El pasado domingo 29, el oficialismo chileno vivió una primaria presidencial esperada, en un sentido, e inesperada en muchos otros. Tal como anticipaban algunas encuestas, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, se impuso. Pero nadie previó la magnitud de su triunfo: Jara obtuvo un contundente 60% de los votos, duplicando a Carolina Tohá, carta del Socialismo Democrático, que alcanzó apenas un 28%. Quedó muy atrás al candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, con 9%.

Nadie imaginaba que la candidata comunista superaría con tanta holgura a la histórica Carolina Tohá, ni que el partido del propio presidente Boric quedaría por debajo de los dos dígitos. Más que una simple definición de candidatura, el resultado del domingo marca un reordenamiento profundo e inesperado en las fuerzas políticas que componen la izquierda chilena.

¿Cómo interpretar el avance del Partido Comunista, una fuerza históricamente testimonial en las contiendas presidenciales chilenas? Y, ¿qué explica la debacle del Frente Amplio y del Socialismo Democrático, el sector con más experiencia de gobierno desde el retorno a la democracia?

Trayectoria de Tohá

La actual coalición de gobierno —una alianza entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y los partidos socialistas y radicales herederos de la antigua Concertación— ha convivido con tensiones desde su origen. No hay que olvidar que Gabriel Boric llegó a la Presidencia en 2021 con el pacto Apruebo Dignidad, solo del Frente Amplio y el Partido Comunista.

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Después del fracaso estrepitoso de la Convención Constitucional, en septiembre de 2022 (a seis meses de la llegado de Boric a La Moneda), el Socialismo Democrático llegó a salvar los muebles. Entre otros, se incorporó Carolina Tohá como ministra del Interior en gloria y majestad. Desde entonces, esta alianza —que ni siquiera ha logrado darse un nombre— ha oscilado entre la desconfianza mutua y la necesidad pragmática de gobernar juntos. Pero, en el fondo, las diferencias ideológicas y generacionales han seguido intactas, en teoría.

Erradicación de la centroizquierda

La gran derrota de la primaria fue, sin duda, para la tradición concertacionista, hoy rebautizada como Socialismo Democrático. Tohá, figura emblemática del sector, parecía la favorita natural de una centroizquierda moderada, con experiencia, trayectoria y conocimiento del Estado. Sin embargo, terminó pagando el costo político de un giro que su sector emprendió hace ya seis años, tras el estallido social de octubre de 2019.

En ese entonces, el Socialismo Democrático optó por subordinarse sin matices a la narrativa refundacional del Frente Amplio y el Partido Comunista. Renunció a defender su legado de transición democrática, crecimiento económico y políticas sociales graduales. Se plegó sin resistencias a una crítica total a los “30 años”, como si todo lo construido desde 1990 fuera entre ilegítimo e inmoral. Abrazaron sin resistencia una agenda de izquierda intransigente que poco tenía que ver con la socialdemocracia chilena. Lo que comenzó tímidamente en 2006, cuando Michelle Bachelet integró al Partido Comunista y al incipiente Frente Amplio en su gobierno, culminó este domingo con la erradicación casi total del proyecto político de la centroizquierda chilena.

Caída del Frente Amplio

El caso del Frente Amplio es aún más sintomático. El partido con mayor cantidad de militantes del país no solo perdió, fracasó humillantemente. Su candidato, Gonzalo Winter apenas logró el 9% de los votos, movilizando menos apoyo que el outsider regionalista Jaime Mulet. Si se mide la relación entre cantidad de militantes y votos, el panorama es más desolador. Por cada militante frenteamplista, se sumaron dos votos adicionales, muy por debajo de los quince que logró cada militante comunista. El Frente Amplio, que se decía nacido de las calles, de las movilizaciones del 2006 y 2011, se ha convertido en una fuerza desconectada, elitista y con escasa capacidad de movilización.

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De todos los análisis posibles, el del Frente Amplio es quizás el más evidente. Mientras Gabriel Boric ha intentado en estos años mostrar señales de maduración y autocrítica respecto de sus posturas previas a llegar al poder, la campaña de Winter dinamitó ese esfuerzo. Su relato bien podría haber sido sacado de 2017, de la fracasada Convención Constituyente de 2022. Fueron consignas y etiquetas simplonas, con una autopercepción casi mesiánica y una alarmante incapacidad de ofrecer un horizonte común. Fue una campaña tan desquiciada que parecía provenir de un grupo que nunca llegó al poder. Y frente a esto, la ciudadanía fue clara y manifestó su hartazgo. Ese sector no fue capaz de reflexionar y renovarse tras su derrota constitucional en 2022. No era de esperar que lo hiciera ahora.

Ascenso del Partido Comunista

Paradójicamente, quien se llevó el botín fue la candidata comunista Jeannette Jara, exministra del Trabajo de Boric. Construyó una candidatura con un tono moderado, abierta al diálogo y pragmática. A pesar de su militancia, supo distanciarse del discurso ideológico clásico de su partido. Incluso llegó a definirse como parte de la centroizquierda. Su perfil evoca con fuerza la figura de Michelle Bachelet, logrando conectar emocionalmente con los sectores populares, especialmente entre los más jóvenes. Claramente su carisma jugó un rol importante, sumado a un discurso estratégico. En redes sociales, su campaña tuvo alta circulación, con videos emotivos, mensajes claros y una narrativa basada en su origen popular, su experiencia laboral y su defensa de un Estado activo.

Supo abordar temas reales, como el narcotráfico en las poblaciones, la seguridad, o la educación gratuita, conectando con preocupaciones concretas, no con causas abstractas. En cierto modo, logró blanquear la marca comunista, ofreciendo una versión más amable, moderna y empática Ni las críticas a su programa económico ni las alertas sobre su partido bastaron para frenarla. Mientras Tohá no lograba salir de su (des)equilibrio acomplejado y Winter encarnaba la soberbia de un grupo incapaz de madurar, Jara supo leer el momento, dar vuelta las predicciones y ganar aplastantemente.

Fin para el Frente Amplio

Las próximas semanas serán claves para saber si esa ventaja se consolida. La unidad en torno a Jara, si ocurre, será forzada. Un punto clave será la reacción del resto de los partidos de centro y centroizquierda que no forman parte de la coalición gobernante. En particular habrá que observar a la Democracia Cristiana (DC). Históricamente ubicada en el centroizquierda, el partido ha vivido una crisis de identidad profunda en los últimos años y no ha hecho más que perder militancia, representantes y claridad. Su acercamiento a la izquierda más radical en la última década fue visto por muchos como una traición a su tradición. Hoy, frente al liderazgo de una candidata comunista, el dilema se profundiza. En estos días personeros de la colectividad han salido a apoyarla con entusiasmo, mientras que otros se resisten abiertamente. Todo indica que lo poco que queda de la DC podría terminar por quebrarse.

En definitiva, la primaria oficialista no solo definió una candidatura presidencial. Fue un punto de inflexión, el fin de una etapa para el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, y la apertura de un nuevo escenario político. El Partido Comunista, por primera vez, deja de ser simplemente una fuerza testimonial para convertirse, al menos por ahora, en el centro gravitacional de la izquierda chilena.

¿Será Jeannette Jara presidenta de Chile? Muy probablemente no. Pero su triunfo ya ha generado un efecto demoledor en el oficialismo. Todo indica que en esta nueva etapa la vieja izquierda empezará a pagar sus cuentas, la nueva izquierda se enfrenta al hecho de que ya no es novedosa y el Partido Comunista, sorprendentemente, toma la delantera.

Tras varios años de negociaciones y pausas, el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, concluyeron uno de los acuerdos comerciales más relevantes para ambas regiones. La conclusión técnica del acuerdo, anunciada días atrás en el marco de la cumbre del Mercosur, representa un paso clave para seguir avanzando en el relacionamiento entre América Latina y Europa. Ahora –al igual que sucede con el acuerdo con la Unión Europea– resta la firma para terminar de sellarlo.

En un contexto internacional marcado por el resurgimiento del proteccionismo, las tensiones geopolíticas y la reorganización de las cadenas de suministro, este acuerdo adquiere un valor estratégico para las dos partes. Para el Mercosur, implica una señal concreta de apertura y diversificación comercial. Para la EFTA, es una oportunidad de acceso preferencial a un mercado de más de 270 millones de personas, con abundantes recursos y potencial de crecimiento.

Un largo camino que llega a su fin

Las negociaciones se iniciaron formalmente en 2017 y, en apenas dos años, se alcanzó una “conclusión en principio” en agosto de 2019. Sin embargo, la revisión legal y ciertos temas técnicos pendientes llevaron a una pausa prolongada entre 2020 y 2023. Fue recién en 2024, con el impulso que tomó el acuerdo Mercosur-UE, que desde la EFTA (asociación hermana de la UE) se retomó la voluntad de avanzar nuevamente.

Durante el año se retomaron las rondas presenciales y se consolidaron propuestas en áreas clave como comercio y desarrollo sostenible, reglas de origen y estándares sanitarios y se marcó el rumbo hacia la conclusión. Si bien existieron diferencias —particularmente sobre indicaciones geográficas y requisitos para el uso de cuotas agrícolas—, el espíritu de diálogo y compromiso prevaleció siempre.

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La conclusión técnica del acuerdo es el paso que dará pie su firma. Luego pasará a la posterior ratificación interna por parte de los parlamentos nacionales respectivos.

Un acuerdo moderno y comprehensivo

El tratado Mercosur–EFTA abarca áreas muy relevantes vinculadas a las nuevas tendencias de comercio internacional. No se limita a la reducción de aranceles: también incorpora capítulos vinculados a servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, desarrollo sostenible, competencia, cooperación técnica y facilitación del comercio. Entre sus principales características, se destacan:

• Acceso preferencial a mercados: el acuerdo garantiza la eliminación o reducción significativa de aranceles para una amplia gama de productos industriales y agrícolas. Para el Mercosur, esto significa mejores condiciones de acceso en sectores estratégicos como la carne, el vino, el aceite vegetal, los lácteos, el maíz forrajero y otros bienes agroindustriales.
• Protección de inversiones y comercio de servicios: se establecen reglas claras, predecibles y no discriminatorias para fomentar la inversión extranjera directa y facilitar el comercio de servicios, con especial atención en telecomunicaciones, finanzas, transporte y profesionales.
• Compras públicas: los países del Mercosur podrán participar en licitaciones públicas en igualdad de condiciones en los países de EFTA, lo que abre nuevas oportunidades para empresas regionales.
• Capítulo de desarrollo sostenible: se incluye un capítulo robusto que reafirma compromisos en materia ambiental y laboral, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este aspecto fue particularmente relevante para EFTA, en especial Suiza, donde el acuerdo deberá ser aprobado por referéndum.

Un paso clave para Uruguay y la región

Para Uruguay, este acuerdo representa una oportunidad significativa de profundizar su inserción internacional en condiciones preferenciales. El país ha estado firmemente comprometido con la conclusión de esta negociación, consciente del potencial que ofrece tanto para el agro como para las industrias de servicios.

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En términos estratégicos, el acuerdo permite a Uruguay consolidar su perfil como plataforma confiable para producir y exportar bienes de calidad hacia mercados exigentes. Esto no solo se traduce en mayores exportaciones, sino también en atracción de inversiones y generación de empleo calificado.

