Desde la llegada al gobierno del presidente Donald Trump, algunas de las medidas sobre política exterior adoptadas por su gestión han sido coherentes con los principios defendidos por las administraciones pasadas, sin embargo, otras han alterado algunos pilares tradicionales de la política exterior de los Estados Unidos. Según algunos analistas, se destacan especialmente el cuestionamiento a la aspiración del liderazgo hegemónico estadounidense y al compromiso inquebrantable con el libre comercio a nivel global. Algunos de estos cambios han generado repercusiones a escala regional y global.
Al principio de la publicación los autores analizan la historia de la política exterior de los EEUU desde el siglo XVIII, descubriendo valores constantes tal como variables. Muestran que las necesidades o intereses del momento y la valoración distinta que los diversos presidentes tenían de la región influyeron su política exterior hacia Latinoamérica.
Antes de examinar la política exterior de Donald Trump en relación a Latinoamérica, los lineamientos en relación a Europa, Asia y el Medio Oriente son tema de la investigación.
A la vista de lo expuesto, los autores analizan las estrategias de la política exterior del presidente Trump y explican las principales características de esta política.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Según los pronósticos, en el Perú habrá 8.7 millones de personas con más que 60 años en el 2050, en 2015 sólo había 3 millones, por ello se necesita un plan adecuado y personalizado que atienda los problemas de las personas adultas mayores en el Perú. El PLANPAM 2013-2018 ya identificó varios problemas, a cuales se enfrentan personas mayores, entre ellos el acceso ausente a servicios de salud, educación y servicios de pensión. Además, las personas mayores raramente participan en la vida social y son víctimas de violencia y discriminación, debido a su edad. Es necesario conocer los sufrimientos y necesidades de esta parte de la población a nivel nacional, para desarrollar el PLANPAM 2018-2022.
El proyecto consiste en un análisis de los avances y retos de la política pública en materia de personas adultos mayores, para ello se ha analizado la situación actual de la Población Adulta Mayor (PAM) en el Perú. Pero el objetivo del estudio no sólo es describir el estado actual, sino también elaborar propuestas de solución concretas. Se espera que las recomendaciones y buenas prácticas gubernamentales, establecidas en el estudio, sean utilizadas para el diseño de una política pública para las personas adultas mayores desde un enfoque de derechos humanos.
Publicación: 2018
ISBN: 978-612-47767-5-5
Autores: Cécile Blouin Erika Tirado Rao, Francisco Mamani Ortega
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El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración
La publicación busca contribuir a una mejor comprensión del fenómeno migratorio venezolano y avanzar en el diseño de políticas migratorias comunes entre los países que reciben este éxodo.
América Latina ha estado marcada por una larga historia migratoria. Ciudadanos de diversos países no solo han migrado al norte, sino que también en diversas crisis han buscado condiciones de vida más dignas en países latinoamericanos.
Recientemente asistimos a un nuevo flujo migratorio latinoamericano; esta vez, protagonizado por ciudadanos venezolanos que prácticamente huyen de su país debido a la grave crisis institucional, económica, política y social que afecta a dicha nación. Se estima que tres millones de venezolanos han migrado y que el 75 % se encuentra residiendo o en tránsito en diversos países de América Latina. Como se menciona en el texto, Venezuela ha pasado de ser un país de inmigrantes a ser un país de emigrantes en muy poco tiempo.
Esta situación trae desafíos a los países en los que se asienta esta colectividad, a la comunidad internacional y a los organismos internacionales. Desafíos que comprenden o deberían comprender políticas de integración en el más amplio sentido, de manera que reduzcan los peligros de la xenofobia y la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.
Esta publicación pretende desbrozar el camino para obtener una idea aproximada, pero más rigurosa de la presencia de venezolanos en la región iberoamericana, está destinada a un público amplio, pero especialmente a los hacedores de política, entre los que caben políticos, funcionarios, académicos, investigadores, profesionales, organizaciones no gubernamentales, la Administración Pública, instituciones internacionales, instituciones privadas, etcétera. Asimismo, pretende tener una mirada amplia y abierta a nuevas interpretaciones del fenómeno migratorio venezolano desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas.
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Alianza del Pacífico: Situación, perspectivas y propuestas para su consolidación
El presente libro, elaborado por el Instituto de Estudios Internaciones de la Universidad Católica del Perú con el apoyo de la Fundación Adenauer, analiza la situación actual de la Alianza del Pacífico y sus perspectivas para el futuro.
En julio de 2018 el Perú asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, uno de los últimos de integración regional más importantes de las últimas dedicadas, construido en torno al libre intercambio y la consolidación de un marco jurídico.
América Latina ha conocido en su Historia diversos intentos de integración entre sus países. Muchos de estos tuvieron un período de vida reducido, mientras que otros han persistido sin haber obtenido resultados significativos.
El presente libro, elaborado por el Instituto de Estudios Internaciones de la Universidad Católica del Perú con el apoyo de la Fundación Adenauer, está dedicado al último de estos esfuerzos: la Alianza del Pacífico fundada el año 2011 y conformada por 4 miembros fundadores (Chile, Colombia, México y Perú) y más de 40 países observadores.
La obra analiza la historia y estructura legal de la Alianza y explica los alcances de sus objetivos comunes más importantes, como la libre circulación, de bienes, servicios, mecanismos de inversión y personas. Los autores destacan la el apoyo que este bloque ha recibido por parte del empresariado en sus respectivos países y que el esfuerzo de integración económica se articula en base a los principios de apertura y competitividad.
Mientras que esfuerzos pasados han buscado la consolidación de un bloque latinoamericano, la Alianza del Pacífico, busca no solo la integración de América Latina como región, sino, al mismo tiempo, la inserción de esta en un mundo globalizado y dinámico. En este escenario, la región Asia-Pacífico, donde se concentra gran parte del comercio mundial, juega un rol preponderante. Sin embargo, la Alianza busca también fortalecer sus vínculos con otros bloques comerciales y políticos como la Unión Europea.
Finalmente, se discuten los esfuerzos de cooperación en temas complementarios a la integración económica, tales como la política de seguridad, educación y cambio climático, así como las oportunidades y los desafíos en el corto y mediano plazo.
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Conmemorar implica mirar el pasado con los ojos del presente. Las vivencias actuales tiñen los recuerdos. El transcurso del tiempo desvanece de la memoria las condiciones que imperaron cuando ocurrieron los hechos que se rememoran. Por eso el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz de Brasilia es percibido a través del prisma de la vecindad dinámica y fructífera que caracteriza hoy la relación peruano-ecuatoriana, más que en función a las circunstancias que prevalecían dos décadas atrás. Los recuentos conmemorativos diluyen las vicisitudes de la negociación más compleja llevada a cabo en la historia de la diplomacia peruana. Simplifican la imagen del intricado camino que condujo a la firma de los acuerdos de 1998 entre el Perú y el Ecuador.
El paso del tiempo y la cordialidad del presente hacen olvidar el clima de desconfianza y desasosiego que primó entre 1995 y 1998. El conflicto del Cenepa desató la animosidad y su discutido desenlace instaló la sensación de inseguridad. La amenaza del reinicio de las hostilidades permaneció latente, como telón de fondo, durante todo el proceso de negociación. La exacerbación del nacionalismo presionó con constancia en ambos países, a través de la opinión pública, la prensa y los actores políticos. Las condiciones políticas variaban, en ocasiones de manera sorpresiva, a medida que se prolongaban las tratativas diplomáticas. Cuatro presidentes ejercieron el mando en el Ecuador durante el transcurso de las negociaciones, incluyendo uno que fue destituido por el Congreso. Cuatro meses estuvo secuestrado el canciller peruano Francisco Tudela en medio de una coyuntura clave del proceso. La ausencia de referentes bilaterales comparables agudizó los recelos. La incertidumbre de estar inmersos en una negociación sin resultados predecibles generó persistentes dudas, críticas y temores.
