El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá se firmó el acuerdo de paz que puso fin al conflicto de décadas con la guerrilla de las FARC en Colombia. Seis años después de ese hecho histórico, el 21 de noviembre de 2022, iniciaron en Caracas las conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la última guerrilla que permanece levantada en armas en el país: el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Se reinstalan así estos diálogos, que se habían suspendido en el Gobierno de Iván Duque, en enero de 2019, tras el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Y ahora llegan en el marco del plan del gobierno de Petro de la llamada «Paz total».
Este es en realidad el primer paso concreto de los anuncios de paz total del presidente de Colombia, que el pasado 15 de noviembre concretó sus primeros 100 días de gobierno.
Diálogo con el ELN
Aunque Petro no es el primer presidente en intentar un diálogo con el ELN —el séptimo—, esta negociación sí podría ser la vencida, según analistas.
Por un lado, el ELN llega golpeado a la mesa, no solo por los golpes militares del Gobierno en Colombia, sino porque ha sido desplazado de disputas con las disidencias y el Clan del Golfo. En la ecuación también entran la edad de los miembros del Comando Central y otros dos factores relevantes. Uno es la necesidad de Nicolás Maduro de ser protagonista en esta negociación para quitarse presión internacional como violador de derechos humanos. Otro es que el Gobierno de Petro llega con unas banderas que retoman puntos de la agenda del ELN, como el concepto del poder popular.
Carlos Velandia, quien fue miembro del Comando Central del ELN y negociador de esa guerrilla, aseguró en La Silla Vacía: «Tenemos un gobierno de izquierda, popular y con un programa progresista que asegura que se van a hacer las transformaciones. El ELN tenía todo un reclamo en lo que tiene que ver con el desarrollo minero-energético. Ahora Petro ha ido mucho más allá, incluso de cosas que el ELN no se pensaba, que es la descarbonización de la economía y de la vida. Esto no lo había propuesto el más revolucionario de los revolucionarios, y ahora lo está proponiendo Petro».
La incertidumbre de la paz total
Los balances de los primeros 100 días del nuevo Gobierno de Colombia, el primero de izquierda en este país, realizados por medios de comunicación o por centros de pensamiento y la academia, en su mayoría coincidieron en resaltar que con la paz total se abren las puertas a la búsqueda de salidas negociadas, especialmente con el ELN. Pero también frente a otros grupos como las disidencias de las FARC y bandas criminales como el Clan del Golfo.
Pero mientras la ruta con el ELN —aunque se trata de una guerrilla distinta a las FARC— puede estar más clara e incluso tener más esperanzas de llegar a acuerdos, la falta de claridad de cómo enfrentarla y bajo qué parámetros es una sombra en la paz total.
Paola Molano, coordinadora de la línea de justicia transicional de Dejusticia, explica que «en ese momento lo único que tenemos sobre la política de paz total es lo que está en la prórroga a la Ley de Orden Público, que es poco preciso sobre la estrategia para los distintos grupos. Entonces, a 100 días de haber iniciado el Gobierno uno puede afirmar que es una excelente señal la voluntad política, pero aún hay muchas incertidumbres sobre cómo se llevará a cabo. Lo único claro es que son dos aproximaciones diferenciadas: negociaciones para acuerdos de paz con grupos políticos (ELN) y acercamientos para el sometimiento a la justicia con lo que uno podría decir grupos grandes de crimen organizado. No se sabe más».
Indepaz, organización que ha hecho un seguimiento de los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo, resaltó otro tema importante en su análisis: pese a los anuncios, la violencia no ha disminuido; al contrario, en algunos casos recrudeció.
Los primeros cien días
«Durante los primeros 100 días del actual Gobierno se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país
Pero existe otro riesgo aun mayor en esta falta de claridad de la ruta de la negociación con los otros grupos. Se trata de las expectativas que pueda generar en estos. Un informe de la fundación Paz y Reconciliación (Pares) indica que «a fecha de corte del informe, diversas estructuras armadas ilegales han respondido al llamado a vincularse a este proyecto de paz total. Desde Pares se ha hecho un seguimiento a las expresiones manifestadas por grupos tales como el Clan del Golfo, Los Pachelly, Los Pachenca, los grupos pos-FARC, entre otros, contabilizándose para la fecha de este informe al menos 26 comunicados dirigidos al Gobierno nacional.
En estos comunicados, la mayor parte de estos grupos manifiestan su intención de participar en la Paz Total, pero solicitan ser reconocidos como grupos con carácter político, dado que los comunicados respondieron inicialmente a la oferta del Gobierno en cabeza de Danilo Rueda (alto comisionado para la Paz) al mencionar que el acercamiento del Gobierno con grupos armados se daría a través de un diálogo sociojurídico. Es decir, ninguno de los 26 grupos en Colombia se considera a sí mismo como estructura criminal organizada».
El que mucho abarca poco aprieta
Un dicho popular dice que el que mucho abarca poco aprieta y este adagio podría ser lo que ocurra con la paz total. Daniel Rico, director de C-Análisis, expresa que «el Gobierno Petro tiene muchos qué quiere hacer: quiere la paz total, fortalecer los PNIS, hacer reforma integral rural. Pero, cuando uno va a aterrizar eso en el cómo, nos toca irnos a políticas públicas claras y a medidas concretas y eso no se ha visto».
Petro, en campaña, fue un defensor del cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC y un crítico del Gobierno Duque por los incumplimientos en varios puntos. El avance más notorio de estos 100 días es la apuesta por la reforma rural integral, que ha tenido anuncios como la compra directa de 3 millones de hectáreas a Fedegán (aunque ha tenido algunos frenos), la propuesta de entregar tierras en manos de la Sociedad de Activos Especiales a campesinos y el acto legislativo 019, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
Perspectivas
En el Gobierno de Colombia pasado, la Consejería para la Estabilización y Consolidación era la encargada de ejecutar y coordinar todo lo relacionado con el posconflicto. Pero ahora, según Petro, para centralizar todas las acciones, esto está en cabeza del comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien a su vez realiza los acercamientos con las disidencias, las bandas criminales y participa en la mesa con el ELN.
Y dependiendo de Rueda, quien se encargará directamente de este tema es Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó. Es una figura reconocida entre las organizaciones sociales, nombrada en octubre pasado como directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo.
Cuartas tiene que enfrentar temas álgidos como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en el momento de más cultivos ilícitos en el país, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos son unos de los puntos más criticados en el Gobierno pasado para la implementación del acuerdo en las zonas afectadas por el conflicto. Esa presencia del Estado en los territorios es la que puede dar un mayor cumplimiento a los acuerdos y dar garantías para una posible paz total en Colombia.
.
