Desde afuera, un analista de los últimos años veinte años del Perú podría decir que Pedro Castillo, el candidato que hoy lidera la intención de voto a la presidencia, es un personaje de fábula. Se presenta a todos sus encuentros públicos con una camisa blanca de puños rojos, un sombrero de ala ancha y un lápiz, el símbolo del partido por el cual es candidato.

Montado un par de cuadras sobre una yegua inquieta que debió ser sujetada para evitar que lo expulsara, Castillo votó en primera vuelta en Cajamarca, ubicada en la sierra norte del Perú. Esta región, cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la minería, vive en carne propia la dicotomía entre dos de las actividades productivas más lucrativas del país. Una dicotomía que, a su vez, es la raíz de muchos conflictos sociales por las condiciones desiguales en las que se dan y que Castillo está aprovechando en su discurso.

Cajamarca, la región más pobre

Castillo nació en esa región hace 51 años, en el distrito de Tocabamba, provincia de Chota, donde recientemente también ocurrió un accidentado debate, a pedido suyo, contra su rival Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. De ella sabemos todos los detalles de su vida pública y privada: es la hija y ex primera dama de Alberto Fujimori, un expresidente preso por los delitos cometidos en su gestión. De Castillo sabemos bastante menos.

Por ejemplo, sabemos que en Cajamarca, la región más pobre del país, formó parte de las rondas campesinas, una organización comunal de defensa, que imparte justicia popular. Las rondas suelen resolver las discrepancias entre miembros de la comunidad, como pequeños hurtos o infidelidades, con castigos físicos que sirven de escarmiento como latigazos o azotes en público.

El profesor detrás de la crisis de un gabinete

Castillo es magíster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo, de donde también obtuvo su título de bachiller en Educación. Ejerce desde el 1995 como profesor del sistema público escolar en Cajamarca, donde también es líder sindical del SUTEP, asociado a liderazgos de izquierda. Lo cierto es que los malos resultados colocan al Perú entre los peores desempeños del mundo en todas categorías de la prueba PISA de calidad educativa.

En el 2017, Pedro Castillo ganó notoriedad cuando lideró una huelga de profesores de más de 75 días en contra de la gestión de la entonces ministra de Educación Marilú Martens. El motivo de la huelga era el pedido de un aumento de sueldo a los profesores prometido por el Gobierno. Sin embargo, las paralizaciones coincidieron con el intento del magisterio por querer implementar dos reformas importantes postergadas por sus predecesores. La primera, una política educativa trasversal basada en la equidad de género. La segunda, la depuración de docentes que no lograran aprobar por tercera vez la evaluación para comprobar su aptitud para dar clases en el aula, incluso luego de haber recibido una serie de capacitaciones. Los docentes liderados por Castillo pretendían que luego de desaprobar sus evaluaciones tres veces pudieran permanecer en sus puestos de trabajo.

En el contexto de la huelga, el entonces ministro del Interior Carlos Basombrío denunció los vínculos de Castillo con el Comité Nacional de Reorientación del SUTEP (CONARE-SUTEP). Según la policía, este comité está relacionado con el MOVADEF, rama civil del grupo terrorista Sendero Luminoso, cuyo líder Abimael Guzmán se encuentra sentenciado a cadena perpetua por crímenes de terrorismo contra el Estado.

Coqueteando con la política

Curiosamente, desde ese entonces Castillo mostraba las principales características de su liderazgo al país. Se presentó ante el Ejecutivo como el vocero autorizado del magisterio y dejó de lado a los demás líderes sindicalistas en las negociaciones. Incluso, llegó a aliarse con Fuerza Popular, el partido político de su actual contrincante a la presidencia, desestabilizando aún más la gestión de la ministra de Educación Marilú Martens. La crisis terminó con la censura del gabinete del entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y todo el equipo que conformaba el liderazgo en el Ejecutivo debió ser cambiado.

El interés de Castillo por la política data de 2005, cuando integró el Comité de Cajamarca del centrista partido Perú Posible, liderado por el expresidente Alejandro Toledo. Esta vez postula a la presidencia por el partido Perú Libre, autodefinido de izquierda marxista, leninista y maoísta. El fundador del partido, Vladimir Cerrón, un neurocirujano vuelto político luego de viajar a Cuba, se encuentra impedido de postular a un cargo público por tener una sentencia por corrupción. Cerrón, fue gobernador regional de Junín, gestión por la que fue condenado, y quiere replicar el modelo cubano a través de un cambio de constitución que no necesariamente vaya por «la vía congresal», aunque todo cambio democrático en la constitución del Perú requiere la aprobación del Congreso de la República.

Los fantasmas que juegan en contra

Muchos intentan romantizar la imagen de Castillo como el profesor de escuela que representa la reforma del campo a la ciudad y encarna a las voces más pobres del país. Ciertamente, su aprobación es más fuerte en los sectores rurales y fuera de Lima. Pero para los peruanos, Pedro Castillo es una figura mucho más familiar de lo que inicialmente se creía y por eso su presencia ha desatado una polarización que ha dividido al país.

Lo cierto es que Pedro Castillo pasó como líder a la segunda vuelta con el porcentaje de votos (17 %) más bajo de los candidatos que han llegado a esta instancia en la historia electoral reciente. La asociación de su candidatura con el radicalismo de izquierda ha hecho que el rechazo a su candidatura comience a acercarse al nivel del antifujimorismo, que ha definido las elecciones los últimos veinte años.

Su candidatura pareciera ser la tormenta perfecta para Keiko Fujimori, ya que la mayoría de los analistas políticos coinciden que, en efecto, es el único candidato frente al cual tiene posibilidades de ganar. La distancia de 20 puntos que sostenía hace una semana empieza a acortarse: ahora solo se llevan 9 puntos, según la última encuesta de Ipsos.

Su discurso, sin embargo, empieza a variar. Intentó recientemente hacer un deslinde con el fundador de su partido, algo que ha probado ser más difícil de lo que pensaba. A la actitud de «el candidato soy yo» de Castillo, Cerrón respondió que si eso se concreta gobernará sin una bancada en el Congreso. También ha intentado desvincularse directamente de las etiquetas de comunista, chavista, terrorista, pero insiste en políticas como prohibir importaciones y nacionalizar empresas, todas medidas que aún no ha aclarado y que podrían explicar su aversión por debatir, ya que ha rechazado todos los encuentros propuestos por las autoridades electorales.

Lo cierto es que mientras menos información dé sobre sí mismo, sus propuestas o quienes conforman su equipo técnico, los peruanos y el mundo llenan esos espacios con lo que quieren ver. Mientras algunos ven al representante de los más pobres y olvidados por la clase política, otros ven los fantasmas de la izquierda radical en América Latina. El tiempo dirá a qué imagen Castillo se termina de parecer.

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A 70 años de la invención de la Economía Social de Mercado. Un modelo que fue la base del milagro económico de Alemania en la posguerra. En qué contexto político, económico y social nació, qué dificultades se encontró para su desarrollo, cómo puede adaptarse a los grandes retos de nuestro tiempo y qué nivel de implantación tiene en Latinoamérica son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Invitado: Gunter Rieck Moncayo, experto en Economía y Comercio de la Fundación Konrad Adenauer.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Después de un tiempo de transición marcado por la incertidumbre, que finalizó con la ratificación de México en enero de 2021, entró en vigor el 22 de abril del 2021 el acuerdo medioambiental regional más importante de Latinoamérica.

Entra en vigor el «Tratado regional sobre el acceso a informaciones, la participación de la ciudadanía y el análisis jurídico en temas ambientales en Latinoamérica y el Caribe», más conocido como Acuerdo de Escazú. Ese Acuerdo le ofrece a la población nuevas oportunidades respecto a la información, la participación y el acceso al derecho en el ámbito medioambiental. En sí, es el primer acuerdo ambiental regional en Latinoamérica y el primero en todo el mundo que contiene disposiciones específicas para proteger los derechos humanos medioambientales. Sin embargo, muchos Estados importantes de la región no han ratificado aún el acuerdo, dado que consideran que sus intereses económicos, su soberanía nacional y su libertad en la toma de decisiones son afectados por las disposiciones de este.

Contexto y contenido del acuerdo

El Acuerdo de Escazú tiene como finalidad asegurar la realización plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También busca fortalecer las capacidades en estos ámbitos y fomentar la cooperación. De esta manera, el acuerdo tiene como objetivo hacer efectivo el derecho de todas las personas, y en especial de las generaciones futuras, a vivir en un medio ambiente sano y a contribuir a su desarrollo sostenible.

El acuerdo se debe considerar en parte como una continuación de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, así como también de sus declaraciones complementarias. Antes de que la Convención de Escazú entrara en vigor, ya existían en algunos países de América Latina normas avanzadas sobre el derecho de acceso a la información ambiental. Estas se basan, por un lado, en las normas establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y, por otro lado, en los estándares determinados por la Corte Interamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de numerosas resoluciones. Sin embargo, hasta ahora no se contó con un reglamento coherente y claro en la región que resuma estas disposiciones y defina sus alcances. Asimismo, hasta ahora hay deficiencias en la implementación efectiva de los derechos y disposiciones correspondientes.

Un análisis más exhaustivo del acuerdo muestra la notable ambición con la que la región quiere contrarrestar los problemas existentes hasta el momento: el reglamento determina, entre otras cosas, qué datos están exactamente comprendidos por el derecho de acceso a la información medioambiental y qué información debe ser presentada públicamente por los distintos Estados. El derecho a la participación previsto en el reglamento es de gran importancia especialmente para los pueblos indígenas, en el contexto del derecho a una consulta previa, libre e informada. La obligación del Estado de adoptar mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos en temas medioambientales contra las amenazas, las restricciones y la inseguridad es, hasta la fecha, única en el mundo. Esta disposición es especialmente importante en América Latina, la región donde más activistas ambientales son asesinados en todo el mundo.

Para alcanzar los objetivos previstos en el Acuerdo de Escazú los países deben implementar a nivel nacional las normas que allí se establecieron. El reglamento proporciona una base legal para la creación de estructuras institucionales y mecanismos administrativos que sirven para reforzar el proceso de toma de decisiones políticas. Basado en la apertura, la transparencia y la participación, el acuerdo busca impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible para la región.

Un proceso largo de coordinación con un final ambiguo

La entrada en vigor del acuerdo el 22 de abril de 2021 estuvo marcada por un largo proceso lleno de declaraciones eufóricas, votaciones multilaterales y denegaciones imprevistas. El punto de partida para la creación del acuerdo fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012, así como la Decisión de Santiago de 2014 que derivó de la primera. Entre 2014 y 2018, los países de América Latina y el Caribe negociaron el contenido concreto de un acuerdo ambiental regional bajo la presidencia de las delegaciones de Chile y Costa Rica, y con la inclusión de las voces de la sociedad civil, la investigación y la academia. En ese proceso de negociación, la mesa directiva recibió el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). Finalmente, el acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.

Por otra parte, fueron precisamente los sectores de la política y la economía de distintos países que habían participado en la creación los que frenaron el proceso de ratificación desde que culminaron las negociaciones en 2018. El ejemplo más destacado es el de Chile, que se había mostrado como un firme defensor y principal impulsor del acuerdo durante la fase de negociación. Fue una gran sorpresa para muchos cuando Chile rechazó la ratificación en el 2020. Allamand, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, justificó el rechazo alegando que el acuerdo infringía leyes chilenas como también intereses privados. Además, que este causaba inseguridad jurídica en la planificación e implementación de proyectos industriales grandes y ponía en duda su rentabilidad. Asimismo, que mezclaba los derechos humanos con temas ambientales. Aunque existe el derecho a un medio ambiente limpio en diferentes constituciones latinoamericanas, parece que algunos países ven los derechos subjetivos establecidos en el Acuerdo de Escazú como exagerados. También Perú, Brasil y Venezuela señalaron sus preocupaciones respecto a los alcances del acuerdo, en especial, con relación al uso de sus áreas y recursos naturales. Ellos temen una pérdida de soberanía, y el desplazamiento del poder, para tomar decisiones sobre conflictos medioambientales, al escenario regional e internacional. Costa Rica, que es visto como un país ejemplar en la región respecto al clima, tampoco ha ratificado el acuerdo. Las discusiones, en parte polémicas, que se realizaron en estos países muestran que los gobiernos actuales siguen dándole prioridad a las consideraciones económicas, a los intereses sobre los recursos naturales y a las cuestiones de gobernanza territorial, desestimando así las propuestas de la política climática y medioambiental.

¿Puede Escazú despertar esperanza?

La idea de que se pueda aprobar un acuerdo valido para toda la región de Latinoamérica y el Caribe y que con ello se pueda tener una representación internacional como un bloque regional y lograr ser un precursor en cuestiones medioambientales fue mermada por la actitud de rechazo de países importantes. Finalmente, el acuerdo solo se implementará en los doce países que lo ratificaron efectivamente.[1] Al mismo tiempo, el acuerdo puede traer esperanza de mejorar la cooperación regional no solamente en temas ambientales, lo que cobra importancia en un tiempo con compromisos de políticas climáticas débiles y unas negociaciones tambaleantes en el marco del Tratado del Mercosur. A través de su entrada en vigor se materializa la narrativa de varios países de fomentar un desarrollo sostenible, en especial, dentro de un contexto poscovid-19.

Con él surge la esperanza en los pueblos indígenas de la región, que están especialmente afectados en sus áreas rurales por proyectos industrializados planeados de una manera centralizada. Actualmente, la representación de los intereses indígenas en temas medioambientales está fuertemente mermada en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe. Esto se debe en gran medida a la falta de información confiable y de oportunidades de participación efectivas. El Acuerdo de Escazú ofrece la posibilidad de reducir estos problemas por lo menos a mediano plazo.

Finalmente, el acuerdo proporciona nuevas oportunidades a los países de la región que se quieran posicionar como un actor confiable y amigable con el medioambiente en el contexto comercial. La propuesta de implementar estándares ambientales regionales de manera sostenible y coherente a un nivel nacional también es de gran interés en la discusión actual en Alemania y Europa acerca de las cadenas de valor sostenibles.

Panorama

El Acuerdo de Escazú entra a la historia como el primer acuerdo medioambiental vinculante para Latinoamérica y el Caribe. La combinación de las disposiciones sobre el cuidado del medioambiente y los derechos humanos ofrece potencial para impulsar procesos parecidos en otras regiones del mundo. El acuerdo sobrepasa el Convenio de Aarhus, firmado el 25 de junio de 1998, que fue el primer acuerdo de la Comisión Económica para Europa (UNCECE) sobre el acceso a informaciones, la participación de la sociedad en procesos decisivos y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Ese acuerdo fue ratificado por 47 Estados europeos y asiáticos, así como también por todos los miembros de la Unión Europea. El Convenio de Aarhus fue en su tiempo el primer tratado de derecho internacional que otorgaba a todas las personas derechos medioambientales y es una fuente de inspiración para el Acuerdo de Escazú.

Para ambientalistas, defensores de los derechos humanos y pueblos indígenas, el 22 de abril significa, sobre todo, que de aquí en adelante existen disposiciones concretas y ejecutables sobre el acceso a informaciones medioambientales y que se les brinda una base para crear un entorno seguro y de derecho en el ámbito del medioambiente. En este punto, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú brinda esperanza, en especial, en un tiempo en el que esos grupos son expuestos en gran medida a persecución y violencia. Además, refuerza la seguridad jurídica en general y así puede contribuir con el crecimiento y el desarrollo sostenible, siempre y cuando los Estados firmantes también estén dispuestos y con la capacidad de hacer valer el derecho en regiones alejadas.

Por otro lado, es importante que el Acuerdo de Escazú no se vuelva un impedimento para la planificación y ejecución de proyectos innovadores y rentables en la región, que son tan esenciales para el progreso económico de Latinoamérica. La aplicación efectiva de derechos medioambientales subjetivos y de intereses económicos legítimos tiene que compaginarse de manera equilibrada al implementar el Acuerdo de Escazú.

Habrá que esperar para saber cómo usarán la sociedad civil y el sector privado las herramientas que ahora tienen a su alcance. Las personas podrán hacer valer su derecho de participación en relación con el uso de los recursos naturales, en especial, en países donde se observa un retroceso con respecto a la política climática y energética a nivel nacional. Por otro lado, el acuerdo no significa que todo este solucionado y no haya más por hacer. Las barreras burocráticas y políticas seguirán siendo un riesgo que puede apagar rápidamente las nuevas esperanzas despertadas por el acuerdo. Un primer paso simbólico es el hecho de que entre en vigor el Día de la Tierra. Sin embargo, todavía será un largo camino hasta que las disposiciones medioambientales sean implementadas de manera jurídica efectiva y se pongan en práctica de forma generalizada.

Publicado en abril de 2021 en la página web del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático (EKLA)

Nota:

[1] Hasta la fecha, ratificaron el Convenio de Escazú: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

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Al presentar el informe de 2021, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire concluyó que «El periodismo es la mejor vacuna contra la desinformación». La metáfora es tan precisa que también es elocuente del negativo del símil: así como la mayoría de los países tienen serios problemas para acceder a vacunas de calidad contra el coronavirus, para muchos países de la región acceder a prensa de calidad es un problema. Tal como ocurre con la vacuna contra la covid-19, los más débiles se ven obligados a aceptar las alternativas disponibles, más allá de que sean las de mejor calidad o de que estén respaldadas por información sólida y transparente. Así como hay una geopolítica de la vacuna, la hay de la desinformación, que define qué es y qué no es falacia. Con mecanismos e instituciones que no son las mismas en todo el mundo.

No se puede pensar la libertad de prensa como un asunto exclusivo de un actor social. Aunque esa designación remitía al derecho de tener un medio para difundir ideas, que inicialmente era una imprenta, ese derecho es mucho más amplio hoy y comprende la información en la multiplicidad de facetas involucradas en la producción y circulación en estos tiempos. Si inicialmente la libertad de prensa se medía por indicadores del ejercicio de la profesión, hoy no puede pensarse aislada de la confiabilidad de la información, de la transparencia y acceso a los datos y documentos públicos, y de la libertad de la sociedad entera de acceder a la información que necesita para ejercer sus derechos.

Una organización como Reporteros Sin Fronteras mide todos los años la libertad de prensa a partir de las agresiones directas y condicionamientos estructurales como el pluralismo, el marco legal, la infraestructura, la transparencia y la censura. Esos parámetros confirman para Latinoamérica tres grandes grupos de países. Los más conocidos son los problemas de violencia directa y atentados consuetudinarios que padecen Colombia (puesto 134 de 180 países relevados), México (143) y Venezuela (148). En la clasificación de 2021, en la primera mitad están los pocos sudamericanos que cuentan con mejores condiciones para el ejercicio periodístico, como Uruguay (18) y Chile (54). En el tercio de la mitad de la tabla están Argentina (69), Ecuador (96), Bolivia (110) y Brasil (111). En líneas generales, no ha habido grandes mejoras en los últimos años pero sí algunos retrocesos, lo que habla de una delicada situación en general.

Estas limitaciones que padecen los actores encargados de las novedades sociales no son inocuas en la confianza que la sociedad pone en las noticias, que hacia 2020 era de 38 % según el Digital News Report del Reuters Institute. De los cuatro países latinoamericanos incluidos en el estudio, Brasil (51 %) expresa una mayor confianza, México (39 %) se acerca a ese promedio y Argentina (33 %) y Chile (30 %) están por debajo. Esos porcentajes confirman que no hay correlación entre la libertad percibida por los periodistas y la confianza en la información, que en apariencia es inversamente proporcional a la libertad de prensa. En cambio, parece haber más relación entre la clasificación de libertad de prensa con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Los países con mejor índice para 2020 son los que gozan de mayor libertad de prensa: Uruguay (puesto 21 de 180), Chile (25), Argentina (78), Ecuador (92), Brasil (94), México (124), Venezuela (176). La correspondencia en el orden recuerda la importancia de la función de la prensa en la transparencia social.

A esa situación delicada en los últimos años se suman los efectos colaterales en la confianza social que dejó la pandemia. El barómetro Edelman Trust que mide anualmente 28 países muestra que los gobiernos tuvieron un pico de confianza en mayo de 2020, en los primeros días de la pandemia, para un año después volver a los guarismos de partida, con 56 % de confianza. Caen también los medios (51 %), que son los vehículos de la información de los gobiernos. Comparten esos dos actores una polarización de base: una de cada dos personas cree en ellos, lo que implica que una de cada dos, no.

Contrariamente a quienes suponen que las masas son las más manipulables, la desconfianza es mayor en la población general que entre las personas informadas. El escepticismo es una defensa que se pone ante el desconocimiento. En ese grupo mayoritario es que ancla el discurso político que desacredita al periodismo. Esta contradicción brinda la clave para la superación del escepticismo porque el público más informado confía más en las instituciones. Lo que habla de que la información de calidad tiene que expandir su llegada, que en Latinoamérica se limita a la elite formada.

