Política, Ética y Economía Social de Mercado

Una actualización que reafirma la importancia de integrar la ética a la economía, incorporando un nuevo enfoque sobre la economía social de mercado basado en la responsabilidad y la solidaridad.

Por: Redacción 2 Ago, 2025
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La tercera edición del libro de Josef Thesing reafirma la importancia de vincular la ética con la economía, un principio clave de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta edición, mejorada y ampliada, incluye un nuevo capítulo sobre la “Economía social de mercado como orden económico”, que enfatiza la responsabilidad y la solidaridad.

En un contexto marcado por crisis económicas y fallas éticas, como señaló el Papa Benedicto XVI, Thesing destaca la centralidad de la persona humana, la dignidad y el fortalecimiento del bien común como pilares para una sociedad próspera. Además, subraya la necesidad de justicia distributiva e inclusión económica, así como el papel fundamental de la democracia para el progreso humano.

La obra conecta ética, democracia y economía social de mercado, planteando que solo bajo estos principios una sociedad puede desarrollarse de manera verdadera y sostenible. Esta edición, apoyada por el Instituto de Estudios Social Cristianos y la Fundación Konrad Adenauer, busca aportar al debate público sobre estos temas urgentes.

Publicación: 2015

Publicación: Instituto de Estudios Social Cristianos y Konrad Adenauer Stiftung Peru

Autor: Josef Thesing

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Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.

Premio 2015: Integración y Buena Vecindad Chile-Perú / Perú-Chile

Una iniciativa académica que busca tender puentes entre Perú y Chile, impulsando el diálogo y la buena vecindad a través de la reflexión y el conocimiento compartido.

Por: Redacción 2 Ago, 2025
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El Proyecto Generación de Diálogo Perú-Chile, impulsado por los institutos de estudios internacionales de la PUCP y la Universidad de Chile, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, busca desde hace más de cinco años fortalecer la relación bilateral mediante el diálogo, la confianza y el entendimiento mutuo.

A través de publicaciones académicas, seminarios, becas y actividades públicas, el proyecto ha abordado temas clave como educación, historia, comercio, seguridad y medios. En este marco, se creó el Concurso Integración y Buena Vecindad, que premia trabajos académicos que promuevan la relación entre ambos países.

Este documento presenta el estudio ganador del concurso 2015, elaborado por Kevin Tello Aguinaga (Perú), junto a otro trabajo de Néstor Guerrero Soto (Chile), que analizan desde distintas perspectivas los imaginarios y tensiones históricas entre ambos países. Estos aportes de la sociedad civil buscan contribuir a una relación más sólida y constructiva entre Perú y Chile.

Publicación: 2015

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: Kevin Tello Aguinaga y Néstor Guerrero Soto

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Alianza del Pacífico: Situación, Perspectivas y Propuestas para su Consolidación

Con avances concretos y respaldo político y empresarial, este proceso de integración regional renueva la esperanza en una cooperación eficaz y sostenible.

Por: Redacción 2 Ago, 2025
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El libro ofrece el primer estudio integral sobre este bloque de integración en Perú. La obra analiza los avances logrados en los pilares fundamentales de la Alianza, sus perspectivas a futuro y propone recomendaciones para consolidar el proceso.

El contenido está estructurado en cinco partes: los antecedentes de la integración regional y el Foro del Arco del Pacífico; la creación, estructura y actores clave de la Alianza; los avances en sus pilares (circulación de bienes, servicios, capitales, personas y cooperación); las relaciones externas del bloque con otras regiones y organismos; y, finalmente, propuestas para fortalecer el proceso.

Dirigido a autoridades, académicos, especialistas y al público general, el libro busca fomentar el análisis crítico y contribuir al desarrollo de políticas que consoliden una integración eficaz, legítima y sostenible en América Latina.

Publicación: 2015

ISBN: 978-9972-671-33-3

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: Fabian Novak y Sandra Namihas

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La política exterior peruana en el siglo XXI : Agenda y propuestas

Una mirada integral a los principales desafíos, prioridades y oportunidades de la política exterior del Perú en el contexto global actual, con propuestas concretas para fortalecer su proyección internacional en el siglo XXI

Por: Redacción 2 Ago, 2025
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Desde su fundación en 1991, el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha dedicado una parte central de su trabajo a investigar la política exterior peruana. A través de diversas publicaciones, primero abordó relaciones históricas con potencias mundiales poco estudiadas en la bibliografía nacional, luego analizó vínculos con países vecinos desde nuevas miradas, y más recientemente se enfocó en procesos regionales como la Alianza del Pacífico.

En esta nueva obra colectiva, el IDEI analiza los principales desafíos de la política exterior peruana actual, propone recomendaciones para el futuro y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la posición internacional del Perú. La publicación está dividida en cinco partes: el escenario internacional y la proyección del Perú; los retos en la política bilateral; los desafíos económicos y comerciales; la participación multilateral y en procesos de integración; y temas globales como seguridad, medio ambiente, democracia y derechos humanos.

Cada sección fue elaborada por destacados diplomáticos, académicos y especialistas, consolidando así el papel del IDEI como referente académico en el estudio y desarrollo de la política exterior del país.

Publicación: 2016

ISBN: 978-9972-671-34-0

Editorial: Interactiva Studio

Autores: Javier Alcalde, José Antonio García Belaúnde, Fabián Novak, Luis Miguel Castilla, Luzmila Zanabria, Jorge Valdez, Farid Kahhat, Jaime García, Josefina del Prado, Javier Illescas, Silvia Hooker, Francisco Sagasti, Romeld Bustamante, Hugo de Zela, Sebastien Adins, Sandra Namihas, Jorge Lázaro, Hugo Palma, Jorge Caillaux, Manuel Ruiz, Diego García-Sayán.

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Estudio de Seguridad y Crimen Organizado Transnacional en Centroamérica

Una propuesta para fortalecer la respuesta regional al crimen organizado mediante mayor transparencia, prevención, control de armas y lucha contra la corrupción y la impunidad.

Por: Redacción 2 Ago, 2025
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La inseguridad ciudadana es identificada por la población en la mayoría de los países del Istmo Centroamericano como el principal problema nacional, junto con los problemas económicos. Sumada a la grave amenaza del crimen organizado, se ha convertido también en uno de los principales y más complejos desafíos para la estabilidad de las sociedades centroamericanas y sus gobiernos, llegando en algunos casos a amenazar la gobernabilidad democrática.

A pesar de los esfuerzos realizados por cada gobierno en sus respectivos países, las redes criminales transnacionales —con sus vastos recursos económicos y tecnológicos, aprovechando todas las ventajas que les brinda la globalización y operando regionalmente al margen de la ley— exigen respuestas regionales. Sin embargo, la región no está preparada para ello ni desde el punto de vista legislativo, ni en términos de recursos, capacidades operativas o institucionalidad.

Los gobiernos de la región están intentando superar esas limitaciones y enfrentar el problema de manera regional, coordinando estos esfuerzos con sus políticas nacionales.

Este trabajo pretende ser un aporte de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (laRED), en formato de “Policy Paper”.

Publicación: 2011

ISBN: 978-9929-554-95-5

A cargo de: Fundación Konrad Adenauer y Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia –laRED–

Editores responsables: Tjark Egenhoff y Eduardo Stein

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Democracias fragmentadas: ¿más partidos significa más representación?

Crece la tendencia de formar nuevos partidos y amenaza con aumentar la fragmentación política e ingobernabilidad. Este análisis presenta una radiografía de los partidos en Latinoamérica la crisis que atraviesan las agrupaciones políticas tradicionales.

Por: Agustina Lombardi 31 Jul, 2025
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La propuesta de formar nuevos partidos cuando el statu quo no parece satisfacer las necesidades ciudadanas no es una novedad. De hecho, varios presidentes de la región llegaron a ocupar el cargo luego fundar su propio partido. Otros fundaron su organización una vez en el poder. Javier Milei, en Argentina, con La Libertad Avanza; Nayib Bukele con Nuevas Ideas en El Salvador; Rafael Correa con Alianza País en Ecuador; Alejandro Toledo con País Posible en Perú; y Hugo Chávez el Movimiento Quinta República en Venezuela, son algunos ejemplos.

Una investigación reciente de Diego Luján y Jennifer Cyr, Partidos políticos y mecanismos de vinculación en América Latina, señala que ciertos cambios coyunturales “han vuelto conveniente, para los políticos interesados en competir electoralmente, basar sus campañas en estrategias no partidarias”. Y agregan que el declive partidista dio lugar a “conexiones de carácter personalista que se sostienen sobre una retórica antipartidista que impugna las formas tradicionales de intermediación política”.

¿Cómo se desarrolla esta tendencia en América Latina? 

Recientemente, el expresidente boliviano Evo Morales se deslindó del MAS —fundado en 1997— y pasó a fundar Evo Pueblo, que lleva su propio nombre. Para Luján y Cyr, “el auge de las campañas centradas en los candidatos se relacionan con el auge del personalismo electoral en América Latina”. A raíz de tensiones internas con el presidente Luis Arce, Morales conformó esta agrupación de izquierda con indígenas y campesinos que apoyan su candidatura para las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Aunque se encuentra imposibilitado judicialmente. 

Sean outsiders o viejos líderes políticos como Morales, la creación de nuevos partidos y la oposición a los mecanismos tradicionales es una estrategia política que demuestra victorias en varios casos. 

Continente multipartidista

[Lee también: ¿Por qué votamos autoritarismos inciertos?]

La simple constatación de la cantidad de partidos por cada país latinoamericano no es suficiente para afirmar un aspecto de la coyuntura política regional. Sí se confirma que América Latina es un continente multipartidista de pluralismo extremo al considerar que hay más de seis partidos en la mayoría de los países. Según esta categorización de Giovanni Sartori, existen oposiciones bilaterales ideológicas y el centro suele estar ocupado por partidos más institucionales o de gobierno. En general, en estos ámbitos, las negociaciones son más difíciles y hay una doctrina extremista que alimenta los discursos de los márgenes. La sobreoferta de partidos multiplica las promesas y el sistema puede tornarse inestable. 

¿Es sencillo armar un partido? 

Generalizar las particularidades exigidas a la hora de formalizar una agrupación política y ahondar en comparaciones es delicado. Varía de acuerdo al sistema electoral de cada país. Es decir, el conjunto de normas y procedimientos para regular la actividad política. Además de los requisitos formales (cantidad de firmas, personería jurídica, recursos), la obligatoriedad del voto es una variable que tiene mucho que ver con el compromiso y estabilidad de los partidos. 

De todos modos, al menos once países latinoamericanos tienen más de 20 partidos políticos inscritos a nivel nacional. Esto señala un alto nivel de fragmentación política

Perú, por ejemplo, es un sistema caracterizado por la volatilidad electoral extrema, con más de 40 partidos políticos registrados. El colapso del sistema tradicional luego del fujimorismo generó una sucesión de outsiders en la Presidencia, desde Alejandro Toledo hasta los gobiernos más recientes. La fragmentación peruana se explica por la herencia autoritaria del fujimorismo, la debilidad institucional crónica, la personalización extrema de la política y la ausencia de partidos con raíces sociales sólidas. En el presente, esta situación resultó en un estado de ingobernabilidad, crisis de representación permanente y ausencia de continuidad en las políticas públicas. 

Otro caso en Latinoamérica es el de Ecuador. Previo a las elecciones anticipadas de 2023, surgieron los llamados “partidos de alquiler”. Estos movimientos actúan como vehículos disponibles para candidatos que no tienen partido propio o que no pueden postularse a través de las organizaciones tradicionales. Mediante la Ley Electoral, encontraron un camino para saturar la política. Eso hizo que el Consejo Nacional Electoral del país tuviera un registro de 279 agrupaciones con intereses políticos en varios niveles de gobierno para esas elecciones. 

La tendencia de aceleramiento en la creación de partidos se apoya en la desconfianza hacia la institución que constata el Barómetro de las Américas. Con algunas fluctuaciones en los últimos 20 años, para 2024 se observa hasta un 40% de diferencia entre los que más y menos confían. 

¿Por qué desconfiar del sistema? Luján y Cyr señalan que la irrupción tecnológica y de medios digitales debilitó el rol histórico de los partidos políticos porque la transmisión de información se da sin intermediación de estructuras y autoridades partidarias. Además, explican que la “activación de issues específicos”, nuevas identidades y transformaciones de grupos sociales del mercado laboral, por ejemplo, generan nuevas formas de vinculación, ancladas en la tecnología. 

Estados Unidos se contagia

Luego de colaborar con Donald Trump, durante los primeros meses de su segundo mandato en EEUU, Elon Musk anunció la formación de un nuevo partido político. Musk dijo en X:  “Vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia. Hoy se forma el America Party para devolverte tu libertad». 

Elon Musk apoyó a Trump durante su campaña electoral. Jugó un rol protagónico y prometió volver más eficiente al aparato estatal. Sin embargo, la amistad entre ambos se rompió y Musk dice representar el 80% del centro del espectro político, un sector que desde su visión incluiría a moderados descontentos con el bipartidismo tradicional

Incluso para el hombre más rico del mundo existen varias limitaciones. El hecho de haber nacido en Sudáfrica le impediría ser candidato presidencial. Pero más allá de eso, su partido debería cumplir regulaciones en los 50 estados.  

Tradición, ¿salvaguarda democrática?

Crear un nuevo partido puede parecer disruptivo y podría esgrimirse como acción democrática: permite dar voz a sectores olvidados, renovar el sistema e introducir nuevas ideas.  

Sin embargo, existen riesgos. Inundar el sistema de partidos de formaciones efímeras y atadas a figuras políticas con alta visibilidad puede tener efectos negativos. El primero y principal se refleja en una fragmentación extrema, lo que lleva a una inestabilidad del sistema y, sobre todo, a fomentar los personalismos. Justamente, uno de los pasos previos del autoritarismo. 

La fragmentación podría interpretarse de forma ambivalente según qué se observe. Por un lado, ha facilitado la representación de diversos sectores sociales. No obstante, también ha perjudicado la gobernabilidad ya que las negociaciones para formar mayoría se han complejizado demasiado. Esto repercute en las capacidades de un gobierno para implementar una agenda coherente. 

Para sostener alianzas y pactos es necesario prometer y repartir recursos así como cargos, lo que incentiva aún más la fragmentación. Pero lo que es más peligroso, pone por encima de los debates políticos una suerte de esquema transaccional que puede promover el clientelismo y el transfuguismo ante el mejor postor. 

El objetivo de los partidos en democracia es el de ser conectores de la ciudadanía con el Estado, no el de transportar ambiciones individuales.

Agustina Lombardi

Agustina Lombardi

Editora adjunta de Diálogo Político Periodista. Licenciada en Comunicación por la Universidad de Montevideo. Posgrado en Comunicación Política por la UM.

¿Por qué votamos posiciones inciertas?

El radicalismo político surge a partir de una frustración con los partidos tradicionales, que motiva al electorado a optar por nuevos liderazgos.

Por: Franco Delle Donne 30 Jul, 2025
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El 21 de septiembre de 2021 todavía existía Twitter. Ese día Nayib Bukele, uno de los políticos con mayor cantidad de seguidores, al menos en Latinoamérica, cambió su descripción: “El dictador más cool del mundo mundial”. A primera vista se podría interpretar como una burla hacia sus detractores. Sin embargo, la frase oculta algo más. Se trata de un mensaje que marca un cambio en algunas elites políticas actuales que consideran a las tendencias autoritarias como mecanismos viables para defender sus posicionamientos.

En otras palabras, la legitimidad obtenida a partir de la expresión ciudadana mediante elecciones pasa a convertirse en un axioma irrefutable e indiscutible en el tiempo. No hay lugar para los díscolos, no se acepta la presencia de una oposición o medios de comunicación críticos. El pensamiento debe estar alineado a lo que decide y propone el presidente.

[Lee también: El reto de una democracia sexy]

Estamos en presencia de un radicalismo político. Erosiona el valor de la democracia al despreciar sus instituciones: los contrapesos del poder y sobre todo la libertad de pensar diferente al gobierno. Ante este escenario resulta contraintuitivo el crecimiento del apoyo hacia fuerzas políticas que adhieren a ese radicalismo. En diferentes países las propuestas radicalizadas, polarizantes y excluyentes ganan adeptos. Y, con ello, los partidos tradicionales quedan desplazados. Algunos hasta se plantean un falso dilema: desaparecer o copiar el discurso de confrontación al máximo. El resultado son sociedades divididas y sin puntos de reconciliación. ¿Por qué hay una preferencia a votar estas opciones políticas en lugar de apoyar partidos que busquen el consenso?

Captura de pantalla, cuenta de Twitter de Nayib Bukele.

Atracción fatal

Hay un denominador común entre las causas que llevan a un partido radicalizado al poder: la frustración con los partidos tradicionales. Se puede afirmar que esta es una condición necesaria para que un electorado prefiera votar algo novedoso, más allá de sus propuestas concretas. Ya sea por corrupción, desencanto o falta de respuestas ante una crisis, la frustración ante la oferta política suele estar entre los disparadores de la aceptación de un nuevo liderazgo.

Ejemplos de ello es la aparición de fuerzas como la que actualmente gobierna en Argentina. El presidente Javier Milei, durante su campaña electoral, sostenía un discurso disruptivo que planteaba una serie de medidas extremas para terminar con “la decadencia de Argentina”. Se hablaba de la eliminación del Banco Central, la eliminación de varios impuestos, un recorte radical del Estado, la libre portación de armas y la ruptura de relaciones internacionales con diversos países. De hecho, el símbolo de su propuesta se sintetizó en una motosierra con la que cortaría lo que fuera necesario cortar.

