El texto siguiente resultó ganador de la cuarta edición del concurso de artículos breves «¿Cuál es el rol actual de los jóvenes en la construcción de partidos políticos modernos en Latinoamérica?» organizado por Diálogo Político.

Este ensayo busca analizar las dificultades y desafíos que atraviesa la juventud latinoamericana en su actividad política.

El ocaso de los gobiernos de facto en Latinoamérica en el último cuarto del siglo XX, de la mano de la consolidación de las nuevas democracias, dio comienzo a una nueva era política marcada por un acentuado compromiso hacia las instituciones públicas y una dolorosa memoria colectiva. Fue a partir de allí que los espacios de acción política latinoamericanos se poblaron de una ciudadanía plural y participativa, en el que las incipientes agrupaciones juveniles tomaron las riendas del hacer político.

En la actualidad, si comparásemos la tendencia pluralista y democratizadora de aquel entonces con la realidad de las agrupaciones políticas latinoamericanas, sería difícil entender el porqué de la falta de representación de la juventud en las instituciones estatales y, aún más, en las primeras líneas de los partidos políticos. Ocurre que las irregularidades propias de los sistemas democráticos latinoamericanos han traído como consecuencia un desplazamiento de los jóvenes generando, lejos de su alejamiento de la política, su readaptación a través de la conquista de espacios alternos. Como ejemplos pueden mencionarse la militancia en centros de estudiantes, asociaciones de trabajo territorial, sindicatos, entre otras (Zuasnabar, 2017). De esta manera, y sin haber ahondado aún en su accionar, resulta evidente que la juventud en su vocación por hacer política se ha visto desafiada por el deber de adaptarse a nuevas dinámicas, en su mayoría autogestionadas. Asimismo, al día de hoy los jóvenes se constituyen como un sujeto político que logra hacer eco a la pluralidad de voces de las que se componen los pueblos latinoamericanos, y que está preparado para hacer política desde el momento y lugar que acontezca, sin las ataduras propias de las tradiciones estructurales de antaño arraigadas en las instituciones públicas.

A la hora de analizar el rol de los jóvenes en los partidos políticos latinoamericanos, primero corresponde echar un vistazo al concepto y funcionamiento del sistema político. David Easton, con el objetivo de explicar la forma en que se elaboran y ejecutan las decisiones al interior de las sociedades, lo concibió como un sistema de interacciones que se mantiene en funcionamiento por la recepción de inputs (entradas) en forma de demandas y apoyos, que luego son convertidos en diferentes decisiones políticas, entendidas como outputs (salidas o resultados). La introducción de este concepto implicó la aceptación de que la política no está separada de las restantes actividades sociales, sino que, por el contrario, está completamente condicionada «por el ambiente en el que opera y crea resultados aplicables a todos los componentes del sistema» (López Montiel, 2008). A su vez, es importante comprender que la entrada de inputs corresponde a la acción política propiamente dicha. Si bien décadas atrás esta acción estaba directamente asociada al acto del sufragio, resulta evidente que en la actualidad son infinitas las formas en que los actores sociales expresan la voluntad política; por ende, son muy variados los frentes a tener en cuenta en la recepción de apoyos y demandas para la elaboración de políticas públicas.

Con el panorama teórico claro, resta realizar una lectura de la política latinoamericana. Se trata de una región fuertemente atravesada por las movilizaciones masivas en pos de conquistas sociales inspiradas en el liberalismo progresista, principalmente relacionadas a cuestiones ambientales y de género. Y, a su vez, dichas movilizaciones se caracterizan por estar protagonizadas por mayoría de jóvenes entre sus filas. De manera análoga, también se observa un mayor liderazgo juvenil en los espacios que la derecha ha ganado en las cruzadas políticas por el poder del continente en el último tiempo.

Por otro lado, este análisis cobra mayor sentido si se tienen en cuenta los aportes realizados por el socialconstructivismo. La corriente esboza sus postulados con la principal preocupación de estudiar los hechos sociales como aquellos que existen a partir de acuerdos colectivos, y que se mantienen a través de instituciones. De esta manera, se plantea que estos, a pesar de tener una base material, dependen de ideas, valores, identidades, significados intersubjetivos e intencionalidades colectivas (Arenal, 2010). De la teoría mencionada, cobra especial relevancia la entidad mutuamente constitutiva de la que se dotan agente y estructura. Es decir, no se comprende al Poder Ejecutivo como agente determinante que da sentido a las estructuras del vivir social, como así tampoco es el sufragio el que da sentido absoluto a la administración de la función pública. Por el contrario, en el sistema político tiene lugar una dialéctica en la que, por un lado, los fenómenos colectivos, las estructuras ideacionales y normativas influyen en la conformación de las identidades e intereses de los individuos; y, por el otro, los propios individuos modifican las estructuras sociales a través de sus prácticas que articulan ideas, conocimientos, intereses, símbolos e intencionalidad colectiva. De este modo, «el proceso de constitución de los actores a través de las estructuras se da al mismo tiempo que aquel por el que los actores constituyen esos marcos estructurales» (Arenal, 2010).

Adoptando este enfoque, se adquiere mayor claridad para estudiar la política latinoamericana y la participación de los jóvenes en esta. Como ejemplo de la influencia mutua entre agente y estructura se puede mencionar la lucha por los derechos LGBTIQ+ en Sudamérica. Las tradiciones antiguas, especialmente aquellas fundadas en los valores del catolicismo occidental, instauraron ideales sobre la composición de las familias de manera tal que excluían a toda identidad de género que no se ajustara a la heteronorma. Con el paso del tiempo, y con la influencia de los movimientos liberales, principalmente de Europa, la juventud comenzó a rebelarse frente a los viejos preceptos y, en consecuencia, a trabajar en un cambio de paradigma que interpelase los constructos sociales heredados de generaciones anteriores. De la misma manera, esta lógica puede aplicarse a innumerables fenómenos, conquistas sociales y multiplicación de derechos que han tenido lugar en manos de los jóvenes en las últimas décadas.

A esta realidad, en la que la juventud se ha posicionado como líder del cambio social y político, debe sumarse la contracara que la acecha en su hacer político. En primer lugar, hablamos de un colectivo sin preparación para lo que deben enfrentar en su repentina y ajetreada adultez. Los currículos escolares se sustentan en el desarrollo de habilidades duras y conocimientos exactos que brindan un apropiado nivel académico, pero que no preparan a los alumnos en formación ciudadana, arista crucial para desenvolverse de manera independiente en la vida en sociedad. Al finalizar sus estudios, los jóvenes se ven obligados a insertarse en un mundo de responsabilidades al que se adaptan a la fuerza, viéndose como aquellos actores relegados que deben primero enfocarse en salvar las distancias que su inexperiencia les genera.

Esto último da pie al segundo obstáculo atravesado por la juventud en la política. Aquellos y aquellas jóvenes que, por sus capacidades y logros, trascienden en el terreno social o incluso alcanzan un puesto para desempeñarse como funcionarios, cargan con una doble vara de juicio que pesa sobre ellos. A la evaluación constante e inherente a la de una personalidad pública que se debe al pueblo que la eligió, se suma la presión extra del juicio originado lisa y llanamente en la edad. Se presume, entre tantas otras cosas, que no están preparados o que no han llegado allí por mérito propio, y de esta manera tiene lugar una desigual valoración a través de la cual, en el afán de juzgar cada una de sus acciones y decisiones, se descuida el accionar de algunos funcionarios adultos que cargan en su trayectoria años de contradicciones, actitudes inaceptables e incluso actos de corrupción.

Por último, resulta primordial atender la lógica adultocéntrica que se imprime en el sistema político y sus instituciones, y que no genera espacios para que los jóvenes puedan participar e incidir en las decisiones (Zuasnabar, 2017). Esto lleva a una falta de identificación de la juventud con el poder político, por no ver representados sus intereses, problemáticas ni preocupaciones, y ocasiona como contracara una acentuación de los fenómenos de culturización de la política o politización de la cultura y/o de territorialización de la política (Reguillo y Borelli en Vommaro, 2013). Estos procesos dan cuenta de una ampliación de los espacios que ocupa la política y lo político, entendiendo que con el paso del tiempo se han diluido los límites entre lo privado y lo público, con un claro avance de lo público como construcción colectiva del bien común. Nuevamente cobra sentido la concepción de que la política no se reduce a los ámbitos estatales, sino que se construye entre todos los actores sociales, en una producción relacional y dinámica (Vommaro, 2013). De esta manera, por ejemplo, tienen lugar numerosas expresiones juveniles culturales, estéticas y artísticas que, a pesar de no concebirse estrictamente como políticas por quienes las protagonizan, se dotan de un contenido que permite leerlas como tal: suele subyacer en ellas un espíritu de contestación al orden vigente y de inserción social alternativa, envuelta en un carácter conflictivo a la vez que colectivo y organizado (Vommaro, 2013).

En esta línea, es primordial señalar que, a la hora de luchar por alguna reivindicación, los jóvenes no se organizan desde un enfoque corporativo, apuntando a cuestiones propias de su vida cotidiana. Por el contrario, actúan en pos de temas más amplios y universales: libertad, derechos humanos, paz, ecología, etc. Esto describe un aspecto sumamente importante del accionar de la juventud como colectivo, ya que «sus acciones no están dirigidas a consolidar políticas y programas que permitan mejorar su inserción social […] sino que se orientan a tratar de mejorar el mundo al que les va a tocar integrarse» (Rodríguez, 2005).

Como conclusión, es ineludible afirmar que las generaciones precedentes han sembrado tradiciones y rígidas estructuras que ordenaron por décadas las formas del vivir político, pero que al día de hoy se enmarcan en paradigmas que han quedado obsoletos. En la actual sociedad del conocimiento, atravesada por la globalización y la revolución de las telecomunicaciones, los jóvenes son los más preparados para enfrentar las transformaciones propias de la actualidad. Las nuevas generaciones, socializadas en dinámicas de relación natural y fluida con las nuevas tecnologías, constituyen una ventaja comparativa que debe ser potenciada al máximo en el esbozo de las estrategias de desarrollo. Esto se debe a que los jóvenes están mejor y más preparados que los adultos para lidiar con la permanencia del cambio y con la centralidad del conocimiento (Rodríguez, 2005).

Asimismo, las redes sociales han transformado el significado de participación y motivado la acción y compromiso de jóvenes que ahora eligen pasar a la acción. En esta línea, corresponde adaptar los sistemas educativos para potenciar la espontánea adultez del colectivo juvenil, y hacerlo parte de la función pública como sujeto político independiente que debe tomar la voz en la elaboración de las políticas públicas. Para esto último, debe tenerse en cuenta que no es suficiente esgrimir como bandera el tratamiento de las problemáticas juveniles si se las aborda como un área de especialización que impulse proyectos fragmentados e irrelevantes. Es menester que sean los propios jóvenes los que discutan y consensuen políticas públicas que den vigencia a sus derechos, necesidades e intereses, con el marco de mecanismos institucionales de participación efectivos, estrategias orientadas al impacto efectivo y una asignación de recursos acorde.

Siguiendo la línea de Easton, el proceso iterativo de elaboración de políticas públicas se nutre del intercambio constante con la sociedad civil, y no es posible alcanzar resultados favorables si la juventud no es escuchada ni tenida en cuenta. Las viejas estructuras deben ceder para formar a las nuevas generaciones que se alzan como impulsoras de la transformación social, y deben asegurarse los procesos dinámicos de interacción con un sujeto político que ha sido excluido y estigmatizado y que, en consecuencia, ha desarrollado un desencanto hacia lo público.

La memoria colectiva latinoamericana nos obliga a atesorar y revalorizar constantemente las instituciones democráticas y, en este sentido, es imprescindible construir modelos multidimensionales del comportamiento cívico, superando los mecanismos convencionales. Para conservar la confianza y compromiso hacia las instituciones públicas, la administración pública y los partidos políticos deberán comprender que, lejos de significar una amenaza a la democracia, el desarrollo de los jóvenes como ciudadanos críticos denotan la madurez del sistema político.

Referencias

Arenal, C. D., y Sanahuja, J. A. (2010). Teoría de las relaciones internacionales. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, SA) Congreso de la República. Ley (Vol. 975).

López Montiel, A. G. (2008). Las teorías de sistemas en el estudio de la cultura política. Política y cultura, 29, 171-190.

Rodríguez, E. (2005). Juventud, desarrollo y democracia en América Latina. Nueva Sociedad.

Vommaro, P. (2013). Las formas de participación política juvenil en la democracia argentina: treinta años de encuentros, divergencias, cambios y persistencias. Bicentenario, 8, 2013-12, 32-39.

Zuasnabar, I., Y Fynn, I. (2017). ¿Qué sienten los jóvenes latinoamericanos sobre la política? Diálogo Político, 2017-1, 29-32.

En el segundo episodio de En Campaña abordamos el tema de la planificación de la campaña electoral. Este es el siguiente paso tras responder a las preguntas de quiénes son, cómo piensan y dónde están los votantes que vimos en el primer episodio. Pero ¿por dónde empezar? ¿en qué consiste la planificación de la campaña electoral?

Para responder estas preguntas contamos con la participación de Roberto Rodríguez, doctor en Periodismo, profesor universitario y consultor de comunicación política electoral y de crisis; Jorge Rábago, director de telegenia del Partido Popular en España; y César Martínez, fundador de MAS Consulting en Estados Unidos y México y presidente de la compañía para ambos países. Los tres tienen una acreditada experiencia trabajando en la planificación de campañas electorales.

[Leer también: Fallos a evitar en campañas electorales]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

La búsqueda de la identidad es un factor emergente de estos tiempos. Esta afirmación nos ubica en frente a un problema tal vez no nuevo, pero significativo, en un mundo signado por la polarización.

La globalización, la digitalización y la incertidumbre respecto al futuro son disparadores de este proceso de búsqueda que tiene lugar en forma simultánea en diferentes regiones del planeta. Se produce en un contexto de retroceso del interés por la política y la participación dentro de las estructuras partidarias tradicionales. Aumenta la desafiliación y la polarización y, con eso, el potencial de conflictos.

El Dr. Alexander Görlach nos ofrece un panorama actual en una serie de entrevistas con informantes calificados de diferentes ámbitos y países de Latinoamérica.

Las entrevistas analizan diversas líneas a lo largo de las cuales se producen las discusiones. Así es que aparecen las contradicciones entre lo rural y lo urbano, la discusión sobre el rol de las mujeres, la conveniencia de pertenecer o no a organismos supranacionales, la incidencia de los migrantes en la cultura del país receptor, la credibilidad de las noticias, las instituciones y las autoridades, las tensiones entre diferentes modelos de familia y convivencia. Los entrevistados llaman la atención sobre la amplificación de estas discusiones a través de las redes y su potencial conflictivoen Lationoamérica.

