Ya es casi un lugar común, pero la afirmación mantiene vigencia: la pandemia lo cambió todo. La irrupción del coronavirus —la primera crisis verdaderamente planetaria, que se inició en el extremo Oriente y se expandió a lo largo de Occidente— alteró las relaciones sociales, los flujos de poder global y la actividad económica. ¿Cuál fue su impacto en la popularidad presidencial? ¿Cómo variaron las percepciones de la opinión pública a la evolución del virus? ¿Y qué incidencia están teniendo las incipientes campañas de vacunación en la imagen de los mandatarios? A un año de la emergencia del covid-19, respondemos estas preguntas a partir de un relevamiento que sistematiza la información de 610 encuestas en 17 países de América y Europa.

La pandemia expuso a los líderes políticos a una situación impensada. Debieron gestionar, desde el Estado, un momento excepcional con altas dosis de incertidumbre y con todo en juego, desde la vida de cientos de miles de personas hasta los bienes materiales de las naciones. Cuando se observa la información recolectada surge una tendencia generalizada: en lo que lleva la pandemia el covid-19 no dejó ganadores políticos. En efecto, después de un período inicial de incremento, el promedio de aprobación presidencial de los 17 países relevados muestra una caída sistemática, que aún parece no encontrar su piso.

Realinamientos

Los realineamientos de la opinión pública tuvieron el efecto que prevé la literatura especializada. En una primera instancia, la crisis del covid-19 disparó una subida generalizada de la imagen presidencial. Ocurrió lo que se conoce como rally around the flag effect (Mueller, 1970): ante un evento dramático e imprevisto, las sociedades tienden a buscar la protección de sus líderes políticos, que se ven relegitimados y fortalecidos. Ese fue el primer tiempo de la pandemia, entre marzo y mayo: un momento de consenso, unidad nacional y alza en la aprobación presidencial.

Sin embargo, este efecto —como indica la teoría— fue de muy corto plazo. Pasado ese instante de incertidumbre, cuando el virus empezó a ser normalizado por la ciudadanía y las restricciones en la circulación orientadas a fortalecer la situación sanitaria comenzaron a tener consecuencias gravosas en la economía, la imagen promedio de los mandatarios inició un lento pero persistente sendero de deterioro. En paralelo, las oposiciones comenzaron a cuestionar los pasos de los gobiernos y tuvieron más margen para tabicar sus avances. Así, entre abril de 2020 —en el auge de aprobación de nuestra muestra— y febrero de 2021 la popularidad promedio cayó 14 puntos porcentuales.

Diferencias entre los liderazgos latinoamericanos

Las situaciones de grandes emergencias pueden funcionar como mitos fundacionales de una gestión o convertirse en el epílogo de un liderazgo. Hay diferentes trayectorias posibles, dado que el incremento en la popularidad es condicional a la respuesta que el poder presidencial genera ante la crisis. ¿Cuáles han sido las trayectorias de los presidentes en nuestra región?

Si bíen todos los presidentes han sufrido mermas en la aprobación de sus gestiones desde el inicio de la pandemia, podríamos clasificarlos en tres grupos, según su trayectoria. Un primer colectivo es el de los estables negativos, esto es, presidentes que gestionaron la pandemia con bajos niveles de respaldo inicial (debajo del 20 %) aunque constantes. Es el caso de Lenin Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile, que atravesaron la crisis sin confianza de la opinión pública y solo guarnecidos por languideciente segmento de seguidores.

Rally around the flag

Un segundo grupo presidencial sigue linealmente el efecto rally around the flag: son líderes que capitalizaron la irrupción del covid-19 en términos de opinión pública en el corto plazo y luego su imagen comenzó a desinflarse. Es el caso de Alberto Fernández (Argentina), Iván Duque (Colombia) y Martin Vizcarra (Perú). Los dos primeros se encuentran hoy con niveles de popularidad similares a los de la prepandemia. El tercero fue destituido en noviembre pasado, por motivos ajenos a la pandemia, aunque dejó la Presidencia muy por debajo de los niveles que tenía antes de la crisis sanitaria.

Por último, aparecen los estables positivos. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, de México, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay, líderes que han sufrido decrecimientos leves pero que ostentan niveles de popularidad altos a un año de la crisis sanitaria, aunque no se beneficiaron directamente de la pandemia.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (Brasil), es un caso particular. En los comienzos de la pandemia fue uno de los primeros mandatarios en minimizar la crisis y vio caer rápidamente su respaldo presidencial. A partir de mitad de año, retomó su iniciativa con la carta económica, moderó sus comentarios sobre la crisis sanitaria y lanzó un paquete de apoyo económico-social de gran envergadura que le permitió retomar el apoyo público por unos meses. Pero las dos variables fueron de corto plazo. Desde comienzos de año, Brasil enfrenta una tercera ola del coronavirus que arrasó con el sistema sanitario y alerta al mundo entero. El presidente Bolsonaro, lejos de aprender de su trayectoria pasada, retomó su estilo inicial y pidió que la gente deje de «lloriquear» por el virus. Hoy tiene los niveles de respaldo público más bajos en un año.

Caída de legitimidad

Más allá de las particularidades, para los presidentes analizados la crisis sanitaria se tradujo en una eventual caída de su legitimidad. El primer momento de shock pandémico (abril-mayo), signado por la confusión, el miedo y la incertidumbre fue acompañado de la suspensión del conflicto político, tanto en América Latina como en Europa, y esto se vio materializado en la opinión pública a través del incremento de los niveles de popularidad presidencial. Aquel efecto duró poco y hoy, a un año de la crisis sanitaria más importante de la historia reciente, vemos que los mandatarios de ambas regiones sufren una caída constante en sus niveles de aprobación.

«La historia no se repite, pero rima», dice Mark Twain. Es de esperar que en los países latinoamericanos analizados esta tendencia se consolide. Muchos ya ingresados y otros en la puerta de la segunda ola, en un contexto de escasez de vacunas, con economías desgastadas y sociedades desencantadas, los presidentes enfrentarán meses en los cuales probablemente deberán administrar malas noticias. Todo esto sin «agruparse atrás de la bandera», ya que el viento de cola inicial no sopla como antes y las turbulencias por delante son cada vez mayores.

No hizo falta esperar que se cumplieran los primeros cien días de Joe Biden en la Casa Blanca para percatarse de la hoja de ruta de su política exterior o, por lo menos, poder apreciar con cierta claridad el primer derrotero de la principal potencia en el ajedrez mundial.

El pasado marzo, el presidente estadounidense mostró que su principal carta es afrontar a países con gobiernos autoritarios, poniéndose al frente una cruzada en contra de regímenes que violan los derechos humanos y sin apego alguno al orden democrático. Se trata de países con nombre propio: Rusia y China, gobernados por hombre fuertes, Vladímir Putin y Xi Jinping, respectivamente.

Aunque América Latina no está exenta de esos males —como muestran los casos de Cuba y Venezuela—, no parece formar parte de la urgencia internacional de la Administración demócrata, salvo en el campo migratorio, en donde una vez más se comprueban las dificultades estructurales de Estados Unidos para ejecutar políticas y acciones de acogida, más expuestas en la agenda de derechos del siglo XXI.

«Sí, lo creo»

En una entrevista en televisión, el 16 de marzo pasado, el periodista George Stephanopoulos, de ABC News, le preguntó a Biden: «¿Cree que Vladímir Putin es un asesino?». «Sí, lo creo», fue la respuesta sin rodeos de Biden, luego de asegurar de que el primer mandatario ruso «pagará» por su responsabilidad en la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según surge de un informe desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia fechado el pasado 15 de marzo, y que reafirma otra intromisión, la de los comicios de 2016, cuando el republicano Donald Trump le ganó la contienda electoral a la demócrata Hillary Clinton.

La actitud de Biden, que desencadenó la mayor tensión entre ambos países desde la caída del Muro de Berlín, no es solo por un entremetimiento perverso del pasado, sino por la sospecha de que se trata de una táctica política siempre latente. «La influencia extranjera maligna es un desafío duradero que enfrenta nuestro país», dijo la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, en un comunicado, con el propósito de «exacerbar las divisiones y socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas», según consignó la prensa estadounidense.

Aunque Rusia tiene capacidad probada para provocar un enorme daño en el escenario internacional, está muy lejos de ser un competidor de fuste para Estados Unidos como sí lo fue la ex Unión Soviética durante el apogeo de la guerra fría. Solo la economía del estado de Texas es más fuerte que toda Rusia, medida por el producto bruto interno (PIB) per cápita.

La China de capitalismo de Estado, de un sistema de «mercado-leninismo» —como la identificó en 1993 el analista estadounidense Nicholas Kristof—, es el gran adversario mundial de Estados Unidos, que el escenario pandémico ha profundizado aún más.

El rol de China

El régimen conducido por Xi es más cerrado que el de Putin y analistas advierten que ha dado un giro más autoritario desde que irrumpió la pandemia, en diciembre de 2019, en Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei. Los regímenes autocráticos son siempre un caldo de cultivo para la violación del Estado de derecho y la pérdida de libertades fundamentales, como bien explica el politólogo e historiador Armando Chaguaceda, en un análisis publicado en Diálogo Político.

El desafío estadounidense es enorme, dada la potencia de China: ostenta la economía de más rápido crecimiento en los últimos veinte años y la de más veloz aumento en toda la historia, según surge de un documento del Servicio de Estudios del Congreso estadounidense, de junio de 2019.

Tan cierto como que Estados Unidos es el emisor de la principal moneda de reserva mundial, dominante en las transacciones de bienes y servicios, de las fuerzas armadas más poderosas del mundo y puntero en tecnología e innovaciones digitales, es que China es la segunda mayor economía mundial, a la que ya no se la puede caricaturizar como un país de producción de bienes de bajo costo o sin patente de invención. En el estadio mundial, Pekín juega como un actor dominante en las industrias del acero y el cemento, y es «líder en los campos de la informática, las telecomunicaciones, las redes sociales e incluso la inteligencia artificial», escribió el influente pensador Fareed Zakaria, experto en asuntos internacionales, en su libro Diez lecciones para el mundo de la pospandemia, publicado el mes pasado en lengua española.

Enfrentamiento con China

La Administración de Biden sabe más que nadie que la batalla contra China no es porque represente una amenaza nuclear, sino por una fenomenal expansión económica, que facilita estrategias de poder blando, y una ventaja competitiva en tecnología de telecomunicaciones 5G, que le ha permitido desplegar sus tentáculos en casi todos los continentes, mediante redes de su propiedad, como analizamos en un artículo anterior, así como en un episodio del podcast Bajo la Lupa, de esta plataforma, que conduce Franco Delle Donne.

La impronta de Biden ante el autoritarismo chino se observó a poco de llegar a la Casa Blanca, cuando dijo que Xi es un líder «muy duro» al frente de un régimen sin «una pizca de democracia». Llegó a decir que «si no hacemos nada, nos aplastarán», más preocupado por el avance del autoritarismo que en las maniobras de política económica que perjudican el comercio.

La retórica confrontativa fue más tempestuosa todavía en boca del secretario de Estado, Antoni Blinken, al inicio de primera reunión diplomática de los gobiernos de Biden y Xi en la fría Alaska, el 18 y 19 de marzo pasado.

Reacción china

Las fuertes críticas iniciadas por la delegación estadounidense fueron deliberadamente a la vista de todo el mundo, lo que nos habla de otro cambio en relación con anteriores administraciones. Todo parece ser parte de una estrategia de comunicación política en contra del gobierno comunista.

Blinken aprovechó los micrófonos y las cámaras encendidas al inicio del cónclave para acusar al régimen chino de «amenazar la estabilidad mundial», un punto de vista que luego Biden apoyó desde Washington.

La reacción china no se hizo esperar. «¡Estos modales están muy lejos de la etiqueta diplomática!», protestó Yang Jiechi, jefe de Comisión Central de Asuntos Exteriores de China y principal representante de Xi en la reunión de Alaska, quien culpó a Blinken de hacer una demostración de fuerza para la tribuna. Luego afirmó que Estados Unidos es una potencia débil en materia de derechos humanos y que los problemas de racismo en su propia casa le quitan autoridad para criticar al Gobierno chino.

Blinken y su equipo dejaron constancia de las profundas preocupaciones por el comportamiento de Pekín hacia Hong Kong —que motivó sanciones económicas de Estados Unidos contra 24 funcionarios chinos en vísperas de las conversaciones— y en la región de Xinjiang, donde viven minorías étnicas o religiosas, entre ellos los perseguidos uigures.

La cruzada de Biden

Apenas a sesenta días de llegar a la Casa Blanca, Biden ha empezado a dejar ver su decidida disposición a iniciar una cruzada contra gobiernos autoritarios, en un frente común con sus históricos aliados europeos, sumado Canadá, dejados de lado en la corta era de Trump.

El último viernes de marzo, Biden habló por teléfono con el primer ministro británico Boris Johnson sobre la posibilidad de impulsar una iniciativa similar al ambicioso proyecto de la Ruta de la Seda con el que China financia proyectos de infraestructura en más de cien países.

Falta mucho para saber si será posible concretar el sueño de Biden, principalmente por la crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Pero lo que sí es seguro es que ya empezó a poner los cimientos de una ruta de la democracia para impedir el avance del autoritarismo, particularmente el del régimen chino de Xi.

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Brasil atraviesa actualmente la peor fase desde el comienzo de la pandemia, con tasas de mortalidad alarmantemente altas y un gran número de mutaciones del virus que se expanden desenfrenadamente y provocan cada vez más reinfecciones y casos graves. Como epicentro mundial de la pandemia, el país ha sido objeto de críticas internacionales. Marcelo Queiroga, cuarto ministro de Salud del actual gobierno brasileño, pretende solucionar los problemas y dar impulso a la todavía lenta campaña de vacunación. El parcialmente celebrado regreso al escenario político del expresidente Lula da intensidad a la campaña electoral presidencial y ejerce presión adicional sobre el gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, también es rechazado con vehemencia por muchos brasileños.

Desde mediados de enero una nueva ola de covid-19 está literalmente arrollando a Brasil y la tendencia sigue siendo alarmante. Solo el 16 de marzo, 2.798 personas murieron en 24 horas, lo que significa que, en relación con las cifras globales, ese martes más de una de cada cuatro víctimas de la pandemia (28 %) en todo el mundo fue llorada en Brasil. En 24 de los 26 estados, la tasa de ocupación de los hospitales superó el 80 %, la tasa de ocupación de las camas de cuidados intensivos en 15 estados incluso superó el 90 %. En algunos lugares, por ejemplo, en el sureño estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, y en algunos lugares de San Pablo y Río de Janeiro, el sistema de salud ya colapsó.

Los 90.830 nuevos casos en 24 horas a nivel nacional también alcanzaron un nuevo récord. En total, Brasil tiene más de 12,6 millones de casos confirmados oficialmente y 317.000 muertes, lo que constituye el segundo puesto del mundo después de Estados Unidos. Este terrible balance y las crecientes críticas a su gestión de crisis de su gobierno llevaron al presidente Bolsonaro a actuar.

El cuarto cambio de ministro desde el comienzo de la pandemia: Queiroga sustituye a Pazuello

Con el doctor Marcelo Queiroga, presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología, asume el cuarto ministro de Salud desde que comenzó la pandemia hace un año. La cardióloga Ludhmila Hajjar, elegida inicialmente, había rechazado la oferta del presidente porque no veía una línea común con Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia. En cambio, Queiroga aceptó. A diferencia de sus predecesores Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, con quienes el presidente se había enfrentado por opiniones opuestas respecto al distanciamiento social y al uso de la droga hidroxicloroquina, la destitución del actual ministro, general Eduardo Pazuello, fue probablemente de mutuo consentimiento. En rueda de prensa negó haber ofrecido la renuncia por razones de salud, pero expresó su respeto por la intención del presidente de reorganizar el Ministerio de Salud. Es de público conocimiento que la presión del Centrão —que comprende partidos representados en el Congreso en gran parte libres de ideología, principalmente orientados al poder y la influencia— había aumentado drásticamente, en vista de las desastrosas condiciones en el sistema de salud con capacidades agotadas en muchos lugares y el número de víctimas aumentando diariamente durante más de dos semanas.

El factor Lula. ¿Regreso de una pretendida estrella?

También la decisión del presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular la condena del expresidente Lula y devolverle sus derechos políticos ha causado revuelo y podría cambiar en forma permanente el marco político, especialmente en lo que respecta a las elecciones presidenciales del próximo año. El motivo de la revocación de las cuatro sentencias en contra de Lula es el reconocimiento de un error procesal y que el juzgado de Curitiba no tenía jurisdicción, y que el entonces juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia en el gabinete de Bolsonaro, no debió ser el encargado del caso. Por lo tanto, si bien esta revisión de la sentencia no significa de modo alguno que Lula sea inocente, una nueva condena después de recorridas todas las instancias tomaría mucho tiempo. Desde un punto de vista puramente jurídico, nada se interpone en el camino de una nueva candidatura presidencial y un potencial duelo entre Lula y Bolsonaro, personajes absolutamente opuestos, que también pueden ser vistos como antípodas en el mapa político brasileño.

Una cuestión completamente diferente es si Lula, postulándose con 75 años, realmente le haría un favor al país, a su partido y a sí mismo, y si tendría alguna posibilidad de éxito. Algunas encuestas lo ven como un candidato con posibilidades, pero el exlíder sindical es una especie de trapo rojo para muchos brasileños, luego de masivos escándalos de corrupción en los que gran parte de su Partido de los Trabajadores estuvo implicado durante su presidencia. La reacción de la Bolsa de Valores (el índice de referencia brasileño se derrumbó en un 4 % el día en que se pronunció el veredicto) deja en claro que la economía brasileña preferiría un candidato fuerte situado en el centro político.

En su primera aparición pública después de la decisión de Fachin del 8 de marzo, Lula lanzó un ataque radical contra el gobierno de Bolsonaro y criticó particularmente el desolador balance del gobierno en la crisis del covid-19. En su discurso, esbozó la visión de un proyecto nacional enfocado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, inversiones estatales masivas y una política exterior independiente de Estados Unidos. Las menciones explícitas y elogios a políticos como el presidente argentino Alberto Fernández, el boliviano Evo Morales y José Luis Rodríguez Zapatero permiten prever la dirección en la que podrían ir las cosas bajo una nueva vieja presidencia de Lula. Mientras en su mediática aparición alimenta especulaciones sobre un duelo presidencial entre él y Bolsonaro, la pandemia en Brasil está empeorando más que nunca y amenaza la vida de las personas.

¿Brasil como amenaza global?

Un número creciente de científicos y virólogos internacionales ven a Brasil como un laboratorio ideal para el coronavirus y temen que el país más grande de América del Sur se convierta en un caldo de cultivo de mutaciones y una seria amenaza para la salud global. La variante P1, que apareció por primera vez en la Amazonía y la ciudad de Manaus, no solo es significativamente más agresiva y probablemente doblemente contagiosa que el virus original, sino que también parece socavar la defensa inmunológica del cuerpo en aquellos que se recuperaron. Esto también explica el creciente número de reinfecciones en todo el país.

