Acceso a la versión en portugués.
En los hechos, en Brasil el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva empezó antes de la fecha oficial del paso de mando, el 1 de enero del 2023. En Brasil, desde el 2001, está institucionalizada la transición de gobierno. El entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso, organizó una serie de instrumentos legales para que el líder del partido opositor —Lula, en aquel entonces— pudiera enterarse del estado de la administración pública.
Ahora, en 2022, Lula participa de otra transición de gobierno. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, coordina un equipo de casi 300 personas divididas en 31 grupos temáticos, que entregarán un diagnóstico y sugerencias al nuevo gobierno. Se hizo necesario acomodar docenas de partidos, movimientos sociales y grupos políticos que apoyaron a la fórmula ganadora en las elecciones pasadas.
El principal desafío de Alckmin es negociar con el Congreso un permiso para aumentar los gastos del Estado y cumplir con las promesas de la campaña. La principal es la de mantener el subsidio que Bolsonaro llamaba «Auxilio Brasil», mientras que Lula lo volverá a llamar «Bolsa Familia».
La información disponible permite establecer con claridad los primeros retos que marcarán la agenda del gobierno en 2023. Los resumimos en los siguientes tres puntos: gestión del mercado, capacidad de armar coaliciones y relación con la oposición.
1. El mercado en Brasil
La relación entre los gobiernos de izquierda y el mercado financiero siempre ha traído un componente de inestabilidad en Brasil. La tesis doctoral de la profesora Daniela Campello muestra que las bolsas tienden a ser más volátiles cuando políticos de izquierda ganan las elecciones —la correlación es más fuerte en países en desarrollo—. Hoy, Lula está enfrentando dicha volatilidad en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo.
El mercado financiero presenta señales de desconfianza hacia el Gobierno electo. Según el mercado, Lula no ofrece una hoja de ruta clara sobre cómo actuará para que la deuda pública no se salga de control.
En los hechos, esa desconfianza se traduce en devaluación del real frente al dólar y caída de la Bolsa de São Paulo. En otras palabras, los inversores, aquellos que tienen dinero para prestar al Estado brasileño, deciden dejar sus posiciones en empresas brasileñas y buscan refugiarse en el dólar, un activo más seguro para resguardar su dinero.
El mecanismo puede que no sea justo, pero es así como funciona el mundo. La tradición intelectual de la izquierda tiene un problema con eso. Enfrentar al mercado y dictar las propias prioridades puede ser un riesgo imposible de sostener por Lula, debido a las consecuencias económicas negativas: inflación, menos inversión… Y, por ende, el impacto que ello tendría en su popularidad.
Lula tendrá que caminar en la cuerda floja. No puede nombrar un ministro de Hacienda que sea visto como demasiado promercado, debido a su base de izquierda, que es la que siempre estuvo con él, incluso en los peores momentos, cuando lo apresaron y lo tenían como muerto para la política. Por otro lado, el dilema de Lula es que él tampoco puede dejar de mirar las señales que le envía el mercado financiero.
2. Coaliciones, escucha y prevención de crisis
La capacidad de escuchar a diferentes interlocutores es fundamental en cualquier nivel de gobierno para prevenir crisis en el horizonte. Distintos interlocutores mirarán riesgos distintos.
Un ejemplo, como se ha dicho, es el caso del mercado financiero. Si quienes integran el nuevo gobierno interpretan que las voces del mercado son solamente una postura en contra del gobierno, no serán capaces de diseñar escenarios de forma adecuada.
Otro ejemplo: en su viaje reciente a Egipto para la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP-27), Lula se trasladó, como un favor, en el avión privado de un empresario del rubro de la salud. Faltó capacidad en el equipo del gobierno electo para prever que eso sería explorado por los medios y por los críticos. Alguien dentro del equipo de gobierno tendría que haber calculado que docenas de millones de brasileños creen que Lula es un corrupto y diseñar en consecuencia una estrategia para evitar una crisis de reputación.
La mayor parte de los integrantes del equipo de transición son del Partido de los Trabajadores (PT). Una vez más, Lula tendrá que caminar en la cuerda floja entre nombrar fieles aliados y dar espacio a nuevos aliados, de centro y de derecha, que hicieron posible su victoria electoral.
3. Existirá una «oposición golpista» en los próximos años
Brasil ha visto en las últimas semanas al presidente electo considerado como una estrella pop en la COP27, reuniéndose con representantes de Estados Unidos y China. En Brasilia, Alckmin intenta articular el presupuesto federal del 2023, mientras la prensa y los players de la política buscan personas con quien hablar en el nuevo gobierno.
Por otro lado, el actual presidente Jair Bolsonaro no hace apariciones públicas y el vicepresidente general Braga Netto incentiva protestas que piden un golpe militar que no deje a Lula asumir el gobierno de Brasil.
En las redes sociales, WhatsApp y Telegram, el silencio de Bolsonaro es interpretado como un incentivo para que continúen las manifestaciones. En todo el país, grupos se reúnen en la puerta de cuarteles del ejército para pedirles un golpe. Siguen cerrando rutas e impiden incluso el tráfico de ambulancias. Hay evidencias de que las manifestaciones son articuladas entre políticos ligados al actual gobierno y empresarios.
El Partido Liberal de Bolsonaro pidió la anulación de las urnas del balotaje en zonas donde venció Lula. Sin embargo, no pidieron la anulación de la primera vuelta electoral, cuando el mismo Partido Liberal fue el más votado para el Congreso.
Es esperable que este suceso no tenga mayores consecuencias judiciales y Lula asumirá el mando oficialmente el 1 de enero del 2023. Sin embargo, esta es una señal de que la oposición adoptará el modus operandi del movimiento reaccionario Make America Great Again de Donald Trump, quien jamás reconoció los resultados electorales del 2020.
La consecuencia de este cuadro es el debilitamiento de la fe pública en la república. Las personas radicalizadas, organizadas en grupos o solas, pueden todavía sentirse empoderadas y practicar actos de violencia con motivación política, como ya sucedió a lo largo de 2022.
.