El autor buscar contestar algunas preguntas: ¿Cuán fuerte es esa identidad latinoamericana? ¿Cuánto hay de propio en ella y cuán fuerte es el vínculo con Europa? ¿Cuál es el rol de los Estados Unidos y de las tensiones derivadas de las migraciones? ¿Qué incidencia tendrá el creciente rol de China? ¿Podrá la comunidad cultural y de intereses mantener e incluso fortalecer los históricos vínculos entre el nuevo y el viejo mundo?

Las entrevistas darán algunas pistas sobre estas preguntas que seguramente serán determinantes del futuro del Latinoamérica.

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Una de las palabras más repetidas en este tiempo de pandemia es incertidumbre. Y una de las novedades de la crisis provocada por el coronavirus es que esa incertidumbre se ha instalado en todo el planeta. Nadie está a salvo de ella. Aunque evidentemente la situación previa de cada país o de cada persona modula el grado. La política, la gestión de lo público, del común, ha tenido que tomar decisiones rápidas con muy poca información y en un escenario escaso de certezas. La dimensión ética de la política ha cobrado fuerza, enfrentando dilemas en los que está en juego algo tan serio como la vida de las personas. 

Aprender para el futuro

Qué podemos aprender para el futuro, cómo prepararnos para las crisis que vendrán o de qué manera podemos reforzar las instituciones básicas que rigen nuestra vida en comunidad son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Invitado:

Miguel Pastorino, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay.

El paper mencionado en el episodio está disponible en la sección DP Enfoque: La era de la responsabilidad. El rol de la política en tiempos de incertidumbre.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

En memoria de Andrés Stambouli y Jesús Guevara Rivas,
demócratas de distintas generaciones

En Venezuela, el escenario político está dando súbitas señales de movimiento. Estas señales provienen esencialmente de concesiones que, desde el Estado, se presentan como reconocimiento a nuevos actores, e incluso de reconocimiento de viejos errores. El Estado ha cambiado el régimen de algunos detenidos notorios —como ejecutivos de la petrolera CITGO—, anunciado la reapertura de casos de violaciones de derechos humanos, iniciado una razzia interna sobre casos de corrupción, el aparente fin del estado de emergencia económica declarado en 2016 y, más significativamente, la entrada de cinco rectores (dos principales y tres suplentes) independientes al Partido Socialista dentro del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), a lo que ha seguido el anuncio de un posible levantamiento más amplio de algunas restricciones y asimetrías electorales, algunas de las cuales son demandas históricas de la oposición.

Ha sido el ámbito electoral el que ha causado más respuestas desde los diversos factores partidarios de una apertura democrática en el país: desde el optimismo más franco, hasta la condena previa. Sin embargo, todo apunta a que la inercia derivada de la suma de represión y abstención se rompería este año, en el cual corresponden elecciones locales y regionales. Bajo el contexto polémico del ciclo electoral pasado, pero también con las diferencias abiertas acerca de los planteamientos tácticos sobre la participación dentro del liderazgo partidista opositor a diferente nivel, se hicieron también presentes sectores no recientemente vinculados a estas dinámicas: desde activistas, académicos, sindicalistas y empresariado, un colectivo de la sociedad civil —el Foro Cívico— promovió las candidaturas de técnicos, políticos y ciudadanos hacia el directorio electoral.

Sin embargo, pese a los cambios, persisten aún profundas asimetrías dentro de lo que sigue siendo un sistema autoritario. Ya las dimensiones de lo anunciado sobrepasan la rutina electoral acostumbrada, pudiendo mejorar sustancialmente las condiciones electorales frente al último ciclo electoral. Claro, no es borrón y cuenta nueva: depurar el registro electoral, rehabilitar a los partidos judicialmente intervenidos, auditar técnicamente al CNE, vigilar el despliegue de medios en las campañas, no corrigen los daños infligidos sobre las organizaciones políticas independientes: el exilio y las amenazas al liderazgo, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, la desarticulación de los partidos, la asimetría de movilización de recursos, el control oficial sobre los medios de comunicación, el uso agresivo de la política social para fines proselitistas, el dominio sobre el Poder Judicial permanecen aún como herramientas activas del Estado sobre la sociedad y los partidos.

Si eso fuera poco, mientras se reconoce una renovada autoridad a organizaciones sociales ante la duda de los partidos, se procede con una legislación agresiva sobre las actividades y el financiamiento de sociedades mercantiles, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro, en el Registro Unificado de Organizaciones Sociales, sobre la base de un estado general de sospecha sobre sus funciones, despliegue y apoyos, en el marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: providencias similares han sido usadas contra grupos de activismo social y de derechos humanos, y hoy se exige hacia toda asociación no estatal no solo el registro de sus ingresos, sino también el de sus beneficiarios, en una evidente asimetría frente al poder coercitivo y la opacidad estatal. Se trata de una medida claramente lesiva a la supervivencia de todo el sistema de promoción de la democracia y la autonomía social.

Así mismo, a inicios de mayo el Estado embargó, con el uso de fuerza militar, la sede del octogenario diario El Nacional, importante medio impreso tradicional que seguía funcionando, ostensiblemente para hacer cumplir un mandato judicial —en el que se condenaba al diario por referirse a unas denuncias a altos jerarcas del Estado y su partido—, a la vez que el Estado aceptaba la idea de una nueva ronda de negociaciones, mediadas internacionalmente, con los más importantes líderes de una oposición con elevadas demandas pero limitado apalancamiento.

Las voces más pesimistas insisten en que se trata nuevamente de ganar tiempo, de maniobras para relegitimarse ante las naciones occidentales, cuyas inversiones y reconocimiento podrían mejorar la condición absoluta del Estado. Otras voces, más optimistas, plantean que son los efectos de las sanciones personales y sectoriales de Occidente, así como el temor a la activación de expedientes en la Corte Penal Internacional o incluso el sacudimiento dentro de la fuerza armada venezolana por el farragoso triángulo de conflicto en la frontera colombo-venezolana con ese Estado, la disidencia de las FARC y efectivos venezolanos, como fenómenos que motivan al gobierno socialista a tomar estas medidas.

Lo único que parece claro es que las condiciones internas parecen lo suficientemente holgadas para el chavismo, dada la expansión autoritaria de los últimos años y la capacidad de resistir ante la extraordinaria coalición en su contra, como para dar estos pasos sin sacrificar su propia supervivencia y, de momento, su propio poder. Quizás estamos siendo testigos de un incipiente realineamiento interno en el propio chavismo no solo hacia el ciclo electoral que se acerca —cuya legitimación sí les interesa y perciben que pueden ganar ante una oposición debilitada y descoordinada—, sino también hacia el despliegue de los intereses fácticos que dos décadas en el poder han desarrollado, como una nueva élite económica, ante la imponente crítica de la extrema izquierda de la coalición oficial.

Es aún difícil adivinar quiénes son los sectores ortodoxos, cuáles los moderados, y cuáles los aperturistas: no hay aún una racionalización explícita que dé cuenta de estas acciones. Pero ha de notarse que la apertura no sucede a expensas del Estado, sino por su voluntad. Y el Estado socialista no parece haber modificado su concepción tradicional sobre la sociedad y la autonomía social de manera sustancial.

Con esas prevenciones, ¿qué implica para la oposición y la sociedad civil venezolana cruzar esa puerta entreabierta? Es verdad que organizaciones sociales y algunos líderes partidistas han forzado una reconsideración sobre la participación electoral en la oposición, aún si la puerta se abre desde el Estado. El riesgo más evidente consiste en que, si los factores proclives al cambio democrático carecen de coordinación —como ha insistido la politóloga Maryhen Jiménez— y se muestran estratégicamente divididos, será más sencillo disolver a unos y a otros en su propia estructura de incentivos: a los proparticipación, en un limbo apenas mejor al que caracteriza a la oposición satélite; a los antiparticipación, en una creciente irrelevancia, que terminará llevando al mundo occidental a reconsiderar el gobierno de Caracas.

Por eso, la recomposición honesta de una plataforma procambio se hace necesaria. Decimos honesta porque no basta la ambivalencia del pretendido equilibrio entre posiciones extremas, sino un activo propósito común en un sentido u otro: desde los críticos en la sociedad civil hacia el liderazgo partidista, deponer la actitud de sospecha histórica que cobra al presente las limitaciones del antiguo Estado venezolano; desde el liderazgo de los partidos, evitar asumir toda crítica a la estrategia dominante como antipartidista y antipolítica. Y entre las diversas figuras que reclaman o aspiran la vocería, el reconocimiento de que sus condiciones actuales de credibilidad y ascendencia social son bastante precarias como para imponer condiciones unilateralmente. La causa democrática es más importante que nuestros sesgos parciales.

Componer una nueva ruta unitaria, con reglas de coordinación claras para crecer internamente y volver a crear una fuerza social y política, es la tarea inmediata desde la cual se genere una nueva idea de un país democrático y sostenible. No descontemos la amenaza ni las intenciones de un Estado en el que no se confía, pero tampoco dejemos que la política de los demócratas sea definida solo por acciones fuera de nuestro control.

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Escrito por Miguel Pastorino, filósofo, magíster en dirección de comunicación y doctorando en filosofía. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay.

Para muchos, la ética es una cuestión cosmética. Sin embargo, se trata de algo mucho más profundo, fundamental, que hace realmente la diferencia, especialmente
entre quienes tienen responsabilidad sobre el bien común.

[Lee también: Cuando no se sabe debatir, todos perdemos]

Las decisiones políticas tienen una dimensión ética que reclama un serio debate público y una reflexión conjunta. Este trabajo apunta que el nodo más problemático
de la política en nuestra época no son las cuestiones técnicas, sino los cimientos antropológicos y éticos de las sociedades democráticas.

En un cambio sociocultural de magnitudes insospechadas, aprender a vivir en la incertidumbre, pensar a largo plazo y trabajar en procesos de humanización de las
estructuras sociales se han vuelto desafíos ineludibles para la política.

[Lee también: Sin ética no hay auténtica política]

El autor realizó una presentación junto a Diálogo Político que puedes ver en este video:

Vivimos en la era de la identidad. En todo el mundo, la gente se pregunta quiénes son, a qué grupos pertenecen y qué significa la identidad para su vida comunitaria y de cara a su relación con aquellas personas que no pertenecen al grupo. América Latina no está libre de los debates sobre identidad que se están dando en todo el mundo y que interpelan a la sociedad en su conjunto.

La colección de entrevistas que aquí presentamos examina las identidades latinoamericanas en profundidad, en franco diálogo con personas conocedoras que desde dentro o fuera de la región examinan la identidad del hemisferio, sus desafíos y occidentalización. ¿Cuánto de la identidad propia de América Latina oculta a su vez otras identidades del antiguo continente?

¿Qué tan íntimamente están conectadas estas identidades latinoamericanas con la historia y el destino de Europa hoy mismo? ¿Qué papel juega Estados Unidos, geográficamente más cercano pero, debido a la tensa situación en torno al tema migratorio, aparentemente más amenazante que esperanzador?

Una investigación de Diálogo Político y la Fundación Konrad Adenauer.

La democracia liberal necesita de los partidos políticos. Son la expresión del pluralismo, son mecanismos de agrupación de intereses, son actores clave para las tareas de gobierno y oposición. La evolución que han experimentado nuestras sociedades en los últimos años no se ha visto reproducida en los partidos. Su imagen se ha deteriorado entre la ciudadanía, que cada vez participa menos de la militancia en estas organizaciones.

Uno de los grandes retos que tienen por delante los partidos políticos en América Latina, además de avanzar en la democracia interna, es el de su financiamiento. Y aquí hay dos conceptos clave: transparencia y equidad.

La fuente del financiamiento

Los partidos políticos necesitan recursos para cumplir su función en una democracia liberal. Y la democracia liberal necesita que la obtención de esos recursos se haga con la mayor transparencia posible y, además, garantizando la equidad en la participación. Es decir que, una vez llegada la campaña electoral, no haya un abismo entre los recursos con los que cuenta un partido u otro. Esto implica, por ejemplo, que el partido que gobierna no pueda aprovecharse de su posición institucional para ganar votos. A lo anterior se agrega la necesidad de que los electores ejerzan el voto informado, pudiendo acudir a las urnas sabiendo quién y cómo financia cada partido y qué repercusiones puede tener eso.

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que trabaja para exponer los sistemas y redes que habilitan y promueven la corrupción política. Lo hace a nivel internacional desde 1993, cuando fue fundada. Se trata de una de las instituciones de referencia en este campo. Delia Ferreira, presidenta de Transparencia internacional, describe la situación general de la financiación de los partidos políticos y se refiere en particular a la forma predominante en la región: «Hay países, por ejemplo como México, que tienen como regla que el financiamiento sea predominantemente público. Hay mucho financiamiento público. Eso no evita que haya financiamiento privado y que haya sido cuantioso y que haya dado lugar a escándalos, pero la regla es que el mayor bloque de financiamiento normalmente proviene de fondos públicos». Ferreira agrega que en otros países la mayoría de los recursos provienen de lo que recaudan los partidos de privados.

La aplicación de la legislación

En el caso de América Latina, la legislación sobre financiamiento se ha ido modificando, con decisiones muchas veces motivadas por distintos escándalos. «Si uno hace un paneo desde los años noventa hasta acá, yo diría que en general ha habido avances en materia de una regulación más estricta, tratando de cerrar las ventanas de oportunidad para el financiamiento ilícito o para la posibilidad de que alguien controle, a través del financiamiento, las decisiones políticas o compre decisiones políticas a futuro». La mirada de Ferreira en este aspecto es positiva. Aunque también advierte sobre otro problema en este campo. Posiblemente el más importante: «El gran problema sigue siendo el enforcement de todas esas leyes».

Según la presidenta de Transparencia Internacional, no existen países con modelos a seguir. Y no porque las cosas no funcionen bien, sino porque cada contexto es diferente: «Yo soy reacia a los modelos a seguir, porque la regulación del financiamiento depende de muchas condiciones que van más allá de la regulación del financiamiento. Tiene que ver con qué sistema electoral se aplica. Tiene que ver con el sistema de partidos que cada país tiene en su práctica política. Tiene que ver con la forma en que se hace política. Tiene que ver con el perfil institucional del país».

Según Ferreira, lo que funciona en un lugar puede fracasar en otro, y viceversa. No obstante, también sostiene que existen algunos principios y medidas rectoras a seguir que son relevantes. La obligatoriedad de que las aportaciones a los partidos se realicen a través de transacciones bancarias es una de ellas. Esto elimina los aportes en efectivo, lo cual es un avance importante en términos de transparencia.

