Campaña electoral y jornada de elecciones: un breve resumen

Las elecciones, por su enorme cantidad de cargos en disputa denominadas megaelecciones, comprendían alrededor de 21.000 cargos, incluidos 15 de los 32 gobernadores, 500 diputados nacionales, 1.926 alcaldías, 15.107 concejales y 2.122 de las denominadas sindicaturas. Los partidos gobernantes MORENA, PT y PVEM se presentaron en la coalición Juntos Hacemos Historia. Por su parte, los partidos de oposición PAN, PRI y PRD unieron fuerzas y formaron una coalición bajo el nombre Va por México. El relativamente joven partido de oposición Movimiento Ciudadano, que tuvo bastante éxito en 2018, prefirió en esta elección no unirse a una alianza, sino presentarse en forma independiente.

Estas elecciones fueron también consideradas como una especie de referéndum respecto a los logros del presidente transcurrido la mitad de su mandato. El contexto estaba marcado por un constante deterioro de la seguridad interna y la creciente presencia del crimen organizado, un preocupante debilitamiento de la libertad de prensa y expresión y debilitamiento de las de las instituciones democráticas, así como la peor recesión (alrededor de 8,5 %) desde hace casi un siglo. A esto se suma la situación de un país afectado como casi ningún otro por la pandemia de covid-19, que —según cifras oficiales— ha cobrado ya más de 229.000 muertes.[1] Por esto es más sorprendente aún que la campaña electoral se haya llevado a cabo en gran parte con medios tradicionales y en contacto con los votantes en las calles de México, y no exclusivamente en el espacio virtual, como habría sido esperable en estas circunstancias. [2]

Además, en los últimos meses, la campaña electoral se caracterizó por un aumento de la violencia y de la delincuencia y asesinatos por motivos políticos. Solo desde septiembre del año pasado fueron asesinados 96 políticos, 35 de los cuales se postulaban para cargos públicos. También se informaron numerosos incidentes el domingo mismo de las elecciones. La dirección ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que durante la jornada se registraron 6.040 incidentes, como intentos de votar sin la identificación del elector, violencia en los colegios electorales, quema de papeletas y propaganda partidista. En algunos estados, hubo colegios electorales que simplemente no pudieron abrir debido a la mala situación en cuanto a la seguridad.

Sin embargo, hay que subrayar que el INE, a pesar de haber sido objeto de constantes ataques públicos de AMLO y su partido (incluyendo amenazas públicas de muerte contra su presidente, amenazas de reformas fundamentales o de cierre después de la elección), salió fortalecido de estas elecciones. Como lo señalaron varios observadores electorales internacionales, el INE ha pasado esta prueba con gran éxito y en ojos de la población mexicana ha demostrado ser una institución confiable, sólida y resiliente.

Los resultados más importantes del 6 de junio de 2021

Las elecciones arrojaron un resultado bastante heterogéneo.[1] Ni la coalición MORENA logró obtener una mayoría calificada ni la coalición opositora logró romper la mayoría simple de la coalición gobernante. Por lo tanto, se mantuvo esencialmente el statu quo, aunque con algunos cambios significativos en los equilibrios internos, lo que pondrá a prueba las habilidades negociadoras de MORENA y del propio presidente. Si se tratara de hablar de ganadores y perdedores de estas elecciones en el contexto general, se podría decir que especialmente los partidos más pequeños y hasta ahora más débiles como el MC y el PVEM han logrado avances significativos en comparación histórica. El PAN y MORENA equilibraron ganancias y pérdidas, mientras que para el PRD y el PRI se produjeron ante todo pérdidas.

a) En la Cámara de Representantes

La alianza formada por el partido gobernante MORENA, el PT y el PVEM no alcanzó la mayoría calificada que esperaba AMLO (> 333), lo que habría abierto la puerta a amplias reformas constitucionales. Se mantiene la mayoría simple (> 251). Si bien el grupo parlamentario de MORENA sigue siendo el más fuerte en la Cámara de Diputados, si se mira solo a este partido queda claro que perdió su mayoría simple de 197 escaños. Por tanto, se restringe el mandato de AMLO.

El PAN sigue siendo la segunda fuerza en la Cámara de Diputados con claras ganancias (+34) en el número de diputados. El PRI se ha recuperado levemente, después de la debacle de 2018, con un aumento de 21 diputados en la Cámara. El PRD sigue estancado casi en la insignificancia. En el caso de los partidos (hasta ahora) más pequeños, el MC conserva su representación parlamentaria. Destacan las ganancias del PVEM, que pasó de 11 a 44 diputados. Queda por ver si la coalición opositora logrará formar y mantener un frente unido en los próximos meses.

b) Elección de gobernadores

En casi la mitad (15) de los 32 estados de México, se eligieron nuevos gobernadores para los próximos seis años. MORENA (con sus socios de la coalición) claramente ha salido fortalecido y, como se esperaba, logró aumentar su fuerza territorial de manera significativa con 11 gobernadores adicionales. Dentro de la coalición opositora Va por México, únicamente el PAN pudo conservar el gobierno en Querétaro y Chihuahua, pero perdió Baja California Sur y Nayarit ante MORENA. Además, MC obtuvo el cargo de gobernador en la importante zona industrial de Nuevo León, luego de ganar Jalisco en las últimas elecciones en 2018. Por último, pero no menos importante, el PVEM sorprendentemente fue capaz de ganar un estado federal (San Luis Potosí).

En general, el PRI perdió el mayor número de gobernaciones. La ganancia de presencia territorial es significativa para MORENA y AMLO, especialmente con vista a las elecciones presidenciales de 2024, ya que la capacidad de movilización y las posibilidades financieras en el período previo a las próximas elecciones están determinadas en gran medida por la participación del gobierno en los estados federados.

c) En el ámbito local

En la capital, donde todos los 16 alcaldes distritales fueron elegidos, y donde MORENA logró ganar 10 de los 16 distritos en 2018, los resultados muestran una gran pérdida para MORENA. Seis alcaldías, que antes se consideraban los baluartes del partido, pasaron a la oposición la cual aumentó claramente su votación. Las pérdidas de MORENA a nivel local y especialmente en la capital del país son relevantes tanto simbólicamente como en términos de contenido y dejan en evidencia el decreciente apoyo de la clase media del país a los proyectos de AMLO.

Esto expone las debilidades del partido debido a la inadecuada estrategia de contención de la pandemia y el insuficiente manejo del accidente de la línea 12 del metro el mes pasado. En la capital, el PAN ha logrado importantes avances con los alcaldes distritales a expensas de MORENA, lo que obviamente a largo plazo es problemático para una posible sucesora de AMLO (Claudia Scheinbaum, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México). Además, el PAN ha retenido o ganado importantes capitales estatales y ubicaciones industriales (por ejemplo, en Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Queretaro, Toluca, Leon entre otros) y además de Ciudad de México registró muy buenos resultados electorales locales en Guanajuato y Yucatán.

Panorama: el camino hacia 2024

Como resultado de estas elecciones queda claro que AMLO estará en condiciones de continuar su curso político sin cambios políticos tectónicos. Sin embargo, no le será posible simplemente seguir adelante con las enmiendas constitucionales a menos que el PRI se vuelque (lo que actualmente parece muy poco probable). Esto requeriría una mayoría calificada de más de 333 diputados. Queda por ver si la reelección presidencial, hasta la fecha expresamente excluida en la Constitución, se convierte en objeto de estas reformas, lo que hasta el momento AMLO ha rechazado claramente.

Sin embargo, en general es probable que la mala situación económica sea en el futuro un elemento cada vez más problemático para su presidencia, ya que a pesar de las previsiones de crecimiento en torno al 6 o 7 %, tendrá que continuar su curso asistencial con significativamente menos recursos, debido a la depresión causada por la pandemia. Queda por verse durante cuánto tiempo se mantendrá el equilibrio entre un rechazo mayoritario a su política y resultados políticos concretos y tangibles, por un lado, y a pesar de ello, tasas de aprobación personal elevadas, por otro.

En este contexto, es incierta la respuesta a la pregunta de qué esperar la segunda mitad del sexenio 2018-2024. Es probable que el clima político se vuelva aún más polarizado y antagónico. Las elecciones de este año han sido las más violentas en la historia de México hasta la fecha. Era evidente el avance de la influencia del crimen organizado en el proceso electoral, especialmente a nivel local, como lo es la impotencia del Estado para frenarlo. Una cosa está clara: el tiempo poselectoral actual es también preelectoral, y el camino hacia 2024 ha comenzado oficialmente el 7 de junio de 2021. Los cambios de personal a nivel de gabinete anunciados por AMLO proporcionarán los primeros indicios de cómo se ordena la relación de fuerzas dentro de MORENA. Uno puede estar tan expectante aquí como en el lado opuesto, donde aún no está claro qué alternativas de candidaturas podrá establecer la oposición con miras a 2024.

Notas:

[1] La Secretaría de Salud de México, en un estudio propio, da por hecho que hay más de 400.000 fallecimientos. Estimaciones de organismos internacionales llegan incluso a 600 000 muertes. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-en-Mexico-617127-muertos-en-14-meses-casi-el-mismo-numero-de-homicidios-perpetrados-en-33-anos-20210509-0070.html.

[2]. Un análisis más completo (en idioma alemán) de las condiciones de partida pada las elecciones se encuentra en el informe del 20/5/2021 en https://www.kas.de/de/web/mexiko/laenderberichte/detail/-/content/mexiko-vor-der-superwahl-2021

[3] Al 10 de junio los resultados finales oficiales completos aún no estaban disponibles. Las cifras refieren a las publicaciones del INE y al conteo preliminar del PREP (Programa de Resultados Preliminares).

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Analizar lo que pasa en Colombia, donde el paro nacional comienza su segundo mes, con los bloqueos, las denuncias de abuso policial y los hechos de violencia, es una tarea compleja. ¿Cómo bajarle al ruido de tanta información que nos satura para hacer una lectura más desapasionada de los hechos? ¿Cómo saber la realidad ante tal bombardeo de cadenas de WhatsApp, noticias de medios de comunicación, transmisiones en directo en redes sociales y opiniones de todos lados? Y, sobre todo, ¿cómo no caer en el juego de la polarización que tiene dividido al país entre quienes apoyan o no apoyan el paro, quienes piden levantar los bloqueos por la fuerza o hacerlo por el diálogo?

El 28 de abril pasado, miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, especialmente contra la reforma tributaria. Pero desde ese momento, ante la inacción del presidente Iván Duque, lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en algunas de las principales ciudades en un estallido social, especialmente de jóvenes de sectores vulnerables que ahora se identifican como Primera Línea, y por otro lado, en bloqueos en vías principales con una agenda de peticiones del Comité del Paro (formado especialmente por agremiaciones, centrales obreras y sindicales). Un paro que en realidad son múltiples paros, con agendas, peticiones e intereses diversos.

Un inconformismo social, que ya había tenido campanazos de alerta en lo ocurrido el Paro Nacional de noviembre de 2019 y en lo ocurrido en Bogotá el 9 de septiembre de 2020 tras el asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que desencadenó una ola de violencia y abusos policiales. «Con todas esas alarmas anteriores más las cifras de desempleo, el aumento de la pobreza, el mal manejo del covid-19, el Gobierno presenta la reforma tributaria y luego de la marcha insiste en ella por varios días», dice Álvaro Forero, analista político.

Protestas y reuniones

Pero aun después de retirarla, Duque siguió anunciando reuniones en Bogotá con actores diferentes al paro y a los jóvenes que se movilizan en las ciudades. Esto acrecentó el inconformismo y llevó a que se multiplicaran las movilizaciones, los bloqueos y las acciones de saqueos y vandalismo. La imagen de Duque se ha visto afectada; en la última encuesta de Invamer tiene una desaprobación del 76%.

Duque le ha apostado al desgaste de la protesta y al aumento de las molestias ciudadanas por los bloqueos y la carestía de alimentos que se vivió en el Valle del Cauca durante unos días. Sin embargo, ese vacío de poder por más de un mes escaló los enfrentamientos; superó a la policía, que abandonó algunos barrios de la ciudad y se concentró en las protestas; amplificó las protestas y la violencia en otras ciudades del departamento y del país, como Bogotá, aunque no con la misma fuerza y constancia que en Cali.

Héctor Riveros, analista de La Silla Vacía, explicó en una columna publicada en ese medio que «la narrativa alrededor del paro refleja las dos tendencias: de una parte, unos reclamando el levantamiento de los bloqueos porque afectan la economía y provocan el cierre de empresas y la expulsión de capitales, y de otra parte, otros diciendo que esto tiene que cambiar de alguna manera y que hay bloqueos peores expresados en las injusticias y los privilegios».

Pero es una narrativa que también ha calado en periodistas y medios de comunicación, que se han polarizado y dividido, en muchos casos, en bandos.

Pérdidas económicas

A este panorama no solo se le suman las pérdidas económicas (15 billones de pesos según el Ministro de Hacienda) y un nuevo pico de la pandemia en varias ciudades, como Cali y Bogotá, con las unidades de cuidados intensivos a punto de colapsar, sino la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el paro nacional en un momento en el que la violencia ha ido escalando, especialmente en Cali, que ha sido el epicentro de la llamada resistencia, pero también de los actos de violencia.

Es que al revisar las cifras dadas por la Fiscalía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Colombia ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos por la fuerza pública, se encontró que, de las 51 muertes reportadas, 21 de ellas fueron homicidios directamente relacionados con el paro y 11 están en proceso de verificación. Más de la mitad de los casos corroborados por su relación con el paro fueron en Cali (11) y otros municipios del departamento del Valle del Cauca (4). El informe también habla de 91 personas que permanecen desaparecidas en el marco del paro.

Las medidas anunciadas por Duque empezaron con la figura de asistencia militar, de la que habló el 1 de mayo. La llegada de militares a la región no tuvo efecto en los bloqueos y ataques a infraestructuras; al contrario, se agudizaron. Cali, la tercera ciudad del país, sufría bloqueos no solo en las entradas y salidas sino en zonas estratégicas, en algunas de las cuales se denunciaron cobros de peajes para poder pasar. Por su parte, los manifestantes denunciaban atentados de personas que les disparaban desde camionetas o motos.

El rol de las redes

Esta situación es azuzada en redes sociales, por el ruido informativo de falsos directos de incursiones del Esmad, ocurridas en días anteriores; videos de cadáveres, supuestamente de desaparecidos, flotando en ríos, y de torturas por parte del Esmad, así como acusaciones contra los manifestantes; imágenes que mezclan informaciones falsas con algunas sin confirmar y otras ciertas, pero que sobre todo aumentan la zozobra y la rabia.

Una zozobra que se vivía por los múltiples bloqueos que afectaron la movilidad de las personas, incluso dentro de sus propios barrios o entre ciudades. De acuerdo con un informe de la CIDH, «el Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar”.

La CIDH también condenó que «en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura».

La violencia y sus efectos

La degradación de la violencia en el marco de las protestas y los abusos policiales llegó al punto de que entre la lista de asesinatos en Cali hay casos como el homicidio a golpes de un investigador del CTI de la Fiscalía, que a su vez mató a dos personas con arma de fuego, en hechos que aún no son claros y ocurrieron en uno de los puntos de bloqueo en el sur de Cali; el asesinato de un miembro de la policía, cuyo cadáver fue arrojado al río Cauca; el enfrentamiento entre miembros de la minga indígena y personas de civil armadas, que dejaron nueve indígenas heridos; o la denuncia de una retención ilegal a un teniente de la policía, llevado a uno de los puntos de bloqueo y luego liberado.

El vacío de autoridad, los rumores y el miedo colectivo, el desespero por los bloqueos y el rezago de la cultura del narcotráfico llevó a que, en un barrio del sur de Cali, al lado de policías, civiles armados protagonizaran dos enfrentamientos: el 9 de mayo con la guardia indígena, que dejó nueve indígenas heridos, y el 28 de mayo con manifestantes. Ese día, por un lado, un grupo de personas destruyó un CAI de la Policía y por el otro los civiles dispararon contra manifestantes y se presentaron capturas de jóvenes que estaban en una manifestación cultural en un punto de bloqueo cercano a los enfrentamientos.

Críoticas al presidente

Pero ese día el presidente tuvo otro gesto criticado. Luego de una reunión en Cali, visitó Ciudad Jardín, la zona en la que se ocurrieron los enfrentamientos de los civiles armados, lo que fue visto por muchos como un guiño a estas actuaciones. Ese mismo día 28 de mayo firmó el decreto 575, en el que ordena a alcaldes y gobernadores levantar todos los bloqueos a la fuerza, con el apoyo del ejército a través de la asistencia militar.

Una decisión que no solo agravó la crisis, al privilegiar la fuerza sobre el diálogo, sino que fue calificada por algunos sectores como inconstitucional y radicalizó aún más las posturas. «Ojalá el presidente reconsidere la medida y privilegie el diálogo, pues estas protestas son una verdadera explosión social con profundas raíces en problemas de desigualdad, exclusión y pobreza, que debe ser tramitada con diálogo democrático y no enfrentada manu militare. Pero igualmente ojalá el Comité del Paro y los promotores de las protestas entiendan la gravedad de las afectaciones que ciertos bloqueos causan a la población, y busquen formas creativas de protesta sin bloqueos. O, al menos, sin bloqueos manifiestamente desproporcionados», escribía Rodrigo Uprimmy, del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.

Si bien el diálogo nacional con el Comité del Paro no arranca, en Cali sí se han tenido conversaciones locales con los jóvenes de la Primera Línea, luego de que la Alcaldía firmó un decreto dándole reconocimiento. Este decreto también ha tenido críticas e interpretaciones de algunos de los jóvenes que aseguran que este les da el permiso para seguir bloqueando las vías.

La visita de la CIDH

La visita de la CIDH fue vital en esta coyuntura. Como lo explicó Dejusticia en un análisis acerca de la llegada de la Comisión a Colombia, «es un mecanismo esencial para desescalar la crisis y buscar una salida democrática. La verificación internacional es urgente en medio de la debilidad e inoperancia de los órganos internos de control». Se refiere a la observación internacional de la CIDH, en la que han sido escuchados todos los actores, desde el Gobierno hasta las organizaciones sociales.

La llegada de la Comisión ha permitido que Duque cambiara un poco sus declaraciones, que días atrás solamente se enfocaban en atribuir lo ocurrido al accionar de vándalos y a una infiltración de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC. Su respuesta había sido represiva, al poner al nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, en cabeza de la «recuperación del orden público» en el Valle del Cauca, y no reaccionar con contundencia ante las denuncias de abusos policiales.

Y aunque el presidente había asegurado en una entrevista que ya se había presentado al Congreso una reforma a la policía, lo que no era del todo cierto, quince días después anunció finalmente una serie de reformas a la Policía.

Elecciones 2022

Este panorama, en el que no se ve cercana una salida, también debe leerse teniendo en cuenta que en 2022 habrá elecciones para el Congreso y la Presidencia. «El paro definió el dilema de la próxima campaña presidencial, cambió el orden de las cosas desde el punto de vista político. En campaña, lo más importante no será tanto el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de lo que llaman el aparato productivo, sino el modelo social: la equidad, la igualdad, las oportunidades, la superación de la pobreza», dice Riveros en su columna.

El analista político Álvaro Forero asegura que el paro ha sido usado para polarizar y llevar a que el debate para 2022 se enfoque en la necesidad de un presidente de mano dura. «El miedo a un candidato extremista de izquierda sirvió en las elecciones de Ecuador para que ganara la derecha, pero no en las de Perú. En Colombia, lo que veo es que las condiciones actuales se parecen al clima de miedo que se vivía en 2001, con una crisis de seguridad grande, el conflicto armado había llegado a las ciudades y teníamos una crisis económica gigantesca. Esto le abrió la puerta a un proyecto que prometía mano dura y que rompió con el bipartidismo de 200 años».

En 2001, la narrativa de las elecciones se centró en que se le había entregado el país a las FARC en el Caguán. Y en 2018, el triunfo de Duque se centró también en los discursos de entrega del país a las FARC con el proceso de paz y la mermelada santista a los políticos.

Aún falta un año para las elecciones y el ajedrez político no es del todo claro, pero lo que pase con el paro de aquí adelante, de lo que tampoco tenemos certeza, será un elemento importante en el giro que se dé en las elecciones. El futuro del paro debe ser visto también en clave de elecciones, porque una parte de los actores políticos que están en él tienen intereses electorales.

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En los últimos años, 5.636.986 ciudadanos venezolanos se han visto obligados a salir de su país a causa de la emergencia humanitaria compleja y prolongada en que el régimen chavista de Nicolás Maduro ha hundido a Venezuela. El país ha perdido el 17 % de su población, fenómeno de movilidad humana que es considerado por Naciones Unidas el segundo del mundo después del caso sirio, pero que podría ser el primero si se suman entre 500.000 y un millón de colombianos residentes en Venezuela que han retornado a Colombia en el mismo período.

El 30 % de la población venezolana en condición de movilidad humana se encuentra en Colombia, 1.742.927 venezolanos según los datos de Migración Colombia, autoridad responsable de los temas migratorios, al 31 de enero de 2021, y de ellos el 56 % se encuentran de forma irregular, lo que les dificulta su integración e inclusión en la sociedad colombiana.

La respuesta del Estado colombiano a la migración venezolana se ha caracterizado por la solidaridad con la población migrante, tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 / 2014-2018) como durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), pero sobre todo por parte de la sociedad civil y las diferentes organizaciones que venían atendiendo a los desplazados internos producto del conflicto armado, que rápidamente se adaptaron para la atención humanitaria de la población proveniente de Venezuela, colombianos retornados y migrantes venezolanos.