Diversificación frente a la incertidumbre global

Uno de los grandes méritos del acuerdo es que contribuye a diversificar los socios comerciales del Mercosur. Actualmente, los países del bloque dependen en gran medida de mercados como China, la UE o Estados Unidos. EFTA —si bien representa una región de menor escala— aporta acceso a economías altamente desarrolladas, con elevado poder adquisitivo y estándares de consumo exigentes.

Este tipo de acuerdos también fortalece la posición negociadora del Mercosur frente a otros actores. Demuestra que el bloque tiene capacidad de avanzar en negociaciones ambiciosas. Además, el acuerdo con EFTA sienta un precedente valioso en términos técnicos y políticos. Mejora la capacidad institucional de los países del Mercosur para negociar y administrar tratados complejos, al tiempo que envía una señal positiva al resto del mundo: la región apuesta por reglas claras, comercio justo y cooperación internacional.

Camino hacia la firma

Tras la conclusión técnica del acuerdo, el paso siguiente será su firma formal, que ojalá se concrete en los próximos meses. Luego vendrá el proceso de aprobación interna en cada país miembro. En el caso de EFTA, el tratado deberá superar exigencias particulares, como el referéndum previsto en Suiza, donde la presión del sector agropecuario podría marcar el tono del debate.

En el Mercosur, cada país deberá aprobar el acuerdo por sus mecanismos legislativos. Uruguay ha manifestado con claridad su intención de avanzar rápidamente, al igual que Brasil y Paraguay. Argentina, bajo una nueva administración, también ha dado señales positivas.

Una puerta que se abre

En definitiva, la conclusión del acuerdo es una señal alentadora. En tiempos de creciente polarización comercial, avanzar hacia una integración basada en normas, diálogo y cooperación es una decisión valiente y estratégica.

Este acuerdo no resolverá todos los desafíos que enfrenta el comercio exterior del Mercosur, pero sí representa una herramienta concreta para generar crecimiento, inversión y empleo. Más aún, refuerza la vocación del bloque por jugar un rol activo en el escenario internacional.

Con visión, voluntad política y pragmatismo, esta alianza con EFTA puede convertirse en un punto de inflexión para la política comercial regional. Lo importante ahora es no perder el impulso.

La semana pasada los socios de la OTAN en La Haya acordaron invertir el 5% de su PBI en defensa. Los acontecimientos de los últimos años obligaron a la Unión Europea a impulsar un giro estratégico con principal relevancia en defensa y seguridad.

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 representó un punto de inflexión en la agenda europea de seguridad. Por primera vez, los Estados miembros de la UE, muchos de ellos integrantes de la OTAN, se sintieron vulnerables en su propio territorio. En el contexto actual, la diplomacia y las sanciones económicas ya no son suficientes para garantizar su seguridad.

El desafío ruso, la emergencia de China y otros actores, y la pérdida de poder hegemónico de Estados Unidos plantean un escenario cambiante. Esto obliga a los países europeos a reconsiderar su posición en actual tablero geopolítico. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, sus críticas a la OTAN y al compromiso de los países europeos con la alianza compromete la seguridad de muchos de estos países.

Autonomía estratégica común

Los Estados miembros de la UE y los países europeos integrados en la OTAN son conscientes de la necesidad de avanzar hacia un nuevo escenario de autonomía estratégica. En este sentido, iniciativas como la Cooperación Estructurada Permanente o el Fondo Europeo de Defensa han favorecido que las naciones europeas tomen conciencia de su situación y refuercen su cooperación.

El problema radica en la dificultad para crear estructuras supranacionales. Esto lleva a que cada país vele por sus propios intereses y frene el establecimiento de una estrategia común. Así, los Estados más afectados por la amenaza rusa, como Polonia, Finlandia, o las repúblicas Bálticas, liderados por Alemania y Francia, incrementaron de forma significativa su inversión en defensa. Por el contrario, países más alejados como Italia, España y Portugal, se muestran reticentes a destinar un mayor porcentaje de su PIB a la defensa.

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Justamente, durante la última cumbre de la OTAN, el 24 y el 25 de junio en La Haya, el presidente español, Pedro Sánchez, mostró su oposición a incrementar el gasto hasta el 5%. de todos modos, España terminó firmando el acuerdo.

Esta distancia y desequilibrio de prioridades entre los socios europeos incrementa las tensiones internas. Además, se dificulta reforzar los compromisos con EEUU.

Modelo estratégico europeo en transición

Son muchas las voces que consideran que, en el contexto actual, los países europeos no pueden depender de terceros para garantizar su defensa. Sin embargo, la autonomía estratégica de la UE plantea varios desafíos.

Una Europa fuerte en el ámbito militar y económico situaría al bloque europeo en una posición dominante como actor internacional. No obstante, los países europeos permanecen lejos en competitividad, desarrollo tecnológico y capacidad militar con respecto a las dos grandes potencias mundiales, EEUU y China.

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Los gobiernos europeos están obligados a realizar un esfuerzo con consecuencias que afectarían los pilares que han dado sentido al proyecto europeo. Ámbitos como el compromiso con el medio ambiente o el fortalecimiento del Estado de bienestar podrían verse afectados al tener que destinar parte de las cuantías al presupuesto en defensa. El desajuste provocado podría dar lugar a tensiones políticas y sociales.

EEUU, la OTAN y la autonomía militar europea

Durante décadas, gran parte de los países europeos delegaron su defensa en las capacidades militares de EEUU. Barack Obama instó a los gobiernos en 2014 que aumentaran sus compromisos con la OTAN. La llegada de Trump al poder incrementó esa presión sobre los países europeos. Sus declaraciones incluso amenazaron con romper sus compromisos con la organización transatlántica.

La Cumbre de la Haya confirmó el compromiso de los Estados miembros de la OTAN con elevar su inversión en defensa. La decisión refuerza a la OTAN. Pero, a la vez, el incremento de recursos financieros abre la posibilidad de impulsar iniciativas de cooperación continentales destinadas a crear una estructura de defensa europea autónoma.

Las demandas estadounidenses han provocado tensiones que podrían causar un progresivo distanciamiento. No obstante, más allá de la necesidad europea por mejorar sus sistemas de defensa y garantizar su autonomía estratégica, la mayor parte de los países son conscientes de la importancia de la alianza y de la necesidad de mantener una buena sintonía con Washington. Este interés quedó patente con la actitud complaciente del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y por otros líderes nacionales hacia Trump durante la cumbre.

Por tanto, el futuro de la Alianza Atlántica depende de que los integrantes encuentren el equilibrio entre el incremento de la aportación económica, la independencia estratégica europea y el mantenimiento de la alianza transatlántica, que ha sido clave para garantizar la defensa de Europa durante décadas.

Hacia un nuevo paradigma estratégico europeo

Las Comunidades Europeas, germen de lo que hoy es la UE, surgen en 1951 como un instrumento de cooperación que buscaba impedir un nuevo conflicto bélico en el territorio. Por tanto, aunque se llegó a plantear una cooperación política que incluyera aspectos militares, la base de este proceso de integración siempre fue económica. A partir de aquí, la UE se ha esforzado por defender los principios democráticos, el multilateralismo, el desarrollo sostenible y por tratar de garantizar su seguridad a través de la diplomacia.

Por tanto, la mayor relevancia otorgada a las cuestiones de seguridad y defensa obliga a cambiar de paradigma y avanzar hacia un nuevo modelo de integración en el que los aspectos militares estén llamados a ocupar un papel protagonista. Esta nueva realidad que impulsa el poder duro puede crear contradicciones con las estrategias de poder blando que caracterizan a varios países europeos.

Este giro drástico en la estrategia europea podría causar costes reputacionales y éticos, siempre y cuando no sea argumentada y justificada de forma correcta por cada uno de los Estados miembros.

Es posible encontrar las raíces del espíritu de la época en la que vivimos en lo que se conoce como posverdad, un clima cultural en el que las creencias, las opiniones, la experiencia personal y las emociones a menudo eclipsan los hechos verificables y las pruebas científicas. Si bien las falsedades siempre han existido, la posverdad amplifica su impacto. Promueve la idea de que todas las «verdades» son igualmente válidas, independientemente de la evidencia.

En 1967, el dúo literario argentino Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares escribió Esse est percipi. Es una historia muy futbolera que presenta una Buenos Aires distópica donde los estadios son «demoliciones que se caen a pedazos» y el fútbol –entre otras muchas cosas– no es más que «un género dramático», una producción de la industria del entretenimiento. Los autores imaginan una época en la que la ficción sustituye a la realidad sin que el público en general pueda percibir el engaño.

Hoy en día, nos enfrentamos a un fenómeno similar. A pesar de los debates sobre la magnitud de la información errónea y la desinformación, la información falsa se propaga en línea y fuera de línea. A menudo, incluso, sin ser cuestionada, lo que genera confusión y desconfianza generalizadas. Esto pone de relieve la paradoja del “desmuteo”: incluso con más voces hablando, la información basada en la evidencia es cada vez más difícil de discernir y requiere cierto esfuerzo. En otras palabras, más información no significa mejor información.

Falsedades de conveniencia

Tal vez lo que es diferente ahora, con el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, es la facilidad y la velocidad con la que se propagan estas supuestas verdades. A su vez, la dificultad de desacreditar mentiras que fueron cuidadosamente elaboradas con suposiciones de plausibilidad, incluso cuando intentamos exponerlas. Este fenómeno puede verse como un declive del pensamiento crítico. La gente cree cada vez más en lo que conviene. El declive se agrava por la gran cantidad de información disponible. Allí coexisten la verdad y la falsedad, y las opiniones se presentan como hechos.

Esta tensión, entre el potencial de las redes sociales para empoderar a los ciudadanos y la realidad de las libertades restringidas y los mecanismos de silenciamiento, crea un panorama informativo complejo. Por un lado, las plataformas de redes sociales ofrecen una poderosa herramienta para que los ciudadanos compartan información vital. Esto permite a las comunidades combatir la desinformación y eludir la censura. Lo sustentan encuestas como el reciente estudio del Pew Research Center. Encontró que, si bien la mayoría de las personas valoran la libertad de expresión y de prensa, muchos menos creen que estas libertades se realizan plenamente en sus países.

Por otro lado, vemos el auge de la cultura de la cancelación. Paradójicamente, busca silenciar las voces disidentes y a quienes desafían las opiniones prevalecientes, a menudo a través de amenazas y aislamiento. Es un fenómeno que hace eco de la teoría de la espiral del silencio de Elisabeth Noelle-Neumann.

La erosión de la confianza en las instituciones tradicionales, como la religión, la ciencia, el Estado, la familia y la educación, junto con la sobrecarga de información y una sensación generalizada de incertidumbre, nos empuja hacia una realidad moldeada por ideas y creencias que simplemente confirman nuestros prejuicios existentes. Lo explica la profesora y psicóloga de Stanford Jennifer Eberhardt en Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes What We See, think and do. Muchas veces nos limitamos a cámaras de eco, donde solo nos involucramos con información y perspectivas que refuerzan las nuestras. Esta tendencia se ve exacerbada por los sesgos cognitivos, atajos mentales que pueden conducir a una toma de decisiones defectuosa. Estos sesgos actúan como la droga «soma» en Un mundo feliz de Aldous Huxley, anestesiándonos y atrapándonos en burbujas cómodas que se refuerzan a sí mismas.

