El nombre de Nayib Bukele ya es prácticamente uno de los más conocidos en la agenda pública global, especialmente en Latinoamérica. Las opiniones, dentro y fuera de El Salvador, se decantan en dos direcciones: quienes ven con entusiasmo su “modelo” de gobierno y quienes ven con creciente preocupación la instalación acelerada de un régimen autoritario.

Alternativa a la violencia e inseguridad

El proyecto de Nayib Bukele emergió como una alternativa a los altos e imparables niveles de violencia e inseguridad que asolaron a El Salvador durante más de tres décadas, después que finalizó el largo conflicto militar de los años 80 en el siglo XX, cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1992. El bukelismo rompió con la alternancia entre los gobiernos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en un contexto en el que la población salvadoreña estaba cansada y aterrorizada por la ineficiencia gubernamental para frenar las altas tasas de homicidios, la inseguridad por causa de las maras o pandillas, y el éxodo masivo hacia Estados Unidos.

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Como en casi todos los países posconflicto, las esperanzas renacieron en El Salvador después que se firmaron los acuerdos de paz en 1992. Sin embargo, la violencia armada dio paso a una sangría sin fin. Las tasas de homicidio del país alcanzaron momentos pico históricos en 1995 con 141,72 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2015 la tasa se ubicó en los 107 homicidios. El Salvador estaba posicionado como el país con la tasa de homicidios más alta a nivel mundial. Sin embargo, la espiral de violencia letal comenzó a descender desde el 2016 hasta llegar a 1,9 en 2024, antes de que Bukele asumiera la segunda Presidencia.

La violencia e inseguridad son multicausales y sus efectos multidimensionales. Todos los gobiernos, incluido Bukele, hicieron énfasis en las políticas de mano dura contra las maras que controlaban grandes territorios del país y actuaban con impunidad, sembrando el terror entre la población. De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, el éxito de Bukele se debe a las negociaciones y pactos con los líderes de las principales agrupaciones pandilleras y la imposición por más de tres años del estado de excepción.

La exaltación presidencial

Durante su primer período presidencial, Nayib Bukele llamó la atención por su talante y el manejo que tenía de las redes sociales. Adoptó un estilo de gobierno en el que utilizaba esas plataformas para comunicar sus decisiones. Eso le ganó una gran popularidad entre la población y él mismo se denominó presidente “cool”. Pero lo que comenzó como un estilo de gobierno público, transparente e innovador, se convirtió rápidamente en un ejercicio permanente de exaltación de la figura presidencial para ganar popularidad y la concentración en la toma de decisiones.

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La vena autoritaria de Bukele se reveló a inicios del 2020 cuando irrumpió en el recinto legislativo con un destacamento militar. Poco después avanzó en el control sobre los poderes estatales capturando tanto el Congreso, como la Corte Suprema de Justicia. Además, logró que en 2021 la Corte bajo su control reinterpretara la prohibición de reelección continua para postularse como candidato en las siguientes elecciones y en 2023 reconfiguró el sistema electoral reduciendo la cantidad de municipios y de diputados. Con eso, allanó el camino para su reelección en 2024 con un porcentaje de votos superior al 80%.

Concentración del poder

Uno de los pilares más importantes del bukelismo es la cooptación de los aparatos de seguridad y su utilización en la estrategia que sirve como eje de su proyecto político. Hacia adentro y hacia afuera, el presidente salvadoreño ha instalado una narrativa que exalta el enfoque militarista. Justifica la militarización como el principal recurso para enfrentar a las maras, la violencia e inseguridad.

El estado de excepción impuesto desde hace un poco más de tres años, la creación y puesta en funcionamiento de una mega cárcel y el incremento de los prepuestos para el ejército y la policía, son medidas clave en la estrategia de seguridad de Bukele. El prolongado estado de excepción ha significado la suspensión de derechos fundamentales. De acuerdo con el propio gobierno, más de 70 mil personas han sido detenidas por supuestas sospechas de colaboración con las maras.

Tempranamente, varias investigaciones periodísticas dieron cuenta de pactos entre Bukele y líderes pandilleros, desatando la furia de Bukele. Desde entonces, numerosos periodistas han denunciado vigilancia y persecución gubernamental. Más adelante con la imposición del estado de excepción, se sumaron las denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos por las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hacinamiento, torturas y violaciones al debido proceso de miles de personas.

Para acallar las críticas, el Congreso dominado por el gobierno aprobó varias leyes y reformas que incluyen sanciones para los medios de comunicación que reproduzcan o transmitan mensajes relacionados con las pandillas. Además, se aprobó una Ley de Agentes Extranjeros que limita el acceso de las ONGs a fondos de cooperación. A la fecha, varias decenas de periodistas, exfuncionarios judiciales y personas de organizaciones no gubernamentales se han visto forzadas a abandonar el país por la vigilancia y persecución del gobierno.

Los casos más críticos son los del periódico El Faro, la organización Cristosal que cerró operaciones y desplazó a su personal fuera del país luego de la detención de una de sus funcionarias, Ruth López, y al menos otras tres personas defensoras. La profundización de represión gubernamental ha provocado temor e incertidumbre entre organizaciones sociales.

Afianzamiento del bukelismo

A pesar de las denuncias de graves violaciones de derechos, Bukele goza de altos niveles de aprobación. Una encuesta reciente indica que el 85% de salvadoreños aprueba su gestión. Por su lado, Bukele afirma que no le importa que le llamen dictador.

El hito más reciente en la transformación de la incipiente democracia salvadoreña a un régimen autoritario es la aprobación de una reforma constitucional que allana el camino de Bukele para reelegirse de manera indefinida. La reforma también incluye la extensión del período presidencial de cinco a seis años, la eliminación del balotaje y la unificación de las elecciones a realizarse en el 2027. Con esas disposiciones, Nayib Bukele deshizo cualquier obstáculo a su proyecto político personal. Cada vez más El Salvador adquiere una configuración similar a la de Nicaragua.

En su vertiginosa carrera hacia el poder, Bukele parece encontrarse en su mejor momento. Cuenta con un amplio respaldo de los salvadoreños, incluidos sectores como las fuerzas de seguridad y los empresarios privados. Mantiene buenas relaciones con China y sus relaciones con EEUU mejoraron significativamente desde que accedió a recibir migrantes deportados en la mega prisión conocida como CECOT. Por otra parte, su modelo es observado con interés por otros gobiernos latinoamericanos sumidos en la espiral de violencia que aqueja a la región. En un contexto donde la incertidumbre, los populismos y autoritarismos empujan con fuerza, el riesgo de que el bukelismo se instale como alternativa es una realidad preocupante.

En el marco del inédito proceso constituyente iniciado en Chile tras el plebiscito de 2020, esta iniciativa busca aportar al debate de la Convención Constitucional identificando diez temas críticos y generando propuestas consensuadas que promuevan un pacto social amplio, representativo y sostenible para el país.

Se desarrolló en dos etapas: primero, un equipo de expertos elaboró las bases temáticas; luego, un grupo diverso de 32 personas —con paridad de género y presencia de pueblos originarios— debatió sobre ellas, replicando en pequeña escala el funcionamiento de la Convención. Este ejercicio permitió observar la dinámica del diálogo, la viabilidad de acuerdos y los desafíos del proceso.

El documento resultante reconoce oportunidades históricas para fortalecer la democracia, la cohesión social y el desarrollo sostenible, pero también advierte riesgos electorales, procedimentales y de entorno, como la baja participación ciudadana, posibles inestabilidades en la Convención y la presión de la crisis social y económica. Su propósito central es demostrar que es posible alcanzar consensos más allá de las diferencias ideológicas.