Además de la mutación P1 de Manaus, conocida internacionalmente como brasileña, muchas otras variantes del virus se expanden desenfrenadamente en Brasil. La mutación británica está presente en el país desde finales del año pasado y se extiende constantemente. Desde marzo hay cada vez más casos de una variante P2, que se detectó por primera vez en Río de Janeiro en julio de 2020, y de la que también se dice que es significativamente más contagiosa. Los últimos preocupantes informes apuntan a otra mutación que se presume está avanzando en todas partes del país excepto en el interior occidental. La variante —denominada provisoriamente Variant of Interest (VOI) 9 por los investigadores— tiene, al igual que P1 y P2, una proteína spike modificada, presuntamente responsable del aumento de la infecciosidad.

Ante estas noticias funestas, y muchas preguntas sin respuesta sobre la efectividad de las vacunas en la lucha contra los virus mutantes —especialmente la china Sinovac —, Lucas Ferrante, biólogo del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas cree que las mutaciones y cruces del virus en el peor de los casos podrían dar lugar a algún tipo de supervirus resistente a las vacunas. Otros científicos también evalúan la lentitud en la campaña de vacunación, las medidas inexistentes o ineficaces para limitar el contacto y el proceso de infección dinámico resultante como una mezcla altamente incendiaria.

Conclusiones y panorama

En una de sus primeras apariciones públicas durante la entrega de las primeras 500.000 dosis de la vacuna Astra-Zeneca producidas en Brasil, el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga, dejó claro que, a su juicio, las restricciones de contacto y el fortalecimiento de las opciones de tratamiento en las clínicas son factores decisivos en la lucha contra el creciente número de fallecimientos. Dadas las dramáticas condiciones en los hospitales y el temor de ver pronto a muchas personas sin acceso a tratamiento «muriendo en la calle», como dijo el gobernador de Minas Gerais, los tomadores de decisiones políticas en algunos estados y ciudades ahora recurren al freno de mano. En San Pablo, cinco días festivos de 2021 y 2022 fueron adelantados al 26, 29, 30 y 31 de marzo para cerrar en gran medida la ciudad, incluida la Semana Santa, hasta el 4 de abril inclusive. En Río de Janeiro, las playas están cerradas y se decretó creado un superferiado de diez días. A pesar del potencial endurecimiento de las medidas, Brasil aún tendrá que soportar mucho sufrimiento en los próximos días y semanas. En vista de la lentitud de la campaña de vacunación —a fin de mes, Brasil habrá recibido como máximo 25 millones de dosis de vacunas— y las mutaciones altamente agresivas, es completamente incierto que la pandemia en este país continental pueda ser controlada y, en ese caso, cuándo.

La culpa del fracaso en la superación de la pandemia es atribuida cada vez más a Jair Bolsonaro. Mientras que en diciembre de 2020 el 42 % de los encuestados calificaban su trabajo en el combate a la pandemia como malo o muy malo, en marzo ya eran el 54 %. El 43 % también ven a Bolsonaro como el principal culpable de la dramática situación en la actual crisis sanitaria. En el lado contrario, solo el 22 % de los encuestados califican el desempeño del presidente en la crisis del covid-19 como bueno o muy bueno. En abril del año pasado esta cifra alcanzaba todavía el 36 %. Lo que llama la atención, sin embargo, es que la popularidad general del presidente sigue estable en torno al 30 % y el rechazo de enero a marzo solamente pasó del 50 al 54 %.

La pandemia completamente descontrolada y el regreso de Lula como la estrella de la izquierda brasileña están presionando actualmente al presidente, aunque sería un gran error descartar a Bolsonaro.

A corto plazo, la reintroducción del auxílio emergencial a partir de abril podría dar un respiro a Bolsonaro, aunque en forma limitada. Más de 45 millones de personas se beneficiarán del dinero de la ayuda, que cargará el ajustado presupuesto nacional con otros 43.000 millones de reales, el equivalente a unos 6.500 millones de euros. Con Lula como su oponente ideal, Bolsonaro probablemente podría liderar una campaña electoral con carga ideológica como la de 2018, cubrir sus propios graves déficits programáticos en el trabajo del gobierno con advertencias del peligro comunista y muchas fuerzas moderadas y conservadoras podrían, en última instancia, a falta de alternativas convincentes, decidirse nuevamente por Bolsonaro.

Los partidos del Centrão, que Bolsonaro necesita para gobernar, posiblemente aprovechen la oportunidad para ejercer influencia y exigir más concesiones; la reorganización profunda del gabinete y de los cargos ministeriales asociados se puede considerar como un primer paso en esta dirección. La pregunta que provoca gran expectativa es si los diversos partidos de centro lograrán acordar un candidato común lo más fuerte posible o si dejarán el campo a Lula y a la izquierda brasileña, de la que se puede decir todo menos que está unida.

Traducción: Manfred Steffen

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La polarización es un proceso psicosocial que refuerza estereotipos y sesgos de atribución hostil y simplifica —muchas veces burdamente— temas que son complejos y multidimensionales. El voltaje de los intercambios y agravios en contextos polarizados genera tensión y sufrimiento en nuestros entornos y en diversos espacios en que nos movemos. Así, la polarización contribuye a fracturar el tejido social, atentando directamente contra el diálogo a nivel familiar, de amistades, comunitario o entre sociedad y Estado.

El ser polarizado va perdiendo autonomía y se transforma lentamente en una antena transmisora de las narrativas y discursos de los polos. En escenarios polarizados, los puntos medios dejan de ser interesantes y se invisibilizan por la estridencia de los extremos. Las lentes críticas pero constructivas para analizar problemáticas complejas de la vida en sociedad pasan a un segundo plano y predominan las anteojeras de los polos. La polarización alimenta el fanatismo y el fanatismo, a su vez, nutre a la polarización. Los algoritmos de las redes sociales para moldear nuestros gustos y conductas profundizan el efecto burbuja e invisibilizan ideas y opiniones que no se ajusten la «realidad» creada a nuestra medida.

¿Será posible contrarrestar la intolerancia, estigmatización y descalificación del otro, propios de la polarización? ¿Y si pudiéramos ir creando unas reglas de juego que nos inmunizaran contra la polarización? ¿Y si el poder (y la responsabilidad) de jugar con esas reglas estuviera al alcance de nuestras manos?

A continuación, ensayamos diez claves para evitar caer en la polarización y recuperar la capacidad de dialogar sobre todos los temas con todas las personas:

1. Resistir la presión a opinar y definirse en temas que son presentados de manera dicotómica, en la que predomina un tratamiento mutuamente excluyente. En contextos cargados, la inercia polarizante es reproducida por los medios —la confrontación vende—, por nosotros —buscamos tener razón dentro de lógicas nosotros-ellos— e, incluso, por diversas instituciones que promueven determinadas interpretaciones de temas específicos. Si tenemos una posición no debemos esconderla, pero si queremos averiguar más o, simplemente, en un momento no queremos o no sabemos qué opinar sobre un tema, resistamos las fuerzas gravitacionales de ambos polos que buscan que nos definamos por uno u otro. No opinar no implica cerrarse a conversar, sino proponer otra dinámica de diálogo, una que ayude a nutrir nuestras relaciones, construir ciudadanía y prevenir el debilitamiento del tejido social.

2. Reemplazar las redes sociales por el contacto directo para conversaciones que nos importan. Los muros de redes sociales son, muchas veces, las arenas romanas de la actualidad. También, el anonimato que permiten ciertas redes hace que normas básicas de convivencia no siempre se respeten y que, frecuentemente, la dinámica de comunicación sea unilateral, sin buscar el intercambio, sino exponer (¿o imponer?) una visión propia. Por eso, cuando queramos tener conversaciones sensibles o sobre temas que nos importan mucho, sustituyamos las redes sociales por el contacto directo. Volvamos a las raíces, al café de por medio (cuando se pueda), al llamado telefónico, o, en este contexto de distanciamiento social, a la videollamada.

3. Comprometerse a un cambio mínimo. Asumir un compromiso de que, mínimamente, algo se transforme en nosotros a partir del intercambio que vamos a tener. Esto puede ser en la lectura del problema, la incorporación de información nueva o hasta un leve matiz en nuestra mirada. Si, luego de estar dialogando un tiempo sobre un tema, salimos inmutados, el intercambio pierde relevancia y se reducen los incentivos para futuros encuentros. Si, en cambio, existe ese compromiso, luego de la conversación es posible identificar qué fue lo que nos aportó ese intercambio. Quien no sale transformado de un diálogo, evidentemente no estaba dialogando.

4. Preservar la dimensión relacional. Cuando conversamos con personas en nuestros entornos muchas veces buscamos ganar, aunque sin realmente entender a quién ni, mucho menos, cuál sería el premio. Frecuentemente, encaramos conversaciones como si fueran partidos de fútbol, a ver quién hace más goles. El costo de no dialogar sanamente con nuestra familia y amistades es, como mínimo, una relación incompleta y, como máximo, un distanciamiento. Jean Paul Lederach, reconocido practicante e intelectual de la construcción de paz y el cambio social, sostiene que, en escenarios de división y conflicto recurrente, finalmente los individuos no serán recordados por lo que dijeron o prometieron, ni tampoco por los productos o resultados que obtuvieron, sino por la calidad de las relaciones que alimentaron y crearon y, por ende, por el tipo de presencia que tuvieron.

5. Comenzar con temas menos complejos. En contextos cargados en los que, además de la polarización, nos enfrentamos a noticias falsas y posverdades que disparan emociones y minan las posibilidades de tener puntos de anclaje cognitivo común, a veces, es conveniente comenzar por conversaciones sobre temas menos controversiales. Si logramos intercambiar opiniones sobre un tema en el que disentimos, con cierto éxito y sin ofendernos, podemos rescatar lo que funcionó en ese intercambio. Esto permitirá alimentar la memoria positiva para que lo que sirvió hoy se convierta en una hoja de ruta para próximas charlas.

6. Visibilizar posiciones y expresiones menos resistidas en las audiencias de cada uno de los polos. En general, los medios ponen el foco en los actores con visiones más extremas, generando así una retroalimentación de modelos mentales y prejuicios que ya existen. Resulta más constructivo referenciar y mostrar, incluso en charlas personales con familiares, amistades y colegas de trabajo, a quienes sostienen posiciones más digeribles para el polo opuesto. Este tipo de ejercicio puede colaborar a una oscilación hacia el centro del tablero. Aunque es trabajoso y demora, resulta esencial para generar polinización de pensares y sentires en un contexto que profundiza los compartimentos estancos.

7. Evitar las simplificaciones. En general, los seres humanos buscamos reducir las tensiones que contextos polarizados nos generan con nuestros entornos y esto se materializa a través de la búsqueda de coherencia. Lamentablemente, la coherencia muchas veces llega de la mano de una simplificación burda. El rol subconsciente de la simplificación es crear un escenario binario en donde nos vemos tomando una posición lógica y correcta desde el punto de vista moral, ideológico, religioso o desde nuestra cosmovisión. La simplificación se entrelaza con un sesgo de autobeneficio, en el que las personas o grupos no dudamos de que la posición adoptada es la correcta. Por ello, es urgente naturalizar la complejidad de las narrativas y análisis, y visibilizar aspectos escondidos o no percibidos desde visiones extremas. Debemos tomar un asunto y buscarle la mayor cantidad de ángulos, perspectivas, testimonios, y casos de política pública en que fue abordado de maneras diferentes.

8. Evitar argumentos de tipo técnico, citas y estudios científicos como la solución a la controversia. En contextos cargados, la polarización pareciera inmunizar contra el conocimiento científico, de manera tal que: a) quien utiliza esta información refuerza su sesgo a partir de los datos científicos (o no) que esa misma persona procuró; o b) aumenta su frustración al creer que puede destrabar una situación con información técnica pero no encuentra permeabilidad del otro lado. Para abordar la polarización es más útil entender qué hay detrás del raciocinio de la otra persona —preocupaciones, temores, intereses—, que presentar evidencia técnica o científica en un momento en que predomina la desconfianza.

9. Elegir el momento. La activación emocional que produce la polarización es muy alta, y los vínculos entre frustración y agresión están probados. El desplazamiento juega un papel central, de manera que, si ese día recibimos una mala noticia o estamos con mala predisposición, disminuyen las posibilidades de tener una conversación constructiva y respetuosa. Las condiciones externas, incluida la temperatura, el consumo o no de alcohol, el ruido de fondo, entre otros, influyen enormemente como factores socioambientales. Si percibimos ese malestar es mejor tomar la opción consciente de no conversar en ese momento.

10. Asumir la responsabilidad histórica. La polarización es un fenómeno cuasi global. Evitar que nos arrastre y rescatar el diálogo implica una decisión consciente ante cada conversación relevante que iniciamos. Resulta crítico comenzar por transformar la manera en la que entramos a las conversaciones sobre temas que nos importan. Para eso hay que romper un formato que parece tener una lógica de debate político, en el cual queremos ganar. Debemos eliminar la chicana, abstenernos de recurrir al ridículo para ilustrar un punto de vista, y escuchar, escuchar mucho y activamente. Pero fundamentalmente debemos hacernos cargo de que la responsabilidad de combatir la polarización es una decisión propia.

Publicado en La Nación, Argentina, el 24 de septiembre de 2020.

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El 1 de marzo pasado el presidente Iván Duque firmó, como una respuesta a la crisis migratoria, el decreto 216 de 2021, Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos.

El anuncio del EPTV había sido resaltado por agencias internacionales y gobiernos, como el de Estados Unidos, y se alineó con la agenda de la política migratoria del nuevo presidente Joe Biden, en el momento en el que existía en Colombia un ambiente de preocupación por el apoyo de sectores del Centro Democrático, partido del presidente, a la campaña de Donald Trump.

El decreto, de acuerdo con el Gobierno, es un «mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite llenar los vacíos existentes en este régimen, con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica.

Pero es importante no solo entender los alcances de este decreto, que busca la regularización de los migrantes venezolanos, que a la fecha son aproximadamente 1.8000.000 y de los cuales hay un 56 %, según Migración Colombia, en condiciones de irregularidad.

Así podríamos hablar de que, según diversos analistas consultados, este es un primer paso pero aún falta mucho por hacer para que pueda considerarse que Colombia tiene una política integral migratoria.

A continuación, cinco claves para entender el estatuto, sus fortalezas, debilidades y si representó un viraje o una continuidad en la política migratoria del país.

1. Una política migratoria, asistencialista y basada en resoluciones

Antes del ETPV, Colombia había manejado la migración con resoluciones y circulares. En un comunicado de la Universidad de los Andes, la docente Gracy Pelacani, aseguraba que toda esta serie de resoluciones, decretos y circulares eran de carácter infralegal. «La falta de una ley migratoria integral implica que no se cuenta con un marco legal claro que guíe el actuar de las autoridades —Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en primer lugar— y que limite su discrecionalidad en aras de proteger los derechos fundamentales de esta población», indicaba el informe.

Es que antes de 2015, cuando se dio la primera oleada de migración proveniente de Venezuela, éramos un país expulsor o de tránsito, pero no éramos receptores y menos de una población que se integrara a la sociedad colombiana. Con esa migración, en su mayoría de familias mixtas o de los colombianos deportados, se acudió a una figura de emergencia para atenderlos, en cabeza de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Migración Colombia, en ese momento, solo tenía como función el registro migratorio de entradas y salidas del país, pero no era la entidad con las funciones y el poder actuales.

Para ese momento, teníamos el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores (1067, de 2015, y modificado por el 1743, de 2015), el cual creó la Comisión Intersectorial para el Retorno, cuyo objeto era coordinar las acciones para brindar atención integral a la población migrante colombiana en situación de retorno.

La llegada masiva de migrantes y refugiados venezolanos se empezó a dar en 2017, con más de 400.000 personas, según las cifras de Migración. Ante esto, el gobierno Santos expidió una resolución, implementada otra vez por la Unidad de Gestión del Riesgo, que buscaba caracterizar a la población. Y a finales de ese año se creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que tenía una duración de dos años.

Pero la diferencia del Estatuto con las medidas anteriores es que, aunque el Permiso Especial de Permanencia les permitía trabajar, solo lo podían tramitar si habían entrado por uno de los seis pasos fronterizos formales (es decir, con pasaporte en regla) y solo durante las convocatorias especiales que hizo Migración. Así que no daba una solución a la crisis migratoria del vecino país, que año a año aumentó hasta llegar a casi 1.800.000 personas.

Con el documento Conpes 3950 de 2018 se intentó «atender las necesidades en salud, educación, primera infancia e inserción laboral de la población migrante proveniente de Venezuela, así como fortalecer la institucionalidad encargada de gestionar la crisis, en particular, en relación con la atención de zonas y pasos de frontera, identificación y registro».

Aunque ello les permitía acceder a estos servicios, la situación de más de la mitad de los migrantes seguía siendo de irregularidad, además de que su estatus en el país era temporal. Los migrantes son personas que dejan un país en el que conseguir un pasaporte o cualquier trámite administrativo es una suerte de milagro. Así que los documentos pedidos eran una barrera.

2. Pasamos del asistencialismo a integrarlos a la sociedad con la regularización

En esos años, la atención a los migrantes había sido asistencialista, pues el hecho de que el 56 % de ellos estuvieran en condiciones irregulares no les permitía acceder a un empleo o tener acceso a cosas básicas como el alquiler de una casa.

María Teresa Palacios Sanabria, directora Grupo de Investigación en Derechos Humanos, de la Universidad del Rosario, lo explica en una nota publicada por La Silla Vacía, «luego de varios años de sistemas de documentación temporales y precarios, que cubren menos de la mitad de los venezolanos que hacen vida en Colombia, esta forma de control se ha vuelto ineficiente. De allí el pragmatismo de la decisión política».

Es común ver que, en las ciudades, las alcaldías, la Iglesia católica y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) entregaban mercados o aprovisionaban albergues para atender a los migrantes.

El EPTV permitirá pasar de esa ayuda a incorporar realmente a los migrantes al sistema productivo y a los sistemas de protección del país, como lo habían pedido diferentes organismos, entre ellos la Acnur.

«Seguir como íbamos era solo una mirada humanitaria y de corto plazo —“si no se regularizan, no acceden al sistema”—; entonces ¿qué haces solo seguir dando ayudas?, no se vuelven autosuficientes», explica Lucía Ramírez, coordinadora de Investigaciones en los temas de Migración y Venezuela de Dejusticia.

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3. El Estatuto es solo el primer paso

Este es el primer paso para la regularización e inmersión en la sociedad de los migrantes venezolanos. Su importancia radica precisamente en la posibilidad de regularización y ampliar el margen de atención a las personas que no entraron por los pasos fronterizos.

Sin embargo, se debe entender que este decreto define un marco legal, pero que aún falta mucho por hacer. Esta es una política del Gobierno, pero no una política de Estado.

La puesta en marcha del decreto incluye la consecución de recursos, que es el gran reto del Gobierno, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 15,9 % en 2020 —un aumento de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019—. Se espera contar con el apoyo de gobiernos extranjeros y de las agencias internacionales.