La suscripción del acuerdo global de 1998 fue el resultado final de un proceso de negociación sin precedentes que enfrentó y superó una serie de obstáculos para lograr esa meta.
Publicación: 2019
ISBN: 978-9972-671-58-6
Editorial: Equis Equis S.A.
Autores: Néstor Popolizio, José Boza, J. Eduardo Ponce Vivanco, Hugo de Zela, Jorge Valdez Carrillo, Fabián Novak, Francisco Tudela van Breugel Douglas, Eduardo Ferrero Costa, Fernando de Trazegnies Granda.
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La región frente a los cambios globales en materia de seguridad
Cómo los cambios que vienen ocurriendo en el escenario internacional tendrán un impacto en la agenda de seguridad y cuáles serán las políticas que asumirán nuestros países frente a ellas.
A iniciativa del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Fundación Konrad Adenauer, se creó en 2015 la Red de Política de Seguridad con diversos objetivos, tales como: investigar con carácter multidisciplinario los temas de seguridad y defensa, ampliar el conocimiento de estas temáticas, establecer los problemas o amenazas a la seguridad que son comunes a la región, plantear propuestas de políticas públicas y soluciones a los problemas identificados, y aunar esfuerzos para buscar una mayor cooperación entre los países participantes, con el fin de construir progresivamente una comunidad de seguridad.
En este sentido, la red está conformada por especialistas y por profesores de la PUCP, como también por académicos de la Universidad de Brasilia, la Universidad de Chile, la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
En su quinto año de formada se puede señalar que la labor desplegada por esta red ha sido muy fructífera, en tanto hemos podido cumplir con las metas establecidas y realizar investigaciones, publicaciones y eventos públicos anuales, que han tenido una gran acogida por académicos y especialistas pero también por investigadores y el público en general. Así, en estos años se han trabajado temas como el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, el narcotráfico como amenaza a la seguridad, la posibilidad de conformar una comunidad de seguridad.
Publicación: 2019
ISBN: 978-9972-671-60-9
Editorial: Equis Equis S.A.
Autores: Antonio Ramalho, Juliano Cortinhas, Eduardo Pastrana Buelvas, Diego Vera, Daniela Célleri Endara, Diego Pérez Enríquez, Jaime Baeza Freer, María Cristina Escudero Illanes, Franco Gamboa Rocabado, José Rocabado Sánchez, Sebastien Adins.
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Guía para elaborar un Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
La KAS Perú y el Instituto de Ética y Desarrollo de la UARM presentan una metodología para que las instituciones del nivel descentralizado elaboren de manera autónoma un plan que les permita medir sus acciones a través resultados, identificando intervenciones eficaces en las distintas áreas de riesgo de cada institución.
En el Perú el fenómeno de la corrupción ha penetrado todos los niveles del Estado y la sociedad civil, de modo que muchos casos y sus consecuencias se han naturalizado o se han minimizado. En efecto, al daño causado por el caso Lava Jato o por la revelación de audios que implican al Sistema de Justicia, se agrega la corrupción instalada en varios gobiernos regionales y municipales que afectan la gobernabilidad, el desarrollo sostenible, la confianza ciudadana y la vigencia de los derechos fundamentales en el país.
Con la creación de una serie de instrumentos, se puede observar cómo ha ido evolucionando la respuesta gubernamental frente a la corrupción. Se está experimentando la transición de un enfoque principalmente punitivo, en donde la persecución del delito es lo central, a un enfoque más amplio en el que emerge la integridad como concepto que desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la identificación y gestión de riesgos con el objetivo de fortalecer un servicio público caracterizado por la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas en la gestión pública.
En ese contexto, la Fundación Konrad Adenauer en el Perú y el Instituto de Ética y Desarrollo de la UARM presentan la Guía para elaborar un Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción en los gobiernos regionales y municipales, documento que tiene como objetivo ser una guía para el desarrollo de capacidades en las y los funcionarios de los gobiernos regionales y municipales para avanzar en instaurar una cultura de integridad y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas con enfoque de resultados, a través de la elaboración de una propuesta de Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción para que sus funcionarias y funcionarios públicos puedan medir su acción a través resultados, identificando intervenciones eficaces en las distintas áreas de riesgo de la institución.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Desde hace casi dos años, el denominado caso Convenios se ha transformado en uno de los escándalos más significativos de la política chilena. Estalló tras un reportaje en junio de 2023 del medio chileno online Timeline. Allí se revelaban traspasos de dinero irregulares entre el Estado y la Fundación Democracia Viva. Sin embargo, con el tiempo, parece haber un entramado más profundo y sistemático: la existencia de una red de traspasos directos de fondos estatales a fundaciones con vínculos políticos, sin procesos de licitación ni controles adecuados.
Estas fundaciones de izquierda, muchas de reciente creación, recibieron miles de millones de pesos para ejecutar programas públicos, pese a carecer de experiencia o capacidad técnica. A la fecha, la investigación abarca más de 50 fundaciones y suma más de $14 mil millones involucrados (aproximadamente 16,4 millones de dólares), en al menos once regiones del país, afectando a ministerios, seremis y gobiernos regionales.
Fenómeno internacional
Lejos de ser un escándalo exclusivo de Chile, este episodio parece ser uno más de un patrón observable a nivel internacional. En La galaxia rosa, Sebastian Grundberger documenta cómo distintos gobiernos de la nueva izquierda en América Latina y Europa han desarrollado redes de poder que operan bajo una apariencia progresista.
Estas redes transnacionales —como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla— combinan partidos políticos, ONGs, medios, centros académicos y fundaciones, muchas de ellas financiadas directa o indirectamente con recursos públicos. Un caso paradigmático fue la Fundación CEPS, núcleo intelectual de Podemos en España. Recibió más de 7 millones de dólares del gobierno de Hugo Chávez. En Bolivia, Ecuador o Nicaragua proliferaron fundaciones que operaban como brazos del oficialismo para hacer propaganda, distribuir beneficios o formar cuadros.
España y el PSOE
Actualmente lo que tiene a Pedro Sánchez en la cornisa es el escándalo desatado tras un informe de la Guardia Nacional que revela que dos de los más cercanos del mandatario español –del PSOE– habrían estado durante años envueltos en el cobro de comisiones ilegales por contratos de obras públicas (620 mil euros aproximadamente).
La llamada Operación Delorme reveló un esquema de corrupción que comenzó con contratos inflados de mascarillas durante la pandemia y se extendió al cobro de comisiones por contratos de obras públicas, el uso de empresas pantalla para el blanqueo de capitales, y presuntas irregularidades incluso en las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a liderar el PSOE. Están involucradas figuras clave como el exministro José Luis Ábalos, el asesor Koldo García y el ya exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán. Se ven implciados en grabaciones filtradas y serán juzgadas por diversos delitos, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y malversación.
A esto se suma la apertura de investigaciones judiciales que involucran a su esposa y hermano, así como al fiscal general del Estado. Aunque Sánchez ha negado toda responsabilidad y ha descartado su renuncia, el patrón de descomposición institucional es cada vez más evidente.
Estas organizaciones comparten una lógica común. Habitan la zona gris entre lo público y lo privado. También invocan causas nobles. Y, ante el descubrimiento, reaccionan de manera similar: deslegitiman cualquier fiscalización como persecución ideológica.