Año: 2021

A cargo de: Instituto Desafíos de la Democracia y Fundación Konrad Adenauer

ISBN: 978-956-406-032-3

Autores: Juan Cristóbal Portales Echeverría, Aldo Rojas Silva, Fernando Dazarola Leichtle

Nayib Bukele fue habilitado para reelegirse como presidente tras una sentencia judicial de 2021 emitida por la Corte Suprema de El Salvador. La sentencia reinterpretó la Constitución permitiendo con eufemismos la reelección inmediata sin cumplir los tiempos de espera establecidos para ello. Ese fallo judicial fue dictado por magistrados impuestos ilegalmente por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo. Fue el primer gran quiebre del orden constitucional.

Reforma y reelección

Pero el golpe definitivo ocurrió en julio de 2025. La Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida. Con 57 votos de 60, el bloque parlamentario oficialista aprobó en tiempo récord una reforma exprés que eliminó la prohibición de reelección inmediata, extendió el mandato presidencial a seis años, suprimió la segunda vuelta electoral y modificó las reglas de control sobre el Poder Ejecutivo. Fue una reforma sin deliberación, sin diálogo, sin consulta ciudadana. Fue un acto para consumar un proyecto autocrático.

La democracia constitucional en El Salvador está demolida. Primero por jueces sumisos. Luego por legisladores que no actúan como parte de un poder constitucional autónomo. Lo que se ha instalado es una nueva autocracia en la región bajo una formula ya conocida: el modelo chavista-madurista, con otra estética y símbolos. Es el mismo desahucio de la República desde dentro. El uso de los mecanismos de la legalidad formal para suprimir el derecho. Es la fórmula “popular” que destruyó a Venezuela aplicada sin reparos morales en el corazón de Centroamérica.

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Referiré diez premisas políticas para desmontar la idolatría a Bukele. Antes advierto, sin embargo, mi afecto por el pueblo salvadoreño y —como reflexión de fondo— que la aparición en escena de personajes como el referido son patologías de la crisis espiritual de la democracia, expandida urbi et orbi, y del desapego de la ciudadanía respecto de la política como realidad humana, de los partidos y de los sistemas democráticos.

Primera premisa: autocracias no ideológicas

Bukele no ha dado un golpe de Estado tradicional. No ha instaurado un partido único. No ha hecho culto a ideologías totalitarias. No ha quemado al Parlamento, aunque sí lo ocupó por la fuerza (como Oliver Cromwell, Nicolás Maduro y Donald Trump). No ha usado tanques. Pero ha sustituido la Constitución por su voluntad y por un guion autocrático perfectamente nítido: sustraer de competencias legales a las instituciones, cambiar las reglas del juego con el pretexto de modernizarlas, colonizar la justicia, comprar voluntades de todo tipo de actores sociales, sembrar antipolítica en la gente. Bukele es lujuria de mando. Libido dominandi, en palabras de Cicerón. Es un ingeniero del poder sin escrúpulos que no predica una ideología; un dictador sin uniforme -como casi todos los del siglo XXI-; un emperador digital.

Segunda premisa: popularidad no es legitimidad

La democracia no es un concurso de popularidad sin justicia ni un mercado de aplausos anómicos. Es un sistema de normas. De procedimientos encauzados por la justicia para poner límites al poder. En El Salvador, Bukele goza de una aprobación altísima. Pero eso -en sí mismo- no es un hecho que lo hace legítimo. Legítimo no es quien tiene apoyo. Legítimo es quien actúa dentro del marco de la ley; y no tratando de apalancarse en la anuencia del pueblo para crear realidades paralelas y seudo ficticias en las que las redes sociales son fuente inequívoca de verdad, los influencers son infalibles y la inteligencia artificial amenaza con entronizar la mentira. La democracia necesita reflexión, no memes.

Tercera premisa: la Constitución

La Constitución no es un papel. Es la forma jurídica del poder, afirma Francisco Rubio Llorente. El acto por el cual el pueblo se domestica a sí mismo; por el cual se compromete a no destruir su libertad ni su dignidad. Como decía Tomás Moro, no hay que violar la ley ni para enfrentar al diablo, porque cuando el diablo regrese… ¿quién nos defenderá? Bukele, en cambio, es anomia. Él es la falsa ley en un régimen en el cual no hay justicia. Pero hay que recordarle una gran verdad: cuando el Estado (poder) se aleja de la justicia, se convierte en una banda de ladrones (San Agustín de Hipona); y los hechos corroboran por sí mismos esta aseveración universal, válida para todos los hombres de todos los tiempos.

Cuarta premisa: transacción entre libertad y seguridad

Pareciera que el pueblo salvadoreño ha entregado sus libertades civiles a cambio de seguridad ciudadana. Ha aceptado vivir bajo la dominación de un “hombre fuerte”. Callar ante los abusos, o acaso disfrutarlos en alguna medida. Asume que la seguridad es orden, aunque este esté despojado de legalidad. Pero la seguridad sin libertad es una prisión. En este caso, una jaula grande que aherroja a toda una población. No hay nada más peligroso que un pueblo que vende su libertad por un poco de paz barata. Se trata de una transacción demoniaca. Se sabe cómo empieza. No se sabe cómo termina. Hoy el enemigo son las pandillas. Mañana serán los periodistas. Luego los políticos. Después los estudiantes. Luego cualquiera que piense distinto.

Quinta premisa: seguridad y derechos humanos

No hay duda de que El Salvador tenía un grave problema de seguridad. Las maras controlaban territorios dentro y fuera de ese país. El crimen se había generalizado. Sin embargo, combatir el crimen no da licencia para violar la ley, ocultar la verdad, ni justificar lo injustificable. Pero aún hay más: Bukele es alérgico a la veeduría internacional en materia de derechos humanos, hostiga a las ONG, cierra espacios de protesta legítima, suspende garantías constitucionales y criminaliza a la disidencia. En fin: teatraliza la guerra contra el “crimen”: desfiles, videos, detenciones masivas. Todo por propaganda. Por eso, la conclusión es clara: la seguridad no puede ser un espectáculo. Debe ser un derecho ciudadano garantizado en el marco de la ley y del respeto de la dignidad humana. No fuera de la ley. Nunca contra la ley.

Sexta premisa: historia

El Salvador fue un país desgarrado por la guerra civil. Por el odio ideológico al ardor de la guerra fría. Por el enfrentamiento fratricida. Miles de muertos. Décadas de trauma. Una nación marcada por el dolor. Bukele parece desconocer las heridas legadas por ese pasado. No escatima en desatar resentimientos y, en un sentido muy insensato, burlar la memoria de las víctimas al usar un lenguaje conflictivo para polarizar, para dividir. Lamentablemente ignora que, como enseña la historia, las heridas cívicas que se reabren son bombas de tiempo. Jugar con la historia es irresponsable y El Salvador necesita que perdure lo alcanzado al finalizar la guerra: las bases de la reconciliación, la justicia y la paz verdadera. No una paz impuesta.

Séptima premisa: amenaza regional

El morbo por Bukele es una fascinación enfermiza que ha generado su figura entre políticos y ciudadanos de toda América Latina. Lo admiran por su capacidad de salirse con la suya, de silenciar, de “vencer” sin controles constitucionales. Se le envidia. Se convierte en modelo a quien debería encender alarmas para la democracia. Mimetizan sus gestos, su discurso, su marketing. Es una corruptela del imaginario democrático; y todo ello constituye un camino muy cierto al abismo autoritario.