Sin embargo, el sustento de esa propuesta no era más que ese discurso. Su fuerza política llevaba apenas dos años activa y otro tanto constituía su experiencia política como diputado nacional. Las dudas sobre las posibilidades de implementar semejante programa político, su viabilidad y hasta su conveniencia estaban presentes. Pese a todo, Milei se impuso en segunda vuelta y consiguió la Presidencia. El electorado prefirió arriesgarse a una propuesta desconocida, arriesgada y con efectos inciertos, antes que volver a apostar por lo anterior. Su frustración fue más fuerte.

Javier Milei, con una motosierra a su llegada a la Conferencia de Acción Política Conservadora. 2025. Foto: Wikimedia Commons

El “otro social”

La desconfianza en los partidos tradicionales activa el relato de “indignación moral” que señala el académico Pierre Ostiguy. Los líderes radicalizados lo aprovechan eficientemente. Dicho relato argumenta la existencia de un “pueblo” que no es escuchando por su clase dirigente, que solo se ocupa de defender los intereses propios y de ciertas minorías. Allí es donde ingresa el discurso populista, que combina el sentimiento antiestablishment con la construcción del “otro”.

La construcción de un “otro social” es útil para condensar el descontento y aprovecharlo políticamente. Para la politóloga María Esperanza Casullo y Ostiguy, ambos expertos en populismo, es un elemento clave en la narrativa populista. Representa a aquellos grupos que son señalados como enemigos o amenazas, incluso competidores por los recursos disponibles. A través del “otro social” se canaliza la ira del pueblo en un adversario fácilmente identificable.

Puede variar según el contexto y la posición ideológica. Los autores señalan, por ejemplo, que para sectores de izquierdas ese otro social apunta “hacia arriba”. Es decir, contra el poder económico, las grandes corporaciones o la casta política. En cambio para las derechas, ese elemento narrativo se dirige hacia “afuera” o hacia “abajo”. Se orienta a poblaciones vulnerables o consideradas foráneas, como migrantes, que serían protegidas de la elite. En los últimos años las expresiones derechistas también han incorporado a la casta política a su lista. Refiere a políticos ubicados en las antípodas ideológicas y también a los centristas o conservadores considerados traidores y cómplices de la supuesta decadencia.

En cualquier caso, el ataque al “otro social” se ha radicalizado a tal punto que la propia lógica narrativa lleva a conclusiones dramáticas. Se suele hablar de “colgar” a los políticos ineptos o corruptos, así como de la necesidad de expulsar o incluso eliminar a esa supuesta amenaza para impedir una pérdida mayor. Esta última puede representar aspectos muy concretos y materiales como los recursos estatales, el empleo disponible o la vivienda. También puede referirse a símbolos y abstracciones como la identidad cultural o nacional en un país determinado. El peso emocional del segundo grupo es un elemento movilizador muy potente ya que se conecta con la propia definición de la identidad personal de un ciudadano.

¿Tolerancia a comportamientos autoritarios?

Ante crisis económicas, recurrentes en nuestras latitudes, la propuesta radicalizada se ha constituido como una alternativa a los partidos preexistentes. El crecimiento de su apoyo social se sostiene en el hartazgo generalizado, la indignación moral y la inteligente narrativa excluyente. No se trata de su contenido, sino de haber logrado que sea percibida como una válvula de escape ante la desesperación.

[Lee también: Contrastes: Bukele y su política de seguridad, ¿sí o no?]

Es importante comprender que en la aceptación de su relato también se asume una tolerancia a comportamientos autoritarios. En pos de un supuesto beneficio mayor, o en este caso, de eliminar viejas injusticias, se admiten actitudes que están por fuera del marco democrático más básico. Perseguir a la oposición y la prensa, tildar de enemigos del pueblo a cualquier crítico, avanzar sobre la justicia y reformar convenientemente la constitución son algunas de las prácticas radicales que los nuevos partidos, movimientos y fuerzas políticas están aplicando en todo el mundo. Y el problema es que esa tendencia nos puede llevar a tener cada vez más “dictadores cool”.

Franco Delle Donne

Franco Delle Donne

Doctor en Comunicación Política por la Freie Universität Berlin. Especialista en política alemana. Creador de «eleccionesenalemania.com», único blog de análisis político en español sobre Alemania. Conductor del pódcast «Bajo la Lupa».

Breve Historia de Guinea Ecuatorial: el país con el dictador más longevo del mundo

En la tarea de defensa de los derechos humanos universales y promoción de la solidaridad democrática internacional, hay cuatro países dictatoriales que son de interés prioritario para CADAL.

Por: Redacción 29 Jul, 2025
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Además de Cuba, China, Corea del Norte —las dictaduras más conocidas— Guinea Ecuatorial también debe ser mirada, con al dictador más longevo del mundo.

A diferencia de China y Cuba, Guinea Ecuatorial no tiene influencia internacional, y con respecto a Corea del Norte, tampoco es una amenaza a la paz mundial. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial, como en el resto de las dictaduras del mundo, unas sesenta, de acuerdo al Democracy Index que publica The Economist, viven personas que también son seres humanos “libres e iguales en dignidad y derechos”, como lo reconoce el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El autor Omer Freixa colaboración con Alfredo Okenve. El prólogo es de Trifonia Melibea Obono Ntutumu.

Publicado por: CADAL y Human Rights Foundation en 2025.

ISBN: 978-987-4492-21-0

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Make Lula Great Again

Ante las amenazas arancelarias de Trump, el presidente brasileño encontró una retórica agresiva, elevó su imagen desgastada y convirtió una amenaza comercial en una oportunidad diplomática.

Por: Antônio Mariano 29 Jul, 2025
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En la semana en que Donald Trump cumple seis meses de su segundo mandato, el gobierno brasileño vive un giro político inesperado. En medio de crisis internas, desgaste en la comunicación, trabas en el Congreso y señales de impaciencia en su base social, la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% a todos los productos brasileños podría haber sido el golpe final. Sin embargo, lo que parecía una amenaza comercial terminó convirtiéndose en un regalo geopolítico para el presidente Lula.

Los aranceles fueron anunciados bajo el argumento genérico de “corregir las graves injusticias del sistema actual”. Y, en un tono más sutil, como represalia ante la supuesta falta de alineamiento de Brasil con la agenda internacional de Washington. La táctica no es nueva. Durante su primer mandato, Trump lanzó repetidas amenazas arancelarias contra aliados y rivales. Pero en la mayoría de los casos usó esos anuncios como instrumento de chantaje o presión diplomática. Y rara vez cumplió con lo que prometía de manera tan ruidosa.

¿Trump eleva a Lula?

A diferencia de lo que esperaba la extrema derecha brasileña, el efecto interno fue el contrario al deseado. El gobierno de Lula, que hasta entonces venía perdiendo popularidad lentamente, vio un giro en la narrativa pública. La retórica de una “persecución contra Brasil”, ampliamente promovida por figuras bolsonaristas, no funcionó. La mayoría de la población entendió la medida como una agresión externa injusta y se solidarizó con el gobierno federal. En una encuesta de Genial/Quest realizada justo después del anuncio, la aprobación del gobierno subió del 40% al 43%. La desaprobación cayó del 57% al 53%. Aunque los números están dentro del margen de error, reflejan un cambio de humor significativo en el electorado.

A diferencia de los temas internos, marcados por anuncios vacíos, conflictos ministeriales y una conducción errática de la articulación política, la guerra arancelaria le ofreció a Lula un enemigo externo claro y universalmente impopular: Donald Trump. Y, más aún, le permitió al gobierno adoptar una postura altiva, nacionalista y defensora de la soberanía, sin necesidad de inventar enemigos internos o polarizaciones artificiales. El presidente volvió a posicionarse como un líder global con capacidad de articulación y firmeza, al mismo tiempo que presentó a Brasil como una víctima de una ola proteccionista que amenaza el orden económico internacional.

El patrón trumpista (anunciar aranceles con escándalo y luego postergar su aplicación) tiene efectos colaterales que Lula supo aprovechar. El simple anuncio ya genera incertidumbre en los mercados, empuja a las empresas a buscar nuevos socios y obliga a los países a reposicionarse estratégicamente. En este contexto, Brasil empieza a ser visto como una alternativa viable para proveedores globales que desean escapar de la inestabilidad en la relación con EEUU.

Europa, un aliado

La respuesta europea a los movimientos estadounidenses también sigue una lógica que favorece a Brasil. Desde la elección de Trump, la Unión Europea ha mostrado señales claras de incomodidad ante el abandono de las reglas del juego multilateral por parte de Washington. A diferencia de la postura conciliadora de los años 2010, Bruselas ahora apuesta por una autonomía estratégica más firme, tanto en política exterior como en temas comerciales. El regreso del trumpismo, con su agenda nacionalista y proteccionista, no hace más que reforzar ese camino.

[Lee también: Brasil: escenarios de incertidumbre en una realidad ideológicamente cristalizada]

En términos prácticos, eso se tradujo en una aceleración de los acuerdos de libre comercio pendientes. En el caso específico de Brasil, los tratados entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el Mercosur y la EFTA (bloque liderado por Suiza y Noruega), finalmente fueron firmados. Aunque todavía requieren la ratificación de los parlamentos nacionales. Estos acuerdos, además de consolidar el papel de Brasil como un hub regional de exportación, envían al mundo la señal de que Europa está dispuesta a llenar los vacíos que deja EEUU.

Globalización con nuevas reglas

La guerra comercial reabierta por Trump reactiva una vieja discusión: ¿cuál es el futuro del multilateralismo ante el avance de las agendas nacionalistas? Por un lado, el proteccionismo gana fuerza en EEUU. Por otro, la respuesta de Europa (y en cierta medida, de China) ha sido reforzar los foros multilaterales, diversificar sus alianzas y promover una globalización con nuevas reglas. El intento de Trump de imponer su lógica unipolar podría estar, paradójicamente, contribuyendo a la construcción de un sistema multipolar más equilibrado, en el que Brasil, por su tamaño y su posición geoestratégica, tiene mucho que ganar.

[Lee también: El empinado camino de Lula y su cambio de gabinete]

El ejemplo chino es revelador. Cuando Trump impuso aranceles a China durante su primer mandato, Pekín respondió con firmeza y estrategia. Incrementó su inversión en innovación, fortaleció el mercado interno y buscó nuevos acuerdos comerciales en Asia, África y América Latina. Superado el impacto inicial, China salió más fuerte y más diversificada. Europa, hoy, parece dispuesta a seguir ese mismo camino. El continente cuenta con reservas, instituciones y mecanismos fiscales suficientes para resistir una guerra comercial prolongada. Y más aún: tiene el interés político de evitar que EEUU dicte en solitario el rumbo de la economía global.

La guerra de aranceles recién comienza (y puede que nunca se concrete). Pero sus efectos políticos ya son palpables. Para Trump, es otra jugada electoral. Para Lula, un regalo estratégico. Y, para Europa, una oportunidad histórica de reafirmar su relevancia global. A veces, el mundo cambia en las entrelíneas de un arancel que nunca entra en vigor.

Antônio Mariano

Antônio Mariano

Politólogo y periodista. PhD en Historia y Política por la Fundación Getulio Vargas. Actualmente es director ejecutivo del Instituto Rio21.

Manual de Comunicación Política ABC

La tercera edición incorpora nuevas temáticas y herramientas prácticas para la acción comunicacional en la participación democrática.

Por: Redacción 28 Jul, 2025
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Ya está disponible la tercera edición del Manual de Marketing y Comunicación Política: Acciones para una Buena Comunicación en campañas electorales, editado por ACEP y la Fundación Konrad Adenauer.

Coordinado por Carlos Fara, este manual incorpora los nuevos desafíos del siglo XXI: comunicación digital, storytelling, IA aplicada, campañas municipales, polarización, conexión con jóvenes y más.

Es una publicación indispensable para dirigentes, equipos de campaña, consultores, periodistas y quienes apuestan a una comunicación política más estratégica, ética y democrática.

Participaron 20 autores con vasta experiencia en Argentina y América Latina.

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Orden y responsabilidad en tiempos de guerra

Es importante volver a los principios de Konrad Adenauer en momentos de una geopolítica incierta.

Por: Nicolás Albertoni 28 Jul, 2025
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No basta con hablar de paz.  La declaración verbal debe ser seguida por acciones que dejen claro que esta paz debe existir no solo entre los pueblos, sino más aún —y especialmente dentro de ellos. Konrad Adenauer, Discurso en el Bundestag alemán, 18 de agosto de 1961

La actual coyuntura está marcada por un retorno inesperado —aunque quizá predecible— de las viejas lógicas del poder. Guerras en Medio Oriente, rivalidades entre grandes potencias, militarización de la política internacional y una sensación creciente de incertidumbre estructural son síntomas de una nueva era de transición. En este mundo en tensión, marcado por conflictos visibles y otros más sutiles, cabe preguntarse: ¿qué principios deberían guiar la acción política? ¿Cómo responder a un entorno internacional que parece desbordar a los actores democráticos?

Una figura como Konrad Adenauer, arquitecto de la reconstrucción democrática de Alemania en la posguerra y uno de los grandes promotores del orden liberal occidental, es por estas horas un buen refugio para buscar algunas claves para leer este momento con mayor claridad. Lejos de nostalgias, su pensamiento —basado en la responsabilidad moral, el respeto al derecho internacional y el compromiso con la libertad— es hoy más vigente que nunca.

Entre Teherán y Washington: la guerra que vuelve

La escalada reciente entre Estados Unidos e Irán (por las tensiones entre Israel y Palestina tras el ataque del 7 de octubre de 2023), ha devuelto a Medio Oriente a un punto de máxima ebullición. Siempre fue una región compleja, pero ahora se ha exacerbado. El ataque de Washington a instalaciones iraníes se inscribe en una estrategia de contención ante el creciente activismo militar de Irán. Sus tentáculos —desde el Líbano hasta Yemen— han sido catalizadores del actual deterioro regional.

Sin embargo, más allá del enfrentamiento puntual, lo que está en juego es el futuro del orden internacional. ¿Las normas, los acuerdos y la diplomacia pueden seguir siendo instrumentos eficaces? ¿O el mundo se encamina hacia una nueva lógica de poder basada en la fuerza? Siguiendo la filosofía de Adenauer, se podría decir que donde no hay derechos, existe violencia, ya que la propia vulnerabilidad de derechos encarna en sí misma una forma de violencia. Y donde hay violencia, la libertad desaparece.

Desde esta óptica, las acciones unilaterales, aunque puedan parecer necesarias en términos tácticos, solo pueden ser justificadas si están orientadas a restaurar un orden de derecho. En caso contrario, refuerzan la erosión del multilateralismo y siembran el caos que los enemigos de la democracia desean aprovechar.

América Latina: una irrelevancia estratégica (¿o peligrosa?)

Mientras el mundo se reconfigura, América Latina parece caminar en dirección contraria a la historia. La región ha perdido peso estratégico, no solo en términos económicos o militares, sino —lo más llamativo— en términos de influencia política y diplomática.

Esta marginalidad no es casual. Es el resultado de una acumulación de errores: fragmentación regional, falta de visión estratégica y una progresiva renuncia al debate internacional. Lo que hay de integración regional tiene un exceso de componente político, con baja coordinación y casi nulo foco económico y comercial. Basta con ver que en la región el comercio intrarregional representa aproximadamente 15% de las exportaciones totales de la región, una cifra muy baja en comparación con otras regiones emergentes como Asia Oriental y el Pacífico, donde la cifra asciende al 50%. Por lo que no solo políticamente América Latina está ausente, económicamente ya es irrelevante.

Desde la perspectiva de Adenauer, esta actitud pasiva sería inaceptable. Él comprendía que el respeto internacional no se pide, se construye. Su política exterior —basada en principios firmes pero pragmática en la forma— buscó posicionar a Alemania como un actor confiable y activo en el mundo occidental. En su legado, hay una advertencia para la región: la neutralidad en tiempos de conflicto moral es complicidad.

América Latina, con sus democracias imperfectas, pero aún vitales, debería alzar la voz en defensa del derecho internacional, condenar sin ambigüedad las violaciones a la soberanía y participar activamente en las instancias multilaterales. No para alinearse ciegamente con ninguna potencia, sino para reafirmar su pertenencia al mundo libre.

Konrad Adenauer
Konrad Adenauer | Foto: KAS-Paul Bauserath

Libertad y orden: valores occidentales bajo amenaza

Adenauer creía que la libertad no es posible sin orden, y que el orden solo puede sostenerse sobre instituciones legítimas y democráticas. Hoy, ese equilibrio está amenazado. Actores como Rusia o Irán (y su influencia en países de América Latina como Venezuela y Cuba) promueven modelos de gobernanza autoritaria que desprecian los derechos humanos, manipulan la información y utilizan la fuerza como argumento.

El peligro no es solo externo. También se manifiesta en la creciente polarización interna de muchas democracias, en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y en la facilidad con que la verdad es desplazada por la posverdad. En este contexto, defender los valores occidentales implica más que proclamas: requiere acción coherente, pedagogía cívica y compromiso sostenido.

La libertad significa también responsabilidad. Esta responsabilidad no es solo de los gobiernos. Es de las élites, de la sociedad civil, de los medios, de la academia. Es un esfuerzo colectivo por sostener un sistema que, con todos sus defectos, ha sido el más exitoso en promover la paz, la prosperidad y la dignidad humana.

La necesidad de una política exterior con principios

Para Adenauer, la política exterior debía ser extensión de los valores internos. Su europeísmo no fue coyuntural: creía en una comunidad de destino basada en la cooperación, la democracia y el Estado de derecho. Por eso promovió la reconciliación franco-alemana, la integración europea y la alianza transatlántica.

América Latina necesita esa claridad. No puede seguir atrapada entre el aislacionismo y la dependencia. Debe construir una política exterior basada en principios: defensa de la democracia, respeto a los derechos humanos, compromiso con el medio ambiente, impulso al multilateralismo. Pero también debe ser estratégica, consciente de sus intereses y capaz de articularlos regionalmente.

