El Salvador cumple once meses en estado de excepción decretado por la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele. Su justificación fue la escalada de homicidios presuntamente cometidos por pandillas en marzo de 2022.
Este régimen legal extraordinario ha sido cuestionado por exceder el plazo máximo de 60 días de vigencia que prevén el artículo 30 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional. Esta indica que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos. En ese tipo de circunstancias, las leyes existentes y las instituciones establecidas deberían ser suficientes para enfrentar el problema.
El estado de excepción también es problemático porque como lo he dicho anteriormente suspende garantías propias del debido proceso que no deberían recortarse en ninguna circunstancia en un régimen democrático. Así lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva OC-9/87.
Reformas penales regresivas
Como parte de este escenario de deterioro de la institucionalidad, se dio un acelerado proceso de reformas penales a los Códigos Penal y Procesal Penal de El Salvador. También la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, y la Ley Penal Juvenil, de corte inquisitivo, que entrañan violaciones a derechos humanos.
En su conjunto, estas reformas facilitan que cualquier persona sea señalada en forma anónima de cometer un delito, permanezca en detención provisional oficiosa sin límite de tiempo, sea condenada con prueba viciada, con testigos de referencia, entre otros, facilitando el uso abusivo del régimen de excepción. Los cambios normativos también reviven provisiones que habían sido superadas en el ordenamiento jurídico de El Salvador, como el juzgamiento penal en rebeldía o en ausencia del acusado, aunque el artículo 12 de la Constitución Política lo prohíbe.
Muchas de estas reformas contradicen abiertamente la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), tales como las referidas al juzgamiento por jueces sin identidad. Según la Corte IDH, este tipo de configuración de tribunales, al impedir al procesado conocer la identidad del juzgador, no le permite valorar su competencia e idoneidad. Obstaculiza el derecho de una persona procesada a recusar a su juzgador. A ello deben sumarse las enmiendas que criminalizan a periodistas por informar acerca de la situación que enfrenta el país o de las políticas represivas impulsadas desde el Gobierno.
Detenciones arbitrarias
Armados con estas herramientas legales, policías y militares llevaron a cabo detenciones masivas e indiscriminadas de personas: 62.975 según el más reciente dato oficial. En su mayoría son jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, acusados del delito de agrupaciones ilícitas, cuya redacción legal es de tal amplitud que permite y facilita las aprehensiones de personas sin ningún fundamento.
Si a esa cifra les sumamos las más de 37.000 que ya se encontraban privadas de libertad en las cárceles salvadoreñas en 2020, actualmente, el país tiene cerca de 100.000 personas encarceladas. Esto es aproximadamente al 1,6 % de su población total. El Salvador, en pocos meses, se convirtió en el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo.
El Gobierno reporta que estas capturas representan un duro golpe al crimen, en particular a las pandillas y que, por tanto, no se detendrá. Sin embargo, denuncias registradas por organizaciones de derechos humanos indican que esta estrategia para enfrentar la crisis de seguridad está implicando un alto costo en materia de libertad e integridad.
Estado de derecho en riesgo
La narrativa empleada por el Gobierno de El Salvador incentiva e incluso avala estas violaciones de derechos humanos. Públicamente, se da apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad, cualquiera sea su comportamiento, mientras se exige a los policías cuotas de arrestos diarios. Además, el presidente Bukele ha buscado amedrentar a los escasos jueces y juezas independientes que permanecen dentro del sistema de justicia y que podrían investigar estos abusos.
En este tipo de escenarios, el control judicial de las detenciones debería funcionar como una garantía de libertad, para evitar la criminalización de personas inocentes, pero también para detectar y sancionar prácticas como la tortura, asegurando que las personas detenidas sean oídas, procesadas y, si correspondiese, condenadas, luego de un debido proceso. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Las reformas legales han contribuido en gran medida a reducir o eliminar los principios básicos que deben observarse en un Estado de derecho.
Según las organizaciones que representan legalmente a personas acusadas, los derechos a la defensa y a ser oído por jueces competentes, independientes e imparciales son desconocidos incluso en sus niveles mínimos. Ante esta crisis, el Poder Judicial no ha desempeñado el papel que se esperaría de quien está llamado a controlar que la privación de la libertad por el Estado no sea ilegal ni arbitraria.
Familiares de detenidos y organizaciones bajo ataque
Estos atropellos llevaron a que comunidades de personas detenidas reclamen y se organicen, dando paso al surgimiento de un colectivo de familiares. El gobierno ha desoído estas demandas. Continúa en la lógica de criminalizarlas, lo mismo que a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.
Según el discurso oficial, todo tipo de defensa o resistencia contra la violación de derechos se considera un atentado contra el Gobierno. Mientras que los actos realizados por el mismo Estado, cualesquiera que sean, se justifican en nombre de un interés social más grande: la seguridad ciudadana.
Aunque la magnitud de las detenciones ha generado un problema social, gran parte de la población de El Salvador, cansada de las distintas formas de violencia de las pandillas, apoya una justicia penal autoritaria. Esto sin advertir que, al sacrificar el Estado de derecho, se pueden tener mejoras repentinas pero que en el largo plazo es una receta para más violencia. Así lo demuestran múltiples ejemplos de la región, como la fallida experiencia de combate al narcotráfico en el noroeste de México usando a las fuerzas armadas. En Honduras, otro ejemplo, el crimen organizado infiltrado en una policía con enfoque militarizado veía crecer de forma alarmante la cifra de homicidios.
Una autocracia no se tolera ni aunque la mayoría la respalde, pues esa es la puerta para la comisión de abusos de derechos humanos generalizados.
Publicación original: Agenda Estado de Derecho el 1 de marzo de 2023.
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