La respuesta institucional inició por la creación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, la TMF, en febrero de 2017, instrumento que trató de responder a la movilidad humana en los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana, de ciudadanos que ingresaban periódicamente a territorio colombiano para abastecerse de bienes y servicios. Con el deterioro de la situación en Venezuela, una parte importante del fenómeno que Colombia denominó migración pendular se convirtió en migración con vocación de permanencia y la migración dejo de ser un tema de las áreas de frontera y se trasladó a las grandes ciudades. Hoy Bogotá es la ciudad fuera de Venezuela que más ciudadanos venezolanos alberga en el mundo, unos 340.711 según Migración Colombia.

En agosto de 2017, el entonces gobierno de Santos creó el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, con el cual se busca regular la estancia de los venezolanos que ingresaron legalmente a territorio colombiano pero que sobrepasaron los tiempos. Un documento que les permitía permanecer regularmente en Colombia por dos años, bajo la premisa de que, ante la caída de Maduro, pronto los venezolanos regresarían a su país.

En febrero del año siguiente, y antes de dejar la presidencia, Juan Manuel Santos creó el Registro Administrativo de la Migración Venezolana, el RAMV, que buscaba regularizar a los ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente al territorio colombiano. Más de 400.000 ciudadanos se registraron y, de ellos, 281.759 finalizaron el proceso y obtuvieron el PEP-RAMV.

Con la llegada de Iván Duque se presenta el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3950, primer documento de política pública que hacía un diagnóstico de la evolución del fenómeno migratorio y propone rutas de acción, especialmente en la atención de niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana. En agosto de 2019, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo presentó el proyecto de ley 36 del Senado, por medio del cual se buscaba establecer la política integral migratoria del Estado colombiano. Después de tres años de trámite legislativo, se convertirá en ley de la República como Política Integral Migratoria, la PIM.

Otro instrumento paralelo que se creó en diciembre de 2018 es el Permiso de Ingreso y Permanencia por Tránsito Temporal, el PIP-TT, que busca facilitar el tránsito de los venezolanos en dirección a los países del sur del continente. Entre 2016 y 2020, unos 2.559.867 venezolanos cruzaron Colombia con destino a terceros países.

Hoy la población migrante venezolana representa el 3,42 % de la población colombiana, el 4,07 % en la capital Bogotá, el 7,87 % en la ciudad costera de Barranquilla, pero el 13,94 % en la principal ciudad de frontera, Cúcuta, o incluso, el 30,59 % de la población en Maicao, pequeña ciudad del área de frontera en el departamento de La Guajira.

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos en Colombia, el ETPV, es un decreto presidencial con el cual el gobierno establece una ruta de regularización de la población venezolana en condición de movilidad humana por los próximos diez años, y crea un camino para la residencia de aquellos ciudadanos venezolanos en territorio colombiano antes del 31 de enero de 2021, así como para aquellos que ingresen por punto migratorio de manera legal en los próximos dos años.

El ETPV reconoce que el fenómeno migratorio venezolano no es de corto plazo, por ello, se plantea una ruta de mediano plazo para la integración e inclusión migratoria en territorio colombiano. Dicha ruta comienza con la identificación, caracterización y regularización de los venezolanos, proceso que inició el pasado 5 de mayo con el Registro Único de Migrantes Venezolanos, el RUMV. En su primera fase virtual, al día 47 (20 de junio de 2021) 1.012.875 ciudadanos ya han interactuado con la plataforma creando su usuario y contraseña; de ellos, el 64 % la han finalizado con el agendamiento de su cita para realizar el reconocimiento biométrico: firma, huella y fotografía, siguiente fase del proceso.

Finalmente, es importante destacar que el proceso del ETPV en su primer mes y medio ha permitido caracterizar al 47,62 % de la población migrante, y aunque se estima un alto subregistro, es la primera vez que el Estado colombiano tiene tanta información para el diseño de política pública que permita la integración e inclusión de los venezolanos en la sociedad colombiana.

Este artículo es parte de la «Bitácora Migratoria», implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), un proyecto del Observatorio de Venezuela (OV) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos (FEIPU) de la Universidad del Rosario (UR) y la Fundación Konrad Adenauer Colombia (KAS) que busca acompañar y monitorear la implementación del ETPV, como instrumento de política pública diseñado por el gobierno nacional para la identificación, caracterización y regularización de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela en Colombia. Así como socializar los hallazgos y resultados del proceso de seguimiento con las autoridades y responsables nacionales y locales de diez ciudades y municipios priorizados, y con el público en general.

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Una cosa es evidente: se ha iniciado el cambio en la morfología del poder en Chile, recordando que este país es el más centralizado de América Latina y de la OCDE. En definitiva, es un Estado vertical, sectorializado, burocrático e ineficiente, que se ha desacoplado de los gobernados, como quedó de manifiesto en octubre de 2019.

Chile republicano heredó la cultura centralista de los tiempos de la colonia, aunque ahora pareciera que se están dando los primeros pasos para hacer un cambio copernicano al respecto, el que muy posiblemente no esté exento de dificultades.

En efecto, el nacimiento de esta nueva autoridad que cuenta con competencias en materia de planificación regional desde la presidencia de los consejos regionales es una figura que poco se conoce. Esta es, posiblemente, una de las razones que explican la alta abstención electoral.

La votación no superó el 20 % del padrón electoral en las trece regiones en las que hubo balotaje. Sin embargo, se espera que al ser el o la representante de la región, empatizará con las demandas ciudadanas de su territorio y tenderá a exigir una mayor autonomía presupuestaria y competencias en asuntos prioritarios o de interés para las personas, como la seguridad pública. En este sentido, cabe señalar que el actual ordenamiento territorial encarga ese tipo de competencias al delegado presidencial, figura que será designada por el presidente(a) de la República, en la lógica de la desconcentración de competencias y atribuciones.

Los cambios que introduce la elección de los gobernadores regionales permitirán fomentar la identidad de los territorios de la región, y sobre todo impulsar una articulación de los gobiernos locales (municipios) a favor de objetivos regionales en el ámbito de conectividad, planes de industrialización, entre otros.

En consecuencia, este primer paso sería el inicio de una devolución de poder a la ciudadanía, que muy posiblemente vaya a tensionar el sistema político en el corto plazo, en especial, a las autoridades que asuman la Presidencia de la nación a contar de marzo 2022. Sin embargo, se espera o desea que dicha tensión permita una ampliación de la descentralización. Esto posiblemente irá de la mano con una nueva reforma fiscal que permita un porcentaje de uso autónomo para los territorios (regionales y municipios). En definitiva, una verdadera descentralización, cuyo objetivo es permitir a los ciudadanos tomar decisiones respecto a sus planes de desarrollo y sentido político de pertenencia. En definitiva, es la condición necesaria para fortalecer la democracia y la corresponsabilidad ciudadana.

Paralelo a la ampliación de competencias, atribuciones y recursos, se deberán extender los sistemas de fiscalización y auditoría de los recursos públicos, lo cual se presenta como un desafío no menor en cuanto a la eficacia y eficiencia del propio proceso de descentralización.

Posiblemente, también se sumará un nuevo debate sobre cuántas regiones debieran existir en país, y la planificación estratégica de estas probablemente termine haciendo propuestas en este sentido; lo mismo respecto a las fronteras o morfología de los actuales 345 municipios.

Respecto a la administración territorial de las gobernaciones regionales, cabe señalar que las fuerzas políticas tradicionales de la ex Concertación, llamadas ahora Unidad Constituyente, obtuvieron un resultado electoral predominante, cuestión que ha permitido proyectarse de manera más optimista respecto de las futuras elecciones presidenciales.

Al respecto, debemos recordar que tras la elección del constituyente del pasado 15 y 16 de mayo las cuentas alegres fueron de los sectores de izquierda, representados por el Partido Comunista y el Frente Amplio (PC y FA). Luego de las elecciones de gobernadores regionales, parecen mostrar el resurgimiento del sector de centroizquierda.

En efecto, la Democracia Cristiana se impuso en 5 regiones, incluida la Región Metropolitana que representa más de 40 % del padrón electoral; mientras que el Partido Socialista en 4, sumado a 1 del Partido Radical, todos miembros de Unidad Constituyente.

Por otro lado, el sector de izquierda consiguió el gobierno regional de Valparaíso y Tarapacá, y el actual pacto oficialista quedó relegado a un solo representante en la región de la Araucanía. Las otras tres regiones quedaron lideradas por un(a) independiente.

En los hechos, pese a la ampliación de la votación del polo de izquierda (PC y FA), por ejemplo, en la Región Metropolitana, el análisis de regiones muestra que los partidos tradicionales de centroizquierda tuvieron capacidad de convocar a sus militantes y conseguir un triunfo relevante entre autoridades que posiblemente serán importantes en vista a las próximas elecciones presidenciales.

Peso a lo señalado, es difícil establecer escenarios futuros para las presidenciales, ya que el electorado castigó con cierta dureza a los partidos tradicionales en las elecciones del 15 y 16 de mayo en alcaldes, concejales y constituyentes, mientras que en las de gobernadores regionales se aprecia una señal diferente; sin embargo, se enmarca en una elección poco participativa, cuestión que posiblemente cambiará de modo importante para las elecciones presidenciales.

En consecuencia, el proceso político que vive Chile es intenso y aún no hay claridad respecto a los resultados que saldrán del constituyente, que aún no sesiona, mientras que los y las gobernadores(as) regionales serán gatillantes de la discusión de la descentralización efectiva (financiera y administrativa), cuestión que no necesariamente tendrá una coherencia con el resultado de las próximas elecciones presidenciales. Un futuro incierto para un proceso político que recién comienza.

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El escenario ya estaba anticipado. Las elecciones subnacionales del 7 de marzo y la segunda vuelta para cuatro regiones el 11 de abril no solo definirían a más de 2.600 autoridades a nivel departamental y municipal, sino también la relación de fuerzas y la ruta de la gobernabilidad en Bolivia.

Con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Gobierno central, el oficialismo esperaba asegurar su presencia en la mayoría de los espacios regionales, pero sobre todo en las ciudades del eje. De lejos su primer objetivo se cumplió ganando las alcaldías de 240 de los 336 municipios del país. Tal es su alcance que incluso en 19 municipios obtuvo el 100 % de los votos. Respecto a los anteriores comicios realizados en 2015 también superó expectativas, porque entonces solo había logrado 227 alcaldías, 13 menos que en esta gestión.

Es innegable la cobertura que tiene el partido del expresidente Evo Morales, que a pesar de los conflictos y sombras que lo envolvieron en la crisis política de 2019 y desde antes, mantiene su alcance y fuerza nacional. Aunque probablemente este fenómeno no sea solo mérito de esta fuerza de izquierda, sino también de la otra vereda, esa en la que las demás ofertas políticas no logran calar en la preferencia del electorado.

Resultados de la oposición

Sin embargo, la oposición le arrebató las ciudades del eje. En La Paz, Iván Arias; en El Alto, Eva Copa; en Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y en Santa Cruz, Jhonny Fernández. Lo interesante de este escenario es que son personajes que el MAS conoce muy bien.

Iván Arias, en la sede de Gobierno, no es una figura con la que se sienta cómodo el Movimiento Al Socialismo, porque fue ministro de Obras Públicas del gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, que a toda costa el oficialismo quiere deslegitimar instalando nuevamente el discurso de golpe. El burgomaestre paceño enfrenta actualmente la imputación por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias cuando fue ministro.

Eva Copa, expresidenta del Senado, que dejó las filas del Movimiento Al Socialismo cuando no tuvo el respaldo para su candidatura en la ciudad de El Alto, fue señalada por el expresidente Evo Morales como traidora. «Señor Evo Morales, no mienta al pueblo boliviano, tampoco quiera cubrir la derrota de su partido lanzando injurias y falsedades», fue la respuesta de la alcaldesa. Sin embargo, Copa, con un liderazgo en crecimiento, aclara que representa las convicciones de un partido de izquierda.

Manfred Reyes Villa, de amplia trayectoria política, asume por quinta ocasión la silla edil de Cochabamba. Estuvo refugiado en Estados Unidos y regresó al país durante el gobierno de la expresidenta Áñez. En abril, en un efusivo discurso desde el trópico, Evo Morales dijo: «Si la justicia en diciembre del año pasado hubiera detenido a los golpistas no había (Luis Fernando) Camacho gobernador, no había Iván Arias alcalde, ni Manfred Reyes Villa alcalde».

Resultados en Santa Cruz

En Santa Cruz, el MAS no pudo dar pelea por la alcaldía y Jhonny Fernández, concejal en la anterior gestión, salió vencedor. De los cuatro es el que tiene menos historia de confrontación con el partido oficialista.

En este escenario, y a pesar de su fuerza territorial, el MAS no es un ejemplo de armonía y cohesión. Hay quienes han expresado serios cuestionamientos al liderazgo de Evo Morales y piden renovación en filas del partido. Pero desde una ala más radical están quienes consideran que se debe eliminar a «renovadores y disonantes» para «limpiar la casa». La razón es simple: allanar el camino del líder indígena para que sea candidato en las elecciones presidenciales de 2025.

En el informe Bolivia elecciones subnacionales 2021, del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, las politólogas María Teresa Zegada y Erika Brockmann concluyen que en dichos comicios han reafirmado que «un solo partido, el MAS-IPSP, tiene cobertura geográfica en todo el país y que las demás fuerzas políticas son organizaciones más regionalizadas, antes que nacionalizadas. Sin embargo, más allá de las organizaciones partidistas, los elementos estructurales analizados permiten reconocer un país altamente diverso en lo político-electoral, lo que profundiza un proceso de consolidación de la competencia multinivel observado desde, al menos 2015».

Tanto a nivel central como regional es evidente la fragmentación. Las gestiones demandarán, y ya se está viendo desde ahora, acercamientos forzados para la toma de decisiones, consensos para procurar gobernabilidad más allá de los colores políticos.

Pandemia, gestiones y liderazgos

La mayor prueba de los nuevos gobiernos es cómo afrontar la gestión de la pandemia, y a más de siete meses del presidente Luis Arce en el poder central, la dramática situación del país con más de 15.000 muertes acumuladas y cifras récord de contagios de entre 3000 y 3500 cada día, demuestra que las acciones realizadas no han sido suficientes. La letalidad del virus por las nuevas variantes pone nuevamente a los bolivianos ante el colapso en las unidades de terapia intensiva, el contrabando de medicamentos, la escasez de oxígeno medicinal y la incertidumbre por vacunas.

Suman las críticas al mandatario que en medio de esta emergencia ha preferido mantener un perfil bajo y hacer solo algunos anuncios en redes sociales o en actos de entrega de obras sin, por ejemplo, brindar una conferencia para responder los cuestionamientos de la prensa sobre las problemáticas sanitarias.

Patricio Thompson, en su texto «Comunicación para gobiernos locales»,[1] asegura: «Es fundamental la decisión política a la hora de determinar cuál es el camino a seguir, qué problemáticas se enfrentarán, cuáles serán los plazos, etc. […] no como un determinante de nuestro accionar, pero sí como una influencia importante en la percepción de la opinión pública sobre nuestra gestión».

Como se mencionó en el artículo «Claves para entender la agenda política de Bolivia», el tema prioritario son las vacunas y el plan trazado para lograr la inoculación en el tiempo estimado, aunque con los retrasos registrados hasta ahora es poco probable que se logre el objetivo fijado.

Rol de los gobiernos locales

Algunos ministros señalan a los gobiernos locales para que asuman responsabilidades dentro de sus competencias y estos piden mayor colaboración del Gobierno central. Nuevamente, la confrontación de poderes deja en medio a los bolivianos. Aunque, algunas luces se visibilizan en acciones concretas como el reciente acuerdo entre subnacionales y el Ejecutivo para viabilizar la compra de vacunas por las alcaldías, sorteando las trabas de la burocracia nacional. Es un hecho que, sin importar de dónde venga la gestión, la gente demanda acceder a las vacunas.

En la reciente publicación de Diálogo Político «¿Gobernar es vacunar?», los autores Daniela Barbieri, Javier Cachés y Augusto Reina hacen un análisis sobre las campañas de vacunación y el liderazgo político, con una relación de datos por países con los que «se evidencian dos tiempos: los países desarrollados parecen estar dando —por ahora— vuelta la página, mientras Latinoamérica (y sus gobiernos) siguen atrapados por el virus».

La conclusión de este análisis es que «no hay una relación lineal y directa entre popularidad presidencial y tasa de inoculación. La vacuna, sin dudas, acelera la recuperación económica y descomprime el frente sanitario, pero no es en sí misma una garantía de éxito para los líderes políticos».

La gestión eficiente ahora implica ceder y dejar protagonismos para promover acciones inmediatas, porque el tiempo no es un lujo con el que contamos. ¿Podrán los poderes políticos enfrentados dar cabida a los consensos?

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Nota:

[1] «Comunicación para gobiernos locales», texto para cátedra publicado por Patricio Thompson para el Diplomado de Comunicación Política de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP).

En el tercer episodio de En Campaña abordamos el tema de la estrategia de una campaña electoral. Este es el siguiente paso tras poner en marcha la investigación y la planificación electoral. ¿En qué consiste, qué factores se tienen en cuenta y qué pasos debemos seguir a la hora de ponerla en marcha?, ¿con qué profesionales debemos contar para diseñar una estrategia exitosa?

Para responder a estas preguntas contamos con la participación de Daniel Ureña, socio fundador de MAS Consulting y presidente de la compañía en España; Roberto Rodríguez, doctor en Periodismo, profesor universitario y consultor de comunicación política electoral y de crisis; César Martínez, fundador de MAS Consulting en Estados Unidos y México y presidente de la misma en ambos países; Roberto Izurieta, profesor en la George Washington University-GSPM Latinoamérica, escritor y consultor político; y María José Canel, catedrática de Comunicación Política y Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid.

[Lee también: ¿Encuestas? Sí, gracias]

Conducción y realización: MAS Consulting.

En Campaña es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

Algunas preguntas que respondemos en nuestra edición especial Campañas electorales:

• ¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
• ¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
• ¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
• ¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
• Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

La economía social de mercado (ESM) permitió a Alemania Federal convertirse en una de las principales potencias económicas del mundo. Pero lo que es aún más importante: logró levantar de las ruinas la parte occidental de una Alemania dividida. Un padre de la idea fue Ludwig Erhard, el ministro de Economía en el Gobierno federal del canciller Konrad Adenauer. Han pasado setenta años y es buen momento para hacer un balance, entender el contexto político, económico y social en el que nació la economía social de mercado, analizar las dificultades que surgieron para su desarrollo, comprender cómo puede adaptarse a los grandes retos de nuestro tiempo y conocer el nivel de implantación que tiene en Latinoamérica.

Ludwig Erhard, el constructor del modelo

Ludwig Erhard fue ministro de Economía entre 1949 y 1963. En ese mismo año se convirtió en canciller de Alemania hasta 1966. Fue el sucesor de Konrad Adenauer. Este economista y político alemán es considerado el constructor de la economía social de mercado en la República Federal de Alemania y, por ende, del tan famoso milagro económico alemán. En una entrevista realizada en 1963 explica que la clave es facilitar el trabajo productivo, producir más y mejor, y de esa gran torta poder repartir raciones grandes para todos. Y pese a que suene sencillo, todo el desarrollo no lo fue en absoluto.

El punto de partida era un país en ruinas, destruido moral y económicamente tras el terrible período del nacionalsocialismo. Era un momento trágico que, quizá, permitió pensar de una manera completamente nueva. El diagnóstico de Ludwig Erhard era certero: «La jerarquía tradicional se caracterizaba, por un lado, por una clase alta y minoritaria que podía permitirse cualquier tipo de consumo y, por otro lado, por una clase baja cuantitativamente muy amplia con un poder adquisitivo insuficiente». En su libro Prosperidad para todos defiende que la economía social de mercado debería dar a todos los ciudadanos la oportunidad para su prosperidad.

Para lograrlo, combina dos cosas que en realidad se consideran opuestas: la libertad económica y la seguridad social. La clave de todo es un Estado muy presente. Un Estado que apuesta por el libre mercado como motor de desarrollo de una sociedad. Por esto protege la competencia justa, evita los monopolios y fomenta la estabilidad de los precios. Al mismo tiempo, un Estado que invierte en el bienestar de las personas y promueve su participación en igualdad en la vida económica y social.

Un Estado con un rol activo en asegurar educación, salud e infraestructuras. Un Estado que garantiza derechos básicos a los trabajadores y los protege de la explotación. Un Estado que usa los impuestos pagados por la gente para beneficiar a los que requieren especialmente de la solidaridad y de las políticas públicas. El objetivo era generar una amplia clase media. Un Estado que, como lo llamaba un programa de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, apuesta por el concepto de libertad en responsabilidad.

Las dificultades

A pesar de las buenas intenciones, la economía social de mercado no impide las grandes bolsas de precariedad laboral y social que hay en Alemania, en donde millones de personas no tienen la oportunidad de experimentar la idea de prosperidad para todos acuñada por Ludwig Erhard. Según Gunter Rieck Moncayo, experto en economía y comercio de la Fundación Konrad Adenauer, «La economía social de mercado es una historia de éxito en dos sentidos. Por un lado, ha permitido una alta prosperidad en Alemania. Y, por otro lado, este modelo económico y social se ha convertido en parte de la identidad alemana. Eso también se refleja en que no encontrarás un partido en el Parlamento que no pretenda defender la economía de mercado».

En sus inicios, la economía social de mercado tuvo mucha oposición. Por ejemplo, por parte del resto de los partidos. Entre ellos se discutía, por ejemplo, «cómo el adjetivo social debe traducirse en políticas concretas», explica Rieck Moncayo. Y añade: «no olvidemos que consiste más en principios generales y no es un manual de políticas concretas».

Una de las claves de la economía social de mercado es la capacidad de negociación de los trabajadores para aumentar y proteger sus derechos. Ahí entran en juego los sindicatos, actores fundamentales para entender cómo funciona la economía y el mercado de trabajo en Alemania, donde hay seis millones de personas afiliadas a las diferentes organizaciones agrupadas en la Federación Alemana de Sindicatos (DGB, por sus siglas en alemán). Sin embargo, al inicio, los sindicatos opusieron resistencia al modelo.

