El conflicto, relacionado con masacres y desplazamiento, ha recrudecido en algunas zonas del país, pero no se trata de una guerra como la de años atrás, sino de disputas territoriales muy localizadas de grupos armados que se han multiplicado.
«Diez muertos y 400 desplazados dejan enfrentamientos en Argelia, Cauca»; «Denuncian masacre en Cumbitara, Nariño»; «Nueva masacre en Antioquia: asesinaron a cuatro jóvenes cantantes de rap»; «Ataque a patrulla militar en Turbo, Antioquia, deja tres soldados muertos». Estos son titulares en los que medios de comunicación reportan hechos de violencia ocurridos en octubre de 2021.
A cinco años
A punto de cumplirse cinco años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el teatro Colón de Bogotá, el conflicto en Colombia parece haber recrudecido y alcanzado cifras iguales o mayores a las registradas antes de la firma o, incluso, antes del proceso de paz. El 30 de septiembre pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el acuerdo pero advirtió acerca de «los enormes desafíos y factores de riesgo» a los que se enfrenta la consolidación de dicho proceso a largo plazo, principalmente focalizado en la violencia y especialmente en territorios indígenas y afrocolombianos.
En las cifras dadas por Guterres resalta el asesinato de 292 excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo. «La continua violencia también provocó desplazamientos masivos y confinamientos, en especial, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas», se indicó en el comunicado de la ONU.
En 2021 la violencia en el país ha aumentado. Según las cifras del Ministerio de Defensa que aparecen en las siguientes tablas, el homicidio ha aumentado entre enero y agosto pasado con respecto a los años anteriores, rompiendo una tendencia a la baja que venía desde más de una década.
En cuanto a las masacres, de las que también llamaron la atención Guterres y otros organismos internacionales, estas empezaron a aumentar en 2019. Y en 2021, hasta agosto, el Gobierno nacional contabilizó 23, un número que no se registraba desde 2011.
Las cifras del Gobierno son diferentes a las que manejan organizaciones de derechos humanos como Indepaz, que contabiliza 77 masacres con 279 víctimas en 2021; una diferencia que se debe a que esta organización habla de masacre a partir de tres personas asesinadas en un mismo hecho, mientras el Ministerio habla de homicidio colectivos a partir de cuatro personas.
A pesar de la diferencia en la forma de contar los hechos, la realidad evidencia en ambos casos cifras preocupantes, en las que se mezclan un deterioro en la seguridad ciudadana, relacionado con dinámicas locales de las economías ilegales como el negocio del gota a gota (un tipo de préstamo) y el tráfico de estupefacientes; pandillas y reacomodo de bandas delincuenciales, y unas disputas por el narcotráfico, minería ilegal y el control de territorios por grupos armados organizados: disidencias de las FARC, antiguas bandas criminales (reductos de grupos posdesmovilización de paramilitares o de ejércitos del narcotráfico), ELN y EPL.
¿Un nuevo conflicto o el mismo del siglo pasado?
En el informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, de la Fundación Conflict Responses (CORE), se explica que «en todos los países que han pasado por procesos de paz es normal que persista la violencia. Colombia no ha sido la excepción y uno de los principales retos es la evolución de los grupos disidentes de las antiguas FARC-EP. Hoy, después de cinco años, hay 30 estructuras disidentes, cuando el 10 de junio de 2016 el Frente Primero Armando Ríos, de Guaviare, anunció que no se acogería al acuerdo de paz al considerar que solo buscaba «el desarme y desmovilización y no la solución de los problemas del país».
Pero desde antes del acuerdo era claro que uno de los riesgos del posconflicto incluía las bandas criminales (Clan del Golfo, Rastrojos, Caparros, Águilas Negras, La Constru, entre otras), con grupos de milicianos y de bandas delincuenciales al servicio de las FARC, que no estaban incluidas en el proceso de desmovilización, sumado a integrantes de esta guerrilla que no se desmovilizaron o que se rearmaron tras el acuerdo.