La procedencia de los fondos

La cuestión de la eliminación del efectivo es clave en la cuestión de la trazabilidad del dinero. Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina (CIPPEC) profundiza en el caso argentino para ejemplificar la situación: «Hasta el año 2019 las alianzas y partidos podían operar 100 % en efectivo. En las elecciones legislativas de 2017, la última elección antes de la reforma de 2019, el 80 % de los aportes declarados fue no trazable». Un porcentaje que se incrementa cuando se promedia el uso de medios no trazables o en efectivo desde el 2011.

Tchintian explica que, como consecuencia de ello, las donaciones que se hacen a las campañas electorales también a los partidos políticos quedan al margen del sistema financiero. Y con esto se dificulta la prevención de cuestiones como el lavado de dinero.

Una competencia justa

Sobre la equidad como principio básico de una legislación sobre financiamiento de partidos deseable, Carolina Tchintian señala que el objetivo debe ser una competición justa, reduciendo las diferencias entre los recursos que unos candidatos y otros pueden destinar a promocionar sus ideas y sus mensajes entre los electores.

Según la experta de CIPPEC, la reglamentación del financiamiento de la política tiene como «objetivo emparejar la cancha entre oficialismos y oposiciones. No solo es la transparencia, conocer de dónde, quién es el financiador y a qué se destinan esos gastos, sino también generar un piso común, una base, en la que se pueda competir equitativamente». Y, en este sentido, Tchintian explica que los candidatos de gobierno en general tienen ventajas sobre los opositores. «Lo que hay que hacer es evitar que los partidos oficialistas inclinen aún más la cancha a su favor, por ejemplo, evitando el uso de fondos públicos con fines proselitistas», sostiene la experta.

Ciudadanía informada

Otro de los objetivos que debe perseguir la regulación de este tema es garantizar el voto informado, algo sobre lo que hace hincapié Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional: «Una cosa que no es frecuente, y no son más de cinco los países que lo tienen, en materia de transparencia, es la necesidad de que la información sobre el financiamiento de la campaña sea puesta a disposición de la ciudadanía antes de la elección». Según Ferreira, este es un principio rector en materia electoral: la información al elector.

El reporte y la publicación de aportes durante la campaña electoral es lo deseable, para garantizar ese voto informado, pero en la mayoría de los países el control se realiza una vez terminada la elección. Quienes han violado la norma reciben una sanción, pero igualmente han podido participar en la elección con más recursos de los permitidos o incumpliendo la normativa. Esto atenta también contra el principio de equidad.

¿Existen incentivos para mejorar la legislación?

El tema de la financiación de los partidos es especial, porque igual que cuando se regula el sistema electoral, los partidos aprueban reglas que les afectan a ellos directamente. Nos preguntamos qué incentivos pueden tener los partidos políticos para aprobar legislaciones más restrictivas y que avancen en los principios de transparencia y equidad. ¿Penalizan los ciudadanos a los partidos políticos que se financian de manera ilegal o que han tenido casos de corrupción relacionados con su financiación?

Manuel Alcántara, catedrático y profesor de la Universidad de Salamanca en el Área de Ciencia Política y de la Administración y miembro del Instituto de Iberoamérica de esa universidad española, nos explica que «a la gente de a pie le preocupa menos el tema de la financiación ilegal de una campaña electoral que el tema del enriquecimiento ilícito de los políticos». Según el catedrático, que el alcalde, el concejal o la senadora se hayan enriquecido o se hayan construido una casa, o hayan tenido un trato de favor, es lo que indigna profundamente a la ciudadanía. «Yo creo que eso tiene una mayor influencia en toda la opinión negativa de los ciudadanos», agrega Alcántara.

Perspectivas

Es posible que los partidos no tengan demasiados incentivos para avanzar en una mayor transparencia y equidad en la regulación de su financiación, pero para la salud de la democracia liberal es necesario despejar las dudas sobre los ingresos que reciben las organizaciones políticas, de quién los recibe y para qué los reciben. Está en juego garantizar una competición justa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Hemos visto que no basta con aprobar legislaciones restrictivas, porque el verdadero problema está en su aplicación. Y hemos aprendido también que, más allá del consenso en algunos principios rectores, cada país debe aprobar las normas que tengan mejor encaje en su contexto institucional y político.

Si los partidos políticos quieren recuperar parte de la confianza perdida, deben poner este asunto en su agenda de reformas. Eso ayudaría también a combatir los discursos populistas que niegan la necesidad de que los partidos políticos tengan acceso a financiación para cumplir su papel. Contra esa idea seguro que una mayoría se puede poner de acuerdo.

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Esta reflexión podría centrar su análisis en aspectos positivos y esperanzadores del futuro político de Chile, ya que fue un proceso electoral pacífico y trasparente como ha sido la tónica republicana en el país desde el retorno a la democracia a fines de los ochenta del siglo XX. Además, se ha dado la elección al primer proceso constituyente paritario y con cupos para representantes de pueblos originarios.

Sin embargo, luego de las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, lo incierto de lo que se avecina en Chile respecto a los resultados de las elecciones del constituyente será la capacidad de construir puentes de entendimientos entre quienes representan en causas intransables, cuya legitimidad se ampara en deudas históricas de quienes se han sentido marginados del sistema político que ha administrado el poder en el país durante las últimas décadas.

En efecto, los independientes, contra todo pronóstico y superando las barreras que el propio sistema electoral les colocaba, han sido los triunfadores junto a la lista de los sectores de izquierda (Partido Comunista y Frente Amplio), quienes cuestionan la legitimidad del sistema político y social heredado porque argumentan a que responde a las directrices del «neoliberalismo». Todo ello vaticina, por un lado, que fuerzas relevantes al interior del constituyente exigirán cambios estructurales y un cambio de «modelo de desarrollo»; por otro lado, actitudinalmente se podría esperar una especie de pasada de cuenta de los representantes de sectores que frente al orden político y social imperante en Chile se han sentido descartados. Es decir, las fuerzas políticas no institucionalizadas que encauzaron el estallido social de octubre de 2019.

En cifras, los independientes llegan a 48 escaños (fuera de pactos), es decir, de un total de 155 integrantes del constituyente suponen prácticamente un tercio de la representación, con lo cual posiblemente encuentren bastante intereses comunes con la mayoría de los representantes de los pueblos originarios (17 escaños). Ello porque poseen el mismo sentimiento de exclusión en el diseño de las políticas públicas en términos constitucionales, políticos y sociales. Cabe destacar que dentro de los independientes está la Lista del Pueblo, que alcanzó 24 escaños y encuentra allí a representantes y activistas de distintas causas sociales.

Sumada a las fuerzas de cambio está la lista de Apruebo Dignidad, compuesta por los partidos del Frente Amplio (RD, Convergencia Social, Comunes y Fuerza Común, Más PC y el Frente Regionalista Verde Social), quienes alcanzaron 28 escaños.

Los números entregados permiten dimensionar la derrota de las fuerzas moderadas o tradicionales de oposición, quienes probablemente pretenderán sumarse a las directrices de la mayoría en el constituyente con el propósito de recobrar la percepción de pertenencia a un proyecto común de mayorías. Al respecto, la lista Apruebo alcanzó sólo 25 escaños (la ex Concertación compuesta por la DC, PS, PPD, PR, más el PRO).

Sin duda, y reconocido por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, las fuerzas oficialistas han obtenido una derrota que excedió hasta el más pesimista de sus análisis, ya que estuvo lejos del tercio que se había autoimpuesto como meta para estos comicios. Las fuerzas de la lista Vamos Chile (UDI, RN, Evopolis) alcanzó solo 37 escaños.

¿Se fortalecerá el tejido social en Chile?

Si la causa primera en los niveles de conflictividad social actual en Chile es básicamente haber perdido el nosotros y crear una sociedad de consumo en vez de una de personas, posiblemente la crispación ciudadana y el descrédito no tengan necesariamente una salida a través de un cambio en el papel del Estado, sino precisamente en la creación de espacios para la comunidad. Es decir, crear las condiciones para permitir la convivencia, lo cual requiere de voluntad y confianza entre nosotros.

El cambio de época que vivimos y que se reconoce como un cambio cultural profundo, que reacciona a los efectos y consecuencias de la modernidad sustentada en el materialismo y el utilitarismo, nos abre la posibilidad de que, tras perspectivas de sostenibilidad social y medioambiental, encontremos nuevos espacios para conceptualizar el desarrollo político y social de una nación. Lo cual permita un nuevo pacto social.

El éxito en la misión del constituyente no está garantizado, serán varias las dificultades que deberán atravesar sus integrantes para conseguir un reencuentro entre los chilenos y chilenas. Posiblemente las principales demandas estarán en la mayor inclusión, participación, reconocimiento de la diversidad del país, protección del medioambiente y equidad. Todo ello demandará nuevos esfuerzos colaborativos que no serán fáciles de alcanzar, si es que cada representante hace de su tema de interés particular una causa intransable, ya que así se obstaculizará cualquier entendimiento o acuerdo.

Por otro lado, la conformación del constituyente tras las elecciones evitará que minorías partidarias implementen estrategias que busquen obstruir los acuerdos en vistas a cautelar ciertos intereses. Ante esto, se verán más forzadas a salir en búsqueda de acuerdos.

Al contrario, los independientes que posiblemente vengan a renovar a las figuras o elites políticas no son actores a los que de manera a priori se puedan atribuir intenciones de anteponer sus propios intereses al bien común, sobre todo cuando suelen sostener que sus «posiciones» representan el bien común. Si el objetivo es presentar a la ciudadanía una nueva Constitución deberán tener capacidades transaccionales.

En tal sentido, la crisis en Chile sigue en el plano institucional, mientras no se consiga exhibir una capacidad de diálogo y no se acepte que la diversidad tiene sentido si es capaz de enriquecer al todo. El requisito para ello sería aceptar el encuentro y fortalecimiento de la amistad cívica, en el sentido que sólo se ama lo que se conoce. De otro modo, el constituyente podría ser una caja de resonancia de mayores descalificaciones y atomización de la realidad social.

En consecuencia, luego de unas elecciones ejemplares (aunque haya votado solo el 41 % de la población habilitada, manteniendo el fenómeno estructural de abstención), no es razón suficiente para afirmar que estamos iniciando un proceso de reconstitución de nuestro erosionado tejido social. Sin embargo, el proceso está en movimiento y todo un pueblo espera que desde allí renazca el sentido de la política al objeto de reconstruir el nosotros.

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Alrededor de la figura de Xi Jinping, el liderazgo político chino se encuentra hoy en su momento de mayor personalización efectiva —y correspondiente culto organizado— desde la época de Mao Tse Tung. No solo en el Buró Político se abandonan las pautas y dinámicas del proceso de dirección colectiva, sino que se han recentralizado funciones civiles y militares, de gobierno y partidistas, en todo el entramado institucional. Los mecanismos sucesorios y de contrapeso intraélite, que se habían ido construyendo desde Deng Xiaoping, están hoy en cuestión. China parece encaminarse nuevamente, con todo lo que ello supone para una sociedad en modernización acelerada, a ser el reino de un solo hombre.

Justo cuando todo eso sucede, el discurso oficial chino lanza nuevos conceptos que pretenden compatibilizar dicho personalismo autocrático con la idea y praxis democrática. Cientos de miles de funcionarios, decenas de millones de militantes y más de mil millones de ciudadanos deben reverenciar, a partir de su supuesto pedigrí teórico, las ideas y discursos más normales de Xi Jinping. Partiendo de ese antecedente, comentaremos aquí algunas de sus ideas sobre la democracia, a partir del análisis de una muy promocionada selección oficial de discursos del máximo líder chino.[i] Ello suma a un creciente campo de análisis del pensamiento político de diferentes liderazgos autoritarios del orbe.[ii] Se trata de una aproximación exploratoria en el terreno de las ideas, la que debe ser ampliada para incluir la relación entre la historia personal, las estructuras políticas y el contexto sociocultural en que aterrizan aquellos conceptos del liderazgo político.

El renovado protagonismo de China en la arena internacional, en sus dimensiones económica, geopolítica y cultural, transforma ese discurso en un factor de influencia global de alcances hoy insospechados. En particular, en aquellos países donde segmentos de las élites políticas, intelectuales, empresariales y otros grupos poblacionales buscan alternativas a la democracia liberal. Pero estas ideas también deberían ser objeto de análisis y debate en nuestras sociedades abiertas, buena parte de cuyas élites y partidos nominalmente democráticos parecen tan ávidos por imitar, acríticamente, los principios y procedimientos que, creen, sustentan la resolución y gobernanza del modelo político chino.

¿Qué democracia?

El discurso de Xi Jinping sobre la democracia se inserta en un contexto histórico determinado de apertura, reforma, innovación, adaptación y modernización, dados los aprendizajes de las «dolorosas lecciones» de la Revolución cultural. Se propone hacer «las revisiones necesarias», seguir «estrechamente los pasos de la época» y adaptarse a «las nuevas exigencias», no obstante, en algún momento se llega a establecer que el objetivo es «promover de manera dinámica y prudente la reforma del régimen político». Es ilustrativa la presencia reiterada del término prudente, lo que involucra de antemano un freno o carácter limitativo del horizonte de los cambios.

En los textos revisados se aboga por una democracia consultiva en el marco del socialismo con particularidades chinas. Según Xi,«para determinar si el pueblo disfruta de derechos democráticos, hay que comprobar si quienes lo integran tienen derecho a votar en elecciones y a participar en todo momento en la vida política cotidiana. Asimismo, es vital comprobar si tienen derecho a participar en elecciones por la vía democrática y, al mismo tiempo, tomar decisiones, administrar y supervisar por esta misma vía». La democracia consultiva es definida por el líder como una «forma singular, exclusiva y original de la política democrática socialista de China y en ella «las masas populares son el punto clave de la democracia consultiva socialista». Enfatiza que «es principalmente en las bases donde se toman las decisiones y se hace el trabajo en lo referente a sus intereses».

Como se habla de democracia consultiva, vale la pena analizar el discurso que acompaña el uso del término consulta. El objetivo es pues «ampliar los canales de consulta», realizar consultas «compactas y eficientes», preguntarle, consultarle al pueblo (reglamentando sus contenidos y procedimientos), «antes de la toma de decisiones y en el curso de ejecución de estas», sobre los «problemas importantes del desarrollo socioeconómico y los problemas prácticos relacionados con los intereses vitales de las masas» y «para solucionar los problemas que el pueblo pide que se resuelvan» —siempre con un énfasis en que se realizan bajo la dirección del partido—.

En ese sentido, hay que destacar que no encontramos en estos discursos claridad respecto al significado concreto y los procedimientos de las consultas; se habla de toma de decisiones y de administrar pero, al mismo tiempo, se realza el carácter meramente consultivo. Además, se llega a indicar que el objetivo último de las consultas es «lograr, en la medida de lo posible, la uniformidad de opiniones», construir «consenso superando las diferencias» y «alcanzar un consenso». Sin embargo, no se explica el mecanismo por el cual las consultas resultarían en consenso; más bien, consultar apunta a la pluralidad de opiniones. Esto parece traducir que el límite a la pluralidad en consenso lo fijan la dirección del Estado y el Partido. De hecho, en algún punto se reconoce que de las consultas tienen que salir órdenes que obedecer.