«Los sindicatos no fueron nada entusiastas al principio», señala Rieck Moncayo. Cuando se introdujo el marco alemán, se levantaron los precios fijos y el racionamiento de los bienes cotidianos, creció enormemente la oferta de productos pero también se generó inflación. «Los salarios no pudieron seguir el ritmo de este aumento de precios y los sindicatos finalmente convocaron a una huelga general. Casi el 80% de todos los empleados participaron en la protesta contra la política económica de Ludwig Erhard». Hoy esa situación ha cambiado y los sindicatos son un pilar del modelo económico y social alemán.

La economía social de mercado en América latina

Es difícil determinar en qué medida este modelo económico ha penetrado en Latinoamérica. Es cierto que algunos países lo han intentado integrar. Por ejemplo, en Perú, la economía social de mercado tiene estatus constitucional, sin embargo, existen otras dificultades. «Lo que todavía se interpone en el camino de un éxito rotundo es, como en algunos otros países latinoamericanos también, la fuerte fragmentación y el aspecto confrontativo en el sistema político y de partidos», afirma Rieck Moncayo.

La pregunta es entonces qué contexto y elementos diferenciadores de los países latinoamericanos con respecto a Alemania impiden que la idea se desarrolle de la misma manera. «Faltan dos requisitos importantes. Por un lado, la ESM requiere un alto grado de organización social. Uno de los principios fundamentales de la ESM es la subsidiariedad, y, de acuerdo con este principio, la responsabilidad personal y la autodeterminación tienen prioridad sobre la acción estatal. El Estado no debe intervenir donde las organizaciones sociales puedan regular sus propios asuntos», sostiene el experto en economía y comercio de la KAS.

A esa condición agrega la formación profesional. «En Alemania, el contenido de los distintos cursos de formación lo determinan las cámaras de comercio que también otorgan el título. Esto solo es posible porque las empresas son miembros obligatorios en las cámaras y por lo tanto las cámaras pueden hablar de manera creíble en nombre de las empresas», explica Rieck Moncayo. Según él, los sistemas de seguridad social y la infraestructura estatal requieren financiamiento a través de impuestos y aranceles que, por supuesto, deben ser soportados principalmente por los más fuertes de la sociedad. «Todavía veo muy poca voluntad de muchos países latinoamericanos. Chile y México tienen las tasas impositivas más bajas de la OCDE. Por supuesto, este dinero falta en todas partes», concluye el experto.

Ludwig Erhard es el autor de la siguiente frase: «El objetivo último de cualquier economía es liberar a las personas de la necesidad material». La economía social de mercado es una historia de éxito, pero en todas las historias hay perdedores. El reto sigue siendo el que planteó Erhard: prosperidad para todos. Y en un tiempo en el que nos acecha una pandemia, la crisis climática o el cambio de paradigma en el mundo del trabajo por la digitalización, se hace más necesario que nunca un Estado que acentúe el apellido social de la economía de mercado.

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Retomando la discusión sobre la crítica al liberalismo iniciada en nuestro texto anterior [«La izquierda democrática y la tradición liberal: actuando en el mundo tal y como es», del 9 de junio de 2021], la postura de Brenes y Steinmetz-Jenkins nos plantea algunas interrogantes. Lograr un reconocimiento a los nexos entre liberalismo político y justicia social, así como la necesidad de defender a la democracia liberal del asedio de sus competidores globales son solo dos. A estos que nos referimos a continuación.

Libertad e igualdad

La defensa de la tradición liberal no niega los avances en derechos sociales, en Estados de bienestar, en redistribución económica. De hecho, una parte de la tradición liberal se reconoce en el avance de un sistema de garantías sociales para el pleno desarrollo de las capacidades de cada ciudadano. Dentro de la tradición liberal más progresista se reconoce la importancia de la protección social para que siga existiendo generación de riqueza, a través del mismo capitalismo. La historia económica de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los países de Europa Occidental y en Estados Unidos, demuestra que la generación privada de riqueza no solo no está reñida con el fortalecimiento de una política social inclusiva, sino que son fundamentalmente compatibles.[i]

En el mundo contemporáneo, sin liberalismo no hay democracia, a lo que hemos de agregar que, en el mundo futuro, la crisis de representatividad que sufren los regímenes democráticos no tendrá solución sin la creación de un sistema de garantías de los derechos sociales y económicos, así como del restablecimiento del poder transformador de la política.[ii] Una política bloqueada para presentar y desarrollar transformaciones sociales conduce a un crecimiento de la apatía cívica, en un primer momento, pero también, posteriormente, al fortalecimiento de alternativas antisistema que podrían abrir paso a nuevas formas de despotismo. Solo se puede caminar en la consolidación de esa democracia liberal representativa si se avanza en el fortalecimiento de aquellas instituciones que garantizan la vigencia de los derechos sociales y económicos. Esto es, si se avanza en términos de equidad, igualdad y justicia social.

Para que la democracia persista es necesario recuperar los vínculos que comunican diversas tradiciones políticas. Si se abandona el proyecto liberal, es decir, la defensa de los derechos humanos, de los poderes limitados, de un sistema de garantías que proteja las libertades civiles y políticas de los abusos de los poderosos, también quedará desprotegida la democracia realmente existente, y quedará aún más vulnerable la lucha por los derechos sociales y económicos.

Acá también encontramos los vasos comunicantes entre diversas tradiciones políticas, en el reconocimiento de que un mayor compromiso cívico se nutre a través del desarrollo de los derechos sociales, en su expresión concreta y personal. Frente a esto, la nueva política de la identidad puede estar caminando en un sentido inverso, al bloquear la construcción de grandes acuerdos sociales y políticos integradores, lo que implica la progresiva desaparición de lo común, tan caro a la tradición progresista.

Capitalismos y democracia

Así como ¿Izquierda democrática o liberalismo de la Guerra Fría? no aclara qué es la democracia genuina en contraste con la vinculada con el liberalismo de Guerra Fría, tampoco explicita los límites de lo que define como capitalismo. Porque en realidad hay capitalismos, varios. Estos pueden extenderse desde el tecnocratismo autoritario y ultraliberal de Singapur, hasta las formas que vemos presentes en el mundo escandinavo, donde existen democracia plena, pluralismo político y social, y un Estado de bienestar que garantiza protección de la cuna a la tumba.

Es posible reconocer que las lógicas estratégicas (medios/fin) del capitalismo y la democracia divergen. El capitalismo expande sus medios (creación y captura de mercados) para conseguir, de modo concentrado, su objetivo (acumulación de ganancia) económico. La democracia expande, simultáneamente, medios (sujetos, instituciones y derechos) y fines (participación individual, autogobierno colectivo) en la regulación de la convivencia política. En esto, es claro, difieren.

Pero ambos, capitalismo y democracia, operan en el marco de sociedades de masas, regidas por Estados nación, en un sistema internacional interconectado. Admiten versiones y maridajes diversos, contradictorios y dinámicos. Si concebimos al Estado como el terreno donde se cristalizan las constelaciones de poder político —y económico—, entonces la posibilidad de sustituir/contener a quienes nos desgobiernan resulta clave para acotar la explotación capitalista. Y eso solo es posible, de modo estable y protegido, en democracias liberales.

Claro que esas democracias existen desde la asimetría —de recursos varios— de sujetos que ejercen sus derechos sociales, civiles y políticos. Su ejercicio está variablemente habilitado en dependencia de las capacidades estatales y las orientaciones ideológicas de cada gobierno. No hay casos perfectos, ni rutas únicas. Pero los mejores aportes del liberalismo progresista, que no se asimila al fundamentalismo de mercado, tienen mucho que ver en esa dirección.

La defensa de la democracia liberal

Un proyecto igualitario tiene que ser también libertario, no hay una democracia genuina que se mantenga en el tiempo sin garantizar condiciones sostenibles para el desarrollo estable de la disidencia, para el ejercicio libre de la crítica y de la construcción de alternativas. Para todo esto la institucionalidad liberal ha sido la única que ha reducido el riesgo que ser contrapoder de manera sostenida en el tiempo. Los experimentos democráticos no liberales, mucho más los antiliberales, se han deslizado bien hacia formas opresivas y despóticas, bien hacia situaciones caóticas y anárquicas. En ambos casos, la democracia es destruida al poco tiempo, aunque persistan algunas rutinas y la denominación de origen.

Entre los aportes más fructíferos y progresistas de la tradición liberal que impregnó a las otras tradiciones políticas, haciendo posible el pluralismo político contemporáneo, encontramos, primero, que los derechos humanos son universales, lo que, por ende, hace de su exigencia, y de la construcción de un sistema de garantías que proteja su ejercicio, un proyecto universalizable. Eso permitió conectar, en una convergencia no exenta de contradicciones, tensiones y conflictos, historias diversas en torno a un proyecto común.

La defensa de la institucionalidad liberal es tan importante, para preservar tanto la democracia realmente existente como a la misma tradición progresista, como para dejársela exclusivamente a los liberales. Esta institucionalidad liberal, que funciona como un sistema de garantías para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos frente a la arbitrariedad del poder, es un patrimonio común de todas las tradiciones políticas progresistas, aparte de ser una precondición imprescindible para los futuros avances en materia de derechos y libertades.

La expansión global de la democracia liberal representativa, en sus distintas versiones, ha sido el gran logro del progresismo contemporáneo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Las democracias realmente existentes distan de ser perfectas y completas, sin embargo, en el marco construido por ellas encuentran las más diversas corrientes progresistas el hábitat propicio para su acción política, para la ampliación de derechos sociales y económicos, para la construcción de nuevos horizontes de cambio cultural.

El proceso de desconsolidación de las democracias, que deriva en autocratización, el resurgimiento de nuevas formas de autoritarismo, han de ser llamadas de atención. La cultura autoritaria pervive y se transforma, la curva de aprendizaje del pensamiento autoritario deriva en formas y procedimientos más sofisticados de implantación y consolidación. El debilitamiento del proyecto liberal global, como es llamado por muchos filotiránicos, no contribuye a la aparición de nuevas formas de democracia ni impulsa la imaginación política autónoma, al contrario, contribuye a un deslizamiento hacia relaciones de poder marcadas por la imposición arbitraria y discrecional de la voluntad del más fuerte sobre la del más débil.

Un comentario final

La democracia no es un destino inexorable de la humanidad ni una certeza de futuro. En la dimensión de la historia humana los regímenes democráticos estables son recientes, mientras que el autoritarismo, en sus distintas formas, cuenta con una mayor presencia histórica. Como demócratas con memoria histórica —lo que implica ser defensores de esta mixtura que combina, en amalgama tensa, tradiciones varias como la liberal, la socialdemócrata y otras—, no se puede ser ingenuo al pensar que el autoritarismo es un invento de la Guerra Fría. Y que la democracia se desarrolla en un ambiente global bonancible.

La cooperación transnacional entre demócratas, para enfrentar amenazas autoritarias, se convierte hoy en un imperativo común de progresistas y liberales. Desgarrar el liberalismo del progresismo debilita a la democracia realmente existente y fortalece a los nuevos sectores autoritarios. El proyecto democrático global se enfrenta hoy, como ayer, a diversos retos: polarización, exclusiones, nuevos radicalismos. Y ese proyecto democrático, global, necesita de los mejores valores, energías y compromiso liberales, renovados, de los Estados Unidos.

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Notas

[i] Ver Geoff Eley, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000, Nueva York, Oxford University Press, 2002.

[ii] Ver Yanina Welp, La democracia y el declive de las élites, Nueva Sociedad, 290, nov.-dic. 2020.

Hasta hoy el bukelismo se ha valido de un discurso de odio para crear enemigos y, de manera peligrosa, los salvadoreños lo escuchan y toman partido.

En febrero de 2020, en un acto en el que 1400 nuevas tropas se incorporaban a la fuerza armada, la nueva milicia se formó en la plaza central de la capital salvadoreña para escuchar a su comandante general.

El presidente les dijo: «Son días difíciles porque nos toca enfrentar no solo a ese gran poder fáctico que se llama delincuencia, sino a ese otro gran poder formal que se llama políticos tradicionales. Muchos de ellos en la Asamblea Legislativa».

Con un sinnúmero de tuits e intervenciones como estas a lo largo de aquel malogrado año por la pandemia, antesala de las elecciones legislativas y municipales, Bukele logró, ante los electores, encasillar a políticos y partidos de la oposición con las etiquetas sinónimas de los mismos de siempre y los políticos tradicionales, a quienes culpaba con odio e insistentemente de obstaculizar sus caprichosos planes.

Aunque los partidos políticos y diputados con el control del poder legislativo en aquel momento eran los principales objetos de sus ataques, la lista se extendió a funcionarios de segundo nivel que discrepaban con sus decisiones, mostraban resistencia o los consideraba un obstáculo para sus planes. Así, los jueces constitucionalistas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo se convirtieron, ante los ojos del presidente y sus entusiastas seguidores, en cómplices de los mismos de siempre y, por tanto, en enemigos.

Una ciudadanía cansada

Una ciudadanía cansada de actos de corrupción de los partidos políticos históricos creyó en el carismático presidente. Una vez convocadas elecciones, los salvadoreños entregaron en las urnas el control absoluto (64 de 84 diputaciones) del Poder Legislativo al presidente y sus aliados. Los enemigos en el Parlamento estaban acabados.

Como lo habían prometido durante la campaña, los nuevos diputados renunciaron desde el primer momento a ejercer cualquier contrapeso y se rindieron a los antojos de su presidente.

Con la complicidad de estos, durante una infame primera sesión plenaria, los diputados destituyeron a los jueces de la Corte Constitucional y al fiscal general de la República, sustituyéndolos por personas afines al régimen. Así, «los enemigos» que podrían oponerse a la reelección presidencial o investigar la opaca gestión que se hizo de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria, también fueron vencidos.

Solo días después de aquel golpe blando y otra vez frente a su ejército, Bukele espetaba: «Los ataques ahora ya no son externos, son internos. Esas pequeñas voces que atacan a la fuerza armada, y aunque son una pequeña minoría hacen mucho ruido», y agregó: «Como comandante general de la fuerza armada y en nombre del pueblo salvadoreño […] quiero reiterarles nuestro agradecimiento por ayudar a salvar a nuestra patria de los enemigos internos y externos».

¿A qué enemigos se refiere el caudillo millennial?

Aunque la capacidad que ha tenido el presidente de acabar con sus oponentes es una clara demostración de poder, tal situación entraña un problema para el bukelismo, que necesita crear nuevos enemigos a quienes culpar.

En esencia, y como ha ocurrido con los gobiernos que le antecedieron, el presidente no ha logrado brindar respuestas a los principales problemas del país. La emergencia sanitaria le sirvió como pretexto y distracción, pero problemas estructurales como el desempleo, los grupos criminales que aún mantienen en zozobra al país y el débil crecimiento económico, persisten y, en algunos casos, se agravan.

Pero la culpa no la tendrá él, y atender dichos problemas no es, en este momento, la prioridad del Ejecutivo.

Como hemos advertido, desde que asumió la presidencia el único punto de agenda del bukelismo ha sido encontrar la forma de perpetuarse en el poder. La tarea no estará terminada hasta que los oficiales del régimen logren institucionalizar los mecanismos que garanticen a Bukele y sus cómplices el enquistamiento del régimen en el Estado. Pero no podrá lograr esto sin enemigos creíbles. Porque solo enfrentándose y derrotándolos puede avanzar en su agenda personal.

Solo podrá justificar cada atropello a la institucionalidad del país alegando que esta es necesaria para vencer a los mismos de siempre, a los «poderes fácticos» que amenazan su régimen y la nueva democracia.

Y es que el líder del bukelismo es victimista. Afanosamente, el presidente gusta echar culpas a otros, a los que, en caso de ser políticos, trata de sinvergüenzas, hipócritas, perversos y corruptos; y, cuando identifica cualquier atisbo de resistencia entre la sociedad civil, insistentemente los deslegitima, se burla y persigue.

Pero a todos ellos, aunque dice despreciarlos, los necesita.

Rol de los enemigos

Al señalar a sus enemigos, proyecta en ellos sus propias fallas: habla de corrupción, pero ignora las denuncias en su gestión; señala como no democráticos a los políticos de la oposición, pero ha cooptado las instituciones con funcionarios de los que solo espera ciega obediencia y pleitesía; cuestiona el uso clientelar del Estado, pero promete favoritismo a sus leales servidores; reprocha militarismo de la historia política y ha convertido a la fuerza armada en su obediente guardia personal.

Cómo él mismo lo reconoce, ahora apunta con su dedo a dos tipos de enemigos, externos e internos.

Los primeros son los miembros de la comunidad internacional. A los aliados tradicionales del país les llama dubitativamente amigos y les exige que no se entrometan, mientras desbarata la débil institucionalidad salvadoreña. Estos, sin embargo, al ser tanto o más fuertes que él, no necesitan ninguna protección.

Por otro lado, señala como enemigos internos a instituciones y personas a las que, cual matón, amenaza e intimida. Mientras a la comunidad internacional dirige sus quejas, a los miembros de la sociedad civil les apunta con las armas de su ejército.

En su ensayo Construir al enemigo (2009), Umberto Eco explica cómo los regímenes precisan enemigos para descargar rivalidades y faltas. Solemos representar a los enemigos como feos, hediondos, diferentes e inferiores. Una y otra vez, el bukelismo se esfuerza por retratar de esta manera a toda oposición.

Pleitesía al líder

Los enemigos del bukelismo son todos aquellos que no rinden pleitesía a su líder, quienes no callan ante los abusos del régimen, quienes se atreven a disentir en las decisiones y quienes saben reconocer y denunciar sus atropellos. Simplemente son enemigos quienes se atreven a reconocer como otro ser humano a quien dice de sí mismo que es un instrumento de Dios en la historia de El Salvador.

De momento, el logro más importante y peligroso de Bukele es que la multitud de sus seguidores creen y reproducen su discurso de odio. Pero este discurso necesita alimentarse para ser creíble; por eso busca desesperadamente enemigos que le sirvan para victimizarse ante sus partidarios y así justificar, ante ellos, acciones agresivas e ilegítimas.

Parafraseando a Eco (2009), este dirá que la imagen del enemigo se desplaza a una fuerza natural o social que de alguna forma nos amenaza y que debe ser doblegada. Ahora que Bukele ha vencido a la pandemia, de nuevo debe dirigir su cólera y acusaciones a enemigos a los que puede llamar por su nombre.

Bukele está sacrificando a la débil democracia salvadoreña, y está dispuesto a acompañar dicho sacrificio con la sangre de sus enemigos internos.

Distintos medios han recogido con preocupación la reciente advertencia que Bukele hizo a su ejército sobre los enemigos internos que se deben combatir. Pero es importante hacer notar que esta campaña de odio ha sido engendrada por el autócrata presidente desde el inicio de su mandato y la seguirá alimentando.

Con su discurso de odio pretende infundir miedo en sus opositores y críticos. Busca enemigos para exterminarlos y con tal ejemplo intimidar a quien se le oponga. No le interesa deliberar, sino imponer.

Pero Bukele debe saber que no todos los que nos oponemos a sus aspiraciones antidemocráticas, aunque él nos considere enemigos, le tenemos miedo.

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El texto siguiente obtuvo una mención especial en la cuarta edición del concurso de artículos breves «¿Cuál es el rol actual de los jóvenes en la construcción de partidos políticos modernos en Latinoamérica?» organizado por Diálogo Político.

La falta de representatividad y confianza en los partidos se ve reflejada en la participación política de jóvenes. Esto plantea preguntas respecto a la legitimidad y al funcionamiento de la institucionalidad democrática.

«La desafección representativa constituye un indicador de que un sistema político determinado está fallando, precisamente, en cumplir con su función representativa» (Monsiváis, 2017, p. 4). El futuro de los partidos políticos en la región resulta incierto y la crisis de estos se hace presente al no poder adaptarse a las demandas sociales actuales. Su supervivencia tambalea por la falta de participación política (especialmente de los jóvenes) y la desconfianza que se les tiene a los políticos. Con un 53  % de la población de América Latina desafectada con la representación de su gobierno, una creciente percepción de desigualdad y una baja participación política, ¿aún se podría decir que la región goza de una democracia representativa e igualitaria? ¿Existe una verdadera representación?

La participación ciudadana se toma como un factor elemental para un sistema democrático. Si este cuenta con un apoyo menor al 50 %, resulta importante el estudio de la crisis de partidos y la desafección representativa, dado que deja en tela de duda si existe una verdadera representatividad. Sin la participación de jóvenes, mujeres y miembros de la comunidad LGBT no existirá una reivindicación política en la región, haciendo imposible la adaptación de los partidos a las demandas sociales.

El futuro de la gobernabilidad democrática depende de que los partidos políticos empiecen abrir más espacios de toma de decisiones para que estos grupos mencionados puedan participar en el desarrollo de políticas públicas funcionales y, consecuentemente, se recupere la confianza del ciudadano. Este nuevo escenario político necesita alejarse de la idea del hombre de las soluciones y empezar a obtener mayor madurez electoral.

¿Por qué no hay participación? ¿Cuál es la razón de la desafección representativa?

La desafección representativa radica de los antecedentes democráticos del país, las estructuras de división predominantes en la sociedad, normativas electorales y la institucionalización del sistema de partidos (Monsiváis, 2017). Según el Latinobarómetro de la Américas (2018), la confianza hacia los partidos presenta una baja histórica dado que la percepción de que los intereses de unos pocos son los que mandan se ha visto incrementada consecutivamente. ¿Por qué?

La arena política sirve para la construcción de objetivos en común. Sin la participación de grupos como la comunidad LGBT no se podrían construir políticas públicas que abarquen sus intereses. La actividad política es necesaria, pero esta se ve mermada por factores como la discriminación, la violencia y la desconfianza.