¿Somos todos metarreligiosos?

Como observó George Steiner hace casi cincuenta años en Nostalgia del absoluto, el declive de las grandes narrativas tradicionales, como los sistemas religiosos formales, podría conducir a la aparición de nuevos sistemas de creencias. Los denominó «metareligiones». Ahora asistimos al surgimiento de un nuevo concepto de fe, en el que la fe, despojada de sus elementos sagrados y consagrados, funciona como un recurso clave para la identidad, dando forma a la forma en que percibimos y cuestionamos la realidad.

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En este contexto, el instinto, la experiencia personal, la emoción y las perspectivas subjetivas se han convertido en los nuevos árbitros de la verdad, la aceptabilidad y la posibilidad. Esta necesidad de creer proporciona un sentido de pertenencia y una fuente inagotable de certeza, inverificable, pero convincente. En última instancia, como sugiere Steiner, somos criaturas de fe, impulsadas por la necesidad de creer, y esta creencia puede liberarnos de la tarea a menudo difícil y solitaria del pensamiento independiente.

Información saludable

A continuación, se presentan cinco ideas para practicar el pensamiento crítico y adoptar una dieta de información saludable.

Buscar diversas perspectivas: para obtener una imagen completa, buscar activamente información de una variedad de fuentes confiables. Importante: cada historia tiene múltiples lados.

Desafiar tus suposiciones: cuando una historia confirme tus creencias, esfuérzate por explorar perspectivas alternativas. ¿Qué otras narrativas o evidencias podrían existir?

Verificar la credibilidad de la fuente: prioriza el contenido con autoría y fechas de publicación claras. Si falta esta información, busca fuentes más confiables.

Verificar tus hechos: antes de aceptar y compartir información, verifícala con fuentes originales. Esto garantiza la precisión y evita la difusión de información errónea.

Participar en un diálogo constructivo: en las redes sociales, practica una conversación respetuosa con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Concéntrate en encontrar puntos en común y compartir puntos de acuerdo.  

Para navegar por este complejo panorama, una desintoxicación digital periódica puede ser una herramienta valiosa. Permite a las personas alejarse del ruido digital y evaluar críticamente la información que consumen y lo que realmente resuena con ellos.

Este artículo fue publicado originalmente inglés como un op-ed en Salzburg Global.

En las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil, cuando Lula da Silva (PT) y Jair Bolsonaro (PL) llegaron a la segunda vuelta, tuvieron la mayor concentración de votos en la primera vuelta de la historia. Alcanzó el 91,6% de los votos válidos. Los sondeos en vísperas de la segunda vuelta apuntaban a un empate técnico. Además, índices de rechazo de ambos eran llamativos.

En la cuarta y última semana de la contienda se publicaron 11 encuestas. Lula tenía una media del 48% de intención de voto frente al 45% de Bolsonaro. El primero era rechazado por el 46% y el segundo por el 49%. No se trataba sólo del deseo del elector de votar a alguien, sino de una resistencia total al adversario. La polarización, común en Brasil desde 1989 y experimentada en las democracias, no solo trajo la voluntad del votante, sino también su aversión exacerbada. El fenómeno fue más allá de las urnas, se consolidó en la forma en que los grupos opuestos se tratan socialmente. Se denominó cristalización de los opuestos, generando conflictos violentos más allá de las urnas.

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Lula ganó con una diferencia de poco más de 2 millones de votos, o el 2% de ellos. Lo que Bolsonaro hizo tras su derrota fue llamativo. Acentuó su tradicional crítica de incredulidad en el sistema electrónico de recuento de votos. No se resistió a la ocupación del frente de cuarteles militares y al cierre de carreteras en protestas contra Lula. Hizo un reconocimiento tardío de la derrota, 44 horas después del recuento. Salió del país para EEUU sin participar en la ceremonia de juramento de su sucesor. Y acusó de participación en una trama golpista, simbolizada por los actos del 08 de enero de 2023 y vandalización de las sedes de los tres poderes de la República.

Gobernar sin mayorías

En este ambiente comenzó en Brasil el tercer mandato de Lula. En la noche del 30 de octubre de 2022, día de la segunda vuelta, el presidente electo habló de la importancia de las buenas relaciones entre el Legislativo y Judicial. Lo primero fue una clara señal de reconocimiento de lo complejo que sería gobernar para un partido de izquierdas. Hubo una importante derecha en el Parlamento, y sin precedentes incluso en las elecciones de 2002, cuando ganó las primeras. Los partidos formalmente aliados de Bolsonaro en la primera vuelta sumaban el 32% de la Cámara de Diputados. Por su parte, Lula tenía el 22%. Más aliados naturales en el campo ideológico dieron al entonces presidente de derechas el 48% de los escaños, mientras que Lula tendría la mitad.

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Tradicionalmente, en las estrategias del PT, bastaría con ofrecer recursos como cargos públicos y tajadas del presupuesto a los parlamentarios y partidos más distantes. Así se evitarían agendas de comportamiento y todo se resolvería con la derecha, la mayoría de la cual conforma el Centrão que gobierna, a cambio de este tipo de expedientes, independientemente de quién esté en el poder.

Este es el principal error. Desde mediados de la década pasada, en una reforma constitucional, los parlamentarios obligan a pagar porciones crecientes del presupuesto para proyectos en sus bastiones políticos. Además, la forma de comunicación virtual ha permitido a algunos parlamentarios establecer contacto directo con los votantes más allá de la prensa y los intereses gubernamentales. La derecha incluso supo, y sabe, hacerlo mejor que la izquierda. Hoy, Lula intenta dirigir el Brasil de principios de siglo, sin realizar cambios significativos. El Legislativo, que tradicionalmente ha cambiado poder por recursos en una lógica de gobierno, no parece dispuesto a negociar. Los partidos de derecha que se adjudican los ministerios, por ejemplo, dan poco apoyo a las agendas estratégicas del Ejecutivo. Así pues, el potencial legislativo del Ejecutivo se ha visto desafiado. Es necesario comprender hasta qué punto esto refleja un conflicto ideológico y hasta qué punto representa un nuevo orden.

Mala gobernabilidad

Además de las dificultades en las relaciones entre los poderes del Estado, Lula ha sufrido a los ojos de la opinión pública. La empresa de inteligencia de datos 4i calcula mensualmente el Índice de Gobernabilidad. El indicador se compone de la media de tres dimensiones asociadas al grado en que la agenda del Ejecutivo prospera a los ojos del Legislativo, el Judicial y la opinión pública. Con el Parlamento, los resultados son los peores desde 2003, cuando se inició la serie.

Hoy, los resultados de Lula son más bajos que durante una parte significativa del mandato de su predecesor, cuando criticaba abiertamente al Congreso. Es la antítesis de sus primeros ocho años al frente del país. En una escala de 0 a 100, entre 2003 y 2010 el presidente estuvo por encima de los 50 puntos. Superó, incluso, los 80 en algunos meses. Hoy, no ha podido superar los 21 puntos en dos años y medio.

La opinión pública también ha cambiado radicalmente en Brasil. Durante los tres primeros mandatos del PT, Lula y Dilma Rousseff tuvieron valoraciones medias por encima de los 50 puntos. Con la intensificación política experimentada desde 2013, que explica parte de la polarización cristalizada, ningún presidente se ha establecido cómodamente por encima de este nivel. Lula pasó el primer año de su actual mandato discretamente por encima de los 50 puntos. Esto es algo que Bolsonaro no consiguió. Pero en el segundo año, sus medias cayeron por debajo de este nivel. Entró al 2025 en torno a los 40 puntos, claramente erosionadas.

Decaída de Lula

Tres elementos explican estos resultados. Por un lado, dificultad del gobierno para comunicarse con la sociedad, a pesar de los cambios ministeriales en las áreas responsables. Por otro, la oposición está fortalecida y es capaz de impactar en la opinión pública, especialmente en un entorno virtual. Además, hay desafíos económicos, especialmente fiscales e inflacionarios, que afectan los precios de los alimentos, a los que Lula prometió dar prioridad. El presidente se ha perdido así en discursos alejados de la realidad y fácilmente rebatibles por la oposición. Incluso con medias verdades o fake news.

Las elecciones presidenciales en Brasil en 2026 traen desafíos para ambos lados de la disputa. Bolsonaro, acusado de desafiar el estado democrático de derecho, ha perdido sus derechos políticos. Es inelegible. Y corre el riesgo de ser encarcelado. Su estrategia es desacreditar al poder judicial y ser indultado por el Legislativo. Mientras tanto, en el campo de la derecha se abren nombres. Por un lado, los partidos se unen en busca de los gobernadores de estados como São Paulo, Paraná, Goiás y Minas Gerais. Al mismo tiempo, tratando de mantenerse fuerte, Bolsonaro garantiza que estará en la carrera. Parece más dispuesto a apoyar nombres como uno de sus hijos o su esposa, en la lógica tradicional en la política familiar latina.

Lula, por su parte, como presidente, ocupa en solitario el campo de la izquierda. Pero las simulaciones electorales muestran una pérdida de fuerza, a pesar de que sigue empatando o ganando por un estrecho margen frente a sus principales adversarios. Una parte significativa de la opinión pública, sin embargo, sugiere que no debería intentar otro mandato. Queda por ver qué nombre obtendría su apoyo.

Es un lugar recurrente decir que los países de América Latina y el Caribe están afectados por amenazas a su seguridad. Así, varios informes han resaltado que la región entera ha sido afectada por problemas de violencia y el crimen. Como se sabe, el problema de la seguridad es un asunto muy denso, pues se trata de un hecho complejo, que afecta la vida cotidiana de las personas en la región y que repercute sobre su calidad de vida, su propia tranquilidad y sus perspectivas del presente y del futuro.

A su vez, es un problema y un reto para las políticas de seguridad, especialmente porque los resultados alcanzados no han modificado este problema sustancialmente; más bien, se han alcanzado resultados variables. Así, pese a los diversos esfuerzos realizados, la inseguridad sigue afectando en los países de la región, aunque —hay que destacarlo— en magnitudes y especificidades variables.

Ciudadanos y autoridades se enfrentan, entonces, con problemas que no son de fácil ni de inmediata solución. Por el contrario, se requiere de propuestas muy bien estructuradas, con perspectivas de corto, mediano y largo plazo. Además, se necesita iniciativas coordinadas y complementarias. Y, por supuesto, de recursos suficientes como para mantener una acción pública continua y eficaz.

Publicación: 2015

ISBN: 978-9972-671-35-7

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: Jaime Baeza, María Cristina Escudero, Henry Cancelado, Bertha García, Fabián Novak, Antonio Ramalho y José Rocabado,

La comunicación es un proceso complejo cuyo objetivo es lograr que el receptor comprenda el mensaje transmitido por el emisor. Este proceso, más artístico que mecánico, puede verse facilitado o entorpecido por diversos factores y está presente en todos los aspectos de la vida humana. La comunicación es efectiva cuando el mensaje logra ser comprendido, independientemente de si se acepta o no.

