El 4 de febrero de 2024 marcó un hito histórico en El Salvador cuando Nayib Bukele obtuvo la reelección con más del 80% del respaldo popular. Este proceso, sin embargo, no ha estado exento de controversias. La reelección presidencial inmediata está explícitamente prohibida en el artículo 152 de la Constitución salvadoreña.
En su discurso de reelección, Bukele dijo que El Salvador se ha convertido en el único sistema democrático en el mundo con un partido único, tras informar que su fuerza política, Nuevas Ideas, también obtuvo 58 de 60 bancas en la Asamblea Legislativa. Este escenario plantea interrogantes sobre la legalidad y la salud democrática del país.
A continuación exploraremos junto con cuatro expertos las complejidades y desafíos que presenta esta situación política. Ellos son: Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso; Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso; Ruth Eleonora López Alfaro, docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; y Jonathan Sisco Martínez, abogado y máster en derecho constitucional de la Universidad José Matías Delgado.
La candidatura
La reelección presidencial inmediata está prohibida constitucionalmente en El Salvador. ¿Cómo llegó Bukele a ser candidato?
Ruth Eleonora López: Bukele accede a una candidatura inconstitucional para una reelección inmediata a partir de la destitución inconstitucional e ilegítima de magistrados. Estos habían sido electos para el periodo 2018-2027. Sin embargo, fueron destituidos y sustituidos por personas que no cumplen con los requisitos para el cargo. Así se constituyó una sala de lo constitucional ilegítima.
Cuatro meses después de haber asumido, la sala impuesta emitió una resolución en un proceso de pérdida de derechos que se seguía contra una persona que intentaba promover la reelección. A partir de esta resolución, un año después, Bukele anunció que se postularía como candidato para la siguiente elección, en el 2024. Así, siguió su proceso interno dentro de su partido político y posteriormente presentó su candidatura, que fue aceptada sin reparos por el Tribunal Supremo Electoral.
El proceso electoral
¿Cómo evalúa el proceso electoral y qué lectura da a los resultados?
—Jonathan Sisco: Existe un apoyo importante al presidente, pero también hay que analizar otros elementos. Además de una política de seguridad —que a la población le ha parecido eficiente—, hay pactos con líderes de pandillas. También se han utilizado fondos públicos para mantener una estrategia de propaganda política. Esto, desde luego, es ilegal. No se puede hacer propaganda con fondos públicos.
Hay acuerdos entre el presidente y algunas entidades económicas. Se ha modificado el sistema de compras públicas y existen evidencias sobre muchos casos de corrupción. Todo ello se debe analizar cuando vemos estos resultados, porque estamos ante compras de voluntades. Se han ido estructuras de partidos de oposición para el nuevo partido político. Entonces hay una correlación política muy favorable para el presidente, la que se refleja en las elecciones.
Existe también apoyo del cuerpo diplomático, control de los tres poderes del Estado y de otras instituciones, incluyendo la Fiscalía. Finalmente, algo muy importante, se ha amenazado a personas que habían ejercido cargos para que ya no se presentaran como candidatos. Esto no se ve en el plano público, pero también es una medida para favorecer en la elección. La elección no es equitativa desde el momento en que no se les otorga financiamiento público a los partidos de oposición. Estamos hablando de un clima de persecución política contra líderes opositores. Esto desde luego desalienta el ejercicio de los derechos políticos y se ve reflejado también en los resultados de la votación.
¿Es una dictadura?
Hay quienes ven a El Salvador como una dictadura. ¿Cuál es su opinión al respecto?
—Jonathan Sisco: El Salvador ya no es un país democrático. Creo que todos los analistas están de acuerdo, pero hay una diferencia en cómo catalogarlo. Está cayendo la democracia. ¿Qué es lo que teníamos antes? Una democracia deficiente, pero que había conseguido una considerable legitimidad, incluso a nivel internacional.
¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se establece un nuevo régimen. Hay un cambio. Es un régimen autoritario que, para retomar a Juan José Linz, se basa en una alineación de las fuerzas sociales y la exclusión de los actores políticos importantes del régimen democrático anterior. Sin embargo, no se están creando instituciones políticas nuevas y tampoco hay movilización de masas en apoyo al nuevo gobierno. Esta es la diferencia. No ha sucedido lo que en Italia o lo que en Alemania ocurrió con el fascismo, por ejemplo. Entonces estamos en un gravísimo declive democrático. La democracia ya ha finalizado. Lo que está sucediendo es que se está creando un régimen dictatorial pleno, una dictadura abierta, a eso va El Salvador.
Comunidad internacional
¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional para evitar que El Salvador se convierta en una dictadura?
—Jonathan Sisco: El papel de la comunidad internacional debe intentar evitar que se consolide una dictadura plena, en equilibrar las fuerzas del sistema democrático. Restaurar, instaurar nuevamente la democracia. Y en esto tiene mucha responsabilidad la comunidad internacional, en el financiamiento, por ejemplo, de algunas políticas que seguramente van a venir desde el gobierno.
Es preocupante, por ejemplo, que se esté hablando de reformas constitucionales. Es preocupante que algunos gobiernos hayan dado el reconocimiento a un gobierno de facto, autoridades de facto, sin esperar que el Tribunal Supremo Electoral oficializara el resultado. Allí ya hay un problema de la comunidad internacional, porque se ve un apoyo político a un líder autoritario que ha violado la Constitución. Entonces, la primera función de la comunidad internacional es no dar legitimidad a actos que van contra la Constitución, no financiar actos que vayan a socavar aún más el sistema democrático.
El próximo paso sería instituir una nueva Constitución, crear una constituyente o reformas constitucionales que van a trastocar todo el sistema de frenos, pesos y contrapesos. Esa debe ser la primera misión de la comunidad internacional, no ayudar a que se instaure una dictadura plena, no apoyar esfuerzos antidemocráticos. Asimismo, el reequilibramiento de las fuerzas democráticas, y para esto, la sociedad civil va a cumplir un papel muy importante. Se debe garantizar que se protejan los pocos espacios de sociedad civil que tenemos.
Paralelos históricos
¿Con qué líder y evento histórico podría identificarse más adecuadamente lo que está ocurriendo en El Salvador?
—Katya Salazar: La respuesta del Estado salvadoreño frente a la violencia me recuerda mucho a la respuesta del Estado peruano frente a la violencia terrorista de los años noventa. Efectivamente, el gobierno de Alberto Fujimori, para responder a esta violencia terrorista, aprobó una legislación muy dura que no respetaba las reglas mínimas del debido proceso. Los principales elementos de esta legislación eran muy parecidos a los elementos de la legislación de emergencia que hoy se usa en El Salvador para combatir la criminalidad de las pandillas.
¿Qué pasó en Perú? En un primer momento hubo una detención masiva de personas; muchas de ellas eran responsables de actos terroristas, pero otras muchas eran inocentes. El fenómeno de las personas inocentes condenadas por terrorismo o traición a la patria fue tan evidente que el propio presidente de la república tuvo que reconocerlo. El propio Fujimori tuvo que reconocer esa realidad y creó una comisión estatal para revisar los casos de personas inocentes condenadas.
Esta comisión revisó y logró el indulto de por lo menos 500 personas. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por esta legislación. Lo obligó a reformarla y a volver a juzgar a las personas condenadas en el marco de una nueva legislación que sí respetara y estuviera alineada con los principios y reglas del debido proceso. Eso tuvo que hacerlo el Estado peruano con el dinero de todos los contribuyentes.
Retórica populista
¿La popularidad dentro y fuera de El Salvador alimenta una retórica que favorece abusos bajo el pretexto del combate contra el crimen organizado?
—Katya Salazar: El principal mensaje que emana de las propias palabras del presidente Bukele es que los valores democráticos son un obstáculo para gobernar y, sobre todo, son un obstáculo para combatir la violencia. Estas afirmaciones son por lo menos debatibles.