¿Cómo se manifiestan? En primer lugar, la violencia hacia la mujer no es algo raro, dado que está presente tanto en el ámbito privado como el público. Latinoamérica tiene una histórica deuda con la mujer en lo que concierne a representación. Es preocupante que este fenómeno persista aun cuando los gobiernos promulgan la paridad y la participación de la mujer en cargos de decisión. La paridad seguirá siendo un reto para el futuro de los partidos políticos a nivel regional, en razón de que la violencia de género tomó «relevancia en el escenario político electoral exacerbando el ejercicio de prácticas que intentan perpetrar la política como un espacio reservado para los hombres» (Albaine, 2011, p. 17).

Discriminación

En segundo lugar, respecto a la discriminación, en el caso paraguayo no existe el debate sobre la discriminación hacia homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales, en razón que ni si quiera aceptan que exista el problema. Es inverosímil pensar que se puede hablar de representatividad en un escenario donde no existen organizaciones civiles que defiendan sus objetivos, tampoco espacio para el debate o reconocimiento de su discriminación.

Por último, el joven apolítico no confía en quienes se supone que debe representarlos. Es decir que no estamos frente una generación apartidista sino apolítica, y hoy en día son un gran porcentaje del padrón electoral. De hecho, las instituciones democráticas con menor índice de confianza ciudadana en la región son el gobierno, el Congreso y los partidos políticos. Los apolíticos son considerados marginales a la política y, en cuanto al desarrollo de políticas basadas en las necesidades de este sector, generalmente tienden a ser postergadas justamente por la calidad de marginados y la poca acción de respuesta. Diferenciándose de los apartidistas, los apolíticos no mantienen una participación activa y pendiente de la gestión del gobierno, por ende, se infiere que el individuo apolítico tiende a estar menos informado a la hora de votar. Se cree que el apoliticismo[1] representa una alerta para la democracia y un indicativo de inestabilidad.

Jóvenes apolíticos

Es importante diferenciar el apoliticismo del apartidismo. El apartidista, a pesar de que no le agrada ningún partido político, se mantiene informado frente lo que pasa dentro del escenario político. Hay que deshacerse de la idea de que el joven es egoísta por su apoliticismo; mas bien, es necesario verlo como autónomo. Temas como el ambiente, la contaminación y los derechos humanos son de interés aun para un joven apolítico. La diferencia en cuanto a sus predecesores radica en que el joven utiliza medios alternativos ajenos a la política para luchar por esos temas de interés. Podemos inferir que, en razón de la falta de representatividad, el joven opta por otro medio (basado en su percepción) para hacer cumplir sus intereses.

La región se ha caracterizado por la desigualdad y la corrupción. En las últimas décadas se han presentado una serie de reivindicaciones y demandas sociales como el matrimonio igualitario, el aborto legal o el derecho de la naturaleza. Estas reivindicaciones no serían posibles sin la participación ciudadana y las ideas nuevas de los jóvenes dentro de los partidos. Por ende, no se puede tener una democracia representativa sin la garantía de que estos grupos mencionados tengan un espacio seguro y participativo en el escenario político. Caso contrario, fenómenos como el apoliticismo y desapego representativo seguirán siendo palpables dada una falta de incorporación de intereses de la sociedad, un debilitamiento partidista y un común sentimiento de frustración.

El desapego representativo y la frustración

A más desconfianza, mayor será el sentimiento de que no se representan los intereses de todos. Para explicar las consecuencias de la falta de participación y desconfianza de los sectores mencionados es necesario discutir la ola de protestas en la región en vista de una ausencia de respuesta ante demandas sociales. Tan solo en 2019 tuvieron lugar protestas violentas en Ecuador por el retiro de los subsidios a los combustibles, en Chile por la desigualdad, en Bolivia por un «fraude» en sus últimas elecciones presidenciales, en Haití por la falta de agua, comida y combustibles. Resulta necesario usar la teoría de la frustración-agresión de Berkowitz (1962), que sostiene que «la agresión es la respuesta que sigue a la frustración».

En 2020, en Latinoamérica, con la pandemia la situación solo se agravó, al visibilizarse más la negligencia y los actos de corrupción. Los procesos de vacunación y la falta de transparencia de estos únicamente han fortalecido el rechazo hacia los políticos. Aun con el miedo producido por el contagio, se dieron protestas. Lo preocupante de este fenómeno es que no distingue gobiernos de izquierda o de derecha en el continente, es decir, no es un problema ideológico. La desconfianza hacia los partidos políticos y el descontento hacia los políticos son considerados catalizados de un sentimiento en común de frustración. Una de las pruebas de ello resulta de que la sociedad no percibe un crecimiento o transparencia en el gobierno, debido al desacelerado crecimiento del PIB en la región.

Restricciones actuales

Analistas como Verisk Maplecroft (2020) afirman que las restricciones de gobiernos como Chile y Ecuador en la presente pandemia únicamente se pueden comparar con «una tapa a la olla a presión de malestar social que comenzó a hervir el año pasado», aludiendo a la errónea idea de que los problemas del 2019 se habían resuelto, cuando la pandemia solo les había dado un respiro a los gobiernos de las olas de protestas. No es de extrañar que desde el 2017 y 2018 varios países de la región ya presentaban un declive en cuanto a la aprobación hacia su mandatario; los casos más alarmantes fueron Ecuador y Nicaragua con 20 y 44 puntos porcentuales, respectivamente.

La región se ha caracterizado por la desigualdad y la corrupción. En las últimas décadas se han presenciado una serie de reivindicaciones y demandas sociales, como el matrimonio igualitario, el aborto legal o el derecho de la naturaleza. Estas reivindicaciones no hubieran sido posibles sin la participación ciudadana, su confianza y las ideas nuevas de los jóvenes dentro de los partidos.

Para darles paso a más jóvenes es necesario despedirnos de los viejos personajes vistos como los hombres de soluciones, es decir, los caudillos.[2] En Latinoamérica hay varios ejemplos como Chávez, Correa, Maduro, Ortega, Kirchner o Humala. Todos ellos tuvieron la esperanza de los partidos que los apadrinaban sobre sus hombros. ¿Por qué? Toda la confianza de sus electores se concentraba en ellos. A este punto resulta obvio decir que la credibilidad es de suma importancia para la supervivencia de un partido.

Latinoamérica debe obtener madurez electoral y eliminar del escenario político al caudillismo, dado que estos personajes exprimen hasta el final esa confianza para permanecer lo más que pueden en el escenario político, debilitando la estabilidad de los partidos que depositan su supervivencia en ellos.

Conclusiones

Los jóvenes efectivamente desconfían de los partidos políticos. ¿Cómo culparlos? La corrupción se hizo presente aun en los momentos más críticos de la crisis sanitaria. Fenómenos como la desafección representativa son el resultado de la baja aprobación de los mandatarios, la poca participación del ciudadano, la desconfianza que este siente al no sentirse representado y la frustración.

Esto nos conduce a preguntarnos si en verdad estamos frente a una democracia representativa (o si alguna vez fue así) por el silencio que se perpetuó en temas sensibles en una sociedad tradicionalmente conservadora. Resulta imposible pretender que vivimos en una gobernabilidad democrática estable, si los jóvenes, mujeres y miembros LGBT no tienen un rol dentro de los partidos políticos. Recordemos que la misión de los partidos nace de la necesidad de representar los intereses del pueblo y su futuro depende de recuperar la confianza del ciudadano, no únicamente para que la participación de este sea activa, sino para que se integre en el desarrollo de las políticas públicas con la finalidad de garantizarles funcionalidad.

Hay que cambiar la perspectiva de los ciudadanos frente los partidos políticos con una reivindicación política que pueda satisfacer las demandas sociales de los marginales políticos, de aquellos que se han sentido ignorados y se han visto en el frente de las protestas violentas, de aquellas mujeres que fueron objeto de violencia como las lesbianas, gays y transexuales que vivieron la discriminación. Los jóvenes tenemos el compromiso de crear un escenario político libre de esta clase de prácticas, un escenario que garantice una verdadera representatividad.

Bibliografía

Albaine, L. (2011). Paridad de género y violencia política en América Latina. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://www.aacademica.org/000-093/388.pdf?view

CIDH. (2018). Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas.

Corporación Latinobarómetro. (2018). Informe 2018. Santiago de Chile.

Monsiváis, A. (2017). La desafección representativa en América Latina. Ciudad de México: Andamios.

Pelegrín, A., Hernández, M., y De Los Fayos, G. (2008). Evolución teórica de un modelo explicativo de la agresión en el deporte (vol. 7). Universidad Camilo José Cela.

Posa, R. (2002). Análisis de la participación política de lesbianas y gays en Paraguay. Revista IIDH.

Notas:

[1] Apolítico: ciudadano «ajeno a la política o que se desentiende de ella» (Diccionario de la RAE).

[2] ¿Cuáles son las características de un caudillo? «Su temeridad guerrera, sus habilidades organizativas, sus limitados escrúpulos, su capacidad para tomar decisiones drásticas, los convierten en los hombres del momento» (Castro, 2007, p. 13).

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En el Ecuador, el febrero pasado, una nueva Asamblea Nacional fue electa. Tomó posesión el 14 de mayo pasado y le toma la posta a un cuerpo legislativo que deja muchos temas inconclusos y bastante mal sabor en lo que se refiere al ejercicio de la política.

El nuevo Legislativo se estrena bien. En términos de paridad, está presidido por una mujer líder amazónica, con larga trayectoria en el activismo social y cuya presencia, para muchos, está significando un mensaje casi karmático de resarcimiento, si pensamos que fue perseguida y encarcelada por el régimen de Correa y fue precisamente su hermana quien la posesionó. En los avatares del mundo político, ese mensaje parecería reivindicar ese adagio de que la vida da las vueltas y, en política, más.

No se puede dejar de destacar, además, que —también por primera vez— la Asamblea está presidida por el partido que representa a los indígenas en el Ecuador. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik es —para sorpresa de todos— la segunda fuerza política ecuatoriana. Este partido, fundado por el movimiento indígena del Ecuador y sus aliados, logró su mejor resultado legislativo en su historia: 27 curules, 22 más que en el 2017, lo cual sin duda es un hito histórico de representación legislativa para ellos, que llegan además con su propia agenda y van a trabajar por ella.

La composición actual de la Asamblea Nacional es compleja, a la luz del cambio de la metodología de asignación de escaños (D’Hont por Webster). Como consecuencia de esto, el partido que representa al correísmo ostenta 48 escaños, la Izquierda Democrática 18, el Partido Social Cristiano 19, el partido de gobierno CREO 12 y una lista de independientes inició con 13 y ahora ya son 20. Una configuración variopinta que hará difícil la gobernabilidad a futuro y complica al Ejecutivo.

Tareas pendientes

Con esta realidad numérica, salta a la vista que la primera gran tarea que tiene el Legislativo es generar consensos para construir una agenda que viabilice la aprobación de leyes pero que, al mismo tiempo, acuerde con el gobierno para que, en un ejercicio de colegislación responsable, este último pueda cumplir las ofertas de campaña que pasan por reformas de ley o iniciativas del Ejecutivo. En ese sentido, algunos analistas ya auguran negros nubarrones en el espectro de la gobernabilidad, porque tal como están distribuidas las fuerzas políticas es un hecho que habrá mayorías móviles que se irán configurando para proyectos puntuales.

Por otro lado, el estrenado Legislativo tiene la obligación de recomponer la imagen de un poder del Estado que está bien venido a menos, a golpe de actos de corrupción y desafueros: esa fue la herencia que recibió de los que se fueron.

La Asamblea saliente

De hecho, la Asamblea saliente estuvo marcada por la polémica y ha sido la legislatura peor evaluada de los últimos años, con un 2 % de aceptación. En términos de agenda legislativa, únicamente se aprobó un 33 % de los asuntos, que incluían un conjunto de 90 leyes que supuestamente iban a ser sancionadas y, al final, se aprobaron únicamente 30.

En términos de fiscalización, se recibieron 34 pedidos de juicio político pero solo 9 fueron aprobados y pasaron al pleno para resolver la censura y destitución de los funcionarios.

Respecto a corrupción, la Asamblea saliente estuvo marcada por varios escándalos, con 54 legisladores procesados o investigados por actos de corrupción relacionados con cobro de diezmos, reparto de hospitales, carnés de discapacidad, etc. Hoy por hoy, hay varios exlegisladores presos y alguno que otro prófugo de la justicia.

Oportunidades para la nueva Asamblea

Así las cosas, la nueva Asamblea tendrá oportunidades para hacer la diferencia en varios aspectos: en lo político, llegar a consensos de modo que se planteen líneas transversales de trabajo que pongan como pivote el bien común y sobrepasen las ideologías; en lo técnico, comprometerse a generar productos legislativos de calidad; y en lo ético, mantenerse alejada de actos de corrupción.

Tienen el reto de recobrar la confianza de la ciudadanía, cumplir lo ofrecido en la campaña electoral y realizar las tareas que dejaron pendientes sus antecesores. Hay leyes que quedan pendientes y en tapete, como la de Contratación Pública o la reforma a la Ley de Transparencia, entre otras.

Por lo tanto, todo el Ecuador tiene los ojos puestos en la gestión de la nueva Asamblea y de sus miembros; dependerá de ellos que, por fin, se dignifique el ejercicio de la política. Y eso solamente pasará si se comprometen a legislar para el pueblo y no para intereses de partidos o movimientos políticos. Vamos a ver si eso es posible.

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Vivimos en la era de la identidad. En todo el mundo, las personas se preguntan quiénes son, a qué grupos pertenecen y qué significa la identidad para su vida comunitaria.

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Vivimos en la era de la identidad. En todo el mundo, las personas se preguntan quiénes son, a qué grupos pertenecen y qué significa la identidad para su vida comunitaria. América Latina no es la excepción y no está libre de estos debates. A causa de la disrupción de las últimas tres décadas, de la globalización y de la digitalización, las certezas previas del mundo se han disuelto. 

El investigador Alexander Görlach entrevista a personas expertas de diferentes países sobre la cuestión de la identidad. Les pregunta sobre el estado de las identidades en Latinoamérica y el resto del mundo. Sobre la vinculación que hay entre democracia liberal e identidad. Sobre qué categorías son válidas hoy día para seguir reflexionando sobre el tema. En el episodio de hoy retomamos estas preguntas y las ponemos Bajo la Lupa.

Participan:

Camila Perochena, historiadora y profesora de la Universidad Torcuato di Tella.

Homero Aridjis, poeta, novelista, activista ambiental y diplomático.

Alexander Görlach, investigador y doctor en Religión Comparada y en Linguística.

El paper se puede descargar aquí: Diversamente occidentales. Entrevistas sobre identidad y política en América Latina

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Las tradiciones políticas coexisten dialécticamente. En su despliegue incorporan repertorios de otras tradiciones, releen eventos pasados, alzan nuevas reivindicaciones a partir de derechos conquistados por generaciones precedentes. Constituyen un campo de interacción y conflicto, donde se construyen alianzas que transforman su propia historia, adaptándose a una sociedad que no deja de transformarse. En parte por la acción de los representantes de las mismas tradiciones políticas.

En marzo pasado, Nueva Sociedad tradujo un artículo, originalmente publicado en la revista estadounidense Dissent. Sus autores, dos académicos estadounidenses,[1] cuestionan pilares básicos del ideario liberal. En este texto, escrito desde nuestras coordenadas personales y profesionales —en tanto historiadores y politólogos latinoamericanos, que viven y piensan allende sus fronteras nativas— comentaremos algunas de las tesis de estos intelectuales norteamericanos.

Una historia compleja

Diversas tradiciones dan forma al proyecto liberal contemporáneo, apelando a valores universales, herederas del racionalismo ilustrado y de la era de la revolución. En ese sentido se conciben como un proyecto revolucionario, en el sentido moderno del tema, como un proceso permanentemente incompleto. En el que lo democrático es un eje fundamental.

Liberalismo y democracia, si bien no son ontológica o conceptualmente idénticos, están íntimamente ligados, por razones históricas y doctrinarias. Varios elementos le dieron forma a las democracias realmente existentes del mundo de la posguerra, en distintas proporciones. Uno de ellos es el legado de la tradición liberal, a la que se le dio forma desde finales del siglo XVIII con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787. Su eco llega hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Hay manera de rescatar toda esta tradición desvalorizando lo progresista del proyecto liberal? ¿Ignorando su historia de apropiaciones y aportes hacia y desde otras ideologías?

La tradición liberal estadounidense, incluyendo la que tomó forma durante la Guerra Fría, no es un producto exclusivo de sus circunstancias nacionales. Al convertirse los Estados Unidos en una potencia global, desde fines de la Primera Guerra Mundial, los actores e ideas del liberalismo estadounidense interactuaron con sus pares de las izquierdas democráticas europeas, desde el laborismo británico, la socialdemocracia alemana o el socialismo francés. La lucha por la consecución y consolidación de la democracia política, por un lado, y el rechazo a los totalitarismos y autoritarismos, por el otro, se convirtieron en los vasos comunicantes, de interacción conflictiva, entre las áreas de desarrollo de las mencionadas tradiciones políticas.

En las avenidas abiertas a partir de estos nexos, el debate político e intelectual desarrollado desde la perspectiva liberal de Estados Unidos impactó en el mundo académico e intelectual de Europa occidental, sumergida en la construcción conflictiva de su propia experiencia democrática de posguerra, la que pasó del antifascismo de 1945 a la tensa coexistencia con Europa del Este y la Unión Soviética, de los años cincuenta hasta 1991.

En similar sentido, la intelectualidad liberal estadounidense tuvo un perdurable impacto en el mundo político y académico de América Latina y el Caribe, si bien de una manera distinta a la que se registró en el continente europeo. No hubo un Plan Marshall para América Latina, aunque hubo iniciativas importantes, como la de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, desarrolladas en el marco del impacto geopolítico que tuvo la Revolución cubana en las relaciones entre Estados Unidos y el resto del continente. El legado liberal estadounidense encontró eco en (y aprendió de) diversas organizaciones, liderazgos e intelectuales progresistas de América Latina y el Caribe; que abarcaron a los movimientos nacional-populares, como Acción Democrática en Venezuela, el aprismo peruano, el liberacionismo tico, con los socialismos democráticos o con los radicalismos del Cono Sur.

Tres eventos históricos le darían forma a la mentalidad de la generación emergente de luchadores por la democracia en América Latina.[2] En primer lugar, las transformaciones, económicas e ideológicas derivadas del crac de 1929, que impactarían en la manera en que intelectuales y políticos democráticos pensarían la economía durante los próximos cincuenta años. Allí, los patrones económicos del fundamentalismo liberal que habían regido al capitalismo fueron puestos en duda. Buscando respuestas, los nuevos demócratas no solo recibieron la influencia del pensamiento marxista, aclimatado por intelectuales políticos como José Carlos Mariátegui o Haya de La Torre, sino también la del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que planteaba un rol activo del Estado en la gestión de la economía, sin romper con el capitalismo ni la democracia.crisis

El segundo evento fue la Segunda Guerra Mundial, no solo porque este conflicto transformaría el orden geopolítico global, sino porque implicaría un espaldarazo fundamental a una idea global de lucha por la democracia y contra el fascismo. Dos documentos tuvieron entonces un gran impacto en los demócratas de izquierda latinoamericanos; mismo que no ha sido suficientemente explorado por la historiografía. En primer lugar, el discurso de las cuatro libertades de Roosevelt, del 6 de enero de 1941, en que el presidente de los Estados Unidos señalaba la existencia de cuatro libertades humanas esenciales: la libertad de palabra y expresión, la libertad religiosa, la libertad frente a la miseria y la libertad frente al miedo. Todas juntas delineaban un mundo donde la justicia social y la libertad política deberían convivir armoniosamente. El segundo documento fue la declaración conjunta suscrita por el Reino Unido y Estados Unidos, el 14 de agosto de 1941, conocida como la Carta del Atlántico, que planteaba que la guerra contra las potencias del Eje se sostenía sobre el respeto del «derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir».

Estas palabras, proyectadas sobre la mente de quienes, en varias partes de Latinoamérica, luchaban por la democracia contra dictadores u oligarquías extractivas, muchas de las cuales habían sido apoyadas por los sectores más reaccionarios de las élites de Estados Unidos, tuvieron un efecto movilizador del debate nacional en las repúblicas criollas. La discusión que estaba aconteciendo dentro de las izquierdas latinoamericanas confrontaba, por un lado, a nacionalistas democráticos progresistas —vinculados en gran parte con movimientos nacional-populares— con los comunistas. Estos eran, por el momento, compañeros de ruta en la lucha contra las diversas formas de opresión, política y económica.

La derrota de las potencias del Eje fue leída como una victoria de las democracias por las izquierdas de América Latina. Pero entonces irrumpió en el continente la lógica de la confrontación característica de la Guerra Fría, que no solo transformó al liberalismo de los Estados Unidos, sino que también impactó la dinámica de los movimientos democratizadores en América Latina.

En ese marco, aparece el tercer evento: la Revolución cubana. Un proceso popular —generador de tempranas simpatías y rebeldías globales, acompañada de un febril imaginario político— que rápidamente degeneró en un régimen autocrático de estirpe leninista. Que instauró lógicas de autocratización comparables a las de otros países vecinos bajo dictaduras de derecha. Como han señalado diversas voces, hay que deconstruir la historia de las izquierdas de América Latina para lograr ubicar el tipo de ruptura que representó la denominada Revolución cubana dentro de la lucha por la democracia en el continente.[3]

Un mundo convulso

«Izquierda democrática o liberalismo de la Guerra Fría?» esboza una visión ingenua del ejercicio del poder en las relaciones internacionales. Su perspectiva mezcla una crítica aceptable a las contradicciones entre lo que el liberalismo estadounidense ha proclamado y la acción concreta (doméstica y externa) de gobiernos demócratas, con acercamientos ingenuos respecto a la lógica de la política en un mundo convulso.

