Los migrantes venezolanos significan un enorme desafío humanitario e institucional para Colombia. Se trata de una experiencia inédita para un país que tradicionalmente generó flujos migratorios hacia otros países.
No ha sido fácil para las autoridades colombianas enfrentar el fenómeno migratorio venezolano. Por un lado, por la cuantía de los migrantes, casi un millón ochocientos mil, según la cifra manejada hasta ahora por el órgano migratorio de Colombia o más de dos millones doscientos mil, de acuerdo con los últimos datos aportados por la Dirección Administrativa Nacional de Estadística (DANE). Por el otro, debido al corto lapso en que la mayoría de los venezolanos arribaron al país, no más de cuatro años, de 2017 a 2020.
A ello se suma la muy escasa experiencia que Colombia ha tenido con la recepción de grandes contingentes de migrantes, a diferencia de los casos de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela o Estados Unidos. Más bien, ha sido una nación que históricamente ha generado importantes flujos migratorios de varios millones de personas hacia América del Norte y del Sur e, incluso, hacia Europa.
La abrupta llegada de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, que en una gran proporción ni siquiera podrían calificarse de migrantes tradicionales, pues se acercan más al concepto de refugiados que huyen de una crisis humanitaria compleja en su país, sorprendió a Colombia sin una institucionalidad preparada para ello. Ni una Ley Migratoria —que acaba de ser aprobada por el Congreso Nacional en 2021— ni un sistema actualizado de refugio —veinte mil venezolanos aún están a la espera de que les den respuesta a sus solicitudes— y un rígido sistema de visas que pronto se apreció como insuficiente para enfrentar el problema.
Quizás, el único antecedente similar vivido por el país andino haya sido el de los desplazamientos internos de población, también de varios millones de personas, como consecuencia del conflicto armado que por varias décadas ha azotado a los colombianos.
Así las cosas, el gobierno de Colombia, primero bajo la administración de Juan Manuel Santos y luego de Iván Duque, tuvo que abocarse a buscar soluciones creativas para encarar esta compleja situación que amenazaba con convertirse en un problema de grandes dimensiones para un país de ingresos medios y con profundos problemas sociales.
El Permiso de Permanencia Temporal
El camino emprendido fue gradual y significó asumir una curva de aprendizaje. La estrategia gubernamental, en un primer momento, estuvo dirigida a otorgar, a partir de 2017, el Permiso de Permanencia Temporal (PEP) a aquellos migrantes que hubieran entrado legalmente al país. Posteriormente, a raíz de la realización del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), en 2018, se otorgó el beneficio del PEP a muchos venezolanos que se encontraban en situación irregular.
Siguieron otras modalidades asociadas al PEP, como la que hacía portadores de este a aquellos que obtuviesen un contrato de trabajo. Pero después de tres años en que se logró regularizar a cerca de setecientos mil migrantes, esta experiencia se agotó, por diversas razones; entre ellas, porque el PEP se otorgaba por solo dos años, lo que obligaba a las autoridades migratorias a prorrogarla de tanto en tanto. Tampoco generaba un historial migratorio en los beneficiarios, de modo tal que con el tiempo pudiesen acceder a visas de residencia. Igualmente, nunca llegó a generar mucha confianza en el sector privado de la economía, lo que dificultaba la absorción laboral de los venezolanos y su incorporación, por ejemplo, al sistema financiero.
Mientras tanto, la llegada de venezolanos seguía creciendo como consecuencia del deterioro de la crisis económica, política y social venezolana, en medio de una creciente pugnacidad entre los gobiernos de Caracas y Bogotá que ha llevado a la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Como consecuencia de ello, al día de hoy viven en Colombia al menos un millón de venezolanos en situación migratoria irregular, algo que las autoridades colombianas apreciaron como inviable y altamente riesgoso.
El Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos
Esta situación impulsó al gobierno colombiano a dar un salto cualitativo en su política migratoria y anunciar en febrero de 2021 el Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos (ETPV), por medio del cual se pretende regularizar a todos los venezolanos que puedan demostrar que estaban en el país antes del 31 de enero de 2021, con miras a su plena integración en la vida productiva y social colombiana. Es, sin duda alguna, el mayor proceso de regularización de migrantes que se ha llevado a cabo en América Latina y, probablemente, está entre los mayores del mundo.
A través del ETPV, los venezolanos que viven en Colombia contarán con un documento de identificación seguro —el Permiso de Protección Temporal (PPT)— con información biométrica similar a la cédula de identidad de los ciudadanos colombianos. Tendrán, así mismo, un lapso de diez años para cumplir con los requisitos que les permita acceder a una visa de residencia en Colombia y podrán contabilizar los años de estancia regular en el país para estos efectos.
El primer paso de este proceso, el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), comenzó el pasado 5 de mayo y, al cumplirse tres meses de su inicio, 1.093.473 ciudadanos provenientes de Venezuela ya lo han completado y 920.276 tienen ya asignadas citas para el registro biométrico. Se espera que a partir de octubre comiencen a otorgarse los primeros documentos de identificación.
Es, sin duda, un excelente resultado que demuestra la voluntad política del gobierno de dar una solución estructural y duradera al tema de la migración y exhibe, igualmente, el entusiasmo con que los migrantes venezolanos se han volcado a participar en el procedimiento, sabedores de la oportunidad que representa para su integración plena en la sociedad colombiana que los está acogiendo.
Redoblar los esfuerzos de regularización
Más allá del éxito inicial de este proceso de regularización, es más que probable que las autoridades migratorias colombianas tengan que redoblar los esfuerzos para incorporar a otro millón de venezolanos que aún no se han inscrito en el registro. Los que lo han hecho, seguramente, son quienes ya contaban con el PEP, aquellos que tienen acceso a Internet y teléfonos inteligentes y que viven en las grandes ciudades. Es decir, quienes están más informados o que han logrado estabilizarse económicamente.
Llegar a los migrantes empobrecidos al extremo, a quienes no tienen acceso al sistema y la tecnología digitales o que viven en apartadas zonas rurales y deprimidas localidades urbanas, será el gran desafío para los agentes migratorios, que tendrán que reforzar y afinar las campañas informativas y los procedimientos de acompañamiento para alcanzar los objetivos que se han propuesto.
Mientras tanto, los países de la región que también han recibido importantes contingentes de migración venezolana —aunque siempre en menor proporción que en Colombia— deberían observar con atención el ejemplo colombiano para solucionar solidariamente el dramático fenómeno de la movilidad humana procedente de Venezuela. Hasta ahora, solo el nuevo gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador ha manifestado su intención de replicarlo. Obras son amores y no buenas razones.
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