En primer lugar, hay fuertes evidencias de que la violencia en El Salvador se ha reducido principalmente por negociaciones entre agentes estatales y líderes de las pandillas. En segundo lugar, no hay que olvidar que la violencia en El Salvador está muy centrada en las pandillas. Es un fenómeno muy particular, totalmente distinto a las violencias en plural que se viven en otros países de la región con otras características.
La violencia relacionada con el narcotráfico, con las organizaciones criminales transnacionales o con aquellas redes de corrupción integradas por actores públicos, actores estatales y actores privados, sicariatos, en fin, el fenómeno o los fenómenos de la violencia en América Latina, son muy distintos al que se vive en El Salvador. Y las medidas que aquí «han funcionado» por el momento, no necesariamente van a funcionar en otros países de la región.
¿Concluirá el presidente Bukele con su nuevo periodo o podría buscar una nueva reelección?
—Ruth Eleonora López: El Salvador no tiene un sistema de frenos y contrapesos que funcione. Por supuesto, continuará siendo igual si mantiene el control de la Asamblea. Es previsible que utilice la Asamblea Legislativa para una reforma constitucional y para perpetuarse en el poder. O alguna otra institución como la misma sala de lo constitucional que ya le concedió una vez la reelección inmediata, siguiendo el modelo de otros presidentes latinoamericanos que han utilizado el mismo mecanismo.
Mensajes del discurso
¿Cuáles son los mensajes clave del primer discurso tras la reelección?
—Úrsula Indacochea: El discurso es dirigido a la comunidad internacional, pero no solo a sus críticos, también a sus admiradores. Hay un cuestionamiento directo a la idea de democracia tal como la entendemos, como un sistema en el que existe alternancia en el poder, separación de poderes y respeto a los derechos humanos. Lo mira como algo impuesto desde afuera, que no sólo no ha cumplido sus promesas, sino que no es respetado en otros países, y que sobre todo ha causado muerte y dolor en El Salvador.
A partir de allí, empieza a construir su propia idea de democracia, de partido único, donde los derechos humanos no son universales, sino sólo de la gente honrada, pero sobre todo como un sistema donde la voluntad del pueblo, de la mayoría, no tiene ningún límite.
Esta es una narrativa muy peligrosa, porque ya expresamente se busca sentar las bases para perpetuarse en el poder ilimitadamente, y lo que podría justificarse en el futuro como «el pueblo lo quiere». Para reforzar esa estrategia, menciona claramente que El Salvador está haciendo historia, historia mundial. Y cuestiona incluso los acuerdos de paz, calificándolos como una farsa. Lo que hay detrás es una idea mesiánica, y es que la historia en El Salvador empieza con él, con Nayib Bukele.
Recuperación democrática
¿Cuáles son los factores que podrían propiciar la recuperación democrática en El Salvador?
—Úrsula Indacochea: Identifico dos factores esenciales en el mediano plazo y dos en el largo plazo. En el mediano, la preservación del espacio cívico. Hay que hacer esfuerzos activos para preservar cualquier forma de organización de la sociedad civil, ya sea a través de asociaciones, fundaciones, comités, espacios comunitarios, incluso si no son formales. Esos espacios son vitales para que la idea del ciudadano con derechos, propia de la democracia, no se diluya en un concepto difuso como el pueblo.
Luego, por otro lado, está el derecho a la protesta, que es una manifestación de otros derechos, como la libertad de expresión y el derecho de reunión. Si pensamos en una idea de democracia que no sea puramente electoral, ocupar la calle y el espacio público es una forma de expresar el disenso.
A largo plazo necesariamente se debe restablecer la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, y se deben restablecer las reformas que le han quitado la inamovilidad a los jueces fiscales. En segundo lugar, hay que establecer un amplio y libre acceso a la información pública. Hay que acabar con esas larguísimas listas de información reservada y restablecer una cultura y una política de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Especial publicado en colaboración con Agenda Estado de Derecho.