La coordinadora de Investigaciones en los temas de Migración y Venezuela de Dejusticia indica que el estatuto es un paso importante pero que se debe ser cuidadoso en la implementación.

El lunes 1 de marzo, día de la firma, el Gobierno anunció que empezaba la primera fase. En un término de 90 días se realizaría la implementación con el Registro Único de Migrantes Venezolanos. La información acerca de su aplicación está llegando a cuentagotas. El director de Migración Colombia explicó en medios de comunicación que sería en dos fases. La primera, centrada en la recopilación de la información, y la segunda, en que los ciudadanos deberán acudir a la entidad migratoria a corroborar esos datos; además serán tomadas huellas digitales, captura del iris, reconocimiento facial y otros elementos. Este proceso durará dos años. Como base, Migración Colombia espera abarcar a más de 2,5 millones de personas, sumando los venezolanos que se encuentran actualmente en territorio nacional y los que se proyectan que ingresen de forma regular en ese periodo. Después de la firma de este decreto, su aplicación se dará con resoluciones de la Cancillería y de Migración Colombia.

El proceso del EPTV tiene múltiples retos, que van desde la propia reglamentación, la implementación del sistema de registro de los migrantes y la gestión de recursos para llevarlo a la práctica. Esto sumado a la tarea pedagógica, tanto para la sociedad colombiana como para los migrantes.

Es que aumentan las narrativas y las desinformaciones que incentivan la xenofobia y la violencia contra los migrantes. El anuncio de Duque, en febrero pasado, fue usado como una estrategia política de señalar al Gobierno de querer poner a votar a los migrantes en las elecciones presidenciales de 2022, información falsa y contraria a nuestra legislación.

Palacios Sanabria concluye que «se hace imperativo que, junto con la protección temporal para regularizar a los migrantes venezolanos por un periodo de diez años, se logre consolidar una normativa completa aplicable a todos los escenarios en los que se configura la movilidad humana que permita que las acciones encaminadas a la regularización sean una parte integral de un esquema que preconiza el acceso a los derechos como el eje trasversal de las políticas migratorias».

4. Críticas de organizaciones sociales y académicas al ETPV

El borrador del decreto había sido publicado en febrero pasado y desde ese momento diferentes organizaciones realizaron recomendaciones; unas trescientas, según el Gobierno. Sin embargo, no se explicó cuántas de ellas fueron tomadas en cuenta. Ramírez, de Dejusticia, una de las organizaciones que envió varios comentarios, afirma que se hicieron algunos ajustes menores, pero nada de fondo.

Ronald Rodríguez, del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, afirma que, según lo dicho por el director de Migración Colombia, «aproximadamente trescientas organizaciones presentaron observaciones al estatuto. Algunas fueron acogidas pero, entre el periodo de observación, 23 de febrero, y el de firma, 1 de marzo, realmente durante tres días hábiles, Cancillería y Migración pudieron revisar las observaciones. Lo hemos hablado con varias de las organizaciones que presentaron observaciones, pocas fueron incluidas, aunque sí se notan cambios». Y agrega: «Varias organizaciones hicimos recomendaciones sobre la dinámica de Migración Colombia, que es una entidad pequeña para lo que se le está encargando».

Por ejemplo, las causales de cancelación del Permiso por Protección Temporal (PPT). «Consideramos que la forma como están enunciadas algunas de las causales en el borrador del decreto vulneran el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, y no garantizan el principio de legalidad y la proporcionalidad de las sanciones. Por lo que solicitamos que se eliminen las siguientes causales:

• Encontrar un registro de infracciones al ordenamiento jurídico (numeral 1).
• Considerar que la presencia del extranjero en el territorio nacional es inconveniente (numeral 3).
• Considerar que la permanencia del extranjero es inconveniente para la seguridad nacional o ciudadana (numeral 5).

También sugerimos que se establezca que el acto administrativo que cancela el PPT está sujeto a los recursos de la actuación administrativa», se indicaba en un documento de Dejusticia publicado también el 1 de marzo.

En ese punto, el decreto no tuvo cambios. Una infracción al ordenamiento jurídico puede ir desde cometer un delito hasta pasarse un semáforo en rojo, por lo que todo el peso de la decisión administrativa lo tiene Migración Colombia.

El migrante tampoco tendrá una segunda instancia que revise esa decisión, es decir, un debido proceso.

Otra de las recomendaciones no tenidas en cuenta es el uso de los datos biométricos (huella, iris, foto), con los cuales se va a crear un registro. «Esos son datos sensibles, difíciles de manejar y con ellos se pueden generar usos ilegítimos. ¿Son necesarios para caracterizar socioeconómicamente a una población?», pregunta Lucía Ramírez, de Dejusticia.

5. Con el ETPV, Colombia está dando un ejemplo a otros países

La decisión de Colombia, país que actualmente tiene la mayor cantidad de migrantes venezolanos, fue aplaudida por el mundo: desde el papa Francisco hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es una medida que coincide con el llamado de la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU para asegurar la protección de los derechos de los migrantes.

Sin embargo, mientras Colombia busca regularizar a los casi dos millones de migrantes, en un proceso de incorporación en la sociedad, a mediano y corto plazo, otros países de la región aumentan los controles y el discurso contra la migración venezolana.

Así, en este año, Perú y Ecuador, países receptores, han tomado medidas como militarizar la frontera o aumentar los requisitos para que los migrantes accedan al Permiso Temporal de Permanencia. En el caso de Chile, que ocupa el tercer lugar como país receptor de los migrantes venezolanos, se están presentando deportaciones.

Por esto, el mensaje de Colombia, que contó con el aplauso de la comunidad internacional y se espera que también cuente con el apoyo económico y acompañamiento de esta, es un mensaje para los otros países de América Latina.

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¿Cuáles son las diferencias entre la polarización afectiva y la ideológica? ¿Cómo afecta la participación electoral? ¿Cómo se relaciona con el auge de posiciones extremas?

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Cuáles son las diferencias entre la polarización afectiva y la ideológica, cómo afecta la polarización afectiva a la participación electoral o cómo se relaciona con el auge de posiciones extremas son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

¿Cómo opera la polarización y qué efectos está teniendo en las instituciones que afrontan este reto inédito?

Los efectos del covid-19 en el mundo y la carrera por las vacunas, geopolítica mediante, dejó fuera de la discusión dos preguntas que nos hacíamos al principio de la pandemia, durante el incierto marzo de 2020, consternados por lo que ocurría en Europa y el desembarco del virus en Latinoamérica: ¿son suficientes las medidas drásticas para tener buenos resultados en la gestión de esta crisis?, ¿o hace falta que las políticas duras estén acompañadas de un abordaje institucional responsable y coordinado?

En aquel momento la apuesta casi unánime de los Estados en la región fue cerrar todo, cuarentena obligatoria, toque de queda. Los más autoritarios aprovecharon para actuar con mano dura, y la concentración de poder en el Ejecutivo, que mejoró su popularidad temporalmente, se hizo la variable común.

Invitado: 

Mariano Torcal es Catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra en España y director del Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM). 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

En los últimos días, una escalada de tensión política en Bolivia se apoderó de la agenda de los medios, de las redes sociales y llegó a las calles. Luego de las elecciones subnacionales, autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, exministros de su gobierno y jefes de los altos mandos policiales y militares, bajo las acusaciones de «terrorismo, sedición y conspiración» en el caso del supuesto «golpe de Estado» de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y su posterior salida del país.

Rápidos operativos de allanamiento precedieron a la imagen de la exmandataria tras las rejas, así como de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán. La justicia determinó primero una detención preventiva de cuatro meses y luego la ampliación a seis.

Sin embargo, en el caso de la expresidenta Áñez el Gobierno anunció otros cinco procesos que serían llevados a cabo en el marco de un juicio de responsabilidades por los casos de: ampliación irregular de un contrato de concesión; el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa; atentados contra la libertad de expresión; vulneración de los derechos de bolivianos que retornaban de Chile durante la pandemia; y, el quinto proceso, por las «masacres» en las regiones de Sacaba y Senkata, donde se desató la mayor violencia en la crisis política de octubre y noviembre de 2019. «Nosotros estamos buscando una condena de 30 años», dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.

Un discurso gubernamental muy bien articulado fue posicionado para dejar claro que las detenciones no eran otra cosa que un acto simple de «justicia». Desde el otro lado, la respuesta fue contundente: «persecución política» y «violación de los derechos humanos». La efervescente polarización que enfrentó a los bolivianos, en una de las peores crisis de su historia, está nuevamente en escena.

Las banderas tricolores, por un lado, y las wiphalas, por otro, flamean otra vez en las protestas de las calles rememorando los matices de un país diverso e irremediablemente enfrentado. Con esta carga histórica y los sucesos que se van desarrollando, la lectura de Bolivia no puede reducirse a simplezas ni poses de falsos héroes o villanos inocentes. Hubo mucho más antes y lo hay ahora.

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Un recuento necesario

Las elecciones generales de septiembre de 2019, en las que participaba el expresidente Evo Morales por cuarta vez consecutiva, desafiando una vez más la Constitución, se vieron opacadas por las denuncias de fraude electoral. Esto desencadenó en una revuelta popular que tomó las calles del país por 21 días, con varios hechos de violencia entre quienes demostraban su descontento por las irregularidades en el proceso electoral y quienes respaldaban ciegamente al candidato y presidente Evo Morales.

El punto de quiebre fue cuando el documento presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la auditoría a los comicios reveló «operaciones dolosas» en las elecciones del 20 de octubre que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». El estallido popular ya no pudo ser contenido y un desgastado líder socialista terminó presentando su renuncia el 10 de noviembre de 2019 denunciando un «golpe de Estado».

Con la violencia en su máximo nivel, el 12 de noviembre la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia de Bolivia, respaldada por el Tribunal Constitucional que justificó la sucesión debido a la «grave situación social y política» que atravesaba el país.

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), las presiones de líderes opositores y la supuesta «autoproclamación» de Áñez con respaldo del alto mando militar, son prueba suficiente de que se gestó un golpe de Estado. Mientras que el argumento que respalda a la exmandataria dice que se respetó una sucesión constitucional ante las renuncias previas, además gobernó junto a una Asamblea Legislativa de mayoría opositora y llamó a elecciones.

Luego de una gestión muy cuestionada y deficiente de Áñez, sobre todo en el manejo de la pandemia del coronavirus, las elecciones del 18 de octubre de 2020 volvieron a traer al poder al Movimiento Al Socialismo, ahora con el exministro de Economía Luis Arce al mando. Este, por lo hecho en más de cien días al frente del país, muestra que no puede desmarcarse de su mentor Evo Morales y de ciertas prácticas del que fue su gobierno.

La palabra reconciliación, que parecía la gran promesa de Arce, queda en el archivo de los discursos rimbombantes porque la idea de aceptación del otro nunca terminó por calar, incluso si el otro está en su mismo partido.

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La justicia en la mira

Entre los desafíos de la agenda política para este 2021, la denominada reforma judicial planteada por el Gobierno se veía con optimismo, pero tras los últimos sucesos queda en entredicho.

Sin ahondar en los recovecos legales, la independencia del Poder Ejecutivo y el Judicial en el caso de las aprehensiones es muy cuestionada. La oposición, representantes cívicos e incluso la comunidad internacional se han pronunciado inmediatamente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó la importancia de «respetar las garantías del debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales».

La Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también denunció las aprehensiones expresando su preocupación por el presunto «abuso de mecanismos judiciales» y planteó remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) la información sobre los presuntos hechos de lesa humanidad cometidos durante la última gestión del expresidente Evo Morales y también del Gobierno de transición de Jeanine Áñez para un «juzgamiento imparcial». La respuesta del Gobierno boliviano fue inmediata: llevar a juicio al secretario general OEA, Luis Almagro, por «incumplimientos de convenios de la entidad con el país».

Los señalamientos al sistema judicial boliviano propiciaron un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que «ratifica su independencia judicial, que es ejercida por cada juez o tribunal del territorio boliviano en el marco de sus competencias», pero persisten las observaciones de organismos de derechos humanos que señalan «graves atropellos» y «acciones ilegales» en las aprehensiones.

A esto se suma la negativa del traslado de la exmandataria a una clínica para ser tratada por la hipertensión que padece, a pesar de las solicitudes planteadas por su defensa. Autoridades penitenciarias respondieron con el cambio de penal para asegurarle la atención médica.

Cada vez es más difícil ver a una justicia desmarcada del Ejecutivo, no solo en este momento, sino también durante el Gobierno de transición o los casi 14 años de gestión del expresidente Evo Morales. Al respecto, la Iglesia católica ha puesto en evidencia que «la condición servil y arbitrariedades de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica».

Con todo esto, queda claro que la tan anhelada reforma de justicia en Bolivia está muy lejos de ser real, porque no puede blindarse ante un poder político que se esfuerza por hacer prevalecer, a través de todos los medios, su verdad absoluta.

El juego de la posverdad

El permanente debate entre fraude electoral o golpe de Estado deriva también en dicotomías trascendentales: respeto a la ley o abuso de poder; justicia o venganza; democracia o autoritarismo. Mi verdad versus tu verdad.

Nuevamente, un juego de posverdad se instaura con el riesgo cada vez mayor sobre los límites entre la realidad y la ficción.

A raíz de las aprehensiones, los discursos populares se avivaron con un juego de opuestos mediáticos intentando rescatar o incluso reescribir la historia, y desde ambos lados, los argumentos se esgrimen con fuerza. Cuando ha pasado más de un año, con pandemia de por medio, aún queda mucho por entender, pero tal vez lo más importante sea ser conscientes de cuán cerca o lejos estamos de la democracia, sin caer en la impunidad o el olvido.

Hay una verdad. En pleno 2021, los argumentos de fue golpe o fue fraude instaurados en la marea de hashtags y tópicos de conversación de los últimos días son la verborrea histórica de aquel oscuro 2019 que nos sigue atrapando sin dejarnos avanzar.

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En tan solo 25 minutos la producción original de Netflix nos introduce en los orígenes históricos de la democracia en los Estados Unidos y pretende explicar cómo en 1776, al firmarse la Declaración de Independencia respecto a Gran Bretaña, si bien todos los hombres fueron creados iguales, algunos poseían más derechos que otros. Esta misma idea sería ratificada en la ciudad de Filadelfia, once años más tarde, cuando se sancionó la primera Constitución: el derecho a votar no se encontraba entre su articulado. Es más, cuando George Washington fue electo como el primer presidente de la floreciente democracia, únicamente el 20 % de los gobernados tenían permitido votar.

Basándose en la tesis de que «uno de los grandes motores de la historia estadounidense es la lucha por decidir y declarar que votar es un derecho, no un privilegio», el relator enuncia el proceso mediante el cual primero los negros, seguidos de las mujeres y los indígenas, pudieron acceder al sufragio gracias a la Ley de Derecho al Voto (VRA, por sus siglas en inglés) tras el suceso que se conoció como el Domingo Sangriento, en el que la policía reprimió brutalmente una movilización pacífica de más de 500 personas, el 7 de marzo de 1965 en la mítica Selma (Alabama).

El derecho al voto

Una semana después del incidente, el presidente Lyndon Johnson se pronunció ante el Congreso y declaró que la VRA era un «triunfo para la libertad, tan enorme como cualquier victoria que se hubiese ganado en un campo de batalla», y afirmó que no había ninguna razón para negar el derecho al voto, tan básico que, «sin él, los demás derechos no tienen sentido».

Hasta aquí, el corto presupone que la cuestión estaría medianamente encaminada para la población norteamericana, pero el narrador introduce una nueva pregunta: ¿por qué solo el 56 % de la población ejerce realmente su derecho a votar? A continuación, afirma que el país se encuentra muy por debajo en el índice de participación electoral en comparación con otros países desarrollados.

«La democracia está rota», «el sistema es manipulado», «suprimen y restringen votos para perpetuarse en el poder», «es intencional que sea tan difícil votar» son algunas de las respuestas que se presentan a lo largo de los siguientes minutos y que hacen repensar el antiguo modelo norteamericano e invitan a una reflexión más profunda sobre si el sistema electoral norteamericano sigue siendo el indicado para una sociedad que se ha ido transformando notoriamente desde su independencia, o si son quienes encarnan el poder los que corrompen e impiden un correcto funcionamiento de las libertades del hombre, creando un desfasaje entre el voto electoral y el voto popular.

Instrumentos jurídicos

Si bien por más de 45 años los distintos gobiernos prorrogaron la Ley de Derecho al Voto a nivel nacional, este pacto social se rompió en el 2013 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se acordó la necesidad de una actualización en la toma de decisiones sobre qué leyes electorales a nivel estatal necesitan supervisión federal para ser modificadas. En aquel momento, más de la mitad del país incorporó nuevas restricciones al voto.

Así es como se encuentra la respuesta a por qué la democracia liberal más antigua, reconocida por defender los ideales de libertad e igualdad, posee tan baja participación electoral: el efecto acumulativo de leyes restrictivas causa la supresión de los votantes.

En un contexto atípico como en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales del 2020, estas restricciones cobraron vital importancia al punto de que, teniendo en cuenta únicamente los votos emitidos por correo, más de 550.000 fueron rechazados. Sobre todo, porque las reglas de votación por correo varían de estado en estado, por lo que cada boleta no tenía la misma posibilidad unívoca de ser aprobada.

¿Voto obligatorio?

Una vez más, hacia el final del documental se vuelve a interpelar al observador y se lo invita a una última reflexión sobre cómo mejorar el sistema: ¿debería el voto ser obligatorio?, ¿por qué no se implementa el registro automático de electores?, ¿podría legislarse sobre el voto por correo para que sea más sencilla su implementación en cada uno de los estados? Pero también deberíamos hacer una pregunta más profunda: ¿no se debería avanzar en un sistema que favorezca a la sociedad en su conjunto y no a determinados segmentos de la población?

James Madison, conocido como el padre de la Constitución de los Estados Unidos, advirtió contra los males de la facción, que definió como a «un número de ciudadanos, sean mayoría o minoría, que están unidos y actúan por algún común impulso o interés, contrario a los derechos de otros ciudadanos o a los intereses de la comunidad». ¿A qué me refiero? Al último remate de un excelente documental para repensar la idea y presente de la democracia liberal en los Estados Unidos: ¿por qué hay tanta gente impidiendo las elecciones libres?

Ficha técnica

Título original: Whose vote counts, explained
Año: 2020
País: Estados Unidos
Reparto: Documental
Género: serie de TV, miniserie de TV, política
Productora: VOX
Distribuidora: Netflix

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En Venezuela, el autoritarismo sigue de momento una marcha inercial. Pese a signos tímidos y unilaterales de concesiones, el Estado controlado por el Partido Socialista mantiene con cierta holgura sus modos autoritarios. El levantamiento del control cambiario y la desatención en ejecutar sus prácticas regulatorias sobre el sector económico privado, e incluso las conversaciones positivas con el medio empresarial, han sido acompañadas de medidas y advertencias amenazantes contra comercios y prestadores de servicios educativos y sanitarios. Los llamamientos al diálogo desde la cuestionada Asamblea derivada del proceso de diciembre de 2020 están acompañados por dinámicas en las que el partido oficialista tiene una presencia avasallante. Las universidades nacionales autónomas son presionadas a aceptar una intervención administrativa. El Ejecutivo anuncia la aprobación de un paquete legislativo sin conversaciones ni consenso, que afecta tanto preceptos constitucionales como la codificación tradicional. Y, mientras tanto, continúan acciones contra medios, partidos, así como ante los disidentes presos o exiliados.