La retórica democrática de estos dicursos sustenta la idea de incorporar «las distintas demandas y reclamos de intereses al procedimiento de la toma de decisiones»; no obstante, no se aclara el cómo; de ningún lado se extrae cómo esas opiniones recogidas en las consultas van a tener alguna influencia. En algún punto se menciona al ciberespacio como el medio para las consultas, pero no se aclaran los mecanismos, si serán vinculantes, etc.[iii] Que no se detalle la ingeniería consultiva no es gratuito: habilita a que esos postulados puedan quedar en el papel.

En ese sentido, llama la atención la forma en que se propone que las consultas exhaustivas —siempre guiadas por el Partido Comunista de China— representan la «unidad entre democracia y centralismo». Se trata de una formulación que afirma el rol de conducción del partido central, al tiempo que busca conciliar esto con una dimensión declarativamente consultiva como principio democrático. Este postulado sostendría al pueblo como protagonista manteniendo el «sistema de dirección y el principio organizativo del centralismo democrático»; en otras palabras, la idea es articular los principios de democracia popular con los de unidad y armonía. Lo informativo al respecto es que los anteriores se reconocen como principios diferentes que habría que articular de mejor manera mediante la democracia consultiva.

Por otro lado, en los textos hay un reconocimiento de la dimensión electoral de la democracia: no son pocos los momentos en donde se hace referencia a votar y a elecciones. No obstante, también se ofrece una crítica sobre la posibilidad de centrarse exclusivamente en este factor: «Si sus integrantes tienen derecho a votar, pero no a una amplia participación, solo estarán despiertos al empezar el sufragio porque cuando haya terminado estarán adormecidos. Este tipo de democracia es una democracia formalista». Empero, esta amplia participación parece estar limitada a la consulta.

Es de hacer notar, también, que la referencia a la ley es frecuente en el discurso que acompaña la discusión sobre la democracia (por ejemplo: «a fin de garantizar la democracia popular es menester reforzar el sistema legal» o las leyes «son inamovibles por encima de los cambios de dirigentes»). De cualquier modo, en toda la exposición existe claridad sobre que se está proponiendo otro concepto de democracia —desde el socialismo con particularidades chinas— ya que no existe un «criterio universalmente válido para juzgarla».

El sujeto de la democracia consultiva: pueblo y masas

Como se dijo, el pueblo muchas veces se postula como «dueño del país»; sin embargo, hay una distancia discursiva importante entre el pueblo y sus representantes, que se evidencia en frases como «beneficios para él» (es decir, pueblo como algo diferenciado y externo) y que se plantee la «participación de los representantes del pueblo», lo que significa un abandono a hablar directamente del pueblo para referirse a sus representantes. En todo caso, también es reiterado el llamado al pueblo de forma condicionada, es decir, «bajo la dirección del Partido Comunista de China».

En el mismo sentido, muchas veces se deja de mencionar al pueblo para hablar de las masas, una elección discursiva no gratuita porque permite realzar la necesidad de moldearlas y dirigirlas. Lo anterior se refleja en fragmentos como «participación ordenada de las masas», «estrechar los vínculos entre el partido y las masas populares» y «autogobierno de las masas en las instancias de base». En todo caso, el rol conductor del partido siempre se afirma «como núcleo dirigente en el dominio de la situación general».

Es importante destacar que en el discurso se busca asentar la legitimidad tecnocrática, además de ideológica, de la toma decisiones; incorporando el agregado de las consultas, estas tributan una «toma científica de decisiones». Desde este punto de vista, se menciona, sobre los internautas que participen en las consultas, que «obviamente no podemos exigir que todos tengan razón en las diferentes cuestiones». El énfasis en la idea de que el pueblo se puede equivocar permite justificar que aquello que no sea tomado en cuenta remite a una racionalidad científica superior del partido —en realidad, de su liderazgo—, que le otorga la legitimidad de rechazar opiniones.

Lo que se privilegia

Los posicionamientos en los textos revisados permiten identificar aquellos valores, metas, ideales o principios que tienen un signo positivo en el discurso, una dimensión clave en el análisis de este. Así, se sostiene que el «desarrollo de la democracia socialista y el perfeccionamiento de la legalidad socialista se convirtieron en un principio básico inamovible del Partido y el Estado», temas que fueron abordados arriba junto con las implicaciones de este centralismo democrático. Sin embargo, llama la atención que se proponga como meta la integración orgánica entre el partido y el pueblo, debido a que el supuesto es que en la práctica no están tan integrados; por lo que sería un objetivo a conseguir.

Otra de las metas que se destaca es «el desarrollo sostenido y saludable de la economía, la duplicación del PIB y el ingreso per cápita de los habitantes urbanos y rurales respecto a 2010», lo que evidencia la primacía de objetivos de carácter económico frente a los supuestos logros democráticos. Estos pasan a tener un carácter instrumental —subordinados a metas no políticas, definidas desde el poder— antes que ser, en sí mismos, procesos plurales de socialización y participación ciudadanos en el autogobierno colectivo. Lo anterior va de la mano con que se valore la «materialización de la prosperidad, el desarrollo y la paz y el orden duraderos del Partido y el Estado». En esa línea, llama la atención que partido y Estado se presentan al mismo nivel y que el orden se postule con el mismo peso que prosperidad, desarrollo y paz.

En otro momento se plantea la consolidación de «la unidad, la vivacidad y el dinamismo, la estabilidad y la armonía», una formulación bastante confusa debido a que armonía y estabilidad apuntan a un sentido contrario a vivacidad y dinamismo. De hecho, en varios momentos se recurre al término vitalidad sin aclarar bien a qué hace referencia, sobre todo, si se toman en cuenta tensiones discursivas como la mencionada anteriormente y como la que se aprecia en la frase «la vivacidad, la estabilidad y la unidad». Empero, el énfasis parece estar en los últimos dos principios como denota el siguiente ejemplo: «unidad siempre primero ante la heterogeneidad étnica y de intereses». Desde ese punto de vista, los llamados a unificar atraviesan todo el texto.

Por último, es llamativo que se posicione como meta una «sociedad modestamente acomodada» y una «sociedad ahorradora de recursos», debido a que son limitativos que contrastan con que «el pueblo sea el dueño del país», como se menciona en varias oportunidades.

Lo que se sanciona

Con el apartado anterior en cuenta, se puede concluir el análisis del discurso explicitando aquello que es valorado negativamente en el texto analizado, en otras palabras, lo que se sanciona en el discurso. En primer lugar, se mencionan «imperfecciones» y «ciertas fisuras» a corregir. En esa línea, es ilustrativo que no sean errores, fallas, y que se hable de ciertas, lo que resulta en una flexibilización del tono cuando se trata de hacer referencia a lo que se ha hecho mal.

Igualmente, no es gratuito que un discurso que glorifica la unidad contemple a las divergencias internas con una valoración negativa que atraviesa todo el texto. Más aún, «el mal del aferramiento de las diferentes fuerzas políticas a sus opiniones» es aquello que la democracia consultiva viene a solucionar.

Por último, resulta particularmente grave que se proponga «dar al traste cuanto antes con la ambigüedad, el rencor y los agravios, y guiar y corregir inmediatamente las concepciones erróneas», debido a que da pie a que todas las opiniones incómodas recogidas en la consulta (en caso de haber) sean medidas con la misma vara, esto es, deslegitimadas: exigencias ambiguas, llenas de rencor.

Este último punto, junto con lo revisado hasta ahora sobre las metas de construir consenso, unificar y que el partido conduzca ordenadamente la participación de (los representantes de) las masas, habilitan a pensar que estas propuestas de reforma del socialismo con particularidades chinas logren la integración orgánica entre el partido y el pueblo (o las masas) mediante este dar al traste y la corrección de las concepciones erróneas. En otras palabras, las llamadas de apertura podrían ser funcionales para una clausura mayor.

A modo de conclusión

Votar, participar, consultar, administrar y supervisar son todos procesos políticos de un indudable pedigrí potencialmente democrático; aunque en todos los casos son compatibles con estructuras y procesos autocráticos bien institucionalizados. Pero los adjetivos «en todo momento» y «democrático» sí aluden a una visión distinta, relacionada con el autogobierno colectivo, la influencia sobre las autoridades y la imposibilidad en que estas definan, ex ante y desde arriba, la agenda de lo discutible.

Y es ahí donde deberíamos comprobar si la naturaleza del sistema político chino —con un partido leninista, que excluye la competencia, el pluralismo y la exigencia ciudadana de la rendición de cuentas a sus máximas autoridades— permite realizar tan altas metas del discurso democrático de Xi Jinping. Pues ni siquiera la contestación limitada que vemos en los sistemas ruso, húngaro, venezolano o iraní —todos regímenes autocráticos con buenas relaciones con el chino— es admisible para el modelo de Beijing. En ese sentido, entre la retórica formal del líder chino y las realizaciones prácticas de su régimen hay un amplio trecho.

El déficit no remite aquí a problemas teóricos o empíricos de una visión particular, otra, de democracia, supuestamente atenta a las especificidades históricas, culturales o étnicas de una nación milenaria. Sino a la ausencia y distorsión de los elementos básicos de la democracia —como régimen político, movimiento social, proceso histórico y modo de vida— reconstruidos y compartidos por la humanidad —y no solamente por eso que llamamos Occidente— en sus diversas etapas de desarrollo. No es pues un asunto de grado y contexto, sino de vacío y cualidad.

Notas:

[i] Me refiero a la obra La gobernación y administración de China (tomos 1 y 2), publicada por Ediciones en Lenguas Extranjeras, en Beijing. Fueron revisadas las referencias a la democracia consultiva (pp. 103 y 104 del t. 1, pp. 369-370 del t. 2) y la democracia popular (pp. 22, 49, 170, 173 y 175 del t. 1, pp. 367-369 del t. 2). Además, se revisaron las concepciones sobre la democracia socialista (pp. 46, 359. 363-365 del t. 2) y la democracia consultiva socialista (pp. 366-367, 370, 373) presentada esta última como forma específica del modelo político chino. Agradezco el apoyo de los estudiantes Brianda Berenice Hernández y Cristian Delgado, así cómo del colega Carlos Torrealba, en el proceso de revisión y procesamiento de la información. También los intercambios con colegas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, en el marco del programa Chinese Politics: China and Political Science, en el que participé la pasada primavera.

[ii] Ver al respecto aproximaciones a Vladimir Putin y Viktor Orban.

[iii] En este particular, Xi Jinping señala «Como la mayoría de los internautas son gente común y corriente que proviene de todos los rincones del país, con distintas experiencias de vida, puntos de vista e ideas, obviamente no podemos exigir que todos tengan razón en las diferentes cuestiones. Debemos ser tolerantes y pacientes, asimilar sin demora las sugerencias constructivas, ayudar de inmediato a los que estén en dificultades, difundir y explicar oportunamente aquellos temas que no estén claros, dar al traste cuanto antes con la ambigüedad, el rencor y los agravios, y guiar y corregir inmediatamente las concepciones erróneas» (t. 2, p. 420).

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La gestión migratoria del presidente estadounidense Joe Biden convierte en una máxima la célebre frase de que «la política es el arte de lo posible».

Desde que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, ha puesto su firma en una decena de órdenes ejecutivas y en un ambicioso proyecto de ley integral migratoria para intentar remover una molesta piedra en el zapato de todos los presidentes estadounidenses de la historia reciente, y que las políticas públicas de Donald Trump hicieron levantar ampollas.

Nadie puede poner en duda sus desvelos por honrar sus compromisos de campaña, que explican que le sonrían los estudios de opinión pública que miden su popularidad.

En los trabajos periodísticos de verificación de los diarios más influyentes de Estados Unidos, Biden recibió buena nota en casi todo, especialmente en sus planes roosvelianos, en línea con sus anuncios en campaña electoral, aunque queda mucho trecho por recorrer.

Es una calificación justa si nos guiamos por el avance de su plan de gobierno en general, pero no refleja con exactitud el cumplimiento de su política migratoria, que ha enfrentado escollos por la discusión del tema en el Congreso y por las conductas de las poblaciones que anhelan ingresar a Estados Unidos a como dé lugar.

Sin ignorar la vocación humanista del presidente y el avance que supone la anulación de las prohibiciones de viajes desde países de mayoría musulmana dispuesta por la administración Trump, en el tema migratorio hay todavía más incertidumbre que certeza.

El proyecto para crear un camino hacia la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, una promesa de campaña cristalizada en una iniciativa legal enviada al Congreso rápidamente, ha sido desmembrada en la Cámara de Representantes, retrasando su tratamiento y eventual aprobación. Por un lado, una propuesta para los jóvenes migrantes sin papeles; por otro, el estatus legal a los trabajadores extranjeros ilegales que trabajan en tareas del campo.

Y es el capítulo de los refugiados donde existen más dudas en relación con los generosos anuncios de Biden de aumentar las admisiones anuales a 125.000 a partir del próximo año fiscal que comienza en octubre de 2021, e incluso llevarlas a 62.500 durante un periodo de transición hasta el próximo mes de septiembre.

El pasado 16 de abril, su administración informó que se mantenía el límite de 15.000 establecido por el gobierno de Trump, pero inmediatamente hubo una marcha atrás por las fuertes críticas de aliados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que había sido producto de «cierta confusión» y aseguró que este mes se anunciará un nuevo tope, aunque es «poco probable» que se confirme el techo de 62.500, como dijo Biden en febrero.

Las buenas intenciones pueden chocar con una realidad que suele ser compleja, y mucho más en un asunto de mil caras como el de los migrantes y refugiados que es imposible resolver de un santiamén. Como muestra la historia reciente de Estados Unidos, incluso de Europa Occidental, es un fenómeno que traspasa hasta los mejores planes regulatorios.

Efectos de un enfoque más generoso

La nueva política del presidente demócrata no solo enfrenta el desafío de las internas del Congreso, sino también el nuevo flujo migratorio en movimiento en la frontera del sur del país, que desvía la atención de la agenda de acogida que promueve Biden.

La mano tendida a los migrantes de algún modo alentó la llegada de extranjeros que empezaron nuevamente a agolparse en la frontera, especialmente niños o adolescentes sin compañía, con la intención de reencontrarse con sus progenitores o familiares.

Según datos oficiales de abril, hubo una reducción del número de familias y niños no acompañados, con la intención de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, la primera vez en cinco meses, pero no así en adultos solteros.