Por otro lado, la política es una ciencia que estudia la relación de poder entre ciudadanos y el Estado. En ella, la comunicación resulta esencial, ya que permite generar acción, alcanzar metas y facilitar el intercambio de información entre gobernantes y gobernados. A esto se le denomina comunicación política.

El Instituto Peruano de Economía Social de Mercado ha acompañado al Partido Popular Cristiano en la difusión de sus valores y principios. En ese marco, y reconociendo el papel clave de la comunicación política en el sistema democrático, organizó con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer talleres de capacitación política. Estos incluyeron contenidos para definir lineamientos y estrategias de comunicación, tanto intrapartidaria como extrapartidaria, que permitan difundir los principios socialcristianos.

Publicación: 2016

ISBN: 978-9972-2560-5-9

Editorial: J&O Editores impresores S.A.C.

Autores: Mathías Mäckelmann, María Teresa Pineda, Martha Meléndez, Héctor Pantigoso, Carlos Gómez, Álvaro Ugarte

Las elecciones generales y recientes en Ecuador pusieron en el debate un viejo dilema: borrar el pasado político de un solo tajo con la investidura de un gobierno de derecha. Pero el guión es el mismo que siguió en su momento su principal contrincante, el correísmo. Ambos apostaron por una Asamblea Constituyente para inaugurar un Estado diferente en lo conceptual, así como en el diseño de las instituciones democráticas. Desde el retrovisor, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tenía la más reciente experiencia en Chile. Mucho ruido y pocas nueces. La principal tarima del mandatario Gabriel Boric se cayó en poco tiempo. No logró incorporar las propuestas de su segmento elector.

La puesta en marcha de un plan político tan ambicioso, como es una Constituyente, tiene como principal riesgo mantener el apoyo al presidente durante la aventura. Eso significa también que el respaldo no solo debe provenir de su equipo cercano. Si no, sobre todo, de la población que valida el proyecto a largo plazo. Además, está en disputa la correlación de fuerzas acerca de quién o quiénes podrían administrar en el futuro el cambio de timón. La realidad evidenció que en Chile eso nunca estuvo claro. Pero, también, que no bastaba con ganar una elección presidencial para ir a otra batalla por una nueva Constitución.  

El equipo político del presidente Noboa en Ecuador posicionó en el discurso mediático la necesidad de una Asamblea Constituyente. De todos modos, a pocos días de ganar la segunda vuelta, la realidad fue apagando el relato. La Corte Constitucional mantuvo una posición firme que obligaba al Gobierno a respetar todos los procedimientos. Pero, además, se observó un electorado sumamente agotado. El proceso electoral se remonta a 2021, sin que eso haya significado un cambio en la inseguridad y la violencia, la falta de empleo, la corrupción y la impunidad. Entonces, no alcanza solo con un importante capital político. Pues es indispensable posicionar un planteamiento que en la práctica resuelva los principales problemas del país.

Malos antecedentes

Por otra parte, el nacimiento de un Estado bajo esta hoja de ruta descubre el proyecto político del mandatario de turno y su organización partidista. Pues, como se ha visto en los países en donde eso ocurrió —específicamente en los procesos constitucionales bolivarianos o autodenominadas progresistas en América del Sur— se configuró un diseño institucional para que el aparataje estatal se convirtiera en un apéndice del partido en el poder. Por el contrario, no en un conjunto de normas para fortalecer el Estado de derecho.

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Los líderes latinoamericanos que cambiaron la normas constitutivas y superiores en sus países pusieron en debate la idea de participación efectiva de la población, la representatividad política, el diseño e interacción entre las funciones del Estado e, incluso, la política internacional, en el marco del regionalismo latinoamericano y las alianzas Sur-Sur. Bajo esos criterios, Hugo Chávez fue el pionero en disputar al viejo sistema bipartidista en Venezuela. Llevó un manejo del Estado con un experimento que llevó al colapso de la nación: la economía, el tejido social, la convivencia pacífica, los derechos y libertades, y la misma política.

En Venezuela, Bolivia y Ecuador se instaló la misma franquicia constituyente o neoconstitucionalista que derrumbó la arquitectura tradicional de pesos y contrapesos entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Eso dio paso a nuevas funciones como el poder moral, electoral y de transparencia y control social. El mayor contrasentido fue el fortalecimiento de la personalización presidencial, el nombramiento y control de las autoridades de las nuevas instituciones. Una mezcla de autoritarismo y populismo. En el caso de Ecuador, se conoce que Noboa quiere volver a los tres poderes del Estado y las instituciones tradicionales de la democracia liberal.

Valores tradicionales que incomodan

Como se puede ver, la refundación de la patria no es exclusiva de una ideología. Pues tendría como fin un nuevo marco regulatorio de la vida de las personas a través de unas instituciones libres del pasado. ¿Cuál? A todas luces, hay una crisis de la democracia y sus instituciones. Y eso no es un fenómeno exclusivo de la región, pues la exacerbación del autoritarismo, los ultranacionalismos y el populismo ha llegado a Estados Unidos y varios países de Europa. En este contexto, no es una garantía que la redacción de nuevas constituciones sean, a futuro, verdaderos pactos sociales que brinden respuestas a los problemas estructurales y coyunturales. Mientras tanto, se enfrentan los desafíos de un mundo cada vez más cambiante, competitivo y que enciende alertas de guerra en varios lugares.

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Tampoco las nuevas constituciones podrían resolver los excesos del poder que, sin cambiar las reglas del juego, los sobrepasa. La pregunta que viene es: ¿a cuáles de los nuevos líderes con signos autoritarios les gustaría una carta magna que los regule y les ponga un freno? A ninguno. En conclusión, estamos frente a liderazgos en todo el mundo que se incomodan con los valores tradicionales de la democracia liberal, a pesar que llegar al poder con sus reglas y procedimientos.    

Este manual se constituye como una verdadera guía para la gestión municipal en su papel de integrante y, en el caso del alcalde, líder del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) ya sea a nivel distrital o provincial –que es el caso de los gobiernos locales, entiéndase municipalidades– y de los gobernadores en las regiones.

La labor de estructuración y formulación articulada en un Plan Piloto de Seguridad Ciudadana dejó un acervo tecnológico que se ha aprovechado en el presente documento, que se nutre con la experiencia de haber desarrollado talleres participativos, trabajo de laboratorio y otras acciones de construcción de instrumentos sobre la base del diagnóstico realizado con el método Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOPP por sus siglas en alemán) y otros instrumentos, como el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). De esta manera, se aterrizó en la identificación de las fallas, los defectos y las vulnerabilidades del Sinasec –que constituyen una clamorosa omisión del actual plan gubernamental–, y se proyectaron objetivos y acciones estratégicas para el cortísimo, el corto, el mediano y el largo plazo, lo cual nos permite contar con un enfoque uniforme sobre el problema.

Publicación: 2016

Editorial: Ediciones Nova Print S. A. C

Autores: Felix Murazzo Carillo

La obra contiene cinco estudios en los que los autores parten por analizar qué debe entenderse por una comunidad de seguridad, cuáles son sus etapas o fases así como las condiciones que hay que cumplir para alcanzar tal objetivo, para luego abocarse desde su respectiva visión nacional a establecer qué pasos deberían darse para lograr construir dicha comunidad entre nuestros países.

Si bien todos ellos tienen una visión realista del tema así como de sus dificultades también comparten las fortalezas y avances que se han dado en materia de seguridad cooperativa, las que pueden ser muy útiles al momento de tomarse la decisión política de establecer una comunidad de seguridad.

De esta manera, la Red de Política de Seguridad continúa sus trabajos formulando propuestas académicas concretas que contribuyan a la cooperación y a la posterior conformación de una comunidad de seguridad entre nuestros países, tarea sin duda compleja y difícil por las particularidades existentes en cada país, pero a la vez necesaria e importante, si queremos contar con Estados democráticos seguros y en paz.

Publicación: 2016

ISBN: 978-9972-671-36-4

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: José Rocabado, Antonio Ramalho, Jaime Baeza y María Cristina Escudero, Eduardo Pastrana, Henry Cancelado y Andrés Gómez de la Torre.

Una de las principales líneas de investigación del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú es la Política Exterior Peruana y, dentro de ella, aquellos aspectos poco profundizados o explorados en la literatura nacional. Este es el caso precisamente de nuestras relaciones con la Europa comunitaria, no obstante los importantes niveles de comercio, inversión, cooperación y diálogo político existentes entre ambos.

En este sentido, el IDEI se planteó llevar adelante esta investigación, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la misma que busca ampliar las perspectivas del trabajo que viene realizando en el continente. La KAS consideró, desde un inicio, que este proyecto se enmarcaba dentro de sus propósitos institucionales en tanto el mismo busca poner en conocimiento fundamentalmente del público peruano y europeo la evolución y la situación actual de la relación entre la Unión Europea y el Perú, para así buscar puntos de convergencia y fortalecer las relaciones entre ambos.

Publicación: 2016

ISBN: 978-9972-671-38-8

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: Fabian Novak y Sandra Namihas

Este libro es producto de quince años de trabajo sobre conflictos sociales. Primero como funcionarios públicos en diversos cargos entre 2001 y 2004 y, luego, desde el sector privado por medio de múltiples estudios sobre problemas específicos en casi todas las regiones del país.

El objetivo de esta publicación es contribuir con la experiencia y conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos años a entender las complejas racionalidades que explican los conflictos sociales en el Perú. Conflictos que ocurren principalmente en entornos rurales y vinculados a la presencia de industrias extractivas privadas. Queremos hacer una reflexión en profundidad que parte de la evidencia que ayude a entender los problemas y, más todavía, a prevenirlos o encontrarles soluciones que beneficien al país.

Publicación: 2016

ISBN: 978-612-47258-0-7

Autores: Carlos Basombrío, Fernando Rospigliosi, Ricardo Valdés

Un documento que invita al lector a reflexionar sobre la situación actual de la democracia en los partidos políticos, analizando la historia de sus procesos internos y, buscando experiencias positivas y lecciones aprendidas en América Latina.

El autor inicia el Policy Paper presentando a los partidos políticos como soportes de la democracia y analizando sus procesos de reforma. A continuación, caracteriza la democracia interna de los partidos políticos y las formas en que esta se ha llevado a cabo, tanto en Perú, como en América Latina, mostrando los efectos positivos y negativos de la implementación de las elecciones primarias, principal propuesta que hoy se viene discutiendo en el Perú, en el marco de la Reforma Electoral.

Más adelante hace un análisis de las propuestas de reforma, especialmente sobre las que se relacionan con las elecciones internas en los partidos peruanos, este análisis culmina en las elecciones presidenciales de 2016.

Con la Ley de Partidos Políticos implementada en el año 2003, se crearon diversos mecanismos de democracia interna, a casi 15 años de su implementación, el Perú está discutiendo una reforma que implemente un nuevo mecanismo que acorte la brecha entre los ciudadanos y la política. Para ello, es necesario reflexionar y aprender de las lecciones aprendidas.

Publicación: 2017

Editorial: Negociaciones Krismar S.R.L

Autor: Arturo Maldonado

La Red de Política de Seguridad presenta su tercera contribución académica en tan solo tres años de existencia, con la participación de un conjunto de destacados académicos.