El Estado no las tiene todas consigo, empero, con limitaciones severas a su eficacia, mientras continúa —para la mayor parte de la región y las democracias de Occidente— siendo caracterizado como ilegítimo. Sin embargo, los problemas de legitimidad no solo afectan a Nicolás Maduro, sino a su contraparte más notable, Juan Guaidó y su Gobierno interino: a pesar de todos los esfuerzos de los diputados electos en 2015, exiliados o dentro del territorio, la precariedad de su poder y las circunstancias represivas han mellado su autoridad dentro de los sectores democráticos. La ruta política definida por Guaidó a finales del año pasado, incluso luego de la consulta popular, no parece haber tenido efecto sostenido en la opinión general y, pese a su preeminencia, ni la Unión Europea ni los Estados Unidos lo asumen como el vocero exclusivo de la oposición venezolana, ante la cual hay voces crecientemente disonantes, con el efecto perverso de desconfianzas y recriminaciones. Pero lo más grave es que, al descontento tradicional hacia Nicolás Maduro, diversas encuestas han mostrado una erosión de los índices de favorabilidad de Juan Guaidó y la Asamblea legítima, y no asoma un liderazgo opositor alternativo en el horizonte de preferencias. Al contrario, lo que crece es el descreimiento y la desalineación política, aun con la insatisfacción general con el statu quo.

Parte de esto se debe a una crisis de expectativas, que afecta en dos sentidos. En primer lugar, la esperanza no cumplida de un cambio político inminente, en el lema del Gobierno interino de «Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres», no solo no se ha cumplido, sino que parece hoy remoto. A la vez, tras la debacle económica, social y humanitaria de los últimos años, los destellos de reactivación económica en algunas ciudades y los efectos de la pandemia, hay una suerte de encierro en lo privado, en la supervivencia que no se arriesga en un futuro político que se encuentra más remoto y azaroso. Esto, por supuesto, presenta un riesgo importante de profundización desmoralizante, puesto que la aspiración democrática históricamente dominante en la sociedad venezolana podría ser sustituida por una resignación ante el hecho autoritario, que sea percibido como una normalidad fatal, en sobrevivir sin atender ni derechos ni deberes ciudadanos. La desesperanza aprendida ha sido el fundamento social más profundo y continuo de los sistemas dictatoriales en la región.

Ante esa constatación, ¿qué queda hacer a los demócratas venezolanos? Reconociendo que el margen de acción es limitado, hay que partir de esta realidad catastrófica y no solo del voluntarismo que paraliza. Una opción, moralmente discutible, sería la cohabitación con el sistema, no solo dentro de sus reglas sino como agente de los intereses del propio Estado, como han escogido los partidos satélite de la oposición parlamentaria; una claudicación similar, paradójicamente, se manifiesta en aquellos sectores que promocionan una improbable intervención extranjera como único medio posible de cambio en el país.

Por su parte, los partidos políticos democráticos, hoy casi clandestinos, han reavivado contactos para plantearse la posibilidad de participar en las elecciones municipales y regionales recientemente convocadas, como protesta ante las condiciones electorales adversas. A su vez, grupos de ciudadanos y organizaciones autónomas han decidido plantear participación en espacios de acuerdos sectoriales con el Estado, bajo la expectativa de comprometerlo paulatinamente a crecientes concesiones favorables a la sociedad, desde el ámbito electoral hasta el económico. Las otras alternativas, aún en su variedad, aspiran a mantener su diferencia y su reclamo frente al poder, pero pueden a veces depender de decisiones ajenas a los actores políticos.

¿Qué concesiones se pueden esperar de un Estado autoritario? ¿Debemos aspirar a una acción milagrosa que solo dependa del extranjero? ¿Cuáles deben ser las fuerzas conductoras de la estrategia opositora? La miríada de organizaciones políticas de la vieja Unidad Democrática, así como las organizaciones de la sociedad civil que han cobrado mayor relevancia en los últimos meses, tendrían que asumir su posición con modestia, sobriedad y respeto mutuo. Se hace preciso actuar sobre la base de aquello que está bajo el propio control: reorganizar los partidos, tender puentes entre los centros de autoridad ubicados en el exilio y en el país, reconstituir las reglas de decisión colectiva y las relaciones de confianza en el liderazgo, demandar tenazmente mejoras sociales y económicas desde las organizaciones civiles y gremiales, exigir condiciones de apertura política genuina y buscar espacios de poder desde lo local hacia lo nacional. Todo esto, por medio de todos los canales de participación, regulares e irregulares disponibles, y sin descansar en la denuncia de la situación.

Pero esas, incluso, son tareas que resultarían inútiles sin una convicción superior. Si pudiese recomendar una prioridad esencial para todos los sectores partidistas y sociales que conforman el amplio mundo de los demócratas venezolanos, sería la de mantener, con celo evangelizador, la legitimidad de la aspiración democrática, cuya convicción puede ser irreversiblemente abatida por la desesperanza. En un mundo en el que los regímenes democráticos se encuentran en regresión, y donde las alternativas autoritarias se proyectan con novedosa confianza, esta es una bandera que debe ser reivindicada como creencia y como propósito. No porque sea más útil o más práctica, sino porque es el sistema político que mejor garantiza la dignidad de sus ciudadanos..

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¿Te imaginas un día sin tomar un vaso de agua? Imposible. ¿Un mes sin darte un baño o sin tomar una taza de café? Improbable. Muchas personas aún caminan kilómetros para poder acceder al agua o, en grandes urbes como la Ciudad de México, reciben el recurso vital una vez por semana o tienen que esperar y hacer fila durante horas para que un carrotanque les dé un suministro mínimo.

Sin lugar a duda, el valor del agua va mucho más allá de un precio: el agua tiene un valor enorme y complejo, que abarca prácticamente todo lo que hacemos y consumimos, desde lo más básico: salud, higiene y alimentación. Pero también es fundamental para la vida en los entornos naturales, para la generación de productos e incluso para la recreación.

Este año, la celebración del Día Mundial del Agua nos invita a reflexionar sobre ese valor intangible del agua, no como recurso económico sino como fuerza vital. Con el objetivo de que la manejemos, protejamos y compartamos mejor.

Gestión del agua

Desafortunadamente, el agua se sigue gestionando de forma inadecuada y en muchos casos se desperdicia, desde las casas, comercios e industrias, hasta el nivel macro de ciudades y países. Desde mediados del siglo XX, el agua se ha considerado como un recurso para la producción y las normativas se han centrado en mantener la oferta en vez de regular la demanda. Esta situación ha provocado que se esté extrayendo más y más del recurso disponible, sobreexplotando reservas que ni siquiera están bien medidas.

Algunas urbes ya están encontrando el pozo vacío y se enfrentan a terribles problemas de desabastecimiento, como Los Ángeles o Ciudad del Cabo. En casos contados se han desarrollado programas claros que impulsan el ahorro, el uso de fuentes alternativas y evitan el derroche. Sin embargo, se está dando una tendencia global creciente para implementar prácticas, algunas milenarias, otras naturales, de obtención de fuentes alternativas de agua. Estas son:

La captación del agua de lluvia

• En gran parte de los países del mundo, la lluvia cae en los techos de casas, edificios, centros comerciales, etc., se descarga por el sistema de tuberías hacia la alcantarilla, de ahí a ríos y el mar, arrastrando basura y contaminación. Si a esta agua se le da un proceso de limpieza básico, se retiran las hojas y la tierra que arrastra, y después se almacena, puede ser aprovechada para usos básicos como: sanitarios, limpieza de suelos y vehículos o para riego. Son usos cotidianos en los cuales se puede cerrar la llave y tomar el suministro caído directamente del cielo. Incluso ya existen tecnologías a precios accesibles para potabilizarla y aprovecharla en todos los usos. Utilizar la lluvia puede significar un ahorro importante de agua y un suministro alternativo durante por lo menos medio año. Un ejemplo actual de la aplicación de la captación pluvial como política pública lo está liderando la Ciudad de México, en donde, además de un programa para apoyar e impulsar la captación en casas, existe una normativa de Sistema Alternativo de Agua, que exige instalar en las nuevas edificaciones sistemas para aprovechar el recurso pluvial.

Recuperación de aguas residuales por medio naturales

• En un principio, a nadie le gustaría tomar agua residual tratada, por más ósmosis inversa que se utilice. Sin embargo, día tras día se descubren sistemas como los humedales artificiales, en donde diversos componentes de la naturaleza (plantas, bacterias, invertebrados) conviven y se implican para la remoción de contaminantes que pueden ir desde metales pesados hasta fármacos. Si se logra construir un ecosistema rico y diverso, por lo general se obtienen aguas tratadas de muy buena calidad, con condiciones muy similares a las naturales. Este recurso puede ser aprovechado para regar o para su reutilización en usos no potables.

Regeneración de ecosistemas

• Se trata de nueva visión para conservar y aumentar la disponibilidad de agua. El 54 % de la población mundial vive actualmente en ciudades. Este desarrollo urbano desmedido exige mayor extracción de fuentes de agua y mayor descarga de aguas sanitarias. La degradación ambiental está afectando la disponibilidad y calidad del agua. Si consideramos las descargas contaminantes sin control ni tratamiento de aguas industriales, agrícolas y hoteleras, nos encontramos con la realidad de la mayoría de los ríos y lagos del mundo: aguas muertas, con altos niveles de toxicidad que ya se están transformando en graves problemas de salud pública.

La mayoría de las naciones latinoamericanas, muy ricas en el panorama hídrico mundial (Brasil y Colombia, por ejemplo), no han tenido el valor de cuidar y proteger sus cuerpos de agua. El caso de México podría considerarse incluso desastroso: según información de Greenpeace, 70 % de los cuerpos de agua se encuentran contaminados y durante más de 30 años la regulación de las descargas a aguas superficiales ha sido muy laxa, lo que se traduce actualmente en problemas de salud pública como el caso del Río Santiago (cercano a Guadalajara), en donde las incidencias de cáncer e insuficiencia renal son dramáticas.

Se trata de un problema mundial, aunque países europeos como Alemania o Francia llevan varias décadas buscando revertir el deterioro de sus reservas de agua superficiales y subterráneas. Los países escandinavos, el Reino Unido y Canadá también se han esforzado en cuidar sus reservas hídricas superficiales. En Estados Unidos, el Clean Water Act llevó a que se recuperaran muchos de los cuerpos de agua que estaban perdidos, aunque con la permisibilidad hacia la extracción de gas y petróleo por medio del fracking se dieron enormes pasos hacia atrás. Sin embargo, ante el deterioro ambiental ha habido un proceso global de desarrollo de normativas y directrices para conservar y recuperar las fuentes de agua.

Claves para mejor gestión

1. Leyes y normativas estrictas para revertir y prevenir la contaminación. El primer paso es reducir o eliminar las descargas contaminantes a los cuerpos de agua, por medio de sanciones y multas. Así como los primeros programas en donde se exige y se incentiva el aprovechamiento de aguas pluviales y tratadas. Un caso emblemático es Singapur.

2. Promover el desarrollo sostenible y de bajo impacto. Con el objetivo de mitigar, en la medida de lo posible, los efectos de la urbanización y recuperar el ciclo hidrológico, mediante metodologías como Low Impact Development o través de los créditos que promueven la construcción sostenible como LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) se ha logrado generar, en algunos casos, entornos más amigables con el medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, se trata de casos aislados —en muchas ocasiones de altas inversiones—, que no han sido suficientes para revertir el desarrollo insostenible en las urbes.

3. Políticas públicas para promover un desarrollo urbano basado en la naturaleza. El principal objetivo de esta tendencia, que toma cada vez más fuerza en el mundo, es desarrollar una serie de medidas y estrategias para recuperar los ecosistemas que han sido impactados por el desarrollo urbano. Mediante programas públicos para promover la aplicación de tecnologías basadas en la naturaleza, se ha logrado restaurar procesos naturales para transformar el ambiente de las ciudades haciéndolas más resilientes y, entre otros beneficios, regenerar las fuentes y aumentar la disponibilidad de agua. En casos puntuales se han convertido en programas de gobierno de largo plazo, como en el caso de Ciudades Sensibles al Agua, en Australia, que les permitió hacer frente a una sequía de más de diez años; o el caso de Ciudades Esponja, en China, que les ha permitido una recuperación emblemática de entornos urbanos totalmente perdidos.

Ciclos virtuosos

Es el momento de empezar a recuperar los ciclos virtuosos naturales del agua, desde el ciclo hidrológico a nivel urbano. Esto nos permitirá comprender su gestión de una forma más integral y evitar el modelo actual de extracción, distribución, uso y desecho; que es una visión obsoleta que ha transformado antiguas fuentes de agua en reservorios tóxicos que contribuyen con el derroche y la sobreexplotación. La misma constitución del agua hace que sea un recurso que se regenera si tiene las condiciones y los elementos naturales, y lleva en su flujo la esencia de reciclar y transformar nutrientes. Su valor está relacionado con la vida, la supervivencia, la resiliencia. Cada gota de agua cuenta, y no podemos darnos el lujo de desperdiciar ni contaminar este bien natural fundamental..

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No hay vida sin agua. La circulación del agua por la biósfera es como un flujo sanguíneo. Cualquier interrupción, hasta un cambio en dicho flujo, podría significar el colapso del complejo sistema hidrológico del que depende la vida. El ser humano cambia el entorno, cada vez más y en forma cada vez más rápida. El mundo globalizado significa que todo está entrelazado, y que cada rincón del planeta está ocupado con alguna actividad de origen humano, sea una ciudad, una carretera o una actividad productiva agrícola o industrial, o un basurero. Estas actividades requieren de gran cantidad de agua: para el riego, para la higiene personal, para la industria, para el transporte, para la recreación. Y todas estas actividades, en mayor o menor medida, alteran, contaminan, cambian los ciclos hidrológicos.

El agua, presente en el planeta en cinco formas principales: en la atmósfera, en el suelo, como agua superficial, en las napas y en los hielos, es utilizada de todas las formas imaginables. Desde la ciencia se advierte: «El agua no solo es el soporte de los ecosistemas que nos proveen de alimento y energía. También regula la temperatura y el clima en la Tierra. El agua está en el centro de un drama planetario que se desarrolla frente a nuestros ojos».[1]

Avanza el desierto

Uno de los efectos más notorios del proceso descrito es el avance de los desiertos y la pérdida de fuentes de agua. El proceso de desecación del Mar de Aral en relativamente poco tiempo sirve para ilustrar el problema. Situado en Asia Central, entre las actuales repúblicas de Kazajistán y Uzbekistán, este lago fue utilizado en la URSS como fuente de agua para irrigación de enormes plantaciones de algodón. Los planes de producción no dejaban lugar a dudas respecto a las prioridades. En los años sesenta, el área del Mar de Aral alcanzaba unos 60.000 km2, el equivalente aproximado a Bélgica y Holanda juntas. En solo medio siglo, el lago se redujo en un 60% de su superficie. Hoy, decenas de barcos de la otrora flota pesquera son testigos mudos de un desastre ambiental cuyas causas se vinculan al supuesto de que la naturaleza es ilimitada y que el ser humano la puede controlar..

.En un libro publicado en los años sesenta en la URSS, el autor Igor Adabáshev, describía un futuro venturoso: «El Mar de Aral se purificará e irá transformándose poco a poco en un mar dulce. Sus aguas se poblarán de peces de río de estimada carne. En el litoral del antiguo Mar de Aral aparecerán centenares de nuevas industrias pesqueras».[2] Estas líneas hoy resultan por lo menos sorprendentes en vista de los resultados constatables. Pero el futuro venturoso descrito en el libro no era una fantasía, sino parte de proyectos reales predominantes no solamente en ese país.

Crece la demanda

El crecimiento de la población en el planeta y el aumento de las expectativas de consumo ejercen cada vez más presión sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, y también sobre la política. Los ciudadanos esperan disponer del agua para satisfacer necesidades cada vez más altas. Latinoamérica no está exenta de estos problemas. Basta observar la situación en grandes ciudades como San Pablo y La Paz o los conflictos por el agua en México.

En nuestras casas abrimos el grifo y esperamos que salga agua. Limpia y fresca. Una vez utilizada, desaparece. El contacto con el agua es corto, efímero. Llega a nuestra cocina o baño después de un largo recorrido desde la fuente, pasando por la usina potabilizadora y, después del breve encuentro, desaparece por el desagüe. Ya la palabra lo indica. El agua desaparece de nuestra vista, para siempre.

También la disponibilidad de alimentos que exigen grandes insumos de agua, como las paltas (aguacates), el jugoso churrasco y las aguas embotelladas provenientes de fuentes exóticas parten del supuesto de la disponibilidad infinita de un recurso escaso.

Los ciclos y los ecosistemas

Los ciclos hidrológicos globales influyen en el clima, en los ecosistemas, en el transporte y en el almacenamiento. Todas estas funciones están entrelazadas y deben, por lo tanto, ser atendidas en forma simultánea, ya que el uso en determinado lugar puede tener consecuencias en otro lugar lejano. Por ejemplo, la desforestación en un punto de una cuenca puede limitar la disponibilidad de agua en otro. Evitar, anticipar y resolver estos conflictos es un tema político.

Sin embargo, no alcanza con la política a nivel local o nacional. En un mundo globalizado, las consecuencias de una actividad pueden afectar a gente que no tuvo nada que ver con dicha actividad. Y cada problema local puede rápidamente convertirse en global. Se requiere entonces también de políticas que permitan una gerencia global del agua.

«El alma humana se parece al agua, del cielo viene y hacia él asciende y desciende a la tierra en eterna alternancia».[3] Esto escribía Goethe en 1779, según relatan inspirado por la cascada Staubbach, en la localidad suiza de Lauterbrunnen. Este nombre significa fuentes ruidosas. El tronar del agua inspiró al gran poeta alemán.

Hoy no tenemos mucho tiempo para escuchar a las cascadas, ni al mar, ni el fluir de los ríos afectados por nuestro estilo de vida. Volviendo al Mar de Aral, tal vez su desaparición nos ayude a tomar conciencia del agua, de su importancia para la vida, de su silenciada presencia y del profundo contenido político de su disponibilidad o escasez.

Notas:

[1] Stockholm Resilience Centre. (2020). Saving the planet’s bloodstream.

[2] Adabáshev, Igor (1960). El hombre corrige el planeta. Moscú: Editorial Progreso.

[3] Von Goethe, Johann Wolfgang, «Gesang der Geister über den Wassern», traducción del autor..

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Bedoya fue algo así como una conciencia de la democracia peruana y, hasta su último día, una de sus más escuchadas voces. En un país polarizado, fue una de las pocas personas capaces de unir a todos. Fue además un gran amigo de la Fundación Konrad Adenauer, que se instaló en Lima durante su alcaldía. Para Diálogo Político, le rinde homenaje un amigo PPCista.