No obstante, a fines de abril había más de 20.000 adolescentes o niños viviendo en refugios acondicionados por las autoridades; en esos albergues de acogida no había suficientes cuidadores infantiles ni trabajadores sociales, que cumplen una tarea importante en la evaluación de los casos, en el camino hacia la reunificación familiar.

Como escribió Fareed Zakaria en The Washington Post, el «enfoque más generoso de la inmigración» contribuyó al aumento de migrantes, que ahora tienen más expectativas de poder ingresar a Estados Unidos, la mayoría de ellos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que huyen de la pobreza y la violencia sistémica.

Y es un hecho más dramático en Estados Unidos pues, al derogarse restricciones de la época de Trump, las barreras en México ahora están en suelo estadounidense.

Expertos en migraciones o demografía advierten que el auge en este momento de las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México podría ser un presagio de un aumento del ingreso de población inmigrante ilegal.

Un estudio reciente de la agencia Bloomberg sobre diferentes indicadores de movimientos migratorios es revelador de las consecuencias de las políticas restrictivas de la época de Trump. Hubo una baja de la inmigración ilegal, un aumento de la denegación de asilo y menos refugiados admitidos.

La crisis en la frontera sur podría ser la punta del iceberg del impacto que podrían tener las intenciones de apertura de Biden y que empiecen a moverse las agujas de esos diferentes indicadores de migrantes.

El retorno de una vieja política

Otra inquietud está emergiendo con la decisión de la administración de Biden de retomar los programas de ayuda a los países del Triángulo Norte con la conducción de la vicepresidenta Kamala Harris.

De claras buenas intenciones, pero quizás estropeadas por un diseño paternalista, se quiere retomar programas de ayuda a países de Centroamérica con la meta de crear más estabilidad económica y política en la región.

Se cree que esas viejas recetas de ayuda para la mejora de las condiciones de vida contribuirán a reducir los flujos migratorios en la frontera del sur de Estados Unidos.

Pero la realidad ha mostrado la falta de efectividad de ese tipo de iniciativa cuando los recursos se vuelcan en países con problemas sustanciales de gobernanza y de funcionamiento de las instituciones, y liderazgos políticos renuentes o sin voluntad para encarar las reformas que contribuirían a una mejor performance de los programas de asistencia extranjera.

Un artículo reciente de The Washington Post refuerza el escepticismo con un argumento muy potente: «Los líderes de los tres países (centroamericanos) enfrentan acusaciones de corrupción o han tomado acciones antidemocráticas que han alimentado la inestabilidad política».

Las políticas migratorias más hospitalarias de Biden han quedado amarradas a los juegos de la política interna y a dinámicas migratorias de las que no tiene ningún control.

Un presidente sensible a la situación de los migrantes, que aspira a recuperar valores históricos del país —que forman parte de la identidad de la nación—, debería insistir en las bondades de su ambicioso plan de acogida. Este significa un reconocimiento de las injusticias que sufren los indocumentados, que también son responsables de poner en movimiento al país.

Una audacia similar a la que muestra con su ambicioso proyecto económico y social, inspirado en una muletilla del político gallego Manuel Fraga Iribarne (1922-2012): «La política es el arte de lo posible; para lograrlo hay que intentar muchas veces lo imposible».

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La vida da muchas vueltas, y si en algún sitio esto se comprueba con claridad es en la política. Cuando todo eran duelos y quebrantos, y después de mucho tiempo lanzando balones fuera, el Partido Popular español ha sabido labrarse una importante victoria en Madrid que, por diversas razones, podría tener repercusiones que van más allá de su circunscripción electoral. Dicha victoria no solo le permite al Partido Popular (PP) recuperar terreno, sino que además le ayuda a reencontrarse con los valores que, en sus mejores tiempos, lo llevaron a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales.

En esas muchas vueltas que da la vida, ha querido el destino que en esta ocasión el hat trick no lo marcase el delantero centro, ni el 10 del equipo, sino una currante que venía subiendo y bajando la banda sin descanso, recuperando balones y jugando al ataque. En cuanto a sus adversarios, no es que no la hayan visto venir, porque marcajes ha tenido de sobra. El ministro Ábalos, número 3 del PSOE y muy cuestionado por haberse reunido en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la ha perseguido por toda la cancha. En Unidas Podemos, por su parte, varios intentaron meter la pierna. Y hasta Tezanos, el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), le fue a los tobillos en una acción que el VAR hubiera tenido que pitar como penalti, si no fuera porque al final la victoria fue por goleada.

Vistas las cosas en perspectiva, han sido justamente las dificultades las que ayudaron a Isabel Díaz Ayuso a convertirse súbitamente en un fenómeno electoral. Los obstáculos han resultado ideales para hacer brillar su estilo de juego frontal y directo, que se prodiga en paredes y prescinde de regates. Entrega, disciplina y voluntad de trabajo le fueron abriendo el camino desde el 2005, cuando comenzó su trabajo político en Nuevas Generaciones del PP, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Y así fue ascendiendo hasta que su amigo de muchos años, Pablo Casado, resultó electo presidente del partido en 2018 y decidió nombrarla en 2019 cabeza de lista por Madrid. A pesar de encabezar la segunda opción más votada, pudo entonces armar gobierno con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

Pero en 2020 la pandemia del covid-19 llegó a España. Y en ese contexto, empeorado por la descomunal tormenta Filomena en enero de 2021, Díaz Ayuso (más conocida como Ayuso por los españoles, dada su tendencia a llamar a alguien por su segundo apellido cuando el primero es común) protagonizó cada vez más encontronazos con el gobierno nacional de Pedro Sánchez a raíz de sus distintos modos de afrontar la crisis sanitaria. Procurando siempre adelantarse a la crisis, y bajo la premisa de que salud y economía no eran objetivos contrapuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid se anotó importantes aciertos y acrecentó notablemente su perfil público.

No obstante, pintaban bastos para el PP tras la debacle electoral en Cataluña (febrero 2021) y el posterior pacto con el PSOE que en Murcia protagonizaron tres diputados tránsfugas de un partido en crisis como Ciudadanos (marzo 2021). Los populares entendieron que la cabeza de Ayuso en Madrid corría peligro ante la posibilidad de una maniobra similar, y ella contratacó con una convocatoria anticipada a elecciones autonómicas. En el fondo, la campaña ya estaba hecha y se trataba solamente de seguir haciendo lo mismo que hasta entonces: comunicar ideas simples sobre la base de valores claros, resaltando las virtudes del modelo de gobierno madrileño, liberal y cosmopolita, y confrontando siempre a Sánchez, más que a sus rivales directos.

Los resultados han superado las mayores expectativas del PP, a pesar de que todos los sondeos —salvo los del CIS— le auguraran previamente una holgada victoria. Por un lado, con 65 escaños obtenidos —a solo cuatro de la mayoría absoluta—, a Ayuso le basta ahora con la abstención de los parlamentarios de Vox para gobernar en solitario. No solo ha superado la suma de los tres partidos de izquierda, sino que el resultado ha dejado sin representación en Madrid al dudoso socio en el que se había convertido Ciudadanos. Esta victoria marca así, de paso, una senda más clara hacia una eventual reunificación de la centroderecha.

Por otro lado, en la acera opuesta emerge una fractura importante que reclama cambios de timón. El electorado de izquierdas en Madrid, visiblemente desilusionado con la gestión nacional del PSOE, otorgó un notable apoyo a la nueva plataforma de Más Madrid, cuya candidata Mónica García hizo un digno esfuerzo por presentar una imagen alternativa, la cual rindió sus frutos al cosechar más votos que los socialistas. El varapalo mayor, no obstante, se lo lleva el partido de Pablo Iglesias, a quien su famoso casoplón en Galapagar y demás excesos le han restado mucha credibilidad ante el madrileño de a pie.

Es cierto que el líder de Unidas Podemos se había hecho incómodo hasta para la Unión Europea, aliada con el PP español para contener el separatismo catalán, unos presupuestos desorbitados y una peligrosa reforma judicial. Se rumora incluso que la cabeza de Iglesias era el precio pedido en Bruselas para facilitar el apoyo económico europeo en tiempos de pandemia. Y aunque competir por la Comunidad de Madrid bien pudo haber sido la salida más honrosa entre las que estaban disponibles, la derrota en las urnas compromete su futuro político de modo importante. Por ahora, Iglesias ha decidido dejar sus cargos públicos y retornar a los medios de comunicación, donde ha sabido mostrarse más eficaz que en el Congreso.

El balance a posteriori demuestra que el triunfo del pasado 4 de mayo el PP se lo debe principalmente a Ayuso. No lo dudan ni tirios ni troyanos. Sin aspavientos feministas o proletarios, apostando decididamente por una propuesta liberal y apenas con la dosis justa de mercadeo político, su candidatura ha convencido a casi el 45 % de los madrileños, mientras que por ejemplo Iglesias alcanzó poco más del 7 %. Tal como señalaba ante El Líbero la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, su compañera de partido, la victoria de Ayuso se fundamenta en la clara defensa de sus ideas y valores, sin ceder terreno a los complejos. De ahí que medios tan influyentes como el Financial Times vean en la presidenta de Madrid un modelo a seguir para la centroderecha europea. Y aunque ciertamente la aplicabilidad de este discurso en las demás comunidades autónomas —e incluso fuera del ámbito español, como algunos imaginan— no debe darse ni remotamente por descontada, de momento representa una señal muy importante a favor de la preservación del actual orden constitucional en España. ¿Tomará nota de ello el presidente Sánchez?

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La pandemia del nuevo coronavirus ha trastornado nuestro modo de vivir y de convivir. También ha trastocado las agendas gubernamentales y las metodologías de diseño y gestión de políticas públicas. En oposición a lo que muchos sostienen, lejos de contradecir lo que venimos sosteniendo desde el humanismo cristiano, la pandemia ha ratificado los contenidos centrales de nuestro marco teórico y metodológico.

La confianza ciudadana sigue siendo el tesoro de las democracias. En América Latina, esa confianza se ha perdido. El apoyo a la democracia atraviesa una crisis que podría ser terminal. Mucho más alarmante es la insatisfacción con la democracia. Apenas el 48% de apoyo y el 24% de satisfacción (Latinobarómetro, 2018). Nada hace presumir que la pandemia haya mejorado esos números, todo lo contrario.

En el libro Innovación política, he planteado que «la desconfianza ciudadana constituye una de las resultantes del péndulo entre el neoliberalismo y el populismo. Los países latinoamericanos han oscilado de un extremo a otro, sin solución de continuidad». Así, los defectos de las políticas neoliberales dan lugar a los populistas y, a su vez, los excesos de las políticas populistas dan lugar a los neoliberales.

La crítica al neoliberalismo no va en contra de la economía de mercado. En rigor, esta admite dos enfoques diferentes: la economía liberal y la economía social de mercado. En lo personal, critico a la primera y adhiero a la segunda. Una cosa es defender las libertades políticas y económicas, propio de lo liberal, y otra cosa es despreciar el bienestar general y el rol del Estado social de derecho, un vicio neoliberal.

La crítica al populismo no va en contra de la noción de pueblo. En rigor, esta admite dos enfoques diferentes: el pueblo como masa uniforme y como comunidad organizada. Personalmente, rechazo la primera y adhiero a la segunda. Una cosa es gobernar para las grandes mayorías, propio de lo popular, y otra cosa es menospreciar la iniciativa privada y el rol del mercado capitalista de bienes y servicios, un vicio populista.

La pandemia ha mostrado que el neoliberalismo es parte del problema y que el populismo no es parte de la solución. La salida es doble. Necesitamos que los neoliberales vuelvan a ser más liberales y menos antipopulares. A la vez, necesitamos que los populistas vuelvan a ser más populares y menos antiliberales. Esa es la gran tarea del humanismo político. Buscar coincidencias entre las diferencias y, así, recuperar la confianza perdida.

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Tras dos semanas de marchas, saqueos, bloqueos y caos en algunas ciudades de Colombia, así como denuncias de represión policial, la crisis institucional que empezó con una protesta contra la reforma tributaria parece no tener salidas claras.

Colombia lleva dos semanas convulsionada: marchas masivas, saqueos, bloqueos y caos en algunas ciudades, incluyendo las capitales como Bogotá, Cali y Medellín, así como denuncias de represión policial y de ataques de civiles armados a las personas que protestan y a la misma policía.

El punto más álgido de estos días de tensión se vivió el domingo en Cali, la tercera ciudad del país y donde se han concentrado la mayoría de los bloqueos, movilizaciones y hechos de violencia. Miembros de la comunidad indígena nasa, que participan en el movimiento del paro nacional y apoyan los puntos de bloqueos de la ciudad, así como de las poblaciones vecinas, se enfrentaron con personas de los exclusivos sectores de Pance y Ciudad Jardín que les cerraron el paso para exigir que se desbloqueara la zona.

Enfrentamientos

La tensión llegó al punto de que algunas personas del sector, armadas con pistolas e incluso armas largas, dispararon contra los miembros de la Guardia Indígena, mientras estos se defendían con machetes y piedras. Ocho indígenas nasa resultaron heridos, mientras la comunidad de esta zona denuncia que varios de sus carros fueron destruidos y uno de ellos quemado.

¿Cómo llegó Colombia a este punto de violencia en lo que inició como una manifestación pacífica? La crisis se desató a partir del pasado 28 de abril cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de diversas ciudades, incluyendo las principales capitales, para protestar. El motivo principal, que unió a personas de diferentes estratos económicos y vertientes políticas, fue la reforma tributaria.

María Alejandra Arboleda, consultora y profesora de Comunicación Política y Opinión Pública, dice que se debe tener en cuenta el pasado de un país que quedó dividido con el plebiscito del proceso de paz en el que ganó el No. «Una desconexión de Duque tanto con sus electores, a quienes les prometió seguridad, como con quienes no votaron por él, que piden el cumplimiento de los acuerdos de paz. La desconexión afecta la confianza y la relación de sus ciudadanos con sus instituciones. Y súmele el aumento de desigualdad, relacionado con la pandemia».

Una respuesta tardía

Dos semanas atrás, el gobierno de Iván Duque había presentado un paquete de medidas económicas ante el Congreso con el que buscaba recaudar 25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares). El proyecto de reforma fue criticado por las medidas que afectaban a la clase media, en un país golpeado económicamente tras un año de pandemia.

Ante las marchas y los disturbios en varias ciudades, que incluían denuncias de personas muertas en medio de la respuesta policial, Duque anunció el 2 de mayo pasado que retiraba la reforma. Luego renunció su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero avanzó la bola de nieve de un estallido social, con algunas similitudes con lo ocurrido en Chile pero muchas diferencias, en el contexto de un país con un conflicto armado aún vivo y un proceso de paz.