Esto exige profesionalizar la diplomacia, fortalecer los mecanismos de integración, invertir en capacidades analíticas y renovar la narrativa sobre el rol de la región en el mundo. El continente no debe ser espectador de la historia: puede —y debe— ser protagonista de un orden mundial más justo, si sabe ejercer con responsabilidad su libertad.

Un llamado a la acción

El mundo está en guerra. Una guerra que va más allá de los misiles y los ejércitos. Es una guerra de relatos, de modelos de sociedad, de valores. En ese combate, la neutralidad no es una virtud, es una renuncia.

La mirada de Konrad Adenauer nos recuerda que la política exterior no es un juego de poder frío, sino una herramienta moral. Que el orden no es autoritarismo, sino el marco para la libertad. Y que, frente a las crisis, la respuesta no es el repliegue, sino la acción responsable. En este sentido resulta fundamental avanzar en alianzas entre países que compartan una visión cercana del mundo (por ejemplo, basada en la democracia liberal). Adenauer decía: “Sólo quedó una vía para salvar nuestra libertad política, nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida, desarrollada desde hacía muchos siglos, y que tenía como base un concepto cristiano y humano del mundo: una firme conexión con los pueblos y países que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre estado, persona, libertad y propiedad”.

Por el lado de América Latina aparece el deber de volver al mundo. No como furgón de cola, sino como espacio de diálogo, de principios y de compromiso democrático. La historia no espera. Y la libertad, como enseñó Adenauer, siempre tiene un precio. La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo.

Nicolás Albertoni

Nicolás Albertoni

Vicecanciller de Uruguay entre 2022 y 2025. PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Magíster en Economía, por University of Southern California. Maestría de la School of Foreign Service de Georgetown University.

Democracia deslegitimada: ¿cómo enfrentar esta tarea en Latinoamérica?

Con la llegada del siglo XXI la credibilidad del proyecto liberal perdió contundencia al no ser capaz de responder eficazmente al deterioro social. Cambios en el panorama electoral de la región son importantes para revitalizar el proyecto democrático.

Por: Juan Miguel Matheus 25 Jul, 2025
Lectura: 10 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La política en América Latina atraviesa un momento de definiciones. Más que un ciclo electoral, estamos ante un verdadero parteaguas histórico. La región enfrenta desafíos estructurales que se combinan con el desgaste del orden democrático. También la expansión de regímenes autoritarios y el crecimiento acelerado del crimen organizado como fuerza política de facto.

Ante ese panorama, ¿cuál es el horizonte electoral que se proyecta sobre América Latina en 2025 y 2026? Votar y participar en este tiempo y en países en donde existe cierta competitividad electoral es un acto esencial de la vida republicana para contener o revertir el avance del autoritarismo.

Decadencia del orden liberal mundial

El orden liberal mundial que rigió la política internacional desde mediados del siglo XX se construyó sobre dos momentos icónicos: el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín en 1989. Ambos hitos marcaron una victoria de la democracia liberal, los derechos humanos, el libre mercado y la cooperación internacional. La promesa era clara: más libertad, más progreso, más estabilidad.

Sin embargo, esa promesa comenzó a fracturarse con la entrada del siglo XXI. El ataque del 11 de septiembre de 2001, la guerra de Irak, la crisis financiera global de 2008 y la respuesta insuficiente a la pandemia de covid-19 socavaron la credibilidad del proyecto liberal. A nivel global, el ideal democrático dejó de ser aspiración hegemónica. A nivel regional, América Latina experimentó una desilusión profunda. Los sistemas democráticos fueron incapaces de responder eficazmente al deterioro social, la corrupción endémica y la desigualdad social persistente.

Deslegitimado por la realidad

Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, ya advertía sobre la fragilidad del proyecto liberal cuando este descansaba exclusivamente en la fórmula “democracia y capitalismo”. Sin una dimensión ética. Sin raíces culturales sólidas ni orientación al bien común. El liberalismo podía vaciarse de contenido y convertirse en una fachada vulnerable ante los abusos del poder o el desenfreno de los mercados. Esa advertencia —pronunciada tras la caída del comunismo— se revela hoy profética. La democracia formal y el capitalismo globalizado no han sido capaces de sostener, por sí solos, una civilización justa.

El liberalismo dejó de ser percibido como solución y empezó a ser denunciado como causa. Así, el espacio se abrió para nuevos regímenes autoritarios que despreciaban las formas republicanas y sabían instrumentalizarlas para reproducirse en el poder. El orden liberal no fue derrotado por las armas. Fue deslegitimado por la realidad y abandonado por quienes debieron defenderlo.

Autocracias del siglo XXI: crimen organizado

Las autocracias del siglo XXI ya no se definen por grandes ideologías, aunque las utilizan como maquillajes narrativos para simular causas justas. Se organizan como estructuras de poder que mezclan represión interna, propaganda masiva y vínculos funcionales con redes criminales. Ya no hacen falta partidos únicos ni teorías del proletariado. Basta un caudillo con control sobre el Estado, las armas, los jueces y los medios de comunicación.

El chavismo en Venezuela es el laboratorio más sofisticado de este nuevo autoritarismo. Una alianza entre cúpulas militares, cárteles de droga, testaferros internacionales y operadores digitales. Pero el fenómeno es regional. El orteguismo en Nicaragua, que ha destruido toda institucionalidad democrática, actúa con la misma lógica de dominación sin máscaras. En Cuba, el castrismo ha mutado en un aparato de control económico y de exportación de inteligencia al servicio de sus aliados.

Estas autocracias no se fundan en doctrinas. Se fundan en negocios. No gobiernan desde un modelo de simulada justicia, sino desde una práctica de control. Y su eficacia radica en que han sabido institucionalizar el crimen. Hacen del poder una estructura mafiosa con rostro de gobierno.

Solidaridad democrática versus autocrática

Mientras las democracias se dispersan en debates, trámites y divisiones, las autocracias actúan con coordinación, velocidad y brutalidad. Existe una solidaridad autocrática. Rusia, China, Irán y Turquía sostienen, financian y protegen a los regímenes latinoamericanos que les son funcionales. Lo hacen sin culpa. Sin demora. Sin escrúpulos. No necesitan diplomacia: les basta con la fuerza.

En cambio, la solidaridad democrática se mueve más lentamente. Está condicionada por procedimientos legales, divisiones internas y una sobrecarga de moderación. La OEA titubea. La ONU fracasa. Muchas democracias occidentales terminan cediendo ante la presión de los mercados o el miedo al conflicto. El derecho internacional público, diseñado para proteger soberanías y pueblos, ha sido manipulado por las autocracias para proteger dictadores.

La paradoja es brutal. El sistema multilateral creado para defender la libertad es ahora una guarida que refugia a quienes la destruyen. Mientras las democracias argumentan, las dictaduras avanzan. Mientras el mundo libre reflexiona, el mundo autoritario gana terreno.

Tres elecciones: Chile, Costa Rica y Colombia

El año electoral en América Latina pondrá a prueba la resistencia de la democracia en tres países clave: Chile, Costa Rica y Colombia. En los tres, el crimen organizado está ganando terreno y crea condiciones. Lo hace como amenaza de seguridad y como actor político encubierto y predominante que incide en la cultura, desdibujándola bajo estéticas que morbosamente llaman la atención de los ciudadanos y hacen populares a actores desleales de la democracia.

En Costa Rica, los homicidios han alcanzado cifras récord. Más de 900 en 2023. El narcotráfico ha convertido puertos, barrios y estructuras institucionales en espacios de disputa. La elección de 2026 se perfila como un desafío existencial. O se reconstruye el Estado, o se impone el crimen como poder paralelo. Y todo bajo la amenaza, parte del guion de las dictaduras del siglo XXI, de un llamado a una Asamblea Constituyente para obtener una Carta Magna a la medida de la potencial autocracia.

En Chile, el crecimiento del narcotráfico ha sido alarmante. Los “funerales narco” y la penetración de organizaciones internacionales —como el Tren de Aragua de Venezuela— revelan una erosión acelerada del orden público. La elección de nuevas autoridades locales y parlamentarias será clave para detener o acelerar esta degradación.

En Colombia, las elecciones parlamentarias y presidenciales estarán marcadas por la descomposición territorial. Las disidencias de las FARC, el ELN y las bandas narco han ocupado vacíos estatales. El gobierno de Petro ha demostrado incapacidad —y en ocasiones ambigüedad— ante estos grupos. El resultado electoral puede reforzar la institucionalidad o entregarla definitivamente al crimen.

Las democracias deben ganar elecciones y protegerse institucionalmente para impedir que las gane el crimen organizado.

USA y Europa: la necesaria reacción

El tiempo se agota. Si Estados Unidos y Europa no reaccionan con contundencia, América Latina quedará completamente bajo la influencia de Rusia, China, Irán, Qatar y Turquía. No se trata de retórica de guerra fría. Se trata de hechos. Empresas chinas controlan puertos y recursos naturales. Irán penetra por medio de estructuras religiosas y financieras. Rusia arma y asesora a las fuerzas represoras del continente. Turquía intercambia cooperación por silencio, siendo una lavadora de capitales ilegítimos.

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La región está siendo ocupada sin disparar un solo tiro. Mientras tanto, Occidente pierde terreno. Y qué decir EEUU. Urge una doctrina democrática atlántica. Una política exterior clara. Defender la democracia no es intervenir. Es estar presentes donde el vacío es llenado por las sombras. EEUU y Europa deben fortalecer a las sociedades democráticas. Financiar la educación cívica. Proteger medios independientes. Dar respaldo explícito a los procesos electorales legítimos.

La pasividad occidental no es neutralidad. Es complicidad. Si el continente americano termina de caer bajo la hegemonía autoritaria, el daño será irreversible.

Esperanza: formación cívica y León XIV

Frente al avance de las autocracias, el debilitamiento del orden liberal, la infiltración del crimen organizado y la inercia de muchas democracias formales, podría parecer que la batalla está perdida. Pero no lo está. La historia no está escrita. La historia puede y debe reescribirse desde la conciencia, la virtud y la acción.

La formación cívica no es un complemento. Es el principio. No hay democracia viva sin ciudadanos conscientes. No hay república sin virtud. La política no puede ser solo estrategia, cálculo o narrativa. Debe volver a ser educación del alma común. Una ciudadanía formada en la verdad, comprometida con el bien, puede resistir cualquier dictadura y vencer cualquier poder que se presente invencible.

Aquí es donde la figura de León XIV, el nuevo papa, adquiere una importancia inesperada pero decisiva. Su elección ha sido una sorpresa para el mundo. Pero no para la Providencia. León XIV hereda la tradición intelectual de Benedicto XVI y la sensibilidad antitotalitaria de Juan Pablo II. Representa una síntesis lúcida de la dignidad humana en un mundo desgarrado por la mentira, la fragmentación y la desesperanza.

En su primera intervención ante gobernantes y políticos, León XIV recordó —citando a Cicerón— que la ley natural es válida para todos los hombres. En todo tiempo y lugar. Recuperó el fundamento olvidado de la democracia verdadera. Hay una verdad anterior al poder, al Estado. La política debe servir al bien común. La dignidad de la persona es inviolable, incluso cuando todo parece derrumbarse.

Más aún, al hablar ante el Parlamento italiano, León XIV reafirmó —con palabras de Pío XI— que la política es la forma más excelsa de la caridad. No como romanticismo ingenuo. Sino como mandato ético. Gobernar es servir. Y servir es amar. Su palabra —clara, valiente, profundamente humana— es ya un punto de referencia para quienes quieren resistir sin odiar, construir sin manipular, luchar sin perder la esperanza.

Democracia como destino y tarea

En este siglo de confusión y violencia blanda (endureciéndose), en el que las dictaduras se maquillan de legalidad y el crimen se camufla en la política, la defensa de la democracia requiere una nueva clase de heroísmo. El heroísmo de la conciencia. América Latina no necesita salvadores ni redentores. Necesita ciudadanos con raíces de bondad, con criterio, con compromiso. Necesita, en palabras del papa León XIV, “hombres y mujeres que no renuncien a la verdad, aunque esta les cueste el aplauso”.

La tarea es urgente. No se puede delegar. La hora exige educadores que formen para la libertad. Periodistas que incomoden al poder. Políticos que hablen con decencia. Jóvenes que no huyan. Creyentes que no se callen. La defensa de la democracia comienza en el alma. El alma de un continente solo puede levantarse si se alimenta de verdad, de justicia, de memoria y de amor por el bien común.

Esta generación no está condenada al fracaso. Está llamada a la reconstrucción. Lo que viene no será fácil. Pero será digno. Y será posible si elegimos bien, si resistimos con firmeza, si no aceptamos ninguna mentira. La historia está abierta. Y América Latina aún tiene voz.

Juan Miguel Matheus

Juan Miguel Matheus

Abogado, máster en estudios jurídicos y doctor en derecho constitucional. Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Carabobo electo en 2015. Ganador del premio de la Fundación Manuel Giménez Abad por su libro “La disciplina parlamentaria”. Es coordinador de la dirección nacional de Primero Justicia y presidente fundador de Forma.

De discursos gastados y outlets no autorizados: reelaborar la rueda de la democracia

Chile recibió a presidentes progresistas, entre ellos el español Pedro Sánchez, bajo el lema Democracia Siempre. ¿Es coherente con lo que sucede en la interna de cada país?

Por: Ángel Arellano 24 Jul, 2025
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La reciente cumbre Democracia Siempre celebrada en Santiago de Chile reunió a un puñado de presidentes de izquierda de América Latina con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El evento, presentado como un foro para defender la democracia, el multilateralismo y combatir la desinformación, ha sido también una postal reveladora de cómo el liderazgo oficialista español utiliza América Latina como un escenario alternativo para reposicionar discursos que ya no encuentran eco en sus propias sociedades. ¿Latinoamérica es el outlet de la política española?

Pedro Sánchez, único líder europeo presente, llegó a Chile en medio de una tormenta política en su país. España arde: escándalos de corrupción que tocan el corazón del gobierno, una oposición fortalecida y una ciudadanía cada vez más escéptica ante la retórica moralizante del Ejecutivo. En este contexto, su presencia en Sudamérica no puede leerse como un gesto diplomático desinteresado. Debe verse como una maniobra política: un intento de proyectar liderazgo internacional mientras su autoridad doméstica se erosiona.

La autoridad moral

La política exterior española hacia América Latina ha sido históricamente ambivalente. A veces paternalista, otras veces ausente y, en ocasiones, como ahora, instrumental. Sánchez no vino a escuchar, vino a enseñar. En su discurso, llamó a “pasar a la ofensiva” contra lo que denominó la “internacional reaccionaria”, una coalición de fuerzas de ultraderecha contrarias a los valores democráticos a ambos lados del Atlántico. Pero el problema no es el diagnóstico. Es el contexto: ¿con qué autoridad moral puede un presidente cercado por escándalos en casa venir a dictar cátedra sobre ética democrática?

Lo acompañaron en la foto otros líderes cuya legitimidad también está en entredicho. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, llegó exultante tras lo que parece una victoria diplomática: las recientes medidas comerciales de Estados Unidos contra su país, motivadas por el juicio a Jair Bolsonaro, han reavivado su popularidad. Pero Lula no es un recién llegado a la política ni un símbolo inmaculado. Su regreso al poder ha sido tan celebrado como cuestionado. Y su alianza con Sánchez responde más a una necesidad de blindaje político que a una visión compartida de futuro.

El colombiano Gustavo Petro, por su parte, representa el caso más problemático del grupo. Su gobierno está cercado por escándalos de diversa índole, su coalición se ha fragmentado, y su estilo confrontativo ha contribuido a una polarización que paraliza cualquier intento de reforma. Petro no es hoy un socio confiable ni para sus aliados internos ni para sus pares internacionales. Su presencia en la cumbre, lejos de fortalecer el mensaje, lo debilita.

¿Qué ganan los países?

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, es el más nuevo en el cargo y, por tanto, el más cauteloso. Su participación parece más un gesto de cortesía diplomática que una adhesión ideológica plena. Sin embargo, su presencia también plantea preguntas: ¿qué gana Uruguay al alinearse con un bloque que parece más interesado en la retórica que en los resultados?

El anfitrión, Gabriel Boric, cierra el cuadro con una paradoja. Llegó al poder como símbolo de renovación. Pero, se despide con bajos niveles de aprobación y la derrota contundente de su partido en las primarias de la izquierda chilena. El triunfo de Jeannette Jara, candidata del comunismo en esas internas, marca un giro que deja a Boric en una posición incómoda: organizador de una cumbre que ya no representa ni siquiera el futuro de su propio espacio político.

La cumbre Democracia Siempre ha sido presentada como un esfuerzo por construir una narrativa alternativa frente al avance de la ultraderecha. Pero, en la práctica, ha funcionado más como un club de autoafirmación para líderes en apuros. La retórica de defensa democrática pierde fuerza cuando quienes la enarbolan enfrentan serias dificultades para sostenerla en sus propios países.

España, en particular, debería reflexionar sobre el uso que hace de América Latina como plataforma de reposicionamiento político. No es la primera vez que lo hace, pero sí una de las más evidentes. En lugar de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación efectiva, se insiste en una lógica de exportación ideológica que poco tiene que ver con las necesidades reales de la región.

Yamandú Orsi, Lula da Silva, Gabriel Boric, Pedro Sánchez y Gustavo Petro en Democracia Siempre.

Escuchar más y hablar menos

La política no es un outlet donde se colocan los discursos que ya no se venden en casa. Tampoco el espacio donde solo conversan quienes piensan igual. Por algo Democracia Siempre generó resistencias en algunos ámbitos políticos de alto nivel. América Latina no necesita sermones, necesita socios. Y el presidente español, si quiere tener un rol relevante en el continente, debe abandonar la tentación de la superioridad moral y crear un diálogo verdadero y diverso que junte a partes diferentes. Es decir, integrar más y hablar menos.