Pedro Sánchez anuncia medidas contra la corrupción. Foto: PSOE
El caso chileno: financiar campañas
En Chile, la arquitectura paralela que permitió estas maniobras tuvo un punto de inflexión en 2022. En ese entonces, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda modificó la glosa presupuestaria para eliminar el requisito de experiencia previa. Este aparente tecnicismo abrió la puerta a convenios directos con fundaciones sin licitación ni control técnico.
Entre los casos más controvertidos de nuestro país destaca el de la Fundación Procultura. No sólo por los montos involucrados o las irregularidades administrativas, sino por la profundidad de sus vínculos con el entorno presidencial. Su director, Alberto Larraín –amigo de confianza de Boric–, aparece en escuchas reconociendo el desvío de fondos a actividades proselitistas: “Gasté esta plata en la campaña de Boric”. Es imputado por delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas.
La Fiscalía detectó pagos sin respaldo, boletas falsas, triangulación de recursos y contrataciones encubiertas de operadores políticos. Procultura habría sido un canal para financiar, entre otras cosas, la candidatura presidencial de Gabriel Boric y la campaña del Apruebo en 2022.
El caso llegó al corazón del poder. La investigación incluyó la interceptación de más de 40 líneas telefónicas que alcanzaron al propio presidente Boric. Aparece en una conversación con Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, donde se habría coordinado una defensa común y solicitado información sobre Irina Karamanos, la expareja del presidente. También figura involucrado Miguel Crispi, hasta hace unas semanas jefe del Segundo Piso de La Moneda y exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, cargo clave en la relación entre fundaciones y gobiernos regionales. Avaló la reasignación de fondos públicos para que el gobierno de la Región Metropolitana firmara un contrato de más de $1.800 millones con Procultura. Otros nombres del oficialismo que aparecen en chats filtrados o declaraciones son Víctor Ramos (actual subsecretario del Interior), Diego Ibáñez (diputado FA), Sebastián Balbontín (excandidato RD) y Claudio Orrego (actual gobernador de la Región Metropolitana).
Captura del Estado
La gravedad del caso no radica únicamente en los hechos delictivos, sino en el patrón institucional que revela. El corazón del problema es el uso de fundaciones como vehículos para sostener redes políticas, distribuir empleos y canalizar recursos públicos hacia fines ideológicos o electorales. No es sólo corrupción administrativa, sino una forma de captura del Estado que debilita su legitimidad y erosiona la democracia.
Ante la evidencia, el Frente Amplio optó por un libreto predecible: acusar lawfare, denunciar espionaje y desviar la atención hacia los métodos más que hacia los hechos. La filtración de los llamados telefónicos fue leída por el partido de gobierno como un ataque político, no como una señal de alerta institucional. El relato se convirtió en una operación defensiva.
En paralelo, la confianza en la democracia se desploma. Según la última encuesta CEP, sólo el 44% de los encuestados afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un 34% sostiene que le da lo mismo vivir en democracia o bajo un régimen autoritario. Las consecuencias de este deterioro no son abstractas. De hecho, tiene consecuencias tangibles: menor inversión, peor crecimiento económico, debilitamiento del Estado frente al crimen organizado, y una ciudadanía más cínica y resignada frente al poder.
Paradoja moral
El escándalo representa un retrato descarnado del oficialismo y del uso instrumental que en ocasiones han hecho del Estado. Revela, además, que el partido que prometió cambiar la política ha replicado —en algunos casos profundizado— las prácticas que venía a erradicar. Una forma organizada de consolidar hegemonías políticas a través del control del aparato estatal, la captura de fondos públicos y la ocupación de espacios sociales con operadores ideológicos. Y cuando se les confronta, apelan al victimismo, acusan montajes, deslegitiman a jueces y fiscales.
Lo verdaderamente paradójico es que esta red no fue obra de una vieja clase política aferrada al poder, sino de una generación que llegó prometiendo hacer las cosas distintas. De una coalición que se presentó como moralmente superior, que aún hoy se comporta como si tuviera el monopolio de la ética pública. Demostraron no sólo no tener estándares más altos, sino una temeraria falta de escrúpulos para apropiarse de recursos destinados a los más pobres. Sin pudor y sin autocrítica. Sin ninguna mención en la última cuenta pública de Boric. Ni un gesto de reconocimiento ni una reflexión sobre el daño causado.
Lo que estamos viendo no es el fin de una promesa, sino su inversión más cínica. En nombre de la justicia social se justificó el financiamiento irregular; en nombre de la participación ciudadana, se montaron estructuras paralelas; en nombre de la nueva política, se repitieron los peores vicios de la vieja. Pero con la arrogancia de quienes todavía se creen superiores. Y esa mezcla —corrupción con coartada moral— es quizás la más peligrosa de todas.
Socióloga y licenciada en ciencias sociales con minor en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Directora de estudios de IdeaPaís en Chile.
Tiempos de transición: la conformación de un nuevo orden internacional
El declive relativo de las potencias tradicionales, la emergencia o reemergencia de otras potencias, el surgimiento de movimientos populistas y nacionalistas, y la crisis de la democracia representativa son algunos de los aspectos que trata la obra.
En un contexto mundial cambiante, este libro analiza las características del nuevo orden internacional que se viene configurando desde 2008. Para ello, los autores han dividido el trabajo en dos capítulos y una reflexión final. El primer capítulo aborda no solo el concepto de orden internacional sino también los distintos órdenes que han existido en el mundo entre 1815 y 2008.
El segundo capítulo, que es el más amplio, se ocupa más bien del escenario internacional actual y, en ese sentido, estudia el declive relativo que vienen sufriendo EE.UU. y la Unión Europea, así como la emergencia de China y otras potencias, lo que viene configurando un orden bipolar transitorio, aunque acompañado de otras potencias menores que también influyen en la toma de decisiones. Asimismo, este capítulo analiza otras características del actual escenario tales como: la crisis de la globalización y el multilateralismo, la crisis de la integración, el proteccionismo económico y comercial emergente, la emergencia de nacionalismos y populismos, la crisis de la democracia liberal y el impacto de los avances tecnológicos.
La tercera parte del libro es principalmente una reflexión sobre la orientación que deberían tener las políticas exteriores de los países que conforman América Latina y el Caribe en este nuevo orden todavía en construcción.
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En el Perú, los efectos devastadores de la minería no formal de oro son conocidos sobre todo por el impacto en el medio ambiente y en los derechos humanos de las víctimas de explotación sexual y laboral. De ahí que tanto la intervención del Estado para enfrentar este delito, como las intervenciones de las múltiples autoridades que se han pronunciado al respecto, han girado principalmente en torno a estas graves consecuencias.
Tanto la minería informal, así como la ilegal —como es definida actualmente— datan de una época muy antigua en el Perú y, en no pocas ocasiones, están relacionadas con condiciones de explotación humana. En la historia reciente, a fines del siglo XX, fue vista por diversas poblaciones altoandinas como una vía para salir de la situación de pobreza en la que los había sumido la crisis económica de los 80 y 90, o como una alternativa para salir de entornos violentos como los generados por la acción de Sendero Luminoso y la violencia política de esas décadas. Se tomaba, inclusive, como una forma «amable» de informalidad comparada con el cultivo ilegal de hoja de coca y el abastecimiento al narcotráfico. Actividad a la que también se dedicó una parte de la migración andina durante el proceso de colonización de la ceja de selva, así como de la selva baja.