Los autores parecen ignorar los dilemas que atraviesan la definición de la política exterior de una república democrática en un entorno internacional, donde otros actores despliegan también su fuerza. La Guerra Fría aconteció desde la interacción de la política exterior de los Estados Unidos, la Unión Soviética y la República Popular China. Y toda democracia tiene la impronta de desarrollar una política exterior de promoción y defensa de sus valores e instituciones. Lo que, a efectos de los Estados Unidos desde 1945, significaba globalidad.

El texto, además, simplifica el compromiso democrático del liberalismo estadounidense. Porque el rechazo a los abusos del macartismo forma parte de esa tradición del liberalismo de la Guerra Fría, que reivindica el derecho a la disidencia, la misma que acompañó la lucha por los derechos civiles. Un liberalismo que ha convivido con la socialdemocracia y hasta con corrientes radicales como el trostkismo y el anarquismo, izquierdas todas suprimidas por sus parientes leninistas una vez que conquistaron el poder.[4]

Notas:

[1] Michael Brenes es profesor de Historia en la Universidad de Yale y Daniel Steinmetz-Jenkins es becario posdoctoral en el Departamento de Historia de Dartmouth College.

[2] Para una mirada reciente a la historia contemporánea de la región véase Michael Reid, El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina, Ciudad de México, Crítica, 2019.

[3] Véase Claudia Hilb, Silencio Cuba. La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución cubana, Buenos Aires, Edhasa, 2010.

[4] Véase Gisela Kozak y Armando Chaguaceda (eds.) La izquierda como autoritarismo en el siglo XXI, Buenos Aires, Cadal/Universidad de Guanajuato/Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC/Universidad Central de Venezuela, 2019.

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La política para los jóvenes[1] conlleva un gran reto, en el que deben converger muchos valores y conocimientos que atiendan a las necesidades de cada nación. En este escrito recalco aquellos que considero fundamentales para la continuidad y el fortalecimiento de los partidos políticos. El objetivo de este presente texto no es el desborde de conocimiento académico; más bien es de reflexión e introspección que pasa por la mirada de los ciudadanos, el presente de nuestra región y los partidos políticos como ejes de la democracia.

Retrato de la política del autoservicio

Para el libro Basta de historias, Andrés Oppenheimer (2010, p. 32), entrevistó a Tarja Halonen (presidenta de Finlandia). Para esa ocasión, él fue recibido en el palacio de gobierno que, según describe, era más una casona sobredimensionada que una sede de gobierno, en contraste con los palacios de nuestra región. Estando ahí, Oppenheimer le comentó su teoría sobre cómo la prosperidad de los países es inversamente proporcional al tamaño de su palacio presidencial: «Si usted viera el palacio presidencial de Guatemala,[2] se asombraría», le dijo. La presidenta se encogió de hombros con una sonrisa: «Nosotros damos ayuda económica a muchos países cuyos presidentes viven una vida mucho más lujosa que yo. Y bueno… son cosas de la vida».

La figura distante del político que representa la cúspide de la administración pública y la nación ha sido el estándar durante décadas. Retratos, grandes eventos y palacios que en nuestra región distan mucho de la realidad que vive la mayoría de la población ilustran el panorama galopante de nuestra América Latina, desigualdad. Todos esos elementos que están asociados al imaginario del político en nuestra región son un constructo que las nuevas generaciones de los partidos deben romper.

El adiós a esta manera de hacer política confiere un acercamiento íntimo a las necesidades de la población, que debe ser consonante con la imagen y discurso que dan los políticos. Los funcionarios públicos con cargos electos o ministeriales son los primeros que deben ser acordes con las decisiones que se toman. Es inconsistente ante los ojos del ciudadano común decir que el país está en crisis económica y habrá recortes, mientras funcionarios que gozan salarios de miles de dólares mantienen íntegros sus ingresos.[3] De la misma manera, declarar que el personal de salud tendrá prioridad en ser vacunado contra el covid-19, mientras altos funcionarios públicos y sus familias reciben la vacuna antes que muchos de ellos (vacunagate),[4] ¿qué sentimientos cree usted que provoca en los ciudadanos?[5]

La búsqueda de esta congruencia no cambia necesariamente el hecho de que las medidas o políticas que se tomen en ciertos aspectos sean exitosas o no; ya de eso hablaré más adelante. No es un secreto para nadie al abrir las redes sociales que las figuras políticas importantes de nuestra región se ven sometidas a escándalos constantemente (Odebrecht, Panamá papers, juicios políticos, nepotismo, etc.) y que cada vez los partidos tienden a perder más fuerza. Esto es en parte por la decepción que muchos sienten al ver que su voto solo sirvió para beneficiar a algunos y que el poder político se parece más a autoservicio que a servicio público. Estos fenómenos fomentan la antipolítica, pues muchos entienden la palabra política como un sinónimo de corrupción.

Modernizar los partidos políticos implica convencer a la sociedad de que la labor de estos conlleva mucho más que todos los escándalos de fácil consumo en medios y redes sociales. Esto podemos hacerlo a través de la integración de las nuevas generaciones a los trabajos de base en la sociedad, en conjunto con una doctrina de servicio, un rol activo y consistente del vínculo entre partidos y sociedad. Ir a los barrios y entender lo que vive la gente, no solo «entenderlo» a través de encuestas. Por más que el tiempo sea escaso, este es un norte que jamás debemos perder: la sensibilidad y la vocación de transmitir las decisiones que se tomen de manera congruente.

Economía, la brújula de la política para nuestra región

Es un poco reduccionista pensar en que la política tiene que pasar primero por la economía. Si hiciéramos esto podríamos estar cometiendo el mismo error que sucedió al traspasar la agenda del consenso de Washington y las ideas liberales a nuestra región. La política es más que un ejercicio teórico de macroeconomía. Esto lo podemos indagar bien en las ideas de Francis Fukuyama (2004) respecto al tema.

A pesar de ello, al igual que una brújula, la economía es una herramienta fundamental para saber adónde debemos direccionar nuestro futuro, ya que sin planificación estamos a la deriva. Algo a enfatizar es que nuestra región se ha rezagado grandemente en comparación al resto del mundo. Si revisamos cualquier gráfico del PIB de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano y lo comparamos con los mercados emergentes asiáticos (países con menos recursos y crecimiento económico que nosotros en ese entonces), veremos que la diferencia es notable. Así se aprecia en la figura 1. Es obvio que no supimos desplegar nuestras economías para hacerlas modernas y competitivas, además del hecho de que no pudimos integrarnos al mundo globalizado.

Figura 1. Crecimiento del ingreso per cápita por grupos de países (1960-2010)

La política pendular de nuestros países (y partidos) pierde el norte constantemente, modifica las reglas de juego y obedece más a ciclos electorales que a una política pública. Todo esto le genera mucha incertidumbre al capital privado. Un mercado confiable puede durar años en construirse, pero se puede destruir en un día.

Nadie quiere invertir en un país en el que existe una burocracia lenta y torpe para registrar una empresa, con controles de cambio complejos y donde no se respete la propiedad privada. Por supuesto, ninguna economía puede crecer sin inversión privada y esto ha pasado una gran factura. Lejos de atraer nuevos inversionistas y proteger sus patentes a través de marcos legales adecuados, termina alejándolos y esto repercute de una u otra manera en la calidad de vida de los ciudadanos: menos oportunidades de emprender, menos patentes, menos empleos y peores salarios. En palabras de Milton Friedman[6] (citado en Fukuyama, p. 38), dos cosas que se deben tener en cuenta en este aspecto son «privatizar, privatizar, privatizar… aunque creo que es más importante el Estado de derecho».

Muchos de los embates que han recibido las instituciones de nuestra región (sistemas políticos volátiles, dictaduras y golpes de Estado) han estado vinculados de una u otra manera a crisis económicas que no se han sabido subsanar. Desempleo, inflación, bajos salarios, etc. Si bien no es el único factor determinante, es algo que difícilmente podemos borrar de la ecuación.

Con esta idea no se pretende establecer una agenda puntual para la economía regional. Aun así, sí se busca que los militantes jóvenes incentiven —a través de sus partidos— debates políticos y sociales que lleven una agenda de desarrollo adecuada a las necesidades de cada país. Es vital entender que para que los partidos gocen de salud y estabilidad (o institucionalización) debe poseer la capacidad adaptativa para afrontar nuevos retos sociales y económicos (Piñeiro y Rosenbatt, 2018).

Este es un trabajo titánico de formación, discusión y consensos que debe tener como foco la promoción instituciones sólidas e independientes que permitan el desarrollo de las libertades individuales, el libre mercado, la competencia y el emprendimiento[7] (Bonefild., 2011). El rol del Estado como árbitro para permitir que el mercado se desarrolle plenamente, la propensión a los favoritismos neopatrimoniales o la existencia de monopolios con poder económico unilateral. Por ejemplo, en Alemania, el fundamento jurídico para estas medidas es la «Ley contra las limitaciones a la competencia» (Ernste, 2006). Como dijo Ludwig Erhard[8] (citado en Herzog, 2009): «La política económica nunca debe quedar sujeta al dictado de sectores sociales, económicos o políticos». Tampoco debemos olvidar el reto de la consolidación fiscal.

Por otro lado, el debate económico debe tener en su agenda la discusión sobre el desarrollo de las patentes y tecnologías. Actualmente, el conocimiento y la información valen más que el oro. El valor de Amazon para 2020 (USD 254.000 millones, de acuerdo con la firma Brand Finance) fue más del doble que el PIB de Ecuador para el año 2018 (USD 108.000 millones, de acuerdo con el Banco Mundial). También podemos mirar a China: casi una quinta parte de sus exportaciones responden directamente al rubro tecnológico para el año 2019[9] (Santander Trade Markets, 2021).

La tecnología como aliada

La tecnología atraviesa muchas ramas, y no podría abarcar el tema en este artículo. Aun así, quiero enfatizar lo primordial de la participación ciudadana y el ejercicio del gobierno abierto para el fortalecimiento democrático. Estos son fundamentos que deben estar inscritos en el debate de las nuevas generaciones políticas, para modernizar los partidos políticos y otorgar un mejor funcionamiento a sus respectivos sistemas.

A través de la tecnología podemos otorgar accountability mediante plataformas donde el accionar de los dirigentes y sus decisiones puedan ser auditables, en palabras concretas, fortalecer el control ciudadano. De acuerdo con los datos de International Transparency (2020), la corrupción en el sector público es un fenómeno abrumador en nuestra región, del que solo unos pocos países han sabido escapar.[10]

Todo esto nos permitiría canalizar la voz de aquellos que están siendo marginados por el sistema o se sienten apartados por burocracias ineficientes, elementos que corroen el sistema democrático (O’Donnell, 2014). Ello es vital, ya que los ciudadanos que no sienten la respuesta de sus líderes o dirigentes, pierden la fe en los partidos tradicionales para buscar auxilio en aquellos falsos «mesías» de la antipolítica, outsiders con promesas de eficiencia, efectividad y puño de hierro que luego terminan convirtiéndose en figuras autoritarias.

Figura 2. Satisfacción con la democracia en América Latina

La prevalencia del régimen democrático depende fuertemente de la modernización de los partidos políticos. El rol de los jóvenes es consolidar partidos competitivos arraigados en una doctrina de servicio que vele por las libertades del individuo, funcionarios públicos cercanos a las necesidades de las personas y plataformas transparentes que fortalezcan la participación ciudadana, todo en el marco de una planificación económica que se adapte a los retos del mañana y permita el desarrollo pleno de cada individuo.

Referencias bibliográficas

Agencia EFE. (2018). Los gastos públicos de Jimmy Morales que indignan a una población empobrecida.

BID. (2019). Curso Realidad Macroeconómica Latinoamericana: Las restricciones a la inversión privada y el crecimiento.

BBC. (2017). ¿Cuáles son los presidentes que más y menos ganan en América Latina?

Banco Mundial. (2018). Histórico del Producto Interno Bruto de Ecuador.

Brand Finance. (2021). Global 500, 2021. The annual report on the most valuable and strongest global brands.

Corporación Latinobarómetro. (2019). Informe 2018.

DW Noticias. (2020). Presidente y ministros de Uruguay rebajan sus salarios.

DW Noticias. (2021). «Vacunagate» en varios países de Latinoamérica.

Fukuyama, F. (2004). La construcción del estado. Hacia un nuevo orden Mundial. Ediciones B.

Forbes. (2020). Presidente y ministros en Perú bajan su sueldo para ayudar a víctimas del coronavirus.

Herzog, B. (2009). 60 años de Economía Social de Mercado: pasado, presente y futuro. Diálogo Político, año XXVI(1), marzo, Konrad-Adenauer-Stiftung.

Infobae, (2020). El tenso cruce de Cristina Pérez y Martín Guzmán por los ahorros en dólares del funcionario: «¿Los va a pasar a pesos?».

International Transparency. (2020). Corruption Perception Index 2020.

JDN, (2020). Le salaire des politiques et des élus.

Ernste, D. (2009). Una perspectiva ordoliberal de la economía social de mercado. Diálogo Político, año XXVI(1), Konrad-Adenauer-Stiftung.

O’Donnell, G. (2014). Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión.

Oppenheimer, A. (2011). ¡Basta de historias! La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro.

Piñeiro, R., y Rosenbatt F. (2018). Stability and incorporation: Toward a new concept of party system institutionalization.

Santander Trade Markets. (2021). Cifras del Comercio Exterior en China.

Werner, B. (2011). Freedom and the Strong State: On German Ordo-liberalism.

Notas

[1] Formar parte de un partido no solo implica el trabajo dentro de su estructura política; también conlleva la aspiración de ser parte de la administración pública y un activo participante de la toma de decisiones en funciones estatales. Por ello, hay que entender el rol de los jóvenes desde todos estos ámbitos.

[2] Según un informe de la BBC (2017), el salario del presidente de Guatemala era el más alto de toda Latinoamérica, USD 19.300. La agencia EFE (2018) también escribió sobre ello denunciando el ostentoso estilo de vida del presidente y la indignación del pueblo guatemalteco, ya que el 60% del país se encontraba en condición de pobreza.

[3] Por ejemplo, un ministro en Perú gana aproximadamente USD 8.000, de acuerdo con un reportaje de la revista Forbes (2020); el país posee un PIB per cápita de USD 6.941. En contraste, el salario del presidente francés equivale a USD 18.000 (JDN, 2020), mientras que el PIB per cápita del país es de USD 41.436 (Banco Mundial, 2018), un poco menos de la mitad del salario del mandatario francés, pero con un PIB per cápita siete veces inferior.

[4] Con la llegada de las vacunas contra el covid-19 se destapó el vacunagate que ha implicado el tráfico de influencias para que funcionarios y familiares reciban la vacuna antes que grupos vulnerables. El reporte de la agencia de noticias DW implica países como Perú, Chile y Argentina (2021).

[5] El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, fue cuestionado porque el gobierno restringía la compra de dólares e incentivaba el ahorro en pesos, mientras la moneda local perdía valor y él tenía todos sus ahorros en moneda americana, en Estados Unidos. «¿Los va a pasar a pesos?», preguntó la periodista del Canal Telefé (Infobae, 2020).

[6] Friedman señala que sin Estado de derecho y privatización no podemos desarrollar una economía sana.

[7] Estos planteos son parte de la base del modelo económico alemán, la economía social de mercado.

[8] Erhard fue el ministro de Economía de Konrad Adenauer (1949) y luego canciller de la República Federal de Alemania (1963). Fue responsable de las políticas monetarias que formaron parte del milagro alemán luego de la Segunda Guerra Mundial y principal promotor de la economía social de mercado.

[9] Esta cifra corresponde aproximadamente a USD 500.000 millones.

[10] Si se considera el top 20 de países más transparentes del mundo, solo se encuentra a tres de nuestra región, con grandes diferencias del resto: Uruguay, Chile y Costa Rica.

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Acorralados por la saturación de los sistemas sanitarios, el deterioro económico y el cansancio social, los líderes políticos encuentran en la vacunación masiva el único recurso para salir del laberinto que plantea el covid-19. En tiempos de pandemia, gobernar es vacunar. En los círculos de poder se instaló una premisa: la suerte de los presidentes está condicionada por el éxito de las campañas de vacunación. ¿Qué dicen los datos? ¿Hay correlación entre popularidad presidencial y ritmo de vacunación? ¿Las sociedades premian a los líderes que consiguen este bien escaso a nivel mundial y castigan a quienes demoran su provisión?

En Argentina, distintas encuestas muestran que la aprobación del presidente Alberto Fernández crece de manera significativa entre quienes ya están vacunados, y baja entre quienes no recibieron ninguna dosis. ¿Qué dicen los datos de opinión pública a escala global? ¿Se verifica esta asociación entre imagen presidencial y vacunación?

Durante el mes de mayo volvimos a presenciar una caída en la aprobación media de los gobiernos. La esperanza de que la solución médica al covid-19 trajera fortalezas renovadas a los gobiernos y creciente popularidad a los presidentes no se ha verificado. Los problemas de escasez de las vacunas, las polémicas por su distribución y la llegada de una nueva ola a América Latina vuelven a generar una nueva caída en la popularidad de los mandatarios.

De todas formas, la tendencia general podría esconder trayectorias particulares de casos «exitosos». ¿La efectividad de las campañas de vacunación no incrementa los niveles de popularidad presidencial? Los datos desagregados que mostramos no respaldan una relación directa entre la vacunación y la aprobación presidencial.

En el cuadrante superior derecho se encuentran los países con altos niveles de vacunación y una aprobación de gobierno superior a la media. Hoy se trata de Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay. En el cuadrante inferior izquierdo, sus opuestos: naciones con baja tasa de vacunación y presidentes impopulares (Ecuador y Colombia).

Entre estos dos extremos se registran muchos casos híbridos. La estrella roja alejada es Chile, un país con la mayor ratio de vacunación pero con un gobierno con bajo respaldo popular. En México, Bolivia o Argentina, los presidentes presentan niveles de aprobación superiores a la media con una tasa de vacunación menor. Entre los países europeos tampoco se advierte una correlación clara entre popularidad y vacunación.

El cuadro ofrece una foto de una película más compleja. La pandemia, un fenómeno global, convive con dinámicas nacionales particulares. En Chile, por ejemplo, Sebastián Piñera ostenta un liderazgo languideciente que antecede a la irrupción del coronavirus. Iván Duque, en Colombia, enfrenta una crisis social y política de proporciones inéditas. No debemos esperar soluciones sanitarias para los problemas políticos.

A continuación, ponemos la lupa sobre los cinco países con las tasas más altas de vacunación cada cien habitantes de nuestra muestra. ¿Cómo ha evolucionado allí la popularidad presidencial?

Como se advierte, no hay una tendencia sostenida a la suba. Las trayectorias son heterogéneas. Uruguay e Inglaterra parecen ser los casos más claros de una asociación positiva entre vacunación y popularidad; Estados Unidos se mantiene sin variación y Canadá presenta movimientos marginales a la baja. Chile es exactamente lo contrario: caída de popularidad desde niveles ya de por sí bajos, pero la causa de los males de Piñera son de naturaleza política y no epidemiológica.

Con la excepción chilena, tal vez pueda destacarse que estos gobiernos son bastante estables en sus respaldos. Luego de ver caídas sostenidas en la aprobación de los gobiernos de todo el mundo durante meses, Europa y América del Norte han comenzado un lento camino en la reconstrucción de la popularidad de sus gobiernos.

En la vereda opuesta, con la tercera ola en marcha, el tobogán latinoamericano no encuentra fondo. Los gobiernos de la región se encuentran en posiciones cada vez más frágiles frente a sociedades convulsionadas por la doble crisis sanitaria y económica. La salida de pandemia se está dando en dos tiempos: los países desarrollados parecen estar dando —por ahora— vuelta la página, mientras Latinoamérica (y sus gobiernos) siguen atrapados por el virus.

¿Gobernar es vacunar? La evidencia muestra que no hay una relación lineal y directa entre popularidad presidencial y tasa de inoculación. La vacuna, sin dudas, acelera la recuperación económica y descomprime el frente sanitario, pero no es en sí misma una garantía de éxito para los líderes políticos.

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Así como todos los días sale el sol, de cada canilla saldrá agua potable, habrá verduras frescas en el mercado y podremos dar un abrazo a nuestros seres queridos. Sin embargo, hace un año la pandemia de covid-19 irrumpió en nuestras vidas y con ella, de un día al otro, muchas cosas obvias dejaron de serlo. La pandemia nos recordó nuestra vulnerabilidad y nos mostró la fragilidad del ambiente que habitamos y del que dependemos. Algunos empezaron a hablar de nueva normalidad.

Las causas de este cambio abrupto son variadas. El constante avance de las actividades humanas como la agricultura, la urbanización, el turismo convirtió sistemas biodiversos en plantaciones altamente productivas, fraccionó ecosistemas reduciendo espacios vitales de especies y conectó espacios que antes no lo estaban. El planeta que habitamos se convierte a pasos gigantes en un sistema simplificado, intensificado e hiperconectado. La contracara de la deseada conexión global es que cualquier problema local puede rápidamente extenderse y convertirse en una crisis global.

Local y global

La pandemia de covid-19 empezó como problema local. El disparador puede haber sido la transmisión al ser humano de enfermedades endémicas en especies silvestres. Esto parece relacionado con el comercio de dichas especies y con la destrucción de los hábitats debido al avance de la frontera agrícola y de la urbanización en la lejana China. Los niveles altos de conectividad permiten el movimiento de personas, bienes, servicios e información. Y con ellas viajan los efectos no deseados, entre los que se encuentran las enfermedades. No olvidemos que no se trata de un fenómeno nuevo. La conquista de América trajo enfermedades al continente que diezmaron y en algunos lados extinguieron la población local.