Octava premisa: solidaridad autocrática

Es inaceptable que gobiernos democráticos se callen ante la violación de los principios de la democracia y de los derechos humanos en El Salvador. Es inadmisible que países y organismos internacionales aplaudan al dictador. Las naciones democráticas no deben brindar solidaridad autocrática a dictadores. Bukele no merece reconocimiento. Merece denuncia y presión internacional. Las democracias que callan son cómplices. Y hay demasiadas cómplices…

Novena premisa: el chavismo-madurismo

La presencia de operadores venezolanos vinculados a Voluntad Popular en el entorno de Bukele es escandalosa. Personas que decían luchar por la libertad en Venezuela hoy exportan chavismo y madurismo maquillados. Son agentes de la propaganda. De la manipulación. Del sofisma. Han ayudado a construir el relato del “Bukele exitoso”. Son mercenarios de la comunicación política. Se han vendido al poder. Su traición es histórica y en contra de los principios de la democracia liberal. Olvidaron sus antiguas luchas. Dejaron atrás la verdad. Son alquimistas del autoritarismo.

Décima premisa: sufrimiento y sacrificio cívico

Jefferson decía que la libertad requiere vigilancia perpetua. Franklin advertía que una República solo dura si el pueblo es capaz de conservarla. La democracia, más que una gratuidad histórica, es una conquista y debe ser una herencia para futuras generaciones que se defienda con instituciones, ciudadanía activa, inculturación de hábitos cívicos y memoria histórica. La democracia es una forma de vida en torno a la justicia, según explica Maritain. Así, Bukele ha demostrado que destruirla es fácil. Preservarla es lo más difícil. Por eso, su caso debe ser un llamado de atención, un campanazo para todo militante de la causa democrática en el mundo.

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Como venezolano sé lo que significa perder la democracia. Ver cómo una República se disuelve. Cómo la mentira se vuelve rutina. Cómo el exilio se convierte en destino. Cómo la injusticia se normaliza. Venezuela es hoy un cementerio de derechos. Y El Salvador ya ha comenzado a cavar algunas tumbas… Lo que allí ocurre no es un fenómeno local. Se trata de una de las peores expresiones del autoritarismo actual y también de las más peligrosas porque viene con sonrisa, likes, encuestas y redes sociales. Es un cáncer. Un tumor que amenaza con extenderse.

Las relaciones entre Asia y América Latina tienen raíces históricas que se remontan al siglo XVI con el Galeón de Manila, una ruta marítima que unía Filipinas con América y promovía el intercambio de bienes, personas y culturas. Este vínculo temprano trajo nuevas costumbres de consumo, pero también generó tensiones y prejuicios hacia los migrantes asiáticos, ya desde los primeros contactos.

A partir del siglo XXI, el vínculo entre ambas regiones adquirió una relevancia sin precedentes, con China como actor central desde 2005, impulsando inversiones, acuerdos y financiamiento. Esta nueva etapa de relación está marcada tanto por intereses económicos inmediatos como por la necesidad de comprender sus implicancias geopolíticas a largo plazo.

El texto propone una reflexión crítica desde América Latina sobre el rol creciente de Asia en el escenario global. Busca promover un debate más profundo y aportar herramientas para entender un fenómeno que ya está transformando las dinámicas del mundo actual.

Año: 2022

ISBN: 978-956-9058-62-2

A cargo de: Centro de Estudios Internacionales UC y Fundación Konrad-Adenauer – Oficina Chile

Editor: Jorge Sahd, Nicolás Albertoni y Diego Rojas

La publicación es el resultado de un proyecto del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) centrado en la importancia de los partidos políticos para la calidad de la democracia. El contenido del libro se estructura en dos grandes secciones: los desafíos que enfrentan los partidos políticos y las propuestas para su fortalecimiento y modernización. A través de diagnósticos, análisis históricos y propuestas concretas, los artículos buscan contribuir al debate sobre cómo recuperar la legitimidad, eficacia y representatividad de estas instituciones clave.

El texto destaca que, en el contexto chileno, los partidos enfrentan una profunda crisis de confianza, agravada por escándalos de corrupción y una creciente desconexión con la ciudadanía. Además, señala que el proceso constitucional reciente evidenció errores como la exclusión del rol de los partidos en la propuesta de nueva Constitución, lo que reflejó una subestimación de su importancia institucional.

En ese marco, el libro plantea que un nuevo proceso constitucional representa una oportunidad para reposicionar a los partidos en el debate público y fortalecer su rol en el sistema democrático. El trabajo se apoya en investigaciones previas del CED y en una serie de seminarios realizados en 2023, y busca generar un insumo útil tanto para investigadores como para actores políticos interesados en la renovación del sistema de partidos.

Año: 2022

ISBN: 978-956-7815-19-7

A cargo de: Centro de Estudios del Desarrollo y Konrad Adenauer Stiftung

Editores: Claudio Pérez Lillo y Camila Rivas Castillo

Si se mira el mapa de Sudamérica con cierto detenimiento, algo que resulta evidente es que Chile y Perú comparten dos ecosistemas relevantes: el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Y también algunos páramos de altura y zonas desérticas. Todo lo cual hace que exista entre ambos países un inevitable desafío común frente a la impronta, cada vez más intensa, de los cambios climáticos provocados por el calentamiento anormal de la Tierra. Estos han sido activados por la creciente actividad humana en todo el planeta, aunque sus consecuencias son distintas en cada territorio.

El derretimiento glaciar, el aumento de la temperatura del mar, la irrupción de heladas en las partes altoandinas fuera de tiempo son eventos naturales que afectan a los ecosistemas peruanos y chilenos y, a la vez, la calidad de vida de sus habitantes. Como veremos en los siguientes apartados, la cooperación en este terreno ya se está produciendo, pero hace falta fortalecerla en la medida que el tiempo corre en contra de la estabilidad del clima e incluso de la biósfera. No hay forma de afianzar los vínculos bilaterales si no se toma en cuenta la crisis climática.

Año: 2022

ISBN: 978-956-7684-39-7

A cargo de: Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI), Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú (IDEI), Konrad Adenauer Stiftung.

Editores: Paz Milet y Fabián Novak

Desde hace más de una década, el Proyecto Generación de Diálogo Chile-Perú, impulsado por los Institutos de Estudios Internacionales de las universidades de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, busca fortalecer la relación bilateral desde la academia y la sociedad civil. A través de publicaciones, eventos y seminarios, se promueve una visión colaborativa entre ambos países.

Uno de los pilares del proyecto es un programa de pasantías que, desde hace nueve años, permite a jóvenes investigadores chilenos y peruanos desarrollar estudios sobre temas clave para la relación bilateral, promoviendo el intercambio y la cooperación. Los mejores trabajos se seleccionan para su publicación, como ocurre en este volumen de 2022.

Los textos ganadores de esta edición abordan desde distintas miradas temas prioritarios como la cooperación en recursos hídricos, el impacto de la pandemia en la diplomacia, los flujos comerciales bilaterales y las oportunidades conjuntas en el Asia-Pacífico. Todos estos aportes apuntan a construir nuevas dinámicas de integración y entendimiento entre Chile y Perú.

Año: 2023

ISBN: 978-956-7684-41-0

A cargo de: Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI), Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEI), Konrad Adenauer Stiftung.

Editores: Paz Milet y Fabián Novak

A nivel regional, Bolivia es uno de los países con población indígena importante, por ello la temática relacionada con las naciones y pueblos indígenas es uno de los pilares de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Bolivia.

En este sentido, consideramos que pocas son las obras y los autores que han podido elaborar trabajos serios en el ámbito de las ciencias sociales con un especial énfasis en temas de etnicidad y/o indígenas. Uno de los investigadores más sobresalientes en el ámbito de la sociología política contemporánea en Bolivia es, sin ninguna duda, Rafael Loayza, quien con su importante investigación titulada “Halajtayata. Racismo y Etnicidad en Bolivia”, que entre otras cosas está categorizada como una de las diez mejores obras de la ciencia política en nuestro país, hace una profunda radiografía social a uno de los principales problemas que aquejan a todo el país y sus ciudadanos: el racismo.