La caída de la reforma no paró las protestas. El comité del paro, en el que se reúnen las organizaciones sociales y sindicales del paro nacional del 2019, ya habían ampliado sus peticiones a siete puntos, entre ellos, el retiro del proyecto de ley 010 de salud, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y detener las fumigaciones con glifosato.

Pero si las decisiones de Duque frente a la reforma tributaria también tardaron, su respuesta a la violencia también lo hizo. Luego de los llamados del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y de miembros de su bancada del Centro Democrático, llegó a Cali en la madrugada del lunes para dirigir un consejo de seguridad.

Duque se había centrado en realizar reuniones en la Casa de Nariño con actores políticos y con los presidentes de las altas cortes. Como lo explicó el portal La Silla Vacía en un análisis: «en el fondo es un ejercicio que se asemeja a su fallida Conversación Nacional de 2019: la agenda de temas se impuso desde Palacio y todas las reuniones son en Bogotá. Con un tema neurálgico adicional, la nueva reforma tributaria está siendo manejada desde dos frentes: la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, bajo el designado ministro José Manuel Restrepo».

Una respuesta militar y policial

Hasta ahora el discurso de Duque ha sido en su mayoría el de una salida de represión. El lunes le dio la orden de un mayor despliegue militar a su ministro de Defensa, Diego Molano, quien hace presencia en Cali. Un anuncio a tono con los mensajes que el expresidente Álvaro Uribe ha difundido en redes sociales.

De acuerdo con un informe de Dejusticia acerca de la crisis, «Duque ha acudido a narrativas estigmatizadoras de los manifestantes, refiriéndose a ellos como vándalos y denunciando supuestos vínculos entre manifestantes y grupos armados ilegales […]. El gobierno ha dejado claro su respaldo al trabajo de la policía, no ha rechazado los casos de uso excesivo de la fuerza y, más recientemente, los ha justificado. La Fiscalía General de la Nación, por otro lado, no ha abierto las investigaciones respectivas por los abusos y vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Solo se han referido al vandalismo». Carlos Manrique, profesor de Filosofía de la Universidad de los Andes, y experto en movilizaciones sociales, asegura que el discurso de estigmatización a la marcha social y de simplificación en infiltraciones del ELN o disidencias ha sido sistemática. «Fue usado por Juan Manuel Santos en “el tal paro no existe” (paro agrario de 2013), lo utilizó Uribe en sus dos gobiernos y ahora Duque. Es un libreto calcado, que se ha intensificado. Este gobierno está capturado por una ideología del enemigo interno».

En Chile, en las marchas que empezaron como una protesta estudiantil por el aumento del pasaje del metro, inicialmente el discurso del presidente Sebastián Piñera fue similar, pero se llegó a un acuerdo en el que se logró convocar al plebiscito para una nueva constitución.

En Colombia, la diferencia es un contexto en el que se suman protesta y movilización social, pero en el marco de un conflicto armado que todavía existe y con unos actores que buscan incidir para aumentar el caos. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha denunciado infiltración de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para sembrar más caos.

El comité del paro no tiene el control

Y es ese consenso de varios sectores el que aún no se ve en Colombia. Al comparar el estallido social de este paro, existen varias diferencias. Una de ellas radica en que comité del paro no ha tenido el control de lo que está pasando en varias de las ciudades. En Cali, por ejemplo, son múltiples actores, entre los que se encuentran movimientos de jóvenes, los que están realizando los bloqueos. No hay una cabeza visible con la que negociar. El único liderazgo identificado formalmente es el de los miembros de la minga indígena, que apoyan el paro.

En Cali es donde más se ha reflejado esa falta de liderazgos claros, a lo que se suma una mala imagen del alcalde de la ciudad, por denuncias de corrupción durante la pandemia. Este vacío de poder llevó a lo que algunos han llamado una miniguerra civil en una de las entradas de la ciudad.

Pero también es necesario entender que en esta ciudad se cruzan varios caminos: una historia de narcotráfico y violencia, pandillas en algunas zonas, una alta polarización y un aumento de la pobreza por la pandemia.

Desinformación y fragmentos de la realidad transmitidos por redes

En esta época de redes sociales, otro de los puntos que ha marcado el paro es el papel de las redes sociales. Por un lado, han permitido que se denuncie, incluso en vivo, la represión policial. Pilar Saenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad K+LAB, de la Fundación Karisma, explica en un artículo publicado en Razón Pública: «La ciudadanía es quien cubre las protestas por medio de los omnipresentes celulares. Además, se ha transmitido en tiempo real aprovechando la conectividad que existe en las ciudades. Esto es algo novedoso en este país, donde las protestas prolongadas ocurrían más en zonas rurales, donde la brecha de conectividad sigue siendo abismal. La protesta ahora se ve a través de los «en vivo» de Instagram, se analiza trino a trino en Twitter, se organiza en publicaciones de Facebook y es creativa en TikTok».

Sin embargo, también esto ha desbordado a la ciudadanía de videos y mensajes. La gran cantidad de desinformaciones con videos y fotos falsas o que no se relacionan con las protestas actuales y montajes han ayudado a la polarización que se vive, representada en un clima de miedo y zozobra.

Se debe recordar las desinformaciones que circularon el 21N en Cali y el 22N en Bogotá, durante el paro nacional, que llevó a que miles de personas de conjuntos residenciales se armaran con cuchillos, palos e incluso armas de fuego para esperar a los supuestos vándalos que estaban saqueando las unidades. Un clima de terror que se replica en el actual paro como una amenaza.

El diálogo, una salida

Solamente hasta el martes 11 de mayo se empezó a ver una salida a esta crisis, con la visita del presidente Duque a Cali. Aunque el lunes se había sentado a negociar con el Comité del Paro, con su presencia en la capital del Valle del Cauca intentó darle tranquilidad a las personas que se quejaban por su falta de liderazgo en esta crisis. Además, con el anuncio de matrícula gratuita para los estudiantes de educación superior pública de estratos 1, 2 y 3 buscó conciliar las peticiones de los jóvenes.

Los diálogos citados por el presidente Duque habían sido reuniones en la Casa de Nariño, con congresistas, políticos y otros actores, pero no con los líderes de las personas que están en las calles. Aunque, como ya lo dijimos, en este paro 2021 se mezclan diversos actores. Por eso, en esta crisis ha sido tan importante la mediación de actores sociales, como la Iglesia, que en varias ciudades ha liderado las conversaciones para permitir corredores humanitarios para el ingreso de medicamentos, comida y gasolina.

Varios analistas consultados coincidían en la necesidad de negociar con el paro nacional pero también escuchar las agendas locales de los manifestantes que no están alineados con el movimiento nacional.

María Alejandra Arboleda asegura que la salida de esta crisis también depende de recuperar la confianza en las instituciones y gobernantes, no solo nacionales sino locales. «Aumentar el acceso a la información, comunicar el plan de los gobernantes, porque es importante tener líderes con planes de acción. Porque, en medio de lo que se está viviendo, las personas, y no solo quienes están protestando en su legítimo derecho, sino el resto de personas afectadas por los bloqueos, deben tener claro que los líderes tienen un plan de acción», dice.

Así que será en los próximos días en los que se podrá determinar si el viraje al diálogo dado por Duque desactivará el estallido de protestas y violencia en el país.

Un informe en idioma alemán sobre la actual coyuntura de Colombia, a cargo de Stefan Reith, director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer, puede leerse aquí.

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Ganar una elección, en diez episodios
Nuevo DP Podcast recorre las etapas de una campaña electoral

Imagínate que te designaron jefe de una campana electoral. Tienes oficina, equipo y presupuesto. Lo que no tienes es experiencia en cómo dirigir una campana electoral. La necesitas aquí y ahora. Podemos ayudarte.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer producido por MAS Consulting, en el que abordaremos distintos temas sobre comunicación política para campañas electorales: la investigación electoral, la construcción del mensaje, el discurso político y más.

Para ello hemos recabado la opinión y el consejo de los mejores y más experimentados profesionales del mercado electoral: profesores universitarios, expertos en relaciones públicas, analistas de datos, creativos publicitarios, escritores de discursos, jefes de prensa, directores de campaña y más. Con toda su experiencia, hemos construido un itinerario a lo largo de diez episodios con lecciones breves, amenas y profundas que están pensadas para que alcances el éxito en la misión encomendada.

Contamos con la amplia experiencia de MAS Consulting, empresa de consultoría internacional radicada en España, con experiencia en cientos de campañas electorales en Europa y América. Esperamos que este nuevo proyecto de DP Podcast sea útil para ubicarse bien en este mundo fascinante que son las campañas electorales. Ciertamente, en la política, la comunicación no es todo. Pero sin comunicación no se puede transformar la política.

En el primer episodio de En Campaña abordamos la investigación electoral. En una campaña, lo primero que hay que preguntarse es ¿quiénes son, cómo piensan y dónde están los votantes? Para responder estas preguntas contamos con la participación de Miguel de la Fuente, director de investigación y análisis de Sigma Dos, la principal empresa de estudios de mercado y demoscopia en España, y María José Canel, catedrática de Comunicación Política y Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid, ambos con una acreditada experiencia en la materia.

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Episodio 1: Investigación electoral

El papel de la investigación en campaña electoral es crucial. Conocer en profundidad al votante es uno de los primeros pasos, ya que nos ayudará a construir con éxito toda nuestra campaña.

Episodio 2: La planificación de la campaña electoral

Tras investigar quiénes son los votantes, dónde están y cómo piensan, ahora corresponde salir en su búsqueda. Pero antes, sentémonos a pensar cómo los vamos a convencer, con qué mensajes, a través de qué formatos, por medio de qué portavoces…

Episodio 3: Estrategia

De nada sirve hacer investigación y planificación electoral si los datos obtenidos no los aplicamos a la consecución del voto. Como todo en campaña, esto tampoco lo podemos hacer a ciegas, sino siguiendo una pauta.

Episodio 4: La construcción del mensaje

Ya lo sabemos todo del votante. ¿Y ahora que les ofrecemos? ¿Promesas genéricas o específicas? ¿Muchas o pocas? ¿Y qué tono adoptamos? ¿Triunfal, apocalíptico, de perfil bajo, a la ofensiva…?

Episodio 5: La importancia de las redes sociales en campaña

Las redes sociales han supuesto en las campañas electorales lo que la televisión en su día: un antes y un después. Y también un punto de no retorno en el sentido de que es impensable hacer campaña sin estar en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, incluso Tik Tok.

Episodio 6: Publicidad electoral

¿Son suficientes las redes sociales para llegar al votante? ¿O seguimos necesitando los medios tradicionales de publicidad? Anuncios en prensa, radio y televisión, cartelería callejera, puestos informativos…

Episodio 7: La gestión de los medios de comunicación

Hay otra forma distinta a la publicidad para hacer llegar nuestro mensaje a través de los medios: los reportajes, las entrevistas, las opiniones… ¿La diferencia con la publicidad? Que aquí el mensaje no lo controlamos del todo, sino el medio. ¿Cómo hacemos? ¿Acudimos solo a aquellos medios que nos van a tratar favorablemente o también a aquellos otros que nos son contrarios?

Episodio 8: Gestión de crisis

La campaña se está desarrollando según lo planificado. Las encuestas juegan a nuestro favor. La victoria está al alcance de la mano. Hasta que, de pronto, un acontecimiento inesperado le da la vuelta a la situación. ¿Improvisamos sobre la marcha? Mejor tener preparado de antemano un plan de contingencia.

Episodio 9: La figura del portavoz

Tenemos claro lo que queremos ofrecer al electorado. Pero ¿puede comunicarlo de igual manera cualquier persona en el partido? Obviamente, no. Se precisa de alguien con unas cualidades específicas.

Episodio 10: El discurso político

Una cosa es el mensaje en sí y otra muy distinta es la forma que le damos. Podemos tener los mejores mensajes del mercado electoral y, sin embargo, transmitirlos mal por no acertar con el tono, con el ritmo o con las palabras. Y al revés.

En el primer episodio de En Campaña abordamos el tema de la investigación electoral. En una campaña lo primero que hay que preguntarse es ¿quiénes son, cómo piensan y dónde están los votantes?

Para responder estas preguntas contamos con la participación de Miguel de la Fuente, director de investigación y análisis de Sigma Dos, la principal empresa de estudios de mercado y demoscopia en España, y María José Canel, catedrática de Comunicación Política y Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid, ambos con una acreditada experiencia en la materia.

[Lee también: ¿Encuestas? Sí, gracias]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

La segunda ola de coronavirus está enfrentando dos modelos distintos de gestión de la pandemia: limitar libertades al conjunto de la sociedad o transferir responsabilidades a los individuos. Por un lado, la nación gobernada por el peronismo y el kirchnerismo (Frente de Todos) decretó más restricciones; por el otro, la Ciudad de Buenos Aires, donde gestiona el espacio opositor, Juntos por el Cambio, ofrece más libertades a la ciudadanía. Y es muy probable que estas diferencias aumenten a lo largo del año, por las elecciones legislativas, mientras disminuye la confianza de la opinión pública.

Es entendible la incredulidad de la ciudadanía si se tiene en cuenta que para afrontar la segunda ola del covid-19 el presidente Alberto Fernández apeló en abril a la misma receta que cocinó durante casi todo el 2020. Al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por localidades y barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde vive el 40 % de la población del país, rige un combo de lockdown, toque de queda nocturno y cierre de las escuelas. Estas medidas vencerían el 21 de mayo. Pero como la historia del año pasado es tan reciente, muchos descuentan que las restricciones se mantendrán por meses, hasta que pase el invierno.

El presidente toma medidas drásticas como respuesta al aumento de casos de covid-19, que está rondando los 20.000 infectados por día, y por temor a la ocupación de las camas de unidad de terapia intensiva, que llegó al 78 % en AMBA, según el Ministerio de Salud. Con más de 68.000 fallecidos por coronavirus, Fernández apela a las mismas restricciones que el año pasado pero en un terreno afectado por el lockdown de 2020. La pobreza subió 7 puntos desde que asumió y afecta al 42% de la población, y la inflación se mantiene en niveles muy altos, al punto de que los precios al consumidor subieron un 4,8 % de febrero a marzo, según el Indec. Entonces, la población queda a merced del Gobierno, que vuelve a centrar sus medidas en la supervivencia biológica de los ciudadanos. Y esto parece no conformar.

Así lo advirtió el índice de confianza en el gobierno (ICG) de la Universidad di Tella, que mide cómo la opinión pública percibe la labor de la Administración nacional. En abril, la confianza en la gestión de Fernández bajó a 1,73, y así marcó el piso desde que asumió como presidente en diciembre de 2019. El índice mide la capacidad que tiene la gestión presidencial de resolver los problemas del país, en una escala que va de 0 a 5, como máximo. También analiza si gobierna pensando en el bien general o en el de sectores particulares. Estos son temas candentes si se contrastan con la gestión de la pandemia. En los últimos meses salió a la luz cómo el exministro de Salud y otros funcionarios montaron un vacunatorio VIP para favorecer a familiares y conocidos. A su vez, el Gobierno nunca explicó por qué la Argentina no cerró un acuerdo con Pfizer para comprar más dosis, cuando hasta el momento consiguió solo 10 millones, con alrededor de 45 millones de habitantes. Al 1 de mayo, el 15 % de la población recibió una sola dosis y el 2 % obtuvo ambas.