La cumbre en Chile ha dejado una imagen clara: un grupo de líderes que, más que construir futuro, parecen aferrarse al pasado de la primera ola progresista. Un pasado donde la retórica, inflada por los precios altos de las materias primas, bastaba para gobernar. Pero los tiempos cambiaron hace rato, y la política, como la historia, no perdona a quienes insisten en repetir fórmulas agotadas.

Ángel Arellano

Ángel Arellano

Doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos y periodista. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Las Américas de Ecuador. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y editor de Diálogo Político.

Catolicismo y valores democráticos: ¿enemigos o aliados? 

Excluir la religión de la vida pública amenaza con generar vacíos que pueden llenarse con discursos ideológicos radicalizados.

Por: Gustavo Monzón 23 Jul, 2025
Lectura: 8 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La democracia se fortalece cuando las ideas circulan, se discuten y se contrastan con cortesía y honestidad intelectual.

Este diálogo tiene varias aristas que pueden resumirse en tres puntos clave: ¿qué significa la laicidad en una sociedad plural? ¿Puede la religión aportar algo más que conflicto? ¿Y qué significa ser un creyente razonable en el espacio público?

Filósofos como Charles Taylor, Jürgen Habermas y Hartmut Rosa han recordado que las democracias contemporáneas enfrentan una crisis de sentido. Además, un deterioro de las fuerzas que incentivan a mantener los vínculos sociales. En este sentido, la ilustrada profecía kantiana —según la cual incluso un “pueblo de demonios” podría convivir bajo un buen ordenamiento jurídico— no se ha cumplido. Y ha terminado por vaciar de contenido motivacional a las instituciones y normas que hacen posible la vida en sociedad.

Una moral compartida, ¿favorece la democracia?

Frente a este punto crítico, hace falta un suelo moral compartido que anime el compromiso cívico y cultive la virtud ciudadana. En esa búsqueda, los autores previamente señalados, lejos de fomentar un integrismo o querer volver a un estado confesional, han reconocido que las tradiciones religiosas pueden ofrecer recursos éticos y simbólicos que las democracias necesitan. Especialmente en tiempos de fragmentación y cinismo. No se trata de imponer dogmas, sino de contribuir al espacio público desde convicciones profundas, y así fortalecer el vínculo con las instituciones y las normas posibles.

Marcelo Aguiar rechaza esta idea con vehemencia recurriendo, desde mi punto de vista, a un viejo prejuicio: que la religión, en especial el catolicismo, es una amenaza para la libertad, el pensamiento crítico y el progreso. Su visión de la laicidad, entendida como la exclusión de la religión de la plaza pública, tiene resabios del laicismo del siglo XIX. Esta concepción de laicidad surgió del combate entre el catolicismo y un liberalismo racionalista y antirreligioso, que para fortalecer el pluralismo en la sociedad debe privatizar a la religión. En cambio, los consensos democráticos del siglo XXI tienen otros objetivos. Por ejemplo, el respeto de la diversidad y la tolerancia de todos los puntos de vista, como garantía de una sociedad que incluya a todas las particularidades.

[Lee también: Posliberalismo y democracia estadounidense: retorno al bien común]

El prejuicio de Aguiar no es nada original, sino que es heredero de una desconfianza estructural hacia lo religioso. Considera que las religiones, más específicamente el catolicismo, quieren imponer un estado confesional como régimen político. Si acepta la democracia constitucional, no lo hace con convicción, sino por conveniencia.

Fortalecer la vida democrática

John Rawls, en Liberalismo político, ofrece una distinción clave para reflexionar sobre este tema: no es lo mismo aceptar la democracia como un modus vivendi —es decir, por conveniencia, como una tregua temporal entre visiones antagónicas— que asumirla como parte de una tradición política que la concibe como un régimen justo, sustentado en razones públicas que pueden ser compartidas por ciudadanos con creencias muy diversas. El primer modo de vincularse con la democracia es precario y frágil; lo segundo, duradero y sólido. Si una tradición religiosa solo “soporta” la democracia porque no tiene otra opción, no hay garantías de que la sostenga cuando sea mayoritaria en una sociedad. En cambio, si la considera justa y la incorpora a su tradición política ser una aliada genuina, para el fortalecimiento de la vida democrática.

Por mucho tiempo, el catolicismo y la secular democracia constitucional caminaron por sendas opuestas. En el siglo XIX, el magisterio papal veía en la cultura política moderna, que se anclaba en la libertad religiosa y la democracia constitucional, una amenaza. El laicismo era percibido como un intento de borrar la influencia pública de la religión. Y se defendía la idea de un estado confesional como única garantía de orden moral. Sin embargo, tras un largo proceso de evolución doctrinal —y aceptado la democracia constitucional como un modus vivendi— la Iglesia Católica abandonó esta postura. Se convirtió en una defensora activa de la democracia constitucional como régimen político que mejor resguarda la dignidad humana, y de la libertad religiosa como derecho humano fundamental, para el ejercicio libre de la fe.

Derechos humanos como base moral común

Este cambio no fue inmediato. Fue fruto de una evolución en la tradición política católica. A finales del siglo XIX, León XIII comenzó a tender puentes con la cultura secular sin renunciar a la doctrina. Pío XII reconoció en la democracia una forma legítima de proteger la dignidad humana frente a los horrores del totalitarismos tanto de derecha e izquierda. Esta evolución, y fortalecimiento del modus vivendi, hizo que Juan XXIII, en Pacem in Terris (1963), asumiera plenamente los derechos humanos como base moral del orden político moderno, e incorporara la democracia constitucional a los valores políticos del catolicismo. Finalmente, el Concilio Vaticano II consolidó este desarrollo doctrinal con la declaración Dignitatis Humanae (1965), en el que se afirmó que la libertad religiosa no solo es compatible con la fe católica, sino esencial para su vivencia auténtica en sociedades pluralistas.

Uno de los protagonistas claves e influyentes en este desarrollo doctrinal fue el teólogo jesuita estadounidense John Courtney Murray. A partir de la experiencia estadounidense de convivencia pacífica entre laicidad y catolicismo, Murray propuso que la Iglesia podía dialogar con la cultura política secular desde la razón. A través de principios compartidos como la ley natural, la libertad religiosa y la dignidad de la persona. Para él, la democracia constitucional no debía verse como una amenaza a la fe. Debía verse como un marco que permite a las religiones aportar al bien común sin imponer su visión a la fuerza.

A partir de este desarrollo doctrinal, como afirma Samuel Huntington, en La tercera ola: democratización a lo largo del siglo veinte, el catolicismo, bajo el liderazgo de Juan Pablo II y su defensa de la libertad humana, se transformó en un agente democratizador en varios países que venían sufriendo regímenes totalitarios. El impulso democratizador del catolicismo consistió en ser una religión que defendía de manera firme el derecho a la libertad religiosa como fundamento de todas las libertades. Por esta razón, la tradición política católica no sostiene al estado confesional como un ideal político. En palabras de Benedicto XVI, una sociedad bien ordenada debe estar regida por una “laicidad positiva”, que, manteniendo la separación entre el Dios y el César, sea capaz de integrar y valorar los aportes de las religiones a la vida pública. Más allá de los aportes que haga al boletín parroquial.  

Papa Benedicto XVI. Foto: Flickr

De la laicidad al vacío

Excluir la religión de la vida pública no es una muestra de neutralidad, como afirman los laicistas, sino una forma moderna de exclusión. Y, como recuerda el teólogo John Courtney Murray, uno de los grandes impulsores del cambio conciliar, una democracia necesita que las voces religiosas puedan participar del debate público para nutrirlo de sentido, responsabilidad y horizonte moral. La experiencia del catolicismo moderno demuestra que la fe no solo no amenaza la democracia: puede ser uno de sus mejores aliados.

[Lee también: Gustavo Monzón: “Trump puede generar una polarización religiosa y una división de las religiones”]

Hoy, esa idea es más urgente que nunca. Frente a los nuevos autoritarismos, algunos laicistas, otros teocráticos, es tentador caer en trincheras y guerras culturales. Pero la historia reciente muestra que, cuando se margina a la religión de la vida pública, no gana la neutralidad: gana el vacío. Y los vacíos políticos se llenan rápido. A veces con ideologías que instrumentalizan la religión, otras veces con Estados que suprimen cualquier expresión de fe.

Reconocer el valor comunitario

El catolicismo, en su mejor versión, no es una religión del poder, sino de la conciencia. Por eso necesita espacios de libertad. Y, por eso, ha llegado a valorar la democracia no solo como una forma de sobrevivir, sino como un espacio en el que puede servir, hablar y ofrecer sentido. No busca privilegios ni volver a modelos del pasado. Busca participar, con voz propia, en la conversación pública.

Exigir que las religiones se “queden en casa” es desconocer su aporte racional, moral y comunitario. Es olvidar que muchas de las democracias modernas nacieron con el impulso ético de creyentes que tradujeron su fe en derechos, leyes y solidaridad. Y esto implica no advertir que excluir a la religión del debate público no fortalece la democracia, sino que la empobrece.

Hoy, más que nunca, necesitamos una laicidad bien entendida: una que no excluya, sino que garantice libertad para todos. En ese marco, el catolicismo no es una excepción incómoda: es un interlocutor dispuesto. No está afuera del pacto democrático. Es parte de él, y de cuidar y fortalecer su vigencia.

Este artículo fue publicado originalmente en el Semanario Voces.

Gustavo Monzón

Gustavo Monzón

Vicerrector de la Comunidad Universitaria en Universidad Católica del Uruguay. Profesor de Filosofía, Justicia y Derecho en las carreras de Abogacía y Notariado y de Ética y Ciudadanía.

D’Sola Alvarado: “Las líneas rojas de Washington y los intereses de China no necesariamente se superponen de forma conflictiva”

El especialista en política exterior china sostiene que, aunque el enfrentamiento internacional entre las potencias pone incómoda a América Latina, existen estrategias de maniobra para "sacarle provecho a ambas relaciones".

Por: Ana María Saavedra 22 Jul, 2025
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El presidente de Colombia,Gustavo Petro anunció en mayo, tras la visita al foro China-Celac en Pekín, que firmaría un memorando de entendimiento para participar del proyecto chino de la Franja y la Ruta. Se trata de un programa de cooperación internacional del gobierno chino al que están adscritos más de 145 países. Con esta alianza, China logra demostrar cómo crece su influencia en América Latina.

Con Parsifal D’Sola Alvarado, analista de política exterior china y fundador de la Fundación Andrés Bello, Diálogo Político propone observar la actual influencia del país asiático en la región, en medio de la tensión comercial con Estados Unidos.

Intereses cruzados

Colombia históricamente ha sido el gran aliado de EEUU en América Latina, una relación que se debilita. Entonces, ¿qué tanto puede perder Colombia al ingresar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta?

—Eso va a depender totalmente de cómo reaccione Washington. Porque si lo vemos desde la práctica, más allá de la retórica, Colombia no se está acercando a China. Es un tema simbólico. Cuando vemos en la práctica, esto es un memorando de entendimiento sin compromisos reales. No hay una política clara hacia China ni hacia EEUU. Parece improvisación por parte del gobierno de Petro. Si uno realmente quiere acercarse a China, lo primero sería conversar también con Washington, ser más claro, apaciguar preocupaciones. Pero eso no se ha dado.

Aquí lo único que ha quedado demostrado es improvisación en política exterior. No se puede dejar de lado el factor doméstico: ya vamos a entrar en campaña electoral en Colombia. Y uno se pregunta: ¿qué se gana con anunciar esto ahora? Parece simplemente una jugada para posicionarse como líder latinoamericano. No es ningún misterio que Petro siempre ha tenido esa ambición.

¿Cuáles son los intereses de China en Colombia?

—En el caso de Colombia, uno de los principales intereses es simbólico. El país ha estado históricamente alineada con EEUU, sobre todo en temas de seguridad. El hecho de que Colombia decida alinearse públicamente con la iniciativa más importante de Xi Jinping —la Franja y la Ruta— es una ganancia clara para la diplomacia china.

China nunca toma decisiones de envergadura en América Latina sin valorar cómo va a reaccionar EEUU. Saben la influencia que ejerce por razones históricas y culturales. Entonces, cuando vemos el empuje diplomático en Colombia, lo que está haciendo China es abrir espacio. No es oponer, sino ganar terreno donde EEUU lo ha dejado libre. Es diplomacia inteligente.

Desarrollo americano por desarrollo chino

La salida de USAID fue uno de esos espacios. Colombia era el principal receptor en América Latina y se creó una expectativa de que China iba a suplir esas ayudas. Pero en realidad no ha pasado: China ofrece créditos, no ayuda como USAID.

—China no tiene ningún interés, ni en Colombia ni en América Latina ni en África ni en el sudeste asiático, en sustituir el tipo de financiamiento para el desarrollo que ofrecía USAID. Eso está claramente demostrado. Con esta salida, ese espacio va a quedar vacío.

El financiamiento chino para el desarrollo es muy distinto y tiene otras características.  Una de las principales áreas en las que se enfoca China, directamente atada a sus fortalezas, es el desarrollo de infraestructura. Además, por temas domésticos, en China hay un exceso de capacidad en industrias relacionadas con infraestructura: aluminio, metales, asfalto. Las grandes compañías chinas, estatales o privadas, tienen acceso a crédito que se les facilita para su expansión internacional. Entonces, China habla de financiamiento para el desarrollo a través de infraestructura. Hoy también lo vinculan con la transición energética.

Las empresas chinas tienen interés en esos sectores. También hay interés en carros eléctricos e híbridos. Y Colombia tiene un mercado importante con 50 millones de habitantes y una clase media-alta considerable.

Favoritos del Foro

¿Cuál fue el balance de la Celac con China para América Latina?

—No hablaría de América Latina como un todo. Hablaría del balance para Brasil y Chile. Lo de Colombia fue simbólico: Petro tuvo su momento, dio la entrevista a CCTV, eso se promovió mucho en chino. Fue publicidad.

La delegación brasileña fue inédita. Siempre han sido cuantiosas, pero esta vez fueron once ministros, además de representantes de empresas públicas y privadas. Fueron tres días de reuniones con contrapartes chinas. Aunque no tengo detalles de todo lo firmado, quedó claro que Brasil fue con un propósito. Contrasta con la visita de Lula a EEUU, donde no lo acompañó nadie. Eso dice mucho de dónde están los intereses de Brasil. En el caso de Chile, la relación con China es muy pragmática, no depende del gobierno de turno. Es una política de Estado. Hay una coordinación con el sector privado que viene de décadas. La relación con China no es electoral ni ideológica: es estratégica.

¿Qué objetivos puede tener China con países como Brasil y Chile? Y, a la inversa, ¿qué buscan Brasil y Chile con China?

—Brasil es clave: es la economía más importante de la región, es miembro de los Brics, y promueve activamente políticas que se alinean con China. Por ejemplo, depender menos del dólar, fortalecer los foros multilaterales y reducir la influencia de instituciones establecidas por Occidente.

En lo económico, Brasil tiene un mercado muy atractivo, con muchas áreas complementarias con China, especialmente en tecnología y telecomunicaciones. Ahí hay un campo infinito para expandir industrias donde China ya se está posicionando como líder mundial: autos eléctricos, tecnología. Aunque es una relación compleja, porque Brasil también tiene una industria fuerte que compite con China. Pero les interesa manufacturar carros eléctricos, por ejemplo. Por eso han intentado atraer a grandes compañías chinas para que produzcan dentro de Brasil y desde ahí distribuyan a América Latina. Aunque algunos proyectos han tenido problemas —como una planta que acaban de demandar—, esa es la apuesta.

Chile fue el segundo país en firmar un tratado de libre comercio con China. Tiene industrias como frutas, frutos secos y productos del mar que han crecido exponencialmente gracias al mercado chino. Meter productos a China no es fácil. El país es muy cerrado, con muchas regulaciones que cambian constantemente. Pero Chile negoció por décadas para lograrlo. Tiene cooperación público–privada muy bien estructurada. Ha usado un enfoque global para acercarse a China, promoviendo su industria bajo la marca país «Chile». Muchas de esas industrias no habrían crecido sin el mercado chino.

Además, Chile tiene una dependencia muy fuerte del cobre: alrededor del 70% de su producción va a China. No hay otro mercado capaz de absorber esa demanda. Es una relación asimétrica que el gobierno chileno conoce muy bien. Por eso mandaron una delegación grande, porque saben que China es un actor fundamental para su crecimiento económico. No se puede improvisar con China.

Panamá y Perú

El caso de Perú, con el puerto de Chancay y el nuevo anuncio de tren bioceánico con Brasil, también es relevante. ¿Cuál es tu balance de este caso?

—Perú es un caso aparte, un desorden. Tuvo múltiples gobiernos sin coordinación. Ha habido muchos intereses —algunos incluso ilícitos— que han facilitado el acercamiento con China, incluyendo sectores como el militar. El puerto de Chancay es un buen ejemplo. Va a cambiar el comercio entre Sudamérica, Centroamérica y China. Será un hub marítimo clave. Pero también está lleno de irregularidades: sobornos, violaciones ambientales, adquisición masiva de tierras por parte de chinos. Todo eso fue facilitado por la ausencia del Estado y por grupos de interés peruanos. Además, Perú tiene una población con gran ascendencia china, lo que facilita los intercambios al margen del gobierno. Todo esto ha sido una puerta abierta para China.

[Lee también: Corredores bioceánicos, los nuevos caminos del Atlántico al Pacífico]

Luego de las presiones de Trump, ¿Panamá tuvo que alejarse de China?

—Sí, aunque no del todo. Se calmaron las aguas claramente por presión de EEUU. No sabemos exactamente qué se dijo a puerta cerrada, pero la presión vino de Washington. Hubo mucho ruido mediático y también mucho desconocimiento. Porque la compañía involucrada tenía participación china, sí. Pero también era una empresa internacional con intereses diversos. Seguramente hubo conversaciones de muy alto nivel entre China y EEUU usando Panamá como campo de negociación.