Esta obra reúne seis estudios particularmente valiosos en los que los autores analizan la evolución y situación actual del tráfico ilícito de drogas en sus respectivos países, las conexiones con redes del narcotráfico en países vecinos, los mecanismos de cooperación con Estados limítrofes y una serie de recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la lucha contra esta seria amenaza a la seguridad.

Con esta publicación, la Red continúa, por tercer año consecutivo, impulsando propuestas académicas concretas que aporten a la cooperación regional y a la eventual conformación de una comunidad de seguridad entre nuestros países. Una tarea sin duda compleja, dada la diversidad de contextos nacionales, pero al mismo tiempo imprescindible y urgente.

Publicación: 2017

ISBN: 978-9972-671-43-2

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: José F. Rocabado (Bolivia), Antonio Jorge Ramalho (Brasil), Jaime Baeza Freer y María Cristina Escudero Illasces (Chile), Eduardo Pastrana Buelvas y Diego Vera Piñeros (Colombia), Diego Pérez Enríquez (Ecuador) y Jaime A. García Díaz (Perú).

La democracia está en declive en el mundo y la “tercera ola de autocratización” sigue creciendo, de acuerdo con el Reporte de la Democracia 2025 del proyecto Variedades de la democracia de la Universidad de Gotemburgo. Por primera vez desde el 2000, los regímenes autoritarios superan a los democráticos y hay más personas viviendo bajo estos gobiernos. La democracia liberal ha quedado marginada, con solo 29 países en el mundo con este tipo de régimen político según el informe.

Particularidades en Latinoamérica

En América Latina, esta tendencia global de retroceso democrático también comienza a manifestarse, aunque con particularidades regionales. Algunas democracias electorales muestran signos de debilitamiento institucional más pronunciados. Especialmente en lo que respecta a la independencia judicial, el pluralismo mediático y las garantías de derechos civiles.

No obstante, de acuerdo con el reporte de V-Dem, para el año 2024 la situación en la región aún no alcanzaba niveles críticos. De hecho, casi el 70% de la población latinoamericana seguía viviendo bajo regímenes democráticos. Esto indica una resiliencia importante frente a la ola autocratizante que avanza en otras regiones del mundo.

El tipo de régimen político que concentra más países en la región son las democracias electorales, en algunos con tendencias a la baja (Argentina y Perú). México se separa de este grupo y se ubica en la zona gris. Esto significa que el país ha perdido características de una democracia electoral, aunque sin convertirse todavía en una autocracia electoral. La democracia liberal en la región se reduce solo a tres países: Costa Rica, Chile y Uruguay. Por su parte, en la zona gris de autocracias electorales se encuentra Guayana y en la de las autocracias electorales están Venezuela, El Salvador y Nicaragua —con estos dos últimos profundizando este proceso—. Finalmente, se conservan dos autocracias cerradas: Cuba y Haití.

Con estos datos, América Latina es la segunda región mejor posicionada en el mundo en el grupo de las democracias, después de Europa Occidental y América del Norte. Brasil representa un caso importante de resiliencia democrática después del gobierno de Jair Bolsonaro. Contribuye a que la región esté mejor posicionada cuando se considera el número de población que vive bajo un gobierno democrático. Otros países con una tendencia democratizante en 2024 son Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Honduras. En el reporte se destacan los dos primeros casos por haber revertido proyectos de gobiernos autoritarios previos. Por su parte, Honduras, desde la llegada Xiomara Castro, ha logrado avances significativos en materia de libertades y derechos, así como en la organización de las elecciones.

Camino a la autocracia

Sin embargo, el grupo de países con tendencias autocratizantes —con distinta magnitud e intensidad— es mayor. Aquí se encuentran Argentina, El Salvador, Guayana, Haití, México, Nicaragua y Perú. En este grupo preocupa el caso de México por la influencia económica y política que ejerce en la región. Además, es el segundo país con mayor población en América Latina.

En las elecciones de 2024 el oficialismo ganó las cámaras y la presidencia con Claudia Sheinbaum. La mandataria pasó una reforma constitucional que socava la independencia judicial y desactiva el Poder Judicial como contrapeso del Poder Ejecutivo. Asimismo, organizó una elección judicial cuestionada por su falta de integridad. De hecho, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos recomendó a los países de la región no replicar el modelo de selección de personas juzgadoras, como el mexicano, por los múltiples problemas que evidenció en las diferentes etapas del ciclo electoral.

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 El caso de Perú muestra una tendencia similar con el debilitamiento del Poder Judicial pero, en este caso, ampliando las facultades del Poder Legislativo. Tanto México como Perú siguen siendo democracias electorales (México en la zona gris) pero se encuentran entre los diez países del mundo que en 2024 estuvieron como “principales caso de autocratización asilada”.

El paso de autocratización ha sido más precipitado en El Salvador: el gobierno de Nayib Bukele ha consolidado una autocracia electoral en apenas cinco años. Después de que su partido ganó las elecciones intermedias en 2021, su primer movimiento fue destituir a todos los jueces de la Sala Constitucional y nombrar a sus leales, quienes autorizaron su reelección, a pesar de ser inconstitucional. La libertad de expresión —ataques a medios de comunicación—, el debido proceso —detenciones arbitrarias— o la libertad académica son algunos de los derechos deteriorados de manera sistemática en los últimos años.

Peores y mejores casos

En 2024, la democracia en América Latina enfrentó un panorama marcado tanto por señales alentadoras de resistencia como por preocupantes tendencias de autocratización. En algunos países, los retrocesos democráticos se profundizaron, mientras que en otros se logró contener —e incluso revertir— dinámicas autoritarias.

Por un lado, resulta urgente observar con detenimiento los casos de Argentina, México y Perú, donde persisten amenazas significativas a la democracia. Sucede tanto por la concentración de poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales o la instrumentalización de las instituciones judiciales y electorales.

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Por otro lado, el caso de Brasil ofrece valiosas lecciones sobre la resiliencia democrática. Allí, tanto las instituciones como sectores amplios de la sociedad civil lograron contener intentos autoritarios y defender el orden constitucional.

Analizar las condiciones que han hecho posible esta resistencia —como la independencia judicial, el papel de la oposición y la movilización social— resulta clave para comprender cómo se puede hacer frente a esta nueva ola de autocratización que amenaza con expandirse en la región.

La Consulta Previa es actualmente uno de los temas medulares en la agenda de los pueblos indígenas de América Latina. Los procesos de consulta están arrojando valiosas lecciones aprendidas que se reflejan en casos concretos, tanto de buenas como de malas prácticas en su aplicación.

Para la Fundación Konrad Adenauer (KAS), y en concreto para el Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) en América Latina, ha sido un honor presentar estas contribuciones que develan importantes lecciones aprendidas en países como Canadá, Perú, Panamá y Chile.

Las contribuciones presentadas dejan evidencia sobre la importancia de encarar todo proceso de Consulta Previa, basados en principios de buena fe, brindando información oportuna a las comunidades y pueblos indígenas desde el momento en el que el proceso de consulta se inicia. Uno de los problemas recurrentes que se debe evitar, es que una de las partes involucradas en la consulta se convierta en juez y parte.

Los invitamos a leer esta importante contribución sobre las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora de la implementación de la Consulta Previa Libre e Informada en la región.

Publicación: 2017

Editorial: Editora Presencia

Autor: Jay Hartling

La llegada del cristianismo al continente americano fue un hecho político, o si se quiere, consecuencia de un hecho político, ocurrido hace más de 500 años. Descubrimiento o cubrimiento, evangelización o conquista, salvación o exterminio, encuentro o choque, son criterios dicotómicos que se han utilizado innumerables veces para analizar lo sucedido.

El cristianismo llegó a estas tierras junto a un proceso violento de dominio militar y político que impuso el catolicismo a todos sus habitantes y sus descendientes.

Luego de cinco siglos de monopolio católico y convivencia política con las instancias de poder, ahora en toda América Latina surgen movimientos religiosos que hacen el camino inverso y quieren establecer sus modelos políticos a través de la conquista religiosa de sus habitantes. Estos nietos de protestantes europeos, hijos de los ‘evangelicales’ y pentecostales norteamericanos; estos exmarginados sociales y religiosos, invisibles en las encuestas de opinión, ahora llegan a la mayoría de edad y se alzan con banderas políticas en todo el continente, partiendo de sus convicciones religiosas; pero esta vez empoderados por la fuerza de los votos, debido al número creciente de sus miembros.

Por eso, algunos líderes evangélicos pretenden extender su militancia religiosa al fuero público y convertir ese bien ganado ‘capital religioso’ en un rentable ‘capital político’. De esta manera, han surgido partidos confesionales que buscan ser los ‘brazos seculares’ de sus iglesias —con la intención de equipararse o, simplemente, reemplazar a la Iglesia Católica—. Sin embargo, la historia política de los evangélicos en América Latina es mucho más compleja, y no se limita a esos intentos de mesianismos políticos con visiones ‘reconstruccionistas’.

Publicación: 2017

ISBN: 978-9972-2639-7-2

Autor: José Luis Pérez Guadalupe

Cuando la Iglesia Católica habla de doctrina social, no tiene la pretensión de presentar un dogma ideológico de aplicación obligatoria desde el Estado. No presenta una agenda económica o política, ni pretende un sistema alternativo. Tampoco es una propuesta técnica para solucionar los problemas prácticos. Mucho menos es una utopía, en el sentido de un proyecto social imposible de alcanzar, ni una doctrina estática y fijada.

En La Libertad, Temas de Conciencia y Práctica, Guillermo Aveledo escribe que la doctrina social de la Iglesia “es una guía para los católicos y para cualquier persona de buena voluntad más allá de su fe, si la tiene, pero no es una receta para organizar la sociedad o gobernarla. Nada tiene que ver, tampoco, con visiones clericales del gobierno civil, o leyes religiosas para regir la vida política, a la usanza de ciertas visiones desde el islam. Como doctrina, expresa principios y valores. Los principios marcan una orientación moral y constituyen una unidad por su conexión y articulación. Y los valores reflejan el aprecio a los aspectos de bien moral perseguidos por los principios”.

Es dentro de esta misma comprensión que el papa León XIV, al reunirse por primera vez con la Fundación Centesimus Annus, nos plantea que, para la doctrina social, lo importante no son los problemas, ni siquiera las respuestas a ellos. Sino, el modo en el que se afronta, «con criterios de evaluación y principios éticos, y con apertura a la gracia de Dios», dijo el papa en su discurso en la fundación.

En esto radica la pertinencia, la conveniencia y la audacia de la doctrina social de la Iglesia: en que hablemos menos de opiniones e ideas propias de una religión, y la entendamos más como un «camino común, coral e incluso multidisciplinar hacia la verdad», explica León XIV.

Inicios de la doctrina social

A finales del siglo XIX, la Rerum Novarum —con ella toda la doctrina social de la Iglesia— surge como propuesta ante un mundo en cambios radicales. Desde lo sociopolítico hasta lo científico-técnico, se presentaban nuevas concepciones de autoridad, esperanzas de nuevas libertades. Pero, sobre todo, evidentes e inminentes peligros de nuevas injusticias y esclavitudes.

¿Es acaso muy diferente el desafío a finales del siglo XIX que a principios del siglo XXI? Pues no.