Algunas zonas de la sierra peruana también sufrieron los embates de la minería no formal en esas décadas como Puno, Cusco y Ayacucho, ciudades en las que se exploraron y explotaron territorios comunales. En menor medida, la costa peruana también fue parte de ese proceso, sobre todo hacia fines de la década de los 90, donde hoy en día existen grandes enclaves de minería no formal de oro. Los casos que se presentan dan cuenta de ello.
Publicación: 2019
Editorial: Luzazul gráfica S.A.C.
Autores: Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera
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Una visión de futuro de las relaciones chileno-peruanas
La obra ha sido incorporada en el plan de trabajo de la Comisión Mixta Perú-Chile para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú “al brindar una visión prospectiva en distintos temas centrales de la relación entre ambos países”.
Esta publicación es un esfuerzo del Grupo Generación de Diálogo por profundizar en distintos temas claves de la relación entre ambos países, con una mirada de futuro y con el objetivo de aportar al conocimiento de los tomadores de decisión y los formadores de opinión.
La iniciativa de este grupo de trabajo bilateral, pretende acompañar el accionar de los gobiernos, con un diseño prospectivo, de más largo plazo, vinculado con temas de larga data u otros que forman parte de la nueva agenda, que están incorporados por ejemplo en instancias como los gabinetes binacionales que vienen desarrollando ambos países.
En esta línea Josefina del Prado y José Morandé examinan los nuevos desafíos regionales y las convergencias entre Chile y el Perú, desde la Alianza del Pacífico y el TPP 11, abordando los espacios que tienen ambos países para trabajar de manera conjunta. En este mismo marco, se incluyen los trabajos de los historiadores Sergio González Miranda y Daniel Parodi, quienes analizan el rol de la educación en la dinámica de integración entre ambos países.
Desde una perspectiva distinta y privilegiando la cooperación, Pedro Gamio y Jaime Abedrapo estudian la necesidad de una interconexión verde entre Chile y el Perú, en particular mediante el uso de energías renovables. Otro de los temas principales en el ámbito bilateral es la migración y Tania Vásquez y Carolina Stefoni abordan uno de los aspectos centrales para los migrantes, cual es el de la seguridad social durante el período 2006 a 2019.
De igual forma, Rodrigo Eyzaguirre y Diego Macera hacen una evaluación muy completa del acuerdo comercial entre el Perú y Chile a diez años de su vigencia, planteando una serie de iniciativas para su fortalecimiento. Por su parte, Cristian Ovando y Diego Riquelme analizan la gestión fronteriza entre Arica y Tacna, mientras Roger Valencia propone posibilidades de integración y cooperación en el ámbito del turismo.Por último, Roberto Arancibia Clavel y Jorge Montoya, analizan dos de las principales oportunidades de cooperación entre Perú y Chile en el ámbito de la seguridad, como son las operaciones de paz y el accionar conjunto frente a los desastres naturales.
Publicación: 2020
ISBN: 978-9972-671-68-5
Editorial: Equis Equis S.A.
Autor: Josefina del Prado, José Morandé, Daniel Parodi, Sergio M. González, Pedro Gamio Aita, Jaime Abedrapo, Carolina Stefoni, Tania Vásquez, Diego Macera, Rodrigo Eyzaguirre, Cristián Ovando, Diego Andrés Riquelme Gómez, Roger Valencia, Jorge Montoya y Roberto Arancibia Clavel
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Premio 2019. Integración y Buena Vecindad Chile-Perú / Perú-Chile
La obra reúne los mejores trabajos de investigación realizados durante las pasantías realizadas en 2019 de investigadores jóvenes peruanos en Chile, y chilenos en Perú. Los dos textos ganadores abordan nuevos temas que enriquecerán el diálogo sobre la relación bilateral.
Desde hace 10 años el Grupo Generación de Diálogo Chile-Perú / Perú-Chile ha tomado diversos caminos con el fin de realizar aportes desde la academia y la sociedad civil para el fortalecimiento de la relación bilateral. Como parte de este esfuerzo, desde 2015 se ha impulsado un programa de pasantías, que permite a jóvenes chilenos y peruanos viajar al otro país para realizar una investigación sobre algún área específica de la relación bilateral. En este viaje, los becarios tienen la oportunidad de conocer y convivir con investigadores del país vecino, así también de conocer una nueva realidad y reconocer aquellos aspectos comunes que unen a estos países para consolidar una relación mutuamente beneficiosa.
Este proyecto impulsado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI), el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Alemania presenta el Premio 2019, una publicación que reúne los mejores trabajos de investigación realizados durante las pasantías de este año. Los dos textos ganadores abordan nuevos temas que enriquecerán el diálogo sobre la relación bilateral. Por el lado peruano tenemos a Kevin Rodríguez Sánchez con el estudio: Migración peruana en Santiago de Chile. Una antropología sobre zombis, aliens y deseos; mientras que por el lado chileno contamos con el trabajo de Diego Andrés Riquelme Gómez titulado: Mapa de actores que participan en los comités de frontera Perú-Chile: la emergencia de los jóvenes en la integración fronteriza.
Publicación: 2020
ISBN: 978-9972-671-67-8
Autores: Kevin Rodríguez Sánchez y Diego Andrés Riquelme Gómez
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Han pasado seis años desde que comenzamos el Programa Democracia Digital en el Perú. Nadie imaginaría la importancia que iba a cobrar este tema en nuestras vidas diarias. Originalmente, queríamos analizar cómo las redes sociales adquieren un papel central para promover la participación ciudadana y fortalecer las libertades y derechos, tanto en el plano online como offline. El clamor de las calles, las voces en alto, la euforia colectiva buscando cambios y transformaciones son tan solo situaciones que fueron suscitadas por el uso de Internet, las TIC y la Web 2.0. Cada vez con mayor frecuencia, cada vez con un mayor impacto.
La revolución tecnológica llegó en un abrir y cerrar de ojos. De pronto está inserta en cada movimiento y en toda interacción en la sociedad. Desde Democracia Digital hemos sido testigos de la manera cómo la tecnología y sus diversas herramientas se van presentando: la mayoría de las veces en busca de soluciones, con nuevos aportes, ideas e innovaciones; pero también hemos visto el lado menos auspicioso, resquebrajando así los ideales con los que fue creado Internet.
Nuestro compromiso es promover el uso responsable de Internet y mostrar sus beneficios, por eso nuestra gran convicción es trabajar de la mano con los ciudadanos y los diversos actores. Vimos la necesidad de sensibilizar permanentemente con distintas audiencias, diversas metodologías y sobre los temas que conciernen a la gestión pública y a la ciudadanía. También advertimos sobre los riesgos o aquellas amenazas que podrían surgir, para así afrontar la era digital de la manera más victoriosa con el menor impacto a nuestros cimientos democráticos.
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Una mirada al trabajo como eje central de la Doctrina Social: expresión de dignidad, servicio y amor que trasciende el salario y se convierte en camino de santificación.
El trabajo humano es un derecho, pero también un deber. Su organización al interior de la empresa y en el ámbito nacional e internacional se inspiran por distintas visiones filosóficas y doctrinarias. Este libro pretende mostrar la mirada humanista cristiana sobre esta importante actividad, mediante la cual las manos y la inteligencia humanas se ponen al servicio de Dios para seguir creando. Se trata de un pensamiento que echa raíces en la Biblia, abunda en la patrística y se consolida en el magisterio pontificio, incluyendo ciertamente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, promulgada por Pablo VI al término del Concilio Vaticano II. Esto es lo que llamamos Doctrina Social de la Iglesia. Esto es lo que se expresa en la primera parte.