En la misma línea, la Sociedad Interamericana de Prensa dedicó una mención especial en su asamblea de 2021 a los mandatarios latinoamericanos hostiles al periodismo, en la medida en que «desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas».

Además de las expresiones de descalificación a ciertos medios y periodistas desde las redes sociales y los canales gubernamentales, también hicieron mención al artefacto supuestamente jurídico denominado lawfare, con el que algunos gobiernos de la región acusan una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la justicia. La amenaza se concreta con proyectos como los del gobierno argentino ante el Parlamento del Mercosur para tipificar esa figura sin base científica ni jurídica con la que pretenden sancionar a periodistas que investigan hechos de corrupción. En estos contextos de tensión entre gobiernos y prensa no es extraño que el barómetro Edelman haya detectado que el 59 % de las personas encuestadas creen que los periodistas están tratando de engañar deliberadamente al público al difundir información que saben que es falsa.

Si esta enumeración de factores es extensa es porque la complejidad de la libertad de prensa es el signo de la conmemoración de 2021. El autoritarismo suele apropiarse de las mejores intenciones con los peores fines, y en nombre de la defensa contra la desinformación impulsa iniciativas que terminan generando el efecto paradójico de coartar la libertad en la conversación pública. Alegando la protección de una ciudadanía supuestamente indefensa ante la toxicidad del discurso público, se impulsan investigaciones, observatorios, iniciativas de verificación ejecutadas por instituciones débiles, con base más ideológica que técnica. Lo que desde 2016 se presentó como debate filosófico más amplio en el paraguas de la posverdad devino en una persecución en nombre de las #fakenews, que en muchos casos es la etiqueta con que el poder intenta deslegitimar una información que lo compromete. Como perspicazmente observa Daniel Innerarity, la noticia falsa no es una opinión errónea expresada con buena fe, sino aquella que se pone a circular con la aviesa intención de generar confusión. El problema de tan difuso límite es que muchos gobiernos se montan en ese borroso distrito en donde la opinión o los datos alternativos a los oficiales pueden ser acusados de falsedad para perseguir a los críticos, que quedan a merced de la arbitrariedad sin defensa de tribunales respetables y un sistema de información independiente y transparente.

La mayor transformación tecnológica lleva poco más de una década de uso extendido en la sociedad. La posibilidad que tiene cualquier persona de incorporarse a una conversación pública, a la vista de cualquiera, desafió la exclusividad de los periodistas como mediadores entre las fuentes de poder y la ciudadanía. Y puso en crisis los canales oficiales que pretendía los únicos que dan a conocer información sanitaria con encubrimientos e imprecisiones. En nombre de la seguridad sanitaria, muchos gobernantes persiguieron periodistas y ciudadanía crítica, acusando de desinformación y discurso de odio lo que era una proclama justa por los derechos ciudadanos. El caso de la provincia de Formosa, en Argentina, es un ejemplo tristísimo de abusos de los derechos humanos, cooptación de la prensa local y persecución de los ciudadanos y políticos que divulgaron la crítica situación sanitaria a través de las redes sociales y las mensajerías. Las presiones en los medios locales y la prohibición de ingreso a la provincia de los medios nacionales convirtieron a las voces ciudadanas en las únicas capaces de mantener el reclamo de condiciones dignas para los ciudadanos que preventivamente, aun con resultados negativos de sus tests, eran aislados en centros que no cumplían medidas sanitarias y humanitarias básicas, como denunció Human Rights Watch.

La buena noticia es que la expectativa de la información de calidad sigue poniéndose en el periodismo, al que la ciudadanía todavía asigna la tarea de señalar, e incluso destacar, las inconsistencias de las falacias políticas, según la investigación del Reuters Institute. Este puente reconocido entre el poder y la sociedad es el principio de una ética de la conversación colectiva. Ante las crecientes amenazas de los autoritarismos, la legitimidad del periodista puede construirse desde la sociedad, que puede apoyarlo con una verificación y rectificación colaborativa, que no demande de agentes de control condicionados. Ese puente también puede horadar el escepticismo generalizado al convocar a la ciudadanía a un diálogo informado, que incorpore los aportes técnicos al reporte periodístico.

La pandemia aportó valiosos ejemplos de organizaciones sanitarias y universitarias que se convirtieron en aliadas globales para la transparencia de datos. Esto reafirma que la red no es una amenaza sino un contrapeso que puede usarse para oponer diálogo y confianza donde hay descalificación y suspicacia. La política autoritaria enfoca sus críticas al periodismo en las redes, en la desinformación, precisamente porque se beneficia en mayor grado de los climas de escepticismo. La rebelión al autoritarismo es oponer una alianza de confianza entre la prensa y la sociedad para que la desinformación sea un fenómeno marginal y para que pueda primar la confianza en la información de calidad.

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En los medios internacionales abundan, a diario, titulares sobre las diferentes facetas de la rivalidad que determina la relación entre Estados Unidos y China. Con la llegada del siglo XXI, el agotamiento de la hegemonía norteamericana —resultante del desplome del bloque soviético— se hacía evidente. Estados Unidos sufría una pérdida de poder en término relativos, puesto que otros actores, como la Unión Europea, Rusia y China principalmente, comenzaban a reclamarlo en el escenario internacional.

Sin embargo, y al mismo tiempo que la redistribución del poder global consolidaba un esquema de multipolaridad, los pilares de orden liberal internacional se mantenían inalterados. El orden mundial construido por Estados Unidos y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial gozaba de una extraordinaria salud. La globalización desplegaba todas sus virtudes, la apertura del comercio internacional llevaba prosperidad y bienestar a los rincones más recónditos y la democracia se expandía en un mundo que le era fértil.

En este contexto de multipolaridad liberal, el sistema de organismos multilaterales era funcional a los intereses de Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo. La propia estructura de estos organismos había sido inspirada en los mecanismos formales de la democracia liberal y, tal vez más importante aún, su espíritu de funcionamiento rebozaba de valores liberales. El ingreso formal de China a la Organización Mundial de Comercio es un ejemplo paradigmático de un mundo en el que las reglas habían sido sólidamente establecidas y cuya validez no admitía discusión alguna.

La distribución de poder

Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde aquel auspicioso comienzo de siglo. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica y mundial, pero la distribución de poder en términos relativos ha operado en detrimento de su posición global.

En 2019, con un gasto militar de USD 732.000 millones, Estados Unidos siguió siendo el país con el mayor presupuesto militar del planeta. En ese mismo año, el gasto militar de China, el segundo mayor, se ubicó en USD 261.000 millones. Sin embargo, fue cuatro veces mayor que en 2006.

Al mismo tiempo, China se ha convertido en el principal socio comercial a nivel global, incluyendo a los países de la Unión Europea. A pesar de su visible desventaja en términos militares, China ha logrado una significativa ventaja en términos de innovación tecnológica. Especialmente en áreas sensibles como las tecnologías 5G y el desarrollo de tecnologías de vigilancia basada en inteligencia artificial.

No menos importante ha sido el lanzamiento en 2013 del Belt and Road Initiative (BRI), con el despliegue en gigantescos proyectos de infraestructura en países desarrollados y un desembolso estimado de USD 1,3 trillones para 2027. Con esta iniciativa, China no solo ha logrado fortalecer la infraestructura marítima de su expansión comercial y militar en el mundo, sino que además se ha posicionado como la fuente de financiamiento de estratégicos proyectos de infraestructura en Asia, África y América Latina. Esta iniciativa ha generado controversia por las consecuencias que la diplomacia de la deuda puede tener en los países beneficiarios. Pero aun cuando hay quienes niegan que esta estrategia de financiamiento sirva a fines neocoloniales, su mera existencia supone un extraordinario impulso para la influencia de China en el mundo.

El plano de las percepciones

En estas dos décadas transcurridas desde el comienzo del siglo XXI, los cambios también se han producido en los aspectos normativos y culturales que dan forma a las interacciones en el sistema internacional. El mundo ya no es un lugar próspero para la democracia: en 2020 se consolidó una tendencia de 15 años de declive sostenido de la democracia en el mundo, con apenas un 20% de la población mundial habitando en países democráticos. Y, en este contexto, el mundo ha sido testigo de un resurgimiento de los discursos nacionalistas y proteccionistas, algo que la pandemia del covid-19 no ha hecho más que agravar.

Es importante diferenciar aquí la brecha existente entre los discursos o narrativas y las transformaciones reales que como consecuencia de ellos se producen en el sistema internacional. Desde 2016, cuando Reino Unido votó a favor de su salida de la Unión Europea y Donald Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos, el orden liberal internacional se ha sumido en una crisis de identidad. Esto por dos razones que vale destacar.

En primer lugar, la mayor potencia global, aquella creadora de su propio orden, renegaba abiertamente de sus valores constitutivos. Con Trump al poder, Estados Unidos se convirtió en un enemigo del multilateralismo, enviando a sus aliados en el mundo un mensaje muy claro: que ya no estaba dispuesto a cargar con la responsabilidad y el costo de sostener un orden mundial en el que no creía.

Segundo, la crisis de integración que golpeó a Europa tras el brexit sumó escenas al relato de un declive del orden liberal. Después de años de expansión, la mayor experiencia de integración comercial, política y económica sufría un marcado retroceso. El mundo ya no era un escenario de prosperidad para la democracia, la globalización y el multilateralismo.

Pero si bien el relato puede ser más dramático que sus consecuencias reales, algunos eventos lo respaldan. Basta recordar para ello la anexión de Crimea por Rusia en 2014 ante la mirada impotente de la OTAN o la sujeción de Hong Kong por China en 2019, que en un escenario de disputa de poder entre grandes potencias permiten fijar nuevos límites al accionar de las desafiantes. Hoy, se preguntan cuánto tiempo podrá Taiwán mantenerse fuera de los límites del poder chino.

Por estos motivos, no es extraño que en 2020 las percepciones negativas de China en Occidente hayan alcanzado los niveles más elevados. Su ascenso produce temor pero. al mismo tiempo, su creciente influencia resulta inevitable.

El mundo pos-covid

La pandemia del covid-19 encontró al orden liberal internacional en un momento de profunda crisis. Un momento en el que Estados Unidos, la principal potencia, había decidido reducir su influencia en un proceso de ensimismamiento indigno de su posición global. Un momento en que China encadenaba sucesivas fases de su proceso de expansión en el mundo.

La llegada de Biden al poder ha supuesto un cambio en la tendencia antes mencionada. El cambio de signo de la política exterior norteamericana promete volver a llenar de oxígeno los pulmones del liberalismo, el multilateralismo y la globalización. Aunque ver esas promesas materializadas en cambios sustantivos requerirá de algo más que discursos y expresiones de voluntad.

Es probable que en el mundo pos-covid sea relativamente difícil para Estados Unidos recuperar el terreno perdido con China en Asia y con Rusia en Europa del Este. No obstante, las potencias autoritarias tienen en el plano de la cultura y los valores una barrera gigantesca para penetrar con mayor fuerza en el mundo occidental. Este es hoy el mayor activo que poseen Estados Unidos y Europa respecto al conjunto de Estados democráticos del planeta: un activo cultural.

Pero, una vez más, China ha dado muestras de un liderazgo mundial que ponen en aprietos a Estados Unidos y a Europa. Una de ellas es su eficacia en la gestión de la pandemia que, aunque manejada con total falta de transparencia, ha mostrado las bondades de este nuevo autoritarismo basado más en la tecnología que en el uso de la coerción física. Aunque más significativo aún es el rol de China en el desarrollo, la producción y la distribución global de vacunas contra el covid-19. China no solo se ha consolidado como el principal productor de dosis, sino que, además, es el mayor exportador neto de vacunas a nivel global, con gran parte de su producción destinada a países en desarrollo.

Es difícil aventurar un análisis consistente sobre qué nuevas tendencias se desprenderán en el sistema internacional tras la pandemia del covid-19. Sin embargo, sí es posible advertir la profundización de algunas tendencias preexistentes y que hemos intentado repasar en este artículo.

En primer lugar, es evidente que el sistema multilateral ha salido perjudicado. La pandemia ha recrudecido el nacionalismo, la Organización Mundial de la Salud ha mostrado enormes falencias y el mecanismo COVAX para una distribución equitativa de las vacunas se transformó en el fiasco más reciente de la cooperación global.

En segundo lugar, China ha aprovechado la diplomacia de las vacunas para fortalecer su imagen como una potencia global confiable ante muchos países que, sin el apoyo de Estados Unidos o Europa, se vieron forzados recostarse en la cooperación de la mayor potencia autoritaria del planeta. Más aun, China ha sido la única garantía para el acceso a vacunas confiables para la mayoría de los países pobres.

En tercer lugar, el avance de China sobre el sistema multilateral será una de las principales tendencias a observar en los próximos años. Es esperable que Estados Unidos, tras la llegada de Biden, retome la defensa de las instituciones liberales en el sistema internacional. Sin embargo, el ascenso de China no depende de la voluntad de Estados Unidos y sus aliados, por lo que su creciente influencia tendrá, más temprano que tarde, un correlato claro respecto a la estructuración de la institucionalidad que da forma al sistema internacional.

En cuarto lugar, y a medida que China consolide su crecimiento militar, la tensión entre las grandes potencias será cada vez difícil de gestionar. Esto nos enfrenta a lo que Graham Allison definió como una trampa de Tucídides y que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿qué tan pronto el desafío chino al poder norteamericano se traducirá en un enfrentamiento militar a gran escala entre ambas potencias?

Artículo reproducido con la amable autorización de CESCOS. Publicación original.

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Discutiendo la teoría autoritaria

En una perspectiva crítica, John Keane (2020) considera al autoritarismo una categoría «simplista y éticamente cuestionable»; y le opone el término despotismo. Especifica el teórico político que la popularidad y el uso conceptual de autoritarismo se produjo gracias a una imprecisión y consecuente maleabilidad a la cual contribuyeron expertos, académicos, periodistas y políticos. «El término autoritarismo adolece de un conjunto de debilidades incorregibles» —puntualiza Keane— que comienzan por su descripción engañosa. Otras falencias se hayan en que el lenguaje del autoritarismo permite suponer que los nuevos regímenes no democráticos del siglo XXI —que él define como nuevos despotismos— están desprovistos de instituciones y procedimientos con referencias a la idea y praxis de la democracia.

Keane insiste en que estos despotismos no son, de manera exacta, la antítesis de las democracias. Sino unos usufructuarios, perversos y deformadores, de sus principios y mecanismos. El término autoritarismo, según Keane, es insuficiente para captar las realidades de países como China y Rusia —cuyos Gobiernos afirman poseer democracias populares o democracias gestionadas— o incluso los procesos modernizadores en países como Singapur y Arabia Saudí. Los nuevos despotismos no son directamente sistemas tradicionales de poder autoritarios gobernados por líderes narcisistas que suponen su incuestionable superioridad. Los que han aprendido a utilizar, deformándolas, cualidades atribuibles a la democracia, como la voluntad de experimentar con el arte de gobernar y el autoexamen o justificación constante ante los gobernados.

Otro punto que resalta Keane es el sesgo que ha contraído el término autoritarismo al emanar de un neologismo de la región atlántica, basado en las posturas liberales y angloamericanas. Ello habría provocado la división del mundo, afirma Keane, en regímenes autoritarios «malos» y democracias «buenas», reducidas estas últimas al canon de democracia liberal de estilo atlántico. Reducir la esencia de la democraticidad a la celebración periódica de unas elecciones libres y justas y la existencia de sistemas electorales calcados de los de Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña son, para Keane, un error categorial.

Piensa John Keane que el modo en que los politólogos han utilizado el término autoritarismo para referirse a un tipo de régimen donde un poderoso grupo gobernante supone su derecho absoluto a la autoridad, ha conllevado a la destrucción del significado y riqueza política de la palabra autoridad. Y, también, a su imbricación con otro término del que no es sinónimo: el de poder. Pero poder y autoritarismo no son la misma cosa: Autoridad, recuerda Keane, es una palabra cuyas acepciones refieren a legitimidad, justificable, correcto y razonable. Por lo tanto, hablar de autoridad implica hacer notar que el uso de la fuerza no es necesariamente correcto. El poder, por otra parte, puede ejercerse de forma no autorizada mediante la intimidación, la fuerza o el chantaje. De tal suerte «[…] en contra de los usos alegres del término autoritarismo, hay que preservar la distinción vital entre autoridad y poder, que es lo que el término despotismo hace y ha hecho siempre» (Keane, 2020, p. 215).

La atención a la magra robustez conceptual y la confusión con los fenómenos de la autoridad y la fuerza no han sido patrimonio de teóricos políticos. También han llamado la atención, de manera paradójica, de exponentes de la política comparada de matriz anglosajona. Adam Przeworski (2019) desarrolló recientemente, desde la ciencia política, otra crítica implacable al concepto autoritarismo. Tras coincidir con Arendt en que los estudiosos que han calificado como autoritarias a las dictaduras modernas lo han hecho porque las han equiparado con el uso de la violencia, Przeworski observa un inconveniente en confundir fuerza con autoridad. Y en entender a la primera como la causa del poder de mandar y ser obedecido.

Ello provoca, afirma Przeworski, que el término autoritarismo sea redundante y se utilice como sinónimo de dictadura blanda. A partir de ahí, rechaza que la categoría autoritarismo signifique, únicamente, que la represión es menos intensa. Sobre todo, por la probada intimidación que induce en ciertos contextos la represión preventiva —sin que sea necesaria la manifiesta— y porque el régimen sigue basándose en la fuerza para gobernar. Se pregunta, entonces, si existen características específicas en el autoritarismo que lo distingan como un tipo de dictadura, sin contar la intensidad de la represión manifiesta. Algunos expertos, reflexiona Przeworski, utilizan el concepto autoritarismo como una etiqueta para los regímenes que se basan en la fuerza, aunque conserven una fachada de instituciones democráticas. Pero considera que si alguna utilidad conceptual se le debe al autoritarismo es la de distinguirlo, de alguna manera, de la democracia (Przeworski, 2019).

Otro punto significativo que destaca Adam Przeworski tiene que ver con aquellos estudios que solo consideran a los regímenes autoritarios como gobiernos que cooptan, reprimen, censuran y hacen propaganda. Pero dejan fuera de la ecuación el cumplimiento voluntario de los ciudadanos. Por lo tanto, propone como punto de partida para entender al autoritarismo el tener claridad sobre el hecho de que la autoridad, aunque no es el poder, puede causarlo. Asimismo, recuerda el politólogo, el poder que genera obediencia puede surgir a partir de fuentes diversas. Volver sobre el significado del término autoridad —cuyos análisis positivistas la entendieron como una comunicación que es más que un consejo, pero menos que una orden— resulta entonces fundamental.

Puntualiza Przeworski que la distinción de autoridad radica en que el emisor del mensaje conoce mejor las eventuales consecuencias de sus acciones que el receptor. Por lo tanto, ese consejo dado se ignora —con seguridad, pocas veces—. Ello provoca, a su vez, que la autoridad se coloree de una cierta sabiduría sobre la voluntad de acción de los individuos. La autoridad, entendida como el conocimiento superior de lo que es bueno para todos, puede ser eficaz cuando las afirmaciones que trasmite no son observables y cuando disuade a los ciudadanos de que una búsqueda de información sería costosa para ellos. Según Przeworski una condición necesaria de la autoridad es que las personas crean que el líder (o líderes) sabe mejor que ellos lo que es mejor para la colectividad. Para que actúan, entonces, en consecuencia.

Un debate abierto

En resumen: los usos y desarrollos más recientes en torno a los conceptos que nombran a la otra política, no democrática, animan un debate con fuertes implicaciones epistémicas y empíricas. Frente a la ciencia política mainstream —ligada a los estudios sobre democratización y desdemocratización— que utiliza a menudo el término autoritarismo para aludir, con gruesos trazos, a cualquier régimen distinto a los poliárquicos, emerge una rica discusión que recupera el legado de los clásicos y la innovación conceptual. De tal suerte, desde la ciencia y teoría políticas, diferentes autores continúan revisado críticamente la genealogía y consistencia misma de la categoría, en contraposición a su uso genérico nacido en el Occidente de la Guerra Fría.

Sería más oportuno repasar los contenidos y contornos precisos de esos conceptos, a la vez que recuperamos (y revisamos) las nociones clásicas y actuales sobre la política no democrática. A fin de cuentas, la mayoría de naciones del orbe siguen gobernadas por esos regímenes, en sus distintos tipos y subtipos. Y el rumbo de la historia reciente parece marchar —sin teleologías irreversibles— en esa dirección. Autoritarismo y autocracia, dictadura y despotismo, continúan formando parte, conceptual y empírica, del paisaje geopolítico global.

La primera parte de este artículo se publicó en Diálogo Político el miércoles 21 de abril de 2021.

Referencias

Cassani, A., y Tomini, L. (2019). Autocratization in post-Cold War Political Regimes. Palgrave Macmillian. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03125-1

Keane, J. (2020). The New Despotism (1.ª ed.). Harvard University Press.