En esta interesante obra en su cuarta edición, Loayza analiza los complicados procesos históricos en Bolivia que explican cómo se han desarrollado los patrones de convivencia entre ciudadanos, blancos, indígenas, mestizos, hombres y mujeres, por qué estos casos, a través de la socialización política, como explica el autor, llegan a tener un complejo proceso de identidad étnica que determinará al fin su relación y comportamiento frente al Estado Plurinacional. Como podemos entender, los procesos de identidad, y etnicidad pueden ser constantemente confundidos y probablemente contrapuestos. Resumiendo, lo que el autor propone como tesis central es el axioma que existe entre etnicidad y pobreza en nuestro país.

Publicación: 2015

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer Bolivia

Autores: Rafael Loayza Bueno

Esta publicación es el resultado de una investigación centrada en el análisis del discurso periodístico y sus efectos en la sociedad boliviana. El estudio aborda tres dimensiones: teórica, histórica y empírica, y se enfoca especialmente en cómo los medios construyen la agenda pública durante los procesos electorales. Para ello, se recopiló un corpus de publicaciones de seis periódicos nacionales en las dos semanas previas a las elecciones generales de 1985, 1989, 1993, 1997, 2002 y 2005.

La metodología combinó enfoques cuantitativos y cualitativos. En una primera fase, se aplicó el análisis de contenido para identificar los principales actores que aparecen como fuentes en los textos periodísticos, la orientación de sus mensajes y los textos fuente utilizados por los medios. Luego, se realizó un análisis de discurso sobre los titulares representativos, con el fin de examinar los temas que los medios pusieron en debate durante cada campaña electoral.

La investigación fue presentada el 28 de abril en la Universidad Católica San Pablo, con participación de destacados referentes del periodismo nacional. Este trabajo ofrece una base sólida para futuras investigaciones sobre el rol del periodismo en la configuración del debate público en contextos electorales, abriendo un campo fértil para el estudio de las dinámicas mediáticas en Bolivia.

Año: 2015

A cargo de: Universidad Católica Boliviana San Pablo y KAS Bolivia

Autor: Claudio Rossell Arce

La historia económica de Bolivia está marcada por una relación ambivalente con sus recursos naturales, especialmente con la riqueza mineral de Potosí. Mientras el país se enorgullece de la abundancia que ofreció el Cerro Rico durante la colonia, también carga con la frustración de no haber podido aprovechar esa riqueza para su propio desarrollo, lo que dejó secuelas de desigualdad y carencias que persisten hasta hoy.

A lo largo del tiempo, Bolivia vivió diversos ciclos de bonanza —primero con la plata, luego con el estaño—, que generaron expectativas de transformación económica, pero que terminaron reproduciendo un patrón de extracción sin impacto duradero en las regiones productoras. Incluso cuando se intentaron nuevas fórmulas, como la estatización de las minas, se repitieron viejos errores, y las promesas de independencia económica no lograron revertir la desigual distribución de los beneficios.

El auge del petróleo trajo una nueva oportunidad, particularmente en el oriente del país, donde parte de las rentas se logró canalizar hacia el desarrollo local mediante el sistema de regalías. Esta experiencia mostró que cuando existen mecanismos efectivos de redistribución e involucramiento de la sociedad civil, los recursos naturales pueden contribuir al bienestar colectivo, aunque aún persisten desafíos estructurales que limitan su impacto.

Publicación: 2014

A cargo de: Fundación Milenio y Fundación Konrad Adenauer Bolivia

Autores: Juan Antonio Morales (Coordinador), Enrique Araníbar, Luis Carlos Jemio, Mauricio Medinaceli, Germán Molina, Mauricio Ríos, Carlos Schlink.

En el siglo XXI, Bolivia continúa en la búsqueda de su desarrollo. Sin duda, el desarrollo es un concepto social global que involucra no solamente variables monetarias, sino también variables relacionadas con el bien estar de las personas. Surgió como una rama de la economía después de la Segunda Guerra Mundial para poder mejorar el bajo nivel de vida en América atina, África, Asia y Europa Oriental. La idea fue tratar de entender cómo se podía lograr el desarrollo económico y social lo más rápido posible, toda vez que el proceso de crecimiento industrial y el desarrollo que se había visto en Europa Occidental, EEUU y Japón no se había extendido a otras naciones o regiones, proceso que con anterioridad se creía se daría de forma natural.

En este sentido, el desarrollo es la capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear y generar riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. por tanto, es mejor cobertura en salud, mejor calidad educativa, más infraestructura y servicios básicos, es decir, el desarrollo económico es el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento y su efecto distributivo que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación de capital. la presente publicación pretende, desde diferentes miradas, explicar la compleja búsqueda de desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Publicación: 2019

ISBN: 978-99954-1-949-3

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer Bolivia

Coordinadores: Beatriz Cristina Muriel Hernández e Iván Omar Velásquez-Castellanos

Gabriel García Moreno ocupó la presidencia de la República del Ecuador de 1860 a 1875, con un intermedio. No continuó en el poder, luego de ser reelecto de acuerdo a la Constitución vigente, porque fue asesinado el 6 de agosto de 1875.

García Moreno encontró un país profundamente dividido. De hecho, él logró reunificarlo, pues se había fragmentado en cuatro y estaba en peligro de desaparecer. Esta división por ambiciones caudillistas se agravaba por la falta de vías de comunicación en una geografía muy difícil por la presencia de la cordillera de los Andes y las selvas tropicales. Gran parte de la población no se hallaba integrada a la sociedad. Se hablaba sobre todo el quichua y varias comunidades indígenas hablaban otros idiomas minoritarios.

La geografía y la tradición habían establecido la vigencia de tres focos regionales con sus respectivas oligarquías: Quito, Guayaquil y Cuenca. No existía en estos grupos hegemónicos un concepto claro de patria y de nacionalidad.

La economía se hallaba en un nivel precario, sin productos masivos de exportación y con gran parte de la población reducida a la subsistencia. El Estado, con ingresos inseguros y escasos, no alcanzaba a enfrentar las necesidades básicas. Además, se debía pagar la enorme deuda contraída en la guerra por la independencia a acreedores ingleses.

Se debe recalcar que desde 1830 (año de la fundación de la República) hasta 1860 se habían dado treinta alzamientos militares para tomarse el poder, sin contar otras muchas revueltas cuartelarias, con el consiguiente resultado de muertos, heridos, destrucción de bienes e inseguridad permanente.

Plan de gobierno

Frente a esa realidad estableció un proyecto para convertir al Ecuador en un país moderno y asegurar a la población un porvenir seguro y abierto al progreso. Para ello debía garantizar la paz y la seguridad de la población, sanear las finanzas, construir vías de comunicación y ampliar de manera gigantesca la oferta educativa.

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Los objetivos a lograrse requerían un liderazgo firme y honesto. Requerían de la colaboración de funcionarios de conducta intachable, tanto a nivel nacional como local, con un auténtico sentido de servicio a la comunidad y sin búsqueda de beneficios personales, en la línea dada por su ejemplo.

¿Qué hizo Moreno?

Profesionalizó la carrera de las armas con la fundacion de la Escuela de Cadetes. Tecnificó las finanzas públicas. Racionalizó los ingresos (en especial Aduanas y Diezmo, cobrado por el Estado en esa época) y los egresos. Se rodeó de funcionarios probos. Inició la construcción de una red de carreteras carrozables con la que los campesinos podían sacar sus productos a los mercados. Comenzó el trazado del ferrocarril para unir las dos regiones naturales —Sierra y Costa— antes con comunicaciones muy difíciles. Inició el tendido de la línea telegráfica. Elevó los salarios de los trabajadores, generalmente indígenas, en estas obras públicas.

