La crisis del coronavirus tiene sujeta a Chile. En vista del vertiginoso aumento en el número de infecciones y los efectos económicos y sociales de las medidas de cuarentena impuestas, el presidente Sebastián Piñera se dirigió recientemente a la oposición, con una propuesta de acuerdo nacional. A pesar de todo el escepticismo inicial por parte de la oposición, el fin de semana pasado se logró un gran avance en las negociaciones. Con casi todos los partidos de la oposición, el gobierno acordó 13 iniciativas legislativas concretas y nueve medidas administrativas para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia en la sociedad.
La pandemia de COVID-19 golpea, en Chile, a un país económicamente en apuros, polarizado en extremo, y desconcertado política y socialmente.
Protestas y disturbios sociales
Las protestas sociales en octubre y noviembre de 2019, que en parte estuvieron acompañadas de violencia masiva, iniciaron procesos de cambio, cuyo desarrollo permanece en gran medida abierto. Las expectativas sobre tal cambio van desde la esperanza por un modelo social más justo, basado en el esquema europeo, hasta el temor a una caída en el populismo, la corrupción y la incompetencia, al estilo de Venezuela.
Lo que comenzó originalmente como resistencia frente al aumento de las tarifas de transporte público en Santiago, rápidamente se transformó en protestas a nivel nacional contra la desigualdad social imperante y el sistema político. Después de casi tres meses de manifestaciones recurrentes, algunas de suma violencia, 34 personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas. Aún siguen pendientes numerosas demandas contra las fuerzas de seguridad por violencia policial y violaciones de derechos humanos.
Incluso después de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en funciones desde marzo de 2018, se acercase a los manifestantes con concesiones inmediatas, como el aumento del salario mínimo, los disturbios no cedieron. En noviembre, el gobierno y la oposición acordaron convocar un plebiscito el 26 de abril del 2020 para que la gente decida si quiere iniciar o no el proceso de una reforma constitucional que posteriormente debe ser avalada con otro plebiscito. Justo cuando la mayoría de las personas habían regresado de sus vacaciones de verano a principios de marzo, y tanto los manifestantes como los gobernantes se preparaban para dicho referéndum, la primera persona infectada con el nuevo virus del COVID-19 fue reportada en el distrito de Talca, una ciudad ubicada a 400 kilómetros al sur de Santiago.
Cuarentena dinámica
A diferencia del vecino Perú, donde el presidente Martín Vizcarra sometió a prácticamente el país entero a una cuarentena estricta desde mediados de marzo, el Ministerio de Salud chileno intentó primero contener el virus con una estrategia de “cuarentena dinámica”, es decir, a partir de restricciones temporales y geográficas.
Después del aumento exponencial del número de personas infectadas hasta casi 40.000
, de las cuales dos tercios se registraron en la región capital, se impuso desde el 15 de mayo una cuarentena total en la Región Metropolitana, es decir la región de la capital. Esto afecta a unos 7,4 millones de personas. Las personas pueden abandonar sus hogares para hacer la compra, ir al médico o a la farmacia, o pasear al perro en forma estrictamente regulada y sólo mediante un permiso especial que se puede descargar de una comisaría virtual (https://comisariavirtual.cl/).Mientras tanto, el virus también ha llegado a la Moneda, el palacio de gobierno. Después de que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, diera positivo por COVID-19 a finales de mayo, se anunció ahora el resultado positivo del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. Además, la diputada Marcela Sabat, ha sido la primera en la Cámara de Representantes de Chile en dar positivo por el virus.
El sistema de salud
Chile tiene un poco más de 38.000 camas de hospital, lo que implica unas dos camas por cada 1.000 habitantes
. El gasto gubernamental en atención médica representa aproximadamente el 8.5% del producto bruto interno, a pesar de lo cual el sistema de salud del país manifiesta graves desequilibrios. Alrededor de la mitad del gasto se concentra en personas con seguro privado, que representan poco más de una quinta parte de la población. Por lo contrario, casi 14, de los más de 18 millones de chilenos, dependen del seguro de salud estatal Fonasa, para el cual, evidentemente, hay mucho menos dinero disponible per cápita. Además, los pacientes con Fonasa tienen que esperar, en promedio, significativamente más para una cita con el médico o para una cirugía, y el médico generalmente dispone de menos tiempo para ellosEn cuanto a los respiradores artificiales, vitales para la supervivencia de los pacientes afectados por el COVID-19 en estado crítico, las autoridades de salud chilenas han añadido recursos adicionales en las últimas semanas. Antes de que estallara la pandemia, había poco más de 1.200 dispositivos disponibles en todo el país. Gracias a las compras y la conversión de dispositivos para anestesia en respiradores artificiales, la capacidad es ahora de casi 2.200 aparatos. En el marco del estado de emergencia, el primero de abril el Ministerio de Salud emitió un decreto que otorga a las autoridades de salud acceso a todos los recursos, equipos hospitalarios y respiratorios, tanto públicos como privados.