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El papa León XIV, haciéndose de un término propio de Francisco, «policrisis«, describe de manera breve pero demoledora y precisa la coyuntura que vivimos hoy. «Convergen guerras, cambios climáticos, crecientes desigualdades, migraciones forzadas y conflictivas, pobreza estigmatizada, innovaciones tecnológicas disruptivas, precariedad del trabajo y de los derechos», expresó a los miembros de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice.

Ante este panorama, León XIV plantea un desafío: “Tenemos aquí un aspecto fundamental para la construcción de la «cultura del encuentro» a través del diálogo y la amistad social”.

Encuentro ante el desafío tecnológico

Sin duda alguna, queda clara cuál es la postura que propone la Iglesia, y espera del cristiano, en el siglo XXI: acercamiento, diálogo y encuentro.

Durante el siglo XX, gracias a la doctrina social de la Iglesia hubo logros importantísimos que definieron el devenir de la civilización mundial contemporánea. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y junto con ello, la lucha y el desarrollo de la concepción actual de los derechos humanos. La inculturación, difusión e incorporación de los principios fundamentales de esta doctrina (dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad) en el discurso social y político mundial y la promoción de la democracia como sistema de gobierno ha sido también logros de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX. Y, por supuesto, el apoyo a diversas iniciativas de desarrollo social para la atención de la pobreza y el impulso de la paz mundial.

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Hoy, en el siglo XXI, es el avance de la tecnología lo que se nos presenta como una realidad que con asombrosa y vertiginosa velocidad va definiendo una nueva forma de entender las relaciones sociales lato sensu.

Referente moral

Justamente allí, la doctrina social se debe erguir como un referente fundamental en el proceso de diálogo y reflexión indispensable para que la tecnología verdaderamente traiga a la humanidad, mayores beneficios y menores problemas.

De manera precisa nos lo plantea el documento Antiqua et Nova: “Como cualquier otra empresa humana, el desarrollo tecnológico debe estar al servicio del individuo y contribuir a los esfuerzos para lograr «más justicia, mayor fraternidad y un más humano planteamiento en los problemas sociales», que «vale más que los progresos técnicos»”.

Y continúa el documento: “Entre una máquina y un ser humano, sólo este último es verdaderamente un agente moral, es decir, un sujeto moralmente responsable que ejerce su libertad en sus decisiones y acepta las consecuencias de las mismas; sólo el ser humano está en relación con la verdad y el bien, guiado por la conciencia moral que le llama a «amar y practicar el bien y que debe evitar el mal», certificando «la autoridad de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída»; sólo el ser humano puede ser lo suficientemente consciente de sí mismo como para escuchar y seguir la voz de la conciencia, discerniendo con prudencia y buscando el bien posible en cada situación”.

El aggiornamento

Nos dice Antiqua et Nova que «lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen». Es decir, el foco debe ser la preocupación por las implicaciones éticas del desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo manteniendo la promoción del bien común, el respeto y cuido de la «casa común», el desarrollo humano integral, la búsqueda de la verdad, la aplicación de la solidaridad y la fraternidad humana; que nos permita atender el llamado que tenemos todos a la Trascendencia.

Israel, Irán y Estados Unidos se instalaron como los tres actores centrales para la atención mediática internacional en la última semana. La cobertura inició con el ataque israelí a instalaciones nucleares y militares en Irán el 13 de junio, con el objetivo de frenar el avance del programa nuclear de Teherán. 

EEUU se sumó al conflicto el 21 de junio, con una ofensiva a tres centros nucleares iraníes. Incluía la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow, clave para el programa iraní. Días después, el 23 de junio, EEUU fue contraatacado en sus bases militares en Catar.

Aunque el 23 de junio Trump declaró el fin de lo que denominó “la guerra de los 12 días”, el conflicto determinó, nuevamente, cómo se componen las alianzas internacionales. A la espalda de Trump, con apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ubicó la Unión Europea —impotente, ceñida a pedir el cese del conflicto—, y la OTAN —que incluso felicitó al presidente estadounidense por su “decisiva acción” en el territorio—. Del otro lado, Irán fue respaldado por Rusia y China. 

Pero, ¿cómo se posicionaron los países latinoamericanos ante este conflicto?

Del lado de Israel

Aunque no hubo un comunicado oficial, el presidente argentino, Javier Milei, expresó su posición de forma explícita. “Irán es un enemigo de Argentina”, declaró el viernes pasado, en una entrevista con el canal LN+, horas antes del involucramiento estadounidense. Además, subrayó su alineamiento incondicional con Israel —que Irán busca “hacer desaparecer”— y llamó “queridísimo amigo” Netanyahu. En esa línea, Milei reposteó mensajes de Trump y Netanyahu, avalando la acción militar y la doctrina de “paz a través de la fuerza”. En tanto, la oposición argentina reclamó que el presidente no puede catalogar de “enemigo” a Irán sin el pronunciamiento del Congreso. 

Los atentados a la embajada de Israel (1992) y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como AMIA (1994), son antecedentes que pesan en el posicionamiento del país. Investigaciones judiciales argentinas vinculan los atentados a Hezbolá e Irán, lo que consolidó un vínculo estratégico entre el gobierno argentino e israelí en seguridad y lucha contra el terrorismo.

Paraguay también respaldó abiertamente a Israel en un comunicado de la Cancillería en el que reafirmó su derecho a la autodefensa. “Paraguay ratifica su apoyo al pueblo de Israel y al derecho de proteger su existencia. Acompañamos las acciones llevadas adelante por los países aliados”, expresa el texto. Asimismo, condenó “enérgicamente” el ataque iraní contra la base militar Al-Udeid en Catar y llamó a buscar “una salida diplomática” al conflicto. 

Por su parte, Ecuador y El Salvador, con gobiernos alineados ideológicamente con la línea política de Trump, no emitieron declaraciones oficiales hasta el momento. Un dato coyuntural: el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estuvo en China en el Foro Davos de Verano —apenas dos días después de que se declarase el fin de la guerra— en busca de nuevas inversiones.

Llamado a la paz

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó al “diálogo diplomático por la paz entre las partes” y reiteró la “convicción pacifista” del país. Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, escribió en X que “México será siempre factor de paz” y citó al papa Francisco: “La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra es la construcción de la justicia”.

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Sin aseveraciones tajantes en contra o a favor de Irán o Israel, Uruguay, Colombia y Perú transmitieron su preocupación, llamaron a buscar una resolución diplomática del conflicto y a establecer la paz. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, incluso describió que el país mantiene una “posición de neutralidad”. Matizando el tono del comunicado oficial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, adoptó una postura más enfática. Durante un acto público, sostuvo que Irán no desarrolla armas nucleares, sino un programa con fines pacíficos.

Condenas a EEUU 

Luego de que EEUU se involucrara en el conflicto, el presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su repudio hacia la ofensiva en su cuenta personal de X. “Chile condena este ataque de EEUU”, escribió. “Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos”, agrega el mensaje del presidente. Además, la Cancillería chilena publicó un comunicado el mismo día reafirmando la condena.

Bolivia se sumó a las condenas a EEUU mediante un mensaje en X del presidente, Luis Arce. ”Bombardear objetivos de esta naturaleza no solo pone en riesgo la paz regional y global, sino que vulnera principios fundamentales del Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, expresó. 

Con una apoyo más claro hacia el régimen de los atayolás, Brasil calificó las ofensivas como una “violación de la soberanía de Irán y una transgresión al derecho internacional” mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se alude específicamente a las normas de la Carta de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Además, el país reafirmó su postura mediante un comunicado conjunto de los BRICS, presidido en este momento por Brasil. El bloque expresó una “profunda preocupación por los ataques militares contra la República Islámica” y llamó a una resolución diplomática. 

Del lado de Irán

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó «enérgicamente» los bombardeos estadounidenses. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano denuncia la «cobarde agresión» y agrega: «Hay que detener la agresión de Estados Unidos contra Irán (…), alentada por el Gobierno genocida de Israel”. «Con este irresponsable paso, Estados Unidos secuestra de manera temeraria la búsqueda de la paz regional y arrastra a la humanidad a una crisis de incalculables consecuencias», prosigue.

Desde el inicio del conflicto, en una serie de comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen venezolano expresó su «solidaridad con el pueblo iraní”. Además de respaldar “las acciones adoptadas por la República Islámica” para defenderse, el ministerio agregó que “respalda los pronunciamientos de la República Popular de China y la Federación de Rusia”. 

El régimen nicaragüense emitió un comunicado en el que calificó la agresión de Israel como una «temeraria agresión» y un «cobarde ataque». «Nuestra invariable solidaridad con el líder supremo de la revolución islámica de Irán, ayatolá Ali Jamaneí y el presidente Masoud Pezeshkian, con el pueblo iraní», agregó el mensaje del líder sandinista.

Nayib Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador hace seis años, en junio de 2019, con la promesa de poner fin a la inseguridad del país. Los resultados de sus medidas hicieron que algunos líderes latinoamericanos vean con admiración su modelo de seguridad. Incluso expresaron la intención de aplicarlo en sus países. En contraste, organismos internacionales, organizaciones sociales, periodistas y otros dirigentes políticos lo catalogan como un líder autoritario. 

Es un hecho que, cuando Bukele se lanzó como candidato, en 2018, el país era considerado el más violento del Triángulo Norte, con una tasa de homicidios de 51 cada cien mil habitantes. Seis años después, a fin del 2024, El Salvador finalizó con una tasa de 1,9 cada cien mil habitantes. Así, pasó a ubicarse como uno de los países más seguros de Latinoamérica. De todos modos, ante las visiones cruzadas, surge un cuestionamiento: ¿las cifras justifican las medidas?

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Diálogo Político propone un nuevo Contrastes para analizar esta dicotomía. Desde sus propias perspectivas, dos salvadoreños opinan sobre la política de seguridad de Bukele. ¿Es favorable para el país? ¿Hasta qué punto puede aceptarse? ¿Debe ser combatido? ¿Respeta los procedimientos del Estado de derecho? Lo analizan Julia Gavarrete —periodista salvadoreña, especializada en política, migración y derechos humanos, ganadora del Premio Ortega y Gasset 2023— y René Martínez —sociólogo y profesor en la Universidad de El Salvador—.

Bukele no: Estado de derecho

“El Estado de derecho y el respeto al debido proceso es inexistente en El Salvador”, sentencia la periodista Julia Gavarrete. ¿Cómo lo explica? 

“Tras un fin de semana en donde las pandillas dieron muestras de su poder asesinando a cerca de 87 personas”, narra Gavarrete, Bukele instauró el estado de excepción en marzo de 2022. “Este régimen, que limita ciertos derechos constitucionales, acumula hasta hoy más de 85,000 personas detenidas e innumerables denuncias por abusos cometidos y violaciones de derechos humanos por parte del Estado”, asegura la periodista. El instrumento permite suspender temporalmente determinados derechos constitucionales en circunstancias extraordinarias, según detalla la Constitución de El Salvador.

