Una convulsión social con protestas que devino en el cierre de Quito por diez días catapultó a Ecuador como tema de discusión en América Latina. La crisis política que derivó de las manifestaciones protagonizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha planteado serios desafíos al gobierno nacional y a la estabilidad política del país.
El conflicto no solo dejó en relieve problemas sociales que datan de la última década, sino que acentuó la urgencia de una reforma política que mantenga la viabilidad de la democracia.
Ruth Hidalgo es una de las voces más respetadas para comprender al Ecuador. En su rol como directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, promueve en el país una reforma al Código de la Democracia. El objetivo del proyecto es profesionalizar la política y regular la proliferación de partidos y candidaturas sin respaldo popular. Hidalgo es doctora en leyes, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, y miembro del Consejo de Redacción de Diálogo Político, desde donde conversamos para comprender las causas del desencuentro ecuatoriano con la política.
Hay varias versiones sobre los orígenes y causas del malestar social en Ecuador y si atañe a un problema de gestión de gobierno. ¿Qué hay detrás realmente?
El conflicto que planteó la Conaie tiene varios orígenes. No podemos dejar de pensar en la inequidad que existe en el país. Ese ha sido un detonante base. Otro componente importante ha sido la pandemia. Quienes más han sufrido este proceso han sido los menos favorecidos. Dentro de este componente hay un elemento contextual muy relevante: la situación en la que estaba Ecuador cuando inició la crisis sanitaria. Todos los fondos de reserva, el fondo de solidaridad y otros que permitirían afrontar situaciones de emergencia, ya no existían. Durante el correísmo fueron dilapidados y usados para otras cosas.
Además, Ecuador estuvo atravesado por más de una década por un sistema de corrupción sostenido y concentrado específicamente en el sector de la salud. Eso fue una gran dificultad para el Estado a la hora de llegar a tiempo y abordar la emergencia de la pandemia cuando debía, al mismo tiempo, luchar contra la corrupción que estaba enquistada en toda la administración del sistema de salud.
Cambiado el gobierno, el presidente Guillermo Lasso se enfocó en la vacunación y tuvo un éxito considerable. Sin embargo, hemos visto una demora en la implementación de una agenda social que reclaman la mayoría de las personas.
¿El paro impulsado por la Conaie y respaldado por la oposición a Guillermo Lasso terminó siendo una vendetta política?
Este paro se inició como una protesta pacífica y con reclamos justos, pero estuvo matizado por intereses políticos, generados por un liderazgo violento y claramente ideologizado, que representa al mariateguismo puro y duro. Su líder máximo, Leonidas Iza, expresa que los cambios solo son posibles si se hacen de forma violenta, aun cuando eso represente reducir la sociedad a cenizas.
La escalada de la protesta fue aprovechada por la Asamblea Nacional para incluso tramitar la posibilidad de destitución del presidente. Por suerte, eso no trascendió —y no lo digo por ser afín o no al presidente, sino por el apego al sistema democrático, donde los gobernantes deben cumplir con su mandato—. Entonces, lo que se inició como una protesta pacífica y pasó a un acto vandálico a nivel nacional, con muertes y ajusticiamiento de militares, destrucción de la propiedad, atropellos contra la ciudadanía, la destrucción de Quito y paralización durante dieciocho días, que lesionó gravemente la economía, terminó como un aviso de destitución al presidente.
Todo inició por el incremento del precio de los combustibles, pero este ya bajó y el conflicto no está resuelto. Es un panorama complejo, sobre todo a la luz de las elecciones seccionales
¿Y la reacción del gobierno?
No hubo una judicialización a los actos de vandalismo que destruyeron parte de la ciudad. Los actos que están en contra de la ley tienen que ser castigados: robar, matar, secuestrar. Se ha evidenciado cierta debilidad en la reacción para garantizar los derechos de todos ante una situación violenta que no debería ser tolerada.
La ola de protestas también dejó en relieve la crisis de representación política en el Ecuador.
En el Ecuador existe una crisis de representación enorme. La ciudadanía mayoritariamente no cree en sus políticos.