Przeworski, A. (2019). A Conceptual History of Political Regimes: Democracy, Dictatorship, and Authoritarianism. En J. Wiatr (ed.). (2019). New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st century. Opladen, Berlín, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Svolik, M. W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. (M. Levi, ed.). Cambridge Studies in Comparative Politics.

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La victoria bélica de Azerbaiyán sobre Armenia en Nagorno Karabaj a fines del año pasado dejó secuelas importantes a ambos lados de la frontera. Mientras en Ereván el primer ministro Nikol Pashinián es cada vez más cuestionado y ya ha anunciado su renuncia a ser efectiva este mes, el presidente azerí Iljam Alíev se regodea y se apropia del triunfo como bandera. Quedaron atrás las protestas de 2019 en las que se reclamaba por la liberación de presos políticos y por elecciones libres y justas. También se apagaron o desaparecieron completamente los ya débiles cuestionamientos al régimen de Alíev. Todo eso fue devorado por la euforia y el triunfalismo. La mayor parte de la región en disputa de Nagorno Karabaj volvía a manos azeríes después de 26 años y nada más importaba.

Alíev acaba de inaugurar en Bakú, capital de Azerbaiyán, el Parque de Trofeos Militares, un espacio público con tienda de recuerdos en el que se encuentran vehículos y armamentos robados al enemigo, además de escenificaciones de trincheras y bunkers. Pero en este museo al aire libre también se exhiben orgullosamente decenas de cascos de armenios muertos y maniquíes que representan a soldados capturados. Como si la victoria militar no bastara, como si hiciera falta la humillación, pisotear al enemigo y mofarse, para garantizar que nunca más nadie se atreverá a cuestionar a Azerbaiyán. Y, claro, tampoco a Alíev.

Este espacio no solo implica una celebración para Azerbaiyán, sino también una advertencia hacia los rivales del presidente, tanto extranjeros como fronteras adentro. Es que los antecedentes de Alíev en cuanto al respeto a los derechos humanos eran pésimos antes de la guerra y lo siguen siendo hoy, con el triunfalismo y el nacionalismo de su lado.

En 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que cinco individuos habían sido encarcelados injustamente por las autoridades azerbaiyanas debido a sus críticas al Gobierno. La organización Human Rights Watch, con base en Nueva York, registra numerosas detenciones por motivos políticos, incluyendo a periodistas. Por esto, Azerbaiyán figura entre los 15 países con menor libertad de prensa del planeta en el índice de Reporteros sin Fronteras. Además, miembros destacados del opositor Partido Frente Popular Azerbaiyano han sido perseguidos y acusados de todo tipo de cargos falsos, incluyendo vandalismo, narcotráfico, destrucción de propiedad y violación de las medidas de clausura impuestas durante la pandemia. También se dieron a conocer múltiples casos de tortura y otros malos tratos a prisioneros. A todo esto se le suma que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) determinó que las elecciones parlamentarias de 2020 no habían sido ni libres ni justas, y que existen serias restricciones legales que impiden el trabajo independiente de organizaciones no gubernamentales.

Iljam Alíev gobierna desde la muerte de su padre Gueidar en 2003, que a su vez había sido presidente desde 1993, poco después de la caída de la Unión Soviética y de la independencia de Azerbaiyán. Antes de eso fue secretario general del Partido Comunista local entre 1969 y 1982. Es decir que la familia Alíev se mantiene en el poder en forma incuestionable desde hace décadas. No es casual entonces que padre e hijo hayan obtenido alrededor del 80 % de los votos en prácticamente todas las elecciones presidenciales. Hubo además dos referéndums constitucionales durante el mandato de Iljam: en 2009 se abolió el límite de dos términos presidenciales sucesivos, garantizando la reelección ilimitada; y en 2016 se extendió el mandato a siete años y se creó el puesto de vicepresidente, que desde entonces ostenta la primera dama Mejriban Alieva.

¿Qué pasó con la represión, las detenciones arbitrarias, la violencia, la persecución y el poder incuestionable de Alíev? La guerra en Nagorno Karabaj terminó en noviembre pasado con un acuerdo de paz y el envío de tropas rusas para garantizar el alto al fuego. A lo largo de un mes y medio de conflicto murieron alrededor de 4000 soldados armenios, casi 2900 azerbaiyanos y unos 150 civiles de ambas naciones. Hubo violaciones a los derechos humanos y se cometieron posibles crímenes de guerra que deberán ser investigados y juzgados eventualmente. Pero el sonido de las armas lo silenció todo en Bakú. Hoy no hay lugar más que para los aplausos y los letreros junto a los que posa un feliz presidente y que anuncian que «Karabaj es Azerbaiyán».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia emitió un comunicado en relación con la apertura del Parque de Trofeos Militares en el que acusa a Alíev de fomentar un «comportamiento antihumano». También dice que la inauguración «degrada públicamente la memoria de las víctimas de la guerra, las personas desaparecidas y los prisioneros de guerra, violando los derechos y la dignidad de sus familias». Pero este comunicado oficial queda corto porque Alíev no solo se mofa de las víctimas del conflicto, sino también de todas aquellas voces acalladas por un triunfalismo ciego. Y sonríe satisfecho junto a la amenaza tácita que representan unos cascos vacíos de soldados enemigos muertos.

Publicado el 16 de abril de 2021 en el sitio web de CADAL.

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En un contexto de polarización la Contraloría intenta limitar la libertad de expresión. El Tribunal Supremo Federal dejó sin efecto las medidas.

El pasado 2 de marzo, la Contraloría General de Brasil adoptó una resolución prohibiendo a dos profesores universitarios criticar públicamente al Gobierno federal por un período de dos años. Esta disposición, conocida como termo de ajustamento de conduta, fue adoptada luego de que un diputado federal presentara una denuncia contra ambos profesores. Pidió que fueran despedidos

¿Qué motivó esta amonestación? El 7 de enero, los profesores Pedro Rodrigues Curi Hallal y Eraldo dos Santos Pinheiro participaron en una actividad de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel). Esta fue difundida por redes sociales. En esta presentación criticaron el nombramiento de la nueva rectora, elegida por el presidente Jair Bolsonaro, a pesar de haber recibido el menor número de votos de la lista final propuesta para elegir a la nueva rectoría. También reprocharon el manejo de la pandemia. Hacia el fin de la primera semana de abril, ha causado la muerte de aproximadamente 335.000 personas en Brasil.

La decisión de la Contraloría muestra a los órganos de control como entes que pueden ser usados por el Gobierno para acallar críticas frente a asuntos públicos: en este caso, el nombramiento de autoridades universitarias y el manejo de la pandemia del coronavirus en el país. Esta censura es contraria a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH), y afecta tanto a la libertad de expresión y la autonomía universitaria como a la libertad académica.

Ataques a la libertad de expresión en el gobierno de Jair Bolsonaro

En el informe de Article 19, The Global Expression Report 2019-2020, esta organización concluyó que, tras la llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil en 2019, la desinformación, la reducción en el acceso a fuentes oficiales, los ataques contra las voces independientes, la persecución de la prensa, la criminalización de las ONG y el acallamiento de las opiniones contrarias han sido los métodos más usados en su gobierno.

La pandemia solo ha aumentado esta polarización. Mientras voces expertas declaran que el coronavirus está fuera de control, con un número de casos creciente de más de 12 millones de personas, el presidente Bolsonaro preguntó a inicios de marzo hasta cuándo el país iba a seguir «llorando», e instó a los gobiernos locales a levantar el confinamiento de la población para restablecer la economía.

Los dos profesores amonestados han sufrido los efectos de esta polarización. Hallal, como coordinador del estudio EPICOVID-19 BR, ha señalado las fallas en la coordinación política para enfrentar la crisis de salud. Esto, desde su punto de vista, ha creado un malestar creciente en el Gobierno y una campaña de censura cada vez más fuerte. Pinheiro, por su parte, ha sido un asiduo crítico de los ataques del gobierno de Bolsonaro contra la autonomía universitaria y la libertad académica, que en su opinión han minado las estructuras de las instituciones educativas brasileras.

Contraloría a los académicos

En este contexto se enmarcan las resoluciones de la Contraloría contra los académicos. En el Diario Oficial solo se publicó un extracto de las resoluciones pero la motivación es que ambos emitieron «expresiones irrespetuosas dirigidas al presidente de la República» a través de canales oficiales desde sus recintos de trabajo. A pesar de haberse visto forzados a firmar esta resolución, ambos profesores han dicho que continuarán expresando sus opiniones desde sus redes privadas. A su vez, organismos de la sociedad civil han manifestado que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución ante el Supremo Tribunal Federal.

La norma utilizada por esta entidad fue la ley 8112, de 1990, relativa a la conducta de servidores públicos, que incluye a los docentes de universidades públicas. Esta ley, adoptada antes de que los órganos del Sistema Interamericano desarrollasen gran parte del contenido del derecho al debido proceso y a la libertad de expresión, prohíbe en su artículo 117 que funcionarios públicos promuevan «expresiones de aprecio o desaprobación en los recintos de trabajo».

El Tribunal Supremo Federal decidió que los actos que atentan contra la libertad de expresión del estudiantado y la plantilla docente y los intentos de prevenir la discusión y el debate dentro de las universidades son inconstitucionales. El uso político de los organismos de control para callar posiciones críticas al Gobierno sigue vigente y constituye una amenaza para la democracia.

La respuesta de la comunidad académica en Brasil

La respuesta de la comunidad científica ha sido de apoyo a ambos profesores, mediante una carta abierta, señalando que «la crítica es praxis científica y la actitud necesaria para el desarrollo y el enfrentamiento de los problemas de un país, ya que es a partir de la correcta interpretación de los hallazgos científicos que se pueden señalar los caminos a seguir y llamar la atención sobre los desvíos que se están cometiendo».

La comunidad científica también ha rechazado «las acciones difamatorias, calumniosas, irrespetuosas e insultantes que han llevado a cabo los miembros del Gobierno» frente a los investigadores y las instituciones educativas del país. En un comunicado, manifestaron que «[e]n un estado democrático, los aspectos políticos e ideológicos no pueden ser aceptados como justificación para coaccionar a los científicos que advierten sobre acciones indebidas o inacción por parte de agentes públicos en diferentes niveles de gobierno».

Las asociaciones de funcionarios públicos de Brasil también han dicho que, desde las elecciones de 2018, han sido constantemente amenazados. El caso contra los dos profesores de la UFPel es uno más en una larga lista de medidas contra servidores públicos críticos del Gobierno. Para ellos, esta amenaza a su libertad de expresión «[s]ignifica que nos están amordazando, [nos están sacando] del debate público. Y así todos pierden, la democracia, la población y el país».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos ha criticado la decisión de la Contraloría de Brasil. Resalta la importancia de proteger la libertad académica como y «[e]l rol trascendental que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas».

Conclusiones

En octubre del año pasado publicamos un artículo en este mismo portal, advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer la libertad académica en las Américas. En aquel entonces, lo llamamos un derecho olvidado por la falta de conocimiento y de desarrollo normativo en la región. Hoy, es un derecho violado.

La situación de Brasil es extrema pero no única. Los gobiernos latinoamericanos están utilizando las normas como instrumentos para limitar la crítica y el debate: en Honduras, un nuevo código penal criminaliza la protesta y penaliza los «crímenes de honor». Estos pueden ser fácilmente utilizados contra los investigadores que se pronuncien contra el Gobierno. En Venezuela, el decreto presidencial que declaró el «estado de alarma nacional» facilita la persecución política de las voces contrarias al régimen.

La crisis ocasionada por la pandemia en América Latina requiere de la participación activa de la comunidad universitaria en el debate público. Sancionar o adoptar normas que limiten su participación afecta la razón de ser de la libertad académica y de la libertad de expresión. Las universidades y centros de investigación deben ser espacios autónomos, abiertos y seguros para el debate de ideas sin miedo a violencia o represalias.

Perpsectivas

En el caso de Brasil, es necesario que se adecue el marco legislativo para que las normas sobre el servicio público, la autonomía universitaria, la libertad de expresión y la libertad académica estén de conformidad con la CADH. Dado que la actual crisis política dificulta cualquier reforma legislativa de fondo, el papel de los tribunales y el trabajo de organizaciones en litigio público estratégico ante el Supremo Tribunal Federal son la única alternativa viable en el corto plazo.

Publicado el 13 de abril de 2021 en Diálogo de Derechos Humanos, iniciativa web del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer con sede en Bogotá, Colombia.

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El 2021 plantea un desafío de reconstrucción comparable a una posguerra o a estragos de una catástrofe natural. Democracias en desarrollo como la dominicana no tienen otra opción más que desplegar un esfuerzo para lograr, al menos, indicadores similares al 2019. Esbozamos los principales renglones que representan una sensible prueba de fuego.

1. Plan de vacunación

En febrero el Gobierno lanzó Vacúnate RD, el plan de vacunación contra el covid-19. Proyecta inmunizar 7,8 millones de personas en tres fases durante el 2021. Se están contratando 21 millones de dosis a distintas farmacéuticas (AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNtech, Sinovac). República Dominicana forma parte de la reducida lista de países americanos que logrará inmunizar a su población en el 2021, en el tercer lugar luego de Chile y Estados Unidos y seguido por Uruguay.

China entregó un millón de vacunas. Beijing busca un giro en las relaciones con el Gobierno de Abinader, el cual se mostró apegado a la línea del expresidente Trump, al momento de asumir el 16 de agosto del 2020. El Partido Comunista de China (PCCh) tiene la intención de expandir su influencia y peso en el Caribe. Ha aumentado en más de un 40 % el comercio desde el 2018.

2. Economía

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que para finales del mes de mayo de 2020 se habían perdido 532.342 puestos de trabajo, una caída abrupta del 23 %. Para finales de 2020 ya se habían recuperado alrededor de 300.000 puestos de trabajo y alcanzado una cantidad total similar a los 2.500.000 registrada a finales del año 2019. Se logró una recuperación del total de empleadores a una cifra cercana a los más de 90.000 que habían antes de la irrupción de la pandemia.

El Banco Central proyecta la llegada de 3,4 millones de turistas, que representarían una recuperación de más de la mitad recibida durante 2019. En marzo de 2021 se recibieron 263.857 turistas, especialmente provenientes de Estados Unidos. Esto supone un aumento del 56 % con respecto a las llegadas registradas en febrero del 2021, y de un 3,4 % sobre las de marzo de 2020. La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) informó que para 2021 se proyecta un crecimiento de un 5 % por encima de la recuperación, con respecto a 2020, y la creación de 25.000 nuevos puestos de trabajo. De igual forma, da cuenta de que en febrero de este año se exportaron más de 550 millones de dólares, aumentando de un 4,4 % con respecto al mes de enero de este año.

Según el Banco Mundial, la pandemia de covid-19 empujó a la República Dominicana a su primera recesión en 25 años pero, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pronostica un crecimiento de su economía en 5,5 %, ocupando el primer lugar en el Caribe y el quinto lugar en América Latina, superada por Panamá (12,0 %), Perú (8,5 %), Chile (6,2 %) y Argentina (5,8 %).

3. Frontera

El 27 de febrero, en su primer discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente Abinader Corona sorprendió con el anuncio de la construcción de una verja (doble en las zonas más críticas) en la frontera con Haití.

La República Dominicana ocupa 2/3 de la isla de La Española con una frontera terrestre con Haití de 376 kilómetros. La verja anunciada será de 190 kilómetros, de los cuales ya existe una parte construida, para control del contrabando, evasión de aranceles, protección ambiental y la masiva inmigración ilegal haitiana.

Abinader da respuesta y razón a un reclamo de décadas de sectores preocupados por la situación fronteriza, tradicionalmente aglutinados en torno al conservador y nacionalista Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el balaguerismo.

4. Aborto

Nuevamente el aborto es motivo de una especial polarización. Este se encuentra criminalizado en todas sus manifestaciones por el artículo 317 del Código Penal Dominicano.

La Constitución establece la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte. Resultaría inconstitucional la inclusión de tres causales de aborto demandada por algunos sectores y ONG. La defensa de la vida del no nato, encabezada en el Poder Legislativo tradicionalmente por el PRSC, ha ganado en la cámara baja. Se prevé una mayoría provida en el Senado.

5. Semipresencialidad

En septiembre de 2020 el Ministerio de Educación puso en marcha el plan escolar 2020-2021 basado en la virtualidad (internet, radio y televisión) en todo el territorio nacional. A principios del mes de abril de 2021 se inició un plan de regreso escalonado en 48 municipios elegidos por su baja o inexistente incidencia del covid-19, para un total de 1.958 escuelas, 419.980 estudiantes, 21.524 maestros y 16.082 empleados y colaboradores administrativos.

6. Independencia judicial

En noviembre de 2020, la Procuraduría General de la República (PGR) lanzó la Operación Antipulpo, por la que fueron arrestados y sometidos a la justicia diez altos exfuncionarios del pasado Gobierno por el supuesto desarrollo de una extensa asociación de malhechores y tráfico de influencias en torno al sistema de compras y contrataciones.

En enero de 2021 se lanzó la Operación Caracol, que tiene como epicentro a los actuales miembros titulares de la Cámara de Cuentas de la República, órgano constitucional encargado de la fiscalización externa del Estado. La PGR ha arreciado en otros casos de corrupción, como el Odebrecht. Asimismo, se logró el envío a juicio de fondo del caso de Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) sobre la adquisición irregular de aviones de combate Super Tucano para la Fuerza Aérea (FARD).

7. Estados Unidos

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre la situación global de los derechos humanos. Con el capítulo atinente a la República Dominicana, las ronchas y reacciones no se hicieron esperar. El país ya supera un año en estado de excepción debido a la incidencia del covid-19 y a la guerra sanitaria del Gobierno contra este, lo que ha implicado una oleada de hartazgo, tanto de la población como de agentes del orden.

Concluyendo…

Sin duda alguna que el año 2021 representa un reto para las democracias latinoamericanas. Su capacidad de respuesta para propiciar la normalización y la reconstrucción en distintos ámbitos será el indicador que marcará la posibilidad o imposibilidad de vacunarse contra los populismos y extremismos que asolan buena parte del globo terráqueo. En el caso de República Dominicana, el fantasma populista históricamente ha lucido contenido, pero el 2020 demostró ser un año lleno de sorpresas. Los venideros no escapan a esa posibilidad también.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado a más de 40 jefes de Estado y de Gobierno a una cumbre virtual del clima. Durante su campaña electoral, Biden declaró que la protección climática es una prioridad en su agenda política. Este evento marcará un precedente en el futuro rol de Estados Unidos en la política climática internacional. A continuación, se resume cómo se percibe la reivindicación de liderazgo de EUA con respecto a la protección del clima en América Latina.

La elección de Joe Biden como 46º presidente de los Estados Unidos provocó el entusiasmo de activistas ambientales en todo el mundo. Incluso antes de su victoria, Biden declaró durante su campaña electoral que la protección del clima era una prioridad en su programa político. Poco después de su elección, Biden nombró a un equipo de expertos en temas de clima y medioambiente como parte de su personal de asesores. Además, nombró al ex secretario de Estado John Kerry, que también es miembro del Consejo de Seguridad Nacional, como enviado especial para el clima. Una decisión que evidencia la influencia de los impactos del cambio climático en la seguridad nacional.

Efectos del cambio climático

Para luchar contra el cambio climático y sus efectos, el presidente Biden no solo ha anunciado numerosas y ambiciosas medidas a nivel nacional, como por ejemplo conseguir que Estados Unidos sea neutral en cuanto a emisiones de carbono para 2050. Uno de los primeros actos del nuevo presidente electo fue nuevamente adherir a Estados Unidos al Acuerdo de Paris, del cual se había retirado durante el mandato presidencial de su predecesor. Esto ha creado una gran expectativa en la comunidad internacional con respecto al compromiso de Estados Unidos en la diplomacia climática internacional.

A continuación, se ilustra cómo se articulan concretamente estas expectativas en América Latina. Una vez más queda claro que la política climática y medioambiental no puede separarse de la política comercial y económica internacional. Tiene implicaciones geopolíticas que pronto podrían evidenciarse, por ejemplo, en una reorganización entre los Estados del G20.

América Latina

Después de una era de hielo de cuatro años, numerosos líderes latinoamericanos ofrecen ramas de olivo hacia Washington. Con la nueva Administración estadounidense, América Latina espera una vuelta al multilateralismo y nuevas inversiones directas. Estas podrían beneficiar a la región, que se ha visto particularmente afectada por la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. La actitud entusiasta de muchos países hacia la nueva administración estadounidense también es evidente en el ámbito de la política climática.

