortes, el INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A falta de una respuesta, el Consejo General aprobó aplazar el proceso.
En diciembre de 2021, la Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, admitió a trámites la controversia promovida por el diputado presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra el acuerdo del INE. Con esto se concede la suspensión solicitada bajo el argumento de dar continuidad a un proceso ciudadano y democrático.
Perspectivas
En perspectiva, el proceso de revocación de mandato en México fue diseñado como un derecho ciudadano y un ejercicio de democracia directa. Se convirtió en la primera gran elección de Estado en la que Morena puso a prueba su ejército electoral y el Gobierno desplegó un amplio operativo para el acarreo y compra de votos el día de la jornada electoral.
El 10 de abril se dieron irregularidades graves como sufragios superiores al 100 % y operadores de Morena registrando a quienes sufragaron en las casillas. Sin duda, el INE salió fortalecido del proceso, porque demostró, una vez más, que tiene una gran capacidad para organizar elecciones limpias y transparentes, a pesar de todos los vicios procesales no atribuibles al instituto que contaminaron irremediablemente el proceso. En conclusión, fue un ejercicio democrático ciudadano que se convirtió en la antesala de la elección federal de 2022 y de la elección federal de 2024.
La forma como se dio el proceso nos pone en alerta sobre la posible estrategia electoral para consolidar un proyecto hegemónico, promoviendo un mecanismo de democracia directa para después manipularlo a modo, destruyendo en sus raíces lo que debió haber sido una elección ejemplar.
.