Más conflicto, menos diálogo

La desconfianza no solo fluye desde la ciudadanía al Gobierno, sino también entre los dirigentes. La falta de coordinación política aumentó en los últimos días, y lo más probable es que se profundice, ya que la Argentina entrará en campaña por las elecciones legislativas.

En abril, el presidente Alberto Fernández prolongó el cierre a nivel nacional, con nuevos criterios que afectan principalmente a las grandes urbes, donde se registran más casos de coronavirus. Si bien una crisis podía ser el momento para que brote más coordinación, Fernández optó por el verticalismo y quiso ir a fondo. Sin consensuarlo previamente, tal como él mismo reveló, se arrogó la autoridad de decidir sobre la política educativa del distrito capital, a pesar de que en la Argentina rige un sistema federal. Justamente, Fernández quiso imponer su voluntad allí donde gobierna su principal opositor. Pero su autoridad quedó dañada, ya que el gobernante capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, no acató.

El jefe de Gobierno porteño busca diferenciarse ofreciendo alternativas a la ciudadanía. Por ejemplo, dispone de tests gratuitos para tener más información sobre cómo circula el virus en la Ciudad, permite que los comercios no esenciales atiendan clientes puertas adentro y, principalmente, mantiene las clases presenciales en las escuelas, todos los días, en los niveles primarios e inicial, aun cuando la tasa de incidencia en la ciudad ronda los 600 casos cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Una tasa más que alta, si se tiene en cuenta que en Alemania las escuelas hoy cierran con más de 165 casos cada 100.000 habitantes. Puede ser que ante un presidente que aplica restricciones, Larreta reacciona hacia el otro extremo, con aperturas de escuelas de lunes a viernes.

Esta diferenciación es lo que busca evitar el Gobierno nacional. La crisis del covid-19 es un problema para los gobiernos porque no es un evento puntual, que irrumpe y desaparece. Esta pandemia es un proceso largo que va poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los distintos gobernantes. Por tanto, la mejor estrategia para Fernández es que todos los distritos acaten las restricciones. En especial, la Ciudad, que se encuentra rodeada por la provincia de Buenos Aires, el distrito más popular del país. Para tomar noción del contraste entre ambos distritos lindantes: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza representa al 16,5 % en la Ciudad, mientras que en los distritos limítrofes de la provincia trepa a 51 %. Justamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Frente de Todos), presiona por más restricciones. Si la Ciudad abre sus escuelas, muchos vecinos bonaerenses reclamarán al gobernador.

Si bien algunos consideran que una crisis debiera remover las diferencias para que prime la coordinación entre los actores, en realidad, las crisis tienden a reforzar las formas preexistentes de desconfianza, comentan Boint et al. en el libro La política de la gestión de crisis: el liderazgo público bajo presión (Madrid, INAP, 2007). En Argentina la desconfianza está ganando terreno no solo en la ciudadanía, sino también entre los sectores políticos.

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Se trata de un asunto que emociona, moviliza y desafía. La reflexión respetuosa se hace indispensable.

Aunque parezca extraño, justo en medio de una pandemia en la que tratamos de salvar vidas, varios países de la región comienzan a discutir proyectos de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Actualmente es legal en los Países Bajos y en Bélgica desde 2002, en Luxemburgo desde 2009, en Canadá en 2016. Y después de recientes aprobaciones en Nueva Zelanda (2020) y España (2021), aparecen diferentes proyectos en Chile, Uruguay y Perú. También Argentina comienza tímidamente a hablar del tema. En Colombia está despenalizada desde 1997. No hay una ley que la regule, pero en 2014 la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud impartir una directriz para conformar comités cuya función sea garantizar «el derecho a la muerte digna de pacientes en fase terminal que lo soliciten».

Hacia un concepto de eutanasia

La eutanasia sigue siendo ilegal en la mayoría de los países del mundo, porque es una forma de dar muerte a un paciente y es contraria a la ética médica. De hecho, en 2019 la Asamblea Médica Mundial se volvió a pronunciar en contra de la eutanasia y manifestó preocupación por los países que la despenalizan.

El debate no es sencillo, porque, aunque se simplifique en los medios y redes sociales, las cuestiones bioéticas sobre el final de la vida son complejas. Existen muchos mitos y prejuicios sobre el tema que es preciso desterrar para poder debatir con responsabilidad sobre el asunto. No es una cuestión de defensa de la vida, ni de defensa de la libertad individual para elegir cómo morir. No es tan simple. Lo paradójico de estos proyectos de apoyo a la eutanasia es que surgen con vehemencia y deseos de aprobación rápida en medio de la pandemia. En el contexto actual las personas por las que nos preocupamos de salvarles la vida y priorizar su vacunación, son al mismo tiempo las posiblemente más perjudicadas con estos proyectos de ley. Adelantan la muerte en lugar de ofrecer buenos cuidados y alivio al sufrimiento.

La responsabilidad política ante un asunto tan grave, literalmente de vida o muerte, requiere reparar en la desinformación que existe, debido también a la saturación de información en la que nos movemos.

Mitos extendidos y confusiones

No es cierto que quienes estén a favor de la eutanasia quieran matar gente. Tampoco es cierto que quienes están en contra quieran prolongar el sufrimiento de los enfermos. Es menos cierto que la postura contraria sea por razones religiosas. Porque, de hecho, dentro de las religiones hay diversidad de posturas y entre los ateos y agnósticos también. Las caricaturas polarizadas no dan cuenta de la realidad. Pero tampoco todos entienden de qué hablan cuando usan el término eutanasia.

Estoy convencido de que lo más sano para un debate que fortalezca la democracia es que no vivamos de supuestos, prejuicios y simplificaciones. Sino, que podamos, en medio de las diferencias y del pluralismo ético de nuestras sociedades complejas. Aclararnos mejor las ideas y los hechos, para poder así luego tomar la postura que a cada uno le convenza más, pensando en el bien común.

[Lee también: La era de la responsabilidad]

Lo grave del asunto es que la mayoría de la población repite errores y confusiones extendidas. Y, partiendo de premisas falsas, llega con buenas intenciones a conclusiones equivocadas. Una vez aclarados algunos de estos supuestos, será posible un debate más profundo sobre cuestiones que no se reducen a eslóganes del valor de la vida o sobre la libertad de elegir.

Eutanasia: un mar de confusiones

La eutanasia no es desconectar a alguien con muerte cerebral, porque ya está clínicamente muerto. No es que alguien decida no alargar su vida con tratamientos fútiles o conectado a un ventilador. Hay leyes de voluntad anticipada para decidir morir por causa de la enfermedad, sin alargar la vida artificialmente, pero tampoco adelantarla. Las voluntades anticipadas no son formas de eutanasia. Sino que, en su libertad, uno puede elegir no prolongar su vida artificialmente y no recibir tratamientos que solo extenderían su sufrimiento. Todos tienen derecho a morir sin dolor, con cuidados y acompañamiento terapéutico, pero eso no es eutanasia. La eutanasia es dar una sustancia letal que mata al enfermo en cuestión de pocos minutos, adelantando su muerte. Y el criterio que se utiliza en los países donde es legal, una vez que se acepta que un médico puede matar a un paciente, los motivos van ampliándose. De hecho, en algunos países ya pueden pedir eutanasia personas con discapacidad porque consideran que su vida «no es digna». En la actualidad no tiene ninguna relación con el uso clásico del término buena muerte, sino que refiere a dar muerte al paciente en un contexto médico.

Tampoco la sedación final es una forma de eutanasia, porque la sedación paliativa no mata al enfermo. El mito del cóctel es algo ya desterrado hace décadas por la medicina paliativa. Pero sigue siendo una creencia arraigada en la población, incluyendo personal de la salud y legisladores. En el caso de Uruguay no se practica la eutanasia como suele decirse, sino que se la confunde con prácticas que son legales y deontológicamente correctas en la medicina, como la sedación.

Tampoco es cierto que haya una falsa oposición entre eutanasia y cuidados paliativos. En realidad, sí hay una radical oposición desde la ética médica: cuidar al paciente y aliviarlo se oponen a provocarle la muerte. No se complementan cuidar y acabar con la vida.

¿El derecho a morir?

Muchos creen que la eutanasia solo trata de ampliar la libertad individual. Y esto es porque generalmente se confunde la libertad que uno tiene de poder hacer cualquier cosa que no perjudique a terceros, con un derecho en sentido jurídico. El problema es que la eutanasia no es una cuestión de libertad individual, sino de un cambio sustancial en la concepción de los derechos humanos. Crear, como hay en unos pocos países, el derecho a matar con consentimiento, en contexto médico, ha devaluado la dignidad humana de personas en situación de vulnerabilidad y ha puesto a los médicos en un lugar difícil para su vocación.

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En países donde es legal, muchas personas discapacitadas y con enfermedades degenerativas reciben implícitamente el mensaje de que sus vidas no son dignas de vivirse. La eutanasia abre la puerta a instalar una cultura centrada en la productividad, de jóvenes y fuertes que no quieren ver vidas limitadas y deterioradas, que no quieren cuidar ni acompañar, porque los otros insumen mucho tiempo, cansancio y costos. Porque si existiera el supuesto derecho a morir, debería ser extensivo a todo ciudadano y todos deberíamos contar con asistencia en el suicidio por las razones que sean, tan solo por considerar que el sufrimiento psicológico que se vive sea insoportable. Por otra parte, cuando alguien quiere morir, bien interpretamos que lo que quiere es acabar con su sufrimiento, no con su vida. Y los expertos en cuidados paliativos y psiquiatras que trabajan con enfermos terminales demuestran que todos desisten cuando son aliviados, acompañados, queridos y valorados.

El fin bueno que todos buscamos es aliviar el sufrimiento. Teniendo los medios para ello deberíamos asegurar ese derecho para todos los pacientes y no legalizar la muerte en manos del médico. La responsabilidad de los Estados es proteger a los más débiles. Un mensaje particularmente relevante en tiempos de pandemia.

Vivimos en un momento en el que el fenómeno migratorio ocupa las primeras planas de actualidad alrededor del mundo y son muchos los debates sobre cómo gestionar las políticas públicas destinadas a integrar a los recién llegados en la sociedad de destino. Sin embargo, a pesar de la tardía llegada de la Ciencia Política a su estudio, los movimientos migratorios no son un hecho reciente sino que han estado presentes desde los primeros albores de la civilización y han marcado en gran medida el devenir de muchas sociedades. La manera en la que las comunidades receptoras han acogido estos flujos y han promovido su integración se traduce en la creación de políticas públicas que permiten a los inmigrantes gozar de una serie de condiciones en diferentes dimensiones de la vida sociopolítica de la sociedad de acogida. Así, uno de los principales focos de atención en el estudio de las migraciones para los politólogos es el análisis de cómo los Estados diseñan y gestionan estas políticas.

La pandemia golpeó de lleno en Occidente, pero la temporalidad de su impacto fue asimétrica. La primera ola se inició en Europa, se extendió por América del Norte y culminó en Latinoamérica. En un juego de espejos, la segunda ola repite ese esquema: mientras el Viejo Continente comienza el desconfinamiento y en Estados Unidos ya se sienten los alcances de la vacunación masiva, nuestra región es —junto con India— el epicentro de la crisis sanitaria.

En este artículo analizamos el efecto del covid-19 en la imagen de los líderes políticos de las principales naciones europeas. ¿Siguieron una trayectoria similar a la del caso latinoamericano? ¿Hay diferencias entre países? ¿Cuál es la respuesta de la opinión pública al avance de las campañas de vacunación? Respondemos estas preguntas a partir de la información recolectada en 650 encuestas de 17 países.

Al hacer una comparación interregional se observa que el impacto de la pandemia en la aprobación presidencial fue, hasta comienzos del 2021, similar en uno y otro lado del Atlántico. La irrupción del coronavirus provocó, en el corto plazo, un ascenso de la imagen de los mandatarios nacionales, que se vieron beneficiados por la amenaza incierta suscitada por el virus. Este efecto inmediato en la opinión pública —conocido como rally around the flag effect— duró un trimestre. Pasado este momento inicial, los líderes políticos empezaron a pagar el desgaste por el agravamiento de las condiciones sanitarias y económicas.

Con el inicio del nuevo año, las trayectorias de la opinión pública se separan. Mientras en Latinoamérica la popularidad presidencial sigue en declive, en América del Norte la imagen de los mandatarios registra un abrupto cambio de sentido y comienza a crecer; algo atribuible, fundamentalmente, a la sucesión presidencial en Estados Unidos y el inicio del mandato de Joe Biden. En Europa, por su parte, la aprobación de los líderes también registra un cambio de tendencia entre febrero y marzo: se frena la caída y asoma una leve recuperación de la imagen de los jefes de Gobierno.

Aprobación presidencial. Todas las regiones

Los promedios regionales esconden heterogeneidades que merecen ser analizadas en función de los casos particulares. Recolectamos datos de opinión pública de los cinco países más grandes de Europa Occidental. Cuando se desagrega la información en el nivel nacional, se advierte que en los últimos meses hubo disparidades notables. Mientras el Reino Unido e Italia presentan liderazgos en alza, Francia y España registran niveles de imagen presidencial relativamente constantes y Alemania muestra una caída abrupta de la popularidad de la primera mandataria.

¿A qué se debe esta oscilación en Europa? Aquí arrojamos algunas hipótesis en función de la respuesta desigual de los líderes a la evolución de la pandemia. La mejora en los indicadores de opinión de Boris Johnson parece ser explicada, en mayor medida, por el rápido despliegue de la campaña de vacunación en su país. Una consecuencia imprevista del brexit: mientras Europa está trabada en sus negociaciones y con un ritmo de vacunación peor al esperado, el Reino Unido ya tiene un porcentaje considerable de su población inmunizada y comienza a notarse una caída de los casos y los muertos por covid-19.

Vacunación cada 100.000 habitantes. Promedio, marzo 2021

En Italia, la explicación del repunte en la popularidad del primer ministro excede a la pandemia. En un contexto de inestabilidad —una constante de la política italiana—, en febrero asumió Mario Draghi como jefe de Gobierno. La conformación de un nuevo gobierno encabezado por el extitular del Banco Central Europeo parece estar detrás del incremento sostenido de la popularidad del mandatario durante los meses de febrero y marzo.