Desde que Biden asumió el cargo, varios jefes de Estado y de Gobierno han defendido públicamente que América Latina debería convertirse también en el principal foco de atención de Estados Unidos en cuestiones de alianzas de políticas climáticas. En las primeras llamadas telefónicas bilaterales, varios presidentes mostraron su voluntad de perseguir conjuntamente los objetivos acordados en el Acuerdo de París. Esta narrativa coincide con una serie de declaraciones nacionales y regionales, ya planteadas en 2020 para transformar a América Latina en una región sostenible y ambientalmente consciente. Sin embargo, debido a la pandemia, pocos países han logrado actualizar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) acordadas en el marco del Acuerdo Climático de París y cumplir así con sus compromisos en el campo de la política climática.

Cooperación en el continente

Los puntos concretos de contacto para intensificar la cooperación entre América Latina y Estados Unidos podrían surgir sobre todo en el ámbito de las energías renovables, ya que la promesa del presidente Biden de crear nuevos puestos de trabajo a nivel nacional en el sector de la energía sostenible y de superar a China a nivel internacional como proveedor de tecnología podría materializarse a través de las relaciones con América Latina. Esta región lleva tiempo experimentando una transformación de su política energética: Costa Rica y Uruguay obtienen hasta el 95 % de su electricidad a partir de fuentes renovables. En Chile ha despegado la producción y exportación de hidrógeno, y otros muchos países están en proceso de reorientación hacia el uso a largo plazo de las energías renovables, especialmente en los sectores del transporte y la electricidad.

En este contexto, América Latina se ha convertido en el principal mercado chino de autobuses eléctricos y paneles solares, y seguirá teniendo una gran demanda de nuevas tecnologías, sistemas de almacenamiento de baterías y sistemas de energía renovable en el futuro. Aunque está por verse hasta qué punto el Gobierno estadounidense aumentará realmente su participación en la financiación internacional del clima y son precisamente los mecanismos de financiación internacional y la inversión directa estadounidense los que podrían desempeñar un papel clave en el establecimiento de las tecnologías necesarias en América Latina. Dado que China es un actor importante en la región en cuanto a la producción de energía y el suministro de tecnología, una mayor participación de Estados Unidos podría tener beneficios geopolíticos para la nueva administración.

Acuerdo de París

Al mismo tiempo, la reincorporación al Acuerdo de París y la intención de la administración Biden de centrar la política exterior en la lucha común contra el cambio climático podrían suponer una presión económica para algunos países latinoamericanos si no cumplen sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y si no emprenden proyectos para combatir el cambio climático. Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes de muchos países de la región. Argentina, México y Brasil pertenecen al G20; por ello, el anuncio de Biden de reforzar los mecanismos de ajustes fiscales en frontera y los criterios de política climática en las relaciones comerciales, especialmente con los países del G20, se percibe con gran tensión en la región.

El mayor potencial de conflicto es, sin duda, con México y Brasil, que son los países con la mayor emisión de gases de efecto invernadero de la región. Las políticas energéticas retrógradas del presidente mexicano Andrés López Obrador han provocado los primeros desacuerdos con empresas estadounidenses y han suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). Brasil, por su parte, volverá a enfrentarse a la cuestión de la Amazonia con la nueva administración estadounidense. Biden y el presidente brasileño Jair Bolsonaro ya se enfrentaron durante su campaña electoral. Biden amenazó con sanciones económicas si Brasil no tomaba medidas contra la deforestación de la selva amazónica.

Efecto invernadero de la región

En vísperas de la cumbre climática convocada por Estados Unidos en 2021, el enviado especial para el clima, Kerry, envió un mensaje contundente a Brasil. Subrayaba su convicción de que «Brasil controlará su deforestación». Bolsonaro ha mostrado una disposición inicial y vacilante a cooperar. Pero está por verse cómo abordará Brasil la nueva reivindicación de liderazgo de Estados Unidos con respecto a la protección del clima y el medioambiente. Al mismo tiempo, la atención de Estados Unidos sobre la Amazonia podría servir también para incentivar a otros países amazónicos a formar nuevas asociaciones con Estados Unidos.

Tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París bajo el mandato del expresidente Trump, tanto México como Brasil parecen no haberse sentirse presionados a cumplir con sus compromisos internacionales. Durante un breve periodo, Brasil incluso amenazó con retirarse del propio Acuerdo, y México dio marcha atrás en su reforma energética para seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Ahora que Estados Unidos ha anunciado su objetivo de neutralidad climática para 2050, estos países ya no parecen tener excusa para aplicar políticas climáticas retrógradas.

Política de Trump

La nueva narrativa de Estados Unidos sobre clima y medioambiente será seguida de cerca en toda América Latina con una mezcla de entusiasmo y tensión. Simultaneamente la región enfrenta el reto de mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Esto ha hecho retroceder las ambiciones de la política climática.

Si Estados Unidos utiliza su liderazgo en el marco climático como medida de coacción económica para obligar a los países de Latinoamérica a tomar más medidas climáticas, será necesaria una recuperación económica sostenida en América Latina. La región tiene un gran potencial para convertirse en pionera en la protección del clima y las energías renovables. Para poder explotar realmente este potencial, son necesarias sobre todo las condiciones del marco normativo, junto con un intercambio activo intra e interregional.

Parece que la narrativa sobre el clima de la recién elegida administración estadounidense puede tener un efecto favorable sobre los esfuerzos de América Latina. Queda por ver si la reivindicación de liderazgo de EUA será utilizada por la sociedad civil de Latinoamérica para ejercer presión política sobre sus gobiernos. Puede que Brasil y México no sean los únicos interesados en realizar cambios en sus políticas medioambientales para mantener las relaciones bilaterales con Estados Unidos. La cumbre climática podría, por un lado, proporcionar una primera información sobre la seriedad de los pronunciamientos de Estados Unidos. Por otro lado, mostrar si las esperanzas de América Latina de un renacimiento de las relaciones (climáticas) se harán realidad.

Reincorporación al Acuerdo de París

La reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París fue recibida positivamente en todo el mundo, pero también está vinculada a diversas esperanzas y expectativas.  Mientras que en los países del G20 la renovada reivindicación de Estados Unidos de liderar la política climática no puede considerarse aisladamente de las implicaciones de la política comercial, la atención en Asia y el Pacífico se centra particularmente en la relación política y económica entre Estados Unidos y China. En estas la política climática y medioambiental ha desempeñado durante mucho tiempo un papel destacado. En América Latina, el cambio de rumbo de la política climática de Estados Unidos podría presionar a varios países para que emprendan estrategias nacionales de protección del clima y se comprometan a cumplir normas medioambientales más estrictas.

¿Liderazgo internacional de Estados Unidos?

Hasta ahora, la reivindicación de liderazgo internacional de Estados Unidos sólo se ha manifestado en su reincorporación al Acuerdo Climático de París. Aparte de una serie de ambiciosas medidas nacionales, el presidente Biden no ha realizado ningún compromiso financiero concreto a nivel internacional. Tampoco se han adoptado hasta ahora planes concretos de mecanismos comerciales con un componente climático o medioambiental. Por ello, se espera con gran expectación la cumbre del clima anunciada por Estados Unidos. Fueron invitados más de cuarenta jefes de Estado y de Gobierno. Estados Unidos ha anunciado que presentará sus NDC actualizados en la cumbre.

También se espera que Estados Unidos haga declaraciones concretas sobre sus ambiciones internacionales de protección del clima en esta ocasión. Por tanto, esta cumbre del clima marcará la pauta del futuro papel de Estados Unidos en la política climática internacional.

Versión abreviada del informe publicado el 20 de abril de 2021 en la página web del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA)
Traducción: Laura Rubio, pasante en la oficina KAS Montevideo.

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La democracia acumula, en los últimos doscientos años, una gran cantidad de referencias intelectuales sobre sus procesos. Desde los íconos de la Ilustración —pasando por los pensadores del liberalismo, el cristianismo y el socialismo democráticos— hasta llegar a los nuevos movimientos sociales, numerosos autores y enfoques han analizado las modalidades —representativa y participativa, directa y asociativa, etc.— de aquella. Sería ocioso citar aquí siquiera una mínima lista de esas aproximaciones eruditas a la política democrática. El carácter abierto de las sociedades y regímenes que le sirven de marco —admitiendo la libertad de información, estudio y expresión— permite que la democracia sea el único modo de concebir y ejercer la política donde el poder no puede impedir, a cabalidad, que le estudien.

Sin embargo, los otros modos de hacer política —milenarios y resilientes— reciben menor atención. Es sorprendente cómo, al abarcar la mayor parte de la historia y geografía humanas, las formas no democráticas de política ocupan un lugar menor en las currículas, debates y bibliografías de las escuelas de ciencias políticas de las naciones democráticas. Al lado de tantos semestres y volúmenes dedicados al cabildeo y el parlamentarismo, a la opinión pública y a los estudios electorales, el análisis de esa otra política queda a menudo arrinconado en unos pocos textos y autores. Cobijados bajo el paraguas del autoritarismo o de modestos (e imprecisos) usos de conceptos como totalitarismo y dictadura. Frente a eso, en los últimos tiempos, emerge un debate robusto y rico que apunta a captar la riqueza de la política no democrática.

Un proceso con pedigrí propio

Los académicos Andrea Cassani y Luca Tomini (2019), en su texto Autocratization in post-Cold War Political Regimes, consideran —sobre el trasfondo de los estudios de democratización— que el debate sobre los cambios de régimen continúa fragmentado. Entre otras cuestiones debido a una ausencia de definición común que declare en qué consisten estos procesos y cuáles son las diferentes formas que pueden adoptar. Ello también dificulta el tratamiento analítico al impedir la correcta clasificación de los fenómenos, y por ende, entorpecer los estudios.

La confusión conceptual parte, según estos autores, de cierta realidad empírica: una zona gris en la cual coexisten regímenes híbridos que funcionan a través de instituciones democráticas y autocráticas y de los cuáles es complejo entender sus procesos de cambios o metamorfosis. Otro peligro es de índole normativa: se ubica en la tendencia a considerar que la democracia es el fin último de un país, y ello provoca que cualquier transformación de los regímenes democráticos sea rápidamente considerada como un golpe o pérdida de ella. A lo anterior se suma la carencia de un marco conceptual y analítico que discrimine, dentro del universo de significados y entendimientos, cuál es el proceso opuesto a la democratización.

Para responder a su pregunta, Cassani y Tomini se posicionan desde un plano ontológico. Consideran que si la democratización es un movimiento hacia un resultado (la democracia), el estudio del caso inverso (la autocracia) debería realizarse haciendo hincapié en la naturaleza y dirección del cambio. Así, enfatizan que lo opuesto a la democratización no es la realidad capturada bajo la adjetiva noción de desdemocratización —o sinónimos más elusivos cómo declive, retroceso o crisis— sino la autocratización; un proceso de cambio de régimen hacia la autocracia, con status propio. Según estos autores, la noción de autocratización ha permanecido hasta ahora descuidada, debido a que la democracia ha sido considerada como el único punto de referencia legítimo a la hora de analizar los cambios políticos. Así han surgido etiquetas clasificatorias para los procesos opuestos a la democratización que contienen, a pesar de ello, algún derivado del vocablo democracia.

Un problema surge, señalan los académicos, cuando el análisis estriba sobre regímenes híbridos, dado que pueden experimentar tanto una democratización como un cambio en el sentido opuesto, «[…] si utilizamos conceptos que hacen hincapié en la democracia como punto de partida, pasamos por alto estos procesos de cambio de régimen, cometemos un estiramiento conceptual al intentar considerarlos o los tratamos como un fenómeno diferente» (Cassani y Tomini, 2019, p. 21). Por el contrario, consideran que la autocratización se visualiza allí donde el cambio de régimen comparte una dirección hacia la autocracia, con independencia del punto de partida. Creen que otra ventaja de la autocratización —como herramienta conceptual para el estudio de procesos opuestos a la democratización— se encuentra en discernir los posibles puntos de llegada del régimen cambiante.

La mecánica y los actores

Con menor ambición teorizante otras miradas se dirigen al interior de los actores y dinámicas de la política no democrática. Para Svolik (2012) una dificultad recae en que, durante la mayoría de los casos de estudio, sus facetas son examinadas de manera individual. También en la inexistencia de una teoría unificada —tanto a nivel conceptual como empírico— que pudiera servir para identificar cuáles son los actores claves en las dictaduras, las fuentes de conflicto y poder y explicar la variabilidad entre las instituciones, políticas y líderes que se suceden entre cada una de ellas.

Al usar indistintamente las nociones de autoritarismo y dictadura en The Politics of Authoritarian Rule, Svolik sostiene que existen dos conflictos que conforman a la política autoritaria. El primero sucede entre los que gobiernan y los que son gobernados. Según Svolik todos los dictadores, en algún momento, son amenazados por las masas. Así, considera que el problema del control autoritario es aquel que radica en el problema político de equilibrarse con quienes son excluidos del poder.

Desafío a los dictadores

El segundo conflicto surge cuando los dictadores contrarrestan los desafíos de aquellos con los que comparten el poder. Que los dictadores resuelvan este segundo conflicto dependerá de dos rasgos que Svolik considera negativos de la política autoritaria. Primero, que las dictaduras carezcan de una autoridad independiente del poder; por lo que no existe una entidad que haga cumplir los acuerdos entre actores políticos claves. Por otra parte, que la violencia esté siempre presente y se convierta, per se, en el árbitro final de los conflictos que se suceden al interior de las políticas autoritarias. Resumiéndolo sin ambages cuando señala: «La política autoritaria se desarrolla a la sombra de la traición y la violencia» (Svolik, 2012, p. 2).

El autor afirma, además, que los dos aspectos distintivos de la política autoritaria explican el por qué dictaduras y democracias difieren en la naturaleza de la política que despliegan. Asimismo, considera que un país es democrático solo si resuelve los conflictos políticos de forma no violenta, pero también deja de serlo si algunos de sus mecanismos claves se eluden, aunque no sea mediante la violencia. La dicotomía conceptual entre política autoritaria y democrática, orienta, para Svolik, la forma en que organiza los datos sobre las dictaduras —entendida como países donde los poderes legislativo y ejecutivo no emanan de elecciones libres y competitivas—.

¿Dictadura como categoría residual?

Piensa que la dictadura es una categoría residual que aúna a todos aquellos países que no cumplan los criterios establecidos para la democracia; establece la necesidad de abandonar la práctica imperante que clasifica a las dictaduras en unos tipos ideales o que resalta sus características descriptivas ideales. Un enfoque como el anterior es defectuoso, especifica Svolik, porque hace colapsar a las distintas dimensiones conceptuales de la política autoritaria (la convierte en una tipología única) dando lugar a categorías no son excluyentes entre sí ni colectivamente exhaustivas. Propone entonces un enfoque alternativo para identificar las dimensiones conceptuales de la política autoritaria y que sea útil en la práctica y que desarrolle escalas apropiadas para cada una de sus dimensiones (Svolik, 2012).

Svolik expone que los rasgos claves del autoritarismo radican en el doble problema del reparto y el control del poder. Según el autor, surge una preocupación específica en el contexto del control autoritario que se refleja en la cautela con la que los dictadores confían en sus ejércitos para la represión. Ello se debe a que cuando los ejércitos se vuelven indispensables para la supervivencia de un régimen, de tal suerte «las fuerzas represivas se metamorfosean de siervo obediente a rival político potencial, independientemente de cualquier restricción formal a sus prerrogativas» (Svolik, 2012, p. 14). Aun así, en la política autoritaria la opción de la violencia y la fuerza bruta nunca están fuera del plano de ejecución; por tal razón las reglas institucionalizadas del juego no deben tomarse al pie de la letra. Con referencia en la teoría de juegos Svolik analiza los modelos de poder autoritario; centrándose en las características de la elección institucional, la represión y la cooptación.

La segunda parte de este artículo se publicará en Diálogo Político el miércoles 28 de abril de 2021.

Referencias

Cassani, A., y Tomini, L. (2019). Autocratization in post-Cold War Political Regimes. Palgrave Macmillian. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03125-1

Keane, J. (2020). The New Despotism (1.ª ed.). Harvard University Press.

Przeworski, A. (2019). A Conceptual History of Political Regimes: Democracy, Dictatorship, and Authoritarianism. En J. Wiatr (ed.). (2019). New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st century. Opladen, Berlín, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Svolik, M. W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. (M. Levi, ed.). Cambridge Studies in Comparative Politics.

Nota: El autor agradece la ayuda de la colega Melissa Cordero Novo en el proceso de revisión bibliográfica y discusión conceptual que precedió al presente texto.

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El 20 de enero de 2021, Joe Biden tomó posesión como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América. Tan solo dos días después, realizó sus primeras llamadas con sus contrapartes y socios en el extranjero. Extendiendo un guiño a la cooperación para la construcción de mejores relaciones con sus vecinos en el norte y en el sur, los dos primeros mandatarios en su lista fueron el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respectivamente.

La llamada con Trudeau dista mucho de ser una sorpresa, pues el mandatario canadiense ha mantenido una relación de cordialidad con su homólogo estadounidense desde que comenzaron a conocerse los resultados de la elección en Estados Unidos en los primeros días de noviembre. Fue de los primeros mandatarios a nivel global en felicitar a Biden tras su virtual victoria sobre Donald Trump. En cambio, la relación de Biden con AMLO es una historia distinta. A diferencia de Trudeau, AMLO fue uno de los últimos mandatarios en todo el mundo en felicitar a Biden por su victoria sobre Trump. Aunado a esto, hizo declaraciones en las que parecía mostrar apoyo a la causa defendida por Trump, quien alegaba un fraude electoral. También criticó el cierre de las cuentas de Trump en redes sociales tras lo sucedido en el Capitolio, ofreció asilo a Julian Assange y su gobierno difundió pruebas confidenciales de la DEA contra el ex secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Todo parecía pintar el inicio de una relación poco amistosa entre AMLO y Biden. No obstante, Biden no dudó en establecer comunicación directa con su homólogo mexicano para buscar establecer una relación de mayor cooperación que la de su antecesor.

En los días posteriores a este hecho, Biden repitió el mismo orden para realizar sus primeras reuniones con mandatarios en el exterior. Al igual que en las llamadas, el primero en la lista fue Trudeau, el 24 de febrero, y el segundo AMLO, el 1 de marzo. Ante este escenario, resulta natural cuestionarse: ¿por qué México ocupa un lugar tan prioritario en la agenda de Biden? También, ¿cuáles son los posibles puntos de convergencia y divergencia entre las agendas de ambos gobiernos?

México en la agenda Biden

La llegada de Trump a la Casa Blanca en 2016 marcó un cambio drástico en la relación con México. Durante su campaña electoral, Trump se empeñó en realizar diversas críticas y señalamientos a México. En sus discursos categorizó a los mexicanos que llegaban a Estados Unidos como delincuentes y violadores. Criticó arduamente la política migratoria del Gobierno mexicano, argumentando su poco compromiso en la contención de los flujos, y propuso la construcción de un muro en la frontera con México. Además, amenazó con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), principal pilar en la relación comercial, si no se iniciaba un proceso de renegociación. La hostilidad constante tuvo sus repercusiones en México, pues la simpatía con el vecino del norte cayó drásticamente en las encuestas de opinión pública.[1] Para el gobierno de AMLO resultó complicado sobrellevar su relación más importante y sucumbió ante las presiones de Trump en distintas ocasiones en un intento por evitar una escalada de conflicto.

La llegada de Biden se ha evaluado mayoritariamente de forma positiva en México, lo cual se debe principalmente a tres factores. Primero, a diferencia de Trump, Biden ha mantenido un discurso de mayor cordialidad con México, tanto en su campaña como en sus primeros días como presidente, por lo que se espera que las relaciones entre ambos países sean más llevaderas e institucionales en los próximos años. La diplomacia mexicana quedó pasmada por la forma en que se tuvieron que llevar las relaciones con Estados Unidos durante la administración Trump, por lo que el cambio en la Casa Blanca parece alentador. Un punto a considerar es que, con Barack Obama en la presidencia, la percepción de Estados Unidos en México vivió una de sus mejores etapas [2] y ahora quien fuera su vicepresidente ocupará el cargo.

Segundo, la agenda de cooperación que Biden ha anunciado con México en sus primeros días da señales que refuerzan la idea de que la relación se establecerá en términos de mayor cordialidad e institucionalidad. Con México, Biden ha dicho que buscará dar marcha atrás a las reformas que implementó su antecesor en materias como migración, las cuales ha calificado como draconianas. También anunció que establecerá una colaboración estrecha en materia de salud para la atención de la pandemia del covid-19 en la región y que llevará a cabo una inversión fuerte para estimular la recuperación económica en Estados Unidos, lo cual tendrá un impacto también para la economía mexicana. Durante la primera reunión que Biden sostuvo con AMLO el 1 de marzo, reafirmó el interés y voluntad de Estados Unidos por mantener una agenda de cooperación con México en estos ejes temáticos y se sumó a la agenda el tema energético, en el cual podrían existir diferencias importantes entre las políticas que impulsan ambos gobiernos.