Si bien al comienzo de la pandemia la infraestructura sanitaria del país resistió relativamente bien al COVID-19, el aumento en el número de personas infectadas en los últimos días, con un promedio de más de 5.000 nuevas infecciones diarias, ha llevado a los hospitales de la región capitalina al límite de sus capacidades. Según la información más reciente de la Sociedad Chilena de Medicina de Cuidados Intensivos, el 99 por ciento de las camas de cuidados intensivos en Santiago están ocupadas al día de hoy. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ordenó que los hospitales dupliquen su capacidad de cuidados intensivos antes del 15 de junio. A corto plazo, los pacientes de cuidados intensivos serán trasladados de la capital a hospitales regionales con capacidades adecuadas.
Debido al alto número de infecciones y a la creciente tasa de mortalidad, el gobierno de Sebastián Piñera está bajo una enorme presión pública. Tras las continuas críticas a la gestión de la crisis, el presidente Piñera ha sustituido a su ministro de salud. En lugar de Jaime Mañalich, que actuó incansablemente, pero a menudo sin éxito, Enrique Paris asumió sus funciones este lunes.
Medidas de ayuda del gobierno
Ya desde octubre del año pasado las protestas causaron una caída masiva en el crecimiento económico y la disposición a invertir. La tasa de desempleo, que en octubre todavía era del siete por ciento, aumentará significativamente hasta los dos dígitos como resultado de las medidas de confinamiento. Sólo en marzo, hubo 300.000 despidos. El Fondo Monetario Internacional espera que el producto bruto interno de Chile disminuya en un 4.5%
.Ya en marzo el gobierno lanzó su primer programa de ayuda económica, que incluyó desgravaciones fiscales, pagos directos a los más necesitados, medidas de protección laboral, así como la disposición de recursos financieros adicionales para el sistema de salud. En abril se amplió el programa de ayuda para pequeñas y medianas empresas y para quienes trabajan en el sector informal. El programa tiene un volumen total de 17 mil millones de dólares, lo que corresponde a casi 7% del PNB chileno.
Además, el Parlamento aprobó la “Ley de protección al empleo”. En conformidad con dicha ley, las empresas cuyas actividades comerciales se han visto afectadas por la pandemia pueden suspender temporalmente los pagos de salarios a sus empleados. Legalmente, la relación laboral continúa y puede reanudarse una vez que la crisis haya terminado. Al mismo tiempo, los trabajadores afectados tienen derecho a reclamar el seguro de desempleo de la AFC. Alternativamente, las empresas y los empleados pueden negociar un acuerdo de empleo de medio tiempo de hasta cinco meses. No obstante, la ley no obliga a las empresas que hacen uso de la suspensión de pagos salariales a garantizar el empleo. Hasta el 15 de mayo, más de 86.000 compañías se habían acogido ya a dicha ley, suspendiendo los pagos salariales de medio millón de trabajadores
.Para los numerosos hogares endeudados o sobre endeudados, la falta de ingresos mensuales equivale a la insolvencia inminente. Especialmente para el sector informal aún amplio, así como entre los numerosos empleados con los salarios más bajos, la necesidad existencial es grande. El gobierno intentó responder primero con un pago único de manutención (de unos 100 dólares al cambio) destinado a los más necesitados y con los salarios más bajos. Además, el gobierno estableció una “renta escalonada de emergencia para las familias” durante tres meses, de inicio. Alrededor de 4,5 millones de chilenos, casi una cuarta parte de la población total del país, son elegibles para recibir dicha ayuda.
El gobierno chileno responderá al impacto de la pandemia con gastos adicionales, que suman alrededor del 15 por ciento del PIB anual. Por lo tanto, Chile ocupa el primer lugar en la comparación regional entre los países de América Latina
. El país se beneficia de la sobria política de gasto de los últimos años, por lo que ante una crisis duradera, en caso de duda, se podrían tomar medidas de apoyo adicionales.Esperanza para el diálogo político
Sin embargo, las dificultades existenciales son palpables para muchas personas. No sólo de las regiones más distantes del extenso país (4.300 kilómetros de largo) los políticos locales informan sobre las precarias condiciones en las que permanecen muchas personas, dadas las medidas de cuarentena impuestas y el paro económico, careciendo de lo esencial para sobrevivir.