La situación de Alemania es apremiante, con una gran cantidad de casos y un amplio debate en torno a las nuevas formas de aislamiento. La canciller Angela Merkel puja por una solución nacional con medidas más restrictivas, basadas en la incidencia de cada región, con la intención de detener el avance del coronavirus. De cualquier manera, sus acciones deben verse con el trasfondo político del recambio. Luego de 15 años al frente del gobierno con uno de los niveles más estables de confianza pública, asoma la incertidumbre sobre el futuro liderazgo de Alemania. Con la obvia dificultad de coordinar la agenda partidaria, la política y la institucional. En plena disputa de candidaturas a canciller, en la que se impuso finalmente Armin Laschet, el partido de Merkel cayó significativamente en las encuestas. Eso afectó también la valoración del gobierno.

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Con frecuencia miramos a Europa como un espejo que adelanta lo que vendrá, casi como si fuera un campo de pruebas para frenar al coronavirus. El ejercicio es útil para tomar perspectiva, necesario para dimensionar el fenómeno global, pero limitado para importar. A medida que pasa el tiempo es más evidente la imposibilidad de asignar una superioridad a un compendio de decisiones políticas sin tener en cuenta las condiciones sociales en las cuales este se inserta.

La vía europea para administrar la pandemia durante el 2020 concilió cuarentenas intermitentes con altos niveles de estímulos fiscales y programas de apoyo social. Los Estados latinoamericanos, sin las espaldas económicas de Europa, optaron por cuarentenas más largas y programas más acotados de apoyo económico. De acuerdo con el último informe de la CEPAL, el impacto de la pandemia durante el 2020 generó en América Latina una caída del PIB del 7, %7 y un alto incremento en los niveles de pobreza. Más de 20 millones de personas vieron empeorar críticamente su situación social. Esas campanas resuenan fuerte cuando los presidentes de la región consideran nuevas medidas de aislamiento social.

Popularidad presidencial en los tres países con más personas vacunadas: Inglaterra, Estados Unidos, Chile. Enero-marzo 2021

A la larga no hay trayectorias exitosas, sino caminos posibles. El caso más paradigmático que hemos tratado aquí, Inglaterra, apostó el año pasado a alcanzar la inmunidad de rebaño dejando la circulación libre pero resguardando a los mayores. No funcionó, y la confianza en Boris Johnson se fue a pique. Doce meses más tarde presenciamos su recuperación de la mano de una amplia campaña de vacunación. En una vereda similar está Sebastián Piñera, un presidente con bajos niveles de popularidad desde el comienzo de la pandemia. Desde marzo, Chile es el país de esta muestra con la mayor cantidad de vacunados cada 100.000 habitantes. Pero la confianza en su Gobierno sigue por lo bajo.

Lo más adecuado para comprender el grado de éxito de los Gobiernos es atender las particularidades de cada país y analizar la secuencia de decisiones que los llevó al momento en el que están. La hipótesis (esperanzadora) es que las campañas de vacunación faciliten una vuelta a la normalidad y den oxígeno a los Gobiernos para revertir la contracción económica. Un marzo con una segunda ola en ciernes sobre América Latina parece apagar esa ilusión.

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Desde 1958, los Estados miembros de la Unión Europea celebran cada 9 de mayo el Día de Europa.

Esta fecha hace referencia a la histórica declaración en la que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, propuso la creación de una Europa unida, libre de conflictos armados.

Como resultado de este llamado Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos crearon el 18 de abril de 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el primer paso hacia la integración europea.

La CECA fue la base para el surgimiento de otras comunidades, como la Comunidad Económica Europea en 1957. De manera gradual y natural se forjaron relaciones de solidaridad a nivel europeo que finalmente resultaron en la creación de la Unión Europea (UE).

Desde su fundación, la UE promueve la paz y el bienestar de sus ciudadanos. Ofrece libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. Los valores de la UE protegidos en los contratos son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos.

¡Les deseamos a todas y todos un feliz Día de Europa!.

Más información:

Objetivos y valores de la UE

Entre unidad y diversidad. La Unión Europea y poderes externos en la crisis del coronavirus

Escribir sobre autoritarismos esta en boga en las ciencias sociales y las humanidades. Ello da cuenta de un desafío en curso al orden democrático de la PosGuerra Fría.

El Salvador se encuentra inmerso en una crisis institucional. En la primera sesión plenaria del nuevo Parlamento, en el que los votos del oficialismo y sus aliados sobrepasan la mayoría absoluta, los congresistas destituyeron al fiscal general de la República y al máximo tribunal constitucional, este último el principal escollo que enfrentaba el presidente para su reelección. Con un Poder Legislativo que renunció a su papel de contrapeso y habiendo consumado el secuestro del Poder Judicial, Nuevas Ideas avanza de manera contundente en su agresiva estrategia para cooptar el Estado y concentrar el poder para cumplir con los caprichos del presidente.

La democracia salvadoreña nació con esperanza desde uno de los conflictos más cruentos que vio la América Latina en las postrimerías del siglo XX. Se esperaba que se asentara sobre un sistema de partidos políticos fuerte, que tuvo como protagonistas a la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al exmovimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, entre escándalos de corrupción, ineficiencia en la gestión pública e indiferencia hacia las necesidades de su población, el bipartidismo salvadoreño hirió de muerte a su naciente democracia, que agonizó lentamente a lo largo de treinta años.

En 2019, Nayib Bukele se convirtió en el primer presidente ajeno a las fuerzas políticas del bipartidismo y dos años después su partido político fue la fuerza política más votada en las elecciones legislativas y municipales en la historia del país, lo que le otorgó una Asamblea Legislativa con una mayoría absoluta que le permite hacer —literalmente— lo que quiera.

El bukelismo se encargó de debilitar a un ya débil Estado de derecho el 1 de mayo del 2021.

La lealtad ciega de los nuevos congresistas hacia Bukele ha diluido la independencia de poderes y amenaza con desbaratar la incipiente institucionalidad democrática del país. Lo que el oficialismo ha denominado como «jornada histórica» ha sentado las bases para que el bukelismo logre perpetuarse en el poder.

Haciendo gala de su capacidad para acuñar símbolos, el presidente tuiteó 3F/1J/28F/1M, en referencia a las fechas claves en las que su movimiento ha ido acaparando el poder político en los últimos dos años. Aunque de manera extraña no incluyó el 9F en la lista, no solo porque fue el día en que, escoltado por militares, asaltó la sede del Legislativo, sino porque —según sus palabras— fue el día en que Dios le habló.

La primera sesión plenaria de la bancada cyan degeneró en un espectáculo del gusto del presidente, con el que entretiene y mantiene las simpatías de su base.

El día de la toma de posesión de la nueva Asamblea, el pasado 1 de mayo, en solo horas los nuevos legisladores pasaron de congresistas a cómplices, y con una mayoría absoluta (64 de los 84 legisladores), los nuevos y leales diputados de Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional —el máximo tribunal constitucional del país— y al fiscal general de la República, ignorando la institucionalidad democrática y los mecanismos contemplados en la misma Constitución.

De nada valió que los magistrados legítimos declararan inconstitucional el intento de destituirlos. En solo minutos, y airados por la burla del presidente a sus oponentes, la policía nacional civil tomó la sede del Poder Judicial y apoyó la instalación de los nuevos magistrados afines al oficialismo. Así, uno de los obstáculos más importantes para impedir la reelección presidencial fue minado por la bancada oficialista.

De regreso a la Asamblea Legislativa, y mientras los funcionarios recién nombrados usurpaban el recinto judicial, y con el eslogan que pedía un fiscal no partidista, la bancada oficialista designó como fiscal general, cómo no, a otro funcionario del que se espera lealtad completa al bukelismo.

Todo ello ilustra las formas que orientarán a la política salvadoreña en los años venideros.

Respecto a la Asamblea Legislativa, es evidente que los diputados oficialistas limitarán su trabajo a consumar, con su única y sencilla promesa de campaña, «hacer todo lo que el presidente pida». Los legisladores han demostrado que están dispuestos a cumplir ciegamente con las órdenes de Bukele, incluso si esto amenaza al Estado y a la institucionalidad que han jurado defender. El 1M enseñó que la agenda legislativa salvadoreña estará sometida a los deseos del presidente.

Observamos también una preocupante manifestación de perversa y mutua lealtad de parte de los portadores de armas del Estado. La relación que con tanto esmero ha sembrado el presidente desde su toma de posesión ha florecido. Obedientemente y de noche, la policía nacional civil asaltó la sede del Poder Judicial y de la Fiscalía de la República para que se instalaran los nuevos funcionarios afines al bukelismo. Con la tarea cumplida, a través de su cuenta de Twitter, el presidente se refirió como héroe al director de la Policía, el mismo que carga con un cuestionado historial de irrespeto a los derechos humanos y del que hace solo pocos días el tribunal constitucional (el mismo al que destituían) había aceptado una demanda en contra de su nombramiento.

Aunque de momento solo se ha prestado atención marginalmente al papel de la policía en la jornada, es importante tener presente el creciente rol político que se está otorgando a los portadores de armas del Estado. Como en los viejos tiempos, las nuevas ideas del bukelismo apelan a las armas para perpetuarse en el poder. El régimen de Bukele ha tolerado abusos de las fuerzas del orden y alentado la politización de la institución armada, en detrimento de uno de uno de los más elementales principios democráticos; todo esto con el propósito de garantizar su estadía en el poder ante presiones externas e internas.

El bukelismo está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias el desbaratamiento del Estado. En medio de la agitación causada por las destituciones, el presidente advirtió a los amigos de la comunidad internacional que está limpiando la casa y eso no es de la incumbencia de aquellos.

Tres días después de la destitución de los funcionarios, el presidente convocó a los embajadores en el país para explicar su versión de lo ocurrido. La reunión privada se convirtió en una cadena nacional (en contra de lo acordado con las representaciones diplomáticas) con la notable ausencia de la representación estadounidense; y a partir de débiles y forzados argumentos legales, recurriendo al uso de comparaciones falaces y una interpretación conveniente y simplista de la Constitución, el presidente hiló un mensaje dirigido no a los embajadores sino a su base política; una explicación que legitimaba sus acciones y en las que buscó mostrar a sus seguidores que en El Salvador ocurre lo mismo que ha pasado en otros países; que las condenas se basan en interpretaciones e informaciones parcializadas; y que quienes condenan lo sucedido simplemente están mal. La limitada definición de democracia del presidente está restringida a la cantidad de votos obtenidos; y deja por fuera la división de poderes, el respeto a las instituciones y la independencia del Poder Judicial.

Y es que a pesar de la condena internacional, entre cuyas voces están las del secretario de la OEA, el director de Human Rights Watch, senadores y congresistas estadounidenses, funcionarios del Departamento de Estado y la vicepresidente de Estados Unidos, solo un puñado de salvadoreños se manifestó en las calles contra el golpe blando a la institucionalidad democrática del país.

Esta es quizá la más preocupante señal de la jornada: la indiferencia de los salvadoreños ante lo que está pasando en el país. Si bien la actitud displicente de la ciudadanía frente a las actuaciones del bukelismo puede parecer coherente con el voto masivo entregado a su partido político recientemente en las urnas, los salvadoreños no deben olvidar que las instituciones y los mecanismos de vigilancia en los regímenes democráticos pretenden prevenir el despotismo (Rosanvallon, 2007) y que el ejercicio de cooptación por parte del bukelismo pone el peligro las libertades y garantías judiciales para todos los ciudadanos.

De esta manera, lealtades perversas y la indiferencia ciudadana están dando forma a la política salvadoreña. Ojalá los salvadoreños sean capaces de discernir lo que está pasando y decidan recuperar el control de su Estado antes que sea demasiado tarde.

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1. Ayuso arrasa

Isabel Díaz Ayuso es la gran triunfadora de la noche, tal como habían venido vaticinando todos los sondeos. El Partido Popular (PP) dobla su número de escaños y supera por sí solo a la coalición de izquierdas, con lo que le valdrá con la abstención de Vox para mantenerse en el Gobierno. Un triunfo arrollador que se ha basado, en primer lugar, en una identificación muy eficaz del terreno de juego (el célebre «comunismo o libertad») y, en segundo lugar, en el haber posicionado a Ayuso como una suerte de «heroína» en la lucha contra el Gobierno central de PSOE y Podemos. La marca «Ayuso» ha sido más determinante en esta campaña que la propia marca PP.

2. Descalabro del PSOE

El PSOE cosecha sus peores resultados en toda la historia de las elecciones autonómicas madrileñas. De ganar las elecciones hace dos años ha perdido una cuarta parte de sus escaños. La campaña de Gabilondo ha sufrido vaivenes en su estrategia, que le han podido restar credibilidad, y su liderazgo no ha conseguido afianzarse entre los votantes de izquierda. El resultado supone un duro varapalo para Pedro Sánchez.

3. Más Madrid se consolida como la alternativa en la izquierda

Más Madrid ha ido de menos a más en esta campaña. Su candidata, Mónica García, se ha posicionado en la mente de muchos electores de izquierda como la auténtica rival de Ayuso. Su conocimiento se vio reforzado ya desde el inicio de la campaña, cuando se negó a aceptar la coalición propuesta por Pablo Iglesias reivindicando el papel de las mujeres. Ahí empezó su despegue electoral, que ha ido creciendo durante toda la campaña.

Leer también: Edición especial: Campañas Electorales

4. Vox crece y será decisivo

Vox partía al inicio de la campaña con la amenaza de verse absorbido por el «efecto Ayuso». Sin embargo, no sólo ha conseguido resistir, sino que ha aumentado su número de escaños, lo que refuerza su posicionamiento de cara a la formación del nuevo Gobierno. Su campaña ha conseguido marcar la agenda y ha demostrado una vez más que cuanto más críticas recibe desde la izquierda más se refuerza su electorado.

5. Unidas Podemos supera las expectativas

Unidas Podemos partía al inicio de esta campaña con la amenaza de desaparecer de la Asamblea de Madrid. La candidatura sorpresa de Pablo Iglesias se vio ya en los sondeos que supuso un revulsivo para este partido, confirmado en los resultados. Es verdad que se quedan muy por debajo de Más Madrid, pero Iglesias puede presumir de haber salvado de la hecatombe a su partido. En cualquier caso, Unidas Podemos confirma en estas elecciones su progresiva pérdida de apoyo electoral.

6. Ciudadanos desaparece

Sin duda, Ciudadanos es el gran perdedor, dejándose por el camino los 26 escaños que consiguió hace dos años. Muchos se estarán acordando esta noche de la moción de censura de Murcia y las consecuencias que ha acarreado para el partido. A pesar de presentar un candidato con una trayectoria intachable, de nada han servido sus llamamientos al centro y a la moderación en una campaña tan polarizada.

Artículo publicado en la página web de MAS Consulting, el 4 de mayo de 2021.

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