Nuestro sistema promueve que los partidos salgan como caramelos, que proliferen sin ningún control; que partidos minúsculos, muy locales, que solo tienen vida en un cantón, puedan presentar oferta electoral nacional sin ningún efecto. Hay alrededor de trescientos partidos en Ecuador. Si no hay una reforma, no habrá posibilidad de ordenar la representatividad política. Nosotros en Participación Ciudadana tenemos una propuesta de reforma estructural del sistema de partidos que reside en el Código de la Democracia. La hemos presentado a todos los sectores, incluso al presidente de la República, a quien pedimos que la propuesta se someta a una consulta popular.
No queremos desincentivar la participación política; por el contrario, queremos cambios para que sea más eficiente y democrática.
Además de la proliferación de partidos, la polarización es intensa. No hay vínculo de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Es una Asamblea que está conspirando constantemente contra el Ejecutivo. En vez de legislar por el país, está trabajando en cómo puede salir del gobierno antes de terminar el periodo constitucional.
No hay proyectos de ley emblemáticos que nos permitan decir o analizar: «este y este otro proyecto resuelve tal tema y es importante por esto». Solo existe un Legislativo dedicado sistemáticamente a bajar al presidente de su cargo.
Hay una ausencia de masa crítica propositiva, democrática, de generación de ideas y de intercambio de argumentos, que es lo que la gente espera.
¿Cuál es el panorama a mediano plazo en el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo?
Hubo un error estratégico importante del gobierno, que fue sacar de la Asamblea a sus principales alfiles, quienes pasaron a ser parte del gobierno. Esto contribuyó a la ausencia de masa crítica y de generación de discusión en la Asamblea, que ya de por sí ha sido un órgano con ausencia propositiva. Ahí hubo una carencia de comprensión del proceso político y de dejar evidencia de que los sectores radicales en el Parlamento solo tienen como agenda obstaculizar al gobierno.
Creo que el gobierno, cuando tuvo su popularidad más alta por varios meses a causa del éxito de las vacunas, que fue una de sus promesas electorales, debería haber ejecutado la muerte cruzada. Es decir, disolver la Asamblea e ir a una nueva elección para que se generara un nuevo reparto de fuerzas.
¿Es sostenible que el presidente Lasso se mantenga como una suerte de rehén de la Asamblea y de la oposición?
El presidente Guillermo Lasso tiene poca maniobra en su relación con la Asamblea. Si no actúa hábilmente, la Asamblea lo mantendrá en jaque. Hay cosas positivas de su trabajo que no se están comunicando. La ciudadanía ha pedido cambio de algunos ministros y no lo ha hecho.
¿Cuáles son las alternativas posibles para el Ejecutivo?
Creo que lo que le conviene al presidente es recapitalizar a sus votantes. Para eso, debe hacer una reingeniería completa de su plan de gobierno y de su estrategia comunicacional e incorporar una agenda social que ayude a las personas en las demandas más importantes. Se debería construir una agenda social aparte de lo que se discute en la mesa de diálogo, para el campo, el agro, la costa, la educación, el sistema de salud, y declararla política de Estado. Es decir, el Estado debe tener su propia agenda, pero lo que vemos es una ausencia del sentido de oportunidad. Las mesas de diálogo por el paro y el conflicto por la Conaie es una cosa, y el Estado, otra. El Estado trabaja para todos y debe tener proyectos para lo que la gente reclama.
Y una de las consecuencias de la falta de diálogo orgánico entre los representantes políticos es la erosión de la confianza en la democracia…
La mesa de diálogo inició con diez puntos para negociar, pero con negociadores débiles, lo que mostró al Ejecutivo como un actor débil. Al día que hacemos esta entrevista
Ante esta falta de política responsable, el país corre el riesgo de caer en el futuro en manos de un populista outsider que haga promesas demagógicas en contra del sistema institucional y la democracia. La lucha de hoy en Ecuador es por salvar la democracia.
¿Quién o quiénes son la alternativa para la democracia ecuatoriana?
Tengo esperanza en las jóvenes y los jóvenes del Ecuador, que representan el 30,4% del padrón de votantes. Creo que ellos viven los mismos problemas, cuando salen a buscar trabajo, cuando quieren progresar. Ellos buscan otras cosas, oportunidades, trabajo, no quieren violencia, huyen de estas formas autoritarias.
Si es que algún partido político logra decodificar lo que piensan los jóvenes, y sus necesidades, se podrá construir una masa crítica importante para renovar a los partidos caducos y al sistema democrático con sus graves problemas.
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