A esto, agrega que, con la reelección presidencial en 2021, Bukele consolidó su poder al “obtener supermayoría en el Congreso y el control de más de la mitad de las alcaldías”. “En mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa controlada por Bukele removió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia e impuso a los suyos, removió jueces y al fiscal general e impuso uno a su medida. Desde ahí tomó el control de los tres aparatos del Estado”, explica. Para Gavarrete, entonces, “frente a una oposición inexistente y agonizante, el camino para instaurar un régimen autoritario estaba a la vista”.

De todos modos, la periodista suma otro condimento que explicaría las mejoras en seguridad: la negociación con las pandillas. “Investigaciones del medio independiente El Faro demuestran que entre 2014 y 2025 Bukele comenzaría a tener los primeros acercamientos con las pandillas para conseguir una negociación que le permitiese llegar a la silla presidencial”, explica la periodista. 

Gavarrete cita una publicación reciente, de mayo, que “revela en voz de un líder pandillero del Barrio 18, liberado por el gobierno de Bukele, los detalles de cómo fue el pacto con las pandillas”. “Ese líder es Carlos Cartagena, conocido como `el Charli´, quien habría sido detenido en un retén policial 25 días después de instaurado el régimen de excepción, pero liberado horas después”, cuenta. Agrega que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó información de casos similares. 

“Y sí, logró su cometido: reducir el número de homicidios en El Salvador, desarticular a las pandillas y que este sea reconocido como el ´país más seguro del Hemisferio Occidental´”, opina.

Bukele sí: más seguridad

Para el sociólogo René Martínez , “los números hablan por sí solos”. “Noviembre de 2024 cerró como el segundo mes más seguro en la historia de El Salvador, únicamente superado por octubre del mismo año. La tasa de homicidios en 2024 fue de 1.9 cada cien mil habitantes”, comenta. 

Para Martínez, Bukele alcanzó estas cifras por “varios factores estratégicos que cambiaron la forma de enfrentar a las pandillas a partir de asumir una nueva epistemología”. El sociólogo explica que se comenzaron a “reivindicar los derechos humanos de las víctimas, no de los victimarios, lo que lleva al uso de una nueva narrativa sociológica que hace hincapié en las presencias”, (en referencia la teoría de Boaventura de Sousa). 

Otro factor relevante es el Plan de Control Territorial. Comenta: “Fue redactado para actuar a todo nivel, en lo coercitivo y preventivo, así como para garantizar la recuperación del control del territorio por parte del Estado” mediante el uso de la policía y el ejército. Agrega también “el uso del régimen de excepción, el recurso constitucional que le dio operatividad al plan”. Y, finalmente, opina que el “liderazgo político” de Bukele “es la variable interviniente del éxito del plan, y sin la cual no hubiese podido pasar del primer mes de ejecución, que fue el más difícil”. 

Y vuelve a los números: ​​”El Salvador se ha posicionado, en los últimos tres años, entre los países más seguros del mundo, con un 88% de sus ciudadanos que lo confirma, según el informe de Gallup de 2025”. Para Martínez, la población “ha decidido ser garante de la seguridad, lo cual es posible porque la confianza en las instituciones de seguridad pública ha aumentado significativamente”. 

Asume, de todas formas, que aún quedan enfrentar algunos desafíos. Por ejemplo, “que el país deje de ser usado como un corredor (del narcotráfico) y potenciador de la delincuencia común; disminuir la tasa de desempleo; combatir el carterismo, las estafas, la corrupción y la impunidad”. “Todos esos factores combinados constituyen la versión más amplia de la seguridad nacional”, afirma. 

¿Modelo de exportación?

El año pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bukele expresó: “Hoy, el mundo está mirando el ejemplo de El Salvador y se pregunta ‘¿cómo un país puede levantarse tan rápido?’. Pero tal vez deberían hacerse una pregunta diferente, ‘¿cómo el resto del mundo se está cayendo tan rápido?’”. 

En Latinoamérica, políticos de la región se interesan en conocer la receta del éxito ante la inseguridad y la violencia. El Washington Post informó esta semana que funcionarios ecuatorianos visitaron El Salvador para conocer el CECOT y considerar la posibilidad de enviar prisioneros a ese centro. Algo similar expresó Perú. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, llegó a expresar su intención de “seguir el modelo”. 

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Para Martínez, el presidente salvadoreño se convirtió en un “referente internacional”. No solo por la disminución de la tasa de homicidios, también porque “reivindica la narrativa de las víctimas”. Y recuerda más palabras del presidente en la ONU: “Ahora son los buenos los que viven libres sin miedo con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados”. “Pese a las críticas sobre violación a los derechos humanos que señalan los opositores locales y algunos organismos internacionales, el paradigma Bukele para enfrentar exitosamente el problema de la violencia social ha sido tan exitoso como rápido”, resume Martínez.

En contraste, para Gavarrete el modelo Bukele “se vuelve más peligroso con el beneplácito de Donald Trump”. “Sabe que para que su modelo represivo se perpetúe y no pierda seguidores necesita quitar del medio a la crítica y la disidencia”, opina la periodista. 

Y agrega: “El presidente de Estados Unidos no solo aplaudió su modelo, sino que lo promovió desde el momento en el que acordaron el envío de supuestos criminales al Cecot, una cárcel de máxima seguridad construida en pleno régimen de excepción. Trump y Bukele negociaron que El Salvador reciba a ´criminales´ venezolanos del Tren de Aragua a cambio de 6 millones de dólares. Bukele ni siquiera confirmó si estas personas tenían ya una condena”. Para la periodista de El Faro, la alianza confirma “la peligrosidad de modelos autoritarios donde la única ley es la de quien tiene el poder”. 

“Pensar en el éxito del plan que ha llevado a Bukele a llamar la atención de otros países que quieren replicar su modelo parte de hechos concretos que han facilitado a Bukele consolidarse en el poder”, resume Gavarrete. 

En el marco del 20º aniversario del foro GLOBSEC celebrado en junio, Diálogo Político conversó con el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Defensa de Argentina, Juan Battaleme. El diplomático analiza el papel estratégico argentino en un orden mundial multipolar. Destaca el giro hacia una defensa alineada con occidente, una diplomacia activa y una renovada cooperación transatlántica frente al cambio geopolítico global.

A lo largo de dos décadas, esta conferencia se consolidó como una de las plataformas europeas más influyentes en la configuración de la seguridad y la estabilidad mundial. El encuentro de 2025 reunió a líderes mundiales bajo el patrocinio del presidente checo Petr Pavel. Las discusiones del GLOBSEC reflexionaron sobre seis desarrollos clave. Entre ellos, se menciona la evolución de la dinámica global impulsada por la creciente prominencia del Sur Global, que incluye a América Latina, África y el Indo-Pacífico.

Ordenar Argentina

¿Cómo ve la posición de Argentina dentro del orden mundial actual?

—Hay tres cuestiones desde que llegó el presidente Javier Milei.

Primero, se puso en orden la economía de nuestro país. Es importante, porque un socio confiable para cualquier otro Estado debe tener su economía ordenada. Debe tener un marco regulatorio adecuado, tiene que evitar las arbitrariedades que puede cometer el Estado.

El segundo paso es construir una defensa funcional a los intereses de la República Argentina. Tiene que estar en cercana conexión con lo que el presidente estableció como valores centrales del liberalismo que están representados hoy por aquello que llamamos el mundo occidental. La idea de Milei, que se traduce en una diplomacia muy activa y en una política de defensa muy activa, es una integración inteligente con el mundo, eligiendo bien la participación de Argentina. Por ejemplo, al mostrar que no se puede ser neutral frente a un conflicto en el cual se pone en riesgo el principio de integridad territorial, como es el caso de Ucrania, o el apoyo a Israel, o la excelente relación con Estados Unidos y por supuesto con Europa.

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El tercer componente es garantizar la seguridad. Recordemos que venimos de años en los que la esfera de la seguridad pública, el uso del espacio público por parte de la oposición, tuvo bloqueos y presiones inauditas al sistema político que se traducían a un mal funcionamiento de la sociedad. El presidente ha decidido terminar con eso.

En el proceso de reforma del Estado, hubo un achicamiento en la cantidad de ministerios. Pero esos ministerios responden a las prioridades políticas: economía en orden, defensa fuerte, orden público y orden social.

Reforzar el vínculo transatlántico

¿Qué debería hacer realmente Europa ahora para ser un socio atractivo?

—Primero, al ser latinoamericano no creo estar en condiciones de poder decir qué es lo que debe hacer Europa. Sí sé que hay una oportunidad estratégica en el cambio geopolítico que enfrentamos, que creo que va más allá de la dinámica entre Estados Unidos y China. Es toda una era de transformación. Esta era de transformación, con las consecuencias geopolíticas que tiene, abre la oportunidad para reforzar el vínculo transatlántico. Como venimos trabajando con varios países de Europa, creo que este es un momento para que en el plano de la defensa y la seguridad trabajemos juntos en mantener un Atlántico Sur estable, seguro. Que sea útil para los países latinoamericanos, pero también para los países europeos.

No solamente Argentina, toda América Latina puede trabajar con Europa en tres líneas que son centrales para la estabilidad del mundo. Para garantizar la seguridad alimentaria es importante que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se termine de firmar y que se liberen las resistencias que plantean algunas voces en Europa. A la larga, si esas voces siguen siendo tan fuertes y sostenidas, es un daño para la propia Europa. Cambió el contexto geopolítico y Europa tiene desafíos muy concretos y un backup —por así decirlo— en América Latina. Lo mismo cuando miramos la seguridad energética y la seguridad mineral. De hecho, los dos acuerdos que firmó el presidente Milei en su gira europea fueron sobre esos temas.

Este es un momento en el que la propia demanda de autonomía estratégica por parte de Europa hace que tengan que desarrollar una estrategia para América Latina. Hoy, si no existe, uno podría decir que por lo menos es una estrategia muy buena.

Multilateralismo inteligente

Un orden mundial multilateral o multipolar: ¿qué defiende Argentina?

—En realidad, multilateral y multipolar no son excluyentes. La estructura internacional es multipolar. Esa multipolaridad podría tener un mayor componente multilateral.

Argentina está del lado del orden que respeta reglas y las leyes. Justamente porque somos un país mediano en el que queremos que impere la razón y la ley. En ese sentido, uno podría decir que Argentina apunta a que las instituciones multilaterales sean funcionales. Y las instituciones multilaterales tienen la obligación de acomodar, de dar cuenta y de trabajar con todas las perspectivas de países que son, como se dice, like-minded.

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Por eso, por ejemplo, el multilateralismo que propone la ONU tiene límites cada vez más claros. Hay nuevas formas de multilateralismo en la que los países que se ven reflejados en el mismo sistema de valores y de normas, funcionan. Para responder a la pregunta, vivimos en un mundo multipolar. La Argentina da cuenta de ese mundo multipolar y en ese mundo apuesta a un multilateralismo inteligente.

Relación de sociedad con la OTAN

Tras su toma de posesión, el presidente Milei anunció su intención de convertirse en asociado global de la OTAN. ¿Se ha presentado alguna solicitud de asociación de Argentina y qué se espera de dicha alianza?