Tercero, a partir del tiempo transcurrido, existe la percepción de que en la relación bilateral hay un proceso de convergencia en la política exterior mexicana alineada con los intereses de Estados Unidos con mayor fuerza. Sobre todo, a partir de las diversas presiones por parte de Trump, con la imposición de aranceles y la recurrente amenaza de salirse del TLCAN, así como las tensiones que se han producido entre ambos países con respecto a la agresiva política migratoria estadounidense y reforzado a partir de la primera visita al exterior de AMLO a Washington en el marco de la pandemia del covid-19 y el proceso electoral en Estados Unidos.

También, existen realidades en la relación bilateral de las cuales difícilmente se puede escapar. Por un lado, sin importar quién se siente en la Casa Blanca, existe un andamiaje institucional preexistente que permite continuar el cauce de la relación bilateral. Las burocracias posibilitan el trabajo continuo para mantener los compromisos adquiridos en diversas materias, como la política exterior, la política comercial, la política migratoria y la política en seguridad. No obstante, las burocracias profesionales, tanto en Estados Unidos como en México, están subordinadas a sus mandatarios; de igual forma, la participación y conformación de los Congresos representan mecanismos de presión o acompañamiento en la determinación del trato entre las partes de la región. A esto se añaden los mecanismos regionales, los cuales han tenido un funcionamiento intermedio, lo cual suma para hacer todavía más compleja la relación bilateral entre ambos países.

Por otro lado, para Estados Unidos, la relación económica con México es de gran relevancia para los políticos estadounidenses tanto a nivel federal como local, no solo por la proximidad territorial, sino por la extensa relación de comercio e inversión que ha generado el TLCAN desde su entrada en vigor en 1994. México es actualmente el segundo socio comercial de Estados Unidos, solo por detrás de China. La expansión del comercio con el TLCAN ha resultado en la creación de relaciones verticales de abastecimiento, especialmente a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. El flujo de productos intermedios producidos en Estados Unidos que son exportados a México y el flujo de retorno de productos terminados ha incrementado enormemente la importancia de la región fronteriza como un sitio de producción para las industrias manufactureras estadounidenses. Sectores importantes para Estados Unidos como el automotriz, electrónica, maquinaria o accesorios dependen todos de la asistencia de la industria mexicana. Esta dinámica ha desarrollado una plataforma productiva integrada altamente dependiente del buen mantenimiento de las relaciones bilaterales. Por estas razones, por ejemplo, el Congreso en Estados Unidos ha mantenido un interés activo y constante en asuntos relacionados a la renegociación del TLCAN y la entrada en vigor del ahora denominado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a partir del 1 de julio de 2020.

Aunado a esto, el T-MEC detonó también un proceso más amplio de apertura económica, que alcanza hoy 10 tratados comerciales con 44 países en el mundo que han logrado beneficios para empresas grandes y multinacionales integrándose a la cadena productiva, fruto del dinamismo económico en América del Norte. Un ejemplo de esto es la firma y entrada en vigor del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, el cual ha facilitado el intercambio comercial entre Norteamérica y Europa, así como las inversiones de empresas europeas en México, que se han integrado a esta cadena productiva.

Por último, la relevancia del voto latino en Estados Unidos ha incrementado en los últimos años. Para las elecciones de 2020, había aproximadamente 32 millones de votantes latinos elegibles para votar, los cuales representan el 13 % del total del electorado. En algunos estados esta proporción es aún mayor, como en el caso de California o Texas, donde el voto latino representa alrededor del 30 % del total del electorado. Estas cifras representan un aumento considerable en los últimos años, ya que en 1998 habían alrededor de 12 millones de hispanos y latinos que tenían derecho al voto en Estados Unidos. Los hispanos de origen mexicano representan más del 50 % del voto latino, por lo que para muchos políticos estadounidenses también es muy relevante este factor en sus respectivos distritos electorales.

Los temas de convergencia: salud, migración y recuperación económica

A diferencia de Trump, Biden piensa que el futuro de Estados Unidos está íntimamente ligado al de sus países vecinos, México y Canadá. No los ve como un peligro, sino como socios para atender los principales retos que enfrenta la región. Biden ha señalado que pondrá especial énfasis en tres temas para la cooperación con México: salud para la atención de la pandemia del covid-19, la gestión de los flujos migratorios y la recuperación económica regional.

La contención de la pandemia del covid-19 en Estados Unidos no puede hacerse sin México. La frontera compartida de más de 3000 kilómetros y los cruces fronterizos, que son de los más transitados en el mundo, hacen que la cooperación sea una pieza importante para poner freno al esparcimiento del covid-19 en la región. A partir del 21 de marzo de 2020, Estados Unidos, México y Canadá anunciaron la restricción temporal de los viajes no esenciales a través de las fronteras terrestres. La medida se ha extendido durante todo el 2020 y lo que va de 2021, en un intento por frenar los contagios, incluso con la llegada de Biden, por lo que es muy probable que continúe extendiéndose hasta que las campañas de vacunación en ambos países logren los efectos esperados.

Trump criticó en distintas ocasiones el alza de casos de contagio en México, alegando un mal manejo de la pandemia por parte de la administración mexicana, y aseguró que la construcción del muro fronterizo estaba ayudando a su país para evitar que llegaran más casos de contagio de covid-19. A pesar de ello existieron momentos de cooperación, pero la relación se efectuó a nivel personal entre ambos presidentes, sin que exista algún mecanismo bilateral hasta el momento. Por ejemplo, AMLO aseguró en octubre de 2020 que Trump le había ayudado en la negociación con la farmacéutica Pfizer para realizar un acuerdo de suministro de las vacunas contra covid-19. En cambio, Biden ha cambiado el discurso y ha mantenido conversaciones con AMLO sobre la atención a la pandemia desde sus primeros días. Sin embargo, hasta el momento no se vislumbra un mayor apoyo de Estados Unidos a México en cuanto a la obtención de más vacunas para frenar el contagio, por lo menos hasta que la campaña de vacunación logre los resultados esperados en Estados Unidos. Así lo confirmó el mismo Biden tras la primera reunión con AMLO, en la cual el mexicano pidió el apoyo de Estados Unidos para el envío de más vacunas a México. Ante esta petición, la administración Biden afirmó que, por el momento, no estaba dispuesto a realizar concesiones a México con las vacunas, ya que el principal objetivo del Gobierno es lograr que todos los estadounidenses cuenten con la vacuna.

En el ámbito de la política migratoria es posible que la administración Biden retome algunos puntos estratégicos de la presidencia de Barack Obama, con el objetivo de construir instituciones capaces y menos corruptas en el triángulo norte centroamericano (TNC, integrado por Guatemala, Honduras y el Salvador), alentando el crecimiento económico y las medidas de reducción de desigualdad y la lucha contra la pobreza, para disminuir los flujos de migración provenientes de estos países. Dicha estrategia está estrechamente vinculada con lo que ha planteado el Gobierno mexicano en su Plan de Desarrollo Integral para México, Honduras, Guatemala y el Salvador, presentado por AMLO y elaborado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por lo que se identifican oportunidades de cooperación con visión compartida en este ámbito. Hasta el momento, Biden ha anunciado que destinará 4000 millones de dólares en ayudas para los países del TNC. No obstante, podrían existir algunas discrepancias en términos de objetivos y visiones a partir de los efectos producidos por la asistencia económica estadounidense en Centroamérica, lo cual involucrará la intervención en otros países y tendrá efectos en la política exterior estadounidense, sobre todo, a partir del mensaje del pasado 23 de noviembre de 2020, cuando se anunció el equipo de transición de política exterior y de seguridad nacional, sugiriendo que «Estados Unidos está de vuelta en la política internacional y en el sistema multilateral».

En el ámbito económico, será necesario incentivar mecanismos de cooperación en el manejo de la pandemia de covid-19 y, con ello, evitar bloqueos económicos en la primera mitad del 2021, ante el cierre parcial de las fronteras. Para México, estas acciones serán relevantes a partir de la dependencia comercial con Estados Unidos y sus efectos en el desarrollo económico del país con la atracción de capitales, creación de comercio y creación de empleos. Se espera que, en el corto plazo, en la administración Biden, la política comercial no forme parte de sus temas prioritarios, sobre todo porque finaliza la autoridad para comerciar (TPA, por sus siglas en inglés) el 1 de julio de 2021, facultades fundamentales en la negociación del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en el avance y cierre de negociaciones comerciales en curso.

Sin embargo, los efectos de la política America First de Trump influirán en la agenda de política exterior, así como el reposicionamiento de Estados Unidos como un socio confiable en el ámbito regional y multilateral. En el caso específico de la región de América del Norte, el T-MEC será un elemento central en la vigilancia y aplicación de los estándares laborales suscritos y el cumplimiento de las nuevas reglas por los países miembros. También, se identifican otros puntos en la agenda de política comercial que podrán tener efectos en la región de América del Norte en general, y con México en particular: el regreso de Estados Unidos en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), las reformas al sistema multilateral de comercio, la designación de la nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio y, finalmente, la negociación de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos.

Los temas de divergencia: política energética y seguridad

Uno de los principales cambios en la próxima presidencia de Estados Unidos es la creación de la nueva oficina en la Casa Blanca, Special Presidential Envoy for Climate, a cargo de John Kerry. En materia de energías renovables, es predecible que se presenten divergencias entre ambos mandatarios: AMLO ha adoptado políticas dirigidas al fortalecimiento de empresas productivas del estado, como PEMEX y CFE, lo cual ha provocado un bloqueo a la inversión privada (nacional y extranjera) en el sector energético. También, ha promovido grandes proyectos que apuestan por las energías fósiles y exacerban el calentamiento global, como la construcción de una refinería de crudo en Dos Bocas, Tabasco. Estas iniciativas van en contra de las medidas incluidas en el T-MEC, en cuanto a brindar certidumbre jurídica y de competencia para aquellas empresas que han invertido en este sector recién liberado en México bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que Biden probablemente buscará defender los contratos de las empresas energéticas estadounidenses. Otro tema relevante en el sector energético será la evolución de la dependencia de generación eléctrica en México de la importación de gas de Estados Unidos, principalmente del estado de Texas. En febrero de 2021, un apagón masivo en el norte de México, ocasionado por la decisión de Texas de suspender la exportación de gas a su vecino del sur expuso los puntos débiles del sistema energético mexicano. La situación ha sido utilizada por AMLO para continuar defendiendo el nuevo modelo energético que su gobierno pretende impulsar, en el que México sea menos dependiente del exterior y de las empresas privadas.

Otro tema relevante es la cooperación en materia de seguridad, el cual involucra contrarrestar y desmantelar las redes de contrabando de drogas, en especial del fentanilo, que se ha esparcido ampliamente en territorio estadounidense. El consumo de esta droga se ha convertido en un problema social y de salud en la población estadounidense, por lo cual será una prioridad para la administración entrante. Ante el abandono de la Iniciativa Mérida por el gobierno mexicano, ambos países tendrán que cooperar en la búsqueda de nuevos instrumentos en esta materia, priorizando el interés nacional de cada uno. La administración Biden buscará fortalecer el Estado de derecho, la reforma policial y las medidas anticorrupción en México, ante escalada en cifras de homicidios e inseguridad. También, es probable que Biden cuestione la preeminencia de la Guardia Nacional, por encima de la Policía Federal en México, institución que fue fortalecida y registró mejoras significativas bajo su vicepresidencia en la administración de Barack Obama. Sin embargo, hasta el momento, el tema de la cooperación en materia de seguridad ha sido el gran ausente en los primeros días de la administración Biden, lo cual probablemente responde a la necesidad de entablar mejores relaciones para atender los temas que más presionan la agenda, evitando incluir temas con alto potencial de conflicto y dejándolos para más adelante.

Conclusión

En suma, las relaciones entre México y Estados Unidos sufrirán cambios importantes en el corto plazo ante la necesidad de atender temas que presionan las agendas gubernamentales en ambos países, como la atención de la pandemia del covid-19, la gestión de los flujos migratorios en la región y la recuperación económica pospandemia. No obstante, en el mediano y largo plazo podrían surgir diferencias importantes entre las agendas de ambos países, como podría ser el caso de la política energética y la seguridad en la región. Tratándose de la relación más importante para México, la administración mexicana debe siempre priorizar el interés nacional sin importar el partido político que ocupe la Casa Blanca. Identificar los temas convergentes y divergentes será fundamental para lograr avances en la agenda compleja entre ambas naciones, ante un contexto internacional incierto.

Notas:

[1] Maldonado, Gerardo, et al, México, las Américas y el Mundo 2018-2019: opinión pública y política exterior. Ciudad de México: CIDE, 2020.

[2] Idem.

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Esta pregunta surge a raíz de las diversas encuestas que se han difundido en las últimas semanas ad portas de las elecciones del 11 de abril. Encuestas bambas, truchas, compradas, mermeleras son los calificativos despectivos que han recibido. Para efectos de este artículo, las hemos denominado fake polls, pero lo cierto es que la proliferación de estas, en su inmensa variedad, solo han minado la confianza de la ciudadanía hacia este instrumento de medición y nos ubica en un momento de incertidumbre, sin precedentes, frente a los posibles resultados a tan solo días del sufragio.

No sabemos con certeza quiénes lideran las preferencias electorales, quiénes irán a una segunda vuelta. Cada día se propaga una nueva encuesta que opaca a la anterior y, lo que es peor aún, tiene el aval del medio que la publica y del mar de trolls dedicados a difundirla en las redes sociales propiciando su viralización. En el imaginario de las personas ganarán los candidatos de la encuesta que más se difunde y comparte.

Cabe mencionar que la encuesta es una técnica de investigación social que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad. Ayudan a entender la realidad y a establecer tendencias. La primera encuesta la aplicó el periódico Harrisburg Pennsylvanian en 1824 al investigar sobre las preferencias de los ciudadanos de Wimiltown en los Estados Unidos. Desde entonces en los Estados Unidos y en el mundo las encuestas han servido como instrumento de medición en las campañas electorales y son insumo para el periodismo en su ejercicio diario, impactando así en la opinión pública.

Si en tiempos actuales le añadimos el factor de las nuevas tecnologías digitales para su difusión, más allá del periodismo tradicional, el alcance de las encuestas será mayor, en tiempo real y, consecuentemente, con un gran impacto. La difusión de dichos resultados se masificará rápidamente y tendrá una incidencia en el espacio público, en la percepción de la ciudadanía y en las decisiones que pudiera tomar.

Pero ¿son las fake polls fake news? En una reciente entrevista me hicieron esta pregunta y creo que es importante ser enfáticos en señalar que, si una encuesta tiene como propósito engañar, por supuesto que constituye una fake news. En un artículo anterior expliqué la clasificación de las noticias falsas existentes: hay aquellas que se comparten por error, sin una mala intención; pero hay otro tipo de noticias que son maliciosas, que buscan hacer daño con un propósito establecido y se comparten deliberadamente. Esta misma clasificación es lo equivalente en inglés a los términos misinformation y disinformation, respectivamente.

Empresas encuestadoras

Entonces, bajo esta premisa, cabe hacer la distinción entre aquellas empresas encuestadoras que son las que gozan de más prestigio, por los años de experiencia, por los métodos aplicados, por la rigurosidad de la muestra, por el bajo margen de error, entre otros aspectos. Hay una reputación detrás y una institución, con personas calificadas, quienes responden y dan la cara frente a los resultados expuestos. Sin embargo, hay otras encuestadoras que han sido creadas repentinamente con fines específicos, solo para favorecer a un determinado candidato, tergiversar la verdad y manipular a los electores. Nadie sabe quién está detrás ellas. Tal como sucede con las noticias falsas, no se sabe quién las crea, pero sí sabemos quiénes las comparten y difunden. Por tanto, no es difícil distinguir su procedencia y los intereses en juego.

En vísperas de elecciones resulta imperativo actuar con mucha prudencia y responsabilidad. El futuro del país está en juego. Los peruanos merecemos tener gobernantes y representantes al Congreso que velen por el país, por su política, su economía y la crisis sanitaria actual que nos mantiene de luto. Hemos caído a un nivel deplorable en la forma en que se transmiten las preferencias electorales mediante la técnica de las encuestas, que nos lleva ciegos al domingo de elecciones. A estas alturas la más sabia recomendación es informarse adecuadamente sobre los candidatos, sus antecedentes y sus planes de gobierno en las plataformas online oficiales creadas con estos fines y no dejarse llevar por los distintos sondeos que circulan incesantemente.

Este artículo fue publicado el 9 de abril de 2021 en el portal de Democracia Digital.

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El pasado domingo 11 de abril del 2021, Perú celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Dos candidatos salieron victoriosos y se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 6 de junio: El candidato Pedro Castillo, del partido populista de izquierda Perú Libre, y la candidata Keiko Fujimori, del partido conservador de derecha Fuerza Popular. El Congreso recién elegido contará con diez fracciones. Estas elecciones reflejan una clara polarización hacia los extremos políticos, además de una continua fragmentación del sistema de partidos. Esta coyuntura en la que se encuentra Perú no es un buen indicio para encontrar una solución a la permanente crisis política del país, ni para la consolidación de la democracia peruana.

Estado inicial del sistema político

Desde el 2016, Perú atraviesa una fuerte crisis de Estado debido los abiertos enfrentamientos entre la Presidencia y el Congreso, que culminaron en noviembre de 2020 con protestas masivas en las calles y el cese de dos presidentes en una semana. Desde entonces, un gobierno de transición ha dirigido el país de forma provisional.

En medio de esta crisis, los partidos populares tradicionales, pilares de la democracia, se han desintegrado. Han sido desplazados por grupos de interés que se asemejan más a empresas con intereses lucrativos que a partidos políticos con una base ideológica. Así, el soborno, la compra de puestos en las listas y la falsificación de los resultados de las encuestas se han vuelto cada vez más socialmente aceptados. En el marco de esta situación no es un factor de sorpresa que en estas elecciones se hayan presentado alrededor de veinte partidos con dieciocho candidatos a la presidencia, cuyos perfiles políticos apenas se diferencian y, por lo tanto, no representa más que un concurso de popularidad de varios perfiles de personalidad.

Resultados de las elecciones

Pedro Castillo, de Perú Libre, se clasificó como la fuerza política más fuerte para la segunda vuelta electoral del 6 de junio, con el 19,05 % de los votos. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, fue la segunda candidata en ganar con un 13,37%, justo por delante del intelectual Hernando de Soto (Avanza País) y del conservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Los candidatos Yonhy Lescano (Acción Popular), George Forsyth (Victoria Nacional) y Verónica Mendoza (Juntos por el Perú), considerados por muchos expertos como posibles favoritos para la segunda vuelta, obtuvieron resultados comparativamente decepcionantes.

Junto con las elecciones presidenciales también se llevaron a cabo las elecciones de los 130 miembros del Congreso, que resultaron en la entrada de diez fracciones al Parlamento. Entre ellas, los partidos de los ganadores provisionales, Perú Libre con 14,18 % y Fuerza Popular con 11,09 %, también obtuvieron la mayor cantidad de votos. Les siguieron principalmente los partidos del espectro de centro y centroderecha. Diez partidos no superaron la barrera del 5 % y, por lo tanto, perdieron su derecho de entrada al Congreso, bajo la nueva normativa que simplifica el sistema de partidos; entre ellos se encuentran los tradicionales partidos populares Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y Partido Popular Cristiano (PPC). Resultados similares se produjeron en las elecciones para el Parlamento Andino, de menor importancia.

Solo el 70,16 % de los ciudadanos habilitados acudieron a votar, a pesar de la obligatoriedad del voto y de las importantes sanciones impuestas a los votantes. De estos, solamente el 81,80% emitieron votos válidos para las elecciones presidenciales y el 75,35 % para las elecciones al Congreso. Restando todos los partidos que no han superado la barrera del 5 %, los diez partidos del Congreso representan a solo el 43,46 % del total del electorado. Los dos candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral representan a solo el 18,61 %.

Evaluación y perspectivas

Pedro Castillo logró posicionarse prácticamente desde la insignificancia en primer puesto. El profesor de primaria de la región minera de la Cajamarca hizo campaña con su partido a favor de una enmienda constitucional y de la nacionalización masiva de recursos y sectores económicos. Declaró que, en caso de enfrentarse con resistencias, aboliría el Tribunal Constitucional y eliminaría el Congreso. Proclamó su cercanía al régimen venezolano y rechazó la hegemonía de los Estados Unidos. Además, está conectado con simpatizantes de la extinta organización terrorista Sendero Luminoso. Aunque Castillo representa un discurso de una política económica de izquierda radical, es a su vez miembro de una Iglesia evangélica y critica políticas sociales progresistas. Rechaza la igualdad de derechos de los homosexuales y la liberación del aborto. Durante la campaña electoral, apareció con un sombrero de vaquero y un caballo para enfatizar su exitosa imagen de caudillo de izquierda.