¿Atrapados entre potencias?

¿Países como  Panamá, Colombia o Perú pueden quedar en la mitad de la guerra comercial entre China y EEUU?

—Panamá es el ejemplo perfecto. Cada país tendrá que lidiar con esta tensión. Panamá, por su ubicación geográfica, está muy atado a EEUU. Chile tiene más margen de maniobra, simplemente por la distancia. Pero eso no lo exime. Por ejemplo, una compañía china ganó la licitación para producir los pasaportes chilenos. Pero durante la primera presidencia de Trump, EEUU amenazó con reinstaurar la visa para chilenos si no rompían ese contrato. Y Chile tuvo que cancelarlo pese a que lo había ganado legalmente. Cada país va a tener que definir cómo manejar este nuevo orden regional.

¿Cuáles son las estrategias que deberían seguir los países de América Latina frente a su relación con China?

En América Latina, las líneas rojas de Washington y los intereses de China no necesariamente se superponen de forma conflictiva. Por ejemplo, Chile ha manejado su relación con China relativamente bien. Mantiene una cooperación muy cercana con EEUU en materia de seguridad, tecnología e inteligencia marítima. Ahí están las líneas rojas de Washington. Chile no invita a empresas chinas a esos sectores.

China también tiene sus líneas rojas: reconocimiento de Taiwán, política de una sola China, silencio frente a sus temas de derechos humanos. Mira cómo Gabriel Boric habla de derechos humanos, pero refiriéndose a Venezuela, no a China. Así es la política internacional. Sí es posible sacarle provecho a ambas relaciones sin tener que elegir blanco o negro. No es solo con EEUU o solo con China. Hay espacio para actuar con agencia nacional, y eso ya lo han demostrado varios países.

Ana María Saavedra

Ana María Saavedra

Periodista colombiana. Directora de Colombiacheck. Ha trabajado como editora del diario «El País» de Cali. Becaria del programa Balboa en «El País» de España.

Corredores bioceánicos, los nuevos caminos del Atlántico al Pacífico

Estas rutas son una oportunidad para la integración regional, pero también ponen en juego la soberanía, la autonomía estratégica y el equilibrio geopolítico de América del Sur.

Por: Agustina Lombardi 21 Jul, 2025
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
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En el marco de la última reunión de los Brics en Rio de Janeiro, China y Brasil firmaron un memorando que contempla la investigación y planificación de un corredor ferroviario bioceánico.

Los beneficios para ambos países son evidentes: China es el principal socio comercial de Brasil. Según el Observatorio de Complejidad Económica, solo en el mes de mayo de 2025 Brasil exportó 9.5 mil millones de dólares a China. Y el gobierno brasileño informó a inicios de este año que en 2024 China representó el 28,5% de las exportaciones totales. Esto se traduce en ingresos de casi 96 mil millones de dólares. La soja es el principal producto exportado, seguido de minerales, petróleo y carne, los mismos productos contemplados en el plan ferroviario.

Según el Ministerio de Transporte brasileño, el plazo de las exportaciones a Asia se podría reducir hasta 10 días. Para Gonzalo Oleggini, consultor en Comercio Exterior y Logística, sugiere que los tiempos de envío disminuirían de entre 35 y 30 a 20 días. 

La propuesta se enmarca en el proyecto Rutas de Integración Sudamericana. Es uno de los ejes estratégicos establecidos entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping durante la firma de 37 acuerdos bilaterales en noviembre de 2024. Sin embargo, el proyecto involucra también a Perú. El plan propone una construcción de aproximadamente 3000 kilómetros de vía desde Bahía, en Brasil, hasta el nuevo puerto de Chancay en la costa pacífica peruana. 

Posible trayecto del corredor.

Perú, ¿en offside?

De todos modos, la noticia fue sorpresiva en Perú, que, hasta el momento, no autorizó ni fue consultado para participar oficialmente. La semana pasada, el canciller peruano, Elmer Schialer, declaró que  sería “hasta tonto” no consultar al país por el que se pretende transitar para acceder al Pacífico. Aunque no se opuso a la realización del corredor bioceánico. 

En noviembre del año pasado quedó inaugurado el megapuerto de Chancay, un proyecto conjunto entre Perú y China. La obra, de una inversión de más de 3500 millones de dólares que comenzó a gestarse en 2007, aspira a convertirse en el eje logístico de la región y hub portuario ante el mercado asiático. Pero para eso necesita hacerse de mercadería. 

El periodista peruano Paolo Benza explicó a Diálogo Político que, en Perú, “muchos ya tienen certeza de que Chancay no sirve sin conectividad”. “La carretera que llega ahí es un desastre, llena de tráfico” e, incluso, por donde cayó un puente hace unos meses. “Es imposible que Chancay compita con el Callao (Lima) o Paita (al norte) sin buena conectividad”, resume. 

En esa línea, analistas peruanos destacaron las oportunidades para Perú ante el proyecto. Alejandro Indacochea, economista peruano y fundador de Centrum PUCP, declaró a la Cadena Global de Televisión de China que el anuncio “es una muy buena noticia porque el país se podría convertir en el nuevo canal de Panamá para el siglo XXI al unir el Atlántico con el Pacífico”. El experto en economía asiática Carlos Aquino enfatizó a RPP Noticias: “Aunque Brasil y China financien todo, el que debe trazar el camino es Perú, beneficiando a las poblaciones más numerosas en el trayecto donde hay más recursos que explotar”.

Pero, ¿qué implica esa posibilidad? Benza agrega que, en Perú, “difícilmente se habla de los riesgos de China” como inversor y los compromisos que pueda generarle al país. A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, declaró que el gobierno no planea invertir en este proyecto. 

Xi Jinping y Lula durante la ceremonia de firma de los actos en el Palacio de la Alvorada, 2024. Foto: gobierno de Brasil

¿Se redibuja el comercio regional?

El analista Oleggini explica que “la demanda de Europa y Estados Unidos no crece para los proveedores sudamericanos lo suficiente. Esto genera la necesidad de tener nuevos clientes que absorban el aumento de producción”. En ese marco, observa que “el Canal de Panamá no es suficiente para el pasaje de barcos. Sus costos son altos y, además, sufre problemas de sequía con esperas más largas y caras”. “Igualmente, un corredor no puede mover el volumen que mueve un canal, es un tren, tenga los vagones que tenga”. Oleggini lo ve como una salida complementaria: “Una nueva vía para sacar más mercaderías”. 

[Lee también: China, Centroamérica y la trampa de la “cooperación no reembolsable”]

Y subraya: “No es un dibujo de nuevas rutas comerciales. Es una nueva vía que suma a la logística frente al aumento de producción que no se ve respondida con logística”. Además, agrega: “La dependencia con China ya existe y por allí saldrán productos hacia Asia, no solo hacia China”. En esa línea, la profesora de Relaciones Internacionales Flávia Loss entiende que “la preocupación por una potencial dependencia de China es válida”. Pero coincide en que la región ya experimenta ese escenario, especialmente en relación con los commodities

Para la especialista el acuerdo “fue una estrategia brasileña”. “El gobierno de Lula consideró que llegar a acuerdos bilaterales con China en áreas específicas era más ventajoso que adherirse plenamente a la Ruta de la Seda”. Agrega: “Fue un intento de no alinearse totalmente con China a nivel internacional y de utilizar la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos a nuestro favor”. En esa línea, sostiene: “Habrá que esperar a los próximos movimientos de Estados Unidos para replantear las estrategias de política exterior de Brasil”. “Las amenazas de Trump a la soberanía y la democracia brasileñas no tienen precedentes en la historia de la relación entre los dos países y todavía no sabemos si son faroles o se harán realidad”, agrega.

Respecto a Europa, piensa que “no hay que subestimar el comercio con la Unión Europea, que puede beneficiarse de una infraestructura logística sólida y modernizada”. 

Alternativa a China: el corredor Capricornio

En 2015, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay suscribieron la Declaración de Asunción y constituyeron un primer grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de concretar un corredor bioceánico desde Brasil a Chile. Este proyecto también es llamado corredor Capricornio, justamente por ubicarse en esa latitud.

Según una publicación del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, se trata de un corredor de más de 2.500 kilómetros aproximadamente que reduciría la distancia entre Santos (Brasil) y Shanghái (China), con un tiempo de viaje de 44 días frente a los 54 de la ruta por el Canal de Panamá. Para Flávia Lasso, cuando se realizan este tipo de proyectos, “generan resultados rápidos, como la reducción del tiempo de transporte (que repercute en el precio de los productos) y posibilitan nuevas oportunidades de negocio”. 

Rutas del corredor Capricornio. Mapa: Bichos de Campo

De todas formas, el proyecto no se ha concretado. Parte de los avances se coordinan mediante el Foro de Gobernadores del Corredor Bioceánico Capricornio, conformado por autoridades de los países involucrados. Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, anunció recientemente que entre el 8 y 10 de octubre la provincia recibirá esta delegación por primera vez para el séptimo encuentro. También se buscará generar una ronda de inversiones con privados de la región. Por su parte, los diputados de Salta (Argentina) analizaron en estos días un préstamo de 100 millones de dólares del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (conocido como Fonplanta), destacando la importancia de recurrir a financiamiento internacional para concretar el proyecto.

Según se consigna en un portal local de Jujuy, la finalización del Corredor se proyecta para 2027. 

La diferencia con el acuerdo China-Brasil, según Lasso, radica aquí: “Como en nuestros países existe una preocupación por la soberanía y el desarrollo que se fomenta con nuestras propias capacidades, este proyecto es financiado por los países implicados”. “Después de décadas de discusiones y de enfrentarnos a diversos dilemas políticos, hemos conseguido poner en marcha algo tangible que afectará positivamente al futuro de nuestra región”, agrega. 

Agustina Lombardi

Agustina Lombardi

Editora adjunta de Diálogo Político Periodista. Licenciada en Comunicación por la Universidad de Montevideo. Posgrado en Comunicación Política por la UM.

¿Qué rol tiene la IA en la actualización de la gestión pública?

¿Qué papel juegan las tecnologías basadas en inteligencia artificial en modernización de la administración pública en América Latina? ¿Dimos un salto de la Edad de Piedra a la Era Digital? Analizamos buenas prácticas y desafíos, y el papel de líderes políticos para impulsar cambios en los gobiernos.

Por: Ximena Docarmo 18 Jul, 2025
Lectura: 6 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El artículo Digital technology and social change: the digital transformation of society from a historical perspective Martin Hilbert ordena la narrativa histórica de la transformación digital. Explora desde la Edad de Piedra a la explosión de datos en la Era Digital. Muestra que mientras antiguamente la innovación se impulsaba a través de la transformación física y la revolución energética (como en la era industrial), hoy el motor del cambio es la revolución de la información.

Mientras que en los años 80 menos del 1% de la información era digital, para el 2012 superó el 99%. Esto permite almacenar en tan solo dos años y medio a tres años más datos que en toda la historia de la humanidad. Este cambio de paradigma, que automatiza la transformación de datos en conocimientos accionables mediante algoritmos, nos impone nuevos retos en la formulación de políticas públicas. En este contexto, cabe preguntarse ¿qué rol cumplen los líderes políticos que lideran instituciones públicas?

La transformación digital es una prioridad en la agenda global. Y, la IA se ha posicionado como una de las herramientas estratégicas en este proceso de modernización. Especialmente cuando pensamos en el ámbito de la gestión pública y, por consecuencia, en mejorar la calidad de vida de las personas. El proceso de desarrollo tecnológico en América Latina se enfrenta a diversos desafíos, no obstante, buenas prácticas a nivel global demuestran que es posible replicar modelos exitosos y adaptarlos a los contextos locales. Los líderes políticos a la vanguardia de estas tecnologías son esenciales para impulsar esta transformación fomentando la capacitación, promoviendo inversiones y marcos regulatorios éticos y transparentes.

La IA y la función pública

En su reciente artículo sobre la formulación de políticas en la era de la inteligencia artificial, Jordania Urbana evoca el Informe Northcote-Trevelyan de 1854, considerado el documento fundacional de la función pública. Este informe destacaba que las funciones esenciales de un «cuerpo eficiente de funcionarios permanentes» incluían «asesorar, ayudar y, en cierta medida, influir» el diseño de políticas gubernamentales.

[Lee también: Un vaso de agua, el precio de ChatGPT]

Desde entonces, tanto la función pública como el proceso de formulación de políticas han experimentado transformaciones significativas. Esto impone una pregunta fundamental. ¿Cómo los responsables políticos pueden usar la IA para mejorar los resultados para los ciudadanos? El artículo de Urbana señala que la adopción de herramientas de IA tiene el potencial de optimizar procesos clave. Por ejemplo, en la redacción de políticas, consultas públicas y en la síntesis de información y automatización de tareas repetitivas. Esto ahorra tiempo y mejora la calidad del análisis.

Liderazgo Político como motor de transformación

Esta transformación no es una tarea aislada. Se da en el contexto de diversos retos que superan la gestión pública. Por ello es importante que los líderes políticos comprendan la magnitud de esta tarea. Al respecto, el reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el AI Preparedness Index (AIPI) Gen-AI: la inteligencia artificial y el futuro del trabajo destaca que las economías avanzadas y los mercados emergentes más desarrollados deben centrarse en la innovación en IA y su integración. Mientras, deben desarrollarse marcos regulatorios que optimicen los beneficios del uso creciente de la IA.

Por otro lado, para las economías emergentes y en desarrollo menos preparadas, es fundamental desarrollar infraestructuras básicas y formar una fuerza laboral con habilidades digitales, así como minimizar los efectos en los trabajadores susceptibles al impacto de la IA. Esta posiblemente sea la tarea a priorizar para la mayoría de los países de América Latina.

Oportunidades gubernamentales

  • Fomentar la Capacitación y el Talento Digital de los Servidores Públicos: Impulsar programas de formación en habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y en el uso de IA es vital para aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. No obstante, como lo explica el artículo de Urbana, es crucial equilibrar esta transformación con estrategias que permitan a los funcionarios desarrollar experiencia en el ámbito, garantizando que puedan utilizar inteligentemente estas tecnologías en la formulación de políticas.
  • Impulsar Políticas de Desarrollo Local: Los gobiernos municipales tienen el desafío de integrar responsablemente la IA en la gestión de servicios públicos —como la seguridad, la salud, y la educación—, generando eficiencia y reducción de costos.Implementar herramientas de análisis de datos para la toma de decisiones basadas en evidencia, incorporando estándares de buena gestión en los gobiernos locales, como los promovidos por iniciativas como What Works Cities. Así como, promover la inversión en conectividad y plataformas tecnológicas que permitan a la ciudadanía acceder a servicios digitales de calidad.
  • Promover la Inclusión y la Transparencia: Es crucial establecer regulaciones basadas en estándares internacionales que aseguren el uso ético de la IA y protejan los datos ciudadanos. Esto no solo fortalece la confianza de la población, sino que también evita sesgos en la toma de decisiones automatizadas.

Avances en liderazgo gubernamental de IA

Algunos ejemplos concretos de esos elementos ya están presentes en la región. Lo señala el artículo de la CEPAL Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) mantiene a Chile, Brasil y Uruguay como líderes en la región. Destaca que, en talento humano, además de Chile y Uruguay, sobresale Costa Rica por su capacidad de atraer profesionales. Brasil, Chile, Uruguay y México lideran en investigación y adopción de IA. En infraestructura, destacan Uruguay, Chile y Costa Rica. México y Brasil sobresalen en innovación industrial y patentamiento, mientras que Chile, Uruguay y Costa Rica tienen entornos emprendedores sólidos. A pesar de los avances, persisten desafíos como la equidad de género en IA y la necesidad de mayor inversión sostenida.

Al enfocarse en estas áreas complementarias tanto de capacidades como de talento, las instituciones públicas pueden desempeñar un papel crucial en la preparación y adaptación de los servidores públicos y sus comunidades a los desafíos y oportunidades que presenta la IA.

Ximena Docarmo

Ximena Docarmo

Fundadora de InnovaLab, entrenadora política y máster en políticas públicas por la Hertie School of Governance de Berlín.

Surinam y los dilemas de política exterior de la era Simons

La presidenta deberá moverse con destreza en un escenario tenso, marcado por los incentivos de Washington, la influencia de China, los vínculos emergentes con Guyana y la posibilidad de reactivar la sintonía con Venezuela.

Por: Víctor Salmerón 17 Jul, 2025
Lectura: 6 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Jennifer Simons, primera mujer en ocupar la jefatura de Estado en Surinam, asume el poder en medio de un tablero diplomático moldeado por dos fuerzas disímiles: la impronta ideológica de Desi Bouterse —alineada con Caracas, La Habana y Pekín— y el giro del presidente saliente Chandrikapersad Santokhi, quien se acercó a Washington, cultivó la relación con China e impulsó una alianza estratégica con Guyana.

En este cruce de caminos, Simons, médica de profesión, de 71 años y respaldada por dos tercios del Parlamento, fue investida ayer —16 de julio— tras finalizar el mandato de cinco años de Santokhi. Ahora, deberá decidir qué alianzas preserva y cuáles reconfigura.

Juramentación de la presidenta Jennifer Simons y el vicepresidente Gregory Rusland. Foto: gobierno de Surinam.

¿El legado Bouterse o Santokhi?

Hasta su fallecimiento en 2024, Desi Bouterse fue el líder indiscutido del Partido Nacional Democrático (PND), hoy encabezado por Simons. Durante sus mandatos, Surinam mantuvo una política exterior alineada con la Venezuela chavista. Evitó condenar al régimen de Nicolás Maduro en instancias multilaterales y se sumó como miembro especial del ALBA, consolidando una afinidad ideológica sostenida con Caracas.