La pandemia desató enormes polémicas. Para algunos era un siniestro invento para controlar nuestras vidas o hacer un negocio con nuestra salud. Para otros es un indicador de la desmesura de nuestro estilo de vida, en el consumo, la destrucción del entorno. Y mientras algunos llaman la atención sobre los efectos en la vida social que tendrán las medidas preventivas, otros ven en la pandemia un anuncio de aun mayores conflictos derivados del cambio climático y la destrucción del ambiente. Parece evidente que la necesidad de aumentar la producción de alimentos, y de todo lo que nos brinda confort y seguridad, exige cada vez más territorio, más energía, más materias primas. «Transformamos nuestro planeta en una planta productora de alimentos, fibra y combustible y esto marca un camino de nuevos riesgos que pueden definir nuestro futuro» (Nyström et al., 2019).

Conectados

La conectividad planetaria constituye una condición indispensable para la economía global. El combustible son el comercio, el turismo, el tráfico de especies altamente productivas y la difusión de nuevas tecnologías. Sin embargo, fue a través de estos intercambios que el virus llegó rápidamente a todos los rincones del mundo. La crisis local se convirtió en global y obligó a los Estados a tomar medidas extremas para mitigar sus impactos. Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia serán largas. Nada será como antes, dicen muchos observadores. A pesar de las vacunas, la variabilidad del virus dificulta la carrera y se requerirán cambios en las formas de consumir, viajar, trabajar e incluso de relacionarse. Esto tendrá consecuencias políticas. No olvidemos que la crisis provoca miedo y aumenta la disposición de los ciudadanos a aceptar propuestas políticas irresponsables, que seguramente aumenten la polarización social.

Recientemente la revista Nature publicó una selección de artículos que reflejan «el pasado, el presente y el futuro de la naturaleza». Uno de estos trabajos fue elaborado por un equipo del Stockholm Resilience Centre. Allí se presentan recomendaciones respecto al financiamiento de actividades sostenibles, la trazabilidad en las políticas gubernamentales y el fortalecimiento de la cooperación entre la ciencia y los emprendimientos.

A la luz del covid-19 estas recomendaciones adquieren inusitada relevancia. Los investigadores advierten que para el éxito de estas estrategias se requerirá un cambio profundo en las visiones del mundo. La evolución hacia un sistema sostenible de producción global exigirá cambios en los valores, los sistemas educativos y las conductas humanas en los que se basan los actuales paradigmas económicos, las relaciones de poder y los patrones de consumo. El cambio hacia la sostenibilidad dependerá de la participación y compromiso de todos.

Prevención

A más de un año de aquel marzo amargo se instalaron en nuestra cotidianeidad rutinas de prevención. La mascarilla, hasta ese momento conocida principalmente de los informativos de países lejanos, se convirtió en parte del paisaje urbano. El distanciamiento social, antes más bien un término peyorativo, es ahora un rasgo del cuidado por el otro.

Hubo tiempo para preguntarse cómo pudimos llegar a esto. ¿Tendrá algo que ver con el avance imparable de los sistemas productivos sobre selvas, humedales y praderas? ¿Qué relación hay entre la pandemia y el acceso ilimitado a bienes y servicios, los viajes masivos, el consumo de productos exóticos? Las respuestas a estas interrogantes no la daremos en calidad de espectadores, clientes o consumidores. Requieren de ciudadanos informados y responsables. Y necesitan, en su dimensión política, de partidos que se hagan cargo. Urgentemente.

El ambiente es nuestro y de cada día. Aprovechemos el 5 de junio, Día del Ambiente, para reflexionar sobre esto.

Notas:

Instituto Saras (2020). Desde la reacción a la anticipación: manejo adaptativo y ciclos de aprendizaje.

Norström, A. y Nyström, M. (2020, mayo 29). Why Covid-19 and systemic risks are part of the hyper-connected world we live in. Stockholm Resilience Center

Nyström, M., Jouffray, JB., Norström, A.V. et al. (2019). Anatomy and resilience of the global production ecosystem. Nature, 575, 98-108.

Para leer más en Diálogo Político

• Acuerdo de Escazú: luces y sombras de la política medioambiental regional
• Decidir y cambiar: claves para una mejor gestión del agua en Latinoamérica
• El problema olvidado: la selva tropical amenazada
• Política y ambiente (número temático de Diálogo Político, 2019-2)

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El 7 noviembre próximo, en elecciones, Daniel Ortega hará todo lo posible por mantenerse en el poder durante un tercer mandato justificado en una democracia que él y su vicepresidenta y compañera, Rosario Murillo, manejan a su antojo.

La policía, o el ejército —es casi lo mismo—, obstaculiza caminos, suspende cualquier tipo de manifestación, incluso portar una bandera de Nicaragua, y resguarda presos políticos en las cárceles sin ningún tipo de procesos; el Poder Judicial investiga, retiene por la fuerza e imputa; el Consejo Supremo Electoral suspende partidos independientes y, al tiempo, sobreviven cinco agrupaciones que colaboran con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Paradojas, así se llama la realidad impuesta en Nicaragua por Ortega y Murillo.

En la oposición, mientras tanto, no hay un candidato único y la aspirante presidencial Cristiana Chamorro que tenía un 13 % de respaldo electoral, según una encuesta de enero de la empresa Cid Gallup, está siendo indagada por lavado de dinero en la fundación de promoción a la libertad de expresión Violeta Barrios de Chamorro que ella dirigía. Este subterfugio judicial la dejaría fuera del proceso electoral.

La prensa independiente también está bajo asedio. La sede del periódico Confidencial y del programa televisivo Esta Semana (que ahora se transmite por Youtube), ambos dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, fue allanada y saqueada por la policía. Carlos Fernando y Cristiana son hermanos, hijos de la expresidenta Violeta Barrios, con quien regresó a Nicaragua la democracia que hoy utiliza Ortega a su favor.

A seis meses de las elecciones, aunque el panorama es desolador, hay grandes interrogantes: ¿cómo votarán las personas claramente identificadas como opositoras o la población en general, cuando las detenciones y amenazas están siempre presente en las calles? ¿Podría ocurrir alguna alianza opositora sólida que garantice una mayoría calificada en el Parlamento? ¿Seguirá el asedio a la prensa, con figuras como las que hasta ahora se han aplicado, de citatorias y luego acusaciones e intimidaciones con la cárcel, donde ya estuvieron algunos importantes periodistas independientes? ¿Habrá nuevos episodios de fraude como los ocurridos en 2008, 2011 y 2016? ¿Podrá haber nuevas represalias contra la población que proteste, como las de abril de 2018? ¿Podrá sobrevivir la oposición en unidad sin un liderazgo único y con tantas diferencias ideológicas y políticas? ¿Qué hará el empresariado que se mantuvo en alianza con el gobierno hasta el 2018?

La presión y la resistencia civil, el resurgimiento del ímpetu de las protestas de abril del 2018, y la capacidad de la oposición de movilizar recursos y agrupar intereses parecen esenciales. A la ya de por sí compleja situación económica de Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, se une el nefasto manejo de la pandemia por el gobierno. Esos elementos se convierten en esperanza de una acción cívica, ojalá sin muertes, en las calles y mediante mecanismos digitales, para volver a poner en jaque a Ortega y Murillo. Solo eso queda.

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Transitamos tiempos caracterizados por eventos disruptivos, de alcance global y frecuentemente amenazador. La política como ámbito de encuentro y negociación es interpelada por ciudadanos impacientes, angustiados por malas noticias y preguntas sin respuesta. El espacio de respeto indispensable para la discusión constructiva es contaminado por excesos emocionales y simplificaciones.

En este contexto, Miguel Pastorino plantea disyuntivas inquietantes: ¿rapidez e inmediatez en detrimento de la complejidad?, ¿simplificación a costa de los matices enriquecedores?

Realidad paradójica

Se trata de una realidad paradójica: «Por un lado, se quiere disfrutar de la vida y del presente sin trabas, pero con una creciente obsesión con la salud, las dietas y el control de todas las inseguridades de la vida moderna. Con agudeza el autor caracteriza actitudes narcisistas, la prédica de autenticidad y transparencia, y la incoherencia». Parecería que solo existen derechos, pero no deberes, concluye.

El autor desafía a los políticos a atender la complejidad. «Deben atender varios mundos al mismo tiempo, con perspectivas, intereses y valores distintos, y luego, sin que todos estén de acuerdo, priorizar responsablemente las acciones a seguir».

La institucionalidad para regular la inteligencia artificial y las redes de sistemas inteligentes, la robótica y las biotecnologías requiere cambios. Y estos cambios serán producto de la participación ciudadana porque no alcanza con la tecnología para atender la convivencia social.

Tal vez la pregunta más inquietante sea si la libertad humana es una ilusión. Y la respuesta parece estar en la responsabilidad asumida y recreada. Porque «aprender a vivir en la incertidumbre de una pandemia exige reinventarse».

Mi hija acaba de nacer, y entre las felicitaciones llenas de alegría que recibo se cuelan mensajes que dan un diagnóstico del dramático momento que vive el país. «Tiempos inciertos para venir al mundo», y «ojalá que tu hija llegue a vivir en democracia» son algunas de las frases más frecuentes. Las personas que las enuncian no lo dicen para quitarle alegría a un momento tan importante para mi familia, sino porque parece ser que la incertidumbre que genera la elección de este domingo 6 de junio es lo único que los peruanos tienen en la mente.

Contexto en la recta final

Las cifras de la última encuesta de Ipsos Perú, previa al silencio electoral establecido por ley, tampoco han hecho mucho para aliviar esa incertidumbre. La diferencia entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y la candidata de derecha Keiko Fujimori se acorta a un ajustado 2,2 % a favor del primero. Es decir, hay un empate estadístico que a una semana de la elección deja abierta la puerta a cualquier escenario.

A esto se le suma que el único debate oficial, celebrado el domingo 30 de mayo, entre el candidato de Perú Libre y la candidata de Fuerza Popular no tuvo pulso y dio poca claridad sobre las propuestas de los candidatos. Mientras Keiko Fujimori ofreció bonos por canon minero, aumentos de sueldo a todos los gremios y ampliación de programas sociales, Pedro Castillo dejó que sobraran segundos a sus intervenciones y repitió al final de ellas su eslogan «No más pobres en un país rico. Palabra de maestro”.

Sobre el debate, Keiko Fujimori —entre ambos, la veterana en este tipo de encuentros— se mostró más segura y pudo ejecutar su estrategia con mensajes para todos los sectores cuyos votos podrían revertir el escenario. Además, lanzó ataques que no recibieron respuesta y en el bloque anticorrupción, cuando Castillo intentó recordarle el gobierno de su padre Alberto Fujimori, ella revisitó críticas al líder del partido Perú Libre Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción.

Del otro lado, Castillo se notaba visiblemente más tenso, tratando de modular sus gestos. Habló con voz tenue y volumen bajo, evitó movimientos bruscos y se notaba un brillo de sudor sobre su frente. Algo que podría explicar su actitud medida es que, si bien las encuestas lo dan como virtual ganador de las elecciones, la holgada diferencia de más de 10 % con la que arrancó la segunda vuelta se ha visto reducida de forma importante.

Los días previos al debate tampoco favorecieron a la campaña de Castillo. En un debate entre equipos técnicos llevado a cabo la semana anterior, que fue visto por más del 50 % del país según distintas encuestas, los ciudadanos dieron por ganador al equipo de Fuerza Popular. Esto le ha costado a Castillo su ventaja sobre los electores del norte del país a favor de Fujimori, aunque su popularidad se mantiene intacta en el sur, centro y oriente.

Además, el asesinato de 16 personas en el VRAEM —entre ellas niños—, atribuido por las autoridades a remanentes de Sendero Luminoso, hizo que el fantasma del terrorismo se filtre en la campaña. A la ecuación se suma que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, debió borrar un tuit —considerado insensible a la situación— insinuando que es «la derecha que necesita a Sendero Luminoso para ganar». Todo terminó con la convocatoria de una «marcha por la paz y democracia» a la que se sumó políticamente el fujimorismo. La combinación de estos hechos parece haber frenado el avance de Castillo y generado una pequeña subida a favor de Fujimori. Nada está dicho.

El gobierno del Bicentenario

Este es el contexto con el que entramos a la recta final de la campaña electoral que definirá el futuro político y económico del país para los próximos cinco años. En plena celebración de su bicentenario, la evaluación de las alternativas está más basada en el terror a retornar a un pasado terrible que abrirse paso a una visión de futuro de país.

Puede que Keiko Fujimori y el profesor Castillo estén en la lista de balotaje, pero en la cabeza de los peruanos cuatro fantasmas más acompañan su decisión: Juan Velasco Alvarado, Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori y Abimael Guzmán. En parte es por eso que los llamados por redes sociales son a desenterrar hasta el último voto escondido. Las cadenas de desinformación, videos, audios, memes y demás han invadido las cuentas de WhatsApp, Facebook y todos los espacios de interacción social virtual: las elecciones son el único tema que se toca.

Existe también una enorme desazón por la posibilidad de que, gane quien gane, la victoria del otro desatará una intensa cruzada de oposición destructiva. Oposición que mal manejada por el próximo gobernante podría degenerar en una inestabilidad política y social similar —si no peor— a la vivida los últimos cinco años, de interrupciones presidenciales, paros, manifestaciones e ingobernabilidad.

A estas alturas, el electorado peruano acudirá a las urnas no para elegir propuestas sino a la opción que crea que tendrá la menor oportunidad de alterar el orden jurídico y democrático del país. Esto es algo que ojalá ambos candidatos entiendan, de llegar al poder. A quien le toque gobernar el próximo lustro, automáticamente tendrá a la mitad del país en contra y le tocará tender puentes para emprender una reconciliación después de una polarizada campaña electoral. Si hay una lección que nos dejó el último periodo es que, cuando la polarización es extrema, nadie realmente gana y los que más pierden son los ciudadanos.

En mi familia tenemos la plena esperanza de que esta nueva vida que ha llegado al mundo crecerá en un país democrático. El rol de vigilancia civil será fundamental para que esto suceda. Queremos un país que avance sostenidamente a una salida de la emergencia sanitaria, hacia la recuperación económica y del empleo, y donde los peruanos puedan tolerar mejor sus diferencias y tender puentes para trabajar juntos por un futuro mejor.

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El lunes 17 de mayo, la Asamblea General de la ONU trató en una sesión plenaria «La responsabilidad de proteger (R2P) y la prevención del genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad» como parte de la agenda del 75º período de sesiones.

El debate se desarrolló durante dos días, en los cuales 59 Estados y la Unión Europea hablaron en nombre de 88 países. Durante el debate, el representante permanente de Costa Rica habló en nombre de 53 miembros del Grupo de Amigos de la R2P.

El representante permanente de Croacia presentó la propuesta de resolución sobre «La responsabilidad de proteger y prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad», en nombre de un grupo de países patrocinadores principales de la resolución. Este grupo estuvo conformado por la propia Croacia, Bélgica, Botsuana, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Qatar, República de Corea, Rumania, Ruanda, Croacia, al cual adhirieron otros 76 Estados miembros copatrocinadores.

La resolución fue adoptada con 115 Estados votando a favor, 28 absteniéndose, 15 votando en contra y 35 no han votado. Por abrumadora mayoría los Estados aprobaron esta resolución, la primera en la Asamblea General desde 2009, por la cual decidieron incluir la responsabilidad de proteger en la agenda anual de la Asamblea General y solicitar formalmente que el secretario general informe anualmente sobre el tema.

Posicionamiento de los Estados

Resulta de interés hacer un breve análisis de cómo se posicionaron algunos Estados. Por una parte, incluso entre los propios patrocinadores de la resolución hay países con serios cuestionamientos en cuanto a su respeto por los derechos humanos, y muchos tantos otros los hay entre los votaron su aprobación. Aun entre estos países existe el consenso de que la comunidad internacional debe actuar ante crímenes atroces. Por lo cual es relevante destacar que prácticamente todos los Estados que rechazaron la resolución son dictaduras o autocracias, que han decido colocarse abierta y completamente al margen de la comunidad internacional en este tema.

Rechazaron la resolución: Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue, Kirguistán, Indonesia, Burundi, Eritrea, Egipto, Bolivia, China, Rusia, Cuba y Siria.

No resulta sorprendente, aunque sí extremadamente preocupante, que una potencia como China y un país poderoso como Rusia (ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad) hayan rechazado la propuesta.

Qué dicen las dictaduras

Focalizando exclusivamente en nuestra región, no deben sorprender el rechazo de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba a la iniciativa. Simplemente han confirmado su decisión de mantenerse en los márgenes más extremos en cuanto a respeto por los derechos humanos. Pues, como se mencionará, se trata de una resolución que abarca conceptualmente solo aquellos crímenes considerados atroces. Asimismo, se han abstenido Surinam y San Vicente y las Granadinas, y no han votado Dominica, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

Por otra parte, de algún modo sorprende la postura de Bolivia. El gobierno de Luis Arce recientemente asumido intentando dejar atrás un proceso controvertido y traumático (en el que caben culpas por serios cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos tanto a los gobiernos de Evo Morales como al posterior gobierno interino de Jeanine Añez) decidió rechazar la resolución y tampoco tomó la palabra para referirse al respecto. Bolivia ni siquiera se decidió por la abstención, lo cual marca una seria preocupación sobre el camino que tomará, quizá acentuándose su alineamiento con los gobiernos de Maduro, Ortega y Díaz-Canel y retomando las políticas de baja calidad institucional e irrespeto por la independencia de poderes que caracterizó al gobierno de Morales.

Contrariamente, de nuestra región cabe destacar la intervención de Costa Rica, una de las democracias más consolidadas del continente, y paradójicamente situada en una subregión con gravísimos problemas de violaciones a los derechos humanos. Costa Rica preside junto con Botsuana y Dinamarca el Grupo de Amigos de la Responsabilidad de Proteger, grupo que de nuestra región también integran Argentina, Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Intervención de Costa Rica

El representante de Costa Rica sostuvo: «Debemos reconocer que la comunidad internacional se está quedando corta para cumplir con la responsabilidad de proteger», y señaló que unos 80 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas a causa de conflictos. También destacó que, para satisfacer las necesidades de estas personas, la comunidad internacional debe tomar medidas oportunas, incluso mediante esfuerzos concretos dentro del Consejo de Seguridad para prevenir crímenes atroces. Y expresó que «cuando la comunidad internacional falla en evitar la comisión de atrocidades, es necesario asegurar que los perpetradores rindan cuentas. Esto no solo es necesario como medida de justicia para las víctimas, sino también para respetar las normas internacionales, prevenir la reincidencia de tales crímenes y por la paz y la reconciliación a largo plazo».

Intervención de México

Finalmente, es destacable también la intervención de México, que reafirmó su iniciativa conjunta con Francia de 2014 por la cual han propuesto que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no ejerzan su derecho a veto en casos de crímenes atroces. Su representante expresó: «Nuestra iniciativa busca un compromiso voluntario y colectivo por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad a no utilizar el veto en casos de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de gran escala, a fin de permitir que el Consejo de Seguridad pueda tomar acción efectiva. Al momento, la iniciativa cuenta con el apoyo de 105 Estados. Aprovechamos esta oportunidad para instar a todos los Estados que aún no lo han hecho —y particularmente a los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad— a unirse a esta iniciativa».

La responsabilidad de proteger, conocida como R2P por sus siglas en inglés, es una norma internacional que tiene como idea central que la comunidad internacional no debe permanecer pasiva ante la comisión de los crímenes atroces masivos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Inicialmente son los propios Estados los que tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de este tipo de crímenes atroces masivos; y la comunidad internacional debe colaborar para que así lo hagan. Pero si el Estado «incumple manifiestamente» sus obligaciones, la comunidad internacional está obligada a actuar.

¿Qué es la responsabilidad de proteger?

El concepto surgió en respuesta al fracaso de la comunidad internacional para responder adecuadamente a las atrocidades masivas cometidas en Ruanda y la ex-Yugoslavia durante la década de 1990, y comenzó a desarrollarse en 2001 bajo el auspicio del gobierno de Canadá que propició la labor de expertos en el marco del Comité Internacional de Intervención y Soberanía del Estado (ICISS).

Posteriormente, la R2P fue adoptada por unanimidad en 2005 en la Cumbre Mundial de la ONU, la mayor reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la historia, que abordó una gran cantidad de diversos temas de preocupación. La R2P está incorporada en los párrafos 138 y 139 del documento final de la Cumbre Mundial (Resolución A/RES/60/1).

En este documento es relevante el concepto de que la comunidad internacional debe ayudar a los Estados a prevenir estos abusos graves a través de lo que identifica como «medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados de conformidad con los capítulos VI y VIII de la Carta [de Naciones Unidas]». Esto puede incluir por ejemplo el fortalecimiento de la capacidad estatal mediante la asistencia económica para lograr reformas en pos de fortalecer el Estado de derecho y la construcción de instituciones políticas inclusivas o, cuando la violencia parezca inminente, a través de la mediación directa.

La comunidad internacional

Solo cuando tales medios hayan sido clara y demostrablemente infructuosos, la comunidad internacional, actuando a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe recurrir a medidas coercitivas «de conformidad con la Carta, incluido su capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población…». Estas podrían incluir medidas tales como sanciones, embargos de armas o la amenaza de remitir a los perpetradores a la Corte Penal Internacional. Es decir que si los medios pacíficos fueran inadecuados y el Estado fallara manifiestamente o no quisiera proteger a su población, entonces, y solo entonces, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería considerar el uso de la fuerza militar como último recurso.

Si bien actualmente no existen principios formales para guiar la toma de decisiones del Consejo de Seguridad sobre el uso de la fuerza en general, el reporte del referido ICISS y el documento del entonces secretario general de ONU Kofi Annan de marzo de 2005 —inmediatamente previo a la cumbre—, titulado «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos», proponen una guía de principios para estas intervenciones en el marco de la Carta de la ONU. En ambos documentos se establecen condiciones, principios y límites estrictos para llevar a cabo una intervención que, como se ha dicho, debe ser siempre un último recurso.