Así, Castillo se benefició principalmente de votantes inconformes de las provincias, que en su mayoría no tomaron una decisión hasta poco antes del escrutinio y querían expresar su frustración votando al que probablemente era el candidato más radical. La sorprendente victoria de Castillo simboliza la inconformidad con el sistema económico y la clase política, parecido con el inesperado éxito del partido religioso extremista FREPAP en la reelección del Congreso en 2020. A Castillo también le ha ayudado el hecho de que el espectro político de centroizquierda está menos fragmentado que los representantes de los partidos de centroderecha. Gracias a eso, él pudo contar con más votos que su conservadora contrincante Keiko Fujimori.

La campaña de Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se basó principalmente en reformas para la activación económica (asociaciones entre el Estado y el sector privado, formalización de puestos de trabajo, simplificación del sistema fiscal) y la vuelta a la mano dura contra la delincuencia. Fujimori cuenta con partidarios principalmente del grupo de adultos mayores y de los estratos más pobres de la población urbana, que se han mantenido fieles al fujimorismo durante décadas. Además, ella es popular en la comunidad empresarial, entre otras cosas, porque parece más predecible que muchos otros candidatos y, por tanto, representa una seguridad jurídica y de inversión.

Aunque tiene una considerable experiencia política y disputará su tercera segunda vuelta presidencial consecutiva, su reputación está muy afectada por las acusaciones de corrupción, así como por el ambiguo legado de su padre, que estuvo marcado no solo por una sólida política económica, sino también por la erosión de la democracia y las graves violaciones de los derechos humanos en el curso de la lucha contra la organización terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, en el escenario actual, no cabe prever un retorno de Perú a las condiciones dictatoriales, ni siquiera bajo el mandato de Fujimori.

Es difícil hacer una predicción para la segunda vuelta porque no se sabe cómo decidirán el 81,39 % de los posibles votantes, que no optaron por Castillo o por Fujimori en la primera ronda. Sin embargo, está claro que la decisión de los votantes se basará más en el rechazo a un candidato (antivoto) que en la simpatía por el otro. En el pasado, solía ganar el candidato menos radical, ya que los peruanos tienden a evitar los experimentos de izquierda y de derecha, por su historia. Precisamente por esto, la victoria de Fujimori contra Castillo podría ser más probable que contra un candidato más moderado. Si se compara a la populista Fujimori con el leninista Castillo, ella parece ser un ancla a la democracia.

Por lo tanto, en la campaña de la segunda vuelta será fundamental para Fujimori presentar a Castillo como inelegible. Queda por ver, sin embargo, si Castillo se apartará de sus exigencias extremas para ganarse a parte del electorado moderado, que a su vez considera a Fujimori inelegible por su herencia familiar. Por eso, el candidato de izquierda anunció al día siguiente de las elecciones que se aliaría con otras fuerzas políticas para atraer a una base más amplia de la población.

El ganador de las elecciones presidenciales se enfrentará a un Congreso fracturado y tendrá que demostrar su habilidad política para aplicar la legislación necesaria y reactivar gran parte de la economía. Las medidas de salud pública para combatir la pandemia son principalmente responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los dos candidatos designados apuestan por campañas masivas de vacunación gratuita y rechazan un nuevo confinamiento para no perjudicar la economía, a pesar de que el número de contagios sigue aumentando.

Conclusión

A pesar de la preocupación por la crisis política y la pandemia, las elecciones se organizaron a tiempo y de forma ordenada. Sin embargo, las estadísticas indican que los diputados elegidos para el Congreso y los candidatos calificados para la segunda vuelta representan solo una fracción de la población. Las elecciones reflejan, pues, las carencias de la democracia en Perú y la frustración de la población.

Publicado el 13 de abril de 2021 en la página de la Fundación Konrad Adenauer en Perú.
Traducción: Laura Rubio, pasante en la oficina KAS Montevideo.

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¿Qué países están más avanzados en la cuestión del financiamiento de los partidos? ¿Qué controles pueden ayudar a generar confianza en la ciudadanía? Preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

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Uno de los grandes retos que tienen por delante los partidos políticos en América Latina, además de avanzar en la democracia interna, es el de su financiamiento. Y aquí hay dos conceptos clave: transparencia y equidad. ¿Qué países están más avanzados en la cuestión del financiamiento de los partidos? ¿Qué controles pueden ayudar a generar confianza en la ciudadanía? Preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Invitados:

Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.

Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina (CIPPEC).

Manuel Alcántara, catedrático y profesor de la Universidad de Salamanca en el Área de Ciencia Política y de la Administración y miembro del Instituto de Iberoamérica. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Se ha difundido bastante que Chile redactará una nueva Constitución a través de una convención constituyente compuesta por 155 ciudadanos, de los cuales 17 cupos serán reservados para representantes del mundo de los pueblos originarios, además de ser paritaria entre hombres y mujeres. Sin embargo, no resulta fácil proyectar cómo se representarán los idearios políticos en el constituyente.

En efecto, existe una alta incertidumbre respecto de los resultados para la elección de la convención constituyente. Un aspecto relevante que lo justifica es que no se puede estimar convincentemente la participación del acto electoral previsto para el 15 y 16 de mayo. La fecha original era el 10 y 11 de abril pero, producto de la agresiva segunda ola de covid-19 en el país, el Congreso Nacional resolvió postergarla en más de un mes.

Recordemos que en la pasada consulta del 25 de octubre participaron 50,09 % de los ciudadanos habilitados para sufragar, de los cuales casi el 80 % lo hicieron por la opción apruebo y casi el 75 % se inclinaron por la convención constituyente y no por la convención mixta que integraba a parlamentarios en la conformación del órgano que redactaría la carta fundamental. Esto reveló un sentimiento antipartidos políticos y, desde una interpretación más amplia, contraria a la elite política actual, lo que nos permite afirmar que, en términos comparados, la votación contó con la mayor participación desde que se legisla en favor del voto voluntario en Chile (2012).

La alta participación en la consulta anterior no representaría necesariamente un indicador para prospectar el comportamiento en la elección próxima, si se tienen en consideración dos fenómenos. Uno relativo a una elección en tiempos de una pandemia que ha ido al alza en los números de infectados y cuyo promedio de fallecidos ha llegado a ser de una persona a cada 30 minutos, y que superó los 23.800 durante la primera semana de abril. Esta situación se ha mantenido a pesar de los altos índices de vacunación que presenta Chile, donde al 7 abril más de cuatro millones de personas ya fueron vacunadas con dos dosis y más de siete millones habían recibido la primera dosis.

En consecuencia, debido a la situación sanitaria por la que atraviesa Chile, con hasta 98 % de ocupación de las camas críticas disponibles en el sistema de salud, se ha debido corregir la comunicación de riesgo por parte de las autoridades de gobierno, cuestión que podría tener algún efecto en la voluntad de participar en el acto eleccionario. A ello se suma que desde el mundo científico (Colegio Médico y otros) se ha informado que no será hasta el segundo semestre cuando se notarían los esfuerzos de vacunación, luego de alcanzar un 80 % de la población con dos dosis, situación que permitiría la inmunidad de rebaño.

La otra arista que podría afectar la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de elección de la convención constituyente sería la composición de las listas en los 28 distritos con que cuenta el mapa electoral del país. Al respecto, la voluntad manifestada el pasado 25 de octubre advertía acerca de la demanda por personas que no vinieran desde las estructuras partidarias. En tal sentido, los partidos ciertamente intentaron llevar entre sus listas a personas independientes que consigan dar un marco de legitimidad al proceso, pero posiblemente dicho esfuerzo no será del todo convincente para la ciudadanía, desafecta de ellos. Además, cabe advertir que son muy pocas las listas de independientes con posibilidad cierta de salir electos, debido al sistema electoral. Esta situación podría eventualmente mermar la participación en el proceso electoral, en especial, debido a que la ciudadanía estaría siendo más consciente de las dificultades de los independientes para ser electos.

¿Por qué las listas independientes son menos competitivas para llegar al constituyente?

El sistema electoral tendería a premiar a quienes se unen transversalmente y van en una lista con candidatos que tengan alta votación, ya que el objetivo del sistema implementado en Chile desde 1912 y conocido como coeficiente de D’Hondt (nombre del belga que lo elaboró) busca fundamentalmente la estabilidad política. En este sentido, alienta la creación de coaliciones políticas en un sistema proporcional que no respeta cuotas.

Chile Vamos, nombre de la coalición de partidos políticos del gobierno actual, supo leer las condiciones del sistema electoral y apostó por confeccionar listas que podríamos considerar fuertes, y consiguió integrarlas en cada distrito a través de un amplio acuerdo político entre los partidos de dicha coalición. Posiblemente, su principal riesgo —además de los dos fenómenos señalados— es la percepción de un posible triunfo electoral para este bloque, lo cual podría desmovilizar a sus adherentes. Además, cabe hacer notar que —en tiempos de cambio de época— muy posiblemente los partidos no tendrán demasiada capacidad para alinear a sus representantes en la convención, ya que las premisas doctrinarias e ideológicas han perdido evidentemente consistencia. Esto nos permitiría augurar que los acuerdos no se alcanzarán necesariamente desde la lógica de negociación entre los representantes de colectivos de derecha, centro e izquierda, asunto que cada vez es más evidente para el electorado, que tiende a votar por persona y no por partido. Esta situación desconcierta tanto a los partidos de gobierno como de oposición, ya que, más allá de quiénes resulten electos, es complejo vaticinar cómo abordarán los distintos contenidos que se debatirán en el constituyente.

Desde la perspectiva de la oposición actual al Gobierno, la fragmentación y/o atomización ha sido la estrategia elegida para enfrentar las elecciones en el constituyente, apostando a una mayor representación de la diversidad. Sin embargo, por las características señaladas respecto del sistema electoral, es muy probable que estas listas atraigan menos votación, lo cual significa dispersar los votos entre los subpactos y conseguir menos escaños en la constituyente, en comparación con el caudal de votos que recibirán los candidatos de oposición.

Por último, cabe mencionar que posiblemente los independientes elegirán pocos representantes a la convención, a pesar de que se inscribieron más de 2.200 candidatas y candidatos. Estos se incorporaron al proceso de distintas maneras, ya que existen tres tipos de independientes: los que van por fuera de pacto, los que están en un cupo dentro de una lista de partido, y las listas o pactos entre independientes. Al respecto, los independientes fuera de pacto son pocos y muy excepcionalmente pueden ser competitivos; mientras que los que van en listas de partidos no son percibidos en propiedad como independientes; y, por último, son relativamente pocas las listas de independientes que parecen competitivas en algún distrito.

En definitiva, mientras los partidos políticos no consigan legitimarse ante la ciudadanía, la democracia representativa seguirá cuestionada. Por ello, el objetivo más preciado de la propia convención constituyente es crear espacios de encuentro que permitan el diálogo para reconocernos como una nación con visión compartida, que de paso revitalice los liderazgos nacionales, y esto a su vez permita legitimar nuevamente el quehacer de quienes aspiran a ser servidores públicos y renovar el sentido de la política.

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Ecuador ha vivido innumerables crisis políticas, en particular, durante los últimos cuarenta años luego del retorno al orden democrático. Entre 1997 y 2007 el país tuvo ocho presidentes y, durante la década comprendida entre 2007 y 2017, solamente uno, Rafael Correa. Luego del mandato de este, Lenín Moreno asumió el poder entre 2017 y mayo de 2021, con un tono de transición —como él mismo lo denominó— que se reflejó en la orientación que tuvieron la economía, la política y las libertades.

Con este antecedente, Ecuador fue a las urnas el domingo 11 de abril para elegir al presidente que gobernará durante el período postransición entre 2021 y 2025. Esta segunda vuelta electoral estuvo marcada por el orden y la certidumbre, en especial, debido a la importante distancia que el candidato Guillermo Lasso obtuvo respecto de la votación de Andrés Arauz.

En este sentido, ante la bifurcación histórica que enfrentaban, los ecuatorianos eligieron a Lasso y su camino de libertad económica para construir un nuevo destino.

¿Qué dicen los resultados en Ecuador?

Hacia la media tarde del día de las elecciones, se conoció que el exit poll de la firma CEDATOS apuntaba a que Lasso obtendría el 53,24 % de los votos, frente al 46,46 % de Arauz. A la par, la firma Clima Social, que también había desarrollado una encuesta a boca de urna, no publicaba sus resultados por considerarlos «en el margen de error».

Se trató de una elección operativamente más sencilla que la primera vuelta. Las juntas receptoras del voto pudieron contabilizar más rápidamente los resultados, así como reportarlos al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE) e ingresarlos al sistema de registro, que fue público. Cerca de las 20 horas la tendencia estaba marcada y los resultados se convertían en irreversibles.

En ese escenario, hacia las 21 horas Lasso se pronunció como ganador señalando que los ecuatorianos habían «expresado con su voto la necesidad de cambio», y que en su Gobierno «no habrá una lista de perseguidos». Como una muestra democrática, Arauz aceptó la derrota y dijo que «este es un traspié electoral, pero de ninguna forma una derrota política ni moral».

Al momento de redactar este documento, con el 99,13 % de actas válidas contabilizadas, Lasso obtiene el 52,39 % y Arauz el 47,61 %.

¿Cuáles fueron las tres dinámicas políticas claves para la victoria de Guillermo Lasso?

A Lasso le resultó fundamental abrir su base de apoyo y apuntar a electores que no lo respaldaron en la primera vuelta y, además, haber producido dos golpes políticos eficaces, de los que su adversario no tuvo la capacidad de reaccionar.

Así, las tres dinámicas claves para su victoria fueron:

1. El presidente electo logró sintonizar con la molestia que la división política produjo en buena parte de electores. De esta forma, pudo proponer un «encuentro» con una mayor cantidad de grupos sociales de distintas vertientes y capitalizar el anticorreísmo.
2. El voto nulo que propuso el movimiento Pachakutik no tuvo el endoso completo de sus electores. Al recuperar el apoyo de la Sierra y la Amazonía, se confirma que los electores de Yaku Pérez optaron, en buena parte, por Lasso. Por su parte, los simpatizantes de Pérez que votaron nulo, llevaron a esta opción a una cifra cercana al 16 %, convirtiéndolo así en el registro más alto de los últimos 42 años.
3. La diferencia marcada permitió evadir la desestabilización social. Si bien la débil institucionalidad del CNE auguraba protestas en caso de que se produjera un resultado apretado, la distancia de casi 5 % entre Lasso y Arauz redujo las probabilidades de desestabilización inmediata.

Los retos del corto plazo para Ecuador

A la luz de una situación económica y política complejas, el presidente electo, y luego presidente en funciones, se enfrenta con algunos retos desde el arranque:

• En relación con la administración de la transición, Lasso y su equipo tendrán más de treinta días para presentar un gabinete, procurar un escenario de acuerdos mínimos en la Asamblea y darle orden a la transición con la administración de Moreno.
• Sobre el manejo de las expectativas, el 80 % de los ecuatorianos acusan como sus principales problemas a la economía y al desempleo. Por ende, será vital encontrar un camino que permita balancear las necesidades de los ciudadanos con las posibilidades reales de generación de oportunidades por parte del nuevo gobierno.
• En cuanto a la vacunación de la población, este sería el objetivo inmediato y de corto plazo de Lasso. Podría apuntar a que el proceso se encuentre mejor enrumbado previo a su posesión, capitalizar de arranque una vacunación masiva y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades económicas.

Sobre la base de estos argumentos, y lejos de la desestabilización en el corto plazo, Ecuador camina hacia la transición de gobierno y con altas expectativas ciudadanas por mejorar, en especial, su situación económica.

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El rifirrafe público protagonizado por Estados Unidos y China en la reciente cumbre bilateral celebrada en Alaska visibilizó de forma nítida que la cohabitación futura entre las dos potencias mundiales podría escalar peligrosamente. China, con su poderío económico y confianza en sus propias fuerzas, no acepta el escrutinio de nadie en cuestiones que otros países creen que les afectan pero que Pekín considera «asuntos internos»: desde sus prácticas comerciales y el ciberespionaje hasta los derechos humanos y la segundad nacional, entre otros. Que el desencuentro se hiciera evidente en la primera cita entre ambas potencias tras la llegada de Joe Biden a la presidencia demuestra que este difícilmente podrá rehuir la cuestión de fondo planteada, con respecto a China, por su predecesor. Hay cuestiones estructurales en la relación de China con el resto del mundo que no están bien.

El eslabón débil

Aunque los derechos humanos han sido tradicionalmente un eslabón débil del régimen chino, Washington optó a finales del mandato de Clinton por disociarlos de la relación comercial y quedaron, en la práctica, mayormente desatendidos. Con esta y tantas otras concesiones a lo largo de las últimas cuatro décadas, Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado contribuyeron al fortalecimiento de la China actual. No es de extrañar, por tanto, que la delegación comunista no dudara en presentar en Alaska las credenciales de su modelo autoritario. En un tono áspero, cuestionó la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y la salud de la propia democracia estadounidense. «Mucha gente en Estados Unidos tiene poca confianza en su democracia», observó; al contrario, el Partido Comunista tiene «un amplio respaldo del pueblo chino», sentenció.

Esto constituyó una enmienda a la totalidad a las democracias occidentales mientras que los diplomáticos comunistas no tuvieron reparo en presentar al modelo chino como una «democracia al estilo chino», una perversión lingüística evidente que sus medios de propaganda estatales tratan de difundir y normalizar. De hecho, la narrativa oficial china insiste, cada vez con más frecuencia, en la superioridad del modelo chino sobre las democracias occidentales. Sus evidencias principales son su gestión de la pandemia y la supuesta erradicación de la pobreza en China.

China como potencia científica

Precisamente, las conclusiones preliminares de un estudio de Global Americans y Cadal sobre desinformación y propaganda contenidas en las ediciones en español de los medios estatales chinos, arroja que Pekín aprovecha el desarrollo de su vacuna no solo para posicionarse como una potencia científica y tecnológica emergente, sino para presentar también su sistema autoritario como un modelo de desarrollo y de gestión idóneo tanto para China como para el mundo en desarrollo. Del análisis de los contenidos y terminología de una selección representativa se deducen los esfuerzos de Pekín por divulgar una narrativa reconocible, seductora y adaptada a las audiencias latinoamericanas. Como demuestra un reciente análisis de la Fundación Konrad Adenauer, una audiencia muy apreciada por Pekín para tal propaganda son los partidos políticos de índole ideológico diverso.

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En la crisis actual, las menciones de las vacunas chinas suelen ir acompañadas de una terminología en positivo, que las asocia a vocablos como eficacia, seguridad, liderazgo o bien público. Ello contrasta con la vinculación de las vacunas occidentales a palabras como muerte, reacción adversa, efectos secundarios, acaparamiento, nacionalismo o demora, que sirven para levantar sospechas sobre su eficacia y seguridad. Es un discurso envuelto en una retórica de cooperación perfectamente calculada y de indudable carga diplomática. Al relato oficial se incorporan términos como amistad, generosidad, multilateralismo, y eslóganes gubernamentales como comunidad de salud, futuro compartido para la humanidad o respeto mutuo. El régimen chino se posiciona de este modo como el líder del mundo en desarrollo frente a la hegemonía occidental, para lo cual exhibe la supuesta superioridad de su modelo para afrontar los retos actuales y futuros.

Adhesión al programa COVAX

Un único ejemplo basta para desmontar la narrativa oficial china. En octubre del pasado año, China anunció su adhesión al programa Covax, cuyo objetivo es promover la distribución justa y equitativa de las vacunas. Presentada mediáticamente como un hito y como prueba de la responsabilidad, solidaridad y compromiso de China en defensa del mundo en desarrollo, los medios chinos omitieron que el gobierno de Pekín se resistió durante meses a dicha adhesión y que, cuando a regañadientes se produjo, 165 países ya lo habían hecho con anterioridad. Circunstancia que, como tantas otras sobre China, pasó mayormente desapercibida.

En un contexto de desconocimiento generalizado en América Latina sobre China, sirva lo anterior para desconfiar de los cantos de sirena de la «democracia al estilo chino» que difunde la propaganda china. No es solo que no existe nada parecido; es un error creer que el modelo chino es mejor sólo porque puede ser más eficaz. Los sistemas democráticos no son infalibles ni perfectos porque su piedra angular son la libertad, los contrapesos, el respeto a la ley, la participación, la transparencia y los derechos humanos. Y la eficacia china proviene justamente de la ausencia de todos estos atributos.

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Las elecciones presidenciales en Bielorrusia aún no han terminado, pese a que hayan pasado casi ocho meses. El presidente Aleksandr Lukashenko se atribuyó en agosto pasado más del 80 % de los votos, lo que le permitiría mantenerse en el poder por un sexto mandato, pero no fueron muchos los que creyeron en esa cifra. Desde entonces ha habido protestas multitudinarias enfrentándose a una represión policial salvaje, más de 30.000 personas han sido arrestadas por participar de las manifestaciones, al menos siete han sido asesinadas, se han registrado más de mil casos de tortura en centros de detención y los políticos opositores que no están presos, se encuentran exiliados en países vecinos.