Ese posicionamiento comenzó a diluirse tras su derrota electoral en 2020, cuando Santokhi asumió la Presidencia y enfrió los vínculos diplomáticos con Venezuela. Simons ahora al frente del gobierno, ¿retomará la órbita bolivariana o consolidará el distanciamiento diplomático iniciado por su antecesor?

Durante los mandatos de Bouterse, Simons presidió el Parlamento y desempeñó un rol preponderante dentro del PND. Pero el contexto regional cambió: el régimen de Maduro atraviesa una crisis estructural que limita su margen de cooperación. Por esto, un eventual acercamiento a Caracas podría tensar de forma decisiva la relación con Estados Unidos.

Expresidentes Desi Bouterse y Chandrikapersad Santokhi.

Puentes desde Washington

En su estrategia para contrarrestar la presencia de China en el Caribe, la administración de Donald Trump ha reforzado su relación con Surinam. La visita del secretario de Estado, Marco Rubio, el 27 de marzo de 2025 —aún bajo el gobierno del presidente Santokhi— se presentó como un gesto de respaldo, orientado a fortalecer la relación bilateral antes del recambio presidencial.

“El presidente Trump quiere dejar claro que si usted es amigo y aliado, socio de Estados Unidos, esto beneficia a su país y a su gente, y queremos participar en esta alianza”, afirmó Rubio durante la conferencia de prensa en Paramaribo. Y agregó: “Vamos a hacer todo lo posible para garantizar que las empresas estadounidenses y los inversionistas que buscan oportunidades comprendan que hay oportunidades reales aquí”. Tras su encuentro con Rubio, Santokhi afirmó: “Analizamos oportunidades para fortalecer y ampliar nuestra relación bilateral y la cooperación, así como para impulsar nuestra alianza a nivel regional”.

Aunque Rubio dejó en claro que la presencia de China en sectores sensibles, como telecomunicaciones, puede obstaculizar la llegada de empresas estadounidenses, por riesgos asociados a espionaje y condiciones opacas de ejecución.

El escenario no es sencillo para Jennifer Simons. Aunque fortalecer los vínculos con EEUU podría resultar beneficioso para un país urgido de inversión extranjera como Surinam, ese camino difícilmente podrá transitarse sin considerar a China. Es una potencia con la que ya existen lazos estratégicos y una voluminosa deuda por pagar.

El peso de China

Bajo el paraguas de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha consolidado un rol en Surinam. Sus empresas han modernizado vías, telecomunicaciones y ampliado su presencia en sectores estratégicos como el petróleo y la minería.

La dimensión de este vínculo trasciende lo económico. Pekín proyecta una narrativa de “beneficio mutuo” a través del Instituto Confucio, instalado en la universidad pública de Surinam. Pero también ejerce una influencia concreta como principal prestamista del país.

[Lee también: Surinam: ¿podrá Santokhi conservar el poder?]

Durante los mandatos de Bouterse, Surinam contrajo préstamos por unos 1.500 millones de dólares, buena parte de ellos provenientes de China, incluido un crédito del banco central chino destinado, entre otras cosas, al pago de Huawei para la modernización del sistema telefónico nacional. Surinam cayó en default en 2020 y en noviembre de 2024 firmó un acuerdo con Beijing para reestructurar la deuda, cerrando así un largo proceso en el que China dejó en claro su capacidad de presión.

Este equilibrio precario obliga a Jennifer Simons a repensar los términos del alineamiento con China. Ignorar a Pekín no parece viable, pero asumir sin matices sus condiciones puede limitar severamente su margen de maniobra frente a Washington.

Convergencia caribeña

Surinam y Guyana han comenzado a explorar una cooperación estratégica para el desarrollo conjunto de sus reservas de gas offshore. Ambos gobiernos coinciden en avanzar hacia un concepto común de explotación, conscientes de que la escala compartida puede hacer viable el proyecto.

[Lee también: Guyana y las elecciones en la era del petróleo]

En paralelo, han establecido las bases para una plataforma de diálogo que aparte del tema energético, abarca infraestructura, agricultura y seguridad regional.

Este acercamiento tiene implicaciones. Guyana mantiene una disputa territorial con Venezuela por el Esequibo, y una alianza más profunda entre Paramaribo y Georgetown podría transformar el actual distanciamiento con Caracas en una tensión abierta. Será otro frente en el que Simons deberá definir posicionamientos.

Esperando al petróleo

El gobierno de Santokhi reestructuró la deuda externa y enfrentó el desequilibrio fiscal mediante un severo ajuste que golpeó la calidad de vida, erosionó su popularidad y allanó el camino para la llegada de Jennifer Simons al poder.

Si bien en 2028 Surinam comenzará a beneficiarse de los yacimientos petroleros descubiertos en 2020, en lo inmediato la presidenta navega aguas turbulentas. El país enfrenta pagos de 400 millones de dólares anuales por la deuda externa, y como advirtió Winston Ramautarsingh, expresidente de la Asociación de Economistas, “Surinam no tiene ese dinero”.

Jennifer Simons no ha dado señales sobre el rumbo que tomará su política exterior. Sin embargo, el contexto la obliga a construir una estrategia con bisturí. En esa sutileza se jugará buena parte del futuro de su gestión.

Víctor Salmerón

Víctor Salmerón

Periodista. Autor de los libros Petróleo y Desmadre y La Economía del Caos.

¿Ventaja opositora? Bolivia rumbo a una decisiva contienda electoral

En medio de una crisis económica, los bolivianos se preparan para elegir presidente entre nueve opciones; la derecha no tiene un frente común y la izquierda está fragmentada.

Por: Fabiola Chambi 16 Jul, 2025
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Salvar Bolivia. Esa es la consigna con la que llegan las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto de 2025, y no resulta una exageración. La realidad golpea los bolsillos de los bolivianos y la incertidumbre echa raíces.

El país que en un momento fue conocido como el “milagro económico” ahora vive una profunda crisis debido al declive de la industria de hidrocarburos y el aumento del déficit fiscal. En 2024, el crecimiento del PIB fue de apenas 0,73%, uno de los desempeños económicos más bajos en las últimas dos décadas. Según el FMI, el índice inflacionario para esta gestión será de un 15,1%.

Desde 2023 la escasez de dólares golpeó a varios sectores que no han podido reponerse en la actualidad. El cierre de las unidades productivas fue inevitable para muchos y otros resisten esperando el cambio de gobierno.

Sorteo público de ubicación de las franjas de candidaturas en la papeleta de sufragio que se entregará a la ciudadanía el 17 de agosto. Foto: TSE

¿Puede volver la derecha al poder?

Luego de casi 20 años del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder, las fichas en el tablero electoral podrían dar un viraje a la derecha. Por lo menos así lo reflejan las encuestas a poco más de un mes de los comicios. En el reciente estudio difundido por la empresa Ipsos- Ciesmori para la red televisiva Unitel, el empresario Samuel Doria Medina se ubica con el 18,7% de la preferencia, seguido por el expresidente Jorge Quiroga con el 17,1%, ambos representantes de la oposición. En tercer lugar aparece Andrónico Rodríguez, el mejor posicionado de la izquierda con el 11,8%.

Si esta tendencia se mantiene, el empresario Doria Media de Alianza Unidad y el expresidente Quiroga de Alianza Libre podrían protagonizar una segunda vuelta. Igualmente, estos datos también abren dudas sobre el techo electoral de los candidatos, que se refleja en su posicionamiento político y algunas debilidades estratégicas.

El escenario es interesante considerando que la primera opción fue la unión de los líderes opositores para formar un frente único que pueda vencer al MAS. Pero las diferencias y aspiraciones políticas particulares fueron más fuertes que ese interés común.

[Lee también: Elecciones judiciales en Bolivia, una reforma a la deriva]

De todos modos, las posturas de ambos no son del todo irreconciliables. Sus discursos están enfocados en reactivar la economía del país. Como parte de su estrategia, apelan a la cruda realidad de la población en el día al día: filas por combustible, reclamos por el incremento de precios de la canasta familiar, la devaluación de la moneda boliviana. Por donde se mire, es el peor escenario del gobierno actual y la mejor opción para mostrarse como la solución al desastre.

Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga.

Derecha sin renovación

Samuel Doria Medina ha apostado por reforzar un equipo técnico, incluyendo a su vicepresidente, el economista José Luis Lupo. El eslogan ya viralizado del opositor es “100 días carajo”, con la promesa de recuperar el rumbo de la economía en ese tiempo. Por su parte Jorge Quiroga, ingeniero y con amplia experiencia política, tiene como acompañante de fórmula al emprendedor de e-commerce Juan Pablo Velasco. Plantea recuperar la economía con énfasis en una “Bolivia digital”.

Aunque en sus filas haya nuevas figuras políticas, las críticas apuntan a que no hay renovación de un liderazgo opositor. Estos líderes de la derecha tienen un pasado político que imprime cierto desgaste en sus candidaturas y de alguna manera también pesa en la aceptación de la gente.

Más que sus propuestas programáticas su mayor coincidencia es bajar a la izquierda del poder y encontraron un escenario fértil.

Es innegable y juega a su favor la fragmentación del otrora todopoderoso MAS. El partido fundado por el expresidente Evo Morales está en la contienda electoral, pero con un personaje inesperado: el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, quien presentó su renuncia al mandatario Luis Arce para entrar en carrera.

Desde que se vio en perspectiva la elección de 2025, las fisuras en el partido oficialista se profundizaron y el alejamiento de Morales y Arce fue inevitable. Los denominados ”evistas y arcistas” fortalecieron el enfrentamiento de ambas facciones con fuertes acusaciones de traición, derechización, corrupción y demás.

¿Quién es Andrónico Rodríguez?

En este ya convulso escenario, la consolidación de los “androniquistas” como tercera facción del MAS dejó en claro que la ruptura del partido es irreversible. El senador y ahora candidato Andrónico Rodríguez decidió levantar vuelo propio en la política boliviana y postularse a la Presidencia por Alianza Popular dejando fuera a su mentor, Evo Morales. Para los “evistas”, Rodríguez es un traidor y está lejos de ser esa renovación de la izquierda que pretende vender al electorado con su juventud.

A sus 36 años, Andrónico Rodríguez, politólogo de profesión y también dirigente cocalero, emprende una desafiante carrera electoral. La izquierda fragmentada no le puede garantizar el apoyo que necesita para llegar a la silla presidencial.

[Lee también: Raúl Peñaranda: “Evo Morales es un líder político todavía importante, pero en su ocaso”]

Su distanciamiento estratégico de Luis Arce le permitió deslindarse hasta cierto punto de los errores de esa administración, mientras mantenía su fidelidad a Morales. Aunque aún es criticado por su deficiente gestión como presidente del Senado en medio de una compleja relación entre el poder Ejecutivo y el Congreso, conocido como Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por otro lado, le juega en contra la tibieza para definir su relación con Evo Morales. No logra desprenderse de su mentor político y lo que representa. Especialmente con la base popular y el sector cocalero, a quienes busca llegar en campaña. Sin embargo, marca una línea ideológica: “Soy de izquierda democrática (…) Evo es de izquierda más radical y esa actitud, esa posición era muy necesaria en su momento”, dice Rodríguez.

Andrónico Rodríguez, julio 2025. Foto: X de Andrónico Rodríguez.

Evo Morales, un caudillo en el ocaso

El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó el fallo de inhabilitación de Evo Morales y le cerró las puertas a su candidatura. “La reelección presidencial se da por una sola vez de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato”.  El exmandatario ya gobernó el país en tres periodos consecutivos: 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019.

La decisión fue ratificada por el Órgano Electoral dejando en claro, además, que los plazos ya se cumplieron y tampoco tiene una sigla registrada. A pesar de esto, sus seguidores convulsionaron el país las últimas semanas con bloqueos, protestas y amenazas exigiendo su incorporación en la papeleta.

Evo Morales no solo tiene este impedimento en su ambición de volver al poder, también una orden de aprehensión activa por el delito de presunta trata de menores. La Fiscalía sostiene que en 2015, cuando aún era presidente, el acusado mantuvo una relación con una adolescente de 15 años con quien tuvo una hija un año después. Además argumenta que habría otorgado beneficios a los padres a cambio de consentir esta situación.

El líder sindical nunca se presentó ante las autoridades judiciales y hasta ahora no hubo cumplimiento de la orden de aprehensión. Se mantiene en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba, resguardado por civiles en lo que parece una verdadera fortaleza. La Policía no ha podido incursionar en esta región.

Morales insiste en que es un perseguido de la justicia y víctima del gobierno de Luis Arce a quien incluso ha acusado de querer “eliminarlo” con un ataque armado.

Pero, ¿por qué la insistencia en volver al poder? El expresidente asegura que quiere “salvar Bolivia” y como aún no cree que es una batalla perdida creó un nuevo partido llamado Evo Pueblo. Pero la realidad muestra otra cosa: si no está en esta elección se encaminaría a su muerte política. Su poder, aunque aún fuerte, ya no es absoluto y sus bases sociales lo saben.

Voto incierto y cautivo

Esta elección en Bolivia es particularmente decisiva, pues podría significar una oportunidad real para el retorno de la derecha y el abandono a un modelo económico y político que ha decantado en la actual crisis.

Sin embargo, la complejidad del país no permite tener una lectura clara. La más reciente encuesta apunta a un alto voto residual: el voto blanco con un 8,2%, el voto nulo un 12,5% y el voto indeciso con un 11,3%. Muchos bolivianos aún no saben a quién votar. Hay un nicho que espera cerrar su apoyo por una alternativa política, la que le dé más certezas sobre el futuro inmediato.

El 17 de agosto, Bolivia acudirá a las urnas para elegir el presidente y vicepresidente,  también a 36 senadores y 130 diputados que gobernarán el país por los próximos cinco años. El voto es obligatorio.

Fabiola Chambi

Fabiola Chambi

Periodista con posgrado en periodismo digital, docencia universitaria, derechos humanos y comunicación política. Corresponsal de Voice of America. Editora en Connectas.

El reto de una democracia sexy

¿Cómo hacer para que la juventud tenga interés y participe de lo político? Nuevos datos confirman la desconexión, otra amenaza para el sistema democrático.

Por: Fernando Dos Reis 15 Jul, 2025
Lectura: 8 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La democracia ya no vibra en sus teléfonos. No aparece en su feed, no emociona, no se comparte. Para muchos jóvenes, se ha convertido en una notificación silenciada, un mensaje sin respuesta, una aplicación antigua que nadie actualiza. Mientras el Congreso debate reformas que pocos entienden y los partidos discuten en clave del siglo pasado, millones de jóvenes deslizan el dedo sobre sus pantallas. Así, ignoran lo que ocurre en las instituciones que deciden su futuro. ¿Por qué? Porque la democracia, para ellos, no tiene likes, no tiene ritmo, no tiene sentido.

La desconexión entre juventud y política no es un síntoma pasajero. Es el signo más alarmante de una crisis profunda que amenaza con vaciar de contenido los sistemas democráticos. No es intuición generacional: lo confirman los datos.

Indicadores inquietantes

Un reciente estudio de YouGov para la Fundación Tui, realizado en siete países europeos con una muestra de más de 6.700 jóvenes entre 16 y 26 años, reveló un hallazgo inquietante: uno de cada cinco jóvenes europeos cree que, en determinadas circunstancias, una forma de gobierno autoritaria puede ser preferible a una democrática. En países como Italia, Francia, España y Polonia, ese porcentaje se eleva hasta el 23% o más. Peor aún, en Polonia —país marcado por su historia reciente de totalitarismo—, menos del 50% de los encuestados dijo que prefería la democracia como forma de gobierno.

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El malestar no se detiene ahí. En cuanto a la satisfacción con el funcionamiento del sistema democrático, el 65% de los jóvenes griegos dijo sentirse profundamente insatisfecho. En Italia, la cifra fue del 41%; mientras en España y Francia rondó el 35%. Por su parte, Alemania registró un 27%. Ante la pregunta, en qué medida se sienten los jóvenes europeos representados por sus parlamentos, casi 4 de cada 10 respondió que poco o nada representado.

En América Latina la tendencia no es distinta y el divorcio de la juventud con la política se expresa en el desinterés por las elecciones. En Colombia, donde se eligieron los Consejos de Juventud por primera vez en la historia apenas participaron 10.3% de los convocados. Según datos del Barómetro de las Américas, la participación de los jóvenes entre 18 y 29 años en las elecciones presidenciales del 2022, cuando se eligió a Gustavo Petro y por primera vez la izquierda alcanzó el poder en Colombia, la participación de los jóvenes fue de 51%, quince puntos por debajo de la participación de los mayores de 29 años.

Política anticuada

¿Qué sucede? La respuesta no es simple, pero sí urgente.

El politólogo Pierre Rosanvallon, en su obra La Contrademocracia, sostiene que vivimos una etapa en que las democracias ya no se legitiman solo por el voto, sino también por mecanismos de vigilancia, evaluación, proximidad y responsabilidad. Lo llama un sistema de “legitimidad compleja”, donde las personas no solo quieren elegir, sino también observar, auditar y opinar. Es decir, la democracia ya no es solo un régimen electoral, sino una cultura política que exige respuestas constantes. Y cuando no las hay, aparece el desencanto. En ese contexto, los jóvenes no están rechazando la política en sí, sino el tipo de política que no les deja espacio para actuar, ni para sentirse parte. La política funciona como en el siglo XX, y ellos ya habitan el siglo XXI.

Además, muchos jóvenes perciben que la política no es un terreno abierto, sino un club exclusivo de privilegiados. Un juego cerrado entre élites que se reparten el poder, intercambian favores y se protegen entre sí, sin importar el color del partido. La sensación es que las decisiones no se toman en el Congreso ni en las urnas, sino en reuniones privadas donde se pactan alianzas que garantizan que nada cambie en el fondo. Esta visión alimenta una convicción peligrosa: que la política no es el lugar donde se construyen los sueños colectivos, sino donde se perpetúan los intereses de unos pocos.

