Era 2015 y sábado a sábado, durante seis largos meses, en Guatemala miles de personas se manifestaban indignados frente al palacio de gobierno. Exigían la renuncia de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, primero, y del presidente Otto Pérez Molina, después. Ambos estaban señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) como responsables de una compleja red de defraudación aduanera.
La CICIG, el mecanismo independiente de investigación criminal bajo el auspicio de la ONU, actuaba en apoyo a la fiscalía guatemalteca. En ese momento estaba liderada por el comisionado Iván Velásquez —que ulteriormente se convertiría en el ministro de defensa de Colombia— y tenía casi una década en el país. Bajo la gestión de Velásquez, la fiscalía guatemalteca y la CICIG habían estrechado y acelerado su cooperación. Eso permitió que el mandatario guatemalteco y su vicepresidenta llegaran a los tribunales.
Gobiernos señalados por corrupción
El de Pérez Molina, un general retirado firmante de los acuerdos de paz, no fue el único de los gobiernos guatemaltecos señalados de corrupción. Sobran rumores —así como notas de prensa— de mecanismos de corrupción cada vez más sofisticados. Desde el que se llevó incluso las lámparas del palacio de gobierno, pasando por el que huyó con sacos de dinero desde la casa presidencial antes de abordar un avión a un país de donde no pudiese ser extraditado, así como los que hicieron de la privatización de los servicios públicos un negocio para sí o el que inventó y utilizó mecanismos de asistencia social de manera clientelar, al mismo tiempo que desfalcaban el erario público.
Pero la CICIG y la fiscalía guatemalteca, más allá de anécdotas, presentaron pruebas. La renuncia del mandatario y su presencia en tribunales —el primer caso judicializado con éxito de la comisión— pretendía ser ejemplarizante para los ciudadanos, pero también para los funcionarios públicos: cualquier persona, sin importar su cargo, puede ser alcanzada por la ley.
El arresto y detención de Molina y Baldetti generó una explosión de civismo entre los ciudadanos. Estos acreditaban la caída del gobierno corrupto a la presión de las marchas populares alimentadas por las investigaciones fiscales .
Pero no todos estaban contentos con los resultados del experimento de la CICIG. El nuevo gobierno (2016-2020) se enfrentó con la comisión desde el inicio. Ello sucedió cuando Velásquez señaló al círculo familiar del presidente por actos inapropiados e ilegales durante la campaña. El enfrentamiento llevó a la expulsión de la comisión en 2019.
La ciudadanía guatemalteca, poco acostumbrada a la organización y lucha política, y quizá aún exhausta de la batalla contra Molina, a pesar de su apoyo moral a la comisión, esta vez no salió a defenderla.
Democracia: erosión lenta pero sin pausa
Una nota de la BBC sobre el cierre de operaciones de la comisión, recoge: «Hoy, la sociedad guatemalteca está en una encrucijada: retroceder y someterse al predominio de estos cuerpos ilegales o continuar con la desarticulación de estas redes y apoyar a fiscales y jueces independientes y articular una coalición alternativa que renueve la democracia e impulse un sistema de justicia fuerte e independiente» (BBC Mundo, 2019).
La erosión de las instituciones democráticas en Guatemala ha sido lenta, pero sucede sin pausa. Las y los guatemaltecos observan indolentes un Estado y un régimen democrático de los que aceptan un rendimiento mínimo.
Por ejemplo, la economía de Guatemala es la más grande relativamente entre sus pares de la región centroamericana (Banco Mundial, 2022), pero tiene la segunda tasa de incidencia de pobreza y uno de los menores índices de desarrollo humano del continente, solo después de Haití y Honduras (PNUD, 2021).
PIB de países de Centroamérica en MM USD
Como señala LAPOP (2022, p. 19), los guatemaltecos están dispuestos a sacrificar su incipiente democracia y elecciones a cambio de la solución de problemas de ingresos y la obtención de servicios básicos.
La frase de Tanaka (2005) sobre el sistema político peruano, al que califica como una democracia sin partidos, encuentra su mejor símil en Guatemala. En promedio, una veintena de partidos políticos (78 en total), que por regla general cumplen con requisitos legales pero carecen de estructura, cuadros e incluso ideología, han participado en elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia en 1985. Es sintomático que ninguno de los partidos que compitió en 1985 exista en la actualidad.
Partidos políticos por elección, 1985-2019
Esto no ha sido una expresión de pluralidad en la democracia, sino el reflejo de una sociedad dividida, un sistema de partidos viciado y la incapacidad ciudadana de desarrollar un proyecto político verdaderamente representativo e incluyente.
De cierta forma, Guatemala constituye un caso sorprendente en la región. Al comparársele con sus vecinos con sistemas de partidos aparentemente más institucionalizados y sólidos, como México y El Salvador, y la constante decepción hacia los políticos y las instituciones democráticas (LAPOP, 2022) sorprende que no haya sido el Ejecutivo guatemalteco el primero en ser ocupado por un líder carismático con pretensiones autoritarias dispuesto a sustituir por sí mismo a toda la institucionalidad del país.
Abstencionismo en Guatemala, 1999-2019
Guatemala parecía la más vulnerable de las jóvenes democracias seducidas por discursos populistas. Sin embargo, durante la última década, el abstencionismo ha sido inferior al de países como Chile (53 %, 2021), Colombia (42 %, 2022) e incluso Costa Rica (41 %, 2022). La democracia, de momento, resiste.
La lucha que se advirtió desde la partida de la CICIG está en proceso. Guatemala, otra vez, es un país en transición. Al día de hoy, los guatemaltecos se encuentran entre los ciudadanos que cada vez menos confían en las elecciones en toda la región. Solo uno de cada tres (32 %) confía en el proceso electoral. Cada vez se observan con mayor admiración, y cierto morbo, medidas autoritarias que, en detrimento de la institucionalidad democrática, aparentan resolver problemas ciudadanos.
Confianza en las elecciones en América Latina
En solo tres meses los guatemaltecos están llamados a elecciones. Los ciudadanos cargan con un peligroso sentimiento de decepción generalizada esperando, en el mejor de los casos, que las cosas sigan igual.
Pero tal fatalismo solo puede ser antesala de un proceso de detrimento de la democracia y sus instituciones. El país no necesita un proyecto político que enamore y excite a los ciudadanos, sino un proceso que devuelva la confianza y empodere a las y los guatemaltecos.
Las próximas elecciones son parte del proceso de transición institucional y democrática para el país, y como tal deben enfrentarse. Y es que «el mundo político cambia; de ahora en adelante hay que buscar nuevos remedios para nuevos males.
Concebir la situación actual y las próximas elecciones como la inercia de un procedimiento más, de un país que no puede ser mejor, y no como un proceso a través del cual se posibilita un cambio que fortalece la democracia y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, es una trampa en la que no pueden caer los ciudadanos.
En este momento, solo los guatemaltecos pueden defender su democracia.
.
