El reciente fallecimiento de Humberto Ortega, fundador y primer comandante en jefe del ejército de Nicaragua, sugiere repensar el desafío de las transiciones complejas. Lo mismo podría pensarse luego de los resultados electorales en Venezuela, con Edmundo González Urrutia como ganador. Ambos países enfrentarán transiciones, en un futuro que parece lejano, pero que llegará en algún momento.
Aunque los procesos político venezolano y el nicaragüense son distintos, de manera similar a las transiciones en España, Chile y Argentina, la nicaragüense muestra esas complejidades y el papel influyente de algunos actores para decidir sus derroteros.
Tres procesos convergentes
Todas las transiciones de regímenes autoritarios a la democracia son procesos políticos complejos que no inician ni se agotan con el traspaso de gobierno. La transición de Nicaragua en 1990 cabe en esa categoría. ¿Por qué? Significó la convergencia de tres subprocesos, cada uno con sus propias complejidades.
El primero fue la construcción de la democracia. Eso implicaba el cambio del proyecto político de la revolución sandinista a un régimen de tipo democrático liberal. Las tareas principales incluyeron asegurar el traspaso de gobierno, promover un clima de estabilidad para el país y reestructurar la institucionalidad estatal para que fuera coherente con el régimen democrático.
El segundo fue el tránsito del largo conflicto militar interno hacia una sociedad posconflicto. Los cien mil excombatientes de ambos bandos, estimados en más de cien hombres, tuvieron que dejar las armas, desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad, sin contar con cientos de miles personas afectadas directamente por la violencia armada que requerían atención. La desmovilización de excombatientes transcurrió en medio de una gran desconfianza y sin el apoyo gubernamental necesario para su reinserción.
El tercer subproceso se relacionaba con el cambio del modelo económico mixto de la revolución por uno más liberal. Además, se trató de la reconstrucción económica después de la destrucción provocada por el conflicto armado, el restablecimiento de las relaciones comerciales de Nicaragua con otros países del mundo y su inserción en la economía globalizada.
La noche del 25 de febrero de 1990, cuando la tendencia de los resultados electorales era irreversible, la candidata ganadora era Violeta Barrios de Chamorro, de la Unión Nacional Opositora (UNO). La alianza opositora, que logró concitar los votos, y el propio gobierno sandinista, estaban conscientes y mucho menos preparados para el desafío que representaba esa transición política.
El traspaso y la viabilidad del nuevo gobierno
El traspaso de gobierno y un mínimo de estabilidad para gobernar se convirtieron en un aspecto clave a lo inmediato. La transición inició antes del 25 de abril de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro tomó posesión de la presidencia. El clima de guerra, la desconfianza y la alta polarización que prevalecían hacían suponer que los sandinistas no entregarían el gobierno a pesar de que reconocieron los resultados electorales. Para procurar la estabilidad y confianza en el país, ambas partes decidieron negociar el traspaso de gobierno. Los equipos negociadores estaban encabezados por Humberto Ortega, comandante en jefe del ejército y hermano de Daniel Ortega, presidente saliente, y Antonio Lacayo. Era una de las personas de confianza de la presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro.
El Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial del Gobierno de la República de Nicaragua, conocido como Protocolo de Transición, se firmó en marzo de 1990. Tuvo el propósito de asegurar el traspaso presidencial y procurar un clima de estabilidad política al nuevo gobierno. Los acuerdos más importantes establecían la vigencia de la Constitución Política; la permanencia y subordinación de las fuerzas de defensa y de orden público, y la reducción de efectivos; fortalecer la independencia de los poderes del Estado; el traspaso ordenado de la Presidencia en un marco de mutua seguridad y confianza.
Gobierno de transición
La presidencia de Barrios Chamorro transcurrió en un clima de numerosos conflictos políticos y sociales. La mayoría estuvieron asociados con la transición y los cambios que implicaban cada uno de los tres procesos convergentes. Uno de los más notorios se presentó el 2 de septiembre de 1993 cuando la presidenta anunció el retiro del jefe del ejército como parte de los acuerdos y la “profesionalización” de la institución militar. Aparentemente el anuncio tomó por sorpresa a Humberto Ortega. Provocó un airado reclamo suyo y de su hermano, Daniel Ortega, entonces en la oposición. Finalmente, Humberto Ortega se retiró de su cargo como comandante en jefe en 1995, después de aprobarse el Código Militar y una reducción sustantiva de efectivos militares.
El gobierno de Chamorro también lidió con los conflictos de la UNO por las visiones diferentes que tenían los actores de la alianza en relación con la transición misma y la existencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La UNO se rompió tempranamente y algunos partidos integrantes se convirtieron en opositores.
Los desafíos actuales de una nueva transición
En la actualidad, las perspectivas de una transición política en Nicaragua no parecen tan cercanas. El afán de continuidad del régimen de Ortega con la sucesión dinástica y la radicalización autoritaria continúan. Pero es evidente que en el momento en que se presente la oportunidad de cambio político, la oposición tendrá desafíos que enfrentar, algunos incluso más complejos que los de 1990.
Desmontar el entramado político e institucional instalado por Daniel Ortega es uno de los primeros desafíos. Para eso será necesario, mínimamente, hacer cambios en el marco jurídico que restablezcan la naturaleza democrática del régimen político y del Estado. Además, devolver la pluralidad del sistema político y restablecer la independencia entre los poderes estatales y reorganizar el aparato estatal.
Otro desafío planteado es el cambio entre el estado policial ante un proceso de justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Implica el desmontaje de los aparatos institucionales y paraestatales de persecución y vigilancia. También el establecimiento de las bases para la no repetición.
El ámbito económico cuenta los altos niveles de endeudamiento del país, el debilitamiento de una buena parte de los actores económicos y el acelerado empobrecimiento de la población.
Llegar al punto de abrir una nueva transición no es tarea fácil. Se requieren esfuerzos conjuntos y sostenidos, en primer lugar de los actores de la oposición democrática. La mayoría de la población en Nicaragua desea y espera un cambio. Pero, de manera similar a los 90, el contexto de la transición no va a estar exento de conflictos tanto entre los actores prodemocráticos como con los que defienden el régimen de Ortega. Por eso, uno de los retos más importantes es conformar una alianza más allá de las coyunturas políticas y se plantee como objetivo sentar las bases de un régimen democrático.