Nuestro apreciado joven centenario —título que le puso a su libro autobiográfico, donde nos narra con lujo de detalles su larga vida enraizada en los acontecimientos nacionales vividos entre tumultos, dictaduras y aperturas democráticas— a temprana edad abrigó el socialcristianismo y se codeó con líderes juveniles de América y Europa. Sus guías principales fueron: el párroco de Miraflores, Amelio Plasencia, con quien logró afianzarse en la doctrina de la Iglesia; Víctor Andrés Belaunde —su maestro—, de quien recogió pensamiento cual continuador en la afirmación de peruanidad; y José Luis Bustamante y Rivero, a quien acompañó en su gobierno para luego comprender la urgente necesidad de la acción política y fundar el Partido Demócrata Cristiano en 1956 y, diez años más adelante, el Partido Popular Cristiano.

Participó en la reunión demócrata cristiana en Montevideo, Uruguay (julio de 1947), cuando nació la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) y luego, en 1956, asistió a la Conferencia de París donde se acordó la creación de la IDC (Internacional Demócrata Cristiana).

Fue ministro de Justicia, dos veces elegido alcalde de Lima (1963 y en 1966) donde tuvo una descollante labor en la transformación de la capital, y luego fue constituyente en 1978-1979.

¿Se acaba de convertir en leyenda nuestro apreciado «Tucán»? Este sobrenombre se lo puso un adversario político cuando comenzaba a alzar vuelo como alcalde de la ciudad de Lima, y él —cual pícaro criollo, de origen popular, nacido en El Callao— supo revertirlo: «Tucán, tucán… ¡tu candidato!». Sus célebres debates dieron inicio al cotejo de ideas en la televisión peruana tan celebrados en la década de los sesenta y setenta, con sintonías espectaculares de audición.

Hablar de Luis Bedoya Reyes es hablar del demócrata a carta cabal, del hombre de fe sin ánimo desfalleciente, del espartano sereno, del que enseña y contagia, del humanista, del realizador de obras que dejó huellas como venas que recorren la ciudad; del hombre del ensueño y la esperanza; del hombre que, mirando hacia atrás, culminaba dándonos mensajes de futuro recalcando que el porvenir nos seguía esperando.

Cuando candidato a la presidencia de la República (en 1980 y 1985), a Bedoya nunca se le ocurrió despertar esperanzas con falsos ofrecimientos; tampoco llegaba a los pueblos para hacer prosa poética; Bedoya Reyes los convocaba hacia el esfuerzo, a su lucha frente al desafío con coraje, con verdades duras pero llenas de posibilidades. Luchó con bravura en defensa de la vida y la familia, así como por la clase media trabajadora como impulsora para levantar al país; un visionario que labró y sembró para el futuro.

Fue admirador de Adenauer y De Gasperi, y nunca se olvidaba en resaltar la figura de aquel alemán al que llamaba el hombre bueno, Bruno Heck.

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Los hechos más saltantes de Bedoya Reyes que registra la historia están imbuidos de lecciones democráticas. ¿Cómo olvidar su discurso en la Plaza Castilla frente al dictador militar Velasco Alvarado, exigiéndole el retorno de la democracia? ¿O cuando, vuelta esa democracia en 1980, le brinda su colaboración a Belaunde para que la historia política peruana, cercenada de constantes golpes de Estado, no se repita? ¿O cuando convoca a una ferviente multitud en la Plaza Bolognesi en defensa de la libertad frente a la estatización de la banca y seguros, o cuando le cede la posta a Vargas Llosa para que aquel escritor pueda ser el candidato del Fredemo en 1990?

Luis Bedoya Reyes fue incapaz de anteponer sus legítimos intereses personales a los del Perú; ese coraje que se necesita para brindar gestos democráticos de relieve como cuando lo hizo presidente de la Asamblea Constituyente de 1978 a Víctor Raúl Haya de la Torre; sin componenda, sin que lo supiera el propio Haya. Dejando atónito a viejos líderes de la época.

Excelente deportista, bailarín pretencioso, mimador de sus nietos; construyó una familia sólida con su adorada Laura. Vivió la política con intensidad; dejando claro su mensaje a los jóvenes que para saber llegar no solo deben gastarse en el activismo partidario, sino deben construir su propio destino.

Hoy despedimos al último de los políticos químicamente puro: Luis Bedoya Reyes, quien no solo acaba de encontrarse con su esposa Laura en su última morada, pues desde el día en que falleció don Víctor Andrés Belaunde (1966), doña Laura había separado dos nichos provisionalmente sellados. Es decir, los restos de Bedoya ya están al lado de Laura y del maestro, como alguna vez nos refería Bedoya: «el día que yo muera estaré a un metro de don Víctor Andrés; qué diálogos tan sabrosos y continuados tendré con él, como también disfrutaré para siempre de sus sabrosos monólogos llenos de lección, mensaje y sabiduría».

¡Honor a Luis Bedoya Reyes, el más brillante político peruano del siglo XX!

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Históricamente en la capital de Chile, Santiago, nos juntábamos a celebrar los triunfos nacionales y también para protestar sobre asuntos políticos y sociales. En efecto, la Plaza Baquedano siempre ha sido un lugar de convergencia para manifestar nuestras alegrías y malestares.

La plaza fue inaugurada en 1928 en honor al general Manuel Baquedano que comandó las fuerzas chilenas durante la Guerra del Pacífico (1879-1884), instalando una estatua ecuestre del victorioso militar. Dicha figura se transformó en un ícono del reencuentro nacional tras las convulsionadas décadas vividas con posterioridad de la guerra civil en Chile de fines de siglo XIX (1891) y su posterior período parlamentario, que profundizó las grietas entre las elites políticas y con un quiebre institucional entre civiles y militares. Al respecto, la estatua puesta en honor al general Baquedano vino a significar un hito central en el proceso de resignificación de la unidad del país tras el pacto constitucional de 1925.

Ha quedado muy atrás ese sentimiento y hoy, carentes de memoria e interesados en emular movimientos políticos vistos en redes sociales, en plena revisión de nuestra historia y símbolos patrios, el conflicto social y político ha derivado hacia un enfrentamiento de carácter identitario. Para quienes habitualmente se convocan a dicha plaza, la estatua del general se había transformado en un objetivo político. Derrumbarlo sería una victoria frente a la elite, el poder político y represor de las fuerzas de seguridad.

Vecinos aquejados por la violencia

Por otra parte, los vecinos aquejados de esta violencia permanente en las inmediaciones de la Plaza Baquedano ven a las autoridades del Estado más preocupadas por rescatar la estatua que de la propia integridad física y patrimonial de ellos.

En una decisión no exenta de cuestionamientos, el Consejo de Patrimonio Cultural resolvió retirarla de la plaza y llevarla a restauración. Por ello, para quienes se identifican con la chilenidad forjada a través de las glorias del ejército, el sacrificio de los soldados, las tradiciones y símbolos patrios, el país ha sido abofeteado en su dignidad intangible, en el patrimonio de su identidad nacional tras los ataques en contra de la figura ecuestre y la Tumba del Soldado Desconocido, situada justo debajo del monumento al general Baquedano.

Cabe soslayar que el monumento en cuestión nació como un símbolo de un nuevo acuerdo nacional de siglo XX, cuestión que nuevamente en Chile se debatirá durante este 2021, en el seno de la Asamblea Constituyente. Esta iniciará su trabajo luego de las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, momento en que se escogerán a sus representantes.

Al respecto, la crispación actual en el país es una de las características principales de un fin de ciclo, un agotamiento de la legitimidad política y social que el país se dio entre la Constitución de 1980 (Junta Militar) y 2005 (presidente Lagos). El deterioro ha sido gradual y paulatino en la calidad de la democracia y del respeto por las instituciones de la República, expresado en la propia falta de respeto entre los ciudadanos.

El papel del constituyente

Esta situación demanda una salida institucional por medio del diálogo y el entendimiento en vista a un nuevo pacto social, cuestión que la elite política comprendió únicamente con posterioridad al estallido social de octubre de 2019.

El 10 y 11 de abril de 2021 Chile vivirá un día histórico por varias razones. Entre ellas cabe destacar que por primera vez se realizarán cuatro elecciones en una sola jornada. Se elegirán a concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes.

Por tal razón, el número de papeletas y candidatos no permite el sufragio durante un día como se estaba acostumbrado. Por tanto, el Servicio Electoral resolvió que las elecciones se hagan en dos días, cuestión que en tiempos de marcada desconfianza abre interrogantes respecto de la custodia de las urnas durante la noche del 10 y la madrugada del 11. Al respecto, será el propio Servicio Electoral y las Fuerzas Armadas los responsables de la custodia.

Otra razón para la singularidad del próximo proceso electoral es que por primera vez los electores escogerán a gobernadores regionales, quienes reemplazarán a los intendentes designados por el/la presidente/a de la República. Esta elección se enmarca en el proceso que se dirige hacia la descentralización del país a través del otorgamiento de atribuciones, competencias y recursos para la toma de decisiones en el territorio.

Al respecto, la morfología del poder en Chile estaba siendo discutida desde hace décadas. Pero la inercia del centralismo había dilatado el proceso de transferencia efectiva de competencias y recursos a las regiones. Por esto la elección de gobernadores significa una primera descentralización de la representación, pero deja aún muchas preguntas relativas a sus atribuciones y capacidad decisional. Por ello, serán relevantes los acuerdos que se alcancen en materia constitucional respecto a la administración del Estado.

La Asamblea Constituyente

Por último, la Asamblea Constituyente podrá marcar la diferencia entre una nación que mantenga un nivel de crispación que valide la violencia como acción para cambios políticos y sociales, desafecta de los demás, creadora de tribus en relación con intereses particulares o guetos por parte de quienes se sientan marginados o descartados de la sociedad; o ser un puente que gracias a su inédita conformación paritaria (igualdad entre hombres y mujeres), con representantes de pueblos autóctonos, permitan un acuerdo que revitalice el alma nacional, la cual brinde una renovada validez a la democracia como un régimen conformado principalmente por valores más que procedimientos, para que finalmente nos invite, desde la diversidad, a una nueva identidad nacional, la cual nos presente una visión de sociedad en la que todos tengamos espacio.

En consecuencia, la labor del constituyente es inédita, ya que es la primera vez que (en Chile) tras una profunda crisis institucional, la elite política haya comprendido que se debía responder a través de un instrumento abierto, participativo y representativo de la ciudadanía, el cual estará encargado de acordar los cimientos de una próxima institucionalidad para la República que nos permita articular nuevamente el nosotros y el sentido de comunidad, lo que muy posiblemente sería aplaudido por el general Baquedano. Por cierto, esta vez en una clave muy distinta a la conformación de los Estados nacionales del siglo XIX, pero muy oportuno desde la necesidad de unidad, amistad cívica y sentido social.

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Disponible en Inglés

A la memoria de Kyal Sin (2002-2021)

En toda comunidad humana existen diferencias —de rasgos, ideas y valores— y desigualdades —de recursos, derechos, poder— entre quienes la forman. Sus integrantes conviven bajo el riesgo permanente del conflicto, entre aventajados que quieren preservar el statu quo y perjudicados que desean cambiarlo. La tensión resultante genera la búsqueda de modos de regular los conflictos. Porque toda sociedad cobija ansias de seguridad, prosperidad y poder. Que deben ser canalizadas mediante la política.

La política es esa esfera de la acción humana orientada al manejo social de los conflictos. Opera mediante la implementación de decisiones vinculantes —conforme a reglas— capaces de imponerse —mediante la fuerza, si fuese necesario— a los miembros de la comunidad. Las fronteras de la política se han expandido con el tiempo, para regular los conflictos de clase, género, creencia, raza, entre otros. Su carácter vinculante diferencia a la acción política de la fidelidad familiar —fundada en nexos de sangre—, la cooperación social —basada en la ayuda mutua— y la lógica —mercantil, transaccional— de la economía. La política no es per se buena o mala: bajo su manto confluyen dominación y emancipación, conflicto y consenso, en el gobierno de los hombres y la administración de las cosas.

La historia humana ha sido, en buena medida, un relato de política autocrática, basado en el predominio de caudillos y camarillas, de disímil credo, sobre sus poblaciones. No obstante, con variable y creciente fuerza, la alternativa democrática se volvió mundialmente aceptable en los últimos dos siglos. La idea de que los de abajo pueden ejercer el autogobierno colectivo, eligiendo y sancionando a sus autoridades. Expresarse, con voz y derechos, en el espacio público.

Los documentos fundantes de la Organización de las Naciones Unidas, hace 76 años, recogen ese frágil pero universal consenso democrático. Aceptado, al menos formalmente, por repúblicas liberales y regímenes tradicionales. Fue abrazado con esperanza y dificultad por muchas naciones descolonizadas en el tercer mundo. Sin embargo, ese acuerdo —jamás logrado cabalmente— afronta hoy una nueva amenaza.

La amenaza autocrática: dos lecturas, un problema

El último año, bajo el peso combinado de la pandemia, la crisis económica resultante y los conflictos de todo tipo, la democracia sufrió nuevas pérdidas en su competencia global contra la autocracia. Como señala un estudio publicado la pasada semana por la organización FreedomHouse, las derrotas cívicas en sitios como Hong Kong, Venezuela, Tailandia o Turquía, unidas al deterioro relativo de democracias avanzadas, pasan grave factura. según el informe, 2020 fue el decimoquinto año consecutivo de declive de la libertad mundial. Los países que experimentaron algún deterioro superaron, en número, a los que registraron mejoras. La recesión democrática se está profundizando.

El declive se ha vuelto cada vez más global y afecta tanto a poblaciones que padecen tiranías crueles como a ciudadanos de sociedades abiertas. Casi el 75 % de la población mundial vivió, el pasado año, según Freedom House, en un país que sufrió alguna modalidad de deterioro democrático. Casos especialmente dramáticos son los de aquellas naciones donde no asistimos a meros decrecimientos cuantitativos de las libertades de expresión, reunión, manifestación y elección; donde se ha abolido, en sentido estricto, la posibilidad de incidir sobre quienes gobiernan, en los que los ciudadanos han sido reducidos al rol de empleados, consumidores o habitantes.

Por su parte, el último estudio del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, enfocado en la medición internacional de la cantidad y calidad de las democracias, también señala el deterioro de los gobiernos basados en el autogobierno popular, la vigencia del Estado de derecho y el respeto a las libertades ciudadanas. La autocratización, nos dice, se ha viralizado.

Declive de la democracia

Según el informe, el declive global de la democracia —el proceso que llamamos autocratización— continúa de modo acelerado en la última década, especialmente en Asia, África y, en menor grado, Europa del Este y América Latina. El nivel de democracia disfrutado por el ciudadano global promedio en 2020 ha bajado a guarismos de alrededor de 1990. La autocracia electoral sigue siendo, seguida por las democracias electorales, el tipo de régimen más común.

En 2010, 48 % de la población mundial vivía en autocracias, fuesen estas parciales (electorales) o completas (cerradas); en 2020 el número se elevó hasta 68 %. La India, el segundo país más poblado del orbe, pasó de ser una democracia liberal a una autocracia electoral. En total, hay 87 países con regímenes autocráticos: 63 autocracias electorales y 24 cerradas. Las naciones en transición a la democracia pasaron de 32 en 2010 a 16 el pasado año. En 2010 había 41 democracias liberales, plenas; ahora existen 32, fundamentalmente en Europa Occidental y América del Norte.

El modo en que esta autocratización se produce habla mucho de la metáfora (micro)biológica al uso, expresada en el título del informe bajo el término viralizar. Como los virus y bacterias, los agentes de la autocratización (líderes populistas, fundamentalismos religiosos, movimientos extremistas de distinto signo ideológico) se expanden dentro del organismo político, aprovechando sus tejidos y órganos, hasta copar y colapsar la soberanía popular. No se trata, como antaño, de daños externos, infligidos por agresores —invasiones— o convulsiones bruscas —golpes de Estado, revueltas— que afectan el cuerpo y la salud democráticos.

El factor covid-19

El escenario abierto por el covid-19 abonó esa tendencia. El informe de V-Dem señala que el número de países que amenazaron la libertad de expresión pasó de 19 en 2017 a 32 en 2020. Aunque la mayoría de las poliarquías actuaron de manera responsable en sus protocolos de manejo de la crisis sanitaria y sus efectos, en 9 hubo violaciones graves de los derechos ciudadanos y, en otras 23, moderadas. A contrapelo, en 55 regímenes autocráticos se detectaron violaciones mayores o moderadas en el marco de la pandemia.

Frente a los medios de comunicación, un cierto consenso asomó, imprevisto, entre regímenes democráticos y autoritarios: dos tercios de todos los países estudiados por V-Dem restringieron, de algún modo, la labor de los periodistas. La sociedad civil también apareció como una gran afectada del cruce perverso entre covid-19 y autocracia: las restricciones legales, asedios policíacos y cierre financiero a la labor de organizaciones y activistas cívicos fue impresionante. Afectó a gobiernos de todos los continentes, orientaciones ideológicas, niveles de desarrollo socioeconómico y sustrato civilizatorio.

¿Alea jacta est?

Asistimos, en todos los continentes, a una siniestra tendencia a la abolición de la política democrática, en la forma —imperfecta pero real— en que la hemos conocido en los últimos siglos. La antigua servidumbre voluntaria y los nuevos despotismos se asoman, amenazantes, sobre nuestro horizonte civilizatorio. Falta imaginación, voluntad y resolución para impedirlo. Quiero creer que aún estamos a tiempo de lograrlo.

Además de las variables específicamente políticas o pandémicas, hay diversos factores geopolíticos —ascenso chino, revanchismo ruso, declive relativo de Occidente—, tecnológicos —uso autoritario de la vigilancia y disrupción electrónicas— y culturales —polarización y fakenews en sociedades hiperconectadas de masas— que explican, conjugados, el presente deterioro democrático global. Pero también otros elementos —desde la historia al activismo, pasando por la psicología y transformaciones de las sociedades de masas— ofrecen pistas sobre las resistencias posibles y previsibles a tal deriva. Nada está escrito, en este mundo, acerca del fin o triunfo de la democracia.

La democracia, a diferencia de otros regímenes políticos y socioeconómicos, expande, simultáneamente, medios (sujetos, instituciones y derechos) y fines (participación individual, autogobierno colectivo) en la regulación de la convivencia política. Su núcleo es un orden político —régimen democrático— que institucionaliza los valores, prácticas y reglas que hacen efectivos los derechos a la participación, representación y deliberación políticas y la renovación periódica de los titulares del poder estatal. Pero también conjuga un ideal normativo —que cuestiona las asimetrías de jerarquía y poder dentro del orden social—, un movimiento social —que reúne actores, luchas y reclamos democratizadores expansivos de la ciudadanía—, un proceso sociohistórico —con fases y horizontes— de democratización.

República liberal de masas

En su modalidad realmente existente, la democracia adopta hoy la forma poliárquica de república liberal de masas. Lejos de la crítica radical que las simplifica a ser mera simulación oligárquica, la institucionalidad de estos regímenes rebasa el formato liberal clásico —electoral, partidario, parlamentario— y abarca los mecanismos de innovación democrática y los nuevos movimientos sociales autónomos.