Sin embargo, el pensamiento social de la Iglesia Católica es más amplio aún. Recibe el aporte del magisterio episcopal, de sacerdotes y laicos que reflexionan sobre los signos de los tiempos y proponen respuestas mirando desde la enseñanza evangélica.
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La publicación analiza desde los orígenes de la civilización occidental hasta la historia contemporánea peruana, cómo los ciudadanos han ido transformando y fortaleciendo la democracia, haciéndola más participativa y representativa, pero también velando por superar los desafíos que ocupan a las nuevas generaciones.
El primer canciller federal de Alemania, Konrad Adenauer, dijo que la democracia “es una visión del mundo arraigada en la dignidad, el valor y los derechos inalienables de cada ser humano. Una verdadera democracia debe respetar los derechos inalienables y el valor de cada ser humano en la esfera estatal, económica y cultural. Quien realmente piensa como demócrata, debe respetar al otro, su voluntad y aspiraciones”. Con esta reflexión presente, el inicio de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia se convierte en una oportunidad para dialogar sobre los retos de la democracia en el Perú y el rol que cumplirán sus ciudadanos jóvenes en el presente y futuro de esta nación.
En este contexto presentamos “Bicentenario: Democracia y juventud”. La obra, elaborada junto a Transparencia Perú, analiza desde los orígenes de la civilización occidental hasta la historia contemporánea peruana, cómo los ciudadanos han ido transformando y fortaleciendo la democracia, haciéndola más participativa y representativa, pero también velando por superar los desafíos que ocupan a las nuevas generaciones.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
El bicentenario de la política exterior peruana y su proyección en un mundo de cambios
Una investigación de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú y del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Días después de proclamada la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, el libertador José de San Martín emitió el Decreto de 3 de agosto, en virtud del cual se creó el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. Desde entonces, esta institución se avocó no solo a un proceso continuo de fortalecimiento y consolidación institucional sino que, además, construyó un prestigio y liderazgo en la ejecución de sus principales lineamientos de política exterior.
Precisamente, la presente obra, está dedicada a analizar el bicentenario de la política exterior peruana y, por supuesto, el bicentenario de su actor fundamental, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a partir del análisis de los diversos lineamientos que han sido desarrollados por esta institución, en sus 200 años de existencia.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Más allá de Fachos y Caviares: Manual para un debate político que construya, no que nos destruya
Esta publicación intenta rastrear el origen de la confrontación en hábitos diarios de nuestro lenguaje y nuestra conducta en redes sociales. De esta forma, la Fundación Konrad Adenauer en el Perú busca consolidar nuevas reglas y actitudes en el intercambio de ideas y opiniones políticas.
En julio de 2016, el Perú dejaba atrás la segunda vuelta electoral de una elección presidencial que, si bien se había caracterizado por una campaña no exenta de excesos, marcaba con claridad un hecho importante: la mayoría de peruanos veían en una opción política de centro derecha la mejor oportunidad para garantizar el desarrollo del país. Evidentemente, estas agrupaciones políticas diferían en cuanto a sus propuestas sobre familia, orden y seguridad ciudadana, entre otros temas; no obstante, tenían mucho más en común: el compromiso con la estabilidad macroeconómica, la democracia y el libre mercado como piedras angulares para un país próspero y una sociedad más justa. En este contexto, se abría una oportunidad histórica que nos hubiera permitido llegar a los 200 años de nuestra vida independiente (el Bicentenario, en 2021) más cerca del ideal de desarrollo al que siempre hemos aspirado.
Hoy, casi cinco años después ―y a unos meses de las elecciones presidenciales de abril de 2021―, resulta difícil explicar cómo esa oportunidad mutó y dio paso a uno de los ciclos de confrontación política más virulentos de las últimas décadas. Un presidente vacado, un Congreso disuelto; los artículos de nuestra Constitución, previstos como recursos de ultima ratio para dirimir crisis políticas, utilizados ex ante y con tal insistencia que apenas llaman la atención de una ciudadanía apática y desilusionada con su clase política.
Las causas son ciertamente muchas y complejas, pero un punto central, tema del presente libro, es que los climas de confrontación tienen al menos parte de su origen en hábitos del lenguaje cotidiano. El lenguaje no es un instrumento neutral que representa una realidad inalterable; por el contrario, moldea y crea el mundo en el que vivimos; nos abre nuevas perspectivas y nos permite comprender a aquellos cuya opinión difiere de la nuestra; o, por el contrario, nos condena a una lógica maniquea y excluyente, carente de matices y en la que solo existen correligionarios o enemigos.
Los efectos de dichos hábitos lingüísticos no se perciben de inmediato, sino gradual pero inexorablemente; nos impiden ver los puntos en común y los posibles consensos, y solo atraen aquello que nos separa y divide.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
La sociedad civil, en su conjunto, cumple un rol fundamental en el desarrollo de un país al constituirse en un contrapeso natural al Estado y su adecuado funcionamiento y articulación es crucial en razón de que así se gesta un legítimo control social sobre la gestión gubernamental.
Nuestra sociedad civil se encuentra integrada por personas jurídicas de derecho privado y público. Estas últimas son creadas por ley según ordena nuestra Carta Magna, de lo cual son claro ejemplo los colegios profesionales. Empero, nunca estará demás decir que todas estas personas jurídicas deben poseer tanto una estructura orgánica como una articulación y funcionamiento rigurosamente democráticos.
Sin embargo, cuando se trata de procesos electorales dentro de la sociedad civil, se percibe una serie de matices propios de cada una de las instituciones que venimos refiriendo; y, por ello debemos, a pesar nuestro, enfrentarnos a un marco regulatorio no solo inmenso, enmarañado y heterogéneo sino también, y en no pocas ocasiones, inconsistente e incompleto.
Ello hace difícil comprender las reglas que se aplican a la competencia electoral en estas instituciones de la sociedad civil y, muchas veces, es origen de lamentables conflictos internos que desdibujan esa prestancia institucional que normalmente debería coadyuvar al afianzamiento de su legitimidad social.
Publicación: 2020
Autores: Victor Amilcar Velásquez Javier, José Manuel Villalobos Campana, José Andrés Tello Alfaro
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Este estudio muestra que a nivel mundial se han dado significativos avances en la definición legal de la trata de seres humanos y en el desarrollo legislativo, así como en la estructura policial de persecución del delito como en el apoyo social y económico en la defensa de las víctimas.
A nivel mundial se han dado significativos avances en la definición legal de la trata de seres humanos y en el desarrollo legislativo, así como en la estructura policial de persecución del delito como en el apoyo social y económico en la defensa de las víctimas de la trata de seres humanos en los últimos 16 años. A nivel iberoamericano prácticamente se ha seguido la senda en dicho desarrollo legislativo y casi al ritmo internacional, aunque un poco más lento, no así en la península ibérica. Lo cual parece que, siendo un problema añejo, el desarrollo de políticas legales y sociales ha necesitado tiempo para estructurarse e implementar medidas adecuadas. Aun así, hay mucho camino por recorrer.
Esta publicación pretende dar luz de manera conjunta sobre la trata de seres humanos (TSH) o de personas (TdP), según se trate desde la península ibérica o desde Latinoamérica y el Caribe en el espacio iberoamericano. Se aborda la trata tanto como explotación laboral y como explotación sexual en dieciséis países, a saber, España y Portugal por la península ibérica; Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay por Sudamérica; y por Centroamérica, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, El Salvador y Honduras. Muy vinculado a esta región está México. A pesar de que Belice no es un país que pertenezca propiamente al espacio iberoamericano, lo hemos tenido en cuenta debido al importante arraigo en la región centroamericana.
