En los últimos días, una escalada de tensión política en Bolivia se apoderó de la agenda de los medios, de las redes sociales y llegó a las calles. Luego de las elecciones subnacionales, autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, exministros de su gobierno y jefes de los altos mandos policiales y militares, bajo las acusaciones de «terrorismo, sedición y conspiración» en el caso del supuesto «golpe de Estado» de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y su posterior salida del país.
Rápidos operativos de allanamiento precedieron a la imagen de la exmandataria tras las rejas, así como de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán. La justicia determinó primero una detención preventiva de cuatro meses y luego la ampliación a seis.
Sin embargo, en el caso de la expresidenta Áñez el Gobierno anunció otros cinco procesos que serían llevados a cabo en el marco de un juicio de responsabilidades por los casos de: ampliación irregular de un contrato de concesión; el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa; atentados contra la libertad de expresión; vulneración de los derechos de bolivianos que retornaban de Chile durante la pandemia; y, el quinto proceso, por las «masacres» en las regiones de Sacaba y Senkata, donde se desató la mayor violencia en la crisis política de octubre y noviembre de 2019. «Nosotros estamos buscando una condena de 30 años», dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
Un discurso gubernamental muy bien articulado fue posicionado para dejar claro que las detenciones no eran otra cosa que un acto simple de «justicia». Desde el otro lado, la respuesta fue contundente: «persecución política» y «violación de los derechos humanos». La efervescente polarización que enfrentó a los bolivianos, en una de las peores crisis de su historia, está nuevamente en escena.
Las banderas tricolores, por un lado, y las wiphalas, por otro, flamean otra vez en las protestas de las calles rememorando los matices de un país diverso e irremediablemente enfrentado. Con esta carga histórica y los sucesos que se van desarrollando, la lectura de Bolivia no puede reducirse a simplezas ni poses de falsos héroes o villanos inocentes. Hubo mucho más antes y lo hay ahora.
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Un recuento necesario
Las elecciones generales de septiembre de 2019, en las que participaba el expresidente Evo Morales por cuarta vez consecutiva, desafiando una vez más la Constitución, se vieron opacadas por las denuncias de fraude electoral. Esto desencadenó en una revuelta popular que tomó las calles del país por 21 días, con varios hechos de violencia entre quienes demostraban su descontento por las irregularidades en el proceso electoral y quienes respaldaban ciegamente al candidato y presidente Evo Morales.
El punto de quiebre fue cuando el documento presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la auditoría a los comicios reveló «operaciones dolosas» en las elecciones del 20 de octubre que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». El estallido popular ya no pudo ser contenido y un desgastado líder socialista terminó presentando su renuncia el 10 de noviembre de 2019 denunciando un «golpe de Estado».
Con la violencia en su máximo nivel, el 12 de noviembre la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia de Bolivia, respaldada por el Tribunal Constitucional que justificó la sucesión debido a la «grave situación social y política» que atravesaba el país.
Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), las presiones de líderes opositores y la supuesta «autoproclamación» de Áñez con respaldo del alto mando militar, son prueba suficiente de que se gestó un golpe de Estado. Mientras que el argumento que respalda a la exmandataria dice que se respetó una sucesión constitucional ante las renuncias previas, además gobernó junto a una Asamblea Legislativa de mayoría opositora y llamó a elecciones.
Luego de una gestión muy cuestionada y deficiente de Áñez, sobre todo en el manejo de la pandemia del coronavirus, las elecciones del 18 de octubre de 2020 volvieron a traer al poder al Movimiento Al Socialismo, ahora con el exministro de Economía Luis Arce al mando. Este, por lo hecho en más de cien días al frente del país, muestra que no puede desmarcarse de su mentor Evo Morales y de ciertas prácticas del que fue su gobierno.
La palabra reconciliación, que parecía la gran promesa de Arce, queda en el archivo de los discursos rimbombantes porque la idea de aceptación del otro nunca terminó por calar, incluso si el otro está en su mismo partido.
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La justicia en la mira
Entre los desafíos de la agenda política para este 2021, la denominada reforma judicial planteada por el Gobierno se veía con optimismo, pero tras los últimos sucesos queda en entredicho.
Sin ahondar en los recovecos legales, la independencia del Poder Ejecutivo y el Judicial en el caso de las aprehensiones es muy cuestionada. La oposición, representantes cívicos e incluso la comunidad internacional se han pronunciado inmediatamente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó la importancia de «respetar las garantías del debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales».
La Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también denunció las aprehensiones expresando su preocupación por el presunto «abuso de mecanismos judiciales» y planteó remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) la información sobre los presuntos hechos de lesa humanidad cometidos durante la última gestión del expresidente Evo Morales y también del Gobierno de transición de Jeanine Áñez para un «juzgamiento imparcial». La respuesta del Gobierno boliviano fue inmediata: llevar a juicio al secretario general OEA, Luis Almagro, por «incumplimientos de convenios de la entidad con el país».
Los señalamientos al sistema judicial boliviano propiciaron un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que «ratifica su independencia judicial, que es ejercida por cada juez o tribunal del territorio boliviano en el marco de sus competencias», pero persisten las observaciones de organismos de derechos humanos que señalan «graves atropellos» y «acciones ilegales» en las aprehensiones.
A esto se suma la negativa del traslado de la exmandataria a una clínica para ser tratada por la hipertensión que padece, a pesar de las solicitudes planteadas por su defensa. Autoridades penitenciarias respondieron con el cambio de penal para asegurarle la atención médica.
Cada vez es más difícil ver a una justicia desmarcada del Ejecutivo, no solo en este momento, sino también durante el Gobierno de transición o los casi 14 años de gestión del expresidente Evo Morales. Al respecto, la Iglesia católica ha puesto en evidencia que «la condición servil y arbitrariedades de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica».
Con todo esto, queda claro que la tan anhelada reforma de justicia en Bolivia está muy lejos de ser real, porque no puede blindarse ante un poder político que se esfuerza por hacer prevalecer, a través de todos los medios, su verdad absoluta.
El juego de la posverdad
El permanente debate entre fraude electoral o golpe de Estado deriva también en dicotomías trascendentales: respeto a la ley o abuso de poder; justicia o venganza; democracia o autoritarismo. Mi verdad versus tu verdad.
Nuevamente, un juego de posverdad se instaura con el riesgo cada vez mayor sobre los límites entre la realidad y la ficción.
A raíz de las aprehensiones, los discursos populares se avivaron con un juego de opuestos mediáticos intentando rescatar o incluso reescribir la historia, y desde ambos lados, los argumentos se esgrimen con fuerza. Cuando ha pasado más de un año, con pandemia de por medio, aún queda mucho por entender, pero tal vez lo más importante sea ser conscientes de cuán cerca o lejos estamos de la democracia, sin caer en la impunidad o el olvido.
Hay una verdad. En pleno 2021, los argumentos de fue golpe o fue fraude instaurados en la marea de hashtags y tópicos de conversación de los últimos días son la verborrea histórica de aquel oscuro 2019 que nos sigue atrapando sin dejarnos avanzar.
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