Desde 1994, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ocasión en la que se realizan diferentes actividades con el fin de visualizar las principales propuestas y también informar sobre las problemáticas que afrontan cotidianamente los pueblos indígenas de todo el mundo.
La Fundación Konrad Adenauer (KAS), consciente de que una verdadera democracia no es posible sin la inclusión de sectores históricamente marginados como los pueblos indígenas, desde el año 2005 desarrolla actividades en esta temática específica a través del Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI), desde el cual compartimos algunos de los asuntos de mayor interés para los pueblos indígenas de la región.
Visiones de desarrollo
La posibilidad de conciliar diversas visiones de desarrollo es uno de los retos más importantes en la relación de los Estados con los pueblos indígenas. Este proceso de interaprendizaje solo es posible fortaleciendo capacidades de diálogo intercultural, en todos los actores que están involucrados con el desarrollo económico y social.
La visión de desarrollo enfocada únicamente en crecimiento económico cuantitativo no suele ser concordante con la de los pueblos indígenas, que comulgan con prácticas más cercanas al desarrollo sustentable con su entorno. La falta de comprensión y aceptación de las diversas visiones de desarrollo, acompañada de la falta de capacidad de diálogo intercultural, ha ocasionado incontables conflictos y hasta enfrentamientos con pérdidas humanas a lo largo y ancho de América Latina.
El PPI considera que es central continuar promoviendo espacios de diálogo intercultural para encontrar puntos de encuentro entre las visiones de desarrollo. Un aspecto fundamental es considerar que todas las visiones de desarrollo son válidas en la misma medida. Por ello, la tarea pendiente es conocerlas y profundizarlas, para generar así mecanismos democráticos dirigidos a transformar conflictos.
Por ejemplo, en el contexto actual de la Amazonia encontramos constantes atropellos e invasiones de industrias extractivas a territorios indígenas, en zonas en las que la presencia del Estado como garante de derechos colectivos es prácticamente inexistente. Una propuesta de desarrollo de parte del PPI apunta a un aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos, respetando la consulta previa e informada a las comunidades. Pero, para llegar a ese ideal, se necesita que los Estados tengan marcos legales efectivos y flexibles, que las industrias extractivas y los gobiernos respeten los derechos indígenas, y que los pueblos indígenas desarrollen capacidades de diálogo para alcanzar acuerdos que les beneficien.
En la práctica, la desconfianza es un aspecto difícil de superar, dados los innumerables atropellos y prácticas arbitrarias que se han dado en territorios indígenas, sin consulta, sin diálogo, sin negociación. Aun en condiciones tan adversas, las organizaciones indígenas, en apariencia frágiles, han tenido la capacidad de resistir por décadas, de formas innovadoras, reivindicando el ejercicio de sus derechos territoriales.
Insistir en establecer diferencias dualistas entre las visiones de desarrollo no ha dado resultados. Por décadas el debate se ha movido entre discursos conservacionistas radicales o desarrollistas. Pero es más bien la lógica opuesta la que debiera invitarnos a la acción: encontrar los puntos de encuentro para que las partes involucradas puedan, todas, beneficiarse. Asumir que los pueblos indígenas no quieren mejor calidad de vida en educación y salud a través de una explotación ecológicamente sensible, mutualmente acordada y tecnológicamente avanzada, entre otras cosas, sería caer en viejos estereotipos.
Los territorios poblados desde tiempos ancestrales por indígenas tienen un enfoque de propiedad colectiva, a diferencia del mundo no indígena, en el que la propiedad se entiende casi siempre desde lo individual. Su forma comunal de propiedad ha de ser respetada y las intervenciones de las empresas y administraciones públicas en esos territorios, ya sea directa o indirectamente a través de concesiones, han de ser informadas y aprobadas por sus habitantes. Esto no exime al Estado de la obligación de prestar atención y apoyo a todos sus ciudadanos. También a los indígenas que son ciudadanos de cada país, en plenitud.
Para el PPI, es imperativa la necesidad de construir un modelo de desarrollo justo, solidario y sustentable, a partir de nuevos modelos económicos alternativos, más sostenibles y amigables con la naturaleza. Un modelo de desarrollo sostenible y socialmente inclusivo, en el que se combinen conocimientos científicos y tradicionales en el horizonte de empoderar a las comunidades indígenas en las que mayormente habitan mujeres, permitiendo que esas tecnologías sirvan para el bienestar y protección de los bosques.
En este proceso, se debe priorizar la necesidad de reconocer una realidad pluriétnica y multicultural en los países de la región, reafirmando el paradigma del buen vivir.
Estado de derecho, pluralismo jurídico y derechos y los pueblos indígenas
El fortalecimiento del Estado de derecho es uno de los pilares de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer. Se requieren fundamentalmente instituciones sólidas, funcionales, legítimas y reconocidas por la población para formular e imponer un orden jurídico justo, además de parlamentos con poder de acción y gobiernos a la cabeza del sistema administrativo que asuman su responsabilidad frente a los ciudadanos.