Publicación: 2021
ISBN: 978-84-8468-825-9
Editores: Joaquín Eguren, Reyes Castillo y Cecilia Estrada-Villaseñor
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Inserción laboral de la migración venezolana en Latinoamérica
La obra tiene como propósito responder a una situación difícil como es la búsqueda de trabajo digno por parte migrantes venezolanos y está destinado a un público amplio, pero especialmente a los hacedores de políticas públicas, funcionarios, investigadores, profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, estudiantes universitarios, entre otros.
Se calcula que para noviembre de 2020 han salido de Venezuela 5,4 millones de personas, lo que representa el 17,6 % de la población, y de acuerdo con los datos de la ENCOVI, un 82,8 % migra por razones económicas, principalmente la búsqueda de empleo. La historia migratoria latinoamericana ha podido explicar determinadas cuestiones relacionadas con esta movilidad, pero existen dinámicas emergentes que han de ser analizadas en clave internacional. Migrantes que no solamente cruzan fronteras, sino que se instalan en los países receptores, reuniendo ahí un proyecto vital, familiar, educativo y/o laboral a largo plazo.
Gracias a los datos analizados para el presente trabajo, se conoce que alrededor del 89 % de la migración venezolana se ha asentado en Sudamérica y un 71 % en el área andina. Sin embargo, debido a las políticas migratorias laborales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), estas no alcanzan a los migrantes toda vez que Venezuela no pertenece a este bloque de integración subregional. En este sentido, la integración laboral de venezolanos en estos territorios se hace más difícil al no poder beneficiarse de las políticas laborales que gozan los ciudadanos de los países andinos.
Publicación: 2021
ISBN: 978-612-48528-0-0
Editorial: Tarea Asociación Gráfica Educativa
Editores: José Koechlin, Joaquín Eguren y Cecilia Estrada
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
El Perú es un país especial en América Latina debido a la alta presencia de economías ilegales que operan transversalmente en sus regiones. Contribuyen a ello algunas particularidades: a) la alta tasa de informalidad a nivel de la población económicamente activa (actualmente por encima del 75% de la Población Económicamente Activa [PEA] en promedio, aunque hay provincias en que supera el 90%), la más alta de América; b) la complejidad geográfica y la diversidad de recursos naturales; c) la inconstante presencia del Estado en zonas alejadas o de difícil acceso; d) la relativa fragmentación política del Estado; e) la corrupción de las instituciones y algunas empresas privadas; f) la impunidad; g) la pobreza y pobreza extrema, y h) la tolerancia social ante lo ilícito.
Estas variables crean, con frecuencia, un escenario propicio para el desarrollo de actividades algunas veces vinculadas a sectores de la criminalidad organizada trasnacional, otras a organizaciones delictivas locales (que incluyen organizaciones sociales y políticas), y, la mayoría de las veces, con vínculos con actividades legales e informales.
Por otro lado, y en adición a la presión que ya venían experimentando el sector formal y el informal en el Perú, la crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19, trajo consecuencias directas en la economía. En marzo de 2020, se estimó que más de un millón de trabajadores de la micro y pequeña empresa perdieron su empleo, y que más de 200 mil iniciaron un retorno a sus lugares de origen en distritos y zonas rurales, entre otros impactos que, posiblemente, terminarían por empujar hacia la ilegalidad a un buen número de personas. ¿Está ocurriendo esto actualmente?
Publicación: 2021
ISBN: 978-612-47258-2-1
Autores: Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera
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Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Las tensiones entre Israel e Irán se remontan a 1979, con el triunfo de la Revolución Islámica iraní y la llegada al poder del régimen de los ayatolás. A partir de entonces, el nuevo gobierno iraní adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel, al que consideró ilegítimo. Comenzó a respaldar a grupos armados que pudieran enfrentarlo de forma indirecta, como Hezbollah en el Líbano y, más tarde, Hamás en territorios autónomos palestinos.
Irán también ha sido acusado de fomentar ataques contra intereses israelíes fuera de Medio Oriente. Destacan los atentados perpetrados en la década de 1990 en Buenos Aires contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, atribuidos a grupos chiíes con presunta conexión iraní.
El conflicto se ha intensificado notablemente desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó una respuesta militar israelí masiva en Gaza. En 2024, hubo intercambios de ataques directos entre Irán e Israel, incluyendo bombardeos a infraestructuras estratégicas.
Además, el programa nuclear iraní ha contribuido a agravar las tensiones. Aunque Teherán afirma que su desarrollo nuclear tiene fines civiles, Israel y numerosos países lo perciben como una amenaza, especialmente ante la posibilidad de que Irán adquiera capacidad armamentística nuclear. En este contexto, el 13 de junio de 2025, Israel lanzó una ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes, desatando una escalada bélica sin precedentes que incluyó ataques balísticos mutuos contra centros urbanos e infraestructuras clave.
Implicaciones internacionales
El conflicto podría derivar en una escalada mayor que obligue a otros países a definir su postura. Las grandes potencias juegan un papel clave.
Estados Unidos, aliado histórico de Israel, había iniciado recientemente un proceso de acercamiento diplomático a Irán para reactivar las negociaciones nucleares. No obstante, Donald Trump también comienza a entender que acabar con el actual régimen iraní es una prioridad. Rusia mantiene una relación pragmática con Israel, pero ha consolidado su cooperación estratégica con Irán, especialmente en Siria. China, por su parte, mantiene vínculos estrechos con Irán como parte de su estrategia energética global. Incluso ha promovido la reconciliación entre Irán y Arabia Saudí.
A nivel regional, la rivalidad entre Irán y las monarquías del Golfo se ha manifestado en el apoyo iraní a grupos chiíes en países como Irak, Líbano, Siria, Bahréin y Yemen. La firma de los Acuerdos de Abraham en 2020 normalizó las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Arabia Saudí no se sumó a estos acuerdos, aunque tampoco los censuró. No obstante, la familia al-Saud ha impulsado un acercamiento estratégico a Irán con mediación china. Sin embargo, no ha logrado cambiar la percepción saudí que sitúa a Teherán como principal rival regional.
Foto: Wikimedia Commons
Impacto económico en Latinoamérica
Uno de los efectos más inmediatos es el aumento del precio del petróleo, que genera presión inflacionaria adicional en países importadores como Chile y Argentina. Incluso países productores como México se ven afectados, dado que importan derivados refinados y enfrentan aumentos en los precios de los combustibles.
También se han observado fluctuaciones negativas en los mercados bursátiles y las monedas latinoamericanas, reflejo de la incertidumbre internacional. No obstante, estos efectos podrían revertirse si se logra estabilizar la situación en Medio Oriente.
Otro aspecto preocupante es el impacto en las cadenas de suministro globales, debido a la inestabilidad en rutas clave como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. Esto podría provocar un aumento de los costos de transporte y afectar al comercio exterior latinoamericano.
Impacto político en Latinoamérica
En el plano político, deben considerarse varios factores.
En cuanto al posicionamiento diplomático, países como México y Brasil han optado por la neutralidad, mientras que Argentina ha expresado una postura clara de apoyo a Israel. Por su parte, Venezuela, Bolivia y Cuba podrían ofrecer un respaldo velado a Irán, en línea con los vínculos estratégicos que han construido en los últimos años.
Por otro lado, el conflicto puede ser utilizado políticamente para profundizar la polarización. Gobiernos y partidos de izquierda, más cercanos a la narrativa antiimperialista iraní, podrían enfrentarse a fuerzas conservadoras o liberales alineadas con Israel y Occidente. Esta instrumentalización del conflicto puede agravar las fracturas internas y aumentar las tensiones ideológicas a nivel regional.
