Con la suspensión de las negociaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el año político en Colombia inició con fuerza. La razón de esta medida es la escalada de violencia en el norte del país. Esto no sólo pone en tela de juicio uno de los proyectos más ambiciosos del presidente, Gustavo Petro. También erosiona aún más el orden estatal.
Al menos ochenta muertos en diez días y decenas de miles de desplazados internos: ese fue el sangriento saldo de los recientes combates entre el grupo guerrillero ELN y las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ambos luchan por el dominio en el tráfico de cocaína y otros negocios ilegales en la región del Catatumbo.
ELN y Paz Total
El ELN, fundado en 1964, es la organización guerrillera armada más antigua en Colombia. Distintos gobiernos han buscado salidas negociadas con este actor armado. Pero nunca ha sido exitoso porque su estructura no es jerárquica sino regional-federal. Es decir, no todas las tropas de están subordinadas al mando central. En enero de 2019, por ejemplo, en medio de negociaciones en curso, el ELN perpetró un ataque con carro bomba en una escuela de policía en Bogotá, matando a más de 20 personas.
Ahora bien, una de las principales promesas de campaña de Petro fue alcanzar la Paz Total, a través de una ley reglamentada. Desde el inicio de su mandato, ha intentado lograr el fin de las hostilidades a través mesas de diálogo con los grupos armados y actores criminales. Esta apuesta incluye diez procesos de negociación, sin un marco jurídico establecido, ni estrategias claras. El ELN formó parte de estos diálogos, a pesar de muchas tensiones, pero recientemente la negociación entró en crisis por la escalada de violencia en el Catatumbo.
Punto de tensión: Catatumbo
El Catatumbo fue la principal provincia productora de petróleo del país. Actualmente se ha convertido en uno de los centros de actividades económicas ilegales, en particular del cultivo de coca. Allí, como en otras partes de Colombia, un vacío de poder surgió después de la firma del Acuerdo Final (2016) entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Desde entonces, grupos armados se enfrentan por el control territorial. Particularmente, el ELN aumentó su presencia, pero encontró resistencia por parte de Disidencias de las FARC.
Después de un periodo de acuerdos informales entre ambos grupos, a partir de junio de 2024, las tensiones aumentaron hasta tal punto que el ELN lanzó una ofensiva. Incluso, el Comando Central (COCE) del ELN decidió intercambiar combatientes entre las regiones de Arauca y Norte de Santander, sabiendo que los integrantes de los distintos grupos armados del Catatumbo se conocían desde la infancia, lo que dificultaba los combates.
El 15 de enero de 2025 comenzaron los ataques. El primero fue una masacre cometida por el ELN contra el dueño de una funeraria y su familia porque recogió cadáveres en la zona, contrariando las instrucciones del ELN. Posteriormente, combatientes de esta guerrilla buscaron a cinco firmantes de las extintas FARC en varios lugares del Catatumbo y los asesinaron. Además, instalaron retenes en las carreteras, realizaron ataques con explosivos en contra del Ejército Nacional y están despojando a los campesinos de sus tierras, quitándoles sus títulos de propiedad.
Desplazados y el rol de Venezuela
Este brote de violencia ha provocado pánico entre la población. Según las autoridades, 52.087 personas ya han sido desplazadas forzosamente. Es el mayor desplazamiento masivo en un solo evento desde 1997. Además, se han reportado 41 asesinatos y la desaparición de varios firmantes del Acuerdo de Paz (2016). Aproximadamente 30.000 personas no pueden salir de sus hogares por la violencia y según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más de 46.000 menores no asisten al colegio. Esta escalada no le dejó al presidente Petro otra opción que suspender formalmente los diálogos de paz. “Lo que cometió el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra”, afirmó. El ELN “no tiene ningún deseo de paz”.
Vale la pena resaltar que tanto el ELN como las Disidencias de las FARC están organizados binacionalmente. Es decir, ejecutan acciones armadas en Colombia y en Venezuela. La porosa frontera les ofrece la oportunidad de esconderse, lo que dificulta más la acción militar del Estado colombiano. En este contexto, el papel del gobierno venezolano no es claro. Rumores apuntan a que el régimen de Nicolás Maduro habría permitido el traslado de guerrilleros del ELN por territorio venezolano. Además, ha enviado 600 militares a la frontera y ha ofrecido ayuda humanitaria para acoger a los desplazados. De hecho, el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino, estuvo en la región y se reunió con el ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez. Estas acciones parecen una estrategia para ganar legitimidad a través del reconocimiento indirecto de sus autoridades.
Un presidente bajo presión
El dramático incremento de violencia en el Catatumbo sumado a la decisión de suspender las negociaciones el ELN podrían verse como el reconocimiento del presidente sobre el fracaso de la Paz Total. Postura que ha sido planteada por actores nacionales e internacional. Un caso de esto es la crítica de Human Rights Watch sobre esta apuesta, pues manifiestan que la violencia se ha extendido en el país. Solo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recibió 138 informes sobre asesinatos de defensores de derechos humanos.
Sin embargo, la violencia es sólo una de varias áreas en las que el jefe de Estado está bajo presión. Actualmente, su nivel de popularidad no es alto, pues no sobre pasa el 30%. Esto entre otras razones es por las constantes crisis de gabinete. Solo en dos años y medio se nombraron o destituyeron a más de cuarenta ministros, con un mandato medio de poco más de ocho meses. De hecho, el 4 de febrero transmitió en vivo un Consejo de Ministros que tuvo malos resultados.
Treinta meses después
En general, después de treinta meses de presidencia, el balance no es muy positivo. Lo más visible tanto dentro como fuera del país son los flagrantes retrocesos en el sector de la seguridad. Los violentos combates entre diversos grupos armados en el país están constantemente las noticias. Contener esta escalada de la espiral de violencia será la tarea más importante del resto del mandato de Petro si no quiere ver fracasar totalmente la Paz Total.
Por el momento, Petro todavía se beneficia de la falta de cohesión entre los diferentes partidos de la oposición. Pues no han definido quién sería el candidato que enfrentaría a la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026. Si no se articulan, es probable que un candidato del actual presidente Petro se posicione bien en la campaña electoral, a pesar de los puntos críticos de su mandato.
