Una cosa es evidente: se ha iniciado el cambio en la morfología del poder en Chile, recordando que este país es el más centralizado de América Latina y de la OCDE. En definitiva, es un Estado vertical, sectorializado, burocrático e ineficiente, que se ha desacoplado de los gobernados, como quedó de manifiesto en octubre de 2019.
Chile republicano heredó la cultura centralista de los tiempos de la colonia, aunque ahora pareciera que se están dando los primeros pasos para hacer un cambio copernicano al respecto, el que muy posiblemente no esté exento de dificultades.
En efecto, el nacimiento de esta nueva autoridad que cuenta con competencias en materia de planificación regional desde la presidencia de los consejos regionales es una figura que poco se conoce. Esta es, posiblemente, una de las razones que explican la alta abstención electoral.
La votación no superó el 20 % del padrón electoral en las trece regiones en las que hubo balotaje. Sin embargo, se espera que al ser el o la representante de la región, empatizará con las demandas ciudadanas de su territorio y tenderá a exigir una mayor autonomía presupuestaria y competencias en asuntos prioritarios o de interés para las personas, como la seguridad pública. En este sentido, cabe señalar que el actual ordenamiento territorial encarga ese tipo de competencias al delegado presidencial, figura que será designada por el presidente(a) de la República, en la lógica de la desconcentración de competencias y atribuciones.
Los cambios que introduce la elección de los gobernadores regionales permitirán fomentar la identidad de los territorios de la región, y sobre todo impulsar una articulación de los gobiernos locales (municipios) a favor de objetivos regionales en el ámbito de conectividad, planes de industrialización, entre otros.
En consecuencia, este primer paso sería el inicio de una devolución de poder a la ciudadanía, que muy posiblemente vaya a tensionar el sistema político en el corto plazo, en especial, a las autoridades que asuman la Presidencia de la nación a contar de marzo 2022. Sin embargo, se espera o desea que dicha tensión permita una ampliación de la descentralización. Esto posiblemente irá de la mano con una nueva reforma fiscal que permita un porcentaje de uso autónomo para los territorios (regionales y municipios). En definitiva, una verdadera descentralización, cuyo objetivo es permitir a los ciudadanos tomar decisiones respecto a sus planes de desarrollo y sentido político de pertenencia. En definitiva, es la condición necesaria para fortalecer la democracia y la corresponsabilidad ciudadana.
Paralelo a la ampliación de competencias, atribuciones y recursos, se deberán extender los sistemas de fiscalización y auditoría de los recursos públicos, lo cual se presenta como un desafío no menor en cuanto a la eficacia y eficiencia del propio proceso de descentralización.
Posiblemente, también se sumará un nuevo debate sobre cuántas regiones debieran existir en país, y la planificación estratégica de estas probablemente termine haciendo propuestas en este sentido; lo mismo respecto a las fronteras o morfología de los actuales 345 municipios.
Respecto a la administración territorial de las gobernaciones regionales, cabe señalar que las fuerzas políticas tradicionales de la ex Concertación, llamadas ahora Unidad Constituyente, obtuvieron un resultado electoral predominante, cuestión que ha permitido proyectarse de manera más optimista respecto de las futuras elecciones presidenciales.
Al respecto, debemos recordar que tras la elección del constituyente del pasado 15 y 16 de mayo las cuentas alegres fueron de los sectores de izquierda, representados por el Partido Comunista y el Frente Amplio (PC y FA). Luego de las elecciones de gobernadores regionales, parecen mostrar el resurgimiento del sector de centroizquierda.
En efecto, la Democracia Cristiana se impuso en 5 regiones, incluida la Región Metropolitana que representa más de 40 % del padrón electoral; mientras que el Partido Socialista en 4, sumado a 1 del Partido Radical, todos miembros de Unidad Constituyente.
Por otro lado, el sector de izquierda consiguió el gobierno regional de Valparaíso y Tarapacá, y el actual pacto oficialista quedó relegado a un solo representante en la región de la Araucanía. Las otras tres regiones quedaron lideradas por un(a) independiente.
En los hechos, pese a la ampliación de la votación del polo de izquierda (PC y FA), por ejemplo, en la Región Metropolitana, el análisis de regiones muestra que los partidos tradicionales de centroizquierda tuvieron capacidad de convocar a sus militantes y conseguir un triunfo relevante entre autoridades que posiblemente serán importantes en vista a las próximas elecciones presidenciales.
Peso a lo señalado, es difícil establecer escenarios futuros para las presidenciales, ya que el electorado castigó con cierta dureza a los partidos tradicionales en las elecciones del 15 y 16 de mayo en alcaldes, concejales y constituyentes, mientras que en las de gobernadores regionales se aprecia una señal diferente; sin embargo, se enmarca en una elección poco participativa, cuestión que posiblemente cambiará de modo importante para las elecciones presidenciales.
En consecuencia, el proceso político que vive Chile es intenso y aún no hay claridad respecto a los resultados que saldrán del constituyente, que aún no sesiona, mientras que los y las gobernadores(as) regionales serán gatillantes de la discusión de la descentralización efectiva (financiera y administrativa), cuestión que no necesariamente tendrá una coherencia con el resultado de las próximas elecciones presidenciales. Un futuro incierto para un proceso político que recién comienza.
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