Potenció la educación desde la primaria, a la que declaró obligatoria y gratuita, incluida la indígena con maestras especiales. Fundó una serie de colegios para chicos y chicas. Reformó la Universidad y fundó la Escuela Politécnica, pues pensaba que hacían falta ingenieron para el avance industrial (sus profesores fueron en su mayoría jesuitas alemanes). Fundó centros superiores para las artes. Eliminó la condición económica para elegir y ser elegido.

Su acción política

García Moreno estaba convencido de que sin moral no existe el orden necesario para que la sociedad progrese. La moral, por su parte, solo puede basarse en la religión vivida con autenticidad. Por eso impulsó, con la colaboración de las autoridades eclesiásticas, la reforma del clero y trajo varias comunidades religiosas extranjeras para que se dedicaran a la educación y a las misiones.

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Para facilitar la labor de la Iglesia, firmó con la Santa Sede un Concordato. Se superó así la herencia colonial de la sujeción de la Iglesia al Estado. Se le ha criticado porque en la Constitución de 1869 estableció la condición de ser católico para gozar de la ciudadanía. Para ello partía del beneficio formativo de la fe católica, pero también de que esta era el único vínculo que unía a los ecuatorianos.

«Mártir de la fe»

Las acciones administrativas y políticas de García Moreno nacen de su personalidad profundamente católica. Es verdad que al principio tuvo cierta tendencia liberal. Pero en la madurez siempre actuó dentro de los parámetros de la fe y la moral católica. De allí proviene su inmaculada honradez, la que trasmitió a sus colaboradores. Vivió con caridad práctica la entrega a los demás y la preocupación por los más necesitados del pan material, del espiritual y del intelectual.

Sobre todo en la última etapa de su vida solía con frecuencia entregar fondos de su propio bolsillo para ayudar tanto a personas como a instituciones. También asistía en persona a los exámenes en la Universidad con el fin de constatar el adelanto en las ciencias físicas y naturales, a las que se había dedicado por afición especial durante su estadía en Francia.

Siempre vio en la política una forma de servir a Dios y al prójimo. En los últimos meses de su vida con frecuencia se refería al ofrecimiento que había hecho de su vida a Dios para bien de la Iglesia y de su pueblo, no solo en el servicio público sino en la muerte, posiblemente provocada por sus enemigos, lo cual sucedió el 6 de agosto de 1875.  Por eso, en su tiempo muchos católicos, entre ellos los papas Pío IX y León XIII, le consideraron mártir de la fe.

A los 150 años de su muerte, su ejemplo es de actualidad para todos los políticos deseosos de servir a la comunidad con eficiencia y respeto a la ley y a la moral.

La Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada casi en su totalidad por el oficialismo, aprobó el 1 de agosto pasado una reforma legal que habilita la reelección indefinida de la figura presidencial. En los hechos, esta es una expresión más de la agenda antidemocrática de Nuevas Ideas y su máximo líder, Nayib Bukele. Durante el último año, han acelerado el debilitamiento institucional en el país centroamericano.

Si bien el bukelismo muestra su talante autoritario desde hace tiempo, puede considerarse que en 2025 el despotismo se ha instalado en El Salvador. Desde hace algunos meses se aprueban leyes restrictivas del espacio cívico. Por ejemplo, la de Agentes Extranjeros, que asfixia el funcionamiento de ONGs y medios de comunicación. Mientras, la represión y la censura han arreciado en contra de activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

En este sentido, la aprobación de la reelección indefinida parece ser el último paso hacia la consolidación de un nuevo régimen autocrático en Centroamérica. Se ampara en la popularidad de Bukele y el éxito percibido de sus políticas de seguridad. Con esta reforma, además, Nuevas Ideas dio la última estocada al orden constitucional vigente que, entre otras cosas, salvaguardaba la competencia democrática y la alternancia política.

El fin del orden constitucional

En efecto, la nueva legislación contraviene a numerosos artículos de la Constitución de 1983. Por ejemplo, el artículo 75 establece la pérdida de derechos de ciudadanía a quien promueva la reelección. El 174 prohíbe expresamente los intentos continuistas. Aunado a la propia postulación anticonstitucional de Bukele en los comicios de 2024, se da cuenta de un esfuerzo sostenido desde el oficialismo por quebrantar el sistema que habilitó su propio ascenso al poder.

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Si bien la reelección no niega en sí misma la competencia electoral, esta ley favorece claramente la permanencia de Bukele en el gobierno. Y también la hegemonía de Nuevas Ideas y su colonización del aparato estatal. Por medio de cláusulas como la anticipación de elecciones presidenciales y su concurrencia con los comicios legislativos y municipales de 2027, la reforma no solamente dificulta que una oposición debilitada logre reorganizarse, sino que promueve la consecución de triunfos oficialistas en los diferentes niveles de gobierno, aprovechando el arrastre electoral del actual presidente.

Los entusiastas del bukelismo, por su parte, han insistido en presentar que esta reforma profundiza la democracia en El Salvador. Sostienen que permite que el pueblo siga optando por el mismo líder cuantas veces lo considere necesario. No obstante, esta mirada reduccionista del fenómeno democrático obvia que un régimen carente de garantías legales y contrapesos institucionales puede volcar el poder de las mayorías circunstanciales en su propia contra. También ignoran que anula el pluralismo político y los derechos fundamentales, como afirma Luigi Ferrajoli.

90% of developed countries allow the indefinite reelection of their head of government, and no one bats an eye. But when a small, poor country like El Salvador tries to do the same, suddenly it’s the end of democracy.

Of course, they’ll rush to point out that “a parliamentary…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 3, 2025

¿Una fiebre reeleccionista en América Latina?

Lejos de ser una excepción en el panorama político latinoamericano, el intento reeleccionista de Bukele se inscribe en una tendencia regional —y global— marcada por el ascenso electoral de proyectos antidemocráticos. Una vez instalados en el poder, subvierten la democracia desde dentro. Esta deriva no responde a una ideología única. Responde a una estrategia común: desmantelar el Estado de derecho mediante reformas legales o reinterpretaciones judiciales que clausuran la alternancia. Así, se aleja de la tradición golpista de los autoritarismos del siglo XX.

Durante las dos últimas décadas, los intentos de reelección indefinida en América Latina fueron patrimonio casi exclusivo de la izquierda iliberal. Si bien hubo líderes derechistas que emprendieron procesos similares en sus respectivos países —como Álvaro Uribe en Colombia—, jamás llegaron a perpetuarse en la presidencia por más de dos mandatos. Caso contrario al de Hugo Chávez y Daniel Ortega. Lograron enquistarse en el poder mediante controvertidas y numerosas reelecciones, producto tanto de reformas (anti)constitucionales como de fallos judiciales a modo. 

Bukele, pese a proyectarse como un líder moderno, alineado con las nuevas derechas y abiertamente crítico de regímenes como el venezolano, ha seguido el mismo libreto. En 2021, los jueces impuestos por la Asamblea oficialista avalaron su candidatura para los comicios del año pasado. Ahora, con la reciente reforma, el camino queda despejado para un prolongado ejercicio del poder, favorecido tanto por sus 44 años como por los altos niveles de aprobación que mantiene dentro y fuera del país.

Más fragmentación ideológica

La consolidación del proyecto autoritario en El Salvador plantea un desafío considerable para los gobiernos democráticos de América Latina. Hoy, las derechas moderadas parecen relegadas a un segundo plano en el panorama regional. Parecen desplazadas por propuestas radicalizadas en los ámbitos económico, social y de seguridad, cuyo alineamiento con el bukelismo resulta evidente.