Estatus de la R2P en el derecho internacional

Si bien aún no es una norma de derecho internacional consuetudinario, es deseable que la R2P se materialice como tal. Se basa en fundamentos jurídicos existentes, incluida la Convención sobre el Genocidio, y puede ya describirse como una norma internacional. Una norma de conducta internacional es aquella que ha ganado una amplia aceptación entre los Estados y no podría haber mejor demostración de esa aceptación en el caso de la R2P que la adopción por unanimidad en el documento final de la Cumbre Mundial 2005 y su desarrollo y aplicación posterior. Una vez que una norma ha obtenido no solo aceptación formal sino un uso generalizado, puede convertirse en parte del derecho internacional consuetudinario.

Desde la Cumbre Mundial de 2005, el concepto de R2P se ha fortalecido a través del trabajo de los distintos actores de la ONU, y ha sido invocado y llevado al debate dentro de sus distintos órganos tanto como cuestión temática como en resoluciones por situaciones concretas en países, fomentando su aceptación más amplia y facilitando su implementación.

Los críticos de la R2P insisten en que nunca se aplicará a las principales potencias y, por lo tanto, se ve socavada por la inconsistencia. Sin embargo, la R2P impone obligaciones a todos los Estados miembros de la ONU para prevenir crímenes atroces masivos.

Los Estados grandes

Conceptualmente, la R2P abarca crímenes atroces que ocurren en cualquier parte del mundo, independientemente de quien resulte el perpetrador. Asimismo, dado que los Estados más poderosos tienen una capacidad mucho mayor para brindar asistencia, y una capacidad económica, diplomática, logística y militar mucho mayor, su responsabilidad de responder y reaccionar ante crímenes atroces masivos debe ser mayor.

Generalmente quienes presentan resistencias y se oponen a la evolución, avance y aplicación de esta norma son justamente gobiernos de países no democráticos. Estos resisten no solo esta sino todo tipo de iniciativa que implique un mayor escrutinio e intervención de la comunidad internacional ante violaciones de derechos humanos, so pretexto de la afectación de su soberanía, todo lo cual en realidad solo pretende ocultar sus propias acciones opresivas sobre sus ciudadanos.

No caben dudas de que aún la consolidación de la R2P como concepto, norma internacional y su aplicación en la práctica presenta desafíos en cuanto a su alcance y necesidad de consensos políticos e institucionales. Ante una crisis, la comunidad internacional debe debatir sobre cuál es la respuesta más adecuada, y esto no está exento de dificultades. Pero la R2P es una herramienta válida de la comunidad internacional para enfrentar situaciones de crímenes atroces que impidan su inacción.

Conclusión

En síntesis, resulta sumamente importante que la comunidad internacional prosiga avanzando en su compromiso por consolidar y desarrollar el alcance y funcionamiento de la norma sobre R2P, de modo que se consolide como parte del derecho internacional consuetudinario. La dinámica exige que deba hacerse sin dejar de abordarse en forma urgente los crímenes atroces que millones de personas sufren en la actualidad. Los caminos en este sentido siempre han sido complejos, intrincados, difíciles y lamentablemente insuficientes. Por eso, aunque insuficiente, resulta positivo que esta reciente resolución de la Asamblea General de ONU haya sido aprobada por una abrumadora mayoría de Estados, dejando en evidencia quiénes son aquellos que carecen de siquiera un mínimo compromiso, entre quienes lamentablemente se encuentran actores poderosos de la comunidad internacional como China y Rusia.

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El texto siguiente obtuvo una mención especial en la cuarta edición del concurso de artículos breves «¿Cuál es el rol actual de los jóvenes en la construcción de partidos políticos modernos en Latinoamérica?» organizado por Diálogo Político.

Los desafíos de la democracia digital nos exponen a nuevos cambios. ¿Cómo serán afectados los partidos políticos? ¿Qué papel tienen los jóvenes en el proceso?

Las nuevas generaciones han sido las primeras en crecer bajo un sistema democrático consolidado en Latinoamérica, en ausencia de conflictos bélicos. Incluso en tiempos anteriores a los períodos de transición, se ha mantenido una estructura en la cual los partidos políticos —en una gran fracción de los países de la región— funcionan como el sostén del orden político, pese a su desempeño tanto histórico como actual (Alcántara, 2004). No obstante, constantemente nos vemos enfrentados a la convicción de que el valor de los partidos se encuentra en declive, lo cual nos proporciona un espacio para reflexionar acerca de por qué se ha deteriorado la fiabilidad en estos, cómo los jóvenes han influido en esta problemática y cómo los partidos continuarán en un futuro, especialmente encontrándonos frente a un nuevo panorama de pandemia global.

Los partidos políticos, considerados entre los actores principales del escenario institucional a la hora de canalizar las demandas sociales, lentamente pierden su rol y protagonismo en la vida política. Esto se conecta rigurosamente con la tendencia creciente entre la población a no identificarse o sentirse representada por ninguna de las opciones actualmente presentes en el sistema (Alcántara, 2004). Se ha generado una situación en la cual las demandas o preocupaciones ciudadanas ya no son satisfechas por lo que ofrecen los grupos partidarios. Esto ha significado, en muchos casos, que estos pierdan apoyo y relevancia. Por su parte, los partidos han descuidado de cierta manera sus conexiones con la sociedad civil, alimentando un vacío representativo ya existente (Albala y Vieira, 2014).

La ausencia de identificación acompaña una problemática relativamente reciente que puede caracterizarse como la carencia de confianza en las instituciones y, aún más específicamente, en los partidos políticos que las conducen. Por qué se ha perdido la confianza o si realmente se ha perdido —o se ha depositado en otros actores— escapa la intención del debate a desarrollar en este texto. Sin embargo, parece relevante reiterar las fallas en términos de representatividad, inclusión de minorías, y de consideración de las demandas sociales en las instituciones, especialmente aquellas demandas impulsadas por los jóvenes activistas.

Es inevitable resaltar la aparición de numerosos movimientos sociales en las últimas décadas, muchos de ellos exigiendo la implementación de nuevas políticas públicas, enfocadas a fenómenos y asuntos novedosos (como, por ejemplo, la aceptación de la diversidad o las luchas medioambientales). Esta fuerte movilización, acompañada por la escasez de identificación y la creciente ausencia de participación electoral, resalta la existencia de un nuevo fenómeno: la falta de adaptación de los objetivos políticos de mediano y largo plazo a nuevas realidades, así como también la inclusión de las nuevas tecnologías de comunicación para enriquecer y, en algunos casos, sustituir a los medios tradicionales por los que se llevaban a cabo las demandas sociales.

A principios de este siglo se ha desencadenado un proceso de fragmentación de los sistemas de partidos políticos en la región y, a su vez, se ha formalizado la aparición de una nueva forma de partidos. Estos nuevos partidos pueden ser denominados profesional-electorales y están caracterizados por mantener un perfil pragmático, víctima del gran rol que cumplen los medios de comunicación en cada ámbito de la vida contemporánea. Estos factores han derivado en sistemas predominados por partidos de bases amplias, con una gran volatilidad electoral y que se despegan levemente de las ideologías tradicionales. Paulatinamente, los nuevos grupos de partidos van sobresaliendo en el sistema, y son vistos a los ojos de muchos como nuevas oportunidades que no forman parte de un pasado partidista tradicional (es relevante aclarar que no se trata de un proceso homogéneo en todos los países y que, en una fracción de estos, los partidos tradicionales aún predominan la escena política).

Dado este contexto de metamorfosis política, parece esperable que la participación de los jóvenes en las instituciones varíe profundamente de la considerada habitual. Esto puede explicarse no solo por el hecho de tratarse de una nueva generación apegada a nuevos valores, sino porque también las formas de hacer política están cambiando. Los adultos suelen fomentar un discurso sostenido en la aparentemente limitada participación política de los jóvenes en las instituciones y lo propagandizan como falta de involucramiento e interés en el futuro político de la región. Sin embargo, es interesante considerar que el debate político hoy no necesariamente está en las instituciones sino que, continuamente, el diálogo se traslada a las redes sociales y a los medios de comunicación de base digital. Tradicionalmente, el contenido se generaba en medios como periódicos, radiodifusión o televisión, el debate político duraba días o semanas y las conclusiones se volvían a presentar mediante los mismos medios. En la actualidad, sin importar el origen del debate, este rápidamente se traslada a los medios digitales con participación masiva y transversal, produciendo ramificaciones y resoluciones on-line, y los medios tradicionales quedan muchas veces rezagados a únicamente comentar sobre el proceso generado en las plataformas digitales, y no sobre el debate político original, el cual ha sido resuelto con otra celeridad propia del mundo digital.

Este traslado contribuye a la posible construcción de un sistema más moderno, donde potencialmente se apele a una transformación de los partidos tal como los conocemos, y no a la desaparición de estos o de las instituciones que los sustentan. La disminución de la participación no necesariamente quiere decir que las formas democráticas de hacer política están desaparecidas. En muchas ocasiones, parece olvidarse que en el presente los valores democráticos son concurrentes culturalmente y va creciendo, en algunos países más sólidamente que en otros, una cultura política democrática muy importante y necesaria para el sostén de las instituciones actuales y del futuro.

El proceso de apego a los valores democráticos ha sido en parte responsabilidad de las redes y medios de comunicación por los cuales los jóvenes interactúan con los actores políticos y, además, cabe resaltar el gran énfasis que se les suele dar durante las campañas electorales. El término democracia hoy en día se asocia a un conjunto de valores y conceptualizaciones positivas que exceden el propósito del sistema político en sí. La connotación repercute en los jóvenes, quienes, dotados de un gran número de herramientas mediáticas, juegan un nuevo papel en el mundo del activismo, canalizando las demandas a través de las redes y ejerciendo el denominado activismo digital (Joyce, 2010).

Es inesperado pero importante señalar que la época de las redes y el activismo digital fue golpeada por una pandemia que comienza su expansión en América Latina a principios de 2020. La propagación del virus covid-19 ha planteado nuevos desafíos para los partidos ya debilitados en la región: el aumento de los conflictos sociales, el fenómeno de la desconfianza, la falta de identidad y el apego a las nuevas formas de hacer política.

Se puede considerar que la prolongada situación sanitaria ha presentado una oportunidad de mejora en la forma en que los partidos políticos canalizan las variadas demandas sociales emitidas por la ciudadanía, aun más intensificadas por la pandemia. A pesar de esta coyuntura, y habiendo transcurrido más de un año dentro de la pandemia, podemos visualizar que los partidos aún no han funcionado como portadores racionales de las nociones políticas. Ha predominado la figura del presidente frente a otros actores y órganos institucionales y, en ese escenario, los partidos han quedado marginados como nexo entre la sociedad y el Gobierno. Lentamente, los manifestantes y los grupos de presión van ascendiendo en su rol político, y son los jóvenes una gran parte de sus integrantes.

La pandemia ha intensificado el sentimiento basado en la identificación de los partidos políticos como parte de un sistema en el cual no existe la comunicación ni la reciprocidad. Los jóvenes, uniéndose a una suerte de grupos no estatales pero que promueven la causa política, logran luchar por sus objetivos y se provoca un efecto en el cual progresivamente se pierde el interés por los antiguos medios. En el futuro, el centro de la participación política va dirigiéndose a la causa, al objetivo político, y va dejando atrás el medio. Entonces, este medio tradicional debería ajustarse a la nueva realidad para poder reconstruirse y adaptarse al progreso y así finalmente cumplir su rol.

Será necesaria la apertura institucional y la aceptación de las nuevas formas de hacer política para el buen desenlace de los nuevos partidos. Será un cambio que involucrará a las nuevas tecnologías y que probablemente se regirá por las reglas de la democracia digital, permitiendo la creación de un nuevo espacio que escuche las demandas, llevando los anhelos ciudadanos a la creación de políticas públicas. El primer paso que requiere esta transformación es reconocer que el rol actual de los jóvenes es manifestarse por formas muy diferentes a las tradicionales.

Comenzar a involucrar las nuevas temáticas propuestas por la ciudadanía también será un paso relevante, que ya se ha comenzado a dar en ciertos países como Argentina o Uruguay. Es una época donde la participación política se concentra en la protección de los derechos individuales. La década pasada ya comenzaba con grandes manifestaciones en países como Chile, Colombia, México o Brasil y, a medida que ha trascurrido el tiempo, se puede visualizar un patrón basado en la iniciativa social. Nuevamente, se nota cierta publicidad de los asuntos relevantes para la ciudadanía, quitándose el objetivo del medio. Qué tanto afectarán las movilizaciones sociales al orden político dependerá de cada país, de la fortaleza de sus instituciones y del apego a la democracia.

Como síntesis, hace tiempo que la estructura política muestra indicios de cambios y los jóvenes son gran parte de ello. En vez de colocarse en las instituciones políticas tradicionales, cambian su rumbo a las redes, grupos y asociaciones que son firmes en la lucha por una causa u objetivo. La concentración y fanatismo político en los partidos se pierde, dada la desconfianza general en el sistema. Emergen nuevas temáticas y preocupaciones y una mirada más global de los asuntos, pero es posible que esta mirada sea amenazada si no se proporciona un sistema de canalización de demandas y reciprocidad.

Para llegar a un futuro próspero es importante que las generaciones adultas y los actuales actores de las instituciones tengan presentes estos factores. Que los asuntos políticos se lleven a cabo por fuera de las instituciones podría generar problemas en el largo plazo. La situación no solo deja espacio para nuevas oportunidades, sino también para nuevos conflictos. Debido a esto, los próximos pasos de los líderes latinoamericanos deben ser tomados con precaución. Si caminamos hacia un rumbo tanto de inclusión como de aceptación de los medios, los resultados podrían ser óptimos y las nuevas generaciones encaminarse a un nuevo futuro político aun más democrático y abierto. No obstante, si no logramos progresar, las amenazas tanto internas como externas generarán un clima tenso y, eventualmente, la movilización avanzará y se intentará alcanzar los propósitos y demandas ciudadanas por otras vías.

Estamos en un período de transición y cambio al cual deben ajustarse los gobiernos. La discusión sobre la inclusión de las nuevas tecnologías, así como la participación de los jóvenes, repercutirá directamente en la forma y el rumbo que tomarán los partidos en el futuro. Tanto jóvenes como adultos somos partícipes de este momento decisivo y, por lo tanto, debemos apelar a la sustentación de la paz democrática. La integración, cooperación y aceptación de la democracia digital y de los nuevos caminos para hacer política (activismo digital), serán fundamentales para mantener un futuro pacífico, considerando la inclusión de las nuevas generaciones.

Referencias bibliográficas

Albala, A., Vieira, S. M. (2014). ¿Crisis de los partidos en América Latina? El papel de los partidos políticos latinoamericanos en el escenario reciente. Política, 52(1), 145-170.

Alcántara, M. (2004). Partidos políticos en América Latina: Precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros. Barcelona: CIDOB edicions.

Álvaro, A., y Rubio, R. Las TIC en la participación política de los jóvenes. Madrid: Instituto de la Juventud.

Castells, M. (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editorial.

Joyce, M. (2010). Digital Activism Decoded. Nueva York: Idebate Press.

Mieres, P., y Zuasnabar, I. (2012). La participación política de los jóvenes uruguayos. Montevideo: Fundación Konrad Adenauer, Universidad Católica del Uruguay.

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La identidad no se puede entender solo en términos individuales. Hay un juego recíproco entre el plano individual y el colectivo. La identidad es también determinar en quiénes nos reconocemos y en quiénes no.

A lo largo de la historia, la dinámica política de cada país ha enriquecido los modos de identificarse de una cultura. Las memorias colectivas interpretan su pasado y se afianzan en creencias, ideologías y costumbres con las que dan forman a su propia identidad. Diversas son las características identitarias que representan a Latinoamérica, y de manera particular a Argentina, un país que ha vivido una de las mayores inmigraciones europeas durante las épocas de la colonia y de los migrantes de ultramar.

Se reconoce e integra a lo gauchesco y lo criollo en medio de acontecimientos que definen la historia argentina como el nacimiento de la patria, la conceptualización del Estado, el crecimiento económico, el auge de las colectividades trabajadoras, el nacionalismo político, la Guerra Fría y el conflicto por las Islas Malvinas, dictaduras, golpes de Estado y la transición democrática, dando forma a una normativa, y a instituciones y símbolos que hasta hoy buscan amalgamar a esta sociedad tan multirracial como multicultural.

Visión histórica

Desde una visión histórica, Camila Perochena reflexiona sobre identidad y los procesos políticos de la Argentina contemporánea, las crisis que confrontan las ideologías políticas actuales, las interacciones con Estados Unidos, sus vinculaciones con Europa y la construcción de la identidad nacional.

Camila Perochena es historiadora y magíster en ciencias políticas, docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato di Tella y columnista del diario La Nación. Se ha destacado por sus investigaciones sobre los usos políticos del pasado en Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en México durante el gobierno de Felipe Calderón.

Frente a los diversos debates sobre el concepto de identidad, ¿qué significa para usted la identidad?

-En términos personales o individuales la identidad es la manera en que una persona se define a sí misma, es lo que nos hace ser quiénes somos, la consciencia que cada uno tiene de sí mismo. La identidad de una persona puede pasar por diferentes dimensiones: el equipo de fútbol que le gusta, la ciudad en la que vive, la religión en la que cree, la profesión a la que se dedica o las personas a las que vota. Dependiendo del caso, algunas de estas dimensiones definen mejor que otras. Algunas explican mejor quién soy yo. Sin embargo, la identidad no se puede entender solo en términos individuales; hay un juego recíproco entre el plano individual y el colectivo. La identidad es también determinar en quiénes nos reconocemos y en quiénes no. La identidad de una persona se entiende por su pertenencia a diferentes grupos que adquieren una identidad colectiva.

La identidad no se puede entender solo en términos individuales; hay un juego recíproco entre el plano individual y el colectivo. La identidad es también determinar en quiénes nos reconocemos y en quiénes no.

Discurso polarizador entre un nosotros y un ellos

¿Cómo es el discurso sobre la identidad en su país?

-En Argentina circulan diversos discursos sobre la identidad, pero el más habitual es principalmente político y polarizador. Es decir, el que se expresa desde los grupos dirigentes y que circula en los medios de comunicación en relación con la identidad es un discurso en el que las identidades políticas prevalecen sobre otro tipo de identidades (religiosas, de género, raciales). Pareciera que saber a qué gobierno apoya una persona alcanza para sacar conclusiones sobre quién es esa persona, qué valores defiende, qué posiciones morales tiene.

Además, es un discurso polarizador que plantea un antagonismo entre un nosotros y un ellos. Es muy común en Argentina hablar de la grieta que separa al oficialismo (peronismo/kirchnerismo) de la oposición (antiperonismo). En el año 2008 se produjo en Argentina un conflicto entre el gobierno y los sectores agroexportadores al que se lo conoció como conflicto con el campo. Se inició por un aumento de un impuesto a los agroexportadores y se extendió por diversos sectores sociales. Los ruralistas iniciaron paros en la comercialización de granos y oleaginosas, que luego estuvieron acompañados de cortes de ruta. Las protestas se fueron haciendo cada vez más masivas, incluyendo cacerolazos en las ciudades, mientras que las posiciones conciliadoras del gobierno dieron paso a posturas más radicales e intransigentes. Luego de cuatro meses de conflicto, el proyecto fue enviado al Congreso, donde obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En el Senado se llegó a un empate que fue resuelto con el voto del vicepresidente Julio Cobos a favor del campo.

Existe cierto consenso en la literatura acerca de que el llamado conflicto con el campo representó un parteaguas en el derrotero del kirchnerismo, ya que dio lugar a la «profundización del rumbo», la «radicalización» o el «giro populista». Hasta ese momento, el gobierno kirchnerista seguía una estrategia transversal que buscaba incluir a diversos sectores dentro de su coalición. A partir del conflicto, se inició un proceso de polarización social y política en el que los productores agropecuarios fueron identificados como la «derecha oligárquica» y asociados a prácticas antidemocráticas y destituyentes, mientras que el gobierno se autodefinió como «nacional y popular». Si bien Mauricio Macri asumió en 2015 diciendo que pretendía «cerrar la grieta», pronto descubrió que redituaba más mantener el conflicto que conciliar, y asumió también un discurso político basado en el antagonismo.

En las elecciones de 2019, la polarización iba a encontrar un límite electoral. En un reconocimiento de dichos límites, Cristina Fernández de Kirchner eligió a Alberto Fernández como el candidato que permitía ampliar la base electoral. En la nueva coalición de gobierno conviven hoy la identidad intensa, cohesionada y agonista del kirchnerismo, con individuos, grupos y sectores que no se consideran parte del kirchnerismo. Esos sectores, representados por Alberto Fernández, parecen no sentirse cómodos con la identidad agonista del kirchnerismo, pero no logran ofrecer una identidad alternativa que les dé fuerza y homogeneidad.

[Lee Diversamente occidentales. Entrevistas sobre identidad y política en América Latina]

Europa y Estados Unidos: su transición histórica en Argentina

¿Cómo se percibe hoy a Estados Unidos y a Europa desde la identidad forjada en Latinoamérica a partir de sus propias raíces?

-Pensar a América Latina como un bloque homogéneo ya representa un problema. La idea de Latinoamérica, tal como la plantea Mauricio Tenorio Trillo en su último libro Latin America. The Allure and Power of an Idea, nunca fue un lugar real o un grupo de culturas evidentes y homogéneas. Por lo cual, lo primero que diría es que la historia de cada país de América Latina con Europa y Estados Unidos es muy distinta.

