Desde una tarima en la Plaza de San Francisco de Cali –epicentro de la ola de atentados con bombas de esta semana–, el presidente Gustavo Petro defendió su consulta popular sobre los derechos laborales.
Horas antes, había firmado el decreto para realizarla. Así, desconoció la decisión del Senado de no aprobar la propuesta. “A partir de hoy, si el Senado no quiere, no decidirá el Congreso, decidirá el pueblo. Y la última instancia que define este debate político que he querido adelantar en Colombia es la Corte Constitucional a la cual respeto”, aseguró en un discurso en el que mencionó 59 veces al pueblo y luego citó la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata, según dijo después en una entrevista con CNN, del plan B por si la Corte Constitucional tumba su decreto.
El choque entre el gobierno y el Congreso representa una crisis política institucional. Nueve partidos desconocieron al presidente como garante del proceso electoral. Petro, a su vez, desconoció al Senado y es catalogado por constitucionalistas, sociedad civil, gremios y partidos políticos como inconstitucional y antidemocrático.
El decretazo
El “decretazo” fue firmado por Petro en la noche del 11 de junio pasado, pese a los llamados de diversas voces. Por ejemplo, el constitucionalista Rodrigo Uprimmy, fundador de Dejusticia, aseguró que no solo era inconstitucional, sino también innecesario.
¿Cómo se llega a este punto? En marzo, la reforma laboral se hundió en su tercer debate al ser archivada por ocho senadores de la Comisión Séptima. En respuesta, Petro convocó a una consulta popular. Esta consulta, uno de los tres mecanismos de participación ciudadana que aparecen en la Constitución colombiana, también debía ser llevada al Congreso para la aprobación de las doce preguntas planteadas por el gobierno.
El 14 de mayo, la consulta popular fue rechazada en plenaria del Senado con 49 votos en contra y 47 a favor. Ese día el Congreso se convirtió en un escenario de peleas. En una jugada de la oposición, se revivió la reforma laboral —mediante una apelación aprobada por mayorías— que había sido archivada en marzo. Pese a esto, Petro intenta impulsar una consulta popular por decreto para el 7 de agosto.
Con la caída ante el Congreso, Petro convocó al “pueblo” a organizar cabildos populares en todo el territorio en junio. Anunció que firmaría un decreto para realizar la consulta con base en la excepción constitucional, considerando que la negativa del Senado fue viciada.
En la noche del 11 de junio —cuatro días después del atentado a Miguel Uribe Turbay— Petro firmó el polémico decreto. Hoy, 17 de junio, el registrador Hernán Penagos dijo que, antes de convocar a la consulta popular, esperará que las altas cortes tomen una decisión. Además, solicitó el concepto de la sala de Consulta del Consejo de Estado.
Autoritarismo y populismo
Según Uprimmy, el decreto “desconoce la separación de poderes y, de prosperar, implicaría un peligroso precedente. Esa tesis habilitaría en Colombia la visión de Carl Schmitt, el jurista ideólogo del nazismo, según la cual el defensor de la Constitución no debería ser el tribunal constitucional, como es la tradición colombiana y lo planteó Hans Kelsen, sino el presidente. Esto es muy peligroso pues abriría las puertas a que mañana cualquier presidente, de derecha o de izquierda, pueda declarar nula o inexistente una sentencia judicial o una ley y se abstenga de cumplirlas. Es el comienzo del fin del Estado social de derecho”.
Por su parte, Mario Cajas, director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la universidad Icesi, señaló que lo de la consulta enrarece el ambiente y activa más polarizaciones. “En lo jurídico, todo depende en gran medida de las cortes. Creo que tener controles judiciales robustos es crucial en esta coyuntura. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen una tarea fundamental para dirimir la controversia jurídica, que también es política, entre el legislativo y el ejecutivo. También habrá que estar atentos a los gobernantes regionales, alcaldes y gobernadores. Allí también hay tensiones que no son nuevas y parecen atizarse. El papel de los partidos es complejo. Tienen agenda política y esa es su naturaleza. Con mayor razón los partidos de oposición: están en precampaña, como el gobierno y los sectores que lo respaldan”.
Consultar en campaña
La campaña electoral presidencial y parlamentaria empezó anticipadamente. Para muchos sectores, la consulta popular parece una estrategia de Petro para mantener el control del discurso. Pero la oposición también enarbola sus banderas en el antipetrismo y en los errores del gobierno en la “paz total”, la suspensión de la “regla fiscal” y la crisis de la salud.
Una de las principales críticas a la consulta de Petro es su elevado costo. Según el la Registraduría Nacional sería de 175 millones de dólares aproximadamente. Es un valor similar al de llevar a cabo las consultas interpartidistas previstas en el mes de octubre.
Al mismo tiempo, senadores de la oposición (María Fernanda Cabal del Centro Democrático y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical) convocaron un referendo. Buscan cambiar un artículo de la Constitución para permitir que los departamentos asuman el cobro y recaudo de los impuestos de renta y patrimonio.
Es importante aclarar las diferencias entre ambos mecanismos. La consulta popular es usada para consultar al pueblo sobre asuntos de trascendencia nacional, departamental o local sin juzgar directamente normas jurídicas. Puede ser convocada por el presidente, gobernador o alcalde mediante decreto, siempre que cuente con concepto favorable del Senado (la votación que perdió el Gobierno). El referendo busca que el pueblo apruebe, modifique o derogue directamente leyes o artículos de la Constitución. Debe tener un trámite que inicia con una recolección de firmas.
Atentado contra Uribe Turbay
A esta disputa se suma un hecho que marcó un punto de inflexión en la coyuntura reciente: el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en una plaza pública de Bogotá. Un joven de 14 años disparó contra el líder del Centro Democrático, sin alcanzar su objetivo, pero dejando claro que la violencia política ha escalado a nivel nacional. Hasta ahora, las agresiones se concentraban sobre todo en liderazgos regionales y sociales.
El ataque contra Uribe Turbay, nieto de un expresidente e hijo de Diana Turbay, periodista secuestrada y asesinada por Pablo Escobar hace más de 35 años, revive el fantasma de los magnicidios y la violencia de décadas pasadas.
La Misión de Observación Electoral, en su comunicado más reciente, alerta sobre los riesgos crecientes para la participación democrática, provocados no solo por la violencia física, sino también por la radicalización del discurso político. La organización advierte que “los señalamientos generalizados, la estigmatización y el uso de un lenguaje beligerante desde distintos sectores del poder” crean un ambiente hostil que puede derivar en violencia concreta.
Un análisis de La Silla Vacía sobre los discursos más agresivos en X mostró cómo líderes de distintas tendencias utilizan el lenguaje como arma. Mientras el presidente Petro recurre a términos como “genocidas” o “enemigos del pueblo” para referirse a sus críticos, en la oposición se le responde con adjetivos como “delincuente” o “guerrillero”. Esta dinámica llevó el debate político a un terreno tóxico, donde la deliberación es reemplazada por la descalificación sistemática del adversario.
El domingo pasado, cuando miles de personas salieron a las calles en la llamada Marcha del Silencio, para pedir por la recuperación de Uribe, los gritos y las pancartas que leían “Fuera Petro” se sumaron a las voces que pedían no politizar el acto, en defensa de la democracia y contra la violencia.
