El comienzo de 2025 en Colombia está marcado por un panorama de seguridad de alta complejidad. La promesa inicial de la “paz total” del gobierno actual ha encontrado múltiples obstáculos. Incluyendo el fracaso de los acuerdos preliminares con grupos armados, la suspensión de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una escalada de la violencia en regiones clave como el Catatumbo. Estos desafíos se agravan por factores internacionales. Por ejemplo, las complejas relaciones con Venezuela, donde la cercanía del gobierno de Nicolás Maduro con el ELN dificulta los vínculos bilaterales. Además, la creciente influencia del crimen organizado transnacional intensifica los problemas de seguridad en la región.
Fracaso de la “paz total”
La estrategia gubernamental de negociar simultáneamente con distintos actores armados ha mostrado limitaciones estructurales. El colapso de los acercamientos con el ELN, sumado al recrudecimiento de las actividades del Clan del Golfo y disidencias de las FARC, ha dejado a millones de colombianos en situación de vulnerabilidad. Esta fragmentación del control territorial por parte del Estado ha permitido la consolidación de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, factores que alimentan la violencia.
El concepto de “paz total”, aunque ambicioso, ha sido criticado por carecer de una estrategia clara y medible. Expertos han argumentado que las negociaciones con actores múltiples, algunos de los cuales no tienen una estructura de mando unificada, han complicado los avances hacia acuerdos reales. Además, la falta de coordinación interinstitucional ha debilitado la capacidad del Estado para responder rápidamente a las crisis emergentes.
Crisis humanitaria en el Catatumbo
El Catatumbo simboliza la incapacidad estatal para garantizar seguridad en zonas rurales. Con altos índices de desplazamiento forzado y una escalada en las disputas entre actores armados, la región se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del año 2025 hay más de 36.000 personas desplazadas en esta región. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha alertado sobre las graves condiciones de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades.
La región enfrenta una combinación devastadora de factores: cultivos ilícitos, minería ilegal y la presencia de grupos armados. Algunos son el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, quienes luchan por el control territorial y de las economías ilícitas. Medios como La Silla Vacía y El Espectador documentaron masacres, restricciones a la movilidad y extorsiones como parte de la realidad cotidiana de la población.
El deterioro de las condiciones de seguridad ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria. Esto empeoró las condiciones de vida de miles de familias atrapadas en esta crisis. La Gobernación de Norte de Santander ha intentado articular esfuerzos con el gobierno nacional, pero los avances han sido limitados. Las comunidades han hecho un llamado desesperado para garantizar su protección y facilitar la implementación de proyectos de desarrollo sostenible. Pero los esfuerzos a menudo enfrentan barreras logísticas y de seguridad.
Relaciones con Venezuela
La frontera colombo-venezolana sigue siendo un punto crítico de vulnerabilidad e inestabilidad para la seguridad en Colombia. A pesar de los avances diplomáticos, la presencia de grupos armados como el ELN en territorio venezolano ha empeorado la situación. Este grupo ha utilizado a Venezuela como refugio y base de operaciones. Ha facilitado así la expansión de sus actividades ilícitas en regiones fronterizas como Arauca y Norte de Santander.
A pesar de los esfuerzos por restablecer las relaciones, la complicidad entre el régimen de Maduro y el ELN es aún una de las principales amenazas a la seguridad regional. En 2025, las estructuras de apoyo y la falta de control efectivo en la frontera seguirán siendo grandes desafíos por superar.
Tensiones bilaterales y su impacto en la seguridad
El domingo 26 de enero de 2025, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos experimentaron una significativa tensión debido a la negativa inicial del gobierno colombiano a permitir el aterrizaje de aviones militares estadounidenses que transportaban a ciudadanos colombianos deportados. Esta postura llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a amenazar con la imposición de aranceles del 25% a las importaciones colombianas y la aplicación de sanciones a funcionarios del gobierno. Ante la posibilidad de una escalada en las medidas punitivas, el presidente Gustavo Petro decidió aceptar las condiciones de Estados Unidos. Permitió la recepción de los vuelos de deportación y asegurando que se garantizarían condiciones dignas para los repatriados.