La escalada del conflicto también podría reactivar los debates sobre seguridad y terrorismo por la presencia de redes vinculadas a Hezbollah en zonas sensibles como la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) o en Venezuela. Esto motivaría un refuerzo de las políticas de seguridad y contra el terrorismo.
Aunque no se espera un impacto directo en las elecciones de los próximos meses en Bolivia, Chile, Honduras o más tarde en Perú, el tema podría ser utilizado en campañas políticas para marcar distancias ideológicas entre candidatos y partidos.
El conflicto también puede favorecer una reconfiguración de alianzas internacionales en América Latina. Quizás, con algunos países acercándose a bloques que cuestionan la hegemonía estadounidense y sus alianzas con Israel, como China, Rusia o Irán.
Aunque geográficamente el conflicto es lejano, tiene efectos directos e indirectos en América Latina. Su evolución determinará si estos impactos son coyunturales o marcan un cambio estructural en la inserción internacional de América Latina.
Cristina Kirchner condenada: ¿nueva etapa en Argentina?
El fallo contra la expresidenta y líder del peronismo reafirma el funcionamiento del Poder Judicial. Aunque no significa el fin del liderazgo de Kirchner.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
El fallo judicial de la Corte Suprema argentina que ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner significa un parteaguas en la historia desde la recuperación democrática. Terminó el supuesto de que los presidentes no deben ir presos, como el caso del expresidente Carlos Menem. Su situación judicial por hechos de corrupción quedó en un limbo hasta que falleció. ¿La Argentina pasó, ahora, a otra etapa?
Dicha decisión judicial es también un mensaje al sistema político: los tiempos de la política no pueden marcar la agenda del Poder Judicial. Ya no importaría de quién se trate, ni si se está o no en año electoral. También representa una señal al poder económico. La corrupción siempre involucra dos lados de un mostrador, incluyendo empresarios, como en la causa Cuadernos. Además, implica un mensaje hacia el propio poder. Existen sospechas sobre el funcionamiento de la justicia federal, en general, y de los tribunales de Comodoro Py, en especial, por su posible connivencia, en muchas oportunidades con intereses políticos y los servicios de inteligencia.
Seguramente, ahora se reinstalará el debate acerca del número de integrantes que debería tener la Suprema. Hace un par de semanas el senador nacional salteño Juan Carlos Romero —filo oficialista— presentó un proyecto de ley para expandirla a siete miembros. Eso abriría la posibilidad de una negociación entre el oficialismo y la principal oposición para repartirse los nuevos cuatro cargos y licuar la unanimidad de criterio que tienen los actuales tres jueces. Sin embargo, desde el gobierno dieron orden de no alentar esa modificación por ahora. Confían que, al ganar las elecciones de medio término en octubre, tendrán un músculo legislativo mucho más fuerte para establecer ese intercambio.
Candidata inhabilitada
Con la condena, Cristina Kirchner sale de la cancha electoral. Quedó impedida de ocupar cargos públicos —alguno de por vida—, pero no de la cancha política. Por lo tanto, en el corto plazo, hasta la elección nacional del 26 de octubre, ganará centralidad para el adentro del peronismo que la fortalecerá en su conflicto con su ahijado político, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país.
Luego de conocerse el fallo, dirigentes díscolos manifestaron que la decisión de la Corte implicaba una proscripción, y que era una decisión más política que judicial.
De este modo, ella tendrá más poder para incidir en las listas de candidatos de la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón electoral nacional. Sin duda fijará los parámetros de cómo será la campaña electoral del kirchnerismo. Ya lo había empezado a hacer hace pocos días, cuando anunció su candidatura a diputada provincial por una de las ocho secciones electorales de dicho distrito.
Pero claro, al quedar inhabilitada de por vida para competir electoralmente, pierde margen de maniobra estratégica. Por ejemplo, debe archivar su sueño de volver a la Presidencia en 2027, una aspiración que llegó a expresar al compararse con el regreso de Lulada Silva al poder. Aunque su situación judicial es bien diferente. Eso despeja parte de la incógnita: ese lugar podría disputarse entre personajes como Kicillof o Sergio Massa, excandidato presidencial en 2023.
Libertad versus kirchnerismo
La intencionalidad política de Kirchner, de nacionalizar la campaña electoral provincial de Buenos Aires, coincide con la intención estratégica del presidente Javier Milei. Siempre deseó que el debate electoral se radicalizara con su antagonista perfecta —derecha versus izquierda—, licuando el espacio para terceras opciones moderadas. Así, la disputa se convierte en una cuestión de vida o muerte. Ya lo expresó el vocero presidencial, que fue candidato a diputado local en Buenos Aires: “Esto es libertad versus kirchnerismo”.
Ahora, el oficialismo deberá reanalizar las motivaciones de su público potencial y recalibrar la estrategia discursiva. Si con Cristina presa y excluida de regresar a algún cargo se diluye el temor hacia ella, eso se convertirá en un problema estratégico. Milei debería recordarle a su público que el kirchnerismo seguirá existiendo, sea quien sea el candidato que lo represente.
La preeminencia interna de la expresidenta dependerá de su capacidad de conducción —que no es menor— y de la posibilidad de que aparezcan líderes alternativos o renovadores. Pero, sobre todo, de cómo procesen sus votos esta nueva circunstancia. Si Kirchner conservara el favor popular, aunque no pueda ser candidata, le será muy difícil a sus eventuales herederos ser los protagonistas indiscutidos de la nueva fase. En todo caso, dependerán de si Cristina ejerce su pulgar hacia arriba o hacia abajo.
Jura de cargo presidencial. Vicepresidenta saliente, Cristina Kirchener, y presidente entrante, Javier Milei. 2023. Foto: Wikimedia Commons.
¿Fin del liderazgo?
Luego del fallo, se debatió sobre las condiciones de prisión para la expresidenta. Ayer, el Tribunal Oral Federal N° 2 decidió habilitar la prisión domiciliaria, que estuvo en el debate público por los posibles abusos que podrían darse en estas circunstancias. Por ejemplo, por la posibilidad de que el departamento de Kirchner en el barrio Constitución se convierta en un comando de campaña, donde podría asomarse al balcón a dar discursos a sus militantes. La decisión del tribunal impone el uso de la tobillera electrónica y habilita un listado de personas que podrán visitarla.
De todas formas, la resolución fue contraria al pedido de los fiscales del juicio. Por lo visto, pesaron los argumentos de la defensa: su edad —72 años— y el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022.
Si se excede, el juez a cargo puede quitarle la opción domiciliaria para enviarla a una cárcel común. Este detalle judicial no es menor porque existen algunos temores respecto a la movilización permanente que hagan los sectores políticos que adhieren a su liderazgo. Además, se suman otros detalles de orden público, como la afectación a los vecinos del domicilio de la expresidenta.
La condena judicial marca un nuevo escenario político, pero no el fin del liderazgo de Cristina Kirchner. Como ha ocurrido en otras etapas de la política argentina, la imposibilidad legal no equivale, necesariamente, a la irrelevancia política.
Consultor político especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación. Ha participado en campañas electorales en Argentina y Latinoamérica. Premio Aristóteles a la Excelencia 2010.
Colombia en la cuerda floja: consulta popular, crisis institucional y violencia
A un año de las elecciones, se vive una coyuntura marcada por el enfrentamiento entre el presidente y el Congreso, el uso polémico de la consulta popular y el atentado contra un precandidato presidencial. ¿Qué nos dice esto?