Si bien el rápido crecimiento económico en Chile ha logrado reducir la proporción de personas en pobreza absoluta del 30% a menos del 4%, entre 2000 y 2017, más del 30% de los chilenos aún viven en condiciones económicas y sociales vulnerables. En muchos lugares de los barrios más pobres de Santiago, en estos días comedores privados y comités de vecinos se están organizando, entre otras cosas, para proveer a las y los numerosos escolares con una comida caliente al día, la cual, en condiciones normales, recibirían de las escuelas públicas actualmente cerradas. Desde el 22 de mayo, el gobierno comenzó a distribuir 2,5 millones de paquetes de alimentos a familias necesitadas.
A pesar de todas las medidas de ayuda estatales, la desconfianza general hacia el gobierno es aún profunda. La aprobación del manejo de la crisis por parte del gobierno sigue siendo, de un 34%, relativamente baja.
Lo rápido que puede cambiar el ánimo social quedó de manifiesto durante el fin de semana del 16 al 17 de mayo, cuando jóvenes en el distrito del Bosque, a pesar de la cuarentena y la prohibición de realizar asambleas, se manifestaron contra las medidas del gobierno, enfrentándose violentamente con la policía. Las barricadas y los pequeños incendios también afectaron otras partes de Santiago. Estos disturbios recientes muestran que las protestas sociales de finales del año pasado sólo se han suspendido temporalmente.
Los llamados a la renuncia anticipada de Piñera, que fueron sonoros y constantes entre octubre de 2019 y enero de 2020, se han desvanecido al menos por el momento. La inquietud inmediata en torno a la salud y el empleo han alejado temporalmente de la agenda social la demanda por un cambio de sistema y una reforma constitucional
.En particular, la oposición conformada por demócratas cristianos, socialdemócratas y comunistas considera un nuevo borrador de la constitución como la superación final de los 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet. Con la escalada de la crisis sanitaria y la probable prolongación del estado de emergencia más allá del 15 de junio, temen un nuevo aplazamiento del referéndum constitucional, ahora programado para el 25 de octubre.
En vista de los dramáticos desarrollos de las últimas semanas, el 25 de mayo el presidente Piñera convocó a las fuerzas políticas del gobierno y la oposición a un “gran acuerdo nacional”, un pacto nacional para superar la crisis social y económica. En las primeras reacciones, los representantes de la oposición de centro izquierda, desde los demócratas cristianos hasta el Frente Amplio, se mostraron escépticos pero dispuestos a hablar -sólo el Partido Comunista rechazó la oferta del presidente.
Al final, todo sucedió rápidamente. Después de intensas conversaciones durante el fin de semana, el gobierno acordó con gran parte de la oposición un programa fiscal adicional por US$ 12 mil millones en 24 meses. El acuerdo económico-social se traducirá en 13 proyectos de ley y nueve medidas administrativas. Sobre todo, los más débiles deberían beneficiarse de las medidas. Además de otras medidas para proteger puestos de trabajo, el paquete incluye medidas para trabajadores, trabajadores independientes, familias y las Pymes. También está previsto un Fondo COVID y un Fondo Gastos en Salud, así como un aporte a organizaciones de la sociedad civil.
En una primera declaración, el presidente Piñera valoró los esfuerzos de los partidos del gobierno y de la oposición para encontrar un compromiso para mitigar las consecuencias de la pandemia.
Perspectiva
Las medidas tomadas e implementadas hasta ahora por el gobierno no pueden ocultar los problemas estructurales aún profundos en Chile. Más bien, la crisis sanitaria intensifica la divergencia entre las clases sociales. Los más débiles y pobres de la sociedad en Chile también son los más afectados por los efectos económicos de la pandemia. A ello se añade que, desde el regreso a la democracia a principios de los noventa, permanecen sin resolver problemas en los sectores social, sanitario y educativo, que desencadenaron las protestas del año pasado. Chile que fuera alumno modelo, está hoy con la espalda contra la pared.
Con todo, si cupiera una perspectiva optimista de la crisis, entonces ésta consiste en la posibilidad de que, dados los desafíos acumulados del país, los grandes actores políticos logren adoptar un enfoque político común, de forma que los innegables éxitos económicos de las últimas tres décadas se garanticen no sólo para unos cuantos, ya ricos de por sí, sino para la mayor cantidad posible de gente. Aun cuando el escepticismo y la desconfianza son todavía profundos en ambos lados, las señales de los últimos días apuntan hacia el diálogo.
Hasta el 15 de junio, el número de personas infectadas había aumentado a 180.000, con alrededor de 3.370 muertes registradas como resultado de una infección con COVID-19. A modo de comparación: Alemania tiene alrededor de 500.000 camas de hospital (2017), lo que corresponde a unas seis camas de hospital por cada 1.000 habitantes.