Se termina un año muy difícil para el Gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou en Uruguay. Pero el 2023 no será más sencillo. 2022 empezó complicado. Los tres primeros meses estuvieron marcados por el referéndum convocado por el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales, con la finalidad de derogar 135 artículos de una ley ómnibus aprobada por el Parlamento en plena pandemia, a mediados de 2020. La oposición fracasó en su propósito, pero obtuvo una excelente votación, prácticamente igual a la obtenida por el Frente Amplio en el balotaje de 2019.
En ambas ocasiones, la diferencia entre los dos grandes bloques políticos que disputan el poder en Uruguay fue de apenas 30.000 votos. El Gobierno pareció sorprendido por el resultado. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, uno de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, explicitó la preocupación reinante: «Cualquier error, y perdemos la próxima elección».
La reacción del Gobierno ante el virtual empate fue muy buena. No cayó en la tentación de evitar tomar riesgos para no cometer errores. Al contrario, optó por pisar el acelerador para avanzar en el cumplimento de tres promesas electorales importantes: reforma del sistema de pensiones, transformación educativa y apertura comercial. Estos tres temas ocuparon buena parte del debate público. En dos de ellos, seguridad social y transformación educativa, el Gobierno viene avanzando. En materia de apertura comercial todavía hay más intenciones que realizaciones.
Reformas pendientes
La reforma de la seguridad social es necesaria porque, según los expertos, la trayectoria financiera del sistema es insostenible. Para elaborar diagnósticos y propuestas de reforma se instaló hace dos años una comisión de expertos de integración plural. Sobre esta base, el Poder Ejecutivo elaboró un borrador de proyecto de ley que fue negociado entre los partidos que integran la coalición de gobierno y que, ahora mismo, está a consideración del Parlamento. No es una reforma sencilla de concretar porque implica, entre otras cosas, elevar la edad de jubilación.
La transformación educativa es otro gran desafío para Lacalle. Desde que José “Pepe” Mujica, al asumir la presidencia de la República en 2010, pusiera énfasis en la importancia de llevar adelante cambios de fondo en la educación pública («Educación, educación, educación», expresó ante el Parlamento al llegar al cargo) este asunto ha ocupado un espacio muy importante en la agenda pública. Existen problemas serios de cobertura y de equidad, especialmente en los últimos tres años de la educación secundaria. Se necesitan cambios de fondo en múltiples dimensiones, desde la gobernanza del sistema educativo a los métodos de enseñanza, pasando por la gestión de los centros educativos.
Oposición política y sindical
La dimensión de los cambios propuestos en sistema de pensiones y educación ha generado alarma en el Frente Amplio que, a pesar de haber perdido la elección, sigue siendo el partido más poderoso del escenario político, y en el no menos influyente movimiento sindical, cuyo principal dirigente, Marcelo Abdala, integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista. Entre el Frente Amplio y el movimiento sindical hay relaciones muy estrechas. Ambas organizaciones no siempre coinciden, pero, grosso modo, comparten una agenda política de primer orden: frenar reformas «neoliberales» y derrotar a la coalición de gobierno en la elección nacional de 2024. El símbolo más elocuente de esta convergencia es la figura de Fernando Pereira: el actual presidente del Frente Amplio fue, durante seis años, el principal referente de la central de trabajadores (PIT-CNT).
La apertura comercial
La apertura comercial es otro gran objetivo del Gobierno liderado por Lacalle. Desde hace dos décadas, es decir, desde la gran crisis financiera, económica y social de 2002 (durante la presidencia de Jorge Batlle, del Partido Colorado), una parte muy importante del sistema político uruguayo ha dejado de confiar en el Mercosur como estrategia central de inserción comercial. La ruptura del consenso mercosuriano fue especialmente intensa en la élite de los dos partidos tradicionales de Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Durante los quince años de gobierno del Frente Amplio (2005-2020), algunos episodios reforzaron esta sensación de agotamiento del proyecto Mercosur. Tabaré Vázquez tuvo serios conflictos con Cristina Fernández (Argentina) por la instalación de una planta de celulosa en el río Uruguay. El ingreso de Venezuela al bloque, en lugar de fortalecerlo, le restó credibilidad.
El presidente Lacalle Pou ha sido muy enfático desde que asumió el cargo en sus críticas al bloque regional. Y no parece dispuesto a abandonar el compromiso asumido en la campaña electoral de 2019 de impulsar la apertura comercial del país, más allá de los costos que esto pueda tener en la relación con los socios del Mercosur, como quedó de manifiesto durante la Cumbre del bloque realizada en Montevideo los días 5 y 6 de diciembre. El presidente uruguayo insistió en que el Mercosur debe modernizarse y flexibilizarse, y que no debe impedir que cada socio impulse la estrategia comercial que le resulte más conveniente. Enfrentando el statu quo en este tema, el Gobierno también asume riesgos políticos y se expone a la crítica de la oposición.
La imagen del presidente
El año 2022 también fue difícil porque explotaron varios escándalos que han afectado crecientemente la imagen del Gobierno y del presidente. El caso más notorio involucra a quien actuaba como jefe del servicio de custodia del presidente, Alejandro Astesiano, una persona de extrema confianza de Luis Lacalle Pou. Este funcionario fue detenido y procesado por la justicia por formar parte de una red que falsificaba documentos para facilitar la expedición de pasaportes a ciudadanos rusos.
La investigación judicial, que todavía continúa, mostró que Astesiano llevaba adelante otras actividades ilícitas. El episodio es grave. El presidente asumió públicamente que cometió un gran error al designar a este funcionario. Los niveles de aprobación de su gestión todavía son altos, pero han venido descendiendo durante los últimos meses. Según el último sondeo de Equipos-Mori, la aprobación presidencial bajó de 47 % a 44 %, y la desaprobación subió de 36 % a 40 %.
El año 2023 no será más sencillo para el presidente Lacalle. No hay grieta en el sentido argentino de la expresión. Pero la tensión entre Gobierno y oposición es muy alta. No hay polarización ideológica, es decir, una distancia significativa en el plano de las políticas públicas entre Gobierno y oposición. Pero hay polarización en otro sentido, emocional e identitario. Entre los dos grandes bloques, el Uruguay del Frente Amplio y el Uruguay del Gobierno, la frontera se ha vuelto menos porosa y amenaza, por momentos, volverse intransitable. Los puentes entre ambos mundos se han vuelto más estrechos. La gran pregunta es si los viejos reflejos cívicos de Uruguay le permitirán a nuestro sistema político evitar males mayores.
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