Dentro de este régimen, los sectores medios y populares, a través de una dialéctica ciudadanizante —que abarca los momentos de lucha social, reconocimiento legal e incorporación política pública— han conseguido beneficios más perdurables y protegidos que bajo los populismos y autocracias de diverso cuño. Incluso si consideramos que las repúblicas liberales de masas padecen de procesos de corrupción —inherentes al funcionamiento mismo del sistema— y oligarquización del poder —con minorías que abusan de las reglas del juego para perpetuar sus privilegios— dentro de un respeto general por el Estado de Derecho, la experiencia nos indica que estos son contrarrestables.

Comparemos también la situación de los trabajadores venezolanos, antes y después del chavismo. Contrastemos los derechos de todo tipo —sociales, civiles, políticos, económicos y culturales— que pueden gozar y, más claramente, reivindicar, los subalternos de Costa Rica y Cuba. Evaluemos el decurso de las protestas ciudadanas de los últimos años en Chile y Nicaragua: en el primero, la movilización fue canalizada, vía deliberación parlamentaria y ejercicio de la democracia directa, a una refundación constitucional. En Nicaragua se aplastó toda posibilidad de ejercicio cívico y resolución democrática del conflicto. La ventaja de disponer de un régimen republicano liberal —simultáneamente contentivo de instituciones y derechos para el ejercicio de la política popular, institucionalizada o de calle— resulta, para las masas de todos esos países, decisiva.

La perspectiva global

Podemos llevar la discusión a planos globales. La democracia —entendida como vocación por acotar el poder omnímodo de los gobernantes y participar en el autogobierno colectivo— no es privativa de una cultura o religión. Hoy la practican poblaciones de legado confuciano, cristiano, musulmán y hasta ciudadanos agnósticos. En aquellos sitios donde la creíamos culturalmente ajena y ausente —desde las tribus árabes o africanas a las regiones latinas y asiáticas— ha sido invocada, una y otra vez, a lo largo de los últimos dos siglos.[1] Pese al poder, aparentemente imbatible, de reyes, caciques y tiranos.

La democracia ha resistido declives semejantes —y hasta peores— al actual.[2] Pensemos en el período de entreguerras (1918-1939) cuando tantos intelectuales de Occidente, seducidos por los totalitarismos, vaticinaron el fin del liberalismo enfermo y el triunfo del Estado de partido. O cómo durante la guerra fría, las apuestas del comunismo y los nacionalismos periféricos acabaron a la postre superadas por los diseños políticos y económicos de las repúblicas liberales de masas.

Las olas de democratización han surgido siempre cuando no se las esperaba. Cuando los luchadores por la libertad parecían condenados al silencio, el exilio o las mazmorras. Quizá el error, tras el épico triunfo de 1989, fue considerar que la barca de la historia arribaría, por fin, a un épico y placentero puerto democrático. Pero, como decía Alexander Herzen, la historia es la autobiografía de un loco. Y si todo estuviese escrito, señalaba el pensador ruso, aquella fuese mera lógica.

Perpestivas

Hay, además, una poderosa razón antropológica para no aceptar la idea del final de la democracia. Pese al valor que asignemos a la famosa (y debatida) pirámide de Maslow, las personas tenemos diversos órdenes de necesidades, imperativos y simultáneos. A la demanda de seguridad, abrigo y alimento, que puede proveer un déspota ilustrado, sumamos unos reclamos de agencia y libertad básicos, resilientes, universales. Incapaces de existir sin participación libre de la gente.

El ideal de Einstein de que cada persona debe ser respetada como tal y nadie divinizado. La reflexión kantiana en el potencial del hombre como ser racional, pacífico y autónomo. La valentía de Rosa Luxemburgo en su defensa de la libertad para disentir y el repudio a las burocracias revolucionarias. La renuncia de Mandela y Nehru, junto con sus numerosísimos simpatizantes, a considerar las elecciones y partidos como meras imposiciones del colonialismo o modas de Occidente.

Los millones de hombres y mujeres que hoy, en todo el mundo, impulsan asambleas, cooperativas, votaciones, sorteos y referendos. El pulso que, en suma, nos hace descubrir el poder de intentar, celebrar, errar y rectificar, entre todos y con respeto a la diversidad, nuestra agencia y dignidad humanas. Los cánticos libertarios en Minsk y Rangún, en Portland y Moscú, en la Habana y Budapest. La suma de todo eso, sin póliza de seguro ni acta de defunción, dibuja aún en nuestro horizonte la tenue luz de la democracia.

Notas

[1] Véase John Keane, The Life and Death of Democracy, Simon & Schuster, 2009.

[2] Véase David Runciman, The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present, Princeton University Press, 2015.

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Desde hace unos diez días, Paraguay está sentado sobre un polvorín. La gente ha ganado una vez más las calles para protestar por la ineficiencia del gobierno, la corrupción, la falta de estrategias a largo plazo y la orfandad en materia de políticas públicas. La situación provocada por la emergencia sanitaria ha sido como un tapón que voló por los aires, dejando al descubierto décadas de malos manejos administrativos, negligencia y dejadez en sectores tan vulnerables como son los de la salud pública, la educación, los procesos administrativos públicos y, en general, toda la estructura de manejo gubernamental.

La mecha que encendió la pólvora fue la protesta protagonizada por familiares de pacientes internados a causa del covid-19 en importantes hospitales cabecera del sector público. Los familiares denunciaron la falta de provisión de sedativos en las unidades de terapia intensiva y la petición de los médicos de que fueran adquiridos por los propios afectados, bajo riesgo de no poder atender a los enfermos y el consecuente riesgo para sus vidas. El costo de los estos es varias veces millonario y hubo personas que incluso lo perdieron todo: vendieron propiedades, automóviles, negocios y lo que fuera necesario para comprar los medicamentos que no existían en el sector público pero —llamativamente— sí había en plaza en las farmacias privadas. Es más: en muchos casos, las drogas que estaban desaparecidas en los hospitales se comercializaban en farmacias cercanas, sin ninguna restricción.

La indignación ciudadana subió rápidamente de tono y aunque el presidente Mario Abdo destituyó a su ministro de Salud y realizó cambios en su gabinete, el disgusto ante la pésima administración de la crisis continúa, profundizado además porque Paraguay ni siquiera ha recibido las vacunas, excepto dos generosas pero escasas donaciones de países amigos —Chile y Emiratos Arabes—, aún cuando el Parlamento había aprobado, ya a inicios del 2020, nada menos que 1.600 millones de dólares para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Debilidad del gobierno

La pandemia y sus efectos puso de manifiesto además la debilidad del gobierno de Mario Abdo Benitez. Este ya tenía serios cuestionamientos desde julio del 2019, cuando estuvo al borde del juicio político debido a una negociación secreta con representantes brasileños por la compra de potencia de la hidroeléctrica Itaipú, negociación considerada entreguista y en contra los intereses del Paraguay frente al Brasil. En esa oportunidad, Abdo Benítez fue rescatado por los votos de los parlamentarios pertenecientes a su antiguo adversario electoral, el expresidente Horacio Cartes, quien había sido hasta ese momento su principal enemigo político. Cabe acotar que el partido de gobierno históricamente se ha comportado como oficialismo y oposición al mismo tiempo, en una dinámica muchas veces esquizofrénica, donde el enemigo más feroz es, a la vez, el correligionario del gobernante de turno.

Para muchos analistas, Abdo Benítez permanece preso, tutelado por Cartes, debido a que este es quien tiene en sus manos la mayoría legislativa necesaria para mantenerlo al frente del Poder Ejecutivo o para aprobar la acusación en un eventual juicio político de destitución. Algunos sectores de la prensa bautizaron a esta situación como el síndrome Britney Spears, haciendo un paralelo con la tutela que el padre de la popular cantante mantenía sobre los bienes de su hija por considerarla sin capacidad para manejar sus propios intereses. Abdo, dicen algunos, no es capaz de manejar el gobierno, por lo que Cartes «ejerce de tutor», como el padre de Spears. Y Abdo no ha dado muestras, hasta ahora, de desmentir la impresión de ser un títere del expresidente.

¿Nuevo frente?

Toda esta situación, que es vox populi, ha generado la idea en algunos sectores ciudadanos de intentar estructurar un frente que no solo termine con el mandato de Abdo, sino también con la influencia de Cartes y, en general, del Partido Colorado. Y si bien no existe una confirmación sobre que las últimas protestas callejeras respondan a un lineamiento concertado desde los partidos opositores, referentes colorados insisten en las redes que las manifestaciones están orientadas por los partidos de izquierda Frente Guazú y un sector del PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico, el principal de la oposición) y que tienen el objetivo de provocar una crisis tan grave como la de Chile en 2019, que haga decaer todos los cronogramas electorales y obligar a convocar una constituyente para rediseñar completamente el contrato social y reformar la Constitución de 1992, que es la actualmente en vigencia.

La situación es cada vez más preocupante, con un presidente que no pasa de realizar cambios parche, seguro que su tutelaje lo protege de un juicio político, mientras en las calles la ciudadanía lidia no solo con el miedo a causa de la pandemia, sino también con la incertidumbre sobre sus puestos laborales, las clases suspendidas en escuelas y colegios, el transporte público que se resiente debido a las restricciones de circulación y la inestabilidad en el futuro próximo. Sin un verdadero golpe de timón del presidente de la República, el país pasará del polvorín a la verdadera explosión, con impredecibles consecuencias..

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El 26 de marzo de 2021 se cumplen treinta años de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur), motivo por el cual la Universidad Católica del Uruguay y la Fundación Konrad Adenauer convocaron a Enrique Iglesias por Uruguay, Fernando Masi por Paraguay, Félix Peña por Argentina y Sandra Polónia Rios por Brasil para analizar el presente del Mercosur y, especialmente, los desafíos que enfrentará en un mundo marcado por una crisis sanitaria global.

La gestión gubernamental de la pandemia, la lenta pero ya en marcha estrategia de vacunación y el proceso electoral en el que se renueva la totalidad del Congreso federal este 2021 marcan la agenda pública de México. En un clima político de confrontación, la oposición aspira a corregir el rumbo incierto que ha tomado el país.A México no llegó la segunda ola de la pandemia de covid-19.

En unos días hará un año de que, ante la alerta por la llegada del brote al país, las decisiones tomadas por el gobierno de López Obrador condujeron a que el contagio masivo, la llamada inmunidad de rebaño, fuese la estrategia a seguir para hacer frente a la enfermedad.

Se desestimó así la gravedad de lo que implicaba contraer coronavirus: el presidente recomendó amuletos para atajar la probabilidad de contagio. Se emitieron piezas de comunicación y mensajes que llamaban a seguir las actividades rutinarias. El uso del cubrebocas (mascarilla) fue y es hasta el día de hoy desestimado y solo un recurso ocasional para el titular del Ejecutivo…

Desde entonces los contagios aumentaron y pronto saturaron un sistema de salud que, desmontado como parte de las reformas emprendidas por el gobierno. Aún sin tener un andamiaje operativo claro, enfrentó y enfrenta la falta de medicamentos, la saturación periódica en algunas zonas del país, la falta de ventiladores o la corrupción en torno a su adquisición, la lenta y burocrática pero ya en marcha estrategia de vacunación.

¿Tecnocracia o discurso populista?

Hubo que esperar el aumento acelerado de contagios para que el gobierno solicitara a la ciudadanía quedarse en casa; el asueto del verano y la época decembrina presentaban un riesgo que fue mitigado con el llamado a no salir, no visitar, no organizar encuentros sociales o familiares. Los casos, no obstante, siguieron en aumento. Día tras día, López Obrador y los encargados de conducir la «estrategia» del gobierno hallaron y hallan excusas, desvían la atención, informan sin claridad, falsean causas de muerte en los certificados para, ya se ha demostrado, ocultar las cifras reales de contagios y fallecimientos.

Una suerte de tecnocracia envuelta en el discurso populista en México. Recurso que al norte del río Bravo también enfrentó a Donald Trump con la crítica y la descalificación por una parte de la opinión pública estadunidense.

Ha sido casi un año en que las y los mexicanos han permanecido a su suerte, sobreviviendo a la estrategia gubernamental. Madres y padres encargados de resolver los retos de un tránsito a la educación digital, en un país donde las brechas de conectividad distan mucho de ser óptimas para lograr la cobertura docente nacional; pequeños y medianos empresarios haciendo frente, sin ningún programa de apoyo por parte del gobierno, a una reducción en el consumo que ha llevado a la quiebra a miles de negocios; familias en peregrinaje de hospital en hospital a la espera de encontrar una cama disponible para atender a algún cercano…

El sistema de salud

La crisis que padece el sistema de salud va acompañada de la que resiente ya el sistema económico nacional, y se suma a otras decisiones que en el último año han mermado el desarrollo país: la vuelta a las energías fósiles en un momento en que el cambio en la presidencia estadounidense vuelve a poner en la agenda los Acuerdos de París; la incapacidad de responder, contener y detener la violencia en razón de género, que aumenta a raíz del confinamiento en casa y lleva, diez veces al día durante los últimos dos años, a su extremo más crudo, el femicidio.

Hay ataques constantes —ya sea desde el discurso presidencial, desde los cambios en el andamiaje legislativo o desde la reducción presupuestal— a los organismos autónomos encargados de organizar las elecciones, de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno federal. Periodistas e intelectuales críticos, que configuran las bases de un discurso polarizante, radicalizan el debate público, lo empobrecen y simplifican en posturas de todo o nada, sin ánimo de construir consensos.

«El virus nos vino como anillo al dedo», declaró López Obrador a poco de iniciar la crisis del covid-19 en México, en abril de 2020. Un año después, con la campaña de vacunación en lento avance e iniciado el proceso electoral en el que se renovará la totalidad del Congreso federal (500 escaños), la gubernatura de 15 estados de la República y un total de 20.292 cargos de elección popular en el nivel local, la frialdad de la frase cobra una vigencia donde el pragmatismo y la necesidad de lo dicho no opacan el cinismo y la indiferencia de quien la pronuncia.

Rol del discurso presidencial

La estrategia del gobierno fue criticada por la propia comunidad científica del país y la prensa internacional. Sin embargo, se desarrolla sin importar el daño que se genera, la ineficiencia que cobra vidas, lo que haya que dejar en el camino, entreverada con una retórica presidencial que distrae desde la anécdota y el soliloquio, busca culpas en el pasado, construye enemigos, niega lo que los datos dicen y anuncia que su propia información ofrece una realidad en la que México mejora a partir de los cambios que emprende el gobierno.

Las elecciones del próximo 6 de julio son como un referéndum sobre el rumbo incierto que ha tomado México. Contrarrestar la mayoría que hoy ostenta el partido Morena y sus aliados en el Congreso federal, conservar aquellas entidades donde gobierna la oposición, así como detener el deterioro de aquellos municipios donde el partido del presidente obtuvo el triunfo electoral hace tres años han llevado a que la oposición, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), suscriba una serie de acuerdos y compromisos en el ámbito electoral. Además, sumaron perfiles de la sociedad civil a sus candidaturas. Esto es estableciendo una agenda conjunta de medidas urgentes en temas como la salud, la violencia, la economía, las brechas de desigualdad, la corrupción, el desarrollo social, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Retos a la oposición

Aunque la oposición logre ganar la elección en México, será un reto no menor transformar la administración pública, volverla eficiente y útil a la ciudadanía, contribuir a paliar la corrupción y a reducir los grandes márgenes de impunidad que asolan al país. El país está delante el desafío de enfrentar la desigualdad y la pobreza a través de políticas que trasciendan las diversas formas de asistencialismo y corporativismo nunca del todo desterradas como método de asistencia social, y que apunte al mediano y largo plazo a través de estrategias transexenales que impulsen el pleno desarrollo de la sociedad mexicana más necesitada, violentada y abandonada.

Que sea capaz, sí, de reconocer que la popularidad de un presidente que se mantiene entre el 50 y 60 % durante tres años está anclada en un discurso que en puntos clave tiene razón. Sin ambargo, al implementar medidas de cambio, es incapaz de garantizar los mínimos requieridos para aprovechar su potencial en distintas áreas de la vida pública.

Viene por delante una campaña compleja. López Obrador llega con una alta aprobación. Sin embargo, la elección tendrá lugar en el plano de lo estatal y lo local, donde el trabajo, los liderazgos y los gobiernos emanados tanto de Morena como de la oposición serán puestos a prueba. Una campaña de pronóstico aún muy reservado.

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Las memorias de un presidente siempre revisten importancia. No tanto por la objetividad y neutralidad en el relato de los hechos, cosa de historiadores y no de políticos, sino por constituirse en un registro testimonial de quien estuvo en la primera línea, decidiendo y determinando el país y el mundo que hoy tenemos.

Luego de leer un documento de estas características, uno queda con la impresión de que todos los presidentes deberían redactar sus memorias al final del mandato, tanto para el registro histórico del país como para los que seguirán en carrera. Sin embargo, estas publicaciones son cada vez más un bicho raro, ejercicio de pocos.

Barack Obama, dos veces presidente de los Estados Unidos (2009-2017), esperó el desenlace de las elecciones generales de 2020, que, para alivio de la polarizada sociedad norteamericana, terminó en la elección del senador senior y exvicepresidente Joe Biden, ante un Donald Trump que fustigó a más no poder la institucionalidad democrática. En ese contexto, Una tierra prometida (Debate, 2020), ha sido un relevante evento editorial, al igual que sucedió con Mi historia (Plaza & Janés, 2018), de su esposa Michelle Obama, la única primera dama de los Estados Unidos que ha publicado sus memorias.^[1]

Este libro de 928 páginas (en la versión en español) nos ofrece una mirada panorámica sobre las razones del líder para construir su política, los antecedentes y caminos transitados para desembocar en un proyecto de país que tuvo interesantes niveles de popularidad y posicionaron a Obama como uno de los fenómenos comunicacionales más destacados en la política de principios de siglo. Es un eslabón más de la larga tradición norteamericana con su particular retiro de la política activa de los expresidentes, que pasan a manejar sus fundaciones, bibliotecas, museos y publicar memorias, entre otras actividades que de alguna manera influyen en el pensamiento colectivo.

La obra recoge nombres, datos y claves, relatos que ayudan a comprender las posiciones del gobierno y —cosa favorita en los políticos estadounidenses— un tupido anecdotario que salpica toda la obra para colorear la cronología de los hechos y argumentar los porqués del líder.

El lector puede o no estar a favor de las políticas más resaltantes del gobierno Obama, de su postura ante la guerra, la política ambiental o la gestión de la crisis financiera con la que inició su paso por la Casa Blanca, pero en lo que sí seguramente estaremos de acuerdo es que este libro, escrito por un demócrata respetuoso de las leyes, las instituciones y los códigos del sistema, significa un aporte valioso para motivar a las nuevas generaciones a creer en la democracia como la mejor forma de gobierno posible. También derrama en pensar que es dentro de los partidos, a pesar de la divergencia interna y el arduo (a veces poco correspondido) trabajo de construir consensos donde se articulan las ideas políticas que hacen de la civilización democrática el mayor patrimonio de la humanidad.