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
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Desde una tarima en la Plaza de San Francisco de Cali –epicentro de la ola de atentados con bombas de esta semana–, el presidente Gustavo Petro defendió su consulta popular sobre los derechos laborales.
Horas antes, había firmado el decreto para realizarla. Así, desconoció la decisión del Senado de no aprobar la propuesta. «A partir de hoy, si el Senado no quiere, no decidirá el Congreso, decidirá el pueblo. Y la última instancia que define este debate político que he querido adelantar en Colombia es la Corte Constitucional a la cual respeto”, aseguró en un discurso en el que mencionó 59 veces al pueblo y luego citó la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata, según dijo después en una entrevista con CNN, del plan B por si la Corte Constitucional tumba su decreto.
El choque entre el gobierno y el Congreso representa una crisis política institucional. Nueve partidos desconocieron al presidente como garante del proceso electoral. Petro, a su vez, desconoció al Senado y es catalogado por constitucionalistas, sociedad civil, gremios y partidos políticos como inconstitucional y antidemocrático.
El decretazo
El “decretazo” fue firmado por Petro en la noche del 11 de junio pasado, pese a los llamados de diversas voces. Por ejemplo, el constitucionalista Rodrigo Uprimmy, fundador de Dejusticia, aseguró que no solo era inconstitucional, sino también innecesario.
¿Cómo se llega a este punto? En marzo, la reforma laboral se hundió en su tercer debate al ser archivada porocho senadores de la Comisión Séptima. En respuesta, Petro convocó a una consulta popular. Esta consulta, uno de los tres mecanismos de participación ciudadana que aparecen en la Constitución colombiana, también debía ser llevada al Congreso para la aprobación de las doce preguntas planteadas por el gobierno.
El 14 de mayo, la consulta popular fue rechazada en plenaria del Senado con 49 votos en contra y 47 a favor. Ese día el Congreso se convirtió en un escenario de peleas. En una jugada de la oposición, se revivió la reforma laboral —mediante una apelación aprobada por mayorías— que había sido archivada en marzo. Pese a esto, Petro intenta impulsar una consulta popular por decreto para el 7 de agosto.
Con la caída ante el Congreso, Petro convocó al “pueblo” a organizar cabildos populares en todo el territorio en junio. Anunció que firmaría un decreto para realizar la consulta con base en la excepción constitucional, considerando que la negativa del Senado fue viciada.
En la noche del 11 de junio —cuatro días después del atentado a Miguel Uribe Turbay— Petro firmó el polémico decreto. Hoy, 17 de junio, el registrador Hernán Penagos dijo que, antes de convocar a la consulta popular, esperará que las altas cortes tomen una decisión. Además, solicitó el concepto de la sala de Consulta del Consejo de Estado.
Autoritarismo y populismo
Según Uprimmy, el decreto “desconoce la separación de poderes y, de prosperar, implicaría un peligroso precedente. Esa tesis habilitaría en Colombia la visión de Carl Schmitt, el jurista ideólogo del nazismo, según la cual el defensor de la Constitución no debería ser el tribunal constitucional, como es la tradición colombiana y lo planteó Hans Kelsen, sino el presidente. Esto es muy peligroso pues abriría las puertas a que mañana cualquier presidente, de derecha o de izquierda, pueda declarar nula o inexistente una sentencia judicial o una ley y se abstenga de cumplirlas. Es el comienzo del fin del Estado social de derecho”.
Por su parte, Mario Cajas, director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la universidad Icesi, señaló que lo de la consulta enrarece el ambiente y activa más polarizaciones. “En lo jurídico, todo depende en gran medida de las cortes. Creo que tener controles judiciales robustos es crucial en esta coyuntura. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen una tarea fundamental para dirimir la controversia jurídica, que también es política, entre el legislativo y el ejecutivo. También habrá que estar atentos a los gobernantes regionales, alcaldes y gobernadores. Allí también hay tensiones que no son nuevas y parecen atizarse. El papel de los partidos es complejo. Tienen agenda política y esa es su naturaleza. Con mayor razón los partidos de oposición: están en precampaña, como el gobierno y los sectores que lo respaldan”.
Consultar en campaña
La campaña electoral presidencial y parlamentaria empezó anticipadamente. Para muchos sectores, la consulta popular parece una estrategia de Petro para mantener el control del discurso. Pero la oposición también enarbola sus banderas en el antipetrismo y en los errores del gobierno en la “paz total”, la suspensión de la “regla fiscal” y la crisis de la salud.
Una de las principales críticas a la consulta de Petro es su elevado costo. Según el la Registraduría Nacional sería de 175 millones de dólares aproximadamente. Es un valor similar al de llevar a cabo las consultas interpartidistas previstas en el mes de octubre.
Al mismo tiempo, senadores de la oposición (María Fernanda Cabal del Centro Democrático y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical) convocaron un referendo. Buscan cambiar un artículo de la Constitución para permitir que los departamentos asuman el cobro y recaudo de los impuestos de renta y patrimonio.
Es importante aclarar las diferencias entre ambos mecanismos. La consulta popular es usada para consultar al pueblo sobre asuntos de trascendencia nacional, departamental o local sin juzgar directamente normas jurídicas. Puede ser convocada por el presidente, gobernador o alcalde mediante decreto, siempre que cuente con concepto favorable del Senado (la votación que perdió el Gobierno). El referendo busca que el pueblo apruebe, modifique o derogue directamente leyes o artículos de la Constitución. Debe tener un trámite que inicia con una recolección de firmas.
Atentado contra Uribe Turbay
A esta disputa se suma un hecho que marcó un punto de inflexión en la coyuntura reciente: el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en una plaza pública de Bogotá. Un joven de 14 años disparó contra el líder del Centro Democrático, sin alcanzar su objetivo, pero dejando claro que la violencia política ha escalado a nivel nacional. Hasta ahora, las agresiones se concentraban sobre todo en liderazgos regionales y sociales.
El ataque contra Uribe Turbay, nieto de un expresidente e hijo de Diana Turbay, periodista secuestrada y asesinada por Pablo Escobar hace más de 35 años, revive el fantasma de los magnicidios y la violencia de décadas pasadas.
Senador Miguel Uribe Turbay. Agosto, 2023. Foto: Shutterstock.
La Misión de Observación Electoral, en su comunicado más reciente, alerta sobre los riesgos crecientes para la participación democrática, provocados no solo por la violencia física, sino también por la radicalización del discurso político. La organización advierte que “los señalamientos generalizados, la estigmatización y el uso de un lenguaje beligerante desde distintos sectores del poder” crean un ambiente hostil que puede derivar en violencia concreta.
Un análisis de La Silla Vacía sobre los discursos más agresivos en X mostró cómo líderes de distintas tendencias utilizan el lenguaje como arma. Mientras el presidente Petro recurre a términos como “genocidas” o “enemigos del pueblo” para referirse a sus críticos, en la oposición se le responde con adjetivos como “delincuente” o “guerrillero”. Esta dinámica llevó el debate político a un terreno tóxico, donde la deliberación es reemplazada por la descalificación sistemática del adversario.
El domingo pasado, cuando miles de personas salieron a las calles en la llamada Marcha del Silencio, para pedir por la recuperación de Uribe, los gritos y las pancartas que leían “Fuera Petro” se sumaron a las voces que pedían no politizar el acto, en defensa de la democracia y contra la violencia.
Periodista colombiana. Directora de Colombiacheck. Ha trabajado como editora del diario «El País» de Cali. Becaria del programa Balboa en «El País» de España.
