Un 10 de octubre de 1982, Bolivia conquistó la democracia a través de la posesión de un gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Suazo, de la Unidad Democrática y Popular (UDP), luego de años de administraciones militares. Fueron solo los primeros pasos, porque aún prevalecía la sombra de las dictaduras en medio de una profunda crisis económica y la incipiente institucionalidad política. En esta primera etapa fue clave la estructura partidaria que permitió llevar adelante reformas, sobre todo en la legislación electoral, para promover la imparcialidad al margen de los partidos.
Tiempo después, con la nueva Constitución Política y el nacimiento del Estado Plurinacional en 2009, en Bolivia se dio paso a una democracia más participativa e inclusiva, pero también a cambios discursivos que fueron empañando la convivencia social en el país.
Sin embargo, las amenazas al Estado de derecho han estado presentes constantemente en estas cuatro décadas y hacen mucho más complejo el desafío de consolidar una democracia de calidad.
Institucionalidad, participación y gobernabilidad
La construcción de la democracia debe ser entendida en dos niveles: el ámbito político institucional y la participación social, dice la politóloga e investigadora María Teresa Zegada, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Zegada destaca cómo los acuerdos políticos de fines de los ochenta y principios de los noventa han promovido reformas, por ejemplo, para la transparencia en el Órgano Electoral y otras medidas como la rendición de cuentas en la propia gestión pública, además de espacios de mayor participación para los sectores sociales.
Sin embargo, aclara que «es preciso diferenciar, durante esta etapa, el alcance y relevancia de estos acuerdos institucionales de aquellos que propiciaban los partidos en momentos electorales, simplemente para acceder y/o mantenerse en el poder».
Los albores de la democracia en Bolivia tuvieron muchos tropiezos. Sin embargo, sirvieron para sentar las bases de la gobernabilidad, aunque también, como explica Zegada, se evidenció la «incapacidad de los partidos políticos de representar las contradicciones de una sociedad marcada por grandes necesidades sociales, fracturas históricas no resueltas, y con una cultura organizativa y política que, históricamente, desbordó al orden constituido».
Lo social-popular en Bolivia
Por otro lado, para entender la participación social es necesario volcar la mirada a las organizaciones sociales populares afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que objetaron al propio régimen democrático. El discurso que se manejó en ese entonces —y ha prevalecido hasta ahora— se refiere a la exclusión social a la que fueron sometidos los pueblos indígenas, lejos de la atención de quienes ostentaban el poder en la era republicana. En 14 años de gobierno de Evo Morales esta retórica fue constante.
«Hacia la crisis del 2019 se ponen en descubierto estas visiones y desde el MAS hay un discurso para enfrentar estas dos formas de democracia y fortalecer este segundo pilar debilitando el primero. En ese equilibrio inestable nos estamos moviendo hoy. Y, en realidad, la fórmula de esta complementación está en la propia Constitución, pero mientras los factores políticos incidan en esta confrontación va a ser muy difícil encontrar una salida», explica Zegada.
Sin embargo, uno de los mayores embates que sufrió la democracia en los últimos años fue justamente el protagonizado por el MAS cuando el entonces presidente Evo Morales decidió facilitar su permanencia en el poder. El 21 de febrero de 2016, Morales perdió el referendo que buscaba modificar la Constitución para poder presentarse a las primarias de 2019 y a los comicios generales de 2020, con miras a extender su mandato hasta 2025. El margen fue estrecho: el no se impuso con un poco más del 51,3 % y el sí llegó al 48,7 %.
Aunque, un año después, el Tribunal Constitucional de Bolivia lo habilitó para seguir buscando una reelección indefinida, con el argumento de que ese «derecho humano» está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y que esta va por encima de la normativa boliviana que limitaba la reelección. Este rechazo a una nueva postulación de Morales en el referendo constituyó su primera derrota electoral en una década.
Consolidación accidentada en Bolivia
La consolidación de la democracia ha sido accidentada desde la visión de la politóloga Erika Brockmann y hay una gran dificultad para poder terminar de institucionalizarla. «Las instituciones importan, pero también los clivajes y fracturas históricas en la sociedad, que irrumpen con fuerza cíclica; estas, bien gestionadas, tienen un potencial transformador que no puede ser subestimado. La pretensión refundacional del Estado se basó en la promesa de cambio radical, a partir de la reforma total de la Constitución. Refundación que, según el Preámbulo de la CPE, hacía imperativo el desmantelamiento del andamiaje institucional del Estado colonial, neoliberal y republicano”.
En este contexto, no se puede dejar de lado la crisis poselectoral de 2019 que, desde las calles, presionó por la renuncia del presidente Evo Morales, quien posteriormente salió del país. Con la violencia en su máximo nivel, el 12 de noviembre de ese año la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia, respaldada por el Tribunal Constitucional, el que justificó la sucesión por la «grave situación social y política» que atravesaba el país.
Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), las presiones de líderes opositores y la supuesta autoproclamación de Áñez, con respaldo del alto mando militar, son prueba suficiente de que se gestó un golpe de Estado. Por su parte, el argumento que respalda a la exmandataria dice que se respetó una sucesión constitucional ante las renuncias previas, que gobernó junto a una Asamblea Legislativa de mayoría opositora y se llamó a elecciones.
Brockmann dice que el gobierno de Áñez fue constitucional, transitorio, accidental pero fallido, por no haber asumido la gestión conforme a los términos que la circunstancia política demandaba. «En varios ensayos he sostenido esta posición y analizado la deriva de esta crisis incubada desde febrero del 2016 y que ha profundizado la polarización, tanto política como social. Pese al retorno del MAS con un respaldo mayoritario, persisten las interrogantes sobre el futuro y calidad de nuestra democracia».
¿Partidos en crisis?
La historia del país ha demostrado que no se ha establecido un sistema de partidos como tal, porque las organizaciones políticas tienen una vida efímera y poco institucionalizada, en gran parte, debido a que son las personas las que prevalecen como núcleo antes que cualquier fuerza.
Sin embargo, el MAS juega un papel relevante en este escenario porque «se propuso desde el principio, pero con más decisión, fuerza y organización desde 2009, la instauración de un sistema político de partido hegemónico, que permitía la existencia de organizaciones políticas alternativas, siempre y cuando estas fueran débiles y sin posibilidades de poner en riesgo su reproducción en el poder. Por lo tanto, las elecciones y las campañas electorales sucedieron como formalidades destinadas a legitimar interna y externamente los comicios, pero no fueron verdaderos torneos de competencia equitativa y resultado incierto, sino todo lo contrario», explica el sociólogo y consultor político, Ricardo Paz.
En los últimos meses, las tensiones han sido más evidentes. Existen tres corrientes dentro del partido oficialista: el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales. Este último ha sido protagonista de fuertes cuestionamientos a la actual gestión de gobierno. Estas facciones se explican porque el MAS está activado para el 2025, año de las elecciones presidenciales.
Caudillismo y corporativismo
«No estoy optimista respecto de lo que vaya a pasar en el futuro por el sistema de partidos. Me parece que el caudillismo y el corporativismo son los dos elementos que impiden el desarrollo y la cristalización de un sistema político en Bolivia», añade Paz.
Por su parte, el analista político Róger Cortez considera que el peso fundamental de la democracia boliviana se encuentra en las luchas populares. «Los partidos políticos están prácticamente extinguidos y los dirigentes políticos han jugado un papel secundario porque, la mayor parte del tiempo, su rol ha sido lateral y han tenido que subordinarse a un fuerte mandato popular de carácter pacífico».
Cortez es optimista en que la participación social como espacio de preparación y acuerdo para la presentación y consenso de políticas públicas puede resolver conflictos actuales y en gestación. «El control social puede generar avances democráticos insospechados, partiendo con el cumplimiento y ampliación de las normas de plena transparencia de la información, para continuar hacia un carácter vinculante a sus decisiones».
El futuro de la democracia boliviana
El 10 de octubre de 1982 no garantizó que la democracia plena fuera instaurada inmediatamente en Bolivia. Ese complejo proceso de sanar y reconstruir develó la fragilidad de una sociedad herida por las dictaduras y la incapacidad o errores de los gobiernos de turno ante los desafíos de una nueva cultura de convivencia.
Erika Brockmann ve que en el panorama actual falta mucho por construir, porque «hay un proceso de inclusión y movilidad social muy importante que cambia la faz de la política en términos de pertenencia y demás, pero eso no se traduce en una democracia más institucionalizada».
En esa misma línea, Ricardo Paz considera que la democracia boliviana aún está lejos de madurar. «Eventos y situaciones que creíamos superados hace tiempo, se repiten treinta y cuarenta años después, desmintiendo los aparentes progresos que pensábamos haber realizado. Es increíble que en 2022 sigamos luchando por restaurar la plena vigencia de la democracia y que nuestras reivindicaciones sean tan parecidas a las de 1978: árbitros electorales imparciales, transparencia y certeza de idoneidad en los escrutinios, equidad en el acceso a los medios de propaganda, independencia de la justicia respecto del poder político, en fin, pareciera que dimos vueltas en círculo».
Y es que la corrupción, la politización de la justicia, la violencia, el caos social son elementos de convivencia diaria para los bolivianos. Ante la pasividad o complicidad de quienes ostentan el poder.
Por eso, María Teresa Zegada hace énfasis en la responsabilidad de «excluir los antagonismos y el discurso funcional a intereses políticos para devolver la confianza ciudadana a las instituciones y a las formas organizativas de la sociedad» y que «se debe apostar a la vigencia del pluralismo social y político y a la interculturalidad como la ruta de resolución de las profundas grietas sociales que imposibilitan pensar en el futuro».
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