En varios países, el desencanto con administraciones de izquierda ha empujado al electorado hacia opciones derechistas. Al modo de Nuevas Ideas, entrañan riesgos para la democracia, como el bolsonarismo en Brasil . Estas opciones ganado popularidad prometiendo políticas de mano dura inspiradas en el modelo salvadoreño.

El eventual ascenso de estas fuerzas iliberales en los próximos ciclos electorales dificultará aún más la articulación de un frente común contra las autocracias latinoamericanas, sean de izquierda o derecha. Por el contrario, acentuará la fragmentación ideológica regional. Normalizará los dobles raseros a la hora de condenar prácticas autoritarias, según se trate de Maduro, Ortega y Díaz-Canel, o bien, de Bukele.

A ello se suma el estrecho vínculo entre el oficialismo salvadoreño y la administración Trump. Y también la confluencia en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) con otras derechas radicales en ascenso, desde Javier Milei y José Antonio Kast hasta el propio Bolsonaro. Esto seguramente blindará al gobierno de Nuevas Ideas ante futuras sanciones por corrupción o violaciones de derechos humanos, a diferencia de lo ocurrido durante el mandato de Biden.  

Este escenario podría empoderar liderazgos populistas afines a Bukele, como Rodrigo Chaves en Costa Rica. Al mismo tiempo, podría restar credibilidad a los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios regionales por promover la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, ofrece una oportunidad discursiva tanto a las dictaduras de izquierda como a sus redes en la academia, los think tanks y los medios de comunicación regionales para reafirmar la narrativa según la cual el autoritarismo es un fenómeno exclusivo de las derechas, utilizando el caso salvadoreño como su argumento más eficaz.

Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2022, la ceremonia en la Plaza de Bolívar, el corazón histórico de Bogotá, rodeada por el Capitolio Nacional, la Catedral Primada y el Palacio de Justicia, estuvo acompañada incluso por un clima benigno: temperaturas suaves, entre 18 y 20 °C, y un sol que se dejaba ver de a ratos. Fue un acto al aire libre, inclusivo y emotivo, que reflejaba la diversidad cultural y étnica de Colombia.

Entonces tuve la sensación de estar presenciando el inicio de un nuevo tiempo. El contraste con la posesión de Iván Duque era evidente, celebrada en el mismo lugar cuatro años antes, bajo una intensa lluvia y ráfagas de viento que volteaban paraguas, dañaron la escenografía y dificultaron la lectura de los discursos, arruinando la solemnidad del acto.

Un legado pobre

Pero a casi tres años de aquel acontecimiento significativo —cuando la izquierda accedió por primera vez al poder en el único país de América Latina que hasta entonces le había sido esquivo, en un clima de expectativas y esperanza— Petro corre el riesgo de dejar un legado pobre frente a lo que prometía.

El líder de Colombia Humana llegó a la Presidencia con una agenda ambiciosa de reformas: una profunda transformación agraria, la reestructuración del sistema de salud, un giro en la matriz energética hacia fuentes limpias como la solar y la eólica, mejoras en educación, una redistribución más equitativa de los subsidios y políticas orientadas a reducir la desigualdad. También prometió avanzar hacia la anhelada “paz total”.

Sin embargo, de esa larga lista, la reforma laboral es hasta ahora el único cambio estructural aprobado y sancionado. Las demás iniciativas siguen estancadas.

El nuevo marco jurídico del trabajo redefine las reglas entre empleadores y trabajadores. Modifica horarios, tipos de contrato, beneficios y otros aspectos clave. Entrará en vigor el próximo año. Sin embargo, es previsible que sus efectos comiencen a sentirse ya en la segunda mitad de este año, a medida que el sector privado se vea obligado a replantear sus modelos de negocio ante el aumento esperado en los costos laborales.

Aún es pronto para saber si esta reforma impactará de forma decisiva en el rumbo de la economía. En estos tres años de gobierno de izquierda no ha sufrido mayores sobresaltos. Aunque la situación fiscal sigue siendo motivo de preocupación. Sin embargo, junto con la reforma pensional, aún en revisión jurídica, comienza a generar más incertidumbre que certezas. Con Petro en el poder, el corto tramo que resta de su mandato se percibe más cargado de pesimismo que de confianza.

Incluso, aunque ni él ni su gobierno tengan responsabilidad directa, el intento de asesinato del precandidato de derecha Miguel Uribe -quien recibió dos disparos en la cabeza durante un mitin en Bogotá el 7 de junio y continúa internado en estado grave– termina por desdibujar su ambición de lograr la “paz total”. El contexto está marcado por el recrudecimiento de la violencia armada y el aumento de los cultivos de coca.

Una actitud controvertida

El respaldo popular con el que llegó a la Casa de Nariño, junto con su promesa de construir mayorías en torno a una agenda reformista, despertó cierto optimismo. Pero el apoyo de los partidos fue efímero. La ola de cambio pronto perdió impulso, atrapada en el trámite legislativo o sepultada en el debate parlamentario.

No es exagerado decir que resulta muy difícil que este año logre avances sustantivos en sus promesas de campaña. Y es casi imposible que lo haga el próximo, cuando la agenda estará dominada por la carrera electoral y todo gire en torno a la sucesión presidencial.

Si el programa petrista ya ha generado controversias, más aún lo ha hecho la forma en la que el presidente ejerce el poder. Con o sin matices, su manera de gobernar es una de las razones que explican su fracaso, visible también en el terreno de la diplomacia. Petro llegó al poder con legitimidad, capital político y una promesa clara: abrir el sistema a sectores históricamente excluidos y gobernar desde una izquierda democrática. Tenía margen, expectativas y poder. Pero lo desperdició al actuar más como un parlamentario que como un jefe de Estado.

No sabe o no quiere delegar; no sabe coordinar ni corregir. Prioriza la lealtad sobre la idoneidad; el discurso sobre la gestión; el enfrentamiento sobre la negociación. No lideró ni cohesionó. Y cuando el desgaste se hizo evidente, eligió la confrontación en lugar de replantear su agenda de reformas. Su principal error fue no entender que gobernar no es solo tener la razón o repetir consignas. Gobernar exige método, equipo y capacidad de ejecución. En lugar de ampliar su base, se encerró. En lugar de fortalecer la institucionalidad, la despreció.  

Una visión maniquea

Todo esto se sustenta en un discurso populista, acelerado al ritmo de Twitter. Plantea una visión maniquea de la realidad: pueblo contra oligarquía, mayorías explotadas frente a élites corruptas. Un pensamiento binario que divide a la sociedad y a la política entre quienes lo apoyan y quienes, democráticamente, no. La constante amenaza de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es algo que revela más debilidad que fortaleza.

El mandatario volvió a encender la polémica y a polarizar la política al cuestionar la transparencia de las elecciones de 2026 y poner en la mira a Thomas Greg & Sons, la empresa que una vez más se quedó con la licitación para la logística electoral. Según él, el proceso fue manipulado y la firma concentrará ahora más funciones, lo que abriría la puerta al fraude. Desde X, lanzó medidas “antifraude” tan insólitas como reveladoras: que no se usen los bolígrafos provistos por la empresa y que se auditen los kits en cada mesa.

Luchas palaciegas

No solo maneja así la política interna, sino también las relaciones exteriores. En la práctica, es él quien ejerce como canciller al controlar directamente esa agenda. Esto ha provocado la salida de más de un funcionario en ese cargo durante su mandato, en medio de momentos de alta tensión y controversia.