Ahora que Lukashenko necesita represión para mantenerse en el poder, los triunfos deportivos son una excelente manera de mejorar su imagen y la de su país. Por eso, la suspensión del Comité Olímpico Internacional (COI) al Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia (CONB) el 8 de marzo significó un duro golpe, especialmente cuando restan pocos meses para los postergados Juegos Olímpicos en Tokio.

En febrero, Víktor Lukashenko, hijo de Aleksandr, se convirtió en presidente del CONB, pero el COI no consideró su elección válida porque el dirigente ya cargaba con una sanción en su contra por discriminación a atletas bielorrusos. Hasta ahora fueron detenidos o privados de la posibilidad de entrenar deportistas como la esquiadora Darya Domracheva (máxima ganadora de oros olímpicos para su país, con cuatro), la basquetbolista Elena Levchenko, el decatlonista subcampeón olímpico Andrei Krauchanka y la maratonista campeona de Europa Volha Mazuronak, entre otros. Su delito, al igual que el de tantos más, fue expresarse abiertamente en contra de la represión masiva y de las detenciones arbitrarias.

Anatoly Kotov fue secretario general del CONB y actualmente representa a la Fundación de Solidaridad Deportiva de Bielorrusia, organización que impulsó ante el COI las sanciones por discriminación de atletas. En una entrevista con Human Rights Foundation, Kotov explicó que hoy en día lo único positivo que puede mostrar su país al mundo son los resultados deportivos. «Por eso, Lukashenko privatiza las victorias, como si él fuera la única persona a la que agradecer, el único responsable», dice, y agrega que «es muy doloroso para él darse cuenta de que los atletas no acuerdan con lo que está pasando en el país. Los canales de televisión, que son un instrumento de propaganda del Gobierno, ahora culpan a los atletas y los acusan de traidores, de traicionar personalmente a Lukashenko».

La misma organización de Kotov fue la que presionó a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) para que cambiara la sede de su campeonato mundial que debía disputarse en Minsk entre mayo y junio de este año. El presidente de la IIHF, René Fasel, se reunió con Lukashenko en diciembre para lograr la liberación de presos políticos a cambio de albergar el campeonato. Esto era muy importante para el mandamás bielorruso porque el hockey es su deporte favorito y uno de los más populares en su país. Pero aun así no hubo acuerdo.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Hockey sobre Hielo es Dmitry Baskov, exentrenador de Nikolai Lukashenko, hijo menor de Aleksandr. Baskov es muy cercano al presidente, por eso encabezó un grupo que persiguió a manifestantes y terminó asesinando a un hombre en noviembre. «Él sentía la necesidad de mostrar lealtad a Lukashenko. Todos sabemos que tiene relación directa con este asesinato, pero la justicia y las autoridades estatales no investigan», dice Kotov. El COI prohibió que Baskov, parte del Comité Olímpico Nacional, asistiera a los juegos en Tokio.

Hoy corre serio riesgo la participación de atletas bielorrusos en los próximos Juegos bajo su propia bandera, aunque podrían presentarse bajo bandera olímpica, como atletas independientes, tal como sucederá con los deportistas rusos. Ese sería un golpe muy duro para la imagen de Lukashenko en un momento en que las manifestaciones vuelven a ganar las calles tras el invierno. Pero si eso no ocurriera y el COI decidiera levantar las sanciones, ¿cómo podrían los atletas representar con orgullo a un país que los discrimina, a un Estado que los sanciona y persigue por el sólo hecho de condenar la violencia? En Bielorrusia no existe independencia entre Gobierno y deporte, y tanto las instalaciones deportivas como el financiamiento a atletas son casi completamente estatales. Por eso resulta tan dificultoso que el Gobierno no utilice a la alta competencia como propaganda.

Los grandes eventos pueden ser una oportunidad para modernizar países, no solo en cuanto a infraestructura, sino también en el respeto a los derechos humanos. El COI puede influir mediante sanciones, monitoreos o a la hora de elegir sedes, pero sus políticas han sido hasta ahora sumamente ambiguas. Por eso, Estados Unidos ya ha amenazado con boicotear los Juegos de Invierno de 2022, que se realizarán en Beijing, como respuesta a la persecución sistemática del Estado chino a la minoría túrquica uigur.

Para Kotov, la mejor forma de prevenir el uso de grandes eventos como propaganda es la solidaridad y el esfuerzo conjunto de la sociedad, dentro y fuera de los países en donde se violan los derechos humanos. El bielorruso dice que «en 2020 todos vieron que la dictadura en nuestro país sólo entiende de crueldad, que la ley está muerta y que se castiga a quienes no acuerdan con Lukashenko. Por eso necesitamos mantener a los atletas y a Bielorrusia como tema en los medios internacionales». Quizás esa visibilidad logre que los deportistas de elite compitan libremente, sin persecuciones ni discriminación, y puedan representar con orgullo a su país.

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Las grandes marchas ciudadanas que protagonizó la sociedad nicaragüense a partir del 18 de abril de 2018 crearon la esperanza de que Nicaragua podía transformarse sin recurrir al enfrentamiento y la violencia.

La posterior represión del régimen de Ortega contra una población civil y desarmada desnudó la naturaleza criminal del régimen, provocando que esta mayoría social, autodefinida como autoconvocada, se haya ido frustrando y desanimando paulatinamente. Esta situación ha llevado a los autoconvocados a demandar insistentemente a la oposición política la construcción de una amplia alianza opositora para enfrentar a Ortega.

No obstante, las grandes preguntas son: ¿Qué es lo que impide a la oposición Azul y Blanco representar políticamente a la mayoría de la población (65 %) que protestó en abril del 2018? ¿Qué le impide a esta oposición ver más allá de sus desconfianzas y discusiones eternas? Muchos piensan que se debe a un déficit profundo de una cultura política auténticamente democrática.

Los intentos de diálogo como salida a la crisis

En el primer diálogo entre la oposición y el régimen de Ortega (mayo 2018), la mayoría del movimiento Azul y Blanco aspiraba a una transformación inmediata del Estado. Se propuso la renuncia de Ortega y la realización de elecciones libres adelantadas. Sin embargo, el resultado más tangible de ese diálogo fue la llegada al país de organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales que constataron y registraron las graves violaciones a los derechos humanos.

En el segundo diálogo en Nicaragua se acordó la libertad de los presos políticos; el regreso de los exiliados; la recuperación de las libertades y derechos constitucionales; la realización de elecciones libres, observadas y adelantadas. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Posiblemente, el logro más significativo de este segundo diálogo radicó en el convencimiento de los nuevos liderazgos políticos de que el país requiere de un salida pacífica e institucional, descartando escenarios políticos rupturistas que proporcionen atajos para la salida de Ortega del poder.

Por otro lado, esta mayoría de Azul y Blanco sigue sin definir a cuál conducción política debe adherirse en el próximo proceso electoral. Especialmente, cuando hay sectores de la oposición que cuestionan su participación electoral en un contexto de represión y de falta de reformas electorales. Incluso hay grupos que rechazan la realización de comicios electorales y demandan la renuncia inmediata de Ortega sin tener un plan alternativo para desalojarlo del poder.

A esta complejidad política hay que agregarle que una parte de Azul y Blanco desecha la idea de correr en una casilla electoral junto con los partidos políticos tradicionales, aun cuando sus organizaciones carecen de personería jurídica como partido político para participar en un proceso electoral. Más todavía, cuando rechazan la posibilidad de convertirse en partidos políticos.

Los partidos políticos tradicionales y las organizaciones nacidas de abril

Debido al pacto político que establecieron en el año 2000 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ambos partidos han encabezado las mayores alianzas políticas en Nicaragua.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) tienen orígenes diferentes y están conformadas por distintos grupos. A pesar de que ambas organizaciones nacieron a partir de abril, no han podido conformar una gran alianza política. Por tanto, ambas tuvieron que conformar otra organización, supuestamente paraguas, que aglutinara a todas las fuerzas opositoras: la Coalición Nacional (CN).

Nuevamente, asalta la pregunta: ¿por qué la Coalición Nacional tampoco ha podido convertirse en la organización política que aglutine a toda la oposición nicaragüense? La respuesta, posiblemente, esté en su conformación originaria. En su nacimiento nunca existió un documento escrito que normara la forma de actuar de sus miembros. Por tanto, los partidos políticos aprovecharon ese vacío de conducción y de estructuración para empezar a dominarla.

Todas estas indefiniciones se dieron en un contexto de repetidas advertencias y recomendaciones a la UNAB y a la ACJD, de que, para relacionarse con los partidos tradicionales, tenían primero que conformar ambas un núcleo fundacional, y hasta después integrar a los partidos políticos. Así fue como se gestó el conflicto dentro de la CN que terminaría con el retiro de la ACJD de la Coalición Nacional.

Leyes represivas

El proceso de consolidación de la oposición nicaragüense se vuelve aún más difícil por la represión y la estigmatización de parte de los órganos represivos del Estado y de los medios de comunicación afines al Gobierno de Nicaragua

Sin embargo, la situación que más atenta contra el derecho de asociación y participación política es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (LRAE) que la Asamblea Nacional aprobó el 15 de octubre del 2020 y que obliga a las organizaciones y personas naturales que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB). De esta forma, el régimen vulnera los derechos de participación política de los ciudadanos y utiliza estos argumentos, supuestamente legales, para defenderse de las críticas de la comunidad internacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya manifestó su preocupación por la aprobación de esta normativa y de la Ley Especial de Ciberdelitos. La CIDH cuestiona los artículos 12 y 14 de la LRAE porque prohíbe, a quienes se registren como agentes extranjeros, poder financiar a cualquier organización que trabaje con fines políticos en Nicaragua, así como recibir donaciones anónimas.

El mismo artículo 14 de la LEAE dicta que: «En el caso de las personas naturales, estas no podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza». En otras palabras, cercena los derechos políticos de todo aquel que el régimen considere o decida que es un agente extranjero.

Pero lo más preocupante de estas leyes es que quienes las aplican (policía, Ministerio Público o jueces) no ofrecen ninguna garantía de que lo harán de manera imparcial.

Conclusiones

1. Una de las debilidades más significativas de los grupos opositores Azul y Blanco son sus dificultades para representar a las grandes mayorías autoconvocadas.
2. Esa dificultad para construir una unidad opositora se origina en la conformación primaria de la UNAB y la ACJD, en el rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos tradicionales y en la cultura política autoritaria y antidemocrática.
3. El primer diálogo con el régimen de Ortega mostró las aspiraciones de la población: elecciones adelantadas, transformaciones dentro del Estado, justicia y nuevas reglas de juego ante la política tradicional. Lo acordado en el segundo diálogo no se cumplió, pero sí hay acuerdos que deberán respetarse una vez que inicie cualquier proceso de negociación.
4. La oposición en Nicaragua acepta que la única opción para salir adelante es la electoral y no la violencia, pero ven sus aspiraciones menguadas por la falta de liderazgo político y la negativa de los partidos políticos tradicionales de permitirles igualdad de condiciones. Además, las organizaciones de la sociedad civil insisten en participar en un proceso electoral con su propio nombre, pero sin convertirse y actuar como fuerzas políticas.
5. Las nuevas leyes aprobadas por el régimen violan el derecho de asociación y de participación política, violentan el marco jurídico y son un mecanismo de represión.
6. Es muy difícil predecir lo que ocurrirá en las próximas elecciones, pero hay consenso de que la presión nacional e internacional obligará a Ortega a realizar una reforma electoral y elecciones en noviembre del 2021. No obstante, la participación de la oposición en Nicaragua dependerá de qué tipo de reforma electoral se realice.

Publicado el 19 de marzo de 2021 en la revista digital PolitiKAS en Línea, de la oficina Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer.

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Este domingo 11 de abril aproximadamente 25 millones de personas elegirán a los partidos que conformarán el Congreso de la República y a las dos propuestas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta de las elecciones generales del Perú. Debido a que la ley electoral prohíbe publicar encuestas la semana de las elecciones, solo sabemos lo que reveló el último simulacro de votación publicado el 4 de abril (IPSOS): nada está definido.

Son nada menos que seis los candidatos que encabezan los sondeos, con cifras demasiado ajustadas y cambiantes como para poder dar un favorito. De esos seis, hay tres que los gremios empresariales consideran como de derecha y tres de izquierda. Todos con altas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Será finalmente el 5 de junio, en una votación entre los dos punteros que se decidirá quién gobernará el país.

Voto fragmentado

Es difícil hacer pronósticos. Lo que sí sabemos es que la polarización va en aumento a medida que los candidatos de derecha e izquierda tratan —con promesas, pullas y ataques— de quitarse votos entre sí. Todo apunta que el electorado finalmente, sin favoritos, se decidirá días antes de la elección por el candidato que considere que mejor representa alguno de los dos espectros.

En el escenario de derecha, cuatro candidatos se pelean el bolsón de votos de la defensa del modelo económico y la empresa privada. Con altas posibilidades tenemos a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Como estrategia en la recta final, ella ha elegido apelar al voto duro del fujimorismo ofreciendo indultar y liberar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori preso por diversos delitos. Sin embargo, según las encuestas en todos los escenarios de segunda vuelta terminaría derrotada.

Panorama en la derecha

A Fujimori le hace la pelea Hernando de Soto, de Avanza País, un economista y político que vio un ascenso en las preferencias en la última semana pero que no ha sabido consolidarlo con un discurso conciliador. Recientemente, no ha dado buenas entrevistas a nivel local e internacional. Por ejemplo, el periodista Fernando Del Rincón, de CNN en Español, le reclamó ser «poco transparente» cuando no quiso responder en qué estado de los Estados Unidos se había vacunado.

Dentro de la derecha, también cuenta con posibilidades Rafael López Aliaga quien postula por el partido Renovación Popular, con la bandera del empresario exitoso que puede hacer lo mismo por el país. Él ha sido el centro de ataques y críticas de todos los bandos, por sus posturas conservadoras y algunas posiciones poco atinadas en torno a temas como el suicidio, la eutanasia, el aborto y la comunidad LGTB. Justifica muchos de estos comentarios por sus inclinaciones religiosas; admitió, por ejemplo, que está «enamorado» de la Virgen María y utiliza como penitencia un cilicio, accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor.

Veolución de otros candidatos

En el otro espectro tenemos al candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, parlamentario del Congreso disuelto por el expresidente Martín Vizcarra en 2019. Capitalizó votos rápidamente, deslindándose de sus correligionarios que vacaron a Vizcarra en noviembre del 2020, menos de un año después de haber sido electos al Congreso interino. Su postura más bien ha sido catalogada de centroizquierda, principalmente por oponerse al sistema privado de pensiones (AFP), por lo que ha perdido algunos votos en localidades que tienden a votar en contra del sistema. Lescano se ha mantenido favorito en las encuestas, aunque con una tendencia en las últimas semanas a la baja, y es el único que un escenario de segunda vuelta les ganaría a todos los otros candidatos.

Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, es una de esas candidatas que pelea el mismo espacio electoral que Yonhy Lescano y que logró algo de momento cuando tuvo buenos desempeños en presentaciones públicas. Ella y Keiko Fujimori son consideras las candidatas más solventes y con más experiencia en elecciones. Sus propuestas bandera son el cambio de la Constitución, con especial énfasis en el capítulo económico, reformas sociales para la redistribución de la riqueza y cambios en el Banco Central de Reserva del Perú, un tema sensible entre quienes no quieren cambios en el modelo económico.

Escenario de incertidumbre

Sin embargo, esta última semana podría mostrar una vuelta de timón y avecinarse un posible outsider desde la izquierda, que podría cerrarle el paso a los dos candidatos anteriores. Pedro Castillo, de Perú Libre, un dirigente del gremio conservador de profesores en Cajamarca, está dispersando el voto del sur del país. Él propone también un cambio de Constitución y desactivar el Tribunal Constitucional por encontrarse en desacuerdo con sus recientes fallos. Recordemos que el TC ha declarado inconstitucionales varias leyes aprobadas en el Congreso interino, principalmente porque implicaban iniciativa de gasto. A diferencia de Mendoza, Castillo es más conservador e incluso ha expresado que está en contra del enfoque de género en la educación escolar.

Una causa directa de este escenario de incertidumbre es la ausencia de liderazgo de los partidos políticos, lo que ha llevado a una multiplicidad de candidatos en la oferta, que supera toda capacidad de análisis para el elector. En total, hay en contienda 18 fórmulas de presidente y vicepresidentes, en su mayoría conformadas por políticos desconocidos o que postulan a la Presidencia por primera vez. En su mayoría son invitados por partidos políticos que deben superar el 5 % de los votos al Congreso para mantener su inscripción, según una última modificación a la Ley Electoral.

Los peligros que vienen

Esto no solo es un problema para la elección presidencial, sino también para la elección congresal. Se avizora un Congreso nuevamente fragmentado, con cerca de una decena de bancadas, sin una clara mayoría y que podrían propiciar escenarios de inestabilidad. En los últimos cinco años, el Perú ha tenido cuatro presidentes. En una elección donde no se vislumbra capacidad para llegar a consensos entre sectores, es altamente probable que se repitan los escenarios de enfrentamiento que generaron esa inestabilidad.

A esto hay que sumarle que seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional cuentan con mandato vencido. Este organismo es el que decide sobre discrepancias jurisdiccionales entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, el Congreso entrante será el encargado de elegir sus reemplazos. En los últimos años, el TC ha fallado predominantemente a favor de la postura del Ejecutivo en diversos temas; sin embargo, esa tendencia podría no sostenerse en el siguiente Congreso.

Hay que ajustarse bien el cinturón de seguridad, porque se vienen años muy complicados para la gobernabilidad en el Perú, en plena celebración de su Bicentenario.

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(Translated by: Alex Elgnady)  | Leer en Español

Politics are instrumental in the creation of coexistence agreements. Democracy guarantees freedom but today is once more under attack. Will democracy manage to endure?

To the memory of Kyal Sin (2002-2021)

All human communities contain differences—of tiers, ideas, and values—and inequalities—of resources, rights, and power—between those that form them. Their embers coexist under the permanent risk of conflict, between the privileged that want to preserve the status quo and the persecuted that want to change it. This resulting tension generates the pursuit to regulate these conflicts, because every society harbors a longing for security, prosperity, and power, that manifests through politics.

Politics is that sphere of human action, oriented towards the social handling of conflicts. It operates by implementing binding decisions—conforming to rules—capable of being imposed—by force, if necessary—on the members of the community. The frontiers of politics have expanded with time, to regulate the conflicts of class, gender, creed and race, among others. Its binding character differentiates political action from family links, —founded in blood ties— social cooperation—based in mutual help—and rationale—mercantile, transactional—of the economy. The politics is not normative—good or bad. Instead, under its mantle converge domination and emancipation, conflict and consensus, in the governance of man and the administration of things.

Human history has been, in good measure, a tale of autocratic politics. It has been based in the predominance of chieftains and oligarchies, of different founding dogmas, over their populations. Nevertheless, with variable and increasing strength, the democratic alternative became globally accepted in the last two centuries. In other words, the idea that those from the bottom can exercise collective auto-governance, electing their authorities, and expressing one’s voice and rights in the public space, has become more popular.

The fundamental documents of the Organization of the United Nations, 76 years ago, pick up that fragile but universal democratic consensus. It was accepted, at least formally, by liberal and traditional regimes. It was received with hope despite difficult times experienced by many decolonized nations in the Third World at the time. However, that agreement—never fully achieved—confronts a new threat today.

The Autocratic Threat: Two Readings, One Problem

Last year, under the combined weight of the pandemic, the resulting economic crises, and conflicts of all types, democracy suffered new losses in its global competition against autocracy. As signaled by a study published last week by Freedom House (2) , the civic losses in sites like Hong Kong, Venezuela, Thailand, Turkey, India and Brazil, combined with the relative losses of advanced democracies, took a serious toll. According to the report, 2020 was the fifteenth consecutive year of liberal decline globally. The countries that experienced some deterioration exceed, in number, those that registered improvements. Democratic recession is deepening.

The decline has become increasingly global, affecting both the populations that suffer cruel tyrannies and the citizens of open societies. Almost 75% of the world population lived, in the past year, according to Freedom House, in a country that suffered some modality of democratic deterioration. The most dramatic cases consist of those nations where the status of politics has qualitatively deteriorated. These countries have experience an abolishment, in a strict sense, of the possibility to influence those that govern, in those where the citizenry has been reduced to the role of employees, consumers or habitants.

For its part, the last study of the V-Dem Institute of the University of Gothenburg, focused on the international mediation of the quantity and quality of democracies, also signaled the deterioration of governments based in popular auto-governance, the validity of the rule of law and the respect for civil liberties. Autocratization, it tells us, has gone viral (3).

According to the report, this global democratic decline—the process that we call autocratization—has continued in an accelerated manner this last decade, especially in Asia, Africa, and to a lesser extent in Eastern Europe and Latin America. The level of democracy enjoyed by the average global citizen in 2020 fell to levels only last found around 1990. Electoral autocracy continues being, followed by electoral democracies, the most common regime.