—El ministro de Defensa presentó la solicitud. Es una iniciativa impulsada por él con el acompañamiento de la Cancillería. ¿Qué significa ser socio global de la OTAN? Significa básicamente ser parte de una red en la cual Argentina se puede beneficiar tanto en materia de equipamiento militar, como de entrenamiento, como de reglas, como de doctrinas militares modernas, desde donde nosotros podemos justamente tener esta defensa fuerte. El ministro no solamente ha presentado la carta, que fue aceptada. Se dio también lugar a la presentación de lo que la Argentina ve que puede obtener de una relación de sociedad o de partenariado con la OTAN.

Ahora esperamos la decisión del Consejo del Atlántico Norte para poder empezar a negociar con lo que se conoce como el Individually Tailored Partnership Programme, o ITPP, que nos va a establecer el curso para trabajar con la Argentina desde el Atlántico Sur, con sus limitaciones y con su mirada del mundo, en colaboración con la OTAN y de una relación de la cual nos vamos a beneficiar.

En la OTAN hay países muy cercanos, desde el punto de vista de la defensa, con Argentina, como Francia, España, Italia, Alemania y otros nuevos países que estamos explorando, como Finlandia, Dinamarca, que está teniendo un rol excepcional en la modernización militar de la República Argentina. También queremos desarrollar relaciones con Hungría o República Checa. Entonces hay un núcleo de oportunidades en esta Europa que está asumiendo un rol mucho más activo en temas de defensa y de seguridad internacional. Por supuesto que nosotros no nos olvidamos de nuestro espacio regional. Por eso el ministro trabaja también con Perú, Paraguay, Brasil, Chile. Esos países también tienen algún tipo de relacionamiento en el plano de la seguridad internacional con Europa, lo que varía es la intensidad.

El 14 de junio de 2025 falleció Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta nicaragüense y primera mujer latinoamericana elegida en el cargo. Dejó un vasto legado democrático para Nicaragua porque puso fin a una década de conflicto interno y abrió las puertas a la esperada transición política.

Su gobierno estuvo marcado por intensos conflictos. Sin embargo, es la referencia democrática más cercana que ha vivido el país en su historia reciente.

Una vida marcada por la política

Doña Violeta, como la llama la mayoría de los nicaragüenses, tuvo una vida marcada por la política, aunque no siempre como protagonista. Desde joven acompañó a su esposo Pedro Joaquín Chamorro, reconocido opositor a los Somoza. En diferentes oportunidades estuvo encarcelado, en el exilio y, finalmente, fue asesinado en 1978. Pedro Joaquín se convirtió en el Mártir de las Libertades Públicas por su defensa de la libertad de prensa y expresión al frente del diario La Prensa.

En 1979, Violeta se integró como la única mujer de las cinco personas que conformaron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional a la caída de los Somoza. Sus discrepancias con la dirigencia revolucionaria sandinista la llevaron a separarse del cargo un año después. Desde La Prensa mantuvo una posición crítica al sandinismo durante toda la década siguiente.

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En 1989 aceptó la nominación para correr como candidata a la presidencia por parte de la Unión Nacional Opositora (UNO). Agrupaba a catorce partidos políticos de diferente signo ideológico. En una jornada electoral trascendental, el 25 de febrero de 1990 fue elegida presidente, abriendo paso a la transición hacia la democracia en Nicaragua.

Transición conflictiva

El período presidencial de Barrios Chamorro, entre 1990 y 1996, es considerado como el de la transición democrática. Fue un período complejo, marcado por fuertes conflictos desde antes de su investidura el 25 de abril de 1990. Requirió la firma de un acuerdo para asegurar el traspaso de gobierno entre los sandinistas y los nuevos gobernantes.

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El acto de toma de posesión fue un reflejo de la polarización que vivía el país en esa época. De un lado, los simpatizantes de Barrios Chamorro celebrando su victoria; del otro, los simpatizantes del sandinismo respaldando a Daniel Ortega. Días después, el gobernante derrotado afirmó ante numerosos seguidores que iba a “gobernar desde abajo”, anticipando los intensos conflictos, movilizaciones y violencia política de los años siguientes.

Campos de disputa

Hubo tres campos de disputa importantes en ese período. Uno de ellos, la reconfiguración del Estado y el establecimiento de fundamentos democráticos. Los conflictos alrededor de este tópico se expresaron en diferentes ámbitos y formas. Por ejemplo, con el propio fraccionamiento de la UNO. Pero también con conflictos y tensiones con el FSLN, encabezado por Daniel Ortega, y sus organizaciones aliadas para preservar lo que ellos consideraban “el legado de la revolución”, además de sus posiciones de poder.

En algunas ocasiones las protestas tomaron la forma de sublevaciones urbanas con altos niveles de violencia. Uno de los incidentes políticos más críticos durante el gobierno de Barrios Chamorro se produjo el 2 de septiembre de 1993, cuando anunció el retiro del jefe del Ejército, el general Humberto Ortega, hermano de Daniel. El anunció provocó un airado reclamo público lo que hizo temer un intento de golpe de Estado que fue desmentido por la propia institución militar.

El segundo campo de disputa fue el proceso de desmovilización, desarme y reinserción de miles de excombatientes de la “contra” y del ejército. Poco después de la toma de posesión, se firmaron diversos acuerdos de desmovilización que incluían facilitar recursos para que los excombatientes se reinsertaran a la vida civil, la repatriación de miles de nicaragüenses que se encontraban en campos de refugio en países vecinos y la creación de medidas de protección y confianza para el retorno a sus comunidades de origen. Sin embargo, el escaso cumplimiento de los acuerdos generó un ciclo de rearme de excombatientes que se extendió hasta finales de los 90.

El cambio de modelo económico regulado a libre mercado se convirtió la tercera y más sensible discusión. Involucraba reconstruir el país después del largo conflicto bélico de los 80, establecer nuevas políticas que procuraran la estabilidad económica, el restablecimiento de relaciones comerciales con diferentes países y la reinserción de Nicaragua en el proceso de globalización económica.

Un legado que trasciende

A pesar de los desafíos y complejidades de la transición en Nicaragua, el gobierno de Doña Violeta Chamorro abrió las puertas a la democracia. Al final de su período presidencial, el país respiraba aliviado con el fin del largo conflicto bélico y la abolición del servicio militar. Se reestablecieron derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y otros derechos políticos, y creció la esperanza de un futuro mejor para las generaciones más jóvenes.

Ese tiempo ha quedado grabado en la memoria de los nicaragüenses como una época democrática. Durante las últimas décadas, las encuestas de opinión pública demuestran que los ciudadanos asocian el gobierno más democrático con el de Violeta Barrios de Chamorro. Una respuesta que se refuerza al contrastar esa imagen con la realidad actual de Nicaragua, marcada por un régimen autocrático, sultanístico, gobernado por el mismo Daniel Ortega que resultó derrotado en las elecciones de 1990 y ahora se aferra al poder para heredarlo a su familia mientras somete a la población sobre la base del temor y la persecución.

El cierre político del país y la dispersión de la oposición en el exilio auguran una transición política más compleja que la anterior, pero la puerta que Doña Violeta abrió para la democracia dejó entrar una bocanada de aire fresco y esperanza que perdura hasta hoy, alimentando el anhelo de libertad para Nicaragua.

La Red de Política de Seguridad fue constituida en el 2015 por iniciativa del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Alemania. En esta participan no solo profesores y especialistas de la PUCP sino también de la Universidad de Brasilia, la Universidad de Chile, la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

Esta red tiene múltiples propósitos como son: ampliar el conocimiento sobre los temas de seguridad en los países que la conforman, plantear propuestas de políticas públicas destinadas al fortalecimiento de este sector, identificar amenazas o problemas comunes a efectos de contribuir a su solución y, contribuir a una mayor cooperación y eventual conformación de una comunidad de seguridad entre nuestros países. Para tal efecto, la red no solo cuenta con investigaciones, publicaciones y eventos públicos anuales sino también con una página web que permite una amplia difusión de sus actividades.

En este marco, se presenta a la comunidad académica y al público en general la cuarta publicación de la red El nuevo rol de las Fuerzas Armadas, obra que contiene seis estudios elaborados respectivamente por José F. Rocabado, Antonio Jorge Ramalho, Jaime Baeza Freer y María Cristina Escudero Illanes, Eduardo Pastrana y Diego Vera, Diego Pérez Enríquez y, Andrés Gómez de la Torre Rotta.

Estamos convencidos de que esta contribución académica servirá para incentivar la reflexión sobre temas tan importantes para la seguridad regional, como el que aborda la presente publicación, enriqueciendo el debate, aportando ideas, proponiendo soluciones, todo ello con el único propósito de favorecer vivir en sociedades más estables y seguras.

Publicación: 2018

ISBN: 978-9972-671-49-4

Editorial: Equis Equis S.A.

Autores: Jaime Baeza Freer, María Cristina Escudero Illanes, Andrés Gómez de la Torre, Eduardo Pastrana, Diego Pérez Enríquez, Antonio Jorge Ramalho, José Rocabado Sánchez, Diego Vera.

Uno de los cambios más notables en América Latina durante las últimas décadas ha sido el aumento de los miembros de las distintas iglesias evangélicas en detrimento, muchas veces, del número de feligreses de la Iglesia Católica. En el libro Entre Dios y el César: El impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina, que publicamos en octubre de 2017, el doctor José Luis Pérez Guadalupe demostró que ello no solo implica un crecimiento numérico, sino también una búsqueda de poder e influencia. Así pues, los evangélicos han dejado atrás sus “templos de cochera” y se han instalado en el Parlamento, las alcaldías y las grandes empresas.

Este desarrollo ha ganado aún más visibilidad desde la campaña presidencial de 2018 en Costa Rica, en la que el candidato evangélico Fabricio Alvarado llegó a la segunda vuelta de las elecciones. El éxito mediático de Alvarado ha generado numerosos artículos y discusiones sobre el impacto político de los evangélicos en el continente. En este contexto, Entre Dios y el César… se ha convertido en una obra de referencia en los entornos académicos y en múltiples espacios de difusión en distintos países del continente.

La creciente influencia política de los evangélicos es un fenómeno latinoamericano; sin embargo, hay notables diferencias que se manifiestan según el país. Así, México cuenta con una población evangélica relativamente pequeña, mientras que en Guatemala y El Salvador los evangélicos constituyen casi la mitad del total de habitantes. Por su parte, en Argentina y Chile la participación política de los evangélicos se desarrolla en contextos relativamente seculares; entretanto, en Colombia y en el Perú, han estado involucrados en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, es en Brasil donde los evangélicos han alcanzado la mayor organización política.

La evolución histórica de las comunidades evangélicas en los distintos contextos nacionales y el origen de su incursión en la política son temas complejos. Cabe preguntarse, entonces, en qué medida podemos hablar de un protagonismo de “políticos evangélicos” o, más bien, de “evangélicos políticos”, de acuerdo con la terminología planteada por el doctor Pérez Guadalupe en la publicación antes mencionada.

De igual modo, es fundamental identificar las estrategias y políticas de los evangélicos en los distintos escenarios nacionales y aquellos temas que les han permitido consolidarse como una opción electoral exitosa. Por último, es válido preguntarnos por sus posibles aliados y cuál es su proyección hacia el futuro.

Publicación: 2018

Editorial: Tarea Asociación Gráfica Educativa

Editores: José Luis Pérez Guadalupe y Sebastian Grundberger