 En todo este tiempo, Petro reorganizó su gabinete en cuatro ocasiones y nombró a más de 50 ministros. Las tensiones no solo se dieron con la oposición, sino también dentro de sus propias filas, entre figuras cercanas y antiguos aliados. En abril, su exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva lo acusó de consumir drogas, señalando que esto explicaría ausencias en actos oficiales y largos retrasos para presentarse incluso a ceremonias del propio gobierno. Petro negó la denuncia y la calificó de calumniosa.

El último escándalo también salpica a Leyva. Según el País de Madrid, habría buscado respaldo en Estados Unidos para sacar a Petro del poder y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez, muy distanciada del mandatario colombiano.

La denuncia, tan explosiva como inusual, apunta a un intento de golpe impulsado desde sectores cercanos al propio gobierno que escaló hasta la misma Casa Blanca. Esto derivó en una nueva tensión diplomática, nada menos que con su principal socio comercial y que supo ser un aliado clave de Washington en la región desde los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) hasta hoy.

Una oportunidad perdida

Del agradable clima del 7 de agosto de 2022, que acompañó la fiesta popular con la que Colombia recibió a su primer presidente de izquierda, hoy solo queda el recuerdo. La atmósfera actual es muy distinta. En estos tres años, Petro privilegió el discurso por encima de la ejecución. Su verborragia política, cargada de consignas, antagonismos y frases efectistas, terminó aislándolo aún más del gobierno real y de los resultados.

La película muestra descarnadamente cómo Petro malgastó el poder por la forma en que lo ejerció. Contribuyó a una administración sin rumbo y una popularidad en declive. La oportunidad fue real. El fracaso, también.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es bicameral, compuesta por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, cada una con autonomía para aprobar su reglamento interno conforme a la Constitución. Esta autonomía no es nueva, pues desde la Constitución de 1967 ambas cámaras tenían la facultad de dictar sus propios reglamentos, siendo el Reglamento General de la Cámara de Diputados de 1997 el principal documento utilizado hasta 2010.

Entre 2006 y 2010, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y FUNDAPPAC, se elaboró una “Guía Parlamentaria” que orientaba sobre el Congreso y procedimientos legislativos basados en la Constitución de 1967 y el reglamento de 1997. Sin embargo, con la nueva Constitución de 2009 y la actualización del reglamento en 2010, esta guía quedó obsoleta, motivando la necesidad de un nuevo texto acorde al marco legal vigente.

La guía actual se basa en los reglamentos vigentes de ambas cámaras, aprobados en 2010 y 2012 respectivamente, que regulan el funcionamiento cotidiano de la Asamblea. Aunque no hay una norma expresa, se considera que el reglamento de la Cámara de Diputados tiene prelación para la organización legislativa, sin menoscabo del de Senadores, que complementa en aspectos específicos. El objetivo es ofrecer herramientas prácticas para legisladores y personal, facilitando el trabajo parlamentario mediante la exposición de diferencias y características de cada cámara.

Publicación: 2024

A cargo de: Konrad-Adenauer-Stiftung Bolivia

Autor: Julián Cors Cors

Este estudio analiza la percepción y opinión de los bolivianos sobre la democracia a lo largo de 25 años, destacando la importancia de la participación ciudadana y la confianza en las instituciones democráticas para el buen funcionamiento del sistema. Utiliza datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), que realiza encuestas periódicas en Bolivia desde finales de los 90, permitiendo comparar la evolución de actitudes democráticas en el país y la región.

La encuesta más reciente, realizada en 2023 por Ciudadanía con apoyo de LAPOP y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), entrevistó a 1.706 personas representativas de la población adulta urbana y rural en todo Bolivia, con un riguroso control de calidad en el proceso de recolección de datos. El cuestionario permitió evaluar múltiples aspectos sobre democracia, valores, instituciones y participación ciudadana, con resultados comparables internacionalmente.

El informe se compone de diez capítulos que abordan temas variados relacionados con la cultura política boliviana, presentando datos gráficos y análisis estadísticos para facilitar la comprensión. Aunque no cubre todos los temas posibles, la publicación ofrece una visión actualizada y valiosa para la reflexión y el fortalecimiento de la democracia en Bolivia.

Publicación: 2025

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer Bolivia y Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública

ISBN: 978-9917-34-066-9

Autores: Daniel Eduardo Moreno Morales, Ramiro Gastón Orias Arredondo, Daniela Osorio Michel, Alejandra Ramírez Soruco, Vivian Schwarz, Santiago Quiroga, Gonzalo Vargas, Maria Teresa Zegada, Ricardo Dacosta, Claudia Arce, Eduardo Córdova

La economía informal en países en desarrollo, como Bolivia, crece debido a la incapacidad del sector formal para generar empleo digno en un contexto de aumento de la fuerza laboral y migración rural-urbana. Este sector informal se caracteriza por la precariedad laboral y altos niveles de pobreza, afectando especialmente a quienes trabajan en él. En Bolivia, la informalidad ha crecido de forma acelerada desde 1982, alcanzando un 62,3 % del PIB, impulsada también por procesos económicos como la privatización y las caídas en los precios de productos básicos, que provocaron cierre de industrias y aumento del desempleo.

El crecimiento de la economía informal se ha convertido en un fenómeno global y estructural, no temporal ni marginal. En Bolivia, la urbanización acelerada y la dependencia del extractivismo han reforzado el sector informal, especialmente en actividades terciarias como comercio y servicios. La fragilidad institucional y la falta de gobernanza adecuada agravan esta situación, pues políticas ineficaces, ausencia de marcos jurídicos protectores y mala aplicación de leyes impiden que la informalidad disminuya y que los trabajadores informales reciban reconocimiento y protección legal.

La Fundación Konrad Adenauer en Bolivia ha promovido esta investigación con el objetivo de entender mejor la informalidad y ofrecer insumos para la formulación de políticas públicas que enfrenten esta compleja realidad. El estudio destaca la necesidad de fortalecer la gobernanza y los marcos institucionales para reducir la informalidad y mejorar las condiciones laborales en el país.

Publicación: 2022

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer Bolivia

ISBN: 978-99954-1-957-8

Autores: Georg Dufner e Iván Velásquez

La Fundación KAS y la Fundación INESAD presentan un análisis integral sobre la calidad del crecimiento económico en Bolivia, resaltando la necesidad de un desarrollo que sea estable, inclusivo y sostenible en el tiempo. Este crecimiento debe promover innovaciones tecnológicas, mejorar el capital humano y físico, y garantizar igualdad de oportunidades para todos, con un enfoque que también considere la sostenibilidad ambiental y el bienestar intergeneracional.

El estudio aborda aspectos clave como la débil innovación tecnológica en el país, la relación entre la calidad institucional y la desigualdad, y el papel del comercio exterior, especialmente las exportaciones de gas natural, en la reducción de la pobreza. Además, destaca el desarrollo del sistema financiero y su contribución a la inclusión social, así como la importancia de la infraestructura en telecomunicaciones, aunque señala persistentes desigualdades en el acceso, particularmente en áreas rurales.

Finalmente, se analizan temas sociales como las desigualdades en el acceso a la salud y los avances en cobertura y equidad, junto con las mejoras en oportunidades educativas, que han aumentado en acceso pero enfrentan desafíos en la calidad del aprendizaje para los grupos más vulnerables. En conjunto, el análisis revela tanto los progresos como las limitaciones que Bolivia debe superar para lograr un crecimiento económico verdaderamente de calidad y con impacto social positivo.