In 2010, 48% of the global population lived in autocracies, which were either partial (electoral) or complete (closed). In 2020 the number rose to 68%. India, the world’s second most populous country, went from being a liberal democracy to an electoral autocracy. In total, there are 87 countries with autocratic regimes: 63 electoral autocracies and 24 closed. The nations in transition to democracy went from 32 in 2010 to 16 this last year. In 2010 there were 41 fully liberal democracies; now 32 exist, mainly in Western Europe and North America.

This autocratization was produced in a way akin to (micro)biological processes, which explains the term viralize used by the V-Dem report. Like viruses and bacteria, the agents of autocratization (populist leaders, religious fundamentalisms, extremist movements of a distinct ideological sign) grow inside of a democratic political organism, taking advantage of its tissues and organs, until popular sovereignty collapses. It is not, as once before, about external harms, inflicted by aggressors—invasions—or sudden seizures—coups—that affect the democracy’s body and health.

The scenario opened by COVID19 exacerbated that tendency. The V-Dem report signaled that the number of countries where liberty of expression was threatened went from 19 in 2017 to 32 in 2020. The majority of polyarchies responsibly managed the consequences of the sanitary crisis, however, in 9 there were grave violations of their citizen’s rights, also found in another 23 moderate democracies. Contrastingly, in 55 autocratic regimes they detected major or moderate violations within the context of the pandemic.

Concerning the media, a certain consensus emerged, unexpectedly, between democratic and autocratic regimes: two thirds of all countries studies by V-Dem restricted, in some way, the work of journalists. Civil society was also greatly affected by the unholy matrimony between COVID and autocracy: the legal restrictions, police sieges and financial closure on the work of organizations and civic activists increased. This affected governments of all continents, ideological orientations and levels of socioeconomic development.

Alea Jacta est?

We witness, on all continents, a sinister tendency towards the abolition of democratic politics, in the form we recognize—imperfect but real—we have known for a century. Ancient “voluntary servitude” and “new despotisms” are peering, threateningly, over our civil horizon. So far, we lack imagination, will and resolve to prevent it. I want to believe that we still have time to succeed.

Beyond politics of the pandemic, there are diverse geopolitical factors, —Chinese ascension, Russian revenge, relative Western decline–technological factors—authoritarian use of electronic surveillance and disruption—and cultural factors—polarizations and fake-news in hyperconnected societies—that explain, together, present democratic deterioration. However, other elements also—from historical lessons of popular uprisings to present civic activism—offer clues on potential resistance to this democratic erosion. The end or triumph of democracy is not written in stone.

Democracy, distinct from other political and socioeconomic regimes, simultaneously expands instruments (institutions and rights) and objectives (individual participation, collective auto-governance) in the regulation of political coexistence. Its nucleus is a political order—regime—that institutionalizes the values, practices and rules that materialize participation, representation, deliberation, and the periodical renovation of incumbents. Democracy also combines a normative ideal, —that questions the asymmetries of hierarchy and power inside the social order—a social movement—that reunites actors, struggles and expansive democratizing claims of citizenship—and a socio-historic process—with phases, goals and horizons—of democratization.

In its modality, democracy today adopts the polyarchic form of the mass liberal republic, far from the radical criticism that simplifies it to be a mere oligarchic simulation. The institutionality of these regimes exceeds the classical liberal format—electoral, partisan, parliamentary—encompassing mechanisms of democratic innovation and new autonomous social movements. Inside of democracy the middle class and popular sectors have achieved benefits more enduring and protected (4) than under populism and autocracy of diverse ideologies, through a citizenship building process. This encompasses moments of social struggle, legal recognition, and incorporation of public politics. Additionally, if we consider that the mass liberal republics suffer corruption and oligarchization of power, —with minorities that abuse the rules of the game in order to perpetuate their privileges—experience tells us that these are resisted and reversed with the own mechanisms of mass liberal republics.

Let us also compare the situation of the Venezuelan workers, before and after Chavismo. Let us contrast rights of all kinds—societal, civil, political, economic, and cultural—that can be enjoyed and defended by the peoples of Costa Rica and Cuba. Let us evaluate the discourse of the protesters in Chile and Nicaragua of the last two years: in the first, the mobilization was channeled, through parliamentary deliberation and direct democratic exercise, towards a constitutional reconstruction. In Nicaragua all possibility of civic exercises and democratic resolution of conflict was squashed. The advantage of having a liberal republican regime—simultaneously containing institutions and rights for the exercise of institutionalized or street politics—results, for the peoples of those countries, to be decisive.

Moreover, we can take the discussion to a global level. Democracy—understood as a vocation to limit the all-embracing power of the rulers, and participate in collective self-government—is not privative to a culture or religion. Today it is practiced by populations of Confucius, Christian, Muslim and even agnostic legacies. In those places where we believed it to be culturally alien and absent,—from the Arab or African tribes to Latin and Asian regions—it have been invoked, again and again, throughout the last two centuries. (5) This has been the case despite the apparently unbeatable power of kings, chieftains and tyrants.

Democracy has resisted similar, and even worse declines to present erosion. Let us think of the period of wars, between 1918 and 1939, when many Western intellectuals, seduced by totalitarianism, predicted the end of sick liberalism and the triumph of the party state, or how during the Cold War the authoritarian regimes were finally overtaken by the political and economic designs of mass liberal republics. (6) The waves of democratization have always surged when they were unexpected: when the freedom fighters appeared condemned to silence, exile or detainment. Perhaps the mistake, after the epic triumph of 1989, was to expect that the boat of history would finally arrive on an epic and pleasant democratic port. However, like Alexander Herzen said, history is the autobiography of someone crazy. If everything were written out, the evolution of humanity would be mere meta-logic without margins for agency or unexpected events.

There is, also, a powerful anthropological reason for not accepting the idea of ​​the end of democracy. Despite the value we assign to the famous (and debated) Maslow pyramid, people have different orders of needs and imperatives. To the demand for safety, shelter, and food, which an enlightened despot can provide, we add some basic, resilient, universal claims of agency and freedom, incapable of existing without the free participation of the people.

We have a legacy to review in our permanent struggle for democracy. The idea of Albert Einstein that every person should be respected, with no one being idolized as divine. Kantian’s liberal reflection on the capacity of man as a rational, peaceful, and autonomous being. Rosa Luxemburg’s courage in her socialist defense of the freedom to dissent and the repudiation of revolutionary bureaucracies. The rejection of Mandela and Nehru, along with their many supporters, of considering elections and parties as mere impositions of colonialism or Western fashions. The millions of men and women who today, around the world, promote assemblies, cooperatives, voting, raffles and referendums. The struggle that, in short, makes us discover the power to try, celebrate, err and rectify, together and with respect for diversity, our agency and human dignity. The libertarian chants in Minsk and Rangoon, in Portland and Moscow, in Havana and Budapest. The sum of all this, without insurance policy or death certificate, still draws the dim light of democracy on our horizon.

1. Cuban/Mexican scholar. Bachelor of History and Masters in political science (Universidad de la Habana) and Doctorate in History and Regional Studies (Universidad Veracruzana). Country Expert for Varieties of Democracy, member of the Latin American Studies Association and Amnesty International, he´s specializes in the study of the process of democratization as well as relations between government and civil society in Latin America.
2. See Freedom in the World 2021. Democracy under Siege https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
3. See Autocratization Turns Viral. Democracy report 2021en https://www.v-dem.net/files/25/DR%202021.pdf
4. See D. Rueschemeyer, H.E. Stephens y J.D Stephen, J.D, Capitalist development y democracy, University Of Chicago Press, 1992.
5. See John Keane, The Life and Death of Democracy, Simon & Schuster, 2009.
6. See David Runciman, The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present, Princeton University Press, 2015.

El aniversario desencadena preguntas sobre el futuro, y también sobre el presente del Mercosur. Las reformas necesarias para aumentar los niveles de competitividad siguen pendientes.

El pasado 26 de marzo se cumplieron treinta años de la firma del Tratado de Asunción que constituyó el Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur. Como lo indica su nombre, el proceso de integración apostó a alcanzar una ambiciosa meta entre sus miembros, instalando una zona de libre comercio, una unión aduanera como hitos previos para la plena instrumentación de un mercado común. En otras palabras, el bloque definió el mismo esquema de integración que la Unión Europea, la mayor experiencia integracionista a nivel planetario y la única que logró establecer un verdadero mercado común entre sus miembros, actualmente nada menos que 27 países. Es más, en este caso se avanzó en una unión monetaria y en una unión política, que, si bien no es plena, se perfecciona más allá de las dificultades.

Dejar al lado los intereses

La experiencia comparada no favorece al Mercosur, pero dicho ejercicio tampoco es razonable realizarlo, al menos si se tienen en cuenta los tiempos y las realidades en que se cimentaron los dos mencionados procesos de integración. En el caso suramericano, parecía claro que los miembros no podrían cumplir con lo pactado en artículo 1 del tratado original, ya que para hacerlo sería necesario dejar de lado los intereses nacionales priorizando los comunitarios, además de ceder un enorme caudal de soberanía hacia instituciones supranacionales que nunca existieron.

Por otro lado, los cuatro miembros decidieron apostar a la integración a través de un instrumento que ya dejaba de utilizarse en la década del noventa, debido a que los Estados se volcaron hacia la firma de los denominados TLC, herramienta de política comercial más flexible que las uniones aduaneras para avanzar de forma más acelerada en la inserción internacional. No debe perderse de vista el enorme esfuerzo de armonización normativa que en diferentes áreas más allá de la arancelaria, impone alcanzar un espacio único aduanero entre dos o más países, lo que en el caso del Mercosur fue tremendamente subestimado.

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Podría decirse que Uruguay se vio atrapado —y lo sigue estando hasta hoy— en la lógica de la tan estratégica como compleja relación bilateral entre Argentina y Brasil, que trasciende los intereses comerciales. Por diversas razones de índole histórica, geopolítica, geográfica, económica, entre tantas otras variables, los dos países sostuvieron que era necesario ir juntos a la hora de enfrentar el fenómeno de la globalización, el que en la década del noventa se expandía sin límites y comenzaba a introducir nuevos conceptos en el comercio internacional.

En esa época, los dos pequeños del barrio no tuvieron escapatoria, por lo que aceptaron las condiciones de un proceso que ya estaba en marcha y que en muchos asuntos les era ajeno. En el caso de Uruguay, con un apoyo unánime de todos los actores nacionales, se apostó de cualquier forma a ser parte del acuerdo que ya venían alcanzando con sorpresiva velocidad sus dos vecinos mayores en la década del ochenta. No integrarlo suponía perder las ventajas relativas de acceso en su región más próxima.

Expandir el mercado regional

A cambio de los impactos negativos que con toda seguridad sufriría una industria nacional poco competitiva y apalancada en la protección arancelaria y no arancelaria, se esperaba expandir el mercado regional con sus positivos efectos en las economías de escala y niveles de competitividad local, pero imaginando que los socios llevarían adelante las reformas estructurales necesarias para que el Mercosur fuera luego la plataforma adecuada para insertarse exitosamente en el mundo.

Como es sabido, ninguna de las apuestas anteriormente comentadas aconteció, al menos de forma completa. Los cuatro países de la región siguen sin realizar las reformas necesarias para aumentar los niveles de competitividad, lo que se ve reflejado en los indicadores presentados seguidamente.

Cuadro 1. Competitividad global de los países del Mercosur

La zona de libre comercio que expandió el mercado regional es precaria e inestable, ya que cuenta con exclusiones de relevancia tanto en bienes como en servicios y los miembros aplican restricciones no arancelarias que nunca se pudieron derribar. Esto afectó a un comercio intrarregional que cada año es menos relevante para todos los socios. En definitiva, nunca se constituyó un verdadero mercado ampliado lo suficientemente atractivo para atraer inversiones, pero el proceso de apertura sí golpeó con fuerza a la industria nacional.

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Mientras tanto, la unión aduanera sigue hasta hoy siendo un proyecto lejano del cual nunca se pudieron medir sus impactos positivos. La posibilidad de conformar un mercado común es sencillamente un ejercicio de ciencia ficción y los éxitos en la agenda externa fueron muy magros, más allá del cierre del acuerdo con la Unión Europea en 2019, que hoy atraviesa un complejo proceso de incorporación con resultados muy inciertos. Esto se ve reflejado en los niveles arancelarios promedio que aún sostiene el Mercosur y en la ausencia de regulación comunitaria para los denominados nuevos temas del comercio global.

Gráfico 1. Aranceles promedio del mundo versus Mercosur

En definitiva, estas son las diferencias de fondo que salieron a flote en la polémica reunión presidencial del pasado 26 de marzo y que, en parte, explican cómo se dio el poco diplomático intercambio entre los presidentes. De hecho, tres de los cuatro discursos presidenciales reclamaron un Mercosur distinto, más allá de los matices y formas, mientras que uno de ellos se ancló en el pasado añorando un Mercosur que jamás existió. En definitiva, más allá del hecho puntual recordado por todos en la cumbre, que tiene más que ver con liderazgos mal entendidos y cuestiones de política interna, el Mercosur enfrenta un polémico cruce de caminos.

Proceso de sinceramiento

En un contexto regional marcado por crisis políticas, económicas y sociales, con un mundo que nos enfrenta a realidades que jamás se pudieron imaginar, no parece razonable pensar que de la noche a la mañana emergerá entre los países socios del Mercosur la necesaria dosis de visión comunitaria que estuvo ausente en los últimos treinta años.

Por este motivo, es urgente que el bloque enfrente un proceso de sinceramiento, sin politizaciones que tanto daño le hicieron al bloque en su pasado reciente (basta con recordar la situación que se enfrenta con Venezuela, socio pleno suspendido del que ya se prefiere no hablar, o los debates sobre la incorporación de Bolivia), para de esa forma lograr las flexibilizaciones necesarias que permitan a los miembros reaccionar a tiempo frente a un nuevo mundo.

No hacerlo podría llevar al Mercosur a la más profunda irrelevancia.

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Diversas situaciones electorales en un continente variopinto. Un elemento siempre presente y que condiciona: la pandemia. El otro, en algunos casos, es la crispación política.

Ingresamos en el cuarto mes de un segundo año pandémico. En 2021 la novedad es que la vacunación avanza, si bien en África lo hace a un ritmo muy lento frente a otras regiones. La situación sanitaria es un factor a tener en cuenta en el desarrollo electoral de todos los escenarios africanos que en este año afrontan compromisos con las urnas. La variedad de contextos invita a ser rigurosos en la descripción de cada cita electoral y a marcar especificidades.

Lo que pasó

El primer país llamado a elecciones presidenciales y legislativas fue Uganda, el 14 de enero. Generó mucha expectativa, también por el alto grado de conflicto previo. La violencia se había desatado semanas antes del gran día. El anciano Yoweri Museveni, gobernante desde 1986, quiso a toda costa lograr un mandato más y para ello (emprendiendo reformas previas), al costo de suprimir la disidencia y encarcelar a su principal rival, el joven y talentoso músico apodado Bobi Wine, paladín de una juventud que es mayoría en el país de la región de los Grandes Lagos africanos. Wine denunció que el 14 de enero (y luego) tuvo rodeada su residencia por fuerzas de seguridad, ante la primera queja sobre el desarrollo de un resultado electoral que denunció amañado.

Siguió Níger, el país más pobre del mundo pero la principal fuente de uranio para su exmetrópoli Francia. Las elecciones del 27 de diciembre se definieron por una segunda vuelta, que se disputó el 21 de febrero, entre el candidato de la continuidad, Mohamed Bazoum, delfín del saliente Mahamadou Issoufou —quien gobernó una década en dos mandatos pero declinó presentarse a un tercero—, por un lado, y por el otro Mahamane Ousmane, expresidente entre 1993 y 1996, derrocado en un golpe de Estado. La diferencia en la primera vuelta había sido mayor al 15 % del voto (55,75 % a 44,25 %) y Bazoum obtuvo la victoria, a pesar de una reñida disputa en algunos distritos. Como ocurrió en Uganda en enero, el perdedor impugnó el resultado. Ahora bien, el desafío de Bazoum es lidiar con la realidad de uno de los países más subdesarrollados del mundo y hacer frente a la emergencia, en los últimos años, del yihadismo como fenómeno de importancia. Este es celosamente vigilado por Francia y la alianza regional conocida como G5-Sahel, de la cual Níger es uno de los integrantes. Esta última amenaza, sumada a la situación epidemiológica, no impidieron que la ciudadanía nigerina ejerciera el derecho a voto dos veces. En la primera vuelta la participación fue cercana al 70 %.

Capítulo aparte merece Somalía, nación del Cuerno de África tan olvidada como golpeada. El 8 de febrero se suponía que debía celebrarse su elección presidencial pero el disenso lo impidió, tras unas negociaciones fallidas. La nación se tambalea junto a la desunión entre los clanes y la presión yihadista letal del grupo radical Al Shabaab. Este grupo irrumpió a fines de enero en un prestigioso hotel (fiel a su modus operandi de los últimos años) y generó el caos en la capital Mogadiscio, como lo viene haciendo desde hace casi una década, a pesar de cierto repliegue militar actual. El país intenta salir a flote desde que cayó en el desorden y en la guerra civil en 1991. Punto a favor de Shabaab es que no se hayan celebrado las elecciones, pues había prometido alterarlas a como diera lugar. Mientras tanto, en un clima muchísimo más ordenado, la no reconocida Somaliland, Estado que se desgajó de Somalía en el fatídico 1991, tendrá elecciones parlamentarias en mayo.

En República del Congo no hubo sorpresas tras el domingo 21 de marzo. Denis Sassou-Nguesso gobierna desde 1979, excepto entre 1992 y 1997, cuando perdió las elecciones. Superará los 41 años de gobierno si completa el mandato conseguido, el cuarto consecutivo, por cinco años. Como en otras situaciones, sus rivales, muy débiles, denunciaron fraude y el principal de ellos falleció al día siguiente de la elección, por covid-19, tras encontrarse hospitalizado. La victoria muy cómoda del presidente congoleño va en contra de una tendencia que pareciera dirigirse a lo inverso, pues varios mandatarios africanos que parecían eternos cayeron, como el ugandés Museveni o el ruandés Paul Kagame, mientras otros lo están haciendo bien para perpetuarse, como Alpha Condé en Guinea Conakry o Alassane Ouattara en Costa de Marfil.

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Lo que viene

Habrá elecciones locales a lo largo del año en Ruanda, Senegal, Angola, Sudáfrica y Madagascar, entre otros, y parlamentarias en Marruecos, Costa de Marfil, Gabón y República Centroafricana. Sin embargo, las citas presidenciales concitan más atención, y estrés político y social, en algunos casos. En ese sentido, en abril hay una doble cita.

Primero en Chad, donde el malestar crece frente a una nueva pero no novedosa candidatura de Idriss Déby, gobernante desde 1990. El principal contendiente retiró la suya al denunciar persecución a la oposición y esta última busca el boicot alegando que los comicios son una farsa. El camino al 11 de abril se desenvuelve entre la incertidumbre y el miedo. La otra cita electoral ese mismo día es en Benín. Este país celebrará presidenciales y el actual presidente, Patrice Talon, anunció la búsqueda de su reelección, amparándose en los logros económicos de su gestión. Lo mismo hará en agosto Edgar Lungu, en Zambia, aunque la situación económica allí sea bastante diferente a la beninesa, intervención del FMI mediante.

Hay dos países en los cuales el contexto en que se llega a elecciones tiene algo en común. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, próximo a cumplir una década de existencia, en agosto tiene cita en lo que puede ser garantía de consolidación de la paz definitiva. En Libia, el 24 de diciembre serán las elecciones presidenciales, decisión que es fruto de largas deliberaciones en el exterior, que comenzaron a sellar la pacificación luego de casi una década de guerra olvidada. Gambia también tendrá sus presidenciales a fin de año, las primeras sin el dictador Yahya Jammeh (1994-2017), quien fuera derrotado en las urnas a fines de 2016 frente al actual presidente y sucesor, Adama Barrow. Este buscará su reelección en la nación continental más pequeña.

Pese a que no tendrá una elección presidencial, una consideración adicional merece Etiopía, el segundo país más poblado de África, que celebrará comicios parlamentarios en junio próximo, pospuestos en agosto de 2020 por la pandemia. El año pasado estuvo intensamente marcado por la protesta social, con el asesinato del reconocido músico y activista Hachalu Hundessa en junio y el inicio, a comienzos de noviembre, de la guerra en Tigray, que afectó la imagen del premio Nobel de la Paz 2018, el primer ministro Abiy Ahmed. Mientras el gran desafío gubernamental es calmar la crispación política y étnica en varias regiones, la próxima cita electiva debería ser la prueba de fuego para dar nuevos aires a la coalición que gobierna Etiopía hace menos de dos años.