Por otra parte, se requieren tribunales independientes y eficientes con la atribución de resolver litigios según la ley y el derecho, incluyendo los casos de violación de derechos por el Ejecutivo. No es posible pensar en un Estado de derecho sin partir de la idea de que este no puede existir en nuestras sociedades si no protege los derechos humanos. El Estado de derecho constituye el mecanismo fundamental para el reconocimiento y aplicación de los derechos humanos en todas sus dimensiones, fundamentalmente los de los pueblos y comunidades indígenas, por su condición de vulnerabilidad. El Estado de derecho y los derechos humanos guardan una relación indivisible e intrínseca.
La tradicional forma de comprender el Estado de derecho encuentra terreno algo fangoso en los pueblos indígenas, dada la recurrente ausencia de institucionalidad estatal, lo que hace necesario levantar un mapeo de las formas en las que el Estado de derecho es comprendido y practicado por las comunidades nativas de la región, en toda su diversidad.
Adicional a la escasa presencia del Estado en muchas comunidades indígenas, se suma la poca comprensión de gobiernos y del sector privado sobre las formas de organización política, social, jurídica y cultural de estas comunidades. Debemos poner fin a la tendencia de mirar de forma etnocentrista a las formas de organización comunitarias, y comprender el trasfondo de las diversas formas alternativas de democracia y justicia, válidas para estas comunidades. Por ello, es importante trabajar en armonizar la vigencia de la legislación del Estado con los derechos individuales y colectivos reconocidos a favor de los pueblos indígenas, comprendiendo y reforzando, entre otros aspectos, el pluralismo jurídico.
Medidas efectivas
En el análisis del Programa PPI es fundamental la promoción de medidas efectivas para aliviar la situación de crisis socioambiental que amenaza la vida de las comunidades indígenas, poniendo énfasis sobre la crítica situación de apropiación de los bienes comunes de la naturaleza como el agua; o los recursos maderables a través de concesiones y empresas madereras ilegales; la caza y la pesca en condiciones predatorias; así como el desarrollo de megaproyectos no sostenibles como el caso de los hidroeléctricos, las carreteras, las hidrovías, los ferrocarriles y los proyectos de explotación minera y petrolera, todos ellos con fuerte influencia en el cambio y la variabilidad climática.
De manera paralela a la seria situación por la que atraviesan los territorios indígenas, es necesario poner atención en un aspecto que vuelve más compleja la situación de estas comunidades: la migración. Esta se profundiza a través de tres tipos de procesos migratorios:
- la simultánea movilidad de grupos indígenas en territorios de circulación tradicional, separados por fronteras nacionales e internacionales;
- el desplazamiento forzado de pueblos indígenas;
- las migraciones forzadas interregionales y el fenómeno de los refugiados, obligados a salir de sus países.
Ante ese escenario, y en concordancia con las investigaciones del PPI y sus redes de expertos, es preciso apostar por el reconocimiento y la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas reivindicando la protección de los derechos a la libre determinación, la demarcación territorial y la consulta previa, libre e informada.
Mecanismos propios de representación y participación indígena
Para cerrar este análisis, abordamos a continuación el asunto medular estudiado por más de una década por el PPI: la representación y participación política indígena. El PPI lleva trabajando 16 años ininterrumpidamente, cooperando con líderes e instituciones indígenas que promueven los valores democráticos, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación con los grupos poblacionales indígenas y no indígenas, para la creación de políticas públicas que beneficien a toda la sociedad. El programa comprende que la participación política indígena es un elemento fundamental de fortalecimiento de la democracia, que potencia sus cualidades de representación y participación desde un abordaje intercultural.
Desde nuestro análisis, las legislaciones de cuotas especiales indígenas de acuerdo a población (incluyendo tanto Estado central como espacios descentralizados locales) son una alternativa a considerar, pero que, sin embargo, por sí solas no resuelven los problemas concernientes a participación política.
Es necesario acompañar procesos con jóvenes indígenas, para una mejor comprensión de las estructuras y competencias de la administración pública; se precisa también profundizar aún más el debate sobre la conveniencia de conformar partidos políticos indígenas que, observando experiencias en la región, no han dado resultados positivos en la mayoría de los países, con lo que pareciera más pertinente la transversalización de las cuestiones indígenas en los posicionamientos de los partidos, con una mirada incluyente.
Amazonia
En los países que componen la Amazonia, hay un evidente descuido en materia de espacios de participación política indígena, si se compara, por ejemplo, con sus pares andinos de tierras altas, cuya cercanía es mayor a los espacios de decisión política de los países.
Además de ello, es importante considerar la relevancia que tiene para los indígenas el respeto y cuidado de la naturaleza, así como la conservación de los ecosistemas que habitan. Hoy más que nunca, es imprescindible acompañar a las comunidades indígenas y a sus líderes en fortalecer la comprensión de incidir defendiendo sus legítimas demandas, a través de mecanismos pacíficos en la defensa de sus derechos, en acceder a espacios de representación, con capacidad propositiva y con un profundo conocimiento del contexto democrático y de Estado de derecho, a nivel nacional y regional.
En ese contexto, es cada vez más relevante trabajar con las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres es preciso promover voces indígenas de mujeres para que sean escuchadas en espacios colectivos como los procesos de consulta y toma decisiones sobre el futuro de sus territorios, de los cuales son protagonistas, dado su rol en la defensa de sus derechos. En cuanto al rol de los jóvenes, es preciso reconocer su potencial en cuanto a su participación como líderes y animadores en sus comunidades y organizaciones, en la defensa de sus derechos como el territorio, la salud y educación.
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