Publicación: 2022

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer Bolivia

ISBN: 978-9917-605-24-9

Autores: Beatriz Cristina Muriel Hernández e Iván Omar Velásquez-Castellanos

En las últimas dos décadas, las redes sociales han crecido y evolucionado rápidamente, facilitando la difusión masiva de información, pero también de desinformación, noticias falsas y engañosas. Esta desinformación se propaga más rápido y con mayor alcance que la información veraz, causando daños significativos como la interferencia política, la difamación y la pérdida de confianza en instituciones y sociedad.

La desinformación no es un fenómeno nuevo; ha existido desde hace siglos como herramienta política y social. Sin embargo, la tecnología digital ha amplificado su alcance y velocidad, generando graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos, como se evidenció en elecciones recientes y la pandemia de COVID-19. La desinformación polariza políticamente y debilita la confianza pública.

El libro “Verdades y mentiras en los tiempos de la desinformación”, compilado por Renán Estenssoro, analiza este fenómeno en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú desde tres perspectivas: los bulos políticos electorales, las teorías conspirativas y movimientos antivacunas, y el rol del periodismo y la alfabetización mediática para combatirla.

La Fundación Konrad Adenauer considera la desinformación un problema ligado a los derechos humanos, pues prospera donde hay limitaciones a la libertad de expresión y un sistema informativo débil. La protección de estos derechos es clave para enfrentarla, apoyando una sociedad crítica y diversa.

Esta publicación busca fomentar el debate y la comprensión de un problema que afecta a la democracia y la sociedad en la era digital.

Publicación: 2022

A cargo de: Fundación para el Periodismo y Fundación Konrad Adenauer Bolivia

ISBN: 978-9917-9933-8-4

Autores: María Silvia Trigo Moscoso, Laura Irene Zommer, Luis David Hidalgo Vega, Erika Lorena Astudillo Fierro, Pablo Andrés Rivero Morales, Carolina Méndez Valencia, Pablo César Peralta Miranda, Jesús Ramiro Vargas Villena, Ramón Grimalt Oblitas, Juan Carlos Salazar del Barrio, Isabel Mercado Heredia

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) ha trabajado por más de 55 años en Bolivia, enfocándose en la democracia y el Estado de Derecho. Bolivia inició su camino democrático en 1982, tras años de gobiernos militares e inestabilidad. Esta publicación evalúa los 40 años de democracia en el país, analizando su calidad, evolución y perspectivas hacia el bicentenario.

El estudio aborda la democracia desde una visión multidimensional, examinando tanto la democracia liberal tradicional como el modelo de democracia intercultural vigente en Bolivia, que incorpora nuevas formas de participación ciudadana y reconocimiento de la diversidad cultural. Se revisan momentos clave, procesos electorales y cambios institucionales recientes para ofrecer un balance de avances y desafíos en la construcción de una democracia más inclusiva y de mejor calidad.

Publicación: 2022

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer Bolivia

ISBN: 978-9917-9933-9-1

Autores: Iván Velásquez-Castellanos y Bernarda Flores Ivanovic

El periodismo judicial tiene como objetivo informar con claridad y responsabilidad sobre las actuaciones de los órganos encargados de impartir justicia, procurando que estos temas sean comprensibles para el público general y respetando siempre los derechos humanos y las libertades fundamentales. Consciente de los desafíos que implica cubrir temas judiciales, ERBOL impulsó la creación de esta guía para ofrecer orientaciones concretas que ayuden a los periodistas a conciliar derechos que a menudo entran en tensión, como el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la presunción de inocencia.

El documento es un esfuerzo colectivo que reúne marcos normativos, principios éticos y recomendaciones prácticas para el tratamiento informativo de procesos judiciales. Se propone como una herramienta útil para lograr una cobertura que respete la dignidad de las personas, promueva el debido proceso y supere tanto la urgencia por informar como el secretismo judicial.

Desde la convicción de que el buen periodismo puede marcar la diferencia en la construcción de una sociedad democrática, esta guía busca contribuir a un periodismo judicial al servicio de la gente: riguroso, ético y comprometido con el derecho del público a estar informado.

Publicación: 2022

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung – Educación Radiofónica de Bolivia

Autores: Ramiro Orias Arredondo, Susana Saavedra Badani, Moyra Sandoval Calvimonte, Cristian Marcelo Alanes Flores, Iván Ramos Parada y Patricia Flores Palacios

El séptimo documento del Proyecto Generación de Diálogo Perú-Chile, impulsado por el IDEI de la PUCP y el IEI de la Universidad de Chile con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, aborda las posibilidades de cooperación bilateral en materia de energía, agua y medio ambiente. A través de cuatro estudios realizados por especialistas de ambos países, se analizan políticas energéticas, potencial de energías renovables, escenarios de integración eléctrica y gestión compartida del agua. La publicación busca generar propuestas concretas que fortalezcan la relación entre Perú y Chile mediante la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la colaboración regional.

Publicación: 2014

A cargo de: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), Universidad de Chile, Konrad Adenauer Stiftung Chile y Perú

ISBN: 978-9972-671-20-3

Autores: Ana Lya Uriarte, Edmundo Claro, Pedro Gamio y Bert de Bièvre

El Plan Nacional de Derechos Humanos (2005-2010) fue un hito clave en el Perú para establecer un compromiso político estatal tras dos décadas de violencia y destrucción del Estado de derecho. Su objetivo fue implementar una agenda integral de derechos humanos y organizar políticas públicas basadas en estos principios. Esta iniciativa se enmarcó en una tendencia internacional que promueve el enfoque de derechos humanos como eje transversal en las políticas estatales.

El proceso contó con la participación de casi 3000 instituciones en audiencias públicas y la formación de equipos regionales, lo que llevó también a la elaboración de planes regionales en derechos humanos en varias regiones. Sin embargo, para 2013 se percibía un avance limitado, debido a la falta de voluntad política, recursos, planificación adecuada y débil apropiación por parte de la sociedad civil.

La investigación busca analizar los límites y alcances del Plan Nacional y de planes regionales en Junín y San Martín, considerando su rol como instrumentos de política pública con enfoque en derechos humanos. La hipótesis es que ni el plan nacional ni los regionales llegaron a constituirse plenamente como herramientas de decisión pública por deficiencias técnicas, administrativas y políticas, además de escaso arraigo local y limitada incidencia social.

El estudio realiza un análisis institucional y sociopolítico para entender los procesos detrás del diseño e implementación de estos planes y propone extraer lecciones para futuras iniciativas similares.

Publicación: 2014

A cargo de: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y Konrad Adenauer Stifung Perú

ISBN: 978-612-4206-37-5

Autores: Renata Bregaglio Lazarte, Renato Constantino Caycho y Carmela Chávez Irigoyen

Los Institutos de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Chile presentan el noveno volumen de la serie Generación de Diálogo Perú-Chile / Chile-Perú, desarrollado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Este volumen reúne cuatro ensayos de especialistas que abordan el papel de la educación en el futuro de la relación bilateral.

Los estudios analizan cómo los sistemas educativos pueden fortalecer la confianza y la integración entre ambos países, proponiendo medidas para implementarse en colegios públicos. Se destaca la educación como un bien público clave para formar ciudadanos tolerantes y respetuosos, y se subraya la importancia del trabajo familiar complementario para erradicar prejuicios históricos. Asimismo, se plantea la necesidad de transformar la educación, que hasta ahora ha perpetuado recelos, en una herramienta para promover la tolerancia y la cooperación.

Esta publicación busca aportar ideas que fomenten una relación armoniosa basada en la confianza y la integración entre Perú y Chile.

Publicación: 2014

A cargo de: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), Universidad de Chile, Konrad Adenauer Stiftung Chile y Perú

ISBN: 978-9972-671-29-6

Autores: León Trahtemberg, Mercedes García de Valenzuela, Mariana Aylwin y Silvia Eyzaguirre