En esta primera entrega, las memorias están divididas en siete partes: la primera dedicada al principio de su vida, una mirada retrospectiva a la familia y a los primeros años de ese joven singular: hijo de una mujer de Kansas con un padre oriundo de Kenia, criado entre Hawái e Indonesia, con estudios en Harvard y que terminó haciendo carrera profesional y política en Chicago luego de haber vivido en Nueva York. La segunda parte es una recopilación pasmosamente exhaustiva sobre la campaña presidencial y el famoso «Yes We Can». El resto está dedicado a su llegada a la presidencia, el armado de los equipos, emisarios, y nueva agenda familiar para adentrarse en una narración pormenorizada de las principales coyunturas y políticas impulsadas desde la crisis financiera de 2008, hasta el Obama Care (reforma del sistema de salud), las reformas en la educación, migración, participación de Estados Unidos en Afganistán e Irak, la apuesta por marcar la agenda en el concierto multilateral, entre otras.

El mundo según Obama

Buena parte del libro contiene reflexiones sobre lo que pudo ser sin las políticas implementadas durante el primer gobierno Obama-Biden y valora la relación de Estados Unidos con socios y no tan socios. Incluso, destellos de sinceridad que en su presidencia no fueron lo común, porque la corrección política y la moderación en la retórica fueron rasgo esencial.

En cuanto a su visión sobre los otros líderes mundiales con los que compartió época, el expresidente no escatima en calificativos, según sea el caso. Puntualiza su admiración por Angela Merkel y su carácter analítico, visión estratégica y «paciencia inquebrantable». Resume al francés Nicolás Sarkozy como «puro estallido emocional y retórica florida», mientras dice de Vladimir Putin que parecía «el líder de un sindicato criminal que de un gobierno tradicional». Como es habitual en estos tiempos, su descripción sobre China es quizá uno de los aspectos más esperados del libro. Para ello una actitud más académica impulsa el relato: «Si había una nación que podía acabar con la preeminencia global estadounidense, esa nación era China». Rescata la buena relación con el Reino Unido, la reina Isabel II, el primer ministro Gordon Brown y el sucesor de este, David Cameron. De la misma manera, defiende las coincidencias de Norteamérica con Israel en un extenso comentario sobre el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu.

El sudor del equilibrista

Los grupos de interés, las corporaciones, las diferentes limitaciones presupuestales aun en la nación más rica del planeta, la mordaz opinión pública acompañada por el matiz editorial de las grandes cadenas de medios y las agendas particulares de los congresistas de ambos partidos tapizan de nudos casi todos los ítems del devenir del Ejecutivo norteamericano. Obama recorre los desafíos diversos que debió sortear. Quizá esto sume al lector no tan involucrado en política un ángulo distinto para comprender las diversas tensiones y ajedreces de la democracia. Los pesos y contrapesos del sistema exigen el sudor del equilibrista para gobernar, y ese sacrificio es el que hace posibles políticas inclusivas que resuelvan los retos que plantea el mundo moderno. No obstante, en Una tierra prometida hay una sensación de falta de autocrítica y exceso de justificación; por eso, el examen histórico debe estar acompañado de diferentes comentaristas.

En un pasaje, el expresidente cuenta que el 9 de octubre de 2009 lo despertó un asesor a las seis de la mañana para anunciarle que le habían otorgado el Premio Nobel de la Paz. «¿Por qué?», respondió. «[…] veía el galardón como una llamada a la acción, un medio para que el comité del Nobel diera impulso a causas para las cuales el liderazgo estadounidense era vital». La preocupación por el terrorismo, la globalización del radicalismo religioso y la posibilidad de que Internet se utilice para triangular esta combinación peligrosa queda asentada como una angustia constante en los planes de seguridad de la primera potencia de Occidente cuando llegó este espaldarazo.

También hay reconocimiento de los desaciertos de la política norteamericana. Una mención a la operación Ajax realizada con efectividad para derrocar al gobierno de Irán a principios de los cincuenta es uno de los intentos de mea culpa sobre el pasado. Esta cita sobre ese episodio ayuda a sintetizar ese rasgo presente en buena parte de la obra:

La geopolítica es el aspecto más importante en la mirada hacia afuera. Tiene amplia extensión en la segunda mitad de las memorias, donde se registra el camino por el acuerdo nuclear con Irán, la primera visita a Rusia, la interacción con la ONU y las potencias dentro del Consejo de Seguridad, y la primera visita a China, un país que recuerda «al Gran Hermano de Orwell», donde incluso el presidente de Estados Unidos es vigilado.

Estado responsable

Dos temas gruesos para la discusión: responsabilidad ante el medio ambiente y Estado regulador. Sobre el primero, Obama nos pone en situación sobre el liderazgo global a principios de los años dos mil y su escasa preocupación sobre la protección ambiental. «Siempre pensé que otra persona podría preocuparse por los árboles. Pero la realidad cada vez más ominosa del cambio climático me obligó a cambiar de perspectiva». En adelante, explica a grandes rasgos las líneas maestras de la reconversión energética y la adecuación normativa que experimentó Estados Unidos, el principal público consumidor del mundo, para mitigar la huella humana. En el segundo, la disposición a reformar y fortalecer el pool de agencias federales reguladoras, que tanta controversia generan con los republicanos pero que no impide la acción del libre mercado, con miras a que las personas puedan vivir más tranquilas, sabiendo que hay un Estado experto chequeando servicios, productos y comportamientos. Obama es partidario de la existencia de un Estado fuerte, y lo subraya. «Cuando se hacen bien las cosas, unos estándares regulatorios ambiciosos en la práctica espolean a las empresas a innovar».

América Latina

Buenos Aires, un destino. La Amazonía, algo que cuidar. México, el vecino del Sur. Sobre Cuba solo se mencionó el inconcluso intento de cerrar el centro penitenciario de Guantánamo. Lula, un presidente que ayudó a muchos pobres. Una visita al Cristo Redentor en medio de una cumbre en Río de Janeiro, y un par de líneas sobre una rápida estadía en Santiago de Chile. Esta es la nula mención a Latinoamérica, una región de la que no interesa hecho trascendental alguno que exigiera un párrafo del expresidente. Y, en honor a la verdad, no por falta de hechos relevantes ocurridos aquí. En ese tiempo se profundizó la desdemocratización de Venezuela y la alineación de la alianza bolivariana regional apuntalada por gobiernos de izquierda, ganaron influencia el autoritarismo y el populismo, Centroamérica vivió diversas crisis, en fin, la democracia pasó pruebas de fuego.

Más allá de la breve descripción sobre el proceso de aprobación de la Ley Dream para beneficiar con el otorgamiento de la ciudadanía a los jóvenes inmigrantes indocumentados (dreamers) que habían llegado a Estados Unidos siendo niños, el lector latino encontrará de todo en este libro menos algún vínculo con su país.

De México, por ejemplo, no se menciona que también sufrió las consecuencias de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010 que impactó el golfo de ambas naciones con el vertido de millones de barriles de petróleo, dato omitido en el trepidante relato sobre la calamidad que significó gestionar la catástrofe ambiental.

Hacia el final del libro se repasa la perspectiva estadounidense en clave de thriller policial sobre la democracia, la libertad y los derechos humanos en países-socios estratégicos, pero con muchas tareas pendientes en la materia. Posibilidades que quedaron en el tintero, diluidas por la supremacía del interés geoestratégico en defensa e intercambio comercial. Arabia Saudita, Egipto y otros de Oriente próximo y África que no han transitado hacia la democracia liberal son el foco de estas reflexiones. La Primavera Árabe, la intervención en Libia contra el régimen de Gadafi y la captura de Osama Bin Laden son los relatos de cierre.

Una recomendación para finalizar. Leer las memorias de un expresidente es hacer una inmersión en el mundo de una persona que estuvo en lugares privilegiados para mirar el devenir de la historia, con información selecta, poder de decisión e influencia en el curso de la historia. Un requisito mínimo e indispensable que mejora esta experiencia es hacer un repaso previo del antes y después del país que dirigió, con el objeto de comprender, en su justa dimensión, el periodo correspondiente. Es un testimonio valioso que, con un poco de contexto, nos permitirá evaluar su legado. Por los de hoy y por los que vienen mañana.

Ficha técnica

Una tierra prometida
Barack Obama
Debate, 2020
ISBN 978-9877950175
928 pp

^[1] La prensa reseña que las cuantiosas ganancias por estos libros y diversos proyectos editoriales con Netflix, multiplicaron por cien el patrimonio de los Obama. El expresidente lanzó en Spotify y otras plataformas su podcast junto a Bruce Springsteen.

En febrero del año pasado analizamos la conversión del presidente millennial ante la creciente influencia de Bukele cuando irrumpió con militares en la sede del Poder Legislativo de El Salvador. Luego, con la emergencia del coronavirus, la cooptación del Estado fue un tema que exigió atención. Estos dos hechos han significado desafíos importantes para la democracia de ese país. Sin embargo, su popularidad siguió en ascenso y ahora su partido tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Por qué? Para Diálogo Político este tema reviste importancia y por eso revisamos el efecto del reciente resultado electoral en el sistema político y algunos escenarios posibles para el futuro.

Nuevas Ideas se ha convertido en la primera fuerza política de El Salvador. Hace apenas tres años el partido solo existía en la cabeza del presidente y sus allegados. Reemplaza ahora a los partidos históricos de la posguerra salvadoreña para ocupar el lugar de ambos al mismo tiempo.

A primera vista es difícil definir el proyecto político e ideología del nuevo actor político que pintará la mayoría de los escaños del Parlamento así como las sillas de ediles del país. Y más que un inconveniente, es algo de lo que los seguidores y militantes se jactan con orgullo.

Suma de populismos

Al kichnerismo, uribismo, orteguismo, chavismo y correísmo, en la historia del continente se le suma hoy el bukelismo. Dice mucho de los líderes carismáticos la capacidad que tienen de extender su apellido al movimiento político que apadrinan. Pero, igualmente, dice mucho de estos movimientos y sus agendas la identidad que les brinda su líder.

El principal objetivo del bukelismo es servir a Bukele. El presidente no pertenece a ningún partido, el partido le pertenece a él.

En el Partido de la N no importa la capacidad ni la idoneidad, sino la lealtad. Con una media de edad que no sobrepasa los 39 años, los diputados del presidente son un grupo de personas entusiastas de las que el presidente espera ciega obediencia. Además, política y personalmente los diputados se sienten en deuda con él.

En la práctica, el presidente Bukele ha sido el jefe de campaña de Nuevas Ideas y él es su capital político más importante. Si las elecciones eran una carrera, los partidos políticos llegaron a ella con las piernas fracturadas y el bate estaba en las manos del presidente.

Nuevas Ideas cosecha lo sembrado por el presidente a lo largo del 2020 en el contexto de la pandemia. La crisis sanitaria sirvió al presidente como plataforma para adoptar un sinfín de medidas populistas de cara a las elecciones, así como para atacar visceral e insistentemente a los debilitados partidos políticos de la oposición.

Como extensión de aquello, durante la campaña —carente de propuestas— el mensaje de la mayoría de candidatos se construyó sobre tres pilares. Primero, la gastada y ambigua frase de trabajar por el pueblo; segundo, sacar a los mismos de siempre; y, tercero, asegurar que harán todo lo que el presidente Bukele les pida.

Así inicia la captura del Estado salvadoreño..

Implicaciones del nuevo cambio

El Salvador no ha entrado a terreno desconocido sino olvidado. Las aspiraciones de controlar totalmente el poder, la utilización de las instituciones públicas para el beneficio personal y de sus organizaciones políticas, así como la designación de funcionarios afines a los intereses particulares han estado presentes en cada legislatura; sin embargo, el primero en conseguir este poder es Nuevas Ideas.

El bukelismo sobrepasó la mayoría calificada (56 diputados) para gobernar sin oposición efectiva durante al menos los próximos tres años en el gobierno.

En lo inmediato existen al menos tres acciones que se marcan como urgentes en una agenda que no es pública: cooptar al Estado, garantizar el acceso a fondos y las reformas constitucionales.

Una vez capturado el Poder Legislativo, el siguiente paso es cooptar al Estado. La Asamblea Legislativa tiene las llaves para en el próximo año y medio designar total o parcialmente el remplazo de funcionarios de segundo grado, responsables del ejercicio de control y fiscalización del Estado (ombudsman, fiscal general) y funcionarios de gobierno (Corte Suprema de Justicia y Corte de Cuentas).

Si bien a la fecha, frente a estándares internacionales, las elecciones de segundo grado en El Salvador son deficientes, sin ningún tipo de oposición corren el riesgo de volverse polutas. Ahora el presidente tendrá el poder para designar funcionarios leales y a su medida en cada uno de estos puestos y convertirlos así en sus cómplices.

En segundo lugar, sobresalen los fondos de pensión. La agenda populista del bukelismo necesita dólares, muchos dólares, en un país que es pobre. El Salvador no tiene los recursos que han servido de alcancía a líderes con tendencias autoritarias del continente para financiar sus caprichos. La fuerte presión fiscal del Estado salvadoreño limitará de manera considerable su acceso a fuentes de financiación, pero a través de un Parlamento controlado se podrán realizar reformas que permitan al gobierno utilizar los ahorros de los salvadoreños, ojalá no, en despilfarros.

Reforma constitucional

Finalmente, en la agenda del nuevo Congreso se ha marcado como prioridad la reforma constitucional. Desde hace un año existe una comisión especial, con el vicepresidente Félix Ulloa a la cabeza, que discute y prepara las propuestas de reformas. Pocos dudan de que el corazón del proceso es abrir la posibilidad de la permanencia de Bukele en el poder.

Los portadores de armas del Estado (ejército y policía) se han politizado y se han convertido en la guardia personal del presidente. Con tal apoyo y con un Estado cooptado, los mecanismos para garantizar la continuidad del presidente solo necesita de la imaginación de los funcionarios para encontrar el camino.

La actual jurisprudencia, si bien permite la reelección, establece que solo diez años después de haber abandonado el poder un presidente puede reelegirse. El vicepresidente ha asegurado que propondrá que este periodo sea la mitad de tiempo. Ello permitiría, por ejemplo, que al dejar la presidencia Bukele se convierta en vicepresidente de un leal funcionario (quizá el alcalde electo de San Salvador) y retomar la presidencia solo cinco años después.

Es probable que estos sean, de momento, los principales puntos de agenda para el próximo año.

En todo caso, la implicación más importante de esta elección es el bukelismo como nueva forma política en El Salvador. Como enseñan otros ejemplos en el continente, esto prevé desgaste en su institucionalidad, profundas divisiones sociales y una amenaza para el sistema democrático..

Brotes verdes

Con una peligrosa simpatía hacia el expresidente estadounidense Donald Trump y sus funcionarios, Bukele presumía de la histórica relación de El Salvador con Estados Unidos. Pero con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca, el gobernante salvadoreño sabe que en Washington lo ven con recelo y esto puede hacerle pensar dos veces sus acciones.

Por otro lado, es evidente que el curso de la historia llevará a El Salvador al mismo lugar al que las corrientes populistas han llevado a otros países después de arremetidas populistas, en donde surgen nuevos liderazgos y una mejor organización de la sociedad civil.

Por ello, desde ya la sociedad civil organizada debe procurar fortalecerse en el contexto actual. Prepararse para exigir y poder participar en los procesos de mecanismos de elección de funcionarios de segundo nivel, mantener una agenda sólida y articulada, así como buscar aliados y desarrollar sus capacidades dentro y fuera del país, lo que eventualmente les permitirá defender su democracia..

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Golpeada no solo por la pandemia sino por una aguda crisis política en 2019, Bolivia necesita dejar atrás los tiempos de conflicto e incertidumbre y apoyarse en una agenda con certezas en la gobernabilidad. Los resultados electorales de 2020, con el respaldo mayoritario en las urnas para el gobierno del presidente Luis Arce, le dan la llave para consolidar la tan añorada estabilidad, pero aún las señales no son claras.

¿Cómo mirar Bolivia el 2021? Se pueden identificar cinco aspectos claves en la agenda política para entender el rumbo del país a mediano plazo.

Vacunas, la prioridad

En el mundo, 2021 será decisivo por cómo se lleve adelante la gestión de las vacunas y la inmunización masiva de la población. Esta tarea es prioritaria y, sin duda, una cuestión política por la disputa del producto más preciado del mercado global, en este momento.

La negociación de las vacunas está redefiniendo la geopolítica y abriendo muchas dudas sobre lo que esto pueda significar en un futuro. No ayuda la falta de transparencia escudada sutilmente en las denominadas claúsulas de confidencialidad o los límites de responsabilidad de los laboratorios.

En Bolivia, según el plan diseñado por el Gobierno, se vacunaría a 7,5 millones de personas mayores de 18 años, con más de 15 millones de dosis, para alcanzar la inoculación total en septiembre de este año. Una meta que parece poco probable de lograr por situaciones logísticas y una creciente confrontación con el sector médico por la nueva Ley de Emergencia Sanitaria.

En este punto, la contienda electoral juega, otra vez, un rol importante porque en las elecciones subnacionales del 7 de marzo se definían más de 2600 autoridades regionales que, a nivel de alcaldías y gobernaciones, serán decisivas en el proceso de inmunización. La salud es un tema de prioridad nacional. ¿Podrán establecer el gobierno central y los gobiernos locales una coordinación óptima?

A inicios de este año, el presidente Luis Arce parece haber condicionado las posibilidades: «Si no tenemos autoridades con las que se pueda coordinar a nivel de departamentos y municipios, va a ser difícil que el gobierno nacional pueda ayudarles». Y recientemente insistió: «piensen con la cabeza» a la hora de votar. El recambio en las administraciones locales puede resultar muy complejo cuando lo que se busca es lograr una logística eficiente que ayude a cumplir los objetivos de la inmunización.

El plan del gobierno

Según el plan anunciado por el Gobierno, las vacunas destinadas a Bolivia son la rusa Sputnik V, la china Sinopharm y, a través del mecanismo COVAX, AstraZeneca y Pfizer, que son promovidas como las «dosis de la esperanza» y el discurso de que se está cumpliendo con la promesa de «recuperar la salud». Sin embargo, más allá de la euforia por esta gestión oportuna, quedan varios datos al margen que son importantes para disipar la incertidumbre. Hay preocupación y dudas que no se responden oportunamente, mientras la pulseta política concentra la atención.

Todo esto en medio de los escándalos como el vacunagate en Perú, las vacunas VIP en Argentina o los saltos de fila en Chile, que refuerzan la alarma de la falta de transparencia en la región.

Medidas ante la crisis económica

La llegada de la pandemia golpeó con fuerza a las economías mundiales y, ahora, en la fase de posconfinamiento en la que se busca la reactivación, los efectos negativos están en curso. Sin embargo, el informe Global Economic Prospects, de enero de 2021, avizora una recuperación moderada con un escenario positivo y otro negativo, ambos condicionados al manejo de la pandemia. En el mejor de los casos teniendo en cuenta un proceso de vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta un 5 %.