Al mismo tiempo, varios jóvenes que deciden dar el paso y participar activamente en política terminan saliendo desencantados. No lo hacen por falta de convicción. Lo hacen porque descubren que, en muchos espacios partidarios, lo que realmente opera no es el mérito, la crítica ni la creatividad, sino el tráfico de influencias y la obediencia. En lugar de recibir aliento para renovar ideas, se les exige disciplina ciega, lealtad a jefaturas y militancia sin matices. Así, incluso dentro del sistema, muchos jóvenes comprueban que no hay espacio para la independencia intelectual, sino para el alineamiento ideológico. Y esa es otra forma —más sutil pero igual de grave— de expulsarlos del proceso democrático.

Actuar para buscar el cambio

Pero si bien la política institucional ha fallado, los jóvenes también deben asumir un desafío propio: vencer la superficialidad. No basta con leer titulares, compartir indignaciones o ironizar en redes sociales. Hoy más que nunca, es urgente pasar del consumo pasivo a la acción crítica; del meme al argumento; de la reacción a la transformación. No desde un discurso rebelde y destructor, sino desde una visión creativa, constructiva y realista de lo que puede y debe cambiar. La democracia necesita una ciudadanía activa, pero también lúcida. Y también necesita una juventud con capacidad de defender la democracia en todos sus espacios.

No es casual que los autoritarismos estén demostrando mayor eficacia para captar la atención y adhesión de parte de la juventud. Lo hacen apelando a una combinación seductora: promesas de orden frente al caos, velocidad frente a la burocracia, seguridad frente a la ambigüedad. En un mundo donde la ansiedad y la desconfianza crecen, los discursos autoritarios ofrecen una narrativa simple, binaria, y emocionalmente potente. Mientras la democracia se explica en matices, el autoritarismo ofrece certezas. Mientras la participación democrática exige tiempo, debate y compromiso, los líderes autoritarios se presentan como “solucionadores” inmediatos. Y ese relato —aunque peligroso— puede resultar altamente atractivo para una generación impaciente por ver cambios concretos. Los dictadores ofrecen llevarlos a una tierra prometida, a un nuevo Macondo donde todo se resuelve sin contradicciones, donde basta con confiar en el líder para que el mundo, de pronto, funcione.

La democracia, como cualquier sistema vivo, necesita interacción, confianza y sentido de pertenencia. Y cuando pierde eso, no se desgasta, se vuelve invisible. Si la política no ofrece espacios reales de participación, si no responde con velocidad y transparencia, si no abre las puertas a nuevas agendas, entonces los jóvenes seguirán de espaldas al sistema.

¿Cómo hacer la democracia sexy?

No se trata de ponerle filtros a la democracia ni de crear campañas vacías en redes sociales. Se trata de repensar cómo reconectar. Cómo hacer para que vuelva a ser deseable. Cómo lograr que los jóvenes no solo voten, sino que quieran formar parte del sistema que los representa. El reto es: ¿cómo hacer la democracia sexy?

La solución pasa por modernizar las formas sin traicionar el fondo: más participación directa, más transparencia institucional, más acceso a la toma de decisiones, más inclusión en los temas que realmente les importan. La política no puede seguir hablándose a sí misma mientras pierde a quienes deberían heredarla.

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Una democracia sin likes no es solo una democracia impopular. Es una democracia en pausa. Y si no actuamos ahora, cuando intentemos reiniciarla, puede que ya no tengamos usuarios conectados.

Pero también es cierto que la democracia no se reinventa sola. Los jóvenes no pueden esperar a que se les entregue todo listo. Deben apropiarse del momento, convertir cada ventana política en una puerta abierta y gigantesca, entrar sin pedir permiso y negarse a ser solo espectadores. No se trata de ingenuidad ni de idealismo vacío, sino de una decisión práctica y urgente: no dejarse vencer por la mediocridad, por los gajes del poder, ni por las reuniones entre privilegiados que buscan que nada cambie. Si hay que renovar la democracia, debe hacerse desde dentro, con la fuerza de quienes todavía creen que transformar no es romper, sino construir mejor.

Fernando Dos Reis

Fernando Dos Reis

Periodista, con maestría en Gerencia Pública y Comunicación Política. Consultor en temas de análisis de entorno político, liderazgo y comunicación política. Coordinador general de la red binacional Awala de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

China, Centroamérica y la trampa de la “cooperación no reembolsable”

Bajo la promesa de que las donaciones chinas no exigen condiciones políticas, el asiático construye redes de fidelidad y ejerce su poder blando en la región.

Por: César Santos 14 Jul, 2025
Lectura: 7 min.
Presidente chino visita el Canal de Panamá. 2024. Foto: Xinhua Net
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Después de una larga ausencia y una serie de rumores por su estado de salud, el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, ha vuelto a aparecer públicamente. Lo hizo en una ceremonia de entrega de cooperación oficial de la República Popular China (RPC) al país centroamericano. El embajador chino, Chen Xi, anunció la donación de cien autobuses “en el marco de un paquete de asistencia no reembolsable”. También incluía proyectos de vivienda social y capacitación técnica, que, según dijo, “no están sujetos a ninguna condición política, ni imposición diplomática”.

Este paquete forma parte de la enésima entrega de cooperación no reembolsable de la RPC en Centroamérica. Dicha forma de asistencia, provista tanto en especies como en efectivo, representa un eficaz instrumento diplomático chino. Desde hace dos décadas, esto ha facilitado el alineamiento de gobiernos y élites regionales con la agenda internacional del gigante asiático. Aunque la retórica oficial repite una y otra vez la naturaleza incondicional de estas donaciones, los hechos muestran exactamente lo contrario: ayuda económica a cambio de ganancias estratégicas.

Estudiosos de la política exterior china han evidenciado que, en regiones de importancia capital para Xi Jinping, la cooperación no reembolsable ha asumido una tendencia de “objetivos políticos” crecientemente opaca. Así sucede en países del sudeste asiático, como Indonesia, o del Pacífico, como Australia. Allí, este mecanismo de financiamiento, cuando es entregado en efectivo, adopta la forma de sobornos direccionados hacia actores clave que pueden garantizar a China el acceso a mercados, recursos e infraestructuras críticas en los países receptores.

La avanzada contra Taiwán

Entre las regiones prioritarias para Pekín se encuentra también Centroamérica. Más allá del potencial control sobre áreas estratégicas, como el Canal de Panamá o de diferentes puertos en el Caribe centroamericano, China ha otorgado particular atención al debilitamiento diplomático de Taiwán. Hasta antes de 2017, Taipéi tenía en el istmo a algunos de sus principales socios internacionales, con el casi sucesivo establecimiento de relaciones entre la RPC y Panamá (2017), El Salvador (2018), Nicaragua (2021) y Honduras (2023). Pero el apoyo regional hacia su causa se ha reducido al mínimo.

¿Cómo ha logrado China esta avalancha diplomática a su favor? Entre otras posibles respuestas, una bastante convincente es la que señala a la cooperación no reembolsable. A través de esta figura, la potencia asiática ha entregado grandes sumas de efectivo y enormes proyectos de infraestructura a los países centroamericanos. No de manera desinteresada ni incondicional, sino con la exigencia de adherirse al “Principio de Una Sola China”. Esto implica el desconocimiento de Taiwán como un país soberano e independiente.

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Los ejemplos de la instrumentalización diplomática de la asistencia china en Centroamérica –así como su vínculo con probables actos de corrupción– no son escasos. Desde 2007, cuando la RPC aseguró a Costa Rica como su primer socio regional en el presente siglo, la ayuda “sin condiciones” cobró protagonismo. Tras anunciar la ruptura diplomática con Taiwán, Óscar Arias hizo público que China entregaría a su gobierno 130 millones de dólares en cooperación no reembolsable. 30 millones en efectivo y 100 millones para cubrir los proyectos abandonados por Taipéi. Además, China donaría, bajo el mismo concepto, un estadio de fútbol con valor aproximado de 35 millones de dólares. Nada más y nada menos que el ahora Estadio Nacional.

Proyectos abandonados por Taiwán

Ante tal situación, el expresidente taiwanés, Chen Shui-Bian, afirmó que, de acuerdo con reportes de inteligencia, China habría sobornado al gobierno costarricense para romper vínculos con la isla, por medio de una suma cercana a los 420 millones de dólares. Denuncias similares volverían a rondar una década más tarde. Fueron en contra de Juan Carlos Varela, expresidente panameño encargado de establecer relaciones oficiales entre su país y la potencia asiática.

Ciertamente, en 2018, cuando Varela formalizó lazos con China, el gigante asiático volvió a comprometer numerosos acuerdos de cooperación no reembolsable. Entre ellos, uno en materia educativa del cual no se conocían, hasta el momento, cifras detalladas. Un año más tarde, sin embargo, la prensa local expuso, en medio del escándalo de los Varelaleaks, un chat entre el exmandatario y el entonces administrador del Canal de Panamá. Se sugería que el billón de yuanes –unos 138 mil millones de dólares– desembolsado por Pekín para dicho proyecto habría sido entregado a cambio de la ruptura de relaciones con Taiwán.

Fidelidad a cambio de billetes

La experiencia de Nayib Bukele es reveladora. Tras una etapa inicial de profunda cercanía con Washington, el giro autoritario de su gobierno provocó un rápido deterioro del vínculo bilateral. Esto lo obligó a acercarse sin titubeos a China. Se convirtió en un contexto de confrontación con la administración Biden. Hubo señalamientos directos del Departamento de Estado contra figuras clave de Nuevas Ideas por corrupción y vínculos con el crimen organizado. Así, la RPC encontró terreno fértil para estrechar lazos con el presidente salvadoreño.

A cambio de un enorme paquete de cooperación no reembolsable otorgado a Bukele en 2021 —de 500 millones de dólares— Pekín consolidó su presencia en el país mediante obras de alto impacto mediático. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional o el muelle del Puerto La Libertad. También se posicionó como un socio estratégico dispuesto a no cuestionar ni interferir en la política interna, ganando la partida al gobierno de Biden. Como declaró la Embajada china en El Salvador tras el anuncio de dicha ayuda: “China brinda (…) asistencia a los países en desarrollo en todo el mundo, y estos proyectos no implican ninguna condición política, ni consideración geopolítica”.

Los frutos de esta estrategia ya son visibles para el régimen chino. Si bien Bukele ha reforzado, durante su nuevo mandato anticonstitucional, la colaboración con Estados Unidos en temas migratorios y de seguridad, la amistad con China continúa desarrollándose en las narices de Trump. Como prueba de ello está la reciente inauguración de la Escuela de Formación Política de Nuevas Ideas, que ha sido impulsada por el PCCh y pretende fungir como un espacio para la promoción del poder blando chino, según reportes de Expediente Público y otros medios.

Cooperación sin condiciones políticas

La cooperación no reembolsable que China ofrece a Centroamérica ha demostrado ser una vía para debilitar el reconocimiento internacional de Taipéi. Pero, además, es una herramienta estratégica de alineamiento prolongado. Bajo la promesa de que sus donaciones no exigen condiciones políticas, Pekín ha logrado construir redes de fidelidad que perduran más allá de los cambios de gobierno y que reconfiguran las prioridades internacionales de los países receptores.

Mediante dádivas de cooperación no reembolsable, la RPC puede obtener la fidelidad a largo plazo de algunos gobiernos clientes. Mismo caso que el de Nicaragua, donde este tipo de asistencia también cumple una función clave en la consolidación del vínculo con el régimen Ortega-Murillo. En un contexto de creciente aislamiento internacional y sanciones, Pekín se presenta, nuevamente, como un aliado estratégico dispuesto a brindar respaldo económico sin exigencias democráticas ni condiciones políticas explícitas. Así, bajo la retórica de la no injerencia, China asegura la lealtad del gobierno nicaragüense y refuerza un modelo autoritario funcional a sus intereses geopolíticos en Centroamérica.

César Santos

César Santos

Investigador en Expediente Abierto. Especializado en el estudio del iliberalismo y la influencia de China en Centroamérica.

México opaco: falta de transparencia y acorralamiento de medios

Con la eliminación de órganos autónomos, la creación de nuevos entes dependientes del Ejecutivos y una nueva ley de telecomunicaciones, la ciudadanía pierde acceso a la información.

Por: Gloria Piña 11 Jul, 2025
Lectura: 7 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

En México, mientras que la opacidad gubernamental avanza, la libertad de expresión para los periodistas y medios de comunicación peligra.

Desde finales del año pasado, se alcanzaban a percibir los efectos de una amenaza a los contrapesos gubernamentales y a la democracia. Se eliminaron siete órganos autónomos, entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). También otros que funcionaban a manera de instituciones, ajenas a las decisiones del Ejecutivo, para la regulación y vigilancia de los poderes del Estado, así como de la evaluación de políticas públicas, la regulación de competencia económica y de recursos como las telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos.

La propuesta de la eliminación de estos organismos fue una herencia que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a su sucesora, Claudia Sheinbaum. El mandatario envió una propuesta de reforma legislativa para ser eliminados y absorbidos por otras instancias de gobierno. Consideraba que eran “inútiles” y representaban un gran gasto presupuestario.

Eliminación del IANI

Durante la reforma fue aprobada por las cámaras del Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024. Esto provocó el desmantelamiento paulatino del INAI, pese a ser la única institución en México encargada de supervisar el derecho a la información pública y vigilar los cumplimientos de transparencia y rendición de cuentas de los tres poderes del Estado, así como la protección de los datos de todos los ciudadanos.

Sin el INAI no hay ente garante del derecho a la información y la fiscalización ciudadana de las acciones del gobierno. A partir de solicitudes de información, las personas podían preguntar a sus gobernantes sobre el uso de recursos públicos, contratos, funcionarios y decisiones de gobierno. El INAI funcionaba a manera de árbitro para defender al ciudadano por su derecho a saber. 

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Aunque estas tareas —en el papel de la nueva ley— no van a desaparecer, quedarán a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la creación de un nuevo órgano: Transparencia para el Pueblo. Se encargará de mediar el acceso a la información cuando se trate de autoridades federales y cada estado deberá replicar la misma figura.

Sin embargo, ambas instituciones funcionarán como subordinadas al gobierno federal aunque ello ponga en riesgo su independencia. María Tanivet Ramos Reyes, nueva titular del organismo recién creado fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el INAI los consejeros eran sometidos a un proceso de selección por los legisladores. Este cambio amplía la  incertidumbre sobre su autonomía para fiscalizar las labores de gobierno.

Debilitamiento periodístico

Las mejores investigaciones periodísticas, que han tenido impactos sobre las políticas públicas del país o incluso han develado escándalos de corrupción y el involucramiento de funcionarios públicos, se han dado a partir de solicitudes de acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Como ciudadanos, las y los periodistas ejercemos nuestro derecho a la información. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia hacemos peticiones al gobierno federal y dependencias locales para conocer aquello que no es revelado por canales oficiales. Por ejemplo, información de contratistas, el destino de recursos públicos, el perfil y capacitación de funcionarios, estadísticas delictivas no contabilizadas por las autoridades, entre otros tópicos que resultan de interés público.

Algunas investigaciones periodísticas hechas con transparencia revelaron desvíos de recursos públicos, compras a sobreprecio de medicamentos y su escasez en diversos hospitales públicos, ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército y la mala gestión de recursos durante la pandemia de covid-19.

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La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, publicado por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, mostró el conflicto de interés en la adquisición de una lujosa mansión que fue construida por un contratista beneficiado con numerosos contratos durante la gestión del mandatario. El acceso a la información fue la herramienta clave para la realización de este trabajo.

Derecho a reservar información

Sin embargo, esta nueva reforma aprobada y en ejecución pone en vilo el cumplimiento de la transparencia en México. No solo porque no habrá un mediador entre el ciudadano y el gobierno. Además, se aumentaron las causalidades por las que las dependencias públicas pueden negar la obtención de datos o documentos alegando “poner en riesgo” obras prioritarias, programas de defensa o presuntos actos de corrupción que aún no estén avalados por tribunales.

Esto quiere decir que la autoridad tiene permitido reservar información que consideren sensible de cinco a diez años. Por ejemplo: datos sobre las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional o los costos de obras públicas en construcción.

Sin el derecho a la información se vulnera al periodismo al dejarlo sin un instrumento idóneo para su labor. Pero, sobre todo, a la ciudadanía. Afecta su derecho a información y a conocer las labores de gobierno para la toma de decisiones en la construcción de sociedades democráticas.

Ley de telecomunicaciones

Un anuncio antiinmigrante del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitido en cadena nacional en la televisora más grande de México fue el pretexto para la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este spot, Kristin Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, lanzó una amenaza contra la migración indocumentada: “Los delincuentes no son bienvenidos a Estados Unidos, si intentas entrar ilegalmente vas a ser capturado, deportado y nunca más podrás regresar”.

En respuesta, la presidenta de México afirmó que en el país no se hará propaganda política de otro país a través de medios de comunicación. Aprovechó el momento para enviar al Congreso una nueva Ley de Telecomunicaciones.

Organizaciones internacionales, como Artículo 19, que trabaja por la libertad de expresión y prensa, han alertado que esta nueva normativa pone en riesgo el futuro democrático de México al consolidar un poder político que “margina la ciudadanía y debilita las instituciones”, al no discutirse a través de un Parlamento Abierto que considere a todas las partes involucradas.

Deliberaciones de Morena

El artículo 109 es de los más alarmantes. Pues abre la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales y páginas de internet si así el gobierno lo decide. La redacción de este apartado fue considerada como “una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet” por la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Se podrán retirar contenidos sin la necesidad de una orden judicial que determine una acción es ilegal.

Ante la polémica, el gobierno de Sheinbaum informó la eliminación del artículo. Sin embargo, se mantiene en discordia entre la reforma y los dueños de medios de comunicación. A partir del órgano autónomo de vigilaba el uso del espectro radioeléctrico, sus funciones pasarán a manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones subordinada del ejecutivo como única figura política de regulación.