Por ejemplo, Argentina ha tenido una estrecha conexión identitaria con Europa, producto de la ola inmigratoria de fines del siglo xix y principios del siglo xx. Se construyó así una identidad que sostuvo que los argentinos descienden de los barcos, y la identidad nacional argentina se construyó sobre esta idea. E hizo que Europa fuera un punto de referencia positivo, en términos generales, a lo largo del siglo xix y xx. Esto es algo particular del caso argentino, que no se da de la misma manera en los países andinos, donde el rol de la inmigración fue menos preponderante.

En los últimos años, Argentina descubrió que no es solo un país forjado al calor de la inmigración, sino que es una sociedad heterogénea donde conviven diversas identidades raciales. De la mano de esta problematización de la naturaleza blanca argentina, surgieron desde el poder político discursos críticos a Europa, principalmente a España, que se vieron reflejados en las celebraciones del Bicentenario. Este antagonismo con España se pudo apreciar, de igual modo, en los diversos gobiernos que formaron parte del giro a la izquierda suscitado en América del Sur en las primeras décadas del siglo xxi.

Con Estados Unidos, la relación fue cambiante. En el siglo xix muchos intelectuales y políticos vieron en Estados Unidos un modelo que la Argentina debía seguir. En las primeras décadas del siglo xx los discursos nacionalistas apuntaban a Gran Bretaña como el otro imperialista al que debía oponerse el nacionalismo argentino. Fue en la segunda mitad del siglo xx cuando el lugar del otro pasó a ser ocupado por Estados Unidos.

El caso de México es diferente. La cercanía y el contacto con Estados Unidos hizo que se estableciera una relación mucho más estrecha, desde un punto de vista positivo y negativo, que en el caso argentino. La guerra e invasión norteamericana de mediados del siglo xix convirtió a Estados Unidos en el otro del cual había que protegerse. España como punto de referencia también pasó por diferentes discursos. Todo esto para sostener que la opinión que la gente tiene hoy sobre esos puntos de referencia dialoga con estas tradiciones que se dieron en cada país a lo largo de la historia.

Cambio de actitud

En Europa se ha iniciado un proceso que analiza críticamente la época y las prácticas del colonialismo. ¿Cómo ven las personas en América Latina este período de su historia? ¿Hay un cambio de actitud hacia Occidente aquí?

-La época colonial ha sido revisada y repensada desde el mismo momento en el que se comenzaron a construir las identidades nacionales de los países de América Latina. Desde el momento en que empezamos a preguntarnos quiénes somos los argentinos/mexicanos/peruanos/bolivianos, etc., se comenzó a repensar el lugar que ocupaba la tradición hispánica en relación con la identidad. De esta manera, la herencia hispánica fue vista como positiva por algunos grupos, entre ellos, los conservadores mexicanos del siglo xix, mientras que para otros, como los liberales mexicanos del siglo xix, la época colonial había sido una suerte de paréntesis entre el período prehispánico y el «renacer» de la independencia.

Esta polémica entre hispanistas e indianistas, que atravesó el siglo xix, se resolvió de una forma ambigua solo en el siglo xx, al convertir al mestizaje en la base de la identidad nacional. Este tema ha sido magníficamente trabajado por José Antonio Aguilar Rivera o Mauricio Tenorio Trillo. Esta situación de ambigüedad, herencia del nacionalismo revolucionario, se rompió a fines del siglo xx luego del levantamiento zapatista. A partir de ese momento se reabrió el dilema de la identidad nacional mexicana y se realzó el imaginario indigenista. Conservar la cultura indígena pasó a estar por encima de los intentos de asimilar una identidad nacional homogénea.

Ahora bien, el peso que tuvo el proceso colonial en América Latina no fue el mismo en todos los países. México, al igual que Perú, fueron los dos virreinatos más importantes que tuvo el imperio español en América. El territorio del Virreinato del Río de La Plata (actual Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia), fue una región mucho más marginal, donde el peso de la tradición hispánica fue menor a lo largo de la historia. Si nos centramos en el período actual, los gobiernos que realizaron un giro a la izquierda en el siglo xxi presentaron una visión sumamente crítica del período colonial y recuperaron las tradiciones indigenistas. Eso pudo verse en los discursos de los expresidentes Hugo Chávez, Evo Morales o Cristina Fernández de Kirchner.

En América Latina se expresa una especie de amor por Europa, por el Viejo Mundo. Estados Unidos, aunque está mucho más cerca y es mucho más crucial para el desarrollo de América Latina, es visto de manera más crítica. Europa es amada, Estados Unidos aceptado. ¿Es esa su percepción también?

-Concuerdo en que la imagen de Estados Unidos presenta rasgos negativos en muchos discursos que circulan en América Latina. Imagino que puede relacionarse con el rol intervencionista que tuvo ese país en relación con el continente durante el período de la guerra fría. La intervención directa o indirecta, según el caso, de Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas y en la política interna de dichos países dejó marcas en la memoria que son difíciles de borrar, incluso en la actualidad. A pesar de gestos importantes, como el que tuvo Obama de desclasificar archivos secretos de la época de la dictadura argentina, todavía se percibe a negativamente a Estados Unidos en la memoria colectiva de esos años oscuros.

Desigualdad y ruptura del sistema democrático en América Latina

La democracia, como parte de las categorías identitarias de la organización política latinoamericana, ¿se ha visto amenazada frente a la desigualdad?

-Concuerdo con la idea de que, a mayor desigualdad, existen más probabilidades de que se produzca un quiebre en el régimen democrático. Si bien es un argumento que aplica a desarrollo y no a desigualdad, recuerdo que Przeworski y Limongi sostenían que las democracias pueden emerger independientemente del nivel de desarrollo económico, pero que tienen más probabilidades de sobrevivir en países desarrollados. Otros autores como Carles Boix sostuvieron que, mientras mayor sea la desigualdad en la economía, mayor será la presión redistributiva y por ende mayores las posibilidades de caer en un autoritarismo. No se trata de un fin inexorable, pero existen más probabilidades de que así suceda en sociedades con altas tasas de pobreza y desigualdad.

La identidad frente al nacionalismo

La identidad cultural china le ha permitido desarrollar un nacionalismo exacerbado, fundamentado en un Estado hegemónico, que se caracteriza por impulsar la entidad étnica como defensa al autoritarismo en países del mundo libre. ¿Este desarrollo también existe en América Latina? ¿Qué opina al respecto?

-Concuerdo con que se ha empezado a consolidar una identidad basada en criterios étnicos en diferentes partes del mundo. Desde mi perspectiva, la versión étnica de la nación no es compatible con la democracia liberal. Esto no significa homogeneizar y negar la existencia de una diversidad de culturas dentro de un territorio, sino buscar consolidar identidades que sean inclusivas y, a la vez, respetuosas de la diversidad.

La versión étnica de la nación no es compatible con la democracia liberal. Esto no significa homogeneizar y negar la existencia de una diversidad de culturas dentro de un territorio, sino buscar consolidar identidades que sean inclusivas y, a la vez, respetuosas de la diversidad.

Pobreza y ambiente en las agendas políticas de América Latina

América Latina está experimentando una grave sobreexplotación de la naturaleza. ¿Pueden las fuentes de los pueblos indígenas provocar aquí un cambio de tendencia?

-No creo que la protección del medioambiente pueda venir, principalmente, de una recuperación de la cultura indígena. Creo que la principal traba que existe actualmente es que muchos de los países de América Latina se encuentran en situaciones económicas y políticas muy frágiles que hacen que las cuestiones ambientales no tengan prioridad en la agenda política. En el caso de Argentina, todavía no es posible llegar a un acuerdo sobre un plan de desarrollo económico a largo plazo, la pobreza está en aumento, hace más de una década que el país no logra crecer y políticamente se encuentra muy polarizado. En ese contexto de falta de acuerdos, las políticas ambientales tienen un lugar menor. Por otro lado, el impulso a dichas políticas no proviene únicamente, ni principalmente, de pueblos indígenas, por lo cual, creo que serían diversas organizaciones de la sociedad civil las que podrían poner el tema en debate.

Por último, ¿cómo debería plantearse la discursiva identitaria de su país en todo el continente?

-Me gustaría que el discurso sobre la identidad no se convirtiera en un discurso de antagonismos y exclusiones. Quisiera que las personas adoptaran una identidad en la que los otros no fueran vistos como enemigos sino como grupos con los cuales se puede dialogar y llegar a acuerdos o consensos mínimos.

Entender a la identidad argentina desde sus procesos históricos nos permite reconocer a una sociedad heterogénea, con sus complejidades sociales y políticas, que intenta construir su identidad a partir de elementos que la unen y separan entre sí. Una sociedad en la que confluyen diversas razas que son la marca distintiva de este país, en el que intervienen tradiciones, dialectos, acentos, gastronomía e ideologías que transforman y dan vida a esta cultura. Por ello, Latinoamérica se define por sus acontecimientos históricos y políticos, sus diferencias y semejanzas, sus variadas tradiciones y sus mutaciones que nos permiten entender que es un escenario cultural diverso que no puede ser visto como una total identidad en el continente.

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El domingo 23 de mayo el periodista Roman Protasevich viajó a Lituania desde Grecia, en donde había asistido a un evento con la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. A pocos minutos de aterrizar en Vilnius, capital lituana, su vuelo fue desviado por las autoridades bielorrusas hacia Minsk bajo el pretexto de una supuesta amenaza de bomba ¿Por qué aterrizar en Minsk si el aeropuerto de destino era el más cercano? Según las autoridades lituanas, de los 126 pasajeros que abordaron en Atenas, cinco permanecieron en Minsk: Protasevich, su novia (de ciudadanía rusa) y tres hombres cuyas identidades no trascendieron.

Un joven de 26 años se puso muy nervioso cuando el avión comenzó a descender inesperadamente. «Me van a matar», le dijo a una azafata que respondió con evasivas. El muchacho no gritó, pero podría haberlo hecho, sabía que al poner un pie en el aeropuerto de Minsk sería detenido por las autoridades bielorrusas, que podían esperarle 15 años de cárcel, aunque no era una posibilidad disparatada que se lo condenara a muerte. El periodista Roman Protasevich había abandonado su Bielorrusia natal en 2019 temiendo ser apresado por difundir información en contra del gobierno. Entonces se refugió en Lituania, desde donde continuó con su actividad a través de sitios web como Nexta. Pero las elecciones presidenciales de agosto pasado marcaron el inicio de una explosión social y de una cacería a modo de respuesta que ya no basta con estar fuera del país.

El recorrido del presidente

Aleksandr Lukashenko es presidente de Bielorrusia desde 1994 y ha ganado todas las elecciones con alrededor del 80 % de los votos, al menos oficialmente. El año pasado por primera vez se presentó una candidata opositora con serias chances de disputarle el mando, aunque nuevamente apareció ese mágico 80 % a favor del mandamás de Minsk. Hubo protestas masivas a lo largo del verano boreal que fueron duramente reprimidas, y los principales representantes de la oposición debieron exiliarse o terminaron presos junto a al menos 30.000 manifestantes.

Como si fuera poco, siete personas fueron asesinadas y se registraron más de mil casos de tortura. En noviembre, las autoridades locales anunciaron que investigarían a Protasevich por cargos relativos a «organizar desórdenes masivos, alterar el orden público e incitar al odio social». La agencia de seguridad nacional, más conocida como KGB, lo consideró implicado «en actividades terroristas». Él era uno más entre los cientos de periodistas perseguidos.

El domingo 23 de mayo viajó a Lituania desde Grecia, en donde había asistido a un evento con la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. A pocos minutos de aterrizar en Vilnius, capital lituana, su vuelo fue desviado por las autoridades bielorrusas hacia Minsk bajo el pretexto de una supuesta amenaza de bomba. ¿Por qué aterrizar en Minsk si el aeropuerto de destino era el más cercano? En el primer comunicado oficial de la aerolínea Ryanair no hubo explicaciones, simplemente se refirió a la amenaza, informada desde Bielorrusia. Fue el mismo Lukashenko quien ordenó detener el avión civil y enviar una nave militar para que lo escoltara a tierra. «Debemos aterrizar, no tenemos alternativa», le respondió la azafata a Protasevich. El avión civil, de una empresa privada irlandesa, había sido secuestrado, no por piratas o terroristas, sino por un Estado y bajo la orden directa de su presidente.

El secuestro

Siete horas más tarde, la nave finalmente despegó con destino a Vilnius. Según las autoridades lituanas, de los 126 pasajeros que abordaron en Atenas, cinco permanecieron en Minsk: Protasevich, su novia (de ciudadanía rusa) y tres hombres cuyas identidades no trascendieron. ¿Por qué decidirían interrumpir su viaje? El joven periodista bielorruso había advertido que alguien lo seguía en el aeropuerto griego e intentaba tomar fotos de su documentación. Michael O’Leary, CEO de Ryanair, habló de «piratería patrocinada por el Estado» y aseguró que había agentes de la KGB en el avión. Ahora Protasevich está detenido y se suma a los otros 29 periodistas presos en Bielorrusia.

Distintos gobiernos y organizaciones internacionales expresaron preocupación y condenaron las acciones de Lukashenko. Se anunciaron nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra su aerolínea de bandera Belavia, además de restricciones y cambios de rutas para evitar sobrevolar espacio aéreo bielorruso, ahora considerado peligroso.

Precedente peligroso

El secuestro del avión representa un precedente peligroso, pero también una prueba para la Unión Europea y para otros gobiernos occidentales que impulsan un cambio en Bielorrusia o, al menos, dejarle a Lukashenko en claro que sus acciones tienen consecuencias a nivel internacional. El desafío es afectar personalmente al presidente y no a los ciudadanos que ya deben lidiar con las persecuciones del gobierno. Imponer restricciones a los viajes no afecta a Lukashenko ni a su círculo íntimo, sino a los cientos de miles de bielorrusos con familiares en otros países europeos.

Por otro lado, las sanciones comerciales pueden alejar a Minsk de la Unión Europea y acercarlo aún más a Moscú, su aliado tradicional, cosa que la Unión Europea prefiere evitar; aunque, sin dudas, el presidente ruso Vladimir Putin no estará conforme con la eventual necesidad de sostener económicamente a un líder que ni siquiera le simpatiza. Bielorrusia representa para Rusia una suerte de contención frente a los países miembros de la OTAN, pero es difícil creer que Putin apoyaría a Lukashenko en una maniobra tan descabellada y, sobre todo, tan evidente como es secuestrar un avión.

La influencia internacional puede llevar a algún avance, a algún acuerdo, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Poco ha cambiado desde las elecciones de agosto y el inicio de la represión, simplemente porque Bielorrusia se cierra cada vez más hacia el interior de sus fronteras y se limita a perseguir manifestantes o a acusar a periodistas de hacer «terrorismo». Mientras tanto, los representantes de la oposición y de la sociedad civil recorren el continente tratando de difundir información y de construir cierta solidaridad internacional. Quizás esa sea la única forma para que Bielorrusia deje de ser el Estado paria en que lo ha convertido Lukashenko.

Publicado en el sitio web de CADAL, el 24 de mayo de 2021.

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Hace unos días, la pareja sentimental de la diputada Pamela Jiles y actual candidato a gobernador regional develaba sus intimidades sexuales a raíz de una entrevista que le hacían en un programa matinal de televisión, lo que para muchos era una más de las salidas de libreto de este personaje público. Develaba con ellos la degradación a la que ha llegado la política en Chile, en torno a que, más que discutir ideas y proyectos de políticas públicas, se discute sobre los escándalos mediáticos que cruzan la esfera pública nacional.[1]

Lo anterior me hace preguntar ¿qué le ocurrió a la política en Chile?, ¿en qué momento el escándalo mediático superó a la sobriedad política en la esfera pública nacional?, ¿cuándo la descalificación se impuso al debate de las ideas en la patria del fin del mundo? Estas y otras preguntas nos surgen permanentemente los últimos años al ver cómo la esfera pública se ha ido transformando drásticamente desde lo que se denominaba una sociedad política sobria hasta la banalización de la política, cuyos derivados directos son la farandulización y la matinalización de la discusión pública.

La contaminación e infestación profunda del debate público, la banalización del discurso y acciones públicas infectadas del virus de lo vulgar, de la descalificación, de las groserías son pan de cada día en el supuesto debate que se da al interior de la esfera pública. Cada día esta se alimenta más del alboroto mediático y farandulero que es exacerbado para la audiencia, fundamentalmente en los programas de la mañana o llamados matinales, los que viven principalmente de los escándalos que puedan destacar para sus tribunas. Todo esto ha ido contribuyendo lentamente a matar la política como acción en torno al poder. El problema fundamental es que en esta es donde debieran debatirse ideas estructurales y acciones tendientes al bien común.

La muerte de la política como expresión se ha ido consumando lentamente. Si bien no es un fenómeno local —dado que su expresión banal y populista cruza a muchas democracias consolidadas y de alta intensidad—, en los últimos años la democracia ha ido resintiendo esta agonía de la política. Hay una serie de variables y factores que explican este fenómeno que Guy Hermet llamó «el invierno de la democracia».

La década de los noventa caracterizó a Chile por dejar atrás el periodo oscuro de la dictadura. Sin embargo, los debates también se centraban en las agendas que ocupaban a la clase y elite política de la época. Sin lugar a duda, cruza ese período el clivaje dictadura-democracia, la caída de los socialismos reales, modelos de desarrollo económicos y temas emergentes como el medio ambiente, derechos de las mujeres, pueblos indígenas, entre otros asuntos que comenzaban a ocupar la agenda pública en lo que fue la primera etapa de la democracia.

Por su parte, soterradamente los programas televisivos de espectáculos o de farándulas, se comienzan a transformar a la línea de los llamados talk shows tratando de emular, de alguna forma, los programas de conversación que ya existían de hace un buen tiempo en la televisión norteamericana y europea. En octubre de 1995 la cadena televisiva Canal 13 —perteneciente en ese momento a la Pontificia Universidad Católica de Chile y, por tanto, a la Iglesia Católica— lanzó un programa con mucho éxito de rating denominado Viva el lunes. Durante diez temporadas desfilaron por allí cientos de personajes de distintas áreas del quehacer nacional e internacional, fundamentalmente de la cultura, las artes y el deporte pero, entre estos asistentes al programa de farándula, poco a poco los políticos comenzaron a adentrarse en este nuevo mundo de las luces y cámaras en horario prime. Era el mundo de los artistas, donde la fomedad[2] no era invitada, porque este era un espacio de entretenimiento y no de debate de ideas. Los políticos fueron haciéndose más asiduos a estos espacios televisivos, y la televisión, en general, comenzó a estrenar más programas de esta categoría.

No obstante lo anterior, toda esta programación del entretenimiento liviano convivía aún con algunos programas de mayor contenido de ideas. Sin embargo, el éxito de los programas de farándula iba directamente proporcional al decaimiento que tenían los programas investigativos.

En paralelo a esto comienza a surgir en la esfera pública nacional un tipo de político que deja atrás el clivaje dictadura-democracia, que trae consigo poco contenido de ideas, con imagen de hacedor y con un lenguaje liviano y con características de populistas.

Con la llegada del nuevo milenio, con el cosismo en marcha y la apolitización que se encargaba permanentemente de fustigar el intercambio de ideas en la esfera pública, el debate y la lingüística política comenzó a ser mas laxa; lo importante no era el contenido, sino la cuña, vale decir, un titular que impactara mediáticamente.

Hay una serie de variables que derivaron en que el debate dentro de la esfera pública fuera desviándose hacia populismo, la chabacanería y la banalidad como símbolos de la nueva política, lo que se contraponía a lo que Paul Ricoeur denomina la hermenéutica del acontecimiento y el sentido, en la idea de que en la política se deben discutir cuestiones trascendentes para que esta tenga un buen impacto en la ciudadanía. Vale decir: que aquellas cosas que discutamos, las que vienen de nuestra habla, son importantes porque generan un hecho político, un acontecimiento público pero que tiene un sentido de perdurar como acción política hija de un tipo de hermenéutica política.

A partir de mediados de la primera década de este siglo, la farándula del Big Brother fue colonizando todos los espacios de la expresión de los medios de comunicación, lo que la televisión vendía como noticia banal del escándalo sucedáneo; los pasquines de letras rojas hacían festines con sus portadas al día siguiente. A esta tendencia se sumaron la irrupción de las redes sociales y su inmediatez noticiosa; lo importante era la cuña y el impacto momentáneo de la noticia, el fondo y las ideas iban en retirada.

Lamentablemente, la televisión chilena se hizo esclava del rating y, concordante con lo anterior, debía vender aquello que fuera consumido rápidamente por una teleaudiencia que se comenzaba a alejar de los debates de fondo en la sociedad chilena.

En el sentido anterior, fuimos perdiendo la política porque extraviamos la capacidad de asombro con los escándalos televisivos, en donde políticos estaban también involucrados. A esto se sumó una permisividad general de la clase y elite política respecto del avance del debate banal, como entendiendo que esa era una forma adecuada de comunicarnos con el pueblo, la gente, los ciudadanos y ciudadanas —o ciudadanes, como el populismo lingüístico le diría ahora—. En definitiva, los actores políticos cavaban la tumba de la política o, en el mejor de los casos, se transitaba hacia la banalidad e insignificancia de la comunicación política, hacia la degradación de la esfera pública.

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Notas:

[1] Pamela Jiles es una periodista chilena que desde comienzos de 2000 incursionó en el periodismo de farándula. Ha participado en varios programas de esta área del entretenimiento televisivo. Se le denomina la abuela de la farándula. En 2017, en lo que fue su segunda candidatura parlamentaria, salió electa con el 12,9 % de los votos. En la actualidad es una carta presidencial de la izquierda radical y populista. De hecho, es una de las figuras que encabeza las encuestas de opinión respecto de la preferencia presidencial futura.

[2] Fomedad (de fome): término usado en Chile que representa alguien o algo sin gracia o aburrido, que no representa ningún interés para el resto.