Si hablamos de democracia en la región, Daniel Zovatto es uno de los referentes obligatorios en el estudio de las elecciones de América Latina. Su trabajo como activista democrático ha sido recurrentemente valorado y citado por instituciones, medios de comunicación y centros de investigación para darle forma a una respuesta que a veces nos cuesta: ¿Cómo entender la política de esta región tan heterogénea?
Zovatto ha sido consultor de organismos internacionales y profesor visitante de varias universidades. Desde 1997 es el director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), cargo del que se retirará el próximo 31 de diciembre de 2023. Desde ese espacio ha podido acompañar en profundidad el proceso democrático, y conocer, como pocos en el mundo, los diferentes momentos electorales que nos ha tocado vivir.
Voto castigo
El voto castigo se ha consolidado en una región donde los oficialismos no están repitiendo en el poder. ¿Este fenómeno llegó para quedarse?
—De las últimas 18 elecciones democráticas en Latinoamérica, en 17 se impuso el voto castigo a los oficialismos. La única excepción ha sido la victoria del candidato de gobierno del partido colorado en Paraguay (Santiago Peña) en abril de este año.
Si bien en la primera década del siglo XXI la continuidad y la reelección de los oficialismos era más frecuente (con ciclos políticos largos de un mismo presidente o partido), en la última década hemos observado un cambio de tendencia. Fuerte voto castigo a los oficialismos, mayor alternancia y ciclos políticos más cortos. La combinación de estas tendencias ha traído como consecuencia el predominio de gobiernos progresistas (una segunda marea rosa) en cinco de las seis principales economías regionales. Pero, a diferencia de la anterior, con importantes diferencias entre los mandatarios progresistas, sin las condiciones favorables del entorno global (altos precios de las materias primeras), y con niveles mucho más modestos de popularidad en la mayoría de los casos.
¿Cuáles son las razones por las que los electores están castigando a los gobiernos casi en toda la región?
—Una de las principales razones tiene que ver con el mediocre desempeño económico y la incapacidad o dificultad de dar resultados oportunos y eficaces a las crecientes demandas ciudadanas.
Este año América Latina cumplirá una segunda década perdida (2014-2023) con un crecimiento promedio regional de apenas el 0.8%. Es la década de menor crecimiento económico en los últimos 80 años, según las estimaciones de la CEPAL. Con estos niveles anémicos, es difícil mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir la desigualdad y la pobreza, crear empleo de calidad y generar oportunidades. La combinación de estos factores genera altos niveles de malestar social, frustración, «cabreo». Son canalizados en las calles con protestas sociales y en las urnas con un voto castigo (o voto bronca) en contra de los oficialismos. A estos factores de carácter general, se suman otras tendencias de alcance regional. Por ejemplo, aumento de la inseguridad ciudadana y del crimen organizado, corrupción, etc., y factores específicos o coyunturales de cada país.
Abstención y democracia
¿Hay preocupaciones respecto de los niveles de abstención?
—Desde un punto de vista comparado, la participación electoral en América Latina es de las más altas del mundo. Sin embargo, desde el inicio de la tercera ola de la democracia en nuestra región (1978 a nuestros días), los niveles de participación han venido bajando de manera gradual pero constante. El promedio de participación en las elecciones presidenciales (solo primera vuelta) se situaba en un 70,35%. Pero al analizar las elecciones celebradas en el último quinquenio (2019-2023), vemos que el promedio regional disminuyó al 68,9%. Si tomamos en cuenta que a finales de los años 80 la participación promedio alcanzó el 78,4%, constatamos un aumento del 10% en el abstencionismo en las últimas cuatro décadas.
Cabe señalar que los niveles de participación electoral muestran un alto grado de heterogeneidad entre los países latinoamericanos. Mientras Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador presentan altos niveles de participación, por encima del 80% promedio, Colombia, Guatemala y México están debajo del 62%. Uno de los factores principales, si bien no el único que explica estas diferencias, es la existencia o no del voto obligatorio y si este incluye o no sanciones efectivas. La diferencia promedio entre países con voto obligatorio y con sanciones respecto de aquellos países que no tienen voto obligatorio es de un 10%.
Protestas
Las protestas sociales no estuvieron tan presentes este año como en ocasiones anteriores.
—En un contexto de bajo crecimiento económico y elevado gasto, con una yuxtaposición de crisis, todo ello agravado por la herencia envenenada que nos dejó la pandemia, los gobiernos latinoamericanos se ven presionados a buscar soluciones para mejorar la recaudación fiscal y equilibrar las cuentas. Estas medidas pueden generar tensiones sociales adicionales. Suman a la persistente problemática de la desigualdad, la pobreza extrema y los niveles preocupantes de informalidad laboral. Las consecuencias de estas condiciones pueden traducirse en nuevos estallidos sociales, una situación que los gobiernos deberán enfrentar con extrema sensibilidad y prudencia.
El calentamiento global y el enfriamiento económico están entrelazados en un complejo escenario que requiere la acción coordinada y decisiva de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional. La urgencia de implementar políticas ambientales y económicas efectivas para mitigar los impactos del cambio climático se vuelve más urgente e importante que nunca en la región latinoamericana.
¿Cuáles son los riesgos?
—En el Informe de Riesgo Político del cual soy coautor junto a otros colegas del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Jorge Sahd y Diego Rojas), identificamos diez riesgos principales que enfrentan los gobiernos de América Latina. De estos quiero destacar cuatro.