Estos grupos, como lo explica Juanita Vélez, cofundadora de CORE, no tienen un control de todo el país, sino que están focalizados. «No hay un regreso de la guerra como se conocía con las FARC, con su estructura de mando y control de varias zonas en toda Colombia, sino conflictos muy localizados que no tienen el alcance nacional de antes», explica.
Un análisis publicado en la BBC, titulado «Colombia: quiénes son y cuánto poder tienen los grupos que se resisten a la paz», explica así la situación actual: «La violencia en Colombia, entonces, se transformó: se fragmentó y concentró en regiones donde las cifras de homicidios sobrepasan a las de los países más violentos del mundo. Y surgieron múltiples grupos, desarticulados y heterogéneos, que intentan usar los símbolos y lenguajes del pasado para justificar su único interés actual: lucrarse de las economías ilegales».
Focos del conflicto en Colombia
La Fundación Indepaz publicó recientemente el informe «Los focos del conflicto en Colombia», en el que se explicó que «no es comparable la situación actual con la de las FARC-EP antes del proceso de paz. Hoy son tres grupos independientes desarticulados —como las astillas de un gran tronco— que hasta ahora no representan un proyecto insurgente y tampoco un escenario de guerra como antes del acuerdo de paz. Lo que se da hoy son conflictos focalizados de menor intensidad, con recurrencia de acciones en 14 departamentos y 74 municipios. Antes del acuerdo de paz, en 2011, la Defensoría del Pueblo señalaba una presencia sostenida en 31 departamentos y 249 municipios».
Camilo González Posso, director de Indepaz, aseguró en este informe que «los conflictos armados que persisten y seguirán recomponiéndose en la transición al posconflicto pasaron a la condición de conflictos menores subregionales y no tienen posibilidad, en esta década, de convertirse en alzamientos armados por el poder o en retos estratégicos al Estado y al régimen dominante».
Aunque se trate de un conflicto fraccionado y localizado que, según los expertos consultados, no tiene la posibilidad de convertirse en uno similar al anterior con una guerrilla como las FARC, la falta de jerarquías puede afectar de una forma más violenta a la población civil. En zonas como Argelia, Cauca, Tumaco, Nariño, enclaves de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico, los amedrentamientos contra la población han ocasionado desplazamientos masivos. «Antes las FARC o determinado grupo ejercían un control con unas reglas, ahora son tantos los grupos que se disputan, que no existe ningún respeto y tampoco comunicación con los líderes y las lideresas en el territorio», cuenta una profesora de una de las zonas afectadas por el accionar de los grupos.
Golpe
La reciente captura de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, jefe de la banda criminal Clan del Golfo, es un importante golpe a una de las estructuras armadas causantes de la violencia en el país, pero aún falta una estrategia clara para enfrentar a los nuevos grupos. Jorge Restrepo, director del CERAC, lo explicó en la nota de la BBC: «No podemos derrotar a estos grupos porque las fuerzas armadas no estaban preparadas para el posconflicto. La preparación fue no solo episódica, sino interrumpida por el gobierno de Duque, que sigue utilizando elementos de la guerra de guerrillas para unos criminales que se han transformado en todo sentido».
Juanita Vélez asegura que, aunque era predecible un escenario de reorganización de grupos armados y del rearme de algunos exmiembros de las FARC, hay acciones del Gobierno que lo han acelerado. «Cuando el enfoque del Gobierno es implementar solo lo que no toca la agenda uribista en el acuerdo de paz, le estás metiendo al acelerador a estos rearmes o cuando no estás llegando con la respuesta gubernamental que se planeó. También se debe entender que golpear al narcotráfico no mejora la seguridad».
El 2021, justo meses antes de elecciones presidenciales, terminará con la sombra del regreso de la guerra: masacres, emboscadas a patrullas militares, desplazamientos. Y aunque el tema principal en los debates no estaría enfocado en el conflicto sino en la seguridad ciudadana, que afecta a las grandes ciudades especialmente con robos, por un lado, y aumento de homicidios, por otro, este nuevo conflicto debería tener una estrategia más clara por parte del Gobierno.