Esta nueva normativa se ha calificado como regresiva. Tiene restricciones arbitrarias de censura y pone en riesgo de poner el control absoluto de los medios televisivos a manos del Estado. La premura por una aprobación fast track sin la consulta o diagnóstico de todas las partes, así como la falta de contrapesos en el Legislativo, ha dado pie a deliberaciones absolutas del partido Morena y sus aliados, quienes ostentan la mayoría de representación en las cámaras. 

Aunque en el Senado esta Ley se ha enfrentado a cerca de 500 observaciones en más de 80 artículos, su aprobación se prevé como casi un hecho, al concentrarse la mayoría del poder político en la misma dirección del poder presidencial.

Gloria Piña

Gloria Piña

Periodista y documentalista. Realiza investigaciones sobre género, derechos humanos, corrupción y periodismo de datos. Ganadora del Premio Breach Valdez y Premio Gabo.

Oportunidades de cooperación entre América Latina y las potencias medias

Si la región quiere compensar la pérdida de los recursos de USAID, debe hacerlo buscando nuevos socios estratégicos, como Corea del Sur, Japón y Australia.

Por: Mario Carvajal 10 Jul, 2025
Lectura: 4 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

El entorno actual para acceder a recursos de cooperación internacional se ha vuelto más difícil para los países latinoamericanos. Sin embargo, aún existe una vía poco explorada: la posibilidad de ampliar alianzas con potencias medias, especialmente aquellas que priorizan la cooperación internacional y el desarrollo de soft power como parte central de su política exterior.

Países como Corea del Sur, Australia, Japón y Suecia, todos con altos niveles de desarrollo económico y una estrategia activa de influencia internacional, representan oportunidades valiosas. Como se verá más adelante, estos países dirigen sus recursos a áreas fundamentales para el desarrollo económico latinoamericano.

Fuentes perdidas: USAID

Solo en el año fiscal 2023, Estados Unidos desembolsó 3.700 millones de dólares en cooperación internacional. 1.900 millones fueron canalizados por USAID y 1.400 por el Departamento de Estado. En el siguiente gráfico se muestran los principales destinos de estos fondos.

Los principales focos de cooperación estadounidense fueron seguridad, salud y desarrollo, rubros que incluyen también la infraestructura. Ante la posible reducción sostenida de estos fondos, América Latina debe identificar nuevas fuentes de cooperación. Las potencias medias, anteriormente mencionadas, representan una alternativa viable y estratégica.

Potencias medias y potencial de cooperación

Según la herramienta Donor Tracker de la consultora SEEK Development, Corea del Sur ocupó en 2024 el puesto 14 como donante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en términos absolutos, y el 26 en proporción a su Ingreso Nacional Bruto (INB), destinando un 0.21 % de este a la cooperación internacional. En total, separó 3.940 millones de dólares, de los cuales 3.186 millones fueron para cooperación bilateral y 756 millones para organismos multilaterales.

En 2023, aproximadamente el 60% de estos recursos se dirigieron a países de ingresos medios y bajos: 40% a países de bajo ingreso y 20% a países de ingreso mediano alto, como muchos en América Latina. Las áreas prioritarias fueron infraestructura, salud y agricultura, rubros clave para el desarrollo latinoamericano.

Japón es el tercer mayor donante global y el primero en Asia. En 2023, destinó 0.39 % de su INB a cooperación internacional. Esto representa  17.580 millones de dólares, de los cuales 13.105 millones (81 %) fueron desembolsados bilateralmente. El resto se canalizó mediante contribuciones o acuerdos con organismos multilaterales.

Este compromiso tiene raíces históricas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón se benefició de préstamos del Banco Mundial para su reconstrucción. Hoy actúa en retribución a esa ayuda. Aunque su prioridad geográfica es el Sudeste Asiático y las islas del Pacífico, Japón busca expandir su influencia en el Sur Global, incluyendo América Latina. Sus principales áreas de cooperación incluyen infraestructura, innovación digital y cadenas de suministro, campos que también son prioritarios para nuestra región.

De hecho, esta alineación cobra aún más sentido si se considera que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina y el Caribe enfrentan una brecha de infraestructura superior a los 250 mil millones de dólares anuales.

Australia es el 14º mayor donante en términos absolutos. En 2024 asignó 3.3 mil millones de dólares, aunque esto representa apenas el 0.19 % de su INB, por debajo de otras potencias. En 2023,  2.086 millones (64 %) fueron canalizados de forma bilateral, mientras el resto fue entregado a multilaterales o gestionado a través de ellas.

Su foco geográfico es la región Indo-Pacífica, en particular países vecinos como Indonesia y Timor Oriental. No obstante, países latinoamericanos con costa pacífica podrían explorar formas de insertarse en esta estrategia como «vecinos del Pacífico». Las prioridades temáticas de Australia incluyen crecimiento económico, inversión privada, gobernanza y seguridad regional, complementando así los enfoques de Corea del Sur y Japón.

Apuntar a las potencias medias

Si América Latina quiere compensar la pérdida de los recursos de USAID, debe hacerlo buscando nuevos socios estratégicos. Potencias medias como Corea del Sur, Japón y Australia ofrecen esquemas de cooperación distintos pero complementarios, lo cual exige una acción coordinada y proactiva por parte de los países de la región.

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Para atraer estos recursos, se requerirá estructurar proyectos alineados con las prioridades e intereses de estos donantes. Esto no solo diversifica las fuentes de financiamiento y reduce riesgos, sino que también puede facilitar el acceso a nuevos mercados y aumentar el margen de maniobra internacional. La oportunidad existe. Dependerá ahora de la agencia latinoamericana saber aprovecharla.

Mario Carvajal

Mario Carvajal

Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con una maestría en Estudios Latinoamericanos de Oxford y en Economía Política Internacional de LSE. Consultor Senior de Asuntos Públicos en IDDEA Comunicaciones.

Cómo la narrativa proiraní colonizó a bien pensantes occidentales

Por detrás de las críticas a Israel y el ataque de EEUU hay coincidencias de que las democracias liberales occidentales están en decadencia.

Por: Isaac Nahón Serfaty 9 Jul, 2025
Lectura: 11 min.
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La operación militar de Israel contra Irán dejó al descubierto la inclinación proiraní de varios bien pensantes occidentales. Es un fenómeno mundial. El destape se ha manifestado de diversas formas. Entre estos bien pensantes hay de todo: filósofos encumbrados afectos a Putin (a quien ven como un salvador), apocalípticos cristianos, con cabezas saturadas de teorías conspiranoicas, y damas progresistas que hablan francés y aborrecen, a veces no sin razón, a Donald Trump.

El primer rasgo de esta colonización de la narrativa proiraní es el horror que expresaron los bien pensantes ante el ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán, sus altos oficiales militares y los científicos que contribuyeron al desarrollo de sus capacidades atómicas. Invocaron el ataque sobre un Irán “no agresor”. Los bien pensantes criticaron la acción israelí, pues “no tenía justificación alguna según las leyes internacionales”.

La corta memoria de estos bien pensantes no les permite recordar que el régimen islamista de Irán lleva años en una guerra abierta contra el Estado de Israel. Incluso al que ha declarado su voluntad de destruir. Es parte central de la doctrina de su estamento políticomilitar y religioso.

Proxies derrotados

La destrucción del “pequeño Satán” (Israel en la retórica de los ayatolás) se ha intentado de varias maneras. La principal ha sido el uso de los proxies iraníes en el Medio Oriente, Hezbolá como el principal de ellos. El llamado partido de Dios libanés islamista chií con un brazo militar, está ahora muy disminuido. La inteligencia israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel decapitaron su liderazgo y destruyeron parte de su arsenal e infraestructura. Después de años de tener que convivir con un estado dentro del Estado, el gobierno libanés actual tomó cartas en el asunto. Está tratando de desarmar a Hezbolá y poner orden en casa.

El otro proxy de Irán fue la Siria bajo la dinastía de al-Assad. El régimen sangriento que gobernaba en Damasco cayó como un castillo de naipes ante el avance de los islamistas suníes apoyados por Turquía. De allí, salieron corriendo las tropas de Hezbolá que pelearon al lado del dictador Bashar al-Assad y contribuyeron a masacrar a cientos de miles de sirios. También salieron del país los oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, que ofrecían entrenamiento, inteligencia y armas al asesino al-Assad.

Israel también jugó su papel en la caída de la dictadura siria. El debilitamiento de Hezbolá en el Líbano y el constante ataque a las instalaciones iraníes en territorio sirio ayudaron al fortalecimiento de las milicias sunitas dirigidas por quien encabeza ahora el régimen sirio Ahmed Husein al-Sharaa. También es conocido como Mohamed al-Jolani (su familia es la región del Golán). Por cierto, este líder militar fue el representante de Al-Qaeda en Siria. Los turcos le dieron apoyo y lo llevaron al bando “menos radical”. Lo hicieron así potable a otras potencias regionales como Arabia Saudita y le dieron legitimidad ante países europeos y Estados Unidos.

Proxies debilitados

También están los hutíes, aliados yemenitas de los iraníes, a quienes proveen de armas y misiles de largo alcance. Han sido un dolor de cabeza para varios actores regionales, incluyendo Israel y los saudíes. Igualmente, los milicianos hutíes han visto lo que es capaz de hacer la aviación israelí con sus distantes enemigos, por lo que se espera que bajen la intensidad de sus ataques.

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Por último, está Hamás, un proxy de Irán con su propia lógica e intereses. Se comenta que Hamás actuó por su cuenta en la masacre que cometió el 7 de octubre de 2023, sin consultar con sus socios iraníes. Sin embargo, parte de sus armas, su logística e incluso dinero vino del régimen iraní, con quienes comparten el objetivo estratégico de destruir a Israel. Aunque el desenlace del conflicto en Gaza sigue incierto, y el futuro de Hamás no está claro, es obvio que uno de los aliados de los ayatolás persas quedará muy disminuido después de esta guerra.

La variable nuclear

Los bien pensantes argumentan que el programa nuclear iraní tenía inicialmente solamente objetivos científicos y civiles. Auguran que después de los ataques conjuntos de Israel y EEUU, el régimen de Teherán acelerará el desarrollo del arma nuclear. Pues ahora no les queda más remedio que “defenderse” de los agresores sionista e imperialista (que vienen casi a ser lo mismo en la mentalidad de los bien pensantes).

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¿Alguien medianamente razonable puede creer que todo el despliegue nuclear iraní tenía fines pacíficos? ¿Para qué enriquecer a más del 60% el uranio, si con un enriquecimiento mucho más bajo se podría haber usado con fines médicos y para generar energía termo-nuclear? David Albright y Spencer Faragasso, expertos nucleares del llamado “buen ISIS” (por las siglas en inglés Institute for Science and International Security), han descrito con evidencias en mano las motivaciones atómicas de Teherán.

Centro IR-40 en Arak, Irán. Foto: Wikipedia

Contra el Estado de Israel

Pero no es ingenuidad lo que mueve a nuestros bien pensantes a creer en la “inocencia” del régimen iraní. Es una visión del mundo compartida con gente de extrema derecha y de extrema izquierda, en la que la revolución islamista iraní de 1979 fue un hito importante para quebrar la hegemonía de EEUU en el mundo, y destruir a su principal aliado en el Medio Oriente, Israel.

Esto no implica que no haya argumentos serios sobre la necesidad de una solución diplomática ante el desafío nuclear iraní. Así lo ha expuesto recientemente el exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Amí. Pero nuestros bien pensantes expresan su horror ante la ofensiva antinuclear israelí a partir de una antipatía que va más allá de sus disgusto por el gobierno de derechas (con elementos de la extrema derecha) que encabeza Benjamín Netanyahu. Ellos no conciben la existencia de un Estado judío. Los bien pensantes pro-Putin con aspiraciones reaccionarias, los fundamentalistas apocalípticos o los progresistas anti-Trump repudian la soberanía judía en su tierra ancestral. Comparten la idea de los islamistas iraníes que el mundo estaría mejor sin Israel.

La propaganda disfrazada

Una de las virtudes de la buena propaganda es que no parece propaganda. Viene de la boca de “calificados” comentaristas y expertos, e incluso de respetados periódicos. Es así cómo la narrativa proiraní ha ido colonizando el espacio público en las redes digitales.

En este contexto, se puede explicar la razón por la cual el New York Times, medio
que alguna vez defendió los valores del periodismo independiente, ahora se haya convertido en ocasional socio de la maquinaria propagandística de la República Islámica de Irán. ¿No me creen? Vean aquí la imagen del portal del sitio web del Times el 24 de junio a eso de las 7 PM hora del este. Abre la página con la supuesta filtración de inteligencia que dice que el bombardeo contra las tres instalaciones nucleares iraníes solo retrasaría su programa atómico por algunos meses. Eso podría entenderse. Reporta una supuesta filtración desde dentro del mismo gobierno de Trump (de filtraciones como esas está hecho el periodismo, recordemos el caso Watergate en la época de Richard Nixon).

Pero cuando se mira el conjunto de elementos alrededor de esa noticia, uno entiende que el editor detrás de la página podría pasar por un agente de la Guardia Revolucionaría iraní. La foto: manifestación prorégimen de Irán en Teherán. El titular: Irán clama que el cese al fuego es una prueba que sus fuerzas militares han prevalecido en esta guerra. Otro titular: afirma que el supuesto reporte de inteligencia le quita fuerza a la pretendida victoria que Trump quería reclamar en la reunión de la OTAN en La Haya. Y así van otros titulares, muy alineados con los que un propagandista de la revolución de los ayatolás quisiera ver en los medios de comunicación occidentales. Irán ganó, Israel y EEUU perdieron, según el Times.

La motivación principal del periódico para asumir una perspectiva proiraní es su oposición al gobierno de Trump. Pero no deja de hacerle el juego a un régimen islamista que encarcela y ejecuta a periodistas y homosexuales y que persigue a las mujeres por no seguir un código de vestimenta impuesto por la ley religiosa.

Captura de pantalla del New York Times, 24 de junio, 2025, sobre las 7 PM hora del este.

Enamoramiento francés con el fundamentalismo chií

En francés también hay ejemplos de repetidores de la narrativa del régimen iraní. En un artículo en la publicación Marianne, Annette Lévy-Willard, periodista y miembro del jurado del premio que lleva el nombre de la feminista Simone de Beauvoir, cuenta cómo vio en París a manifestantes que se llaman de izquierda protestar con banderas palestinas e iraníes (la que impuso en régimen islamista) contra los bombardeos de Israel y EEUU contra las instalaciones nucleares en Irán. Ella se pregunta: ¿cómo es esto posible? Ella misma nos da la respuesta (traduzco y cito):

“Este reflujo nauseabundo no era nuevo; la izquierda ya se había encaprichado con los ayatolás hace casi medio siglo, cayendo bajo el encanto de un hombre que no ejercía una seducción arrolladora: el ayatolá Jomeini, entonces exiliado cerca de París, en el encantador suburbio de Neauphle-le-Château. La Francia de Giscard lo había acogido, alimentado y protegido, y famosos intelectuales franceses, de izquierda y laicos, lo habían visitado para escuchar religiosamente a este líder religioso. Michel Foucault y Jean-Paul Sartre a la cabeza. Foucault, el autor de Historia de la sexualidad (1976-1984) e Historia de la locura (1961), no había leído bien sus propios libros cuando veía en la futura revolución islámica iraní ‘una nueva espiritualidad política’ que es ‘la forma más moderna de la revuelta y la más loca’. ¿Moderna? Llamaba a Jomeini ‘el hombre santo exiliado en París’, barriendo la palabra ‘fanatismo’ avanzada por algunos comentaristas lúcidos. Sartre, por su parte, hablaba con entusiasmo de un ‘régimen anticolonialista y antiimperialista’.”

Como vemos, el enamoramiento francés con el fundamentalismo chií viene de lejos.

Caricatura por Isaac Nahón.

Una teología antijudía

Las coincidencias de los islamistas iraníes con los reaccionarios putinistas y los apocalípticos cristianos tienen otras raíces. Ambos consideran que las democracias liberales occidentales están en decadencia. Abogan por un retorno a valores tradicionales cristianos y rechazan la doctrina de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II que ya no acusa a los judíos de deicidio y busca una reconciliación con sus “hermanos mayores”, en palabras del Papa Juan Pablo II.

Proponen un “retorno a oriente”, es decir, una crítica a la modernidad a la que culpan de la corrupción de las sociedades occidentales. En esto coinciden con los fundamentalistas iraníes. Repudian sobre todo la idea de que los judíos (ellos prefieren la denominación “los sionistas”), pueblo “maldito” desde la perspectiva cristiana más tradicional (y de alguna forma de un cierto Islam), pueda mostrar al mundo sus éxitos desde el Estado soberano que ha construido en estos últimos setenta y siete años.

La supervivencia de Israel, contra todo pronóstico, hace ruido en su teología antijudía. ¿Cómo justificar el hecho de que Israel haya podido superar a sus enemigos y normalizado relaciones con varios países árabes-musulmanes? Estos reaccionarios no pueden concebir estos logros de Israel sino como resultado de una gran conspiración mundial sionista. De nuevo, coinciden con sus pares fundamentalistas iraníes.

El régimen islamista de Irán se ha debilitado militarmente. Aunque todavía no hay conclusiones definitivas, es muy probable que su programa nuclear haya sufrido un retroceso importante. Los jefes militares, políticos y científicos del régimen de los ayatolás saben que están en la mira de Israel. Los propios ciudadanos iraníes saben que la dictadura fundamentalista no es tan sólida como pretende su clase gobernante. Lamentablemente, en los propios países occidentales la narrativa del islamismo iraní ha penetrado la mente de bien pensantes convertidos en colaboradores de su propaganda. 

Isaac Nahón Serfaty

Isaac Nahón Serfaty

Doctor en Comunicación. Profesor en la Universidad de Ottawa, Canadá

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