En casi cuatro meses de gestión, el presidente Luis Arce ha dejado claro que una de sus prioridades es la recuperación económica, para la cual anunció medidas sociales, financieras, fiscales, sectoriales y de «desmonte de la política neoliberal», pero las críticas apuntan a que no hay un plan estructural que responda a una verdadera reactivación.

Mucho de lo expuesto hasta ahora sigue girando en torno a lo que hizo o no el gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, a quien acusan de haber dejado el país en cifras rojas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que en cinco meses (entre noviembre de 2019 y marzo de 2020) ya había una desaceleración intensa de la economía y con la pandemia se ratificó «el mal manejo».

Si bien hay medidas que se están aplicando de manera rápida, como el Bono contra el Hambre, la reprogramación o refinanciamiento de créditos y la creación de créditos al 0,5 % de interés, entre otras, no hay certeza suficiente para saber si los verdaderos problemas van a ser resueltos, y más aún si se mira la situación del país a mediano plazo. Uno de los desafíos es, entonces, una distribución de los recursos que efectivice las competencias de los gobiernos locales.

Educación, en debate constante

Con la justificación de evitar la propagación de contagios, y sin las condiciones para llevar adelante una educación virtual, en agosto de 2020, el gobierno interino de Bolivia anunció la clausura del año escolar y la aprobación directa de los estudiantes al siguiente nivel. La decisión fue duramente criticada y una muestra de cómo se dejaba en el limbo uno de los pilares de la sociedad.

Para esta gestión, el gobierno definió tres modalidades en su intento de reencaminar las actividades: presencial, semipresencial y virtual. Además, un apoyo didáctico a través programas de radio y televisión en los medios estatales. Pero los problemas se continúan acentuando: el deficiente servicio de internet y la falta de cobertura en zonas rurales, la baja alfabetización digital, la limitación de computadoras o celulares en los hogares y los costos que todo esto implica. El Estado no garantiza la educación de calidad que pregona y esto ha derivado en protestas de padres de familia y del sector de los maestros exigiendo mejores condiciones.

Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), coordinado por la OREALC/UNESCO, Bolivia se ubica en lugar 13 en calidad educativa, entre 16 naciones evaluadas, donde Chile y Costa Rica lideran el recuento.

La llegada de la pandemia solo acentuó una problemática que tiene muchos años de postergación y que ahora trata de salir a flote con historias inspiradoras de estudiantes, padres o maestros, pero que están lejos de soluciones más integrales que corresponden al Estado en un nivel más activo y comprometido.

Justicia, la reforma que no llega

En diciembre de 2020, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, presentó un consejo de notables conformado por nueve reconocidos juristas para llevar adelante una ambiciosa reforma del sistema judicial a través de la modificación parcial de la Constitución.

Tres ejes contempla su propuesta: modificar las modalidades de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos tecnológicos. En dos meses la comitiva tuvo dos bajas y ningún avance concreto en los objetivos planteados. Pero el gobierno no ve que la reforma sea un fracaso, sino que «está en pausa».

El proceso encontró detractores en el mismo entorno, con jueces que rechazan rebajarse los salarios y observan algunos puntos. Pero ya se anticipó que la reforma se realizará aún sin ellos.

También en el ámbito de la justicia hay temas pendientes sobre la crisis del 2019 y la gestión de transición del 2020 que dejan grietas sociopolíticas. Este suspenso de reparación, según la politóloga Verónica Rocha, muestra que «aún el gobierno no se ha dado el tiempo de resolverlo y más bien pareciera que lo está viendo de una manera confrontacional».

Mantener la gobernabilidad, ¿a qué precio?

Luego de la anulación de las elecciones generales en 2019 y los comicios en plena pandemia, en 2020, pensar en la estabilidad del país no resultaba fácil, pero justamente esa era la promesa del partido entrante.

En la lógica de allanar el camino para que las acciones gubernamentales no encontraran tropiezos, el anterior Congreso aprobó modificaciones en el reglamento para que ya no fueran necesarios los dos tercios y se pudieran asumir decisiones sobre las sesiones, conformar comisiones especiales, aprobar ascensos en la policía y las fuerzas armadas o designar embajadores.

Avanzar incluso a costa de la polarización política y garantizar las necesarias acciones que la población demanda no es tarea fácil y depende de varios factores, pero todos deben llevar a priorizar el fortalecimiento democrático. El politólogo Daniel Moreno ve que, en términos reales, el Movimiento Al Socialismo tiene asegurada la gobernabilidad, aunque la forma en que la está logrando «no sea saludable para la democracia».

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Cuál es el aporte de las mujeres a la política, qué cambia cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad, qué papel han jugado las cuotas en los progresos hacia una mejor representación, y qué políticas públicas son necesarias para seguir avanzando en este ámbito son preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

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Invitadas:  

Shirley Franco. exdiputada titular del Estado Plurinacional de Bolivia representando al partido Unidad Demócrata (2015-2020).  

Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional de Uruguay, economista, empresaria y candidata a la Intendencia de Montevideo en las elecciones de 2020.  

María Inés Solís, diputada en la Asamblea legislativa de ese país por el Partido Unidad Social Cristiana.  

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts. 

Hace un año, las celebraciones del Día de la Mujer fueron los primeros eventos públicos que se enteraron que el mundo estaba cambiando. Foros internacionales suspendidos (en mi caso, el primero de tantos viajes cancelados desde entonces), marchas como las de Madrid que derivaron en contagios multitudinarios. Si esas señales anticipadas invitaban a repensar homenajes y rituales, el devenir de la crisis también marcó un punto de inflexión en la idea de dividir la política entre hombres y mujeres.

El coronavirus inauguró un luctuoso campeonato mundial en el que, a diferencia de la popular copa de fútbol, pierden los que ocupan las primeras posiciones. Pocas veces la geopolítica puso a los países en tan brutal situación de comparar en una misma tabla resultados de países que más allá de la pandemia hubieran sido incomparables. En este triste certamen de muertes y contagios, los aciertos y fracasos no se miden por el género de sus responsables. Solo la trampa de la ultracorrección política se apuró a decretar una ventaja femenina donde lo que había era liderazgo humanitario y responsabilidad política.

Apenas un par de semanas después de declarada la pandemia, cuando todavía la incertidumbre ganaba al conocimiento, una columna de opinión de la revista Forbes destacó a siete mujeres con la hipótesis de que estaban gestionando mejor la pandemia que sus pares. La más conocida del grupo era Angela Merkel, con claro ascendente no solo en Alemania sino en toda Europa, región que sumaba los países del norte con Mette Frederiksen, de Dinamarca; Sanna Marin, de Finlandia, Erna Solberg, de Noruega; y Katrín Jakobsdóttir, de Islandia. Solo Jacinta Arden de Nueva Zelanda y Tsai Ing-wen de Taiwán incluyeron representantes del Global South en la escueta lista. Que se replicó tan prontamente que la búsqueda en Google arroja más de mil artículos con los siete nombres en medios y portales de todo el mundo, sin contar su mención infaltable en todos los powerpoints de la comunicación política de la pandemia. No queda tan claro si quienes repitieron la lista coincidían de lleno con la hipótesis de la articulista que explicaba este liderazgo femenino en cuatro modestas virtudes: «decisión, verdad, tecnología y amor».

Lo que sí sabemos después de un año de pandemia es que cualquier evaluación es provisional y, si al inicio importaba la cantidad de contagios, hoy el foco está en la vacunación. Al 3 de marzo de 2021, con 117 países en proceso de inmunización, la media de población vacunada alcanza el 2,1 %. Solo cuatro de los países femeninamente ponderados superaban el modesto indicador: Dinamarca, 8,1 %; Finlandia, 7,3 %; Noruega, 6,4 % y Alemania, 5,4 % (según datos de Our World in Data). Pero hoy no se recurre al género de los líderes para explicar el éxito de los tres países con más de un tercio de su población vacunada (Israel, Emiratos Árabes y Reino Unido). Esta operación muestra que aquella exaltación escondía un sexismo a la inversa, que entendía que el género era más determinante que la decisión política o la pericia técnica. Una vara diferente para la valoración del desempeño en el gobierno es lo contrario que la equidad de derechos requiere.

Una evaluación con parámetros técnicos tales como restricciones aplicadas, pruebas de detección, internaciones, dificultaría encontrar factores en común en aquel apurado grupo de las siete. La igualdad de condiciones de acceso a la política también es igualdad en la evaluación del desempeño. A más de un siglo en que las pioneras del feminismo abrieron los espacios que hoy ocupan estas destacadas mujeres, es de un simplismo humillante reducir su aporte a «decisión, verdad, tecnología y amor». Cualidades que, por cierto, deberían ser requisitos mínimos a toda dirigencia, cualquiera sea la identidad de género que elijan para ejercer su cargo.

Pocas veces ocurre, como en pandemia, que todos los países enfrentan una crisis similar al mismo tiempo. Como en el Mundial de Fútbol, compiten los campeones de siempre con países que no podemos ubicar en el mapa, con la diferencia de que ninguno quiere estar en los primeros puestos de la tabla. Lo más trascendente de esta geopolítica global es que no hay tal cosa como una liga femenina. Durante esta crisis pandémica, las mujeres demostraron que podían enfrentarla como cualquiera y si, eventualmente, obtuvieron mejores resultados es porque jugando en igualdad de condiciones, algunas saben hacer diferencia.

Latinoamérica tiene ejemplos a la inversa, en que, lejos de aportar una renovación política, algunas mujeres muy poderosas mantuvieron los mismos esquemas de corrupción y vicios de privilegios de los hombres que las antecedieron. Pero el error de esas mujeres no invalida el derecho de otras a acceder a cargos políticos, tal y como había ocurrido cuando la política era un asunto masculino. Esos errores de unas conviven con el mérito de otras como Michelle Bachelet o Angela Merkel, que desde diferentes lugares ideológicos consolidaron una carrera de credibilidad y prestigio. Si hoy la política empieza a considerar otros modelos de ejercicio del poder, es porque la ética del cuidado que demanda el siglo XXI no es una cuestión de hombres o mujeres, sino de más personas con perspectiva humana. En un mundo atravesado por tantas polarizaciones, la política no puede seguir tratando lo femenino como una dicotomía..

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Ronja Kemmer, joven política alemana, logró un mandato en el Bundestag, el Parlamento alemán. Su recorrido desde la militancia estudiantil y en la organización juvenil Junge Union (de la Unión Demócrata Cristiana) muestra un esfuerzo continuado por llevar la perspectiva de la mujer al Parlamento.

En esta entrevista especial para Diálogo Político, nos cuenta su forma de ver la capacidad transformadora de la mujer en la política.

¿Por qué ingresaste en la política?

-Ciertamente es una pregunta fascinante. De alguna manera siempre me ha interesado la política. A los 18 años, en un momento pensé: «Es genial discutir, pero quiero también mover las cosas». El contexto estaba dado por las elecciones parlamentarias en el estado federado de Baden-Württemberg. El tema relevante era la política escolar, que me afectaba en mi calidad de estudiante. Se trataba de la cuestión de cómo el sistema escolar podía funcionar aún mejor y cómo debería reformarse, o no. En ese momento, todavía tenía un poco de miedo de acercarme a un partido político, cosa que no era frecuente para personas de mi edad. Si bien en mi clase había interesados en el tema, casi nadie estaba comprometido políticamente. Finalmente, a través de amigos, encontré el camino hacia la Junge Union, la organización juvenil de la CDU, y me di cuenta: «Bueno, son como tú y yo. Son personas normales».

Entonces comencé allí y vi que, de todas las organizaciones políticas, la que más me convencía era la Junge Union. Allí encontré la mayor superposición de temas interesantes. Pero además yo realmente quería hacer algo y moldear activamente la política. Al final, todo fue muy rápido. No pensé que mi compromiso me llevaría tan solo unos años después un obtener un mandato en el Bundestag alemán. Me di cuenta de que, en el nivel municipal o en la universidad, se pueden lograr cosas increíbles a través de la política, pero para esto debes tener el coraje de querer involucrarte. Hoy todavía estoy feliz de haberme hecho miembro activo de la Junge Union en aquel entonces.

¿Qué dificultades encontraste en tu propio partido como mujer en la política?

-Diría que las mujeres todavía hoy tienen que rendir más para lograr lo mismo que sus colegas masculinos. Pueden lograr lo mismo, pero a menudo tienen que hacer más para eso. Desafortunadamente, esto es así no solo en la política, sino en muchas otras áreas.

Pero también encuentro a muchos hombres que han entendido que necesitamos más mujeres en la política y que apoyan esto fuertemente. Sin embargo, como mujer tienes que desarrollar una sana autoestima. Tuve que aprender eso también. En particular, siempre hay que exigirse mucho. Esto es también una escuela importante para toda la vida, ya que la política suele ser una tarea a largo plazo. También en el voluntariado y en las organizaciones juveniles se aprende mucho para más adelante en la vida. Por ejemplo, pararse frente a la gente y hablar, reclamar cosas con confianza, argumentar firmemente frente a otros partidos u otras opiniones, convencer a otros de tu causa. Creo que esta es una escuela increíblemente buena para toda la vida.

Cuando obtuve mi escaño en el Bundestag, ascendí en un distrito electoral ajeno. Hubo una primera reacción en los periódicos, que generalmente critican el hecho de que haya muy pocos jóvenes y mujeres en la política: «Resulta que ahora viene una mujer joven». Creo que eso no lo habrían dicho si se tratara de un hombre joven. Y el periódico regional local incluso me aconsejó que no aceptara el mandato. Siempre he creído que después de cierto tiempo se puede juzgar y discutir sobre el trabajo político de alguien, pero antes de haber puesto un pie en esta circunscripción electoral o de haber hecho algo de carácter político ya existía la percepción de que «una mujer joven no va a ser capaz de hacerlo». Esta dicotomía —por un lado, la crítica a la falta de mujeres jóvenes en la política y, por el otro, este rechazo—, esta contradicción, me molestó. Pero también fue un incentivo para convencer a estos críticos.

Por lo tanto, queda mucho por hacer en el tema de percepción igualitaria de las mujeres en la política. Pero esto solamente lo podremos cambiar si particularmente las mujeres jóvenes están dispuestas a involucrarse y participar políticamente.

¿Cuál fue la lección aprendida más importante en tu vida política?

-Tienes que apretar los dientes, persistir aun tras los errores y no cuestionarte constantemente. Por supuesto, eso no significa volverse arrogante. Pero el mayor problema para las mujeres es que quizás son un poco más autocríticas que los hombres y, por lo tanto, tienen menos confianza en sí mismas. También tuve que aprender que por supuesto a veces cometes errores. Esto también es un problema, por lo cual las mujeres lo evitan y, a menudo, terminan no candidateándose o haciéndolo solo como suplentes. Es que a menudo tienen más miedo al fracaso o a perder. O tienen miedo de cometer errores. Pero cometer errores es normal, y a los políticos también les sucede. Cuando empiezas a asumir responsabilidades, sin importar si tienes 30 o 50 años, las cosas no siempre funcionan bien. La lección más importante para mí fue esta: está bien que sea así. Eso es lo que aprendí y ahora estoy en paz conmigo misma. He aprendido que las cosas siempre pueden salir mal. Solo se puede dar forma a las cosas positivamente si se está listo para asumir la responsabilidad. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que las cosas no marchen bien y se produzcan errores.

¿Qué recomendarías a mujeres jóvenes que quieran dedicarse a la política?

-¡Atrévanse! No lo están haciendo per se mejor o peor que hombres jóvenes. A menudo falta la confianza en sí mismas. Y he visto a tantos hombres jóvenes y viejos que no eran particularmente competentes, pero eran buenos para venderse y se presentaban con mucha confianza en sí mismos. Por supuesto, depende de los contenidos, se trata de la sustancia, hay que apasionarse por los temas y estar convencidas. Pero una no debería dejarse volver loca y seguir preguntándose: ¿he entendido todo al cien por cien? Debemos estar preparadas y tener el valor de abordar los problemas con claridad. Solo entonces podremos hacer avanzar las cosas. Y para eso no es necesario memorizar los puntos y las comas de una petición de mil páginas.

¿Qué queda por hacer para que la política sea un lugar más amigable para las mujeres?

-Buena pregunta. Explícitamente no mencionaría la compatibilidad de familia y trabajo, ya que eso implica que siempre son solo las mujeres las que deben compatibilizar ambas cosas. En general, me gustaría ver un mundo en el que seamos más amistosos y constructivos el uno con el otro. Por otro lado, esto también es una ilusión, ya que la política a veces se hace a codazos y seguirá siendo así.

Respecto al tema de las cuotas de mujeres admito abiertamente haber cambiado de opinión. Hace diez años habría dicho: «No necesitamos cuotas. Es cuestión de tiempo que las mujeres desarrollen más espacio en la política». Pero hemos visto en el Parlamento alemán que la proporción de mujeres está disminuyendo, a pesar de que siempre pensamos que esto se resolvería automáticamente y que el tiempo curaría este problema.

No soy fanática de la cuota, pero por ahora la considero el único medio que realmente ayuda. Por supuesto, también necesitamos programas de financiación, más confianza especialmente entre las mujeres, y la voluntad de postularse como candidatas. En muchas áreas de la sociedad hoy en día hay mujeres donde antes solo había hombres y es normal que las mujeres estén allí. Han pasado muchas cosas, especialmente en los últimos años. Pero en política, en particular, no podemos evitar la cuota. Y es por eso que estoy a favor de que discutamos primero dentro de la CDU y luego decidamos cómo proceder.

Estoy deseando que llegue el día en que ya no necesitemos la cuota. Pero por el momento creo que es el único remedio probado que funciona. También tenemos que diferenciar nuevamente entre participación, representación y poder. No es solamente la participación numérica en los parlamentos lo que define sobre la participación de las mujeres. Hay suficientes parlamentos en el mundo que tienen una cuota y en los que el cincuenta por ciento son mujeres. Pero eso no significa que estas mujeres realmente ejerzan influencia política. En Alemania tenemos una posición progresista. La presidente de la Comisión de la UE es de nuestro partido. El mismo que, con Angela Merkel como canciller federal, ha proporcionado la mujer más poderosa del mundo durante muchos años. Eso ya demuestra que se trata de algo más que representación. Se trata de influencia y poder. Afortunadamente, tenemos muchos buenos ejemplos aquí en el partido.

Traducción: Manfred Steffen.

IV Edición – Concurso de artículos breves

La plataforma revista Diálogo Político convoca la IV edición de su concurso para jóvenes latinoamericanos de 18 a 30 años de edad con el objeto de promover el trabajo de los nuevos escritores y la reflexión en torno a los asuntos políticos.

DP desea animar a los jóvenes a expresar sus inquietudes, reflexiones y puntos de vista en un texto que presente una mirada crítica sobre el futuro de los partidos políticos a nivel regional. La iniciativa busca generar aportes para el fortalecimiento del debate democrático informado y visualizar el rol de los jóvenes como movilizadores de la acción política. La artículos se recibirán hasta el 05 de abril de 2021.

El concurso se regirá por las siguientes BASES.

Los y las participantes podrán descargar aquí la FICHA de formato para enviar sus datos y acompañar el texto.