Este episodio no solo evidenció las diferencias ideológicas y políticas entre los líderes de ambas naciones. También subrayó las implicaciones en materia de seguridad. La suspensión temporal de la ayuda estadounidense a Colombia, en medio de una revisión de políticas exteriores, generó preocupación sobre la continuidad de la cooperación en áreas críticas como la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento institucional. Además, la amenaza de sanciones económicas puso de relieve la vulnerabilidad de Colombia ante decisiones unilaterales que pueden afectar su estabilidad económica. Por ende, su capacidad para mantener el orden interno y combatir el crimen organizado.
Los desplazados internos
La violencia exacerbada ha resultado en un incremento sustancial de desplazados internos, generando una presión sin precedentes sobre las ciudades y los recursos estatales. Según datos de ACNUR, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo, con cerca de 8.7 millones de personas en esta situación.
El aumento en el desplazamiento interno también ha tenido repercusiones significativas en las ciudades receptoras. La demanda de servicios públicos, como educación y salud, ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, generando tensiones sociales y dificultades en la integración de las poblaciones desplazadas.
Narcotráfico y su impacto regional
El narcotráfico sigue siendo el principal motor de la violencia en Colombia. En 2024, se detectaron 253.000 hectáreas de área sembrada con cultivos de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta situación ha llevado a un incremento en las operaciones de erradicación forzada, lo que a su vez ha generado conflictos con las comunidades campesinas que dependen de estos cultivos.
A nivel regional, el narcotráfico ha intensificado las relaciones entre grupos armados colombianos y carteles internacionales. La expansión de estas redes hacia países vecinos, como Ecuador y Perú, subraya la necesidad de una estrategia conjunta que aborde el problema de manera integral.
Perspectivas para el 2025
El 2025 plantea interrogantes clave sobre el rumbo de la seguridad en Colombia. La prioridad para el gobierno será reconstruir la confianza en sus políticas, enfocándose en tres áreas centrales:
- Fortalecimiento institucional: mejorar la capacidad de las fuerzas armadas y la policía para enfrentar las amenazas actuales, al tiempo que se respetan los derechos humanos. Esto incluye una mayor inversión en tecnología y capacitación, así como reformas orientadas a combatir la corrupción dentro de estas instituciones.
- Estrategias de desarrollo integral: invertir en infraestructura y programas sociales en las zonas más afectadas por el conflicto, con un enfoque en la inclusión y la equidad. Proyectos de desarrollo agrario, educación rural y acceso a servicios básicos serán fundamentales para reducir la influencia de los grupos armados.
- Cooperación internacional: establecer acuerdos con países vecinos y organismos multilaterales para abordar de manera conjunta problemas como el narcotráfico y la migración. Además, el fortalecimiento de la diplomacia internacional podría atraer más recursos para iniciativas de paz y desarrollo.
Conclusiones
El panorama de seguridad en Colombia en 2025 estará condicionado por la capacidad del gobierno para superar las divisiones internas y enfrentar los desafíos con enfoque estratégico. Aunque el camino es incierto, las decisiones y acciones que se tomen hoy serán definitivas para avanzar hacia un futuro más estable y seguro.
Es necesario entender la seguridad como un pilar fundamental para la construcción de paz en Colombia. Garantizar este objetivo requiere esfuerzos sostenidos en el tiempo y la formulación de una política de Estado que promueva el control efectivo del territorio, a través de la inversión en capacidades, el fortalecimiento de la inteligencia estratégica y una presencia articulada y efectiva de toda la institucionalidad estatal en las regiones. Solo así será posible construir las bases de una Colombia más equitativa, inclusiva y resiliente.