El primero, la recesión democrática que atraviesa la región cuando se cumplen 45 años del inicio de la Tercera Ola democrática. El segundo, el aumento de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado. Nuestra región, con apenas el 8% de la población mundial, concentra el 35% de los homicidios del planeta. El tercero, la crisis migratoria con un profundo impacto social y económico sobre los países receptores o de paso. Y el cuarto, una gobernabilidad crecientemente compleja. Esto como consecuencia de, entre otros factores, congresos fragmentados y gobiernos con coaliciones inestables que impiden lograr acuerdos en materia de reformas estructurales y políticas de Estado con visión de largo plazo.
La combinación de sociedades fatigadas, calles calientes y urnas irritadas, junto con la brecha entre la magnitud de los problemas y la capacidad menguada de los gobiernos para dar respuestas oportunas y eficaces, coloca la gobernanza y gobernabilidad en el centro de la agenda regional.
Tecnología y política
¿Qué fortalezas y qué desafíos mostraron los sistemas electorales en 2023?
—Una de las características principales ha sido la resiliencia y la capacidad de innovación que mostraron los organismos electorales no solo durante la pandemia (no se canceló ninguna elección y muy pocas fueron reprogramadas). Sino también, más recientemente, ante los ataques sistemáticos de parte de presidentes, partidos oficiales o de oposición, que buscaron cooptarlos o desprestigiarlos.
Las autoridades electorales tienen la importante y desafiante tarea de garantizar procesos electorales con integridad. Pero en los últimos años vengo observando, con creciente preocupación, el accionar de determinados mandatarios, candidatos y políticos que hacen denuncias infundadas de fraude. Incluso, en algunos países, con mucha antelación a la celebración de los comicios, buscando con ello afectar la credibilidad y la autonomía de los organismos electorales.
Tres casos graves recientes fueron: los ataques a las autoridades electorales en Perú en 2021. Los del expresidente Bolsonaro en Brasil contra el TSE durante el proceso electoral de 2022. Y, los embates de AMLO en México durante los últimos años para recortar el presupuesto y la autonomía del INE.
Otro de los riesgos preocupantes que afectan la integridad de los procesos electorales son las crecientes y cada vez más sofisticadas campañas de contaminación informativa, desinformación y noticias falsas como consecuencia de la manipulación de las redes sociales. Este fenómeno podría agravarse en el futuro cercano si tuviese ligar un uso descontrolado de la inteligencia artificial. En comparación con los avances normativos y de control producidos en otras regiones, en América Latina hemos avanzado bastante poco en este ámbito (salvo contadas excepciones). De ahí la urgencia, de cara a la intensa agenda electoral del 2024 (seis elecciones presidenciales), de generar un debate plural y riguroso sobre el impacto de la tecnología en la política, las elecciones y la democracia, que venga acompañado de marcos regulatorios y mecanismos de control eficaces.
Superciclo electoral
Cierre del año electoral…
—En el último bimestre del 2023 hay que poner lupa en dos procesos electorales muy importantes. Por un lado, los resultados del reciente balotaje argentino del pasado 19 de noviembre. Por el otro, el referéndum constitucional chileno que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre.
En una inédita segunda vuelta, los argentinos eligieron de manera clara (Milei 55.69%, Massa 44.30%) a Javier Milei. Él sumirá el 10 de diciembre. Este resultado se aliena perfectamente con las principales tendencias electorales regionales. Son: 1) Voto castigo a los oficialismos. 2) Necesidad de definir la presidencia en segunda vuelta. 3) Reversión del resultado: el segundo de la primera vuelta gana el balotaje. 4) El mandatario llega a la presidencia sin contar con mayoría propia en el Congreso lo cual anticipa una gobernabilidad compleja.
El 2024 traerá procesos cruciales para el tablero político. ¿Qué no debemos perder de vista?
—El año 2024 concluirá el super ciclo electoral iniciado en 2021, con una agenda electoral muy intensa. Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, con seis elecciones presidenciales: El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Abriremos y cerraremos el año 2024 con dos regímenes no democráticos que irán a las urnas. En El Salvador (régimen híbrido crecientemente autoritario) el presidente Bukele buscará una reelección consecutiva. Si bien las encuestas indican que logrará amplio respaldo en las urnas, esto es prohibido expresamente por la Constitución política.
Mientras, en Venezuela (régimen autoritario) habrá que ver hasta qué punto Maduro estará dispuesto a competir en elecciones con integridad. Si puede o no poner fin a las inhabilitaciones que actualmente afectan a los principales líderes opositores. Y permitir la presencia de misiones de observación profesionales e imparciales.
Durante el año que viene será clave continuar protegiendo la integridad de las elecciones. También blindar los organismos electorales para garantizar la legitimidad de origen (artículo 2 de la CDI). Igualmente, será importante continuar monitoreando muy de cerca la evolución de la calidad de la democracia.
Según nuestro reciente informe (IDEA internacional, 2 de noviembre de 2023) en América Latina «hay más países que hace cinco años que tienen un nivel bajo en todas las categorías de desempeño democrático, aunque la mayoría continúa teniendo un desempeño en el rango medio».
Democracia en perspectiva
Su resumen.
—La amenaza a la democracia, su estancamiento, deterioro o retroceso son reales y no deben ser subestimados. El desafío sin bien es mayúsculo exige evitar caer en un pesimismo paralizante. Demanda, por el contrario, poner en marcha una agenda rigurosa dirigida a proteger, fortalecer y relegitimar la democracia. Requiere, asimismo, repensar la democracia para dotarla, como aconseja Daniel Innerarity, de una teoría más sofisticada que permita gobernar democráticamente la complejidad y dar respuestas eficaces a las demandas del Siglo XXI. Debemos avanzar rápidamente en el ámbito de la innovación política-institucional